Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos en América Latina (DIML)


La "Tecnología Fujimori": Engaño, traición y desprecio de la democracia.

Por Esteban Cuya
Periodista peruano. Investigador del
Centro de Derechos Humanos de Nürnberg.

Después del final sangriento de la crisis de los rehenes el gobierno del Perú es, en el fondo, un escándalo a nivel internacional, solo elogiado por los poderes dominantes, que aplauden la señal enviada a los grupos subversivos, de que en vez de negociar soluciones políticas a las demandas de los movimientos armados, se va a responder con la fuerza y con todo el poder de las armas.

Alberto Fujimori, quien se reafirma como modelo de engaño y burla al sistema democrático, ha preferido transitar del autoritarismo al totalitarismo, condición sine quanon a su modelo económico, que ubica al Perú como país periférico, abastecedor de materias primas y mero consumidor dentro del mercado globalizado.

El Presidente del Perú, Alberto Fujimori, al autorizar la solución militar, exigida por los Estados Unidos, aprovechó la oportunidad también para lavar la cara de las fuerzas armadas peruanas, tan involucradas en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, torturas y secuestros de disidentes políticos y agentes del propio servicio de inteligencia, así como en narcotráfico, corrupción financiera, y otros graves delitos.

Ahora, Fujimori ofrece discursos rimbombantes, como el que dio en Nueva York el 15 de mayo, ante el Consejo de Relaciones Internacionales (Council of Foreing Relations), sobre la posición del Perú frente al fenómeno del Terrorismo. El mismo ha anunciado que va a exportar su "tecnología de rescate de rehenes y solución de conflictos" que aunque en Lima produjo 17 muertes, y 15 heridos, así como 24 obreros mineros desaparecidos, lo califica como "exitosa" y "positiva".

Sin embargo, su "tecnología de rescate de rehenes", que supone la incursión militar sorprevisa, con un costo de vidas humanas impredecible, también está llena de misterios y aspectos condenables que deben ser rechazados en toda sociedad democrática.

1. Instrumentalización de la Comisión de Garantes

Ante la presión de la mayoría de la población peruana y de la comunidad internacional, que reclamaban una solución no violenta de la crisis, el gobierno peruano aceptó la conformación de una Comisión de Garantes, que se encargaría de cooperar en la búsqueda de una solución pacífica. Como nunca antes en el Perú, las demandas de una solución pacífica de la crisis, provinieron de las mas diversas personas y movimientos de todo el mundo, conmovidos por el baño de sangre que se podría desencadenar en cualquier momento, y que casi todos querían evitar. Miles de voces se levantaron por todo el mundo para invocarle al MRTA y al gobierno peruano flexibilidad en sus posiciones y una solución pacífica de la crisis. Realmente se produjo una cruzada mundial por la paz y los derechos humanos en el Perú. En este proceso de presión nacional e internacional por una solución pacífica, contribuyeron la mayoría de los medios de comunicación internacionales, que asombrados descubrieron los rostros ocultos y tristes del Perú profundo, simplemente maquillado por el neoliberalismo de moda. Los reportajes sobre el Perú y la crisis de los rehenes sacudieron al mundo, pues, por pimera vez, algunos importantes diarios y canales de televisión informaron sobre el infierno de las cárceles peruanas, de la desesperante pobreza de su pueblo, de la deuda social no pagada, que mata de hambre y de Tuberculosis en el Perú. Para muchos en el mundo, Fujimori dejó de ser el victorioso presidente de un país en crecimiento, para convertirse en un anacrónico dictador.

Para la solución de la crisis de la residencia diplomática, el gobierno del Perú designó al Ministro de Educación, Domingo Palermo, como su representante en la Comisión de Garantes. Canadá, el Estado Vaticano y la Cruz Roja Internacional también nombraron sus representantes en dicha Comisión. El gobierno de Japón, igualmente, designó a uno de sus embajadores como observador en la Comisión de Garantes.

Se entendió claramente que tanto el MRTA como el gobierno peruano respetarían las gestiones y asumirían las recomendaciones de la Comisión de Garantes, porque de otro modo no se justificaría su existencia. El pleno de la comisión de garantes se pronunció por una solución pacífica, y aparentemente se esforzó en alcanzarla. Sus gestiones beneficiaron a los rehenes, quienes muy pronto pudieron recibir toda la ayuda humanitaria, en medicinas, alimentos, ropa, libros, y otros recursos que hicieron su cautiverio "mas soportable".

El MRTA respetó las acciones de la Comisión de Garantes y confío en su autoridad como mediador y garante ante el gobierno del Perú· Sin embargo, el gobierno peruano utilizó a los miembros de la Comisión de Garantes para entretener al comando tupacamarista, y por otro lado implementar sus planes de ataque militar a la residencia. Se aprovechó la "inmunidad" que le reconoció el MRTA a los garantes para introducir a la residencia equipos electrónicos de escucha, y de comunicación, con los que durante las últimas tres semanas previas al ataque, el servicio de inteligencia del Ejército controló minuto a minuto el movimiento tanto de los rehenes como del comando tupacamarista.

El gobierno peruano aseguró al de Japón, asi como al Papa Juan Pablo II y a la comunidad internacional, que se esforzaría en lograr una solución pacífica y que sólo optaría por la solución militar cuando el MRTA dañara a algún rehen. Aunque el gobierno peruano se comprometió ante la Comisión de Garantes, en la práctica, continuó empeñado en la salida militar, y finalmente cedió a la tentación de ejecutar un acto violento que lave la cara a las FF.AA. y que permitiera a la vez levantar la caída imagen de Alberto Fujimori, quien vive como un esclavo de los militares y de las encuestas de opinión.

Ahora es legitimo preguntarse:

- Como quedan los acuerdos asumidos libre y soberanamente dentro de una Comisión Internacional de Garantes? Tienen o no tienen fuerza obligatoria?

-Que confianza puede tener la comunidad internacional para negociar con el gobierno del Perú, si ya se sabe que el triunvirato que gobierna al pais (Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Alberto Fujimori) no cumple sus compromisos, cuando no ofrecen beneficios politicos y económicos?

-Reconocerán el Estado Vaticano, el gobierno de Canadá, el gobierno de Japón, que fueron groseramente utilizados, manipulados, por un triunvirato cívico-militar del Perú fiel a los intereses de los Estados Unidos antes que a las aspiraciones de paz del pueblo peruano ? Todos estos países, asi como las potencias mundiales, se apresuraron en felicitar a Fujimori por su "exitosa operación militar de rescate de los rehenes". De esta forma, se hicieron complices del terrorismo de Estado que practica el gobierno del Perú desde hace varios años.

2. Pacificar no es aniquilar

Hay varios ex rehenes japoneses y peruanos que han declarado sobre las ejecuciones extrajudiciales de tupacamaristas que se habían rendido, o que habían sido tomados prisioneros, dentro de la residencia y que luego aparecieron muertos. Actualmente los organismos de DDHH del Perú están documentando estos crímenes a fin de solicitar las investigaciones respectivas a los organismos judiciales y a las instancias internacionales.

Por su parte el gobierno de Fujimori se ha negado a entregar los cadáveres de los tupacamaristas a sus familiares. En el caso de los líderes del comando aniquilado, Nestor Cerpa y Rolly Rojas, ambos fueron enterrados clandestinamente. Los otros cadáveres tampoco han sido entregados a los deudos. En ninguno de los casos se autorizó una autopsia. Algunos militares que participaron en la incursión militar han declarado que cada tupacamarista recibió cerca de 500 balas, por lo que los cuerpos estarían totalmente destruídos. Eso justificaría la negativa a entregar los restos mortales de los tupacamaristas a sus familiares.

La búsqueda de la pacificación nacional en el Perú tiene que nacer del interior de la sociedad peruana, de sus organismos de base, como los barrios y comedores populares, los sindicatos, los colegios profesionales, las universidades, los medios de comunicación, las comunidades religiosas, y las otras fuerzas de la sociedad civil.

No se puede esperar una auténtica voluntad de paz de aquellos gobernantes que ordenaron el asesinato del máximo dirigente sindical peruano, Pedro Huilca, (Como lo denunció recientemente el general del Ejército peruano y defensor de loos derechos humanos Rodolfo Robles) y que son los mismos que planificaron y ordenaron las masacres de "Barrios Altos, "La Cantuta", entre otros graves hechos. No hay paz sin justicia. Hay miles de viudas y huérfanos en el Perú que esperan justicia. Existen miles de presos condenados a diez o mas años de prisión, o a cadena perpetua, sin haber tenido ninguna partiipación en la subversión o en el terrorismo. La mayoría de estos presos sufre condiciones de vida infrahumanas en las horribles cárceles peruanas. Imposible hablar de paz con esta realidad de injusticia. Deben ser muy pocos en el Perú quienes desean la paz de los cementerios. La gran mayoría del pueblo peruano anhela la paz de la verdad, la paz de la justicia social, la paz de la fraternidad humana.

En vez de discursos triunfalistas de Fujimori y de sus generales, lo que el Perú necesita es crear una Comisión Investigadora, que esclarezca las ejecuciones extrajudiciales en la residencia japonesa. Esa demanda ha sido ya planteada por diversas instancias internacionales, como los grupos de los representantes Verdes y de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Aquí podría aportar la fracasada Comisión de Garantes, que necesita reivindicarse ante el Perú y ante la comunidad internacional.

3. Los Misterios de Fujimori.

Fujimori nunca se ha caracterizado por guardar algún respeto al sistema democrático. Tras la orgía militarista que siguió a la aniquilación de los tupacamaristas en la residencia japonesa, Fujimori emprendió otra feroz batalla, esta vez dirigida contra los poderes del Estado que no se han sometido totalmente a sus caprichos reeleccionistas. Se lanzó a atacar frontalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional que, por razon de principios y de conciencia no querían avalar su "Interpretación auténtica de la Constitución" y, por lo tanto, rechazaron su intención de postular para las elecciones presidenciales siguientes, del año 2,000. Enseguida el gobierno disparó sus fuerzas contra el Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, por exigir que los militares torturadores de la agente del Servicio de Inteligencia Leonor La Rosa, sean enjuiciados en los tribunales civiles y no en el Fuero Militar. El Fiscal fue acusado de prevaricato y abuso de autoridad por el general Guido Guevara, del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Por otro lado, el Congreso de la República, dominado por la mayoría gobiernista, abriéndole más puertas a la reelección de Fujimori, eliminó el capítulo de la ley electoral que, entre otros aspectos, prohibe la utilización de recursos del Estado para la propaganda electoral Ahora Fujimori ha anunciado que nuevamente va a Reformar el Poder Judicial, porque "la reforma aplicada en los últimos tres años no ha cumplido con los cambios necesarios para modernizar al país".

Lo que si constituye un verdadero misterio, en esta etapa post euforia militarista, es el destino de los 24 obreros mineros que fueron contratados engañosamente para construir los túneles hacia la residencia ocupada por el MRTA. En Lima se informó que dos de estos obreros murieron cuando se cayó una parte del tunel, y el resto se encuentra en condición de desaparecidos. Sus esposas e hijos los buscan y los reclaman, sin haber merecido ninguna respuesta del gobierno.

A modo de conclusión:

El balance de las últimas acciones del gobierno peruano, tras la crisis de los rehenes, revela una compleja realidad, de una sociedad civil totalmente dominada por las Fuerzas Armadas. El poder Militar se ha fortalecido con la impunidad creciente. Se empuja al Perú a una carrera interminable de violaciones a los derechos humanos, en una sociedad que rinde culto a la violencia. Cuando crezca más la desconfianza en el gobierno, y Fujimori baje en las encuestas, no sería raro que entonces se produzcan nuevos enfrentamientos armados contra Ecuador, a fin de terminar con las divisiones internas dentro del Perú, y empujar artificialmente a la unión del pueblo peruano alrededor de un pintoresco nacionalismo. El modelo fujimorista de resolución de conflictos debe ser condenado por su irracionalidad, su carácter antidemocrático, y por acarrear mas violencia.


Derechos Humanos en Perú

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