Serie III: Impunidad y Verdad

Ko'aga Roñe'eta

Baja

Seminario Internacional: "Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos".
Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996

    Impunidad y Democracia



SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA IMPUNIDAD



Javier Giraldo M., s.j.
Presidente de Paz y Justicia de Colombia





En este panel, donde estamos examinando los efectos que la impunidad puede tener sobre la democracia, yo quiero, en primer lugar, llamar la atención sobre uno de los efectos más profundos, y quizás al mismo tiempo más invisibles a primera vista, que la impunidad tiene sobre una sociedad, y es el condicionamiento de su futuro.

Por encima de todo, la impunidad condiciona a la sociedad frente al futuro, haciendo que sea moldeada fundamentalmente de acuerdo con los principios, con la ideología, con el modelo de ordenamiento social queridos por los victimarios.

En general, los crímenes de lesa humanidad tienen unos efectos psico sociales muy profundos, que no son fáciles de percibir. Las mismas víctimas, en su gran mayoría, no son conscientes del efecto que los crímenes tienen en sus opciones políticas, ideológicas, éticas y aún estéticas y religiosas, y en la misma opción profesional hacia el futuro, pues estos efectos actúan principalmente en niveles subconscientes.

Podríamos expresar esos efectos en una frase simbólica, puesta en boca de las víctimas y de sus familiares, allegados y amigos: "nunca transitaremos por los mismos caminos por donde transitaron los desaparecidos, los asesinados, los torturados y los prisioneros". Este es el precio necesario que hay que pagar al instinto de conservación, pero que se oculta tras multitud de opciones aparentemente sin relación alguna con los crímenes o con su impunidad y que, desde ese nivel casi imperceptible, moldea y determina la sociedad del futuro a la medida querida y señalada por los victimarios.

Este me parece que es el efecto más grave y profundo de la impunidad.

Para contrarrestar efectos tan hondos y tan graves, la sociedad necesita una deslegitimación muy profunda de los crímenes del pasado y de los mecanismos que los facilitaron; necesita estigmatizarlos y exorcizarlos, y esto no se logra de ninguna manera sin una sanción social muy firme, muy profunda y muy prolongada.

La sanción, aunque no es suficiente, sí es un elemento clave, mucho más para la mentalidad práctica de los sectores populares, cuyo ejercicio consciente se desarrolla en terrenos muy concretos que giran alrededor de la lucha por la supervivencia y mucho menos alrededor de abstracciones o simbolizaciones, como puede ocurrir con quienes hemos tenido una formación intelectual prolongada. La sanción es, en definitiva, lo que deslegitima realmente y no solo aparentemente los crímenes, sentando una base real para contrarrestar las secuelas dejadas en el subconsciente.

Es claro que la sanción sola, desligada de acciones de reparación psíquica y social y de procesos de reconstrucción del tejido social destruido, puede cargar el acento sobre el aspecto vindicativo de la justicia y promover revanchismos y retaliaciones. Por ello es tan importante examinar profundamente qué fué lo que se destruyó, para poder emprender procesos reales de reconstrucción/ reparación. Si examinamos con sinceridad y profundidad esas ruinas que es necesario reparar, encontraremos allí cosas muy importantes que fueron destruídas y que tocan profundamente con la democracia: la confianza entre los miembros de las mismas comunidades; la libertad de palabra y de consciencia; la dignidad del ser humano y la inviolabilidad de sus derechos elementales; la viabilidad de la organización de las bases; las posibilidades de la protesta social; la concepción teórico práctica del poder público como garante de los derechos fundamentales del ser humano; las relaciones ciudadanos/Estado. Si todas estas ruinas no se reconstruyen, la impunidad logrará sus efectos más perversos: condicionar la sociedad del futuro a la medida de los victimarios.


Pero uno de los obstáculos más grandes para la superación de la impunidad desde la sociedad civil, es justamente el alto grado de legitimación de la impunidad que percibimos en enormes capas de esa sociedad.

Casi nunca se defiende explícitamente la impunidad como principio, pero las coyunturas políticas de nuestros países llevan a que se acepten masivamente muchos argumentos que se presentan más bien como la priorización de otros valores que estarían por encima del ejercicio de la justicia, como serían los valores de la paz social, de la superación de conflictos armados prolongados, de la convivencia democrática etc.

No hay tiempo de examinar otras tesis en las que se suele justificar el "perdón y olvido" del pasado. Quiero referirme solamente en este corto tiempo a una de ellas que es el recurso al valor cristiano de la reconciliación.

Ciertamente el perdón y la reconciliación son valores evangélicos. No pueden compararse con actitudes de indiferencia, ingenuidad o cobardía, fuga de la realidad, carencia de convicciones o falta de consciencia de su dignidad. Por el contrario, el perdón es un acto de valentía que busca superar situaciones límites de ruptura, animado casi siempre por la fe en el otro y en su capacidad de reconstrucción. Pero es un gesto que no admite ni ser trivializado ni institucionalizado, sin perder su misma esencia.

En el ámbito de las relaciones interpersonales, la reconciliación constituye una acción espontánea, gratuita, libre, creadora y riesgosa. Todas estas características son las que configuran su valor humano y evangélico. Sin embargo, cuando se intenta trasladar la reconciliación del ámbito de las relaciones interpersonales al ámbito de las relaciones jurídico/políticas, se ha desnaturaliza y se pervierte.

Lo característico de las relaciones jurídico/políticas es el tratar de regular las conductas colectivas mediante la construcción de estructuras que protejan, de manera estable, los derechos más esenciales. En ese intento hay que sacrificar necesariamente la espontaneidad, la creatividad, la gratuidad, la libertad y la riesgosidad en las relaciones.

Por ello, la reconciliación, trasladada irresponsablemente del ámbito de las relaciones interpersonales al ámbito de las relaciones jurídico/políticas, puede alcanzar su máxima perversión y pasar de ser un acto creador de fraternidad, a ser un acto encubridor de crímenes y destructor de las estructuras protectoras de la dignidad humana.

La tradición teológica cristiana, en sus esfuerzos por traducir el perdón y la reconciliación al ámbito de lo masivo, cuando el Cristianismo pasó de ser un fenómeno de minorías en los primeros siglos a una religión de masas en los tiempos de las invasiones bárbaras en Europa, formuló ciertas condiciones mínimas que trataran de salvaguardar la autenticidad del valor cristiano de la reconciliación y del perdón. Esas condiciones siguen siendo iluminadoras también en los intentos de proyectar social, jurídica o políticamente el valor cristiano de la reconciliación:

  • 1) el esclarecimiento o la consciencia de la culpabilidad (el "examen de consciencia");
  • 2) el arrependimiento del mal que se hizo, condenando explícitamente ese mal en sí mismo ("la contrición");
  • 3) la decisión de un cambio de conducta hacia el futuro (el "propósito de enmienda");
  • 4) la dimensión social o comunitaria de la confesión de la culpa (la "confesión oral");
  • 5) la reparación del mal que se hizo ("la satisfacción").

Hay allí una gran sabiduría, sobre todo cuando se toma consciencia de la dimensión social que tienen los crímenes que afectan la dignidad y la seguridad del ser humano. Por ello los crímenes deber ser socialmente deslegitimados y esto solo es posible mediante sanciones sociales explícitas y concretas, que queden grabadas en la memoria social. No hay otra manera de deslegitimarlos socialmente.


Finalmente quiero referirme al papel que ha jugado y debe seguir jugando la sociedad civil frente a la impunidad.

Si tenemos en cuenta los tres campos fundamentales en que se concreta la lucha contra la impunidad: Verdad, Justicia y Reparación, en cada uno de ellos la sociedad civil tiene desafíos:

Las diversas experiencias que se han dado en América Latina de Comisiones de Verdad han sido fruto de luchas prolongadas de sectores de la sociedad civil. Muchas de ellas han estado precedidas de un trabajo de años de registro de memoria, realizado por organizaciones no gubernamentales, cívicas, religiosas o humanitarias, trabajo sin el cual hubiera sido imposible el desempeño de dichas comisiones.

Frente a la desconfianza y el temor que han infundido, durante los regímenes violadores de los derechos humanos o de Terrorismo de Estado, las instancias de investigación y de administración de justicia del Estado, la MEMORIA de los crímenes y de los sufrimientos de los pueblos hay que buscarla en los archivos de las ONGs o de las Iglesias, donde aguarda, casi siempre clandestinamente, momentos propicios de catarsis social para poderse convertir en Memoria oficial o semi oficial.

En el campo de la Justicia que es el más obstruido en todos estos procesos, si bien la sociedad no puede erigirse como instancia de justicia alternativa, sí puede impulsar y presionar la aplicación de los principios jurídicos, ejercer el derecho de denuncia , recurrir a las instancias internacionales garantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y crear tribunales de opinión, donde las situaciones concretas se confronten transparentemente y ante la opinión pública con la aplicación debida de los principios del Derecho Internacional. Tal fue la experiencia tenida en 12 países latinoamericanos, entre 1989 y 1991, con la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina.

El campo de la reparación ha sido quizás el más relegado. Se supone que es el Estado criminal quien debe reparar sus crímenes y esto es correcto. Pero la profundidad de los destrozos, como lo enuncié antes, es muy grande. Ningún Estado estaría interesado en reconstruir ruinas cuya permanencia como tales le favorece, en cuanto estructura de poder.

Todavía está poco desarrollada la consciencia de la necesidad de la memoria histórica y la convicción de que "la memoria de los sufrimientos es algo que pertenece al patrimonio cultural de todo pueblo".

Todavía son débiles nuestros análisis concretas sobre las relaciones entre la amnesia y los modelos de sociedad.

Se percibe un cierto convencimiento práctico de que mejor que reconstruir ruinas es edificar cosas nuevas, sin estar atentos a cómo esas nuevas edificaciones fueron diseñadas en tinieblas del subconsciente colectivo, y difundidas mediante mecanismes subliminales, por los victimarios que destruyeron con saña las utopías que dieron sentido a la vida y a las luchas de las víctimas.

El campo de la reparación es un campo que merece la atención más cuidadosa y los esfuerzos más cualificados de la sociedad civil.




Discurso presentado en el Seminario Internacional: "Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos". Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996.

Citar como: Girlado M., Javier Sociedad civil frente a la impunidad. KO'AGA ROÑE'ETA se.iii,v.iii (1996) - http://www.derechos.org/koaga/iii/3/giraldo.html

Seminario Internacional "Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos
Ko'aga Roñe'eta, Serie iii, Volumen 3


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