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Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos

Comunicado

¿Se podrá reconstruir democráticamente el Perú?


No sólo el Niño nos ha puesto en emergencia nacional. A la pérdida de valiosas vidas humanas así como de las posibilidades de sustento de decenas de miles de familias que lo han perdido todo en este largo y terrible verano, se suman hechos de otra naturaleza pero igualmente graves para nuestro país.

El Congreso, al aprobar la Ley Nº 26933 que recorta al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de aplicar sanciones a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público está, nuevamente, atacando de manera frontal el Estado Democrático de Derecho que consagra nuestra mellada Constitución. La ley acentúa aún más la excesiva concentración del poder de decisión en las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público. La inconstitucionalidad de la norma es tan visible que todos los miembros del Consejo, elegidos por diferentes gremios e instituciones de la sociedad, han renunciado. Estas siete personas han dado así un ejemplo de integridad y respeto al orden constitucional poco frecuente en el país.

No podemos mirar esta situación como si se tratase de hechos graves pero aislados. Asistimos a un proceso cada vez más profundo y dañino de ejercicio discrecional y concentrado del poder en manos del Ejecutivo. Las labores de prevención y, ahora, de ayuda en la emergencia creada por el fenómeno del Niño, se ubican en la misma ruta: los gobiernos locales son ignorados y los miles de afectados dejan de ser ciudadanos con derechos para convertirse en damnificados, meros objetos de la asistencia y benevolencia del Presidente que concentra todos los recursos económicos para aliviar su desgracia.

El panorama en otras áreas es igualmente grave. Las denuncias de Luisa Zanatta, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército desde Miami confirman lo que ya sabíamos respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los servicios de inteligencia y la impunidad de la que gozan: interceptación telefónica masiva, asesinatos, planes dirigidos para amedrentar y atentar contra periodistas y políticos de oposición.

Asimismo, el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya dictado una medida cautelar a favor del ciudadano Baruch Ivcher, o el juicio abierto contra José Arrieta, periodista de la Unidad de Investigación de "Contrapunto" hoy en exilio, y la atención prestada al Perú en la reciente Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, dan cuenta de la gravedad del diagnóstico que la comunidad internacional tiene sobre las represalias que sufre la prensa y los periodistas cuando incomodan al poder.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace un llamado a la ciudadanía a ser parte activa de la reconstrucción nacional. Tarea que pasa, también, por edificar un Perú democrático, una sociedad participativa y solidaria capaz de aliviar el dolor y la angustia de los ciudadanos y ciudadanas que han visto afectadas sus vidas por la naturaleza, reconociédoles su pleno derecho a decidir sus destinos, descentralizando el poder de decisión y los recursos del Estado y restaurando el equilibrio y control de los poderes públicos.

Lima, 20 de marzo de 1998

Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


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