Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos en América Latina (DIML)

Por Horacio Verbitsky

A partir de la confesión del ex capitán Adolfo Scilingo, en todo el mundo se replanteó la discusión clasica entre conciliación o justicia, impunidad o castigo. La revista norteamericana "Time" revisó el estado de la cuestión en cuatro continentes con una edición titulada "Pecados insepultos. De la Argentina a Camboya, el mundo lucha por vengar a las víctimas del horror y el genocidio". Allí se publicó una declaración de Horacio Verbitsky acerca de la relación de las FF.AA. y la sociedad civil. Mario Vargas Llosa objetó sus conceptos desde el diario español "El País"(7.05.1995). Ahora la respuesta de Verbitsky.

Mario Vargas Llosa dice que la transición española a una democracia moderna se produjo al cabo de "una dictadura de cuarenta años", pero no extrae las conclusiones adecuadas. Luego de cuatro decadas de franquismo la sociedad española poco tenía que ver con la de la inmediata posguerra civil. Hasta la rancia ideología del nacional-catolicismo se caía a pedazos. George Bernanos escribió una frase que revela otra característica del proceso español: "Aquí se mata como quien tala arboles". Y no se refería a un sólo bando, como con pocas excepciones ocurrió en América Latina, donde la guerra civil se pareció demasiado a una cacería. Todo esto define la excepcionalidad del caso español y lo hace tan poco generalizable como el de Alemania, con los jefes nazis sentados en los duros bancos de Nuremberg o el de Japón, donde los vencedores colgaron al Primer Ministro Tojo por crímenes contra la humanidad, pero emplearon al Emperador Hirohito para que predicara la Pax Americana. La actual anarquía en Rusia no puede atribuirse al inexistente empeño por llevar a juicio a los ex dirigentes soviéticos. A la inversa, Alemania, Francia e Italia persiguen hasta al último de los nazis, como Schwammberger, Barbie o Priebke y sus sistemas de gobierno ni pestañean. Esos juicios, como la muerte en prisión del nonagenario Rudolf Hess, son tanto efecto como causa de la fortaleza de sus instituciones.

Tampoco son equivalentes las situaciones de la Argentina, Chile o el Perú. La dictadura de Buenos Aires se derrumbó al séptimo año por la derrota en una guerra externa contra Gran Bretaña y por su incapacidad para administrar la economía. Esto permitió que los partidos políticos se negaran a concertar nada con los reprobos militares antes de las elecciones de 1981 y que después anularan su autoamnistía. Los ex dictadores Videla, Massera & Cia, fueron detenidos por orden del propio Consejo Supremo de las FF.AA. y su condena por un tribunal civil contó con un respaldo social tan masivo como lo fue el repudio a las posteriores leyes y decretos de olvido.

En Chile, en cambio, las elecciones se celebraron dentro del marco institucional sancionado por Pinochet. Importantes fuerzas políticas reivindicaban la gestión de la dictadura, de alto costo social pero de exitosas cifras macroeconómicas. La Constitución reformada, la amnistía, los jueces y senadores biónicos y la inamo-vilidad del propio Pinochet como Jefe del Ejército garantizada hasta los umbrales del tercer milenio, limitan las opciones disponibles para los partidos democraticos.

En el Perú, el presidente Fujimori perdonó a sus propios colaboradores. En uno de los horrendos asesinatos amnistiados, el de Barrios Altos, se usó un auto de propiedad de su hermano, y las investigaciones inconclusas debían proseguir con su principal asesor, capitán (r) Vladimiro Montesinos, y con el jefe del Ejército, general Nicolás de Bari Hermoza, que le permitió cerrar el parlamento y sentarse sobre las bayonetas. Allí la discusión no gira en torno del pasado, sino del presente.

Las transiciones en Nicaragua y El Salvador se acordaron entre fuerzas beligerantes bien organizadas y pertrechadas, hartas de matarse sin que nadie pudiera someter al enemigo, lo cual los diferencia de aquellos países en que los militares exterminaron hasta el rastro de las antiguas organizaciones guerrilleras y donde el reclamo de justicia de la sociedad civil constituye cualquier cosa menos la continuación de la guerra por otros medios, según la expresion de Vargas Llosa. La especificidad de cada caso nacional es ostensible. Sin embargo, el rol de las FF.AA. es efectivamente una de las cuestiones críticas en todos los procesos de transicóon a la democracia.

Según Vargas Llosa, lo que llama mis argumentos morales estaría socavado por una contradicción: para la convivencia democrática harían falta tiempo y práctica, que sólo se conseguirían mediante la renuncia a la persecusión penal de los acusados por abusos a los derechos humanos. Como el paso del tiempo es ajeno a nuestra voluntad solo vale la pena discutir cual es la páactica idonea para evitar una involución hacia el autoritarismo militar.

Es indiscutible, como dice Vargas Llosa, que la intolerancia y la matonería están tambien arraigadas en la sociedad civil. No sería excesivo postular que cada ocupación castrense del poder en cualquiera de los países de la región fue una manifestación de lo que el estudioso y diplomático francés Alain Rouquie llama la legalidad oligárquica, opuesta a los sistemas de origen liberal, con sus elecciones periódicas, su división de poderes y su prensa independiente. Por eso, la tarea de civilizar a las Fuerzas Armadas es apenas un capítulo del imprescindible sometimiento al imperio de la ley de aquellas fuerzas sociales o grupos económicos que han recurrido a la espada cada vez que sintieron sus intereses amenazados por el funcionamiento de las instituciones representativas, como ocurrió tantas veces en la Argentina, y el 5 de abril de 1992 en el Perú.

No dudo de la buena fe del autor de "La ciudad y los perros", retrato formidable de la tortuosa mentalidad militar. Pero rechazo que la preservación del sistema democrático, el fortalecimiento de las instituciones y el respeto de la legalidad requiere una ética de la impunidad para los más graves crímenes. No se me escapan la dificultad y los riesgos de llamar a capitulo a quienes empuñan las armas en una sociedad desarmada, como son hoy todas las de América.

En el caso argentino es ostensible que sin los juicios de 1985/86 no hubiera sido posible que llegara a la conducción del Ejercito un militar como su actual jefe de Estado Mayor, general Martín Balza, quien acaba de reconocer los horrores del pasado y de postular para el futuro la moderna doctrina de la desobediencia debida a ordenes inmorales o ilegales. Cada país sabra como y hasta donde llegar, según sus circunstancias. Pero la norma no puede ser el olvido forzoso, la capitulación ante el chantaje castrense u oligárquico.

Al leer su último libro entendí que Vargas llosa había renunciado a la superficial navegación política y prefería nadar en las corrientes mas hondas de la literatura. Pero su última columna (Jugar con Fuego) parece desmentirlo. Fue escrita antes del perdón al escuadrón de la muerte responsable del secuestro, asesinato e incineración de un profesor y nueve alumnos de la universidad peruana de La Cantuta. Me imagino la incomodidad de Mario Vargas Llosa, al comprobar quien ha seguido el curso que el propone. Vargas Llosa opina desinteresadamente. Fujimori rescata de la cárcel a sus propios esbirros. La diferencia moral entre uno y otro es absoluta, pero no mejora la calidad del razonamiento. Ojalá esto lo indujera a un reexamen de la cuestiún y le ayudara a advertir que las fuerzas militares así blanquedas pueden sostener a híbridos semidictatoriales como el de Fujimori pero nunca a una auténtica democracia.

(Tomado de "Pagina 12". Buenos Aires 16.07.1995)