Observaciones de la LIMEDDH-FIDH al Tercer Informe Periódico del Gobierno Mexicano
Respecto a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes
de la Organización de las Naciones Unidas

Documento presentado por Sara Guillet, delegada permanente de la FIDH ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en el periodo de sesiones del 28 de abril al 9 de mayo 1997, en ejercicio del estatuto consultivo de la FIDH ante la Organización de Naciones Unidas, de acuerdo a la Resolución 1296 del ECOSOC. Pretendemos contribuir de esta manera para que el Comité de Expertos pueda contar con mayores elementos sobre la situación y recomienden al gobierno mexicano, medidas para el cumplimiento real de dicha Convención.

México, se han establecido leyes que previenen y sancionan la tortura desde 1986; sin embargo, existen pocos funcionarios detenidos por este delito y muy pocas víctimas a las que se haya resarcido por los daños ocasionados. La sola vigencia de las leyes no garantiza el respeto a los derechos humanos. Desafortunadamente, el fenómeno de la tortura se ha incrementado y adquiere nuevos matices. La participación de la sociedad mexicana e internacional, puede ser decisiva para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.

Este informe es una visión panorámica de hechos que han sido denunciados como violaciones a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (CAT), ocurridas en México durante 1996. Se ha realizado con el fin de contribuir a que se conozca este problema, y de esta manera ayudar en la prevención de la tortura y evitar la impunidad.

I. INTRODUCCIÓN.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

En el marco de una profunda crisis económica que se ha ahondado en los últimos 12 años, gran parte de la población mexicana, constituida por cerca de 93 millones de habitantes, ha sido afectada en sus derechos económicos de manera drástica y, aunado a ello, se han incrementado los casos de violaciones a derechos humanos, como la tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y en general la violación de los derechos civiles y políticos.

En una evaluación reciente, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, informó que a pesar de las acciones del gobierno de México, la deuda externa mexicana no mostró variaciones significativas. En la actualidad, la deuda externa está calculada entre 140 y 150 mil millones de dólares. Las autoridades mexicanas pagaron 7 mil millones de dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, derivado del financiamiento recibido en 1995, y el resto de la inversión de cartera de bonos y créditos fue canalizada al pago de amortizaciones. La CEPAL afirmó que cerca del 70% de la población mexicana vive en la pobreza y de ellos, 40% en la pobreza extrema. Los precios de los productos básicos continúan en aumento y el salario mínimo sólo alcanza para adquirir un tercio de la canasta básica.

En México, en años recientes, la esperanza de vida se ubicaba en 69.7 años. Sin embargo es muy marcada la desigualdad social, pues la esperanza de vida del 10 por ciento más pobre, es de 20 años menos que la del 10 por ciento más rico. Según cifras del V informe de gobierno de Carlos Salinas en 1993, en el medio rural la desnutrición alcanzaba el 82 por ciento y en las zonas urbanas el 42 por ciento.

Se ha reducido el presupuesto para Salud, Educación y Vivienda, pero, han aumentado las tarifas de los servicios. Mientras tanto, se destinan grandes cantidades para la compra de armamento, principalmente a Estados Unidos y varios países de Europa. El presupuesto destinado a la Defensa es mayor que los de Salud, Educación y otros.

Prevalecen en el campo mexicano los conflictos por la tenencia de la tierra, originados por despojos ancestrales, sobre todo a indígenas, a quienes se obligó a ocupar tierras de baja rentabilidad. Además, se han incumplido numerosas resoluciones presidenciales para la dotación de tierras a ejidatarios y pequeños propietarios, por la protección del Estado a grandes latifundistas. Muchos campesinos sufren la falta de apoyo técnico y de insumos, y la corrupción de las dependencias encargadas de brindárselos.

Los precios de los productos del campo son muy bajos y no permiten la subsistencia de los campesinos, quienes tienen que emplearse en otros trabajos, o emigrar a lugares donde son víctimas de la explotación en trabajos mal remunerados. Ante estos problemas, han aumentado las manifestaciones de protesta. Los cuerpos policiacos, junto con el Ejército, han desalojado a manifestantes con fuerza excesiva en diferentes partes del país, lo que ha ocasionado asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, numerosos heridos y golpeados. En el campo mexicano, campesinos, pequeños productores de maíz y de otros productos básicos, por años han demandado el aumento de los precios de sus productos. En respuesta cientos de ellos han sido reprimidos, encarcelados, golpeados e incluso asesinados.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

En México, de manera escalonada pero constante se va implementando un esquema de Seguridad Nacional. El estado mexicano se transforma y pasa de un estado aparentemente concertador a un estado represivo, en donde las instituciones de represión van siendo fortalecidas con mayor presupuesto, equipos, salarios y capacitación.

Han proliferado las detenciones sin órdenes de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza, con frecuentes violaciones a la integridad física y psicológica de las personas, a quienes además en muchos casos se les niega la defensa jurídica efectiva.

A fines de 1995, se integró la Coordinación Nacional de Seguridad Pública, con la que se atribuye a las Fuerzas Armadas labores de seguridad pública, confundiendo en los hechos seguridad pública con seguridad nacional. Su presencia en comunidades indígenas principalmente, se va haciendo cada vez más intensa.

La militarización en el estado de Chiapas y el resto de la República, se incrementó notablemente a partir de la aparición del EZLN. En la actualidad, en 23 de los 31 estados, la presencia militar y de corporaciones policiacas se ha incrementado, principalmente en zonas indígenas. Entre ellos destacan: Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Nayarit Chihuahua y el Distrito Federal. Han aumentado las denuncias por detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos; sobre todo a partir de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, y del Ejercito Popular Revolucionario el 28 de junio de 1996.

Con el pretexto de la ineficiencia y corrupción de los cuerpos policiacos, se inició la militarización en las diferentes corporaciones policiacas, primero con los altos mandos y ahora con el personal operativo, a pesar de que el perfil de formación castrense no es compatible con el de la policía. La presencia militar es un obstáculo cada día más grande en el camino hacia la democracia en México. Además, la injerencia de Estados Unidos con apoyo financiero, técnico, en equipos militares y de inteligencia es cada día mas directa, afectando la soberanía nacional.

Llama la atención que los militares, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, acudan a las comunidades en labores de vigilancia e intimidación, disfrazando sus fines con obras sociales, como repartir despensas o dar atención médica. Estas ayudas tan indispensables para las comunidades deben ser canalizadas a través de las instituciones civiles de Salud, Educación y otros servicios, con la participación de las comunidades. La presencia de militares y policías, atemoriza a la población, con marcadas repercusiones sobre todo en la conducta de los niños.

Con frecuencia los campesinos abandonan sus comunidades y dejan de laborar sus tierras debido al hostigamiento, el temor y la inseguridad. La presencia del ejercito, inhibe la dinámica de las comunidades y limita los derechos civiles y políticos en los lugares donde está presente. La presencia militar en las comunidades indígenas es anticonstitucional puesto que no existe un estado de emergencia por desastre natural o el estado de conmoción interna, ni se han suspendido las garantías constitucionales.

La violación de los derechos humanos en México, ha sido una constante durante décadas, entre ellas, la práctica de la tortura y otras violaciones, cometidas principalmente por corporaciones públicas. En 1991, el penalista M. A. García Domínguez, hacía el siguiente diagnóstico: "...la policía judicial -que sólo debe actuar por órdenes expresas del Ministerio Público, salvo en caso de flagrancia- normalmente actúa de iniciativa, lo que permite realizar en la práctica todo tipo de acciones ilícitas incontrolables. En efecto, lleva a cabo supuestas investigaciones y ejecuta detenciones y violaciones de domicilio sin órdenes judiciales de aprehensión y de cateo, sin que exista averiguación previa, sin conocimiento del Ministerio Público y sin que se trate de flagrante delito. Se posibilita, así, la privación ilegal de la libertad, la tortura, la extorsión , el robo e incluso el homicidio, y por supuesto, la impunidad y el cinismo. Históricamente ha sido una constante la existencia de "separos" en la policía judicial y de "casas de seguridad" o cárceles privadas, en donde se cometen esos abusos..."(Ponencia en la Jornada Nacional Contra la Tortura. Ediciones CNDH, 1991)

SITUACIÓN EN TORNO A LA TORTURA.

Se han conocido numerosos casos de tortura, sin embargo, la mayoría no son denunciados ante las autoridades, por desconfianza, desconocimiento, o temor a represalias. Sólo trascienden a la opinión pública aquellos casos que tienen connotación política y los más graves, entre los que se incluyen casos de muerte por tortura.

Durante 1996 se reportó un mayor número de casos de detención-desaparición temporal de personas que fueron torturadas por grupos a los que no se les pudo identificar plenamente. En estos casos, se denunció que generalmente se usaron vehículos particulares; a las víctimas les vendaron los ojos y fueron llevadas a cárceles clandestinas para interrogarlas y torturarlas. Esta forma de actuar propicia la impunidad total. Se ha denunciado además, la probable participación en los operativos, de extranjeros que hablan inglés en varios casos ocurridos en Oaxaca y Guerrero.

Diversas ONG, además de instituciones gubernamentales, han emitido opiniones sobre el problema de la tortura en México. Citamos algunas de ellas:

La LIMEDDH-FIDH observa que se está obstaculizando la labor de las organizaciones de derechos humanos al impedirse las visitas a reclusorios entre ellos los del D.F., Veracruz y otros estados, para atender denuncias de casos de tortura y otras violaciones. Incluso, a pesar de las denuncias de ONG y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en torno al nombramiento de José Agustín Montiel López como director de la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, éste se mantiene en el cargo en la penitenciaría a pesar de que fue señalado, en la recomendación 115/91 de la CNDH, como responsable de torturas cuando fungía como director de Prevención y Readaptación Social en Guerrero, de 1987 a 1993.

En el mes de octubre, una misión conformada por la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, (ACAT) y la LIMEDDH, solicitó autorización por escrito a los Directores Generales de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del D.F. y de Hidalgo, con la finalidad de realizar visitas a los Reclusorios Varoniles Norte, Sur y Oriente en el D.F. y al penal de Tula Hidalgo, para atender denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. Las visitas no fueron autorizadas, y otras organizaciones han denunciado casos similares en Veracruz y otros estados.

Según el reporte anual del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes ocuparon la primera causa de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas durante 1996, seguida por las ejecuciones extrajudiciales, siendo las principales víctimas los militantes de organizaciones políticas y sociales.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mireille Roccatti Velázquez, declaró el 6 de mayo de 1996, que la tortura se ha incrementado en esa entidad, pues en todo 1995 se recibieron 30 quejas por tormentos, en tanto que en los cuatro primeros meses de 1996 sumaron 24 casos en ese rubro.

El Centro Binacional de Derechos Humanos (CBDH) en Tijuana, Baja California, dió a conocer el 6 de mayo, que de 400 casos de tortura policiaca que tiene documentados desde 1987, las autoridades judiciales locales sólo han tomado en cuenta uno, pese a que este organismo no gubernamental ha presentado más de 90 denuncias penales. El director del CBDH, Víctor Clark, explicó que muchas de las denuncias no prosperan por desistimiento de las víctimas, quienes temen represalias.

Federico García Estrada, subprocurador de los derechos humanos en la entidad bajacaliforniana, informó el 9 de junio, que en lo que va de 1996 la oficina local de ese organismo ha documentado unos 600 asuntos en los que se trastocaron las garantías fundamentales. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali y los cuerpos policiacos de Baja California fueron señalados como las instituciones cuyos servidores públicos realizan el mayor número de violaciones a los derechos humanos. Policías, agentes preventivos, investigadores, así como personal administrativo y directivo de las corporaciones, aún continúan siendo señalados como responsables principales de graves irregularidades al cometer abusos de autoridad, lesiones, extorsión, privación ilegal de la libertad y tortura.

Salvador Abascal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dio a conocer a finales de enero que el mayor porcentaje de violación de los derechos humanos en la ciudad de México son cometidas por los cuerpos policíacos de las instituciones encargadas de la administración de la justicia. Las quejas más frecuentes han sido: dilación en la procuración de justicia, abuso de autoridad, irresponsabilidad de los servidores públicos y tortura.

Lucinda Arias González, encargada del departamento Jurídico del Instituto Nacional Indigenista en el estado de Nayarit, afirmó el 11 de junio que de 249 indígenas que se encuentran presos en el Centro de Readaptación Social de Tepic, aproximadamente 70% fueron "chivos expiatorios". El INI informó también que se presentaron denuncias penales contra miembros de la Policía Judicial del estado, quienes "cometieron destrozos" en las zonas étnicas. En tanto, la Procuraduría de Justicia empezó procesos contra agentes involucrados en la muerte de 2 indígenas que sufrieron torturas.

La televisión británica exhibió en Londres, en marzo de 1996, un documental sobre la fabricación y distribución en México de bastones electrónicos "picanas", usados comúnmente para la tortura, y entrevistó al director de una empresa mexicana que los vende a países con un historial de violaciones de derechos humanos. El programa realizado por el periodista Martín Gregory para canal 4, filmó a Alfredo Águila de la firma mexicana Macoisa- sin su conocimiento, mientras el empresario explicaba como se realizan las operaciones de exportación de los bastones que Amnistía Internacional considera un "arma de los torturadores".

Preocupada por la situación de violaciones a los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acudió a este país en el mes de julio, y pudo conocer directamente la situación de los derechos humanos, al recibir numerosas denuncias, entre ellas, testimonios de personas que han sido torturadas.

El 20 de junio, Amnistía Internacional (A.I.) dio a conocer en Washington, E.U., que veintisiete compañías estadunidenses exportan equipos que pueden ser utilizados en tortura y México es uno de los países importadores. A.I. acusó a Estados Unidos de complicidad por otorgar licencias a esas exportaciones ignorando la trayectoria del destinatario.

En conferencia de prensa, Morris Tidball Binz, investigador del Programa regional para América Latina de Amnistía Internacional, señaló que en México no existe el Estado de Derecho, ya que se ha demostrado que las autoridades gubernamentales continúan violando los derechos humanos al permitir que se siga aplicando la tortura, la ejecución y la desaparición de militantes políticos, con lo que se demuestra una práctica constante de impunidad. Para Amnistía Internacional es preocupante que en México todavía existan 56 casos de prisioneros de conciencia, personas que fueron detenidas a causa de su actividad política o en favor de los derechos civiles, incluyendo el caso de 8 prisioneros políticos encarcelados desde hace 6 años sin sentencia. Carlos Salinas, a cargo de la Sección América Latina en las oficinas de A.I. en Washington, dijo que la tortura es un método ampliamente practicado en las investigaciones de la policía y del ejército en México.

Por su parte, José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la organización estadunidense Human Rights Watch/Américas, instó en el mes de febrero de 1996 al presidente Ernesto Zedillo a realizar las investigaciones penales en aquellos casos de abusos oficiales cometidos contra los rebeldes zapatistas. En el informe "Tortura y Otros Abusos Cometidos Durante la Ofensiva de 1995, en contra de supuestos zapatistas", la organización afirma que la policía y los fiscales mexicanos cometieron graves violaciones de los derechos humanos. "Es muy preocupante que en México exista la práctica generalizada, por parte de funcionarios estatales, de torturar y golpear a los detenidos, fiscales que arrancan confesiones ilegalmente y jueces que admiten esta evidencia como jurídicamente válida".

Como se aprecia en los casos que sustentan este informe, las violaciones a los derechos humanos se dan de manera sistemática. Con frecuencia ocurre una cadena de violaciones, desde el policía que detiene ilegalmente y tortura para investigar o extorsionar; continúa con el ministerio público que coacciona la declaración y la convalida con la presencia de un abogado defensor que no cumple con su función; sigue con los peritos que omiten lesiones en sus certificados y jueces que convalidan esas declaraciones, preservando la impunidad. Esta se extiende a las prisiones donde los detenidos son sometidos muchas veces a un regimen de excepción.

En casos con implicaciones políticas, se ejercen fuertes presiones en contra de defensores de derechos humanos y se les hostiga para que abandonen la atención de casos. A los abogados, se les restringe y amenaza para dejar en indefensión jurídica a las víctimas. Completando el círculo de la impunidad, los medios de comunicación son presionados o se autocensuran y, no informan objetivamente sobre la magnitud del fenómeno de la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes.

II. REFORMAS LEGISLATIVAS Y DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS .

Las reformas a la Constitución y leyes secundarias en materia penal, han favorecido que ahora se puedan violar los derechos humanos, sin salir del marco legal. Se han implementado leyes más severas, como la Ley Contra la Delincuencia Organizada, aprobada en 1996. En las reformas se autorizan: el espionaje telefónico; aseguramiento de bienes por parte de la policía; emisión de órdenes de detención por el Ministerio Público y no solamente por una autoridad judicial como anteriormente ocurría. Además, se ampliaron los tiempos de detención preventiva y el catálogo de delitos graves.

El gobierno mexicano sobre presentó estas reformas los beneficios de las reformas legislativas, se continúan conociendo casos de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos de los servidores públicos.

La convalidación de declaraciones ante el Ministerio Público, (MP), muchas de ellas obtenidas bajo presión, argumentando que se encontraba presente el abogado defensor; su facultad para solicitar, se niegue de manera discrecional el derecho a libertad bajo fianza de la persona detenida; el concepto jurídico de cuasiflagrancia, que permite detenciones sin la orden judicial correspondiente, definen al sistema de procuración de justicia mexicano como un sistema inquisitorio que limita los derechos humanos.

En materia de procuración de justicia, la impunidad es casi total. En el Distrito Federal el índice medio de impunidad es del orden del 96 % en la presente década, según documentó la CDHDF, situación que justifica la falta de confianza de la sociedad en las autoridades.

La ampliación de facultades del Ministerio Público, que ahora también puede emitir órdenes de aprehensión; la retención de personas por 48 y la posibilidad de aumentar el plazo a 96 horas, ha propiciado el aumento de los casos de detenciones arbitrarias, durante las que ocurren la mayoría de los casos de tortura.

Según un diagnóstico elaborado por Héctor Behm Rosas y Miguel Sarre, las modalidades de detención ilegal o arbitraria ocurren en la órbita de la procuración de justicia y de los cuerpos policiales, o bien en la correspondiente a la administración de justicia. Reflexionan sobre algunos de los riesgos de abusos a que expone la reforma a los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Mexicana y al artículo 267 de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, éste último reformado el 13 de mayo de 1996.

"Desde un enfoque diverso, la reforma crea situaciones y oportunidades que dan amplio margen a las habituales arbitrariedades policiales. Por ejemplo, el señalamiento del responsable por la víctima, testigos presenciales o quien hubiera participado en la comisión del delito, sin acotamiento alguno, expone a toda suerte de coacciones a quien quede bajo la custodia de la policía durante el dilatado lapso de setenta y dos horas. El señalamiento puede ser equivocado, por una descripción deficiente o vaga del autor del delito en flagrancia, como asimismo malicioso, si es que la persona que lo hizo quiere perjudicar a un tercero inocente. Todavía, en el caso del señalamiento que hiciere el copartícipe en el delito, puede considerarse que carece de certeza e imparcialidad, desde que es lógico presumir el interés de descargar su responsabilidad propia en otros. Lo importante es que todas estas alternativas previstas en el artículo reformado, se transforman en resquicios o fisuras que crean espacios y oportunidades para que el policía tenga amplias posibilidades de utilizar toda suerte de coacciones , en el sentido que a sus intereses convenga, como también presionar para obtener ventajas económicas de la situación en que se encuentra quien, culpable o inocente, está expuesto a ser detenido sin orden judicial previa, en cualquier momento dentro de ese plazo de setenta y dos horas. Obsérvese que el policía corrupto hasta puede utilizar para sus fines abusivos, como ha sido habitual, a las denominadas "madrinas" que, bajo el aliciente de su participación en la extorsión económica, se podrían prestar para efectuar señalamientos falsos, sin que resulte fácil fincarles responsabilidad alguna".(Página 54)

Y añaden sobre la corrupción imperante en los cuerpos policiacos y el incumplimiento de las órdenes de aprehensión:

"En cuanto a la corrupción, es sabido que la orden de aprehensión judicial es un instrumento decisivo en manos de los policías judiciales para obtener exacciones económicas de la víctima del delito, arguyendo que así se apresura su cumplimiento -aunque esto pueda no suceder nunca-, o para arrancárselas al indiciado a cambio de demorar su cumplimiento o darle tiempo para huir abiertamente o fraguar circunstancias que de una u otra manera favorezcan su situación jurídica penal ulterior. Ha trascendido a la opinión pública que la corrupción ha sido y es incluso auspiciada por mandos superiores y medios de los cuerpos policiales, que exigen a sus subordinados - en la jerga del medio policial-, "cuotas", periódicas o fijas por asunto, y que éstas deben provenir de "saber trabajar" con tal fin las órdenes de aprehensión encomendadas."(Héctor Behm Rosas y Miguel Sarre, Detención arbitraria, inejecución de órdenes de aprehensión y abusos en su cumplimiento. Materiales de Trabajo, ediciones CNDH, 1996, página 106.)

Estas prácticas son muy arraigadas, además de una fuente de ingresos, que en muchas ocasiones es impulsada desde los mandos superiores.

DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en su Informe Sobre la Situación Jurídica de los Derechos Humanos en México, de Julio de 1996, hizo las siguientes observaciones:

"Deficiencias del sistema de justicia para proteger los derechos humanos: Dependencia política y financiera del Poder Judicial debido al exceso de facultades legales y extralegales del Poder Ejecutivo; falta de garantías de inamovilidad de los jueces, como ejemplo es la desaparición transitoria de la Suprema Corte de Justicia, ordenada por el Ejecutivo en diciembre de 1994, con motivo de la reforma constitucional para transformar el Poder Judicial; Los efectos limitados de las jurisprudencias que permite a los Poderes Legislativo y Ejecutivo no estén obligados a obedecerlas y, en consecuencia pueden emitir leyes, decretos o realizar actos administrativos contrarios a dicha jurisprudencia; Problemas del Juicio de Amparo, que se ha convertido en un procedimiento excesivamente técnico y caro que exige la intervención de abogados, que lo hace inaccesible para millones de mexicanos, además de que por los efectos individuales de las sentencias en los juicios de amparo, genera desigualdad ante la ley, porque solo protege a quien haya entablado el juicio, a pesar de que otras personas se estuvieran afectando por una situación similar a la que se amparó; Problemas del juicio político que limita la posibilidad de castigo a servidores públicos.

Dos casos que reflejan esta situación son:

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Abraham Polo Uscanga, asesinado el año pasado por defender la independencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al negarse a consignar a personas por presiones del poder ejecutivo.

El Juez Julio César Sánchez Narvaez, que se rehusó a girar orden de aprehensión al no encontrar elementos suficientes en contra del diputado del Partido de la Revolución Democrática PRD, acusado de fraude, fue destituido el 13 de diciembre de 1996 y según su denuncia, recibió amenazas de muerte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, M. Javier López y Conde".

Los Organismos gubernamentales de defensa de los derechos humanos son creados con facultades limitadas, pues los derechos políticos, laborales, ecológicos y asuntos juridisdiccionales de fondo no son de su competencia. Además, el nombramiento de los presidentes de las comisiones de derechos humanos gubernamentales, está encomendado al titular del Poder Ejecutivo, ya sea de la federación o de los estados, y las recomendaciones emitidas por dichas comisiones no obligan a los destinatarios a su cumplimiento.

III. LIMITACIONES PARA CONOCER LA MAGNITUD DEL FENÓMENO DE LA TORTURA EN MÉXICO.

El informe del gobierno mexicano menciona que hay un decremento real de casos de tortura. Tal afirmación no puede sustentarse sólo por el hecho de que el número de casos que recibe la CNDH haya disminuido. Entre los factores que explican ésto se encuentran:

1. La creación de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en cada estado de la República, se ocupan de los casos cometidos por autoridades locales, por lo que la CNDH recibe menos denuncias, y no existe un registro nacional de violaciones a los derechos humanos en México.

2. En cada caso de violaciones a los derechos humanos, se presenta la concurrencia de otras violaciones. Con frecuencia, hechos de tortura quedan ocultos por limitaciones de clasificación; es decir, la CNDH clasifica cada recomendación por una sola violación, por lo que las otras violaciones concurrentes en el caso quedan sin clasificarse. Con frecuencia en los casos de desaparecidos, allanamientos de morada, falsa acusación, homicidio, y lesiones y otros abusos de autoridad se aplica tortura y esta puede quedar oculta en las clasificaciones.

3. También la CNDH clasifica a la incomunicación, las amenazas de muerte y los castigos que imponen directamente funcionarios públicos en contra de víctimas como categorías diferentes a la tortura. Por tal motivo, el universo de casos de tortura es mucho mayor de lo que refleja el informe del gobierno mexicano.

4. Cada vez es más difícil acreditar la tortura debido a que los métodos se han sofisticado y se encaminan a no dejar huellas. Para la tortura psicológica no se cuenta con exámenes rutinarios de valoración para el Síndrome de Stres Postraumático, por lo que muchos casos no culminan en una recomendación de los Organismos Gubernamentales.

5. Se ha denunciado la actuación de grupos parapoliciacos y paramilitares, quienes no se identifican, secuestran y torturan a personas en cárceles clandestinas. Lo único que relaciona a estos grupos con el Estado, son los interrogatorios a los que se somete a las víctimas y las reiteradas amenazas contra su vida si continúan con sus actividades políticas o sociales; situación que afecta incluso a periodistas o integrantes de organizaciones de derechos humanos y abogados.

Como se aprecia en el informe del gobierno, son pocos los casos de denuncias por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes en los que se logra el castigo a los responsables y de estos muy pocos corresponden a la gravedad de éste delito de lesa humanidad. Otros factores que obstaculizan el conocimiento de casos, su investigación y una resolución judicial, son:

1. La falta de confianza de los agraviados en las instituciones, para presentar sus denuncias.

2. El temor de las víctimas para ratificar su denuncia.

3. La falta de mecanismos efectivos que impidan que la víctima o sus familiares sean amenazados, con la finalidad de que desistan de la denuncia.

4. Las limitaciones de los agraviados para reunir los elementos mínimos para documentar su caso.

5. Las dificultades técnicas para que las Comisiones Gubernamentales de Derechos Humanos acrediten los casos de tortura que no deja huella material.

6. Dificultades para aceptación de las recomendaciones, ya que su cumplimiento es parcial o no se cumple en la práctica.

7. La existencia de vicios en la procuración de justicia que impiden o dilatan la investigación correspondiente, ya que en muchos casos, quienes son los encargados de las investigaciones, pertenecen a la misma corporación que ha sido señalada como responsable de ilícitos.8. En muchos casos, los jueces dilatan u obstruyen el libramiento de las órdenes de aprehensión correspondientes. Además, en algunos casos, a pesar de existir elementos probados de tortura, los jueces no abren la investigación, como lo establece la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. 9. Los vicios que impiden el cumplimiento de las órdenes de aprehensión por parte de la policía judicial, que es de las más señaladas como responsables de irregularidades.

10. La falta de garantías para que el juicio se apegue al debido proceso; se aplique sentencia y ésta se cumpla de acuerdo a las disposiciones legales.

En materia de adecuación de la legislación sobre la tortura, la LIMEDDH-FIDH solicita al Comité, recomiende se legisle para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Puebla. Tomando en cuenta el reclamo de las organizaciones de derechos humanos que luchan contra la impunidad y la tortura, las que generaron una iniciativa de ley que fue presentada al Congreso del Estado en 1996.

Por otro lado, aunque se considera la tortura psicológica en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros ordenamientos constitucionales, en la práctica no se aplica. Sólo se considera la evidencia de lesiones físicas como elemento para argumentarla.

Como lo hemos mencionado, no se practica el examen psicológico para establecer el Síndrome de Stress Postraumático. Bajo esta consideración, quienes practican la tortura, han sofisticado sus métodos para evitar dejar señales materiales del hecho.

Se han utilizado las amenazas telefónicas en las que se muestra a la víctima y sus familiares, que son minuciosamente vigilados y en cualquier momento pueden sufrir una agresión. En muchos casos esto se ha cumplido, por lo que el temor generado en las víctimas se amplifica, aún sin recurrir a la detención de la persona. Más de 200 personas integrantes de organizaciones políticas y sociales, han sido incluidas en listas de "investigados", a quienes se les sometió a vigilancia continua. Varios sufrieron asaltos y allanamientos de sus oficinas o viviendas, y muchos de ellos, se encuentran presos debido a la utilización de falsas acusaciones.

Entre los métodos de tortura más utilizados están:

Aislamiento, vendaje de los ojos, inmovilización, amenazas de asesinato, simulacros de ejecución; no informar al detenido hacia donde se le traslada o de qué se le acusa, amenazas de que familiares también están detenidos y los pueden matar, entre otras torturas psicológicas.

Se les obliga a permanecer en posiciones forzadas, a realizar ejercicios intensos; se provoca asfixia transitoria colocando bolsa de plástico en la cabeza o mediante inmersión forzada en agua; la aplicación de agua gasificada con picante molido en las fosas nasales; se golpea colocando trapos mojados; golpes en ambos oídos produciendo fuerte presión en los tímpanos; se aplican descargas eléctricas cubriendo a la víctima con mantas mojadas, disminuyendo la posibilidad de dejar huellas por quemaduras.

A los detenidos, no se les proporcionan alimentos, y agua; además, es frecuente que no se les permita realizar sus necesidades fisiológicas.

Con estos métodos utilizados, es difícil encontrar evidencias, la única posibilidad, es establecer la detención o el traslado prolongados.

La impunidad se refuerza cuando los que cometen la tortura, son sujetos que no se identifican como policías o militares, puesto que usan vehículos sin placas, sin logotipo y usan cárceles clandestinas para torturar, pretendiendo eximir de toda responsabilidad al Estado.

IV. PROPUESTAS PARA PREVENIR LA TORTURA Y EVITAR LA IMPUNIDAD.

Ante este fenómeno social, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos LIMEDDH-FIDH, presentó las siguientes propuestas para que el grupo de expertos del grupo de trabajo de Naciones Unidas las valore, y recomiende al gobierno mexicano medidas para evitar la impunidad y la persistencia de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en México.

1. Para propiciar una conducta ética en la formación de profesionales, es conveniente que las escuelas y facultades de ciencias de la salud y ciencias jurídicas, se de mayor importancia en los curricula a la deontología, derechos humanos y responsabilidad profesional.

2. Considerando, que el gobierno mexicano cuenta con la CNDH y las comisiones estatales, proponemos se establezca un sistema nacional de registro de violaciones a los derechos humanos, para poder hacer una verdarera evaluación de las violaciones a los derechos humanos en México.

3. Para la certificación médica de violaciones a derechos humanos, es necesario que los servicios periciales sean proporcionados por las universidades, colegios o asociaciones de profesionales, con plena autonomía, y reconocido por el gobierno mexicano, como se hace en otros países, ya que actualemente, en los certificados médicos pocas veces se describen lesiones que pueden dejar huella física, y su valor como documento de prueba es limitado, ya que las técnicas de tortura cuidan de no dejar huellas. En muchos casos, las lesiones son minimizadas por los médicos, frecuentemente se asienta "que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar", omitiendo la existencia de la tortura.

4. Para evaluar las afecciones que se producen como parte del síndrome de stress postraumático en casos de tortura, es necesario practicar los exámenes del estado psíquico, en los servicios periciales.

5. Ante la dificultad de certificar los casos de tortura, deben considerarse como tal aquellos en los que la detención o traslado de las personas se prolonguen por causas injustificadas. Los policías deberán demostrar el motivo por el cual, no se puso al detenido de manera inmediata a la disposición de la autoridad competente.

6. Es necesario que se proporcione de oficio, de manera inmediata y gratuita, copia del certificado médicos, a personas detenidas, que sean examinadas por los médicos legistas.

7. Es necesario que se proporcione de oficio, de manera inmediata copia del expediente al detenido, a su abogado o persona de confianza, para que esté enterado de los motivos de su detención.

8. Las autoridades involucradas en la procuración e impartición de justicia deben contar, en las áreas de derechos humanos o de contraloría interna con servicio de telefonía de larga distancia sin costo, recepción vía Fax o por correo electrónico, para reportar detenciones ilegales y otras presuntas violaciones a los derechos humanos, y establecer mecanismos para que esos reportes queden asentados con fe pública y el denunciante cuente con una clave del reporte.

9. Para evitar la alteración de pruebas y evidencias, consideramos que todas las órdenes de aprehensión, presentación, cateo, certificados, reportes periciales, y en general todos los documentos que expidan las dependencias oficiales, contengan en el momento de expedirlos, número secuencial, fecha y hora debidamente indicadas, además de los datos legibles de quien emite o avala el documento.

10. Para evitar la impunidad, se deberá garantizar la plena identificación de los servidores públicos, y que éstos porten en sus vehículos y uniformes las acreditaciones correspondientes, para evitar que policías continúen utilizando vehículos sin placas de circulación, sin logotipo, y uniformes sin las insignias correspondientes,.

11. Para la atención de denuncias de violaciones a derechos humanos, sugerimos que la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos, cuenten con servicio telefónico de larga distancia sin costo para los denunciantes.

12. Que la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos investiguen de oficio, las denuncias de violaciones a derechos humanos dadas a conocer en los medios de comunicación.

13. Para la atención de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, es necesario que las autoridades permitan de manera inmediata, la visita de organizaciones de los derechos humanos no gubernamentales a centros de detención, separos policiacos y centros penitenciarios, incluidos los de máxima seguridad.

14. Ante el incremento de amenazas y otras agresiones a defensores de derechos humanos, solicitamos se establezcan medidas que garanticen la efectiva protección de los defensores de derechos humanos, víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos. Se realice la investigación inmediata de las denuncias; se sancione a los responsables y se reparen de los daños.

15. En la investigación de ejecuciones extrajudiciales, es necesario que el gobierno aplique el Manual de Naciones Unidas para la Efectiva Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extrajudiciales o Sumarias, como garantía de imparcialidad al permitir la participación de expertos en la materia propuestos por los deudos de las víctimas.

16. Debe considerarse a las organizaciones de derechos humanos como organismos de interés público.

17. Recomendar al gobierno mexicano la aceptación de la "Declaración de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos" que elabora el grupo de trabajo de Naciones Unidas.

La LIMEDDH-FIDH, de manera objetiva y fundamentada, señala los elementos que se apartan del respeto a los derechos humanos y propone mecanismos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que en materia de derechos humanos ha contraído el gobierno mexicano, los que de acuerdo al artículo 133 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aplicables en nuestro país. Compartimos con el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas el interés de aplicar realmente en México, la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

A continuación presentamos algunos casos de violaciones graves a derechos humanos registrados en 1996.

V. MUERTES POR TORTURA.

1. Muerte por tortura a menor de edad. El Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de Derechos Humanos AC (Cefprodhac), informó de la muerte bajo tortura de Erick Cardenas Esqueda de 16 años de edad, que murió en el interior de las celdas de la Policía Municipal de Laredo Tamaulipas. Erick Cardenas había sido detenido ilegalmente el día 4 de enero de 1997, en su domicilio, por elementos de la Policía Municipal, mismos que argumentaron para su detención que él había ingerido bebidas alcohólicas y reñido en vía pública. Al joven le habían impuesto 8 horas de arresto o 30 pesos de multa., una hora más tarde, fueron detenidos dos jóvenes más y al internarlos en las celdas se descubrió a CÁRDENAS Esqueda colgado de las rejas de la ventana de la celda.

Las fotografías tomadas, durante la autopsia muestran huellas de golpes en diferentes partes del cuerpo, así como dos marcas de las rejas de la celda, las que no corresponden con las de la ventana, donde aseguraba la policía municipal, que el muchacho se había suicidado. Estas evidencias indican que Erik CÁRDENAS, no se suicidó, sino fue víctima de tortura y homicidio por parte de miembros de la policía municipal de Laredo, Tamaulipas. El señor Heberto CÁRDENAS Carrizal, padre del menor, presentó la denuncia en contra del delegado de la Policía Municipal, Matías Cuellar García y de agentes a su mando por los delitos de tortura, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, homicidio y encubrimiento en la muerte de su hijo Erick CÁRDENAS. Se hace notar que esta es ya la segunda averiguación previa en contra de Cuellar García, ya que también se le acusa de lesiones, abuso de autoridad, delitos cometidos por servidores públicos en desempeño de funciones administrativas o judiciales, asociación delictuosa y evasión de presos.

2. El indígena huichol Sixto de la ROSA MARTÍNEZ, detenido sin orden de aprehensión por la policía judicial del estado de Nayarit, fue encontrado muerto en el poblado Calera de Cofrades el 2 de mayo, con signos de tortura. Además, la policía detuvo sin orden de aprehensión a Mauricio SANDOVAL y los hermanos Victoriano y Manuel CARRILLO, a quienes torturaron para que se declararan culpables de un secuestro. Cuando finalmente fueron dejados en libertad, corroboraron los tormentos a que fue sometido el indígena huichol victimado.

3. El 20 de octubre, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua, denunció que elementos del Ejército asesinaron bajo tortura al indígena tepehuano Valentín CARRILLO, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el poblado de San Juan Nepomuceno, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. El Ministerio Público, fincó responsabilidad penal en contra del Capitán Gustavo AVIÑA DURÓN y el Sargento Segundo Angel DURÓN, quienes detuvieron al indígena, al parecer cuando portaba dos kilogramos de marihuana. Autoridades declararon que los responsables serían juzgados por tribunales militares.

4. En octubre de 1996, en Morelia Michoacán, el joven Alejandro HERRERA FLORES murió debido a las lesiones causadas por la policía judicial cuando fue detenido simplemente porque se pasó un semáforo.

5. El 24 de octubre de 1996, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, los jóvenes Juan José LÓPEZ REYES de 22 años y Ricardo RICO UBALDO de 34 años, fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), al mando de Mario TEXCOCO JIMÉNEZ, con el pretexto de que el vehículo en el que viajaban era de procedencia ilegal. Trasladados a las oficinas de la coordinación regional de la corporación policíaca, fueron torturados hasta causar la muerte de Rico UBALDO, cuyo cadáver fue abandonado en el ejido el Nanche, municipio de Cuitláhuac, a 35 km. de Córdoba. A Juan José LÓPEZ lo llevaron vivo a una parcela del ejido Paso Real, municipio de Omealca, colindante con Córdoba y Cuitláhuac, donde recibió el tiro de gracia, al parecer dado por el mismo Mario Texcoco, quien le disparó a corta distancia con una escopeta en presencia de los otros policías. La policía había informado a los familiares, que los detenidos habían sido liberados desde las 16:00 horas, sin embargo, otros detenidos afirmaron haber escuchado los quejidos de los torturados. Los hechos ocurrieron en las oficinas de la policía sin que ninguna autoridad lo evitara. Los hechos fueron denunciados en la Averiguación Previa 1166/996 y la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz consignó a 12 policías judiciales: Julio Cesar CUE BUSTOS, coordinador regional; Inocente CHIQUITO LARA, comandante regional; los jefes de grupo Mario TEXCOCO JIMÉNEZ Y Nereo MALPICA MORALES y los agentes Manuel JUÁREZ RUBIO, Carlos HERRERA HERNÁNDEZ, Carlos ROMERO JÁCOME, Miguel EDUARDO AGUILAR TEPOLE, Mauricio VÁZQUEZ LÓPEZ, David HERNÁNDEZ MARFÁN, Alfonso DORANTES LÓPEZ y Gerardo CELIS GUEVARA. El jefe de grupo Abel ZUÑIGA MOTA se encuentra prófugo.

6. En el mes de noviembre, Antonio TORRES ESTRADA de 25 años, fue muerto bajo tortura en León, Guanajuato. Los policías golpearon al detenido en el interior de la patrulla. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato demandó el castigo severo a los policías, al médico legista y al juez calificador que ocultaron los hechos.

7. Probable muerto bajo tortura. Reporte de misión de observación de la LIMEDDH-FIDH en la Región Loxicha. Según testimonios recibidos, como a las 5:00 hrs. a.m. del 1 de diciembre de l996, se realizó un operativo en la comunidad, integrado por elementos de la Policía Judicial Estatal, Policía Preventiva y Ejército Mexicano. Al frente iban como "guías", personas encapuchadas que hablaban zapoteco. Obligaron a abrir las casas sin presentar ninguna orden de cateo, rompieron las puertas a patadas, forzaron cerraduras, robaron dinero y las escasas cosas de valor que encontraron; intimidaron y detuvieron a la población para ser interrogada y golpearon a varios hombres por no tener la llave de sus casas. Se pudo observar las huellas de las botas en las puertas y el forzamiento de candados y desprendimiento de las bisagras de la madera. Un señor denunció que fue detenido por tener 80 platos y 60 tasas guardados, mismos que según su costumbre, fueron utilizados en una boda. Al señor lo despojaron de sus trastos y lo acusaron de que en ellos le daba de comer a los guerrilleros. Al indígena Adrián SEBASTIÁN ANTONIO, de la comunidad de Llano Maguey, lo pusieron aparte del grupo y según rumores no confirmados, puesto que ninguno de los entrevistados lo pudo ver, los policías judiciales lo golpearon y se lo llevaron en una camioneta. Después se dio a conocer, por parte de la Procuraduría del Estado, que esa camioneta sufrió una volcadura en la carretera, quedando muerto el detenido y resultando ilesos todos los judiciales, sin dar a conocer el sitio exacto ni los nombres de los policías que sufrieron el percance. Este caso se manejó con total hermetismo. No fue posible ver el cadáver, el cual fue enterrado, al parecer, en su comunidad, por lo que es conveniente realizar la exhumación y una nueva necropsia, para establecer la causa de la muerte ante lo extraño del hecho.

8. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE), confirmó que el 11 de diciembre, Rodolfo RIVERA SAUCEDO, preso en el penal de Saltillo, Coahuila, fue asesinado bajo tortura por agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME). Testimonios indican que mientras estuvo detenido en los separos de la PME y en el penal de Saltillo, fue sometido a tortura física y psicológica por más de tres agentes ministeriales, quienes lo golpearon con objetos contundentes en el abdomen y otras partes del cuerpo. Rodolfo RIVERA SAUCEDO falleció en la penitenciaría local 36 horas después de haber sido detenido por el comandante del Grupo Antirrobos de la PME, Martín JAIME GONZÁLEZ y el agente Ignacio NÚÑEZ RAMÍREZ. Los policías señalados, quienes se encontraban en arraigo domiciliario desde el 12 de diciembre, se escaparon el día 18. Cuatro agentes de su corporación los custodiaban bajo criterios de marcada parcialidad, lo que facilitó su huida.

9. El 17 de diciembre, en la Mesa de Otay, Baja California Norte, Nicolás PADILLA LOMELÍ murió a consecuencia de la tortura que le aplicaron durante su detención elementos de la policía municipal conocidos como "Fuerzas Especiales", quienes cuentan con entrenamiento paramilitar. Son acusados los agentes Javier ARMAS AVALOS y Guillermo VARGAS, quienes firmaron el parte informativo sobre la muerte de PADILLA LOMELI, luego de ser arrestado en la delegación municipal. La autopsia practicada por el Servicio Médico Forense Municipal establece que Padilla Lomelí, de 33 años de edad, murió a consecuencia de un choque hipovolémico, producido por estallamiento de vísceras. El procurador del estado, Antonio GARCÍA SÁNCHEZ, declaró a medios de comunicación: "éste es el NOVENO CASO de tortura policíaca registrada durante este año y sin duda el más trágico".

VI. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.

Durante 1996, la LIMEDDH-FIDH ha registrado, cuando menos, 164 asesinatos de luchadores sociales. Cientos de personas han tenido que abandonar sus lugares de origen por la persecución política y amenazas de muerte a las que han sido sometidas, y junto con sus familias han tenido que exiliarse en otras ciudades, soportando todas las vicisitudes que eso acarrea. Esta situación se ha extendido a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Chihuahua, entre otros estados. El fenómeno de emigración de familias por la represión en el interior del país, es ya notorio y genera nuevas necesidades que los organismos de derechos humanos no estamos en posibilidad de resolver.

1. El Campesino Gildardo Dorantes Muñoz, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinado el 5 de enero por Alberto Rangel Martínez, Comisario (priísta) de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero. Otros 7 campesinos se encuentran amenazados de muerte debido a su actividad política opositora.

2. José Dolores Camacho Montoya, dirigente municipal de "El Barzón", en Salamanca, Guanajuato, fue asesinado el 12 de enero con arma de fuego, por un guardia rural. El policía disparó en dos ocasiones en contra del dirigente.

3. El comerciante Oscar Lechrer Ibarra de 25 años de edad fue asesinado y su esposa seriamente herida, luego de que no quiso detenerse después de cometer una infracción de tránsito, el 12 de febrero en la madrugada. Fue perseguido a balazos unos 25 kilómetros por la policía del estado de Coahuila, y finalmente asesinado con un tiro en la nuca, instantes después de pasar una garita aduanal. Aunque los jefes de las policías estatal y federal afirman que ninguno de sus agentes hizo fuego, la prueba de radizonato de sodio resulto positiva en dos policías federales y tres estatales.

4. La madrugada del 10 de febrero fue asesinado por arma de fuego el indígena mixteco Andrés López, de 72 años de edad. Era integrante del PRD en la comunidad del Coyul, municipio de Metlaltónoc, Guerrero y activista para la conformación de un municipio indígena autónomo del Rancho Nueva Democracia, Tlacoachistlahuaca. El presidente del municipio en rebeldía, Marcelino Isidro de los Santos, informó que familiares y compañeros de la víctima aseguran que el asesino es el príista Isidro Balderas Felipe, quien actuó por órdenes del alcalde de Metlaltónoc, Enrique Rojas Candia.

Según denuncia recibida por nuestro organismo, el día viernes 29 de marzo, alrededor de las 18.00 horas, fue asesinado el campesino Gonzalo Pastor Vinalay miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), por varios individuos, de los cuales se identificó al ex-policía Bernabé VILLA. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como La Angostura, Tepetixtla, Municipio. de Coyuca de Benítez, Guerrero. Según la información, el hoy occiso fue llevado con engaños por Bernabé Villa a una huerta cercana en donde fue atado por éste y otros individuos. En ese estado le dispararon con una arma conocida como "cuerno de chivo" y le cercenaron la cabeza, presumiblemente con un machete. Posteriormente se llevaron a su esposa de nombre María González a la casa de un individuo llamado Severo JULIÁN, misma que se encuentra abandonada. En ella, fue golpeada, violada, y amenazada de muerte por Bernabé Villa, quien la mantuvo secuestrada durante tres horas, aproximadamente.

5. El día 10 de abril fueron interceptados por policías preventivos, los miembros del Comité de Unidad Tepozteca cuando se dirigían a un acto público en el poblado de Tlatizapán. Los miembros de la fuerza pública actuaron con particular saña en contra de mujeres y ancianos que se hallaban en el lugar, con el pretexto de evitar que los manifestantes llegaran a interrumpir el acto que encabezaba el Presidente de la República, en conmemoración del 77 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en el poblado de Tlaltizapán. El resultado de estos hechos fue de varias mujeres y ancianos golpeados, algunos de ellos de gravedad por su avanzada edad y la muerte del Sr. Marcos Olmedo Gutiérrez, que después de haber sido asesinado de dos balazos, su cuerpo fue desaparecido por sus agresores y arrojado a 20 kilómetros del lugar de los hechos.

6. Un hombre encapuchado, vestido de negro y armado, que intentó matar a José Jaimes Requena dirigente del PRD en Coyuca de Benítez, Guerrero, asesinó el 5 de mayo en la noche, de dos balazos a Carlos Méndez Soto, en la colonia Tierra y Libertad de ese municipio. Jaimes Requena afirmó que fue un atentado por motivos políticos dirigido a él, y señaló como responsables a agentes del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer que lo habían amenazado de muerte en varias ocasiones, a raíz del testimonio que presentó sobre la matanza de Aguas Blancas.

7. Efraín C. Marín, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), denunció el 27 de mayo, la detención de Luz Rivera, Francisco QUINTINO Arredondo, Héctor Malacara y varias decenas más de sus compañeros en Tlaxcala. Luz Rivera, asesora del EZLN y promotora, al igual que la mayoría de los otros detenidos, del Frente Zapatista, fue sacada por la policía del local de la Central Nacional Urbana Campesina (CNUC) en Tlaxcala, apuntándole con una pistola en la cabeza. Agregó que estas detenciones se suman a las amenazas y agresiones ocurridas recientemente, incluido el asesinato aún sin aclarar, cometido la semana anterior contra Juan Carlos Escandón Guillén, dirigente del movimiento Gay en Chiapas, perseguido y ultimado en la ciudad de México.

8. El 9 de junio de 1996, fue asesinado Roberto Acosta Orruzquieta, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) en Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando se encontraba en una reunión, en la comunidad de Barrio Nuevo. Según testimonios, tres sujetos desconocidos fueron preguntando de casa en casa, dónde se reunían los del PRD. Al llegar al lugar de la reunión, maltrataron a los dueños de la casa, los jalaron de los cabellos y los pusieron de cara al suelo. Uno de los individuos avanzó directamente hacia Roberto Acosta y con una pistola 9 mm. le disparó 11 impactos. Los hechos quedaron asentados en la Averiguación Previa TAB/I/2933/96 en la agencia del Ministerio Público en Acapulco. Es preocupante la sucesión de los asesinatos y otros hechos delictivos en los que se menciona como responsables a supuestos grupos de autodefensa. Recordamos que en la última semana de mayo fueron asesinados 7 campesinos en las comunidades de San Juan de las Flores, Plan del Carrizo y Pie de la Cuesta en la sierra de Atoyac. De acuerdo con testimonios, un grupo de alrededor de 60 personas con armas de alto poder, encapuchados y vestidos con uniformes militares, llegó a la comunidad de Pie de la Cuesta y acribillaron a Antonio Delgado Sotelo de 50 años y a Juan Delgado Apolinar de 35 años. En Plan del Carrizo, cuatro hombres uniformados y con el rostro cubierto con pasamontañas, asesinaron al campesino Reyes Vargas Bahena, de 40 años de edad. A unos 200 m. de su casa le ordenaron detenerse y le dispararon balas de fusil M-1 y de retrocarga. En San Juan de las Flores fueron asesinados Felipe Sánchez Saldaña, Víctor Vázquez García y Alfredo Vázquez Morales, por sujetos con las mismas características descritas anteriormente.

9. El indígena Antonio Pérez Díaz y sus tres hijos Humberto, Juan y Víctor Pérez Girón fueron asesinados el 13 de agosto, en la comunidad Concepción Los Cacaos, municipio de Simojovel, Chiapas, por un grupo de personas que les dispararon "desde la Casa Ejidal" del lugar, confirmó Gilberto Pérez Díaz uno de los familiares de las personas ultimadas.

10. El 11 de septiembre, en Agua Fría, fue asesinado el campesino Natalio Gervacio Bello de 24 años, militante del PRD. En los últimos meses, la violencia ha afectado de manera particular a los habitantes de Agua Fría. A finales de agosto once familias abandonaron sus casas, sus siembras y todas sus pertenencias en este pequeño poblado de la sierra, porque sus integrantes fueron amenazados de muerte. Las amenazas se presentaron nuevamente el 2 de octubre contra 60 ciudadanos, que por ese motivo emigraron de su comunidad. La emigración continúa por temor a la violencia y se estima que más de la mitad de los habitantes han salido del pueblo.

11. El 16 de septiembre 1996, en las cercanías de un campamento militar del Ejército instalado a proximidad de Aguas Blancas, estado de Guerrero, resultó muerto por disparos de arma de fuego el Sr. Benjamin Ávila y fueron detenidos Tomas Damián Tacuba, Salomé Aguirre Bahena, Benito Bahena Aguirre, Joviel Rafael Ventura y Celso Sánchez. Todos ellos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS. (La LIMEDDH-FIDH desconoce si aparecieron posteriormente).

12. En el estado de Guerrero, desde mayo de 1996, han sido constantes los asesinatos cometidos por grupos de hombres con armas de alto poder y vestidos de militares. Entre los crímenes más recientes en la región se recuerda el homicidio del dirigente seccional del PRI en Agua Fría, José Rosas Nario, quien el 26 de septiembre recibió cinco heridas de bala cuando regresaba a su domicilio después de haber asistido a una reunión de su partido.

13. El 5 de octubre, un día antes de las elecciones, fue asesinado el campesino Antonio Arreola Moreno, presidente de la seccional del PRI en la comunidad de El Achotal.

14. El sábado 12 de octubre fueron asesinados dos campesinos de Agua Fría. Las víctimas, Pedro Nario Mesino de 45 años y Margarito Corona Martínez de 39, viajaban en una camioneta de pasajeros hacia la cabecera municipal de Atoyac la cual fue interceptada por hombres armados quienes los obligaron a bajar y los internaron en el monte, donde los acribillaron.

15. El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, Oscar Loza Ochoa dio a conocer a los medios de comunicación que el 23 de octubre, fueron secuestrados con violencia en distintos puntos del municipio El Fuerte, los campesinos: Pablo Anaya Ruíz, Ramiro Anaya, Luis Antonio Anaya, Gabino Castro Araujo, Cruz Manuel Castro Ruíz, Tomás Cazárez Soto, Crecencio Cazárez y al día siguiente Gonzalo Álvarez Tamayo. El día 26 por la madrugada, fueron liberados seis de los 8 campesinos. En la comunidad de Macoyahui, municipio de El Fuerte, donde reside la mayoría, relataron que fueron secuestrados por encapuchados que portaban armas de grueso calibre y disponían de radios de comunicación con la frecuencia de las diversas corporaciones policíacas. Los campesinos presentaban heridas en diversas partes del cuerpo producidas por la tortura mientras los interrogaban acerca de sus actividades y les pedían información sobre sus vecinos. Se presume que pudiera tratarse de policías que "investigan" diversos secuestros ocurridos en la región. Se teme por la vida de Cruz Manuel Castro Ruíz y Gonzalo Álvarez Tamayo, quienes fueron sacados del mismo cuarto en donde se encontraban los demás, pero no fueron liberados.

16. El día 27 de octubre, el campesino Crecenciano Mariano Hernández fue asesinado por desconocidos. El hecho ocurrió tres semanas después de que él apoyó a la comunidad que se había desplazado a la ciudad de Oaxaca y que regresó a San Lucas Atoyaquillo, después de obtener el compromiso del Gobernador de proteger su seguridad personal.

17. El 6 de noviembre, a las siete de la noche, en la comunidad de Agua Fría, fue asesinado el campesino Marcial Orbe Zarco de 58 años. Los familiares informaron que seis hombres uniformados como militares llegaron a la casa del campesino, dos de ellos, según testigos, llevaban escudos e insignias del Ejército Mexicano. Se metieron en la casa y dijeron: ``somos del Ejército, dónde está Marcial?, no le vamos a hacer nada''. Encontraron al campesino dentro de la casa, lo sacaron con violencia, y en la puerta de la vivienda le dispararon más de 30 balazos de AK-47, arma conocida como "cuerno de chivo".

18. En la comunidad de El Escorpión, creca de Agua Fría, el 8 de noviembre de 1996 por la tarde, fue asesinado el campesino Ramiro Mesino Galicia, por un grupo de hombres armados con AK-47 que lo interceptaron en el camino a su parcela.

19. El 10 de noviembre de 1996, se realizaron elecciones en los estados de Hidalgo y Estado de México entre otros. Según informes periodísticos, Agustín Linares Castro, dirigente perredista del municipio de Tenango del Aire, Estado de México, fue asesinado la noche del sábado 16 de noviembre, presuntamente por el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Arnulfo García Gutiérrez. El secretario de Asuntos Electorales del comité estatal del PRD, Reynaldo Rosas Domínguez, denunció que en los cinco días anteriores ocurrieron diversas agresiones contra los candidatos perredistas electos.

20. Cinco campesinos de una familia, incluido un niño de 14 años, fueron asesinados la noche del miércoles 13 de noviembre en El Guayabillal, comunidad de la sierra de Atoyac, Guerrero, por seis hombres encapuchados y armados con rifles AK-47. Las víctimas fueron el cafeticultor Romualdo Hernández Gómez de 48 años, y sus hijos: Inocente Hernández Salgado de 28 años, Santos, de 23, Rubén de 19 y Heriberto de 14 años. Según Pedro Gómez Blanco familiar de las víctimas, informó que los hombres armados sacaron a los cinco campesinos de su casa y los acribillaron. Señaló que los agresores golpearon a la señora Abigail Salgado Vázquez esposa de Romualdo, cuando intentó intervenir para que no se los llevaran.

21. El joven Saúl Garfias Urbina de 22 años de edad, hijo de Elías Garfias, coordinador de campaña del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, fue encontrado muerto en la madrugada del 20 de noviembre 96, colgado de un árbol en la plaza municipal. Por los hechos se levantó el acta CUA/III/6568/96. El dirigente estatal panista, Noé Aguilar Tinajero, señaló que Elías Garfias, coordinador de campaña de Marco Antonio Velázquez Reina, candidato triunfante del PAN a la alcaldía de Huehuetoca, recibió amenazas de muerte con el fin de que se retirara de sus tareas.

22.- El 21 de noviembre en las cercanías del aeropuerto de la Cd. de Oaxaca, elementos del Ejército asesinaron al campesino Juan Aceves Cruz de 26 años, originario de San Juan Bautista de la Raya, cuando cabalgaba cerca de la base aérea. Los militares al parecer, le marcaron el alto y el campesino no se detuvo. Entonces lo acribillaron. Los militares trataron de enterrar el cadáver en las instalaciones de la 28 zona militar, pero no les fue posible debido a la insistencia de los reclamos de sus familiares. El 5 de diciembre una comisión de la LIMEDDH, acudió a la comunidad localizada en las afueras de la ciudad de Oaxaca. El pequeño pueblo fue expropiado de sus tierras colindantes desde hace más de dos años para construir la base aérea militar. Pueblo y base aérea se encuentran separados por una carretera de dos carriles y hasta hace algunos días la base se encontraba cercada por alambre de púas. Se observaron trabajos de construcción de una barda con tabiques. La abuela del joven asesinado, dijo que él era un muchacho que se dedicaba a las labores del campo y era reconocido en su comunidad: tenía a su cargo la Comisión de Riego dentro de la agencia municipal. Además la abuela mencionó, que gracias a que los medios dieron a conocer la situación, la zona militar ya inició la investigación de los hechos, pero ellos carecen de asesoría jurídica y tienen temor de que algo les pueda pasar.

23. El 3 de diciembre fueron asesinados en el municipio de Sinaloa de Leyva, estado de Sinaloa, tres integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por Javier Graciano Lara, Sixto Félix y Francisco López, policías de Seguridad Pública, que habían secuestrado a Belisario Villegas Perrelleza, Silvestre Bernal y José Mario Payán Beltrán. Según la narración del único sobreviviente Salomé Zavala Castro: Belisario Villegas Perrelleza y Silvestre Bernal fueron asesinados a unos metros del puente del ferrocarril, cerca del poblado León Fonseca, mientras que a José Mario Payán Beltrán lo ejecutaron a orillas del camino que conduce a los poblados de Llano Grande y Los Horcones.

VII. DETENCIONES-DESAPARICIONES Y CÁRCELES CLANDESTINAS.

El fenómeno de la detención-desaparición se incrementó en los años 60s y 70s, lo que dejó un saldo de 600 a 800 detenidos desaparecidos, con una mayor incidencia en el estado de Guerrero. La mayoría de los casos no han sido aclarados hasta la fecha. Actualmente esta práctica de lesa humanidad refleja un aumento en su tendencia y esta asociada a la actuación de grupos paramilitares y parapoliciacos, que torturan en centros clandestinos.

Durante 1996 se presentó un incremento la práctica de la detención-desaparición asociada a la represión política, principalmente en contra de activistas del PRD, FZLN, FAC-MLN, y otras organizaciones opositoras al gobierno. La Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), en su visita a México, informó que hasta el 18 de noviembre tenían registrados 150 casos de detenidos-desaparecidos. La mayoría fueron liberados días después, con señales o síntomas psíquicos o somáticos de tortura; en los interrogatorios los captores les pedían información acerca del EPR y el EZLN, con quienes trataban de vincularlos a ellos y/o a sus compañeros.

La LIMEDDH-FIDH registró 674 denuncias de detenciones ilegales y 449 allanamientos de morada sin orden de cateo. Se detuvo a personas sin orden de aprehensión y sin presentar identificación; en muchos casos, se utilizaron vehículos no oficiales sin placas de circulación y se condujo a detenidos a cárceles clandestinas donde fueron interrogados y torturados.

DESAPARICIONES PERMANENTES.

El día 22 de septiembre a las 15:00 horas, en el centro de Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, el Sr. Guadalupe Fernando García fue violentamente detenido por presuntos agentes de los servicios de Inteligencia Militar.

Familiares del Sr. Rómulo Rico Urrea, denunciaron que fue secuestrado el 25 de septiembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Según testigos, en el operativo actuaron varios elementos quienes se trasladaban en dos vehículos: una camioneta Ram Charger de color rojo y un auto Neón color blanco, ambos sin placas, de modelo reciente, con torreta y gente armada. Ese mismo día la familia denunció la desaparición ante el módulo telefónico del procurador del estado. Aproximadamente a las 20:00 horas, el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho módulo, solicitó información a las corporaciones policíacas; cuando lo hizo ante la delegación de la Procuraduría General de la República, un comandante de apellido Quintero le informó que una persona de nombre Rómulo Rico Urrea se encontraba en las instalaciones de dicha Delegación respondiendo a una orden de comparecencia. Al día siguiente esta información fue negada por el Delegado y el Subdelegado de la PGR. El día 27 de septiembre se abrió la Averiguación Previa sobre el caso ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, donde quedó asentada la información antes señalada por el Agente del Ministerio Público adscrito al teléfono del Procurador. El auto en que viajaba el Sr. Rico fue localizado por la autoridad de tránsito local el día jueves 26 de septiembre en un lugar muy céntrico de Culiacán. Los familiares denunciaron que en el interior del automóvil, quienes lo secuestraron olvidaron una libreta del tipo que usan los agentes investigadores de las diversas corporaciones policiacas con notas muy precisas sobre hechos de violencia sucedidos en fechas anteriores recientes y en la que perdieron la vida elementos de la PGR y algunos civiles. También contiene datos que posteriormente conoció la opinión pública a través de la prensa.

Desaparición forzada del Profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, activista de la Unión de trabajadores de la Educación y miembro del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena. El 26 de septiembre 1996, en Chilpancingo, el Profesor Alvarado salió de las oficinas del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena en dirección a la oficina de su esposa y desde entonces no se tiene noticia alguna de su paradero. Las autoridades consultadas han negado su detención. Desde noviembre de 1995 el Profesor Alvarado López y su esposa, habían sido vigilados y seguidos constantemente por personas desconocidas que se conducían en diversos vehículos (un VW blanco placa GZC1056 del estado de Guerrero; un VW golf blanco placa 430 GYU y dos vehículos Dodge, uno azul y otro rojo, con placas 817 BDG y 657 FXB, los tres del Distrito Federal). Se dice además, según declaraciones de algunos vecinos, que la pareja era constantemente fotografiada por presuntos miembros de la Procuraduría General de la República. A pesar de todas la gestiones realizadas, continúa desaparecido.

DESAPARICIONES TEMPORALES.

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila en su recomendación 014/96 señaló que el día 4 de enero de 1996, Edgar Ulises García, fue detenido sin orden de aprehensión por agentes de la Policía Ministerial del Estado, entre los que se identificó al agente Cuauhtémoc Rosales Galindo. Edgar Ulises García fue sometido a interrogatorios en un lugar desconocido, con los ojos vendados y esposado, recibió golpes y amenazas, le sumergieron la cabeza en una pila de agua para obligarlo a inculparse de varios delitos. Los dictámenes de los médicos legistas y particulares establecieron que la víctima presentó lesiones físicas visibles, después de su detención. Sin embargo, a casi un año, el caso continúa impune.

2. Detención de ocho personas: cuatro integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y cuatro de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, acusados como presuntos integrantes del EPR. En sus testimonios, denunciaron torturas.

El 1 de julio fue detenido Teodoro Juárez Sánchez, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quien afirmó: "A unos nos detuvieron el día primero y a otros dos el día cuatro. El primero, nos torturan con toques eléctricos en todo el cuerpo, con cable de luz a los dos, nos echaron agua en la nariz y en la boca como 3 veces, nos echaron tehuacán en la nariz, y golpes. Me colgaron del helicóptero, con una reata en los pies,- 'te vamos a matar'-. Nos preguntaban que si éramos del EPR y por los de mi pueblo, preguntaban más por Benigno Guzmán Martínez, Marino Sánchez, y por el señor Hilario Mesino, el señor Ranferi, y por Rocío, que si son dirigentes del EPR. Nos dieron golpes y toques eléctricos, nos pasaron con el Agente del Ministerio Público, pero todo ya estaba hecho en cuanto a la declaración. No había ningún abogado, no sé leer y no leí mi declaración".

Gerónimo Adame Benítez y Lorenzo Adame del Rosario informaron que fueron aprehendidos el 4 de julio, por elementos del Ejército Mexicano cuando estaban cerca del río buscando unas bestias en la comunidad de Yerbasantita, municipio de Coyuca de Benítez. "El día que nos detuvieron, nos amarraron de pies y manos y nos golpearon. Al día siguiente, caminamos todo el día y al otro llegamos a una lomita, donde nos vendaron los ojos y nos subieron a un helicóptero. De ahí nos llevaron a un lugar donde a veces se oían ruidos de helicópteros. Ahí nos seguían golpeando, a mi me reventaron el oído derecho; en ese lugar nos tuvieron dos días". El 9 de julio, el comandante de la Novena Región Militar, Elpidio Leyva Galindo, informó que las tropas habían arrestado el 8 de julio a cuatro miembros del EPR en el cerro de El Guajolote, sierra de Coyuca de Benítez, entre los que se encontraban Geronimo y Lorenzo Adame.

Los detenidos negaron haber sido aprehendidos el día y en el lugar que informó el Ejército, que está a más de 6 horas de camino a la comunidad, en la que se encontraban, y que no llevaban armas de fuego, sólo machetes que son implementos de trabajo.

Otros cuatro detenidos fueron presentados el domingo 13 de julio, afirmaron que los torturaron físicamente y los amenazaron de muerte para obligarlos a declararse integrantes del EPR. Cleofas Sánchez Ortega, Gonzalo Sánchez Mauricio, Pedro Barrios Sánchez y Gervasio Arce Gaspar, rindieron su declaración preparatoria en el juzgado segundo de distrito en Acapulco. En careo con los agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) que los arrestaron, denunciaron que fueron torturados durante tres días por aquellos, para que reconocieran que forman parte del grupo armado. En la ampliación de su declaración ante el juzgado segundo de distrito el 13 de agosto, dieron a conocer que fueron detenidos por tropas del Ejército en la sierra de Coyuca de Benítez, a principios de julio y torturados durante varios días para obligarlos a declarar que pertenecen a ese grupo armado. En sus declaraciones ministeriales y preparatorias habían aceptado ser miembros del EPR, pero posteriormente negaron esa imputación. Manifestaron que tienen miedo por haber cambiado sus declaraciones originales, pues sus torturadores los amenazaron con "ir desapareciendo uno por uno" a todos los miembros de sus familias y a ellos mismos si denunciaban las torturas.

En sus declaraciones ante el juez, los ocho detenidos, no ratificaron lo asentado en su declaración ante el Ministerio Público y en el careo con los judiciales, sostuvieron que los habían detenido desde el día 7 y fueron sometidos a tortura. Son acusados de portar una arma calibre 45 y un "cuerno de chivo". La LIMEDDH-FIDH cuenta con los testimonios firmados por ellos, así como la revisión médica realizada por el Dr. Adrián RamÍrez López durante una misión urgente realizada al estado de Guerrero a mediados del mes de julio, donde se constatan las lesiones que presentaban los detenidos y se presume que fueron producidas por tortura.

3. El 2 de julio en Chilpancingo, Guerrero, José NAVA ANDRADE de 40 años, militante de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), fue secuestrado y torturado durante cinco días por presuntos judiciales que lo vincularon con el Ejército Popular Revolucionario. Apareció hasta el 6 de julio y fue internado en una clínica particular en Chilpancingo, Guerrero. En el informe de la revisión médica realizada el 8 de julio por el Dr. Adrián RAMÍREZ, presidente de la LIMEDDH-FIDH, se menciona el estado de salud del señor NAVA y el tipo de lesiones que tenía en el momento de la revisión.

4. El 5 de agosto en Chilpancingo, Guerrero, Pedro ELIGIO CABAÑAS, delegado de la Unión de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata ante el FAC-MLN, fue secuestrado a unos 15 metros del Palacio de Gobierno, por desconocidos que huyeron en un vehículo "Jetta" color rojo con placas 400 HKX, cuando salía de una reunión con autoridades del gobierno del estado, en la que habían demandado garantías para los miembros de la Comisión negociadora del FAC-MLN. Las autoridades negaron haberlo capturado y liberado al día siguiente, denunció que fue torturado en un lugar desconocido e interrogado en relación a su participación como orador en el acto convocado por la OCSS el 28 de junio de 1996 en el que apareciera el Ejército Popular Revolucionario.

5. El 18 de octubre, en el predio conocido como "La Unión", aproximadamente 100 elementos de la policía municipal de Playa Vicente, Veracruz, así como de la policía preventiva al mando del Comandante Leonardo Balderas, incursionaron de manera violenta. Desalojaron a 25 personas que se encontraban pizcando en el citado predio. En el operativo detuvieron al señor Alejandro Tomás Hernández Castillo de 53 años de edad, a quien además hirieron y se llevaron con rumbo desconocido. En el operativo golpearon también a la niña Virginia Hernández Contreras, hija del detenido. Informes de familiares indican que el Sr. Alejandro Hernández, fue localizado en el penal de Cosamaloapan, Veracruz, estaba afectado por la tortura de la que fue objeto.

6. El Centro Regional de Derechos Humanos de la Mixteca, (Crdhm), informó que el día 22 de octubre fueron secuestrados, en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, Manuel Ramírez Santiago militante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, (Codep), y Fermín Oseguera Santiago de la Unión de Tablajeros de Tlaxiaco, "por dos sujetos vestidos de negro quienes los subieron a un automóvil modelo Cavalier sin placas color azul con vidrios polarizados, y se los llevaron con rumbo desconocido ". El Centro informó que por las actividades que han desarrollado, (principalmente Ramírez Santiago), en la región de la Mixteca, en defensa de los derechos humanos y políticos de los indígenas, sus familiares presumen que fueron detenidos por un grupo parapolicíaco para ser investigados en torno a la irrupción del EPR en Tlaxiaco el 28 de agosto. Días después aparecieron y relataron que fueron torturados en un lugar desconocido.

7. Según notas periodísticas, el EPR dio a conocer que el día 25 de octubre de 1996, a las 21:15 horas, en Zumpango del Río, Guerrero, fue secuestrado y desaparecido un combatiente a quien identifican como "Rafael", por agentes de los servicios de inteligencia militar "disfrazados de civil" ante varios testigos. Los hechos ocurrieron antes del vencimiento de la tregua unilateral declarada por el EPR, la que finalizaba el 27 de octubre a las 20:30 horas. En comunicación enviada a organismos internacionales y nacionales de derechos humanos el EPR aportó más datos con relación a los hechos: A las 7:40 p.m. del 25 de octubre, Rafael dejó un automóvil Volkswagen sedan blanco, placas de circulación GZF-9381 del estado de Guerrero en un estacionamiento público, localizado en la Av. Juan Ruiz de Alarcón cerca del palacio de gobierno en Chilpancingo. (Días después el vehículo fue decomisado, se menciona que en su interior había entre otras cosas, insignias del EPR); se trasladó a la población de Zumpango del Río en un servicio público, llegando a las 8:40 p.m. En las inmediaciones del oriente de la población, a la altura de la escuela en construcción, "Luis Donaldo Colosio", y a unos 100 metros de las últimas casas, "Rafael" y un acompañante, son alcanzados por tres sujetos, quienes sacan sendas pistolas y comenzaron a golpearlo. El acompañante, logró correr y ponerse a salvo, aunque le dispararon en una ocasión. Dicha detonación pudo ser escuchada por los habitantes del lugar. Diversos funcionarios del gobierno estatal en declaraciones públicas, tácitamente aceptaron la detención, señalando que es el Ejército quien puede informar de su paradero. Durante todo este tiempo el Ejército no ha negado tener en su poder al detenido, pero tampoco lo han presentado.

NOTA (El 5 de abrlil de 1997, los medios de comunicación dieron a conocer que Andrés Tzompaxtle Tecpile, alias "Rafael" estuvo detenido en la base militar de Llano Largo en Acapulco, Gerrero y después en el Campo Militar de Teotihuacan, Estado de México, de donde logro escapar el 22 de febrero de 1997. Durante su cautiverio fue sometido a graves constantes y prolongadas sesiones de tortura).

8. Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO) dieron a conocer que el sábado 26 de octubre de 1996, la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, detuvo al síndico de la Agencia Municipal de Cerro del Aire, Braulio Salinas Torres y a Arnulfo Zarate Cortes, ciudadano del mismo poblado. Hasta el 28 de octubre, OIDHO informó que se desconocía el paradero de los detenidos.

9. El 29 de octubre, aproximadamente a las 22:00 hrs., al regresar a sus oficinas después de una serie de gestiones, los señores Felipe Sánchez Rojas y Moisés Cruz Sánchez, presidente y coordinador, respectivamente, del Centro de Desarrollo Regional Indígena en Oaxaca, fueron informados de que un individuo había acudido a buscar al señor Felipe Sánchez Rojas para darle un recado personal, y ese individuo se encontraba "durmiendo o en estado de ebriedad" en la acera de enfrente a la oficina. El señor Felipe Sánchez acudió a hablar con el individuo. Al identificarse, éste se levantó y empezó a forcejear con él, al tiempo que otros dos sujetos se acercaban también y por la fuerza introdujeron al señor Felipe Sánchez a un automóvil marca Volkswagen rojo o guinda, sin placas, donde estaba otro individuo, arrancando inmediatamente. El 2 de noviembre fue liberado y relató que durante la privación de su libertad fue sometido a interrogatorios y a diversos métodos de tortura, como golpes en genitales, el estómago, costillas, oídos, etc. También manifestó que durante el interrogatorio se trató de atribuirle responsabilidad por un ataque efectuado el 28 de agosto por el EPR, en la ciudad de Tlaxiaco, y le exigían proporcionar los nombres de los participantes en ese hecho, la ubicación de las armas y los campos de entrenamiento. También manifestó que fueron señalados los Sres. Moisés Cruz Sánchez y Joaquín Sánchez Rojas, quienes se desempeñan como coordinador del CEDRI y comisariado de Bienes Comunales de San Juan Mixtepec, respectivamente. Situación que motiva temores por la seguridad de ambas personas.

10. Por su parte, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, en conferencia de prensa denunció que Victorino Avelino Huizache, de 18 años, hermano de la dirigente de la OCSS, Reyna Avelino, fue secuestrado por tres hombres que se identificaron como "agentes de inteligencia militar". Retenido durante dos días en el monte, cerca de Coyuca de Benítez, fue interrogado sobre los presuntos vínculos de sus familiares con el Ejército Popular Revolucionario. Victorino explicó que el 2 de noviembre, a la una de la mañana, se dirigía a su casa en Coyuca de Benítez cuando fue detenido por tres hombres que viajaban en una camioneta blanca sin placas, lo golpearon y lo obligaron a subir al vehículo. Lo llevaron cerca de la colonia Tierra y libertad, donde lo tuvieron entre la vegetación esposado y amarrado a un palo. Dijo que los hombres lo tuvieron en el monte hasta el mediodía del domingo 3 de noviembre y se presentaron como agentes de inteligencia militar. Agregó que los presuntos agentes lo amenazaron antes de liberarlo con desaparecer a su familia si denunciaba el hecho, y le advirtieron que podrían regresar. Victorino Avelino Huizache no participa en ninguna organización social ni política. Otro de sus hermanos, Fortunato Avelino militante de la OCSS, tiene orden de aprehensión y ha tenido que emigrar a otro lugar del país.

11. La Secretaría de Derechos Humanos del PRD, informó de la desaparición de María Trinidad Morales Corzo regidora electa en el municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México, quien salió de su domicilio el 3 de diciembre a las 19:30 horas para dirigirse a una reunión, a la cual no llegó. La hermana de la regidora informó que en su domicilio se presentó un hombre, quien sin identificarse, les dijo que María Trinidad se había accidentado y se encontraba en el hospital Magdalena de la Salinas del IMSS. Sin embargo, no fue localizada en ese ni en otros hospitales del Distrito Federal. Al ser puesta en libertad al día siguiente, María Trinidad declaró que no pudo reconocer a sus captores quienes la amenazaron con dañar a su familia si no renunciaba al cargo para el que había sido electa en el municipio mexiquense, "Uno de esos sujetos me dijo que ni yo ni el Ayuntamiento tomaríamos posesión el día primero de enero. La interrogaron sobre el lugar en que se reunían los miembros de la planilla triunfadora del PRD. Asimismo, añadió que fue amenazada para que no denunciara el hecho.

CENTROS DE DETENCIÓN CLANDESTINOS O ILEGALES.

El vicepresidente del colegio de abogados de Sinaloa, José Luis López Enríquez, denunció el 5 de marzo, que cinco "hoteles de paso" son utilizados como cárceles clandestinas por elementos de las diversas corporaciones policiacas a fin de incomunicar y torturar a los detenidos, sin que la Procuraduría de Justicia del Estado actúe en contra de los responsables. A su vez, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Jaime Cinco Soto indicó que en el caso de los ocho miembros de la familia Araujo Olivas, detenidos en forma ilegal en un operativo mixto de la PGR y agentes estatales, fueron sometidos a torturas, antes de ser liberados 7 de ellos por falta de elementos.

El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa denunció que el 23 de octubre, fueron secuestrados con violencia en distintos puntos del municipio El Fuerte, los campesinos Pablo Anaya Ruíz, Ramiro Anaya, Luis Antonio Anaya, Gabino Castro Araujo, Cruz Manuel Castro Ruíz, Tomás Cazárez Soto, Crecencio Cazárez y al día siguiente Gonzálo Tamayo. El día 26 por la madrugada, fueron liberados seis de los 8 campesinos, quienes relataron que fueron secuestrados por encapuchados que portaban armas de grueso calibre y disponían radios de comunicación con la frecuencia de las diversas corporaciones policíacas. Los campesinos presentaban heridas en diversas partes del cuerpo, producidas por la tortura mientras los interrogaban acerca de sus actividades y les pedían información sobre sus vecinos. Se presume que pudiera tratarse de policías que "investigan" diversos secuestros ocurridos en la región.

Junto con casos de desaparición, se ha denunciado la existencia de lugares de detención clandestinas en Oaxaca, Guerrero y otros estados. En el Estado de Oaxaca se ha concentrado el mayor número de casos. El primero de ellos ocurrio en el mes de septiembre de 1996,continuándose con los demás, sumando siete en dos meses. Entre las víctimas se encuentran: Evaristo Peralta Martínez, ex regidor de cárceles y panteones del municipio de Miahutlán y militante del Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo; Oliverio Pérez Felipe, indígena menor de edad de 17 años; Mario Guzmán Olivares, joven estudiante de Bellas Artes y simpatizante de la Organización del Frente Amplio de Lucha Popular; Razhy González Rodríguez, director del semanario Contrapunto.

Del seguimiento y análisis de los casos se encontró: Que la detención de Evaristo Peralta y Oliverio Pérez Felipe, fue por la Policía Judicial del estado. Mario Guzmán Olivares, Razhy González y Felipe Sánchez Rojas, todos señalaron como sus posibles captores a policías judiciales o miembros de inteligencia especial.

En el traslado: todos coincidieron en que fueron vendados de los ojos e inmovilizados de pies y manos, colocando de esta manera a los detenidos en aislamiento e indefensión.

En los casos de Evaristo Peralta y Oliverio Pérez, según sus testimonios, se pudo establecer su presencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado. A Evaristo PERALTA, primero lo llevaron a una cárcel clandestina donde fue torturado. Posteriormente fue presentado ante el Procurador. En el caso de Oliverio Pérez, éste fue torturado en una cárcel clandestina y después llevado a la procuraduría, de donde fue trasladado al Consejo Tutelar para menores.

VIII. TORTURA A DETENIDOS.

Es frecuente que el personal de seguridad y custodia imponga sanciones y castigos sin justificación alguna, incluso se ha comprobado responsabilidad del personal de custodia en maltrato y tortura a presos. La falta de capacitación y la improvisación de este personal permite el maltrato y propicia que algunos presos impongan medidas de castigo, golpes y vejaciones a otros más débiles. Asimismo, son frecuentes las celdas de castigo; la discresionalidad para la autorización de las visitas y la duración de las mismas.

La organización Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos (CADHAC), reportó que en las 11 cárceles distritales del estado de Nuevo León se cometen flagrantes violaciones a las garantías y derechos fundamentales de los internos, pues no se les proporciona alimentación adecuada y han existido casos en que se les mantiene hasta una semana sin comer, además de someterlos por medio de golpes y torturas.

La CNDH ha constatado en visitas de supervisión, que aún existen celdas de castigo y que éstas no cumplen con las condiciones mínimas de higiene. La conducta de los médicos que atienden a los presos cuando son castigados, no cumplen con las reglas éticas de su profesión. En algunos centros se ha colgado a los internos de las "esposas" que los sujetan, por largo tiempo.

La fabricación de delitos se demuestra con el caso de los presuntos zapatistas detenidos en 1994 y en febrero de 1995. (Aunque la mayoría de los detenidos fueron liberados entre 1996 y 1997, al reconocer la autoridad judicial las irregularidades en sus procesos, no han sido sancionados los responsables de las torturas a que fueron sometidos).

Un comportamiento similar, se observa en la forma en que se está actuando en contra de las organizaciones integrantes del FAC-MLN en el estado de Guerrero, sobre todo con la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS; la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, UOSS, y de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG). Sus integrantes están siendo perseguidos y varios de ellos se encuentran en prisión. También ese ha sido el patrón de conducta en los casos de los indígenas zapotecos de la región de los Loxicha, Oaxaca.

Los presos políticos, son sometidos a medidas de excepción como: incomunicación y traslado a lugares apartados de su lugar de origen, o a centros de máxima seguridad. Son hostigados e investigados los familiares y amigos que los visitan. Muchos detenidos permanecen en prisión preventiva y sin sentencia durante varios años. A partir de la aparición de grupos armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario, el Estado mexicano ha adoptado medidas de segregación en contra de presos políticos, a quienes acusa de tener vínculos con estos grupos.

Presentamos algunos casos de tortura a detenidos, ocurridos durante 1996.

1. Los primeros días de enero, el campesino Alejandro RAMOS ABURTO presentó denuncia penal en contra de Leonardo Morales Luna, presidente municipal de San Luis Acatlán, Guerrero; Lorenzo Lezama Cruz comandante de la policía preventiva y otros funcionarios de ese ayuntamiento, por privación ilegal de la libertad. Alejandro RAMOS denunció que durante 11 horas fue privado de su libertad, amenazado y torturado; su esposa intimidada y obligada a conseguir 430 nuevos pesos, los que entregó al secretario municipal, Roberto Mondragón Ávila.

2. El 9 de enero, cinco personas de la colonia Emiliano Zapata, municipio de Tumbalá, Chiapas, denunciaron desde la prisión de Cerro Hueco, que después de su detención fueron torturados y les fabricaron delitos como, presunta privación de la libertad y rebelión, por lo que demandan su inmediata liberación. Ellos son: Juan Méndez Ramírez, Belisario Méndez Solís, Sebastián Montejo Álvaro, Miguel Montejo Méndez y José Guzmán Montejo.

3. El 17 de enero, el Centro de Derechos Humanos Yax Kin, A.C., denunció la detención ilegal del campesino Oscar JOSÉ, por elementos de la policía judicial del estado de Chiapas. Ésta detención se suma al clima de impunidad que prevalece en la zona, en donde han sido detenidos más de 16 campesinos, entre ellos Reyes PENAGOS MARTÍNEZ, torturado y ejecutado por la policía judicial del estado, el 16 de diciembre de 1995, además de que agentes de la misma corporación participaron en la violación tumultuaria de Julieta FLORES en esa misma fecha.

4. El 5 de marzo, el director del CERESO II de Nuevo Laredo, Tamaulipas, José Horacio RÁBAGO CONTRERAS, denunció que agentes de la Policía Judicial de Tamaulipas torturaron al coordinador de Seguridad, Martín TORRES TORRES y al celador Armando MEDINA MASCORRO.

5. El 23 de marzo 1996, elementos de Seguridad Pública de Coatzacoalcos, Veracruz, así como los comandantes de la Policía Judicial, conocidos como: Maximino, Frank, MUNGUÍA ZALETA, junto con elementos destacamentados en Minatitlán, Veracruz, allanaron la casa de la señora Liliana PONCE DE LEÓN, ubicada en la colonia " El Porvenir", Municipio, de Oteapan, Veracruz, sin presentar órdenes de cateo ni de aprehensión y sin levantar el acta circunstanciada correspondiente, detuvieron con violencia a los señores: Gabriel y Adúar PONCE DE LEÓN REYES, Jorge Luis ROSALES FLORES, Nicolás SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ y Cleotilde REYES VILLAGÓMEZ, quienes fueron conducidos con rumbo desconocido. Los familiares denunciron además, el robo de diversos objetos. En similares circunstancias fue detenido el Sr. Moctezuma RAMÍREZ VILCHIS y otras seis personas de las que se desconoce los nombres. Los detenidos fueron localizados hasta el día 26 de marzo en el CERESO de Coatzacoalcos por sus familiares, quienes pudieron hablar con ellos al día siguiente. Los detenidos relataron que fueron incomunicados y torturados con toques eléctricos, ingestión forzada de agua utilizando un embudo, golpes y otros malos tratos para que se declararan culpables del secuestro de Heliodoro Merlín Castro, originario de Cosoleacaque, Veracruz. También denunciaron que fueron obligados a confesar delitos que no cometieron. Las huellas de la tortura fueron constatadas por los familiares y por la representante de la LIMEDDH en Minatitlán, Lic. Cristian Muñoz Meléndez, quien se ha abocado a la investigación del caso. Actualmente los detenidos se encuentran procesados en la Causa Penal 198/96, en el Juzgado de Primera Instancia del distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz.

6. En el mes de marzo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) envió una recomendación al procurador estatal de Justicia, Arturo AGUILAR BASURTO, para que inicie una amplia investigación en contra de los agentes de la Policía Judicial que torturaron a un detenido para obligarlo a declararse culpable del delito de compra y venta de automóviles robados.

7. El 12 de abril, en Acapulco, Guerrero, los detenidos como presuntos responsables de asesinar al empresario Melchor PERRUSQUÍA, negaron ser los autores del homicidio y expresaron que firmaron la confesión porque fueron torturados por agentes de la policía judicial del estado.

8. El general brigadier José Francisco GALLARDO RODRÍGUEZ, preso en el Campo Militar Número 1-A, desde hace dos años y cuatro meses, afirmó el 14 de abril que "si en México vivimos en un Estado de seudoderecho, en el Ejército Mexicano se vive un Estado de excepción e impunidad". Agregó que, al no existir una instancia de apelación militar, se tolera y se practica la tortura, que funciona como instrumento de inquisición para imponer "disciplina" y el respeto al mando. El general Gallardo se ha pronunciado por la creación del Ombusman Militar, lo que motivó su detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, recomendó poner en libertad al general Gallardo, pero el gobierno mexicano se ha rehusado a acatar dicha recomendación.

9. El 17 de abril, familiares de una mujer y de 7 hombres, detenidos por su presunta participación en los homicidios de l7 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusaron a policías judiciales estatales de haberlos torturado e incomunicado, para obligarlos a declararse responsables de los ilícitos. Martha JUÁREZ, Margarita AGUIRRE y Librada DÍAZ, familiares de los detenidos, denunciaron que los agentes policiacos no presentaron orden de cateo y además, robaron se llevaron objetos y documentos.

10. El 23 de Abril, Efigenio HERNÁNDEZ, campesino del poblado Barrio Nuevo de Bienes Comunales, denunció que agentes de la Policía Judicial del estado de Guerrero, lo torturaron a él y a otros dos campesinos para que se declararan narcotraficantes.

11. El 25 de Abril, el médico estadounidense Jack Kent, visitó a los 14 presuntos zapatistas presos en el Reclusorio Norte y en el penal de Almoloya. Hizo la revisión médica y elaboró un diagnóstico sobre las secuelas de la tortura que l5 meses después todavía padecen esos detenidos. En su conclusión estableció que las autoridades que los detuvieron, son responsables de haberles aplicado brutales torturas y al menos en un caso, se puso en serio peligro la vida del detenido. El diagnóstico fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por diferentes Organismos No Gubernamentales.

12. El 14 de mayo, tres miembros del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Campeche, fueron detenidos, con violencia y sin orden de aprehensión por un grupo de 40 personas entre las que se encontraban agentes de la Policía Judicial Estatal, Procuraduría General de la República, efectivos de la Secretaria de Marina y de la Fuerza Aérea.

13. El 21 de junio, Ramón RODRÍGUEZ, jefe de seguridad en el penal de Mérida, Yucatán, amenazó de muerte al interno José DEL CARMEN DÍAZ CAMPOS, si su familia no se retiraba del plantón que por tiempo indefinido iniciaron el 20 de junio, en favor del respeto de los derechos humanos de los internos y sus familiares por parte del personal administrativo y de custodia.

14. El 15 de julio, Alfredo BARRAGÁN R. y Prócoro VALENTE GIL, miembros del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), fueron detenidos ilegalmente junto con otras personas, cuando realizaban una manifestación frente a las oficinas de la Corte Suprema en Ciudad de México, para exigir la liberación de miembros de la citada organización. Prócoro Valente, estudiante de derecho y presidente del Consejo Estudiantil de Guerrero, fue sometido a severas torturas, recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Chilpancingo y acusado en la causa penal 070.11/36, a cargo del Juez Tercero de Primera Instancia, del Ramo Penal del Distrito Judicial de Bravos. Después de 4 meses de haber sido detenidos, ambos fueron liberados el 18 de octubre de 1996.

16. El 8 de agosto, fue detenido Porfirio del Ángel Contreras, indígena huasteco, integrante del Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, (FDOMEZ), organización integrante del FAC-MLN. Cuatro sujetos con sus armas preparadas para disparar y quienes se identificaron como agentes de la Procuraduría General del Distrito Federal, lo detuvieron sin orden de aprehensión y con violencia, ante las miradas de desconcierto de las personas que se encontraban en las calles de Allende y República de Cuba en el centro de la Ciudad de México. Los agentes lo subieron a una camioneta "suburban" sin placas de circulación de color azul claro. El indígena había salido del Senado de la República, después de asistir al acto de conformación de la Convergencia Nacional, integrada por, el Barzón, FAC-MLN, la Promotora del FZLN y el PRD entre las otras organizaciones. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Perote, Veracruz, en donde se le restringen las visitas y se ha impedido a organismos de derechos humanos entrevistarlo. Ha solicitado la visita de un médico particular, sin conseguirlo, ya que ha denunciado que la atención médica que recibe no es adecuada, y su estado de salud se ha deteriorado.

17. El 27 de agosto, Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), denunció que Hilario MESINO ACOSTA, preso en la cárcel de Acapulco desde el 3 de julio de 1996, ha sido golpeado en dos ocasiones para obligarlo a confesar que pertenece al EPR. Precisó que el torturador podría ser un agente de la Policía Judicial Federal, quien lo ha amenazado con actuar contra sus hijas, Rocío y Norma Mesino. Hilario Mesino Acosta permaneció deurante varias semanas, segregado de la población del penal en condiciones infrahumanas.

18. Agentes de Seguridad Pública municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron acusados de violar a 4 indígenas mazahuas, después de que fueron detenidas junto con sus hijos cuando se dedicaban a vender mercancías en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron el domingo 13 de julio y obtuvieron su libertad el lunes, después de pagar una multa de 200 cada una. Sin embargo, denunciaron que no les entregaron a sus hijos hasta que dieron más dinero.

19. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió el 12 de agosto la Recomendación 6/96. Concluye después de una exhaustiva investigación, que el preso Pascual ÁNGEL GONZÁLEZ, quien se encuentra desde el 17 de junio 1996 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, fue sometido a tortura por Armando GARCÍA ENRÍQUEZ y Macario CORNEJO RICO, custodios de dicho centro.

20. Casos de los indígenas zapotecos de la Región de los Loxicha, Oaxaca. A partir del día 25 de septiembre de 1996 a enero de 1997, en la región de los Loxichas, Oaxaca, se han desarrollado 6 operativos conjuntos de fuerzas militares y policías judiciales federales, estatales y de seguridad pública del estado, con resultado de 115 indígenas zapotecos detenidos. Se denunciaron diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos operativos. En el reclusorio de Ixcotel, Oaxaca, se encuentran 26 de ellos, todos alojados en la celda 2l y han desarrollado 2 huelgas de hambre, exigiendo justicia y la asignación de un juez que conozca de su caso ya que todos los jueces han declinado la competencia. Han transcurrido más de 6 meses y el proceso jurídico se encuentra suspendido; mientras los detenidos continúan viviendo en condiciones de hacinamiento y limitados en sus derechos. Otros 14 detenidos se encuentran en reclusorios del D.F. y uno en Tula, Hidalgo, a quienes se victimiza aún más. Con el pretexto de que su traslado se debe a medidas de seguridad, se les aleja de su lugar de origen, violentando disposiciones legales vigentes. Cabe mencionar que el penal de Ixcotel, Oaxaca, se encuentra rodeado por instalaciones militares, lo que hace poco creíble que el motivo de su traslado sea la inseguridad. Los familiares de los presos, tienen que trasladarse más de 600 kilómetros desde su lugar de origen hacia la Ciudad de México, lo que representa unos 100 dólares por cada persona; aproximadamente el salario de más de un mes de trabajo en el campo.

Lista de los primeros detenidos de la región Loxicha, Oaxaca.

NOMBRE 				FECHA DE DETENCION 	          LUGAR DE DETENCION

Urbano Ruiz Cruz			agosto 30 			Pluma Hidalgo
Ricardo Martínez Enríquez		agosto 30 			Pluma Hidalgo
Estanislao Martínez Santiago		septiembre 1			Copalita
Cirilo Ambrosio Antonio 		septiembre l			Copalita 
Juan Díaz Gómez				septiembre l			Crucesita
Francisco Valencia Valencia 		septiembre 2			Manzanal
Régulo Ramírez Matias			septiembre 8 			Crucesita 

El primer operativo masivo en la región, con aproximadamente 800 elementos de diferentes corporaciones policiacas y el ejercito, se realizo el día 25 de septiembre de l996, con las siguientes detenciones. Entre los detenidos, se encuentran las autoridades municipales, electas de acuerdo a los usos y costumbres de los indígenas zapotecos:

Isaias Abrosio Ambrosio			sept. 25 				El Aguacate
Manuel Nicandro Ambrosio  		sept. 25 				El Aguacate
Emiliano Jose Martínez			sept. 25 				San Francisco
Agustín Luna Valencia			sept. 25 				El Aguacate
Fortino Enríquez Hernández		sept. 25 				El Aguacate
Elpidio Ramirez Garcia			sept. 25				San Agustin
Luis Jose Martínez			sept. 25				San Agustin
Tiberio Martínez Ramírez		sept. 25				San Agustin
Pedro Ruiz Sebastian			sept. 25				San Agustin
Venancio Antonio Santiago		sept. 25				San Agustin

Los presos de la región Loxicha, internados en reclusorios del Distrito Federal son un ejemplo de lo que ocurre con los presos indígenas, los que generalmente son enjuiciados en un idioma que no dominan, en casi total indefensión jurídica. Además, son víctimas de las vejaciones de autoridades y de otros internos que los maltratan. Según familiares del indígena zapoteco, Régulo Ramírez Matías, el 22 de octubre acudieron a visitarlo al Reclusorio Norte en el D.F. y lo encontraron decaído y lastimado. Al preguntarle el porqué de los golpes les comentó que el sábado 19 por la noche, el custodio que cubría ese turno abrió la celda dejando entrar a otros presos para que lo golpearan. Reportó los hechos al custodio del siguiente turno, y éste le dijo que no se preocupara, que lo reportaría a sus superiores, sin embargo, no sabe de alguna investigación sobre los hechos, además, le habían negado la atención médica cuantas veces la solicitó.

Durante la visita de los familiares de Juan Díaz Gómez, también indígena zapoteco, detenido en el Reclusorio Oriente, D.F., éste reportó que los custodios lo despojaron de la colchoneta donde dormía, y ahora tiene que dormir en el suelo. El resto de los presos Indígenas Loxichas, se han quejado con sus familiares de insultos y amenazas, de que ahí la van a pasar muy mal porque ellos son "zapatistas", asesinos, "guerrilleros".

Por otro lado, lejos de obtener su traslado hacia su lugar de origen, los indígenas presos en Ixcotel, han denunciado que existen rumores de que serán trasladados hacia la Ciudad de México.

El resto de los 115 detenidos fueron privados de su libertad durante unos días en Pochutla y en Santa Cruz Huatulco, y han sido utilizados sus nombres y firmas como testigos de cargo en contra de sus paisanos. Ante la visita reciente de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, (FEDEFAM) al estado de Oaxaca, algunos de ellos se presentaron para denunciar que fueron sometidos a torturas físicas y/o psicológicas, como asfixia mediante la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, agua gasificada con picante en las vías respiratorias y toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo incluyendo los genitales.

También lo han denunciado a los medios de difusión y ante el juez en los careos donde han sido solicitados, aun cuando en estos lugares también se han presentado sin ser solicitados, judiciales que los tienen amenazados para que ratifiquen las declaraciones prefabricadas.

El 10 de noviembre, a la una de la mañana, fueron trasladados 15 detenidos desde Santa Cruz Huatulco al CERESO de Ixcotel. Ellos son: profesores Laureano Ramírez García, Amadeo Valencia Juárez y Gerardo Ramírez Hernández; Virgilio Cruz Luna, campesino; Santiago Pérez Almaráz, Presidente del Comité de Educación Preescolar de la Sirena; José Pacheco Contreras, comerciante; Gerardo López Ruíz, ayudante primero de la Agencia de la Sirena; Arnulfo Almaráz García, "topil" (cargo comunitario) de la Agencia la Sirena; Priciliano Enríquez Luna, policía municipal de san Agustín; Roberto Antonio Juárez, policía municipal de San Agustín; Jordán ALMARÁZ Silva, tesorero de la apertura de camino que va a la Sirena; los campesinos Guillermo PACHECO PACHECO y Silvano PACHECO PACHECO; dos menores de edad, Antonio PACHECO Sebastián, topil de San Agustín y Aniano Ortíz Pacheco, estudiante del CBTA 37 en San Pedro Pochutla. Una misión urgente de la LIMEDDH, tuvo posibilidad de entrevistar, a estas 15 personas constatando que varios de ellos mostraban huellas de haber sido golpeados. Se verificó que las lesiones se encontraban registradas en la inspección medica realizada por el Dr. Maximiliano Reyes Polo.

Los indígenas zapotecos Gilberto Ruiz Matías, Santiago Ruíz Hernández, Bulmaro José Juárez, Delfino García Matías, Rogaciano Martínez Hernández, Irineo Sánchez Almaráz, Santiago García y Aurelio Pacheco, fueron liberados la madrugada del domingo 10 de noviembre del penal de Pochutla y llegaron caminando a su comunidad, en la Zona Loxicha. Denunciaron que fueron torturados para que se inculparan y acusaran a otros indígenas de pertenecer al EPR.

21. El 2 de octubre, los hermanos Teodoro Palomino Gutiérrez, Profesor, e Ignacio Palomino Gutiérrez, fueron detenidos en forma violenta en las oficinas de la organización Alternativa Socialista,ubicadas en el D.F. y llevados con rumbo desconocido. Ignacio, fue liberado ese día y Teodoro Palomino fue liberado bajo fianza al día siguiente. Denunció que durante su detención fue golpeado, conducido de un lugar a otro durante más de 9 horas y finalmente llevado al Reclusorio Oriente donde permaneció incomunicado durante 19 horas y posteriormente presentado ante el 22 Juez Penal, siendo informado que se hallaba acusado por fraude y por haber proporcionado información falsa a una autoridad administrativa. El Sr. Teodoro Palomino Gutiérrez consideró, que su detención se motivó por el apoyo que Alternativa Socialista, ha dado para la realización del Congreso Nacional