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22mar11


Fundamentos de la sentencia en la causa ABO condenando a Samuel Miara, Julio Simón y otros por homicidio calificado


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Rodrigo Giménez Uriburu
Secretario de Tribunal Oral

T.O.C.F. nro. 2, causas nros. 1668 "MIARA, Samuel y otros s/ inf. arts. 144 bis inc. 1 6 y último párrafo -ley 14.616-, en función del 142 inc. 1 -ley 20.642- del C.P.; 144 bis, último párrafo en función del art. 142 inc. 5 del C.P., en concurso real con inf. arts. 144 ter, primer párrafo -ley 14.616- del C.P." y 1673 "TEPEDINO, Carlos Alberto Roque y otros s/inf. arts. 80 inc. 2, 144 bis inc. 1 y 142 inc. 5 del C.P."
REGISTRO DE SENTENCIAS N 1580

//la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de marzo de 2011, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 de esta ciudad, Dres. Jorge Alberto Tassara, Ana María D'Alessio y María Laura Garrigós de Rébori, con la presencia de los Sres. Secretarios, Dres. Rodrigo Giménez Uriburu y Simón Pedro Bracco, a fin de redactar los fundamentos de la sentencia cuyo veredicto obra a fojas 9532/9563, que se dictara con motivo del debate oral y público llevado a cabo en las causas nros. 1668 y 1673 del registro del Tribunal, que tuvo inicio el día 24 de noviembre del año 2009 y en el que actuó la Dra. María Del Cármen Roqueta como juez sustituta, de conformidad con lo dispuesto por el art. 359 in fine del CPPN. Resultan imputados SAMUEL MIARA, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 4.435.693, nacido el 17 de abril de 1944 en esta ciudad, hijo de Fortunato y de Irma Ríos, de estado civil casado, de ocupación Subcomisario (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio en Chubut 4437 de Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, detenido en el Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal N 1 de la localidad de Ezeiza -actualmente internado en el Hospital Churruca Visca-; RAÚL GONZÁLEZ, de nacionalidad argentina, identificado con Libreta de Enrolamiento n 4.446.544, nacido el 17 de diciembre de 1944 en esta ciudad, hijo de Venerado y de Manuela Rodríguez, de estado civil viudo, de ocupación Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio en Héctor Guidi 1082, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; JUAN CARLOS AVENA, de nacionalidad argentina, identificado con Libreta de Enrolamiento n 8.230.456, nacido el 15 de enero de 1947 en la Provincia de Formosa, hijo de Bernardo y de Tomasa Portillo, de estado civil casado, de ocupación Oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal, con domicilio en Saldán 1450 de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; EDUARDO EMILIO KALINEC, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 10.392.179, nacido el 22 de febrero de 1952 en esta ciudad, hijo de Eduardo José y Elsa Ramos, de estado civil casado, de ocupación Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio en Cafayate nro. 5.000, torre nro. 6, piso nro. 16 "C", de esta ciudad y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; JUAN CARLOS FALCÓN, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 7.763.718, nacido el 17 de octubre de 1945 en esta ciudad, hijo de José Lisandro y de Ramona Rosario Gribel, de estado civil divorciado, de ocupación Oficial Superior (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio en José María Aguirre 80, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; EUFEMIO JORGE UBALLES, de nacionalidad argentina, identificado con Libreta de Enrolamiento n 7.591.414, nacido el 25 de abril de 1947, hijo de Jorge Filiberto y de Elsa Sofía Rey, de estado civil casado, de ocupación Subcomisario (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio en Barrio Gral. Belgrano, ciudad de Salta, Provincia homónima y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; LUIS JUAN DONOCIK, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 5.274.922, nacido el 25 de agosto de 1948 en esta ciudad, hijo de Juan Enrique y de Estanislava Wicinka, de estado civil casado, de ocupación Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio en Honorio Pueyrredón 1047, 1 piso de esta ciudad; y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; OSCAR AUGUSTO ISIDRO ROLÓN, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 4.981.741, nacido el 29 de diciembre de 1947 en esta ciudad, hijo de Oscar León Jesús y de Elda María Tarozzi, de ocupación Oficial de Policía retirado, con domicilio en Cuba nro. 2.760, de esta ciudad y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; JULIO HÉCTOR SIMÓN, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 5.482.792, nacido el 12 de agosto de 1940 en esta ciudad, hijo de Juan Simón y de María Valentina Coronel, de estado civil divorciado, de ocupación Oficial retirado de la Policía Federal, sin domicilio fijo y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; ROBERTO ANTONIO ROSA, de nacionalidad argentina, identificado con Libreta de Enrolamiento n 8.389.175, nacido el 13 de junio de 1950 en esta ciudad, hijo de Enrique Celestino y de Haydeé Carmen Sosa, de estado civil casado, separado de hecho, de ocupación Oficial (R) de la Policía Federal Argentina, con domicilio en la calle 12 n 1624, entre 65 y 66 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 1 de Ezeiza; GUILLERMO VÍCTOR CARDOZO, de nacionalidad argentina, identificado con Libreta de Enrolamiento n 6.057.605, nacido el 31 de octubre de 1944 en Rosario, Provincia de Santa Fe, hijo de Víctor y de Margarita Heck, de estado civil casado, de ocupación Oficial (R) de la Gendarmería Nacional Argentina, con domicilio en España nro. 4.850, ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; EUGENIO PEREYRA APESTEGUI, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 6.153.119, nacido el 12 de abril de 1949 en Posadas, Provincia de Misiones, hijo de Eugenio y de Martina Apestegui, de estado civil casado, de ocupación Oficial (R) de la Gendarmería Nacional Argentina, con domicilio en Chacra nro. 249, manzana "H", casa nro. 7, ciudad de Posadas, Provincia de Misiones y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; RAÚL ANTONIO GUGLIELMINETTI, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 4.392.690, nacido el 2 de noviembre de 1941 en esta ciudad, hijo de Amaleto Ferruco y de María Angélica Beleni, ex Agente Civil de Inteligencia del Ejército Argentino, domiciliado en calle Cuartel 8, quinta "La Mapuche" de la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; RICARDO TADDEI, de nacionalidad argentina, identificado con Libreta de Enrolamiento n 7.724.103, nacido el 13 de mayo de 1942 en esta ciudad, hijo de Ricardo Camilo y de María Díaz, de estado civil casado, ex Oficial de la Policía Federal Argentina, con último domicilio en Capitán Blanco Argibay 44, Madrid, Reino de España, y actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz; ENRIQUE JOSÉ DEL PINO, de nacionalidad argentina, identificado con Libreta de Enrolamiento n 7.762.418, nacido el 16 de septiembre de 1945 en Catamarca, hijo de Julio Enrique y de Celia Catalina Etchegaray, de estado civil casado, de profesión militar retirado, con domicilio en Av. Poeta Lugones 142, piso 3ro, depto. "A", ciudad de Córdoba, Provincia homónima y actualmente detenido en la Unidad N 34 "Campo de Mayo" del Servicio Penitenciario Federal; CARLOS ALBERTO ROQUE TEPEDINO, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 5.968.930, nacido el 14 de mayo de 1927 en Rosario, Provincia de Santa Fe, hijo de Alberto y Rosa Aquilina Fumagalli, de ocupación militar, con domicilio en Donato Álvarez 562, piso 3, departamento "A" de la Ciudad de Buenos Aires; y MARIO ALBERTO GÓMEZ ARENAS, de nacionalidad argentina, identificado con Documento Nacional de Identidad n 6.841.374, nacido el 9 de diciembre de 1930 en Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, hijo de Alberto Gómez y Delia Arenas, de estado civil casado, de ocupación militar, y con domicilio en Olleros 2555, piso 2, departamento "B", de esta ciudad, donde actualmente se encuentra detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario. Asimismo, en las presentes actuaciones intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, los Dres. Alejandro Alagia y Gabriela Sosti, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos. A su vez, y en lo que respecta a las partes querellantes, actuaron por aquella unificada bajo la representación de Carmen Elina Aguiar de Lapacó, los Dres. Gerardo Raúl Fernández, Carolina Varsky, María Inés Bedia, Daiana Fusca, Santiago María Felgueras, Elea Peliche, Liliana Molinari, Claudia Ferrero, Pedro Dinani, Sabrina Nahir Dentone y Alcira Elisabeth Ríos, mientras que con relación a la parte acusadora particular unificada bajo la representación de Delia Barrera y Ferrando, Rufino Jorge Almeida, Jorge Osvaldo Paladino y Jorge Alberto Allega, lo hicieron los Dres. Rodolfo Néstor Yanzón, María Mónica González Vivero, Luz Palmás Zaldúa, Oscar Adrián Gómez, Natalia Jócano, Flavia Fernández Brossi, María Eugenia Rodríguez, Ana Lucía Tejera y Mirta Mántaras. Asimismo, intervinieron las Dras. Elizabeth Gómez Alcorta y Valeria María Lourdes Thus, en representación del querellante Eduardo Enrique De Pedro. Por otra parte, la Dra. Valeria Graciela Corbacho intervino en su carácter de defensora de los imputados Miara, Uballes y Rosa, contando en ocasiones con la asitencia de la Dra. Marcia Giménez de Sotelo, en carácter de defensora sustituta, mientras que los Dres. Gustavo Daniel Franco y Claudia Balbín lo hicieron respecto del encartado Del Pino. En lo que hace a los restantes imputados, fueron representados por la Defensa Pública Oficial ante esta instancia, a cargo de los Dres. Verónica María Blanco y Santiago Finn.

RESULTA:

PRIMERO: REQUERIMIENTOS DE ELEVACIÓN

A) De los requerimientos del Ministerio Público Fiscal:

El Sr. Procurador Fiscal de la instancia anterior, Dr. Federico Delgado, en sus requisitorias -en el marco de la causa nro. 1668- de fojas 1.085/1.124, 1.759/1.779, 2.972/3.002 y 3.724/3.738, solicitó la elevación a juicio de las presentes actuaciones a fin de debatir la responsabilidad penal que le correspondería a los imputados Samuel Miara, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Luís Juan Donocik, Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Roberto Antonio Rosa, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Raúl Antonio Guglielminetti, Ricardo Taddei y Enrique José Del Pino.

Así pues, e independientemente de los hechos que concretamente se le atribuyen a cada uno de los nombrados en el párrafo anterior, la plataforma fáctica en base a los distintos requerimientos de elevación a juicio ha quedado conformada por los siguientes sucesos (para una mejor y más clara exposición, consignaremos los casos con la numeración y el orden que les fueron asignados en los autos de elevación a juicio):

1) Pablo Pavich.

"Pablo Pavich -alias "Pascual"- fue privado ilegalmente de su libertad el 1 de julio de 1976 y aprisionado clandestinamente en los centros de detención conocidos como "El Club Atlético", "El Banco" y "El Olimpo", sin haber recuperado su libertad. Permanece desaparecido".

"El hecho descripto encuentra sustento en los testimonios de Jorge Oscar Casalli Urrutia, Miguel Angel Benítez, Isabel Marta Mester -quienes dieron cuenta del cautiverio de Pavich en "El Banco"-, Mario Cesar Villani, Nilda Haydeé Orazi, Jorge Alberto Allega, Ana María Careaga, Miguel Angel D'Agostino -que atestiguaron acerca de su paso por el "Club Atlético"- y de Alberto Próspero Barret Viedma, quien se expidió en igual sentido respecto del "Olimpo" (cfr. certificaciones de fojas 6/17 del Legajo 148)".

2) Mónica Marisa Córdoba.

"Mónica Marisa Córdoba fue detenida ilegalmente el 16 de febrero de 1977 en horas de la madrugada, en la intersección de las calles Humberto Primo y Chacabuco de esta ciudad, por un grupo de personas vestidas de civil quienes la condujeron al centro clandestino de detención denominado "El Atlético", donde fue sometida a tormentos físicos. Recuperó su libertad tres días después, el 19 de febrero de 1977."

"Corroboran los sucesos descriptos las declaraciones testimoniales de Córdoba ante la Conadep (legajo N 264)."

3) Adriana Marandet de Rubial.

"Adriana Marandet de Ruibal, fue privada ilegalmente de su libertad el día 17 de febrero de 1977 en su domicilio de la calle Pergamino 397 de esta ciudad, por un grupo de personas que la trasladó al centro clandestino de detención denominado "El Atlético". Desde entonces, permanece desaparecida".

"El caso se tuvo por acreditado en la sentencia recaída en la causa N 13/84 (caso n 437), extremo que es autosuficiente".

4) Roxana Verónica Giovannoni.

"Roxana Verónica Giovannoni -alias "muñeca"- fue privada ilegalmente de su libertad el 28 de febrero de 1977 en la pizzería "San Carlos V" -ubicada en Olazábal y Triunvirato de esta ciudad- en el marco de un "operativo" en el que quince personas armadas vestidas de civil la "detuvieron" y trasladaron al "Club Atlético", donde permaneció en cautiverio clandestino y fue sometida a tormentos físicos. Desde entonces, se encuentra desaparecida".

"Tenemos por probados los hechos relatados en orden al testimonio del padre de Roxana, Jorge Alberto Giovannoni; a las constancias del legajo de prueba N 230: copia de una carta de Marco Bechis que debe ser valorada conjuntamente con el testimonio de Marcelo Gustavo Daelli (conf. certificación de fojas 18) y las copias certificadas de las declaraciones ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición De Personas (en adelante Conadep), de Ricardo Hugo Peidró y Graciela Funes de Peidró (fojas 59/63); y a los elementos de convicción anexados al legajo de prueba N 120: testimonio de las dos personas nombradas en último lugar (fojas 489/90 y 488 respectivamente) y de Daelli (fojas 1643)".

5) Teresa Alicia Israel.

"Teresa Alicia Israel fue privada ilegalmente de su libertad el 8 de marzo de 1977 en el domicilio de sus padres -Campichuelo 1172 de esta ciudad-por un grupo de personas armadas que se identificaron como pertenecientes al Ejército Argentino, quienes la condujeron al "Atlético", donde fue encerrada clandestinamente y sometida a torturas físicas. Se encuentra desaparecida".

"La Cámara Federal tuvo por probado el hecho descripto en la causa N 13/84, que trató bajo el N 82".

6) , 7), 8) y 9) Carmen Aguiar de Lapacó, Alejandro Francisco Aguiar Arévalo, Alejandra Lapacó y Marcelo Miguel Angel Butti Arana.

"Carmen Aguiar de Lapacó, su hija Alejandra Mónica Lapacó, el novio de esta última, Marcelo Butti Arana y su sobrino, Alejandro Aguiar fueron privados ilegalmente de su libertad el 16 de marzo de 1977, alrededor de las 23:30 horas, en el domicilio de la calle Marcelo T. de Alvear 934, piso 4, departamento "19" de la Capital Federal, por personal dependiente al Ejército Argentino y conducidos al "Club Atlético", donde permanecieron detenidos clandestinamente y sometidos a torturas físicas, a excepción de Alejandro Aguiar. Carmen Aguiar de Lapacó y Alejandro Aguiar recuperaron su libertad el 19 de marzo de 1977; sin embargo, Alejandra Mónica Lapacó y Marcelo Butti Arana, permanecen desaparecidos".

"Este sustrato fáctico encuentra basamento probatorio en el Legajo Conadep n 4541 y en el de prueba nro. 231. En este sentido, hemos tenido en cuenta los testimonios de Carmen Aguiar de Lapacó ante la Conadep agregado al legajo N 231 así como sus otras declaraciones (fojas 9, 15 y 18/21 del legajo 231; fojas 19.238/40 de los autos principales), de Carmen Florencia Mugnos de Aguiar (fojas 27/28 del Legajo 231), de Alejandro Francisco Aguiar Arévalo (fojas 81/5 del legajo 231), de Marcelo Gustavo Daelli (fojas 1643 del Legajo de prueba 120) y de Silvia Elena Dyoukoff (fojas 1308 del legajo N 120)".

10) María del Carmen Reyes.

"María del Carmen Reyes fue privada ilegalmente de su 17 de marzo de 1977 en esta ciudad, en horas de la tarde y aprisionada clandestinamente y sometida a tormentos físicos en el "Atlético". Desde entonces, permanece desaparecida".

"Se tuvo por probado el hecho relatado bajo el N 182 en la causa 13/84".

11) Sergio Enrique Nocera.

"Sergio Enrique Nocera fue privado ilegalmente de su libertad el 18 de marzo de 1977, por personal que respondía operacionalmente al Ejército Argentino y conducido al "Club Atlético" donde fue objeto de torturas físicas. Desde entonces, permanece desaparecido".

"El hecho se sustenta en las constancias agregadas al legajo de prueba N 312, concretamente, en la certificación de fojas 1643 correspondiente al testimonio de Marcelo Gustavo Daelli. Las precisas afirmaciones de este testigo tienen virtualidad suficiente para que el caso sea objeto de discusión en el marco del juicio oral."

12) Carlos Rodolfo Cuellar.

"Carlos Rodolfo Cuellar fue privado ilegalmente de su libertad el 21 de marzo de 1977, en la pensión en la que habitaba ubicada en Castelli al 100 de esta ciudad, y luego conducido al "Atlético", donde permaneció en cautiverio y fue sometido a torturas físicas. Recuperó su libertad el 23 de abril de 1977."

"Avala la acusación por estos hechos la declaración testimonial prestada por Cuellar a fojas 19.270/2 de este expediente."

13) Lea Machado.

"Lea Machado, fue ilegalmente detenida alrededor de las 3 de la madrugada del 21 de marzo de 1977, en un hotel ubicado en la calle Castelli al 100 de Capital Federal, luego trasladada al cdc "El Atlético" y torturada. Tras una semana de cautiverio, recuperó su libertad (ver fojas n 19.270/2 y n 20898/900)."

14) Silvia Liliana Cantis.

"Silvia Liliana Cantis, fue privada ilegalmente de su libertad el 21 de marzo de 1977 desde su domicilio, ubicado en la calle Villanueva n 1343 de la Capital Federal, trasladada al cdc "El Atlético" y torturada. El 23 de mayo de 1977 la liberaron (ver declaración testimonial de fojas n 28103/05)."

15) Marcelo Daelli.

"Marcelo Daelli fue privado ilegalmente de su libertad el día 24 de marzo de 1977, alrededor de las 2:00 hs. en su domicilio, ubicado en Echeverría 442 de Martínez, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas armadas que dijeron pertenecer a las fuerzas conjuntas, quienes lo trasladaron al "Atlético", donde fue sometido a torturas físicas. Permaneció en cautiverio en ese centro clandestino hasta ser conducido, el 1 de mayo, a otro centro de detención -ajeno al objeto de este dictamen- y luego fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Recuperó su libertad el 29 de junio de 1977."

"La acusación se funda en las declaraciones de Daelli obrantes en el legajo 225, correspondientes a sus manifestaciones ante la Conadep, en la causa correspondiente al legajo N 120 "Israel Teresa su dcia." -fojas 1643-, ante la Cámara Federal en el marco de la causa N 13/84 y a fojas 19.392 del principal."

16) Guillermo Daniel Cabrera Cerochi.

"Guillermo Daniel Cabrera Cerochi, quien por ese entonces realizaba el servicio militar obligatorio en la órbita del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, fue privado ilegalmente de su libertad el 1 de abril de 1977 en su domicilio, situado en la Avenida Federico Lacroze 3223, departamento 5 de esta ciudad, por un ocho o diez personas armadas que lo condujeron al "Atlético" donde permaneció en cautiverio clandestino y fue sometido a tormentos físicos. Recuperó su libertad el 15 de abril de 1977, oportunidad en la que tuvo que reincorporarse al servicio, del que fue dado de baja unos quince días después."

"La acusación se sustenta en la declaración testimonial de Cabrera Cerochi en el marco de la causa N 9373/01, quien relató pormenorizadamente las circunstancias que rodearon su detención, las gestiones efectuadas por su padre para dar con su paradero, su permanencia en "El Atlético", así como los apodos de una serie de represores que operaron en "El Atlético" y el nombre de una de las personas detenidas."

17) y 18) María Rosa Graciela Giganti y Juan Patricio Maroni.

"María Rosa Graciela Giganti y Juan Patricio Maroni fueron privados ilegalmente de su libertad en la madrugada del 5 de abril de 1977, desde el domicilio de la calle Salas n 579 de la Capital Federal. Posteriormente, los trasladaron al cdc "El Atlético" y los torturaron. María Rosa fue liberada el mismo día. Juan Patricio, en cambio, permanece desaparecido (ver declaración testimonial de fojas n 31.813)."

19) Daniel Alberto Dinella.

"Daniel Alberto Dinella -alias "Pascua"- fue privado ilegalmente de su libertad el día 6 de abril de 1977, por personal dependiente al Ejército Argentino, que lo condujo al centro clandestino de detención denominado "El Club Atlético", lugar en el que permaneció cautivo y del cual no recuperó su libertad, encontrándose desaparecido."

"Tenemos por probado el caso en razón de los dichos de Marcelo Gustavo Daelli (fojas 1643 del Legajo de prueba 120) y de Jorge Alberto Allega, Daniel Eduardo Fernández, Zulema Isabel Sosa de Alfaya, Pedro Antonio Vanrell, Miguel Angel D'Agostino y Delia Barrera y Fernando (fojas 1662, 477/9, 496, 527/34, 649/54, 1601 y 1625 del Legajo de prueba 120)."

20) Marco Bechis.

"Marco Bechis fue privado ilegalmente de su libertad la noche del 19 de abril de 1977 cuando salió de la Escuela Mariano Acosta, donde trabajaba. Sus captores lo condujeron al "Club Atlético", donde fue sometido a tormentos físicos. Con posterioridad, y previo paso por Coordinación Federal -ajena al objeto de este dictamen- lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 25 de abril de 1977 (a través del decreto 1097/77 en el que simuló que la detención se había llevado a cabo en la fecha de su erogación) hasta que, el 13 de junio de 1977, lo expulsaron del país mediante el Decreto 1722/77."

"El caso se encuentra avalado por sus propios dichos (fojas 101 del Legajo de Prueba 81), el testimonio de Pérez Esquivel (fojas 119), las copias de los Decretos 1097/77 y 1722/77 (cfr. fojas 165 y 167)."

21) Susana Isabel Diéguez.

"Susana Isabel Diéguez fue privada en forma ilegal de su libertad el 19 de abril de 1977, en el domicilio de sus padres ubicado en la calle Habana 3341, PB "D" de esta ciudad y conducida al "Atlético", donde permaneció en cautiverio clandestino y fue sometida a torturas físicas. Recuperó su libertad el 23 de abril del mismo año."

"Corrobora lo expuesto tanto la presentación de fojas 12.438/9, como su testimonio de fojas 19.633/4, a través de los cuales relató con precisión las condiciones de su cautiverio y las personas con las que lo compartió. También, brindó datos acerca de la identidad de algunos de los represores que allí operaron."

22) Nilda Haydeé Orazi.

"Nilda Haydeé Orazi fue privada ilegalmente de su libertad el 29 de abril de 1977, alrededor de las 22:00 horas en Villa Devoto por personal policial que, previo paso por una comisaría, la condujo al "Club Atlético", donde permaneció en cautiverio clandestino y fue objeto de torturas físicas. En el mes de mayo o junio de 1977 fue trasladada a la ESMA -ajena al objeto de este dictamen-y en diciembre de ese año salió del país rumbo a España."

"La acusación de los imputados en orden a este hecho se fundamenta en el preciso testimonio que la víctima brindó en el legajo de prueba 314, oportunidad en la cual narró las circunstancias de su detención y cautiverio, identificó a ciertos represores que actuaron en el centro clandestino de detención y brindó una descripción concreta de otras personas aprisionadas bajo las mismas condiciones. Este elemento de convicción posee el peso suficiente para constituir materia del enjuiciamiento oral que solicitamos."

23) y 24) Gabriela Beatriz Funes de Peidró y Ricardo Hugo Peidró.

"Gabriela Beatriz Funes y su marido, Ricardo Hugo Peidró, fueron detenidos ilegalmente de su domicilio, situado en la localidad de Lanús provincia de Buenos Aires, en la noche del 10 de mayo de 1977 por un grupo de personas armadas, vestidas de civil, quienes los condujeron al "Club Atlético", donde permanecieron cautivos clandestinamente y fueron sometidos a tormentos físicos. Gabriela fue liberada dos días después, mientras que Ricardo el 28 de mayo de

1977."

"Tales circunstancias se desprenden de los testimonios que prestaron Funes (fojas 379/82 de la causa N 9373/01 y en autos el 23 de julio de 2006) y Peidró (fojas 52/3 del legajo 230 y en el expediente principal)."

25) Pablo Rieznik.

"Pablo Reiznik fue privado ilegalmente de su libertad el día 25 de mayo de 1977 en un bar de la Avenida Belgrano, entre La Rioja y Urquiza de esta ciudad, por un grupo de personas que lo condujeron a la Comisaría 8 de la P.F.A, para luego ser trasladado al "Club Atlético", donde fue objeto de tormentos físicos. Fue liberado enfrente de los monoblocks de "Catalinas Sur" de esta ciudad el 31 de mayo de 1977."

"El caso se sustenta en los dichos de la propia víctima (Legajo Conadep 5725, cfr. fojas 6/9 del Legajo de prueba 335), oportunidad en la que brindó un relato preciso acerca del lugar y condiciones de detención, así como de las características de otras personas cautivas y de ciertos represores que allí actuaron."

26) María Isabel Valoy de Guagnini.

"María Isabel Valoy de Guagnini fue privada ilegalmente de su libertad el 28 de mayo de 1977 en la vía pública y trasladada al centro clandestino de detención "El Club Atlético", lugar en el que fue sometida a tormentos físicos y desde el cual nunca recuperó su libertad, encontrándose desparecida."

"El hecho descripto se tuvo por acreditado en la sentencia de la causa 13/84 (caso N 360)."

27) y 28) Electra Irene Lareu y José Rafael Beláustegui Herrera.

"Electra Irene Lareu y su marido, José Rafael Beláustegui Herrera, fueron privados ilegalmente de su libertad el 30 de mayo de 1977 aproximadamente a las 21:30 horas en el domicilio ubicado en Sánchez de Bustamante 2173, piso 13, departamento "J" de esta ciudad por un grupo de diez personas vestidas de civil que se identificaron como policías. Fueron alojados clandestinamente en el "Club Atlético", donde habrían sido sometidos a tormentos físicos y permanecido hasta el mes de junio o julio de 1977. Electra Laureu habría sido trasladada al "Banco", mientras que, en relación con su esposo, se desconoce su destino posterior a la detención en el primer centro aludido. Ambos permanecen desaparecidos."

"La materialidad de los hechos descriptos se encuentra acreditada a partir de los testimonios de Matilde Herrera, madre de José Rafael Beláustegui, ante la Conadep (legajo nro. 5056), de Rafael Beláustegui -padre del nombrado, cfr. fojas 4, legajo de prueba N 252-, de Carlos Francisco Brazzola y Diana Nora Trifiletti de Brazzola (fojas 14 y 17/18vta. respectivamente del legajo mencionado), de Ana María Careaga (certificación de fojas 19 del Legajo de prueba 252) y el de Julio Lareu (certificación de fojas 20) así como del listado aportado por Cid de la Paz y González a fojas 299 y ssgtes. del legajo de prueba N 86 -que refiere la detención de Lareu en 'El Banco2'."

29) y 30) Gustavo Alberto Groba y Graciela Nicolía.

"Gustavo Alberto Groba y Graciela Nicolía fueron privados ilegalmente de su libertad el día 3 de junio de 1977, en horas de la tarde, en el domicilio ubicado en Belgrano 4.099, 7 piso, departamento "31" de esta ciudad, por personal vestido de civil y armado, dependiente del Ejército Argentino, quienes condujeron a los nombrados al centro de detención "El Club Atlético", donde permanecieron en cautiverio clandestino, sin haber recuperado la libertad. Desde entonces, permanecen desaparecidos."

"Sustentan probatoriamente los casos descriptos las declaraciones testimoniales de José Groba - padre de Gustavo-, Elena Isabel Nicolía -hermana de Graciela y presente al momento de la detención de los esposos-, de Luis Federico y Jorge Allega (fojas 6/7, 16, 106 y 110 respectivamente del legajo de prueba N 154), así como las constancias agregadas a los legajos Conadep n 501 y n1735 que documentan los trámites y gestiones efectuadas por familiares de los damnificados para dar con sus paraderos."

31 y 34) Jorge Alberto y Luis Federico Allega.

"Jorge Alberto Allega fue privado ilegalmente de su libertad el 9 de junio de 1977 en la fábrica Leme S.R.L. -ubicada en Donato Alvarez 1270 de esta ciudad- donde trabajaba, por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino, quienes tras tomar la planta lo secuestraron para trasladarlo al "Club Atlético", donde fue interrogado bajo tormentos físicos. Permaneció en cautiverio clandestino en ese lugar hasta fines del mes de septiembre de 1977, oportunidad en la que fue conducido a distintos centros de detención -ajenos al objeto de este dictamen- hasta que el 13 de abril de 1978 lo llevaron al "Banco", desde donde recuperó su libertad el 10 de julio de 1978."

"Unos días después de la detención de Jorge Alberto, el 13 de junio de 1977, su hermano Luis Federico Allega fue privado ilegalmente de la libertad en el domicilio que compartía con sus padres, al cual ingresaron sus captores con las llaves correspondientes. Lo trasladaron al "Club Atlético", donde fue sometido a torturas físicas y permaneció encerrado clandestinamente hasta que recuperó su libertad, el 8 de julio de 1977."

"Los hechos descriptos se encuentran corroborados por la denuncia realizada por el propio Jorge Alberto Allega ante la Conadep (obrante en el Legajo de prueba 234), su testimonio prestado en el marco de la causa N 10.075 del Juzgado Federal N 3, ex - Secretaría N 7 (vid. fojas 1535 del legajo N 120) y en la causa N 13/84 (cfr. actas mecanografiadas agregadas a fojas 13 del legajo N 234) así como por la declaración testimonial de su hermano, Luis Federico Allega de fojas 492/4 del legajo N 120 y fojas 24/5 y 28/34 del legajo N 537."

32) José Daniel Tocco.

"José Daniel Tocco -alias "Pepino"- fue privado ilegalmente de su libertad el día 12 de junio de 1977, en la vía pública, cerca de la casa de sus padres ubicada en Monroe 3388 de esta ciudad y conducido al "Club Atlético", donde permaneció en cautiverio y fue sometido a tormentos físicos. Desde entonces, permanece desaparecido."

"La materialidad del hecho descripto se encuentra acreditada a partir de las constancias del recurso de habeas corpus interpuesto por su padre Rómulo Remo Tocco (vid. copias de fojas 12 del Legajo 13) y por los testimonios de Ana María Careaga, Miguel Angel D'Agostino (fojas 5 y 56 respectivamente del legajo de prueba N 13) y de Jorge Alberto Allega (fojas 13, legajo de prueba 234)."

33) Ana María Careaga.

"Ana María Careaga -alias "Piojo"-, embarazada de siete meses y medio, fue privada ilegalmente de su libertad el 13 de junio de 1977 en la avenida Corrientes y Juan B. Justo de esta ciudad, por un grupo de personas que la condujo al "Club Atlético", donde fue sometida a torturas físicas y permaneció aprisionada clandestinamente hasta el 30 de septiembre de 1977, fecha en la que recuperó su libertad."

"Su caso, tratado bajo el número 83, se tuvo por acreditado en la sentencia de la causa N 13/84 de la Cámara Federal."

35) Liliana Clelia Fontana.

"Liliana Clelia Fontana -alias "Paty", quien por ese entonces estaba embarazada de dos meses y medio- fue privada ilegalmente de su libertad en la noche del 1 de julio de 1977 en su domicilio, por un grupo de personas que respondían operacionalmente al Primer Cuerpo de Ejército, quienes la trasladaron al "Club Atlético", donde permaneció cautiva. No recuperó su libertad y se encuentra desaparecida."

"El sustento del caso se apoya en la declaración ante la Conadep de la madre de la víctima, Clelia Deharte de Fontana (Legajo 1967) y en los testimonios de Marcos Jorge Lezcano, Haydeé Marta Barracosa de Migliari, Oscar Alfredo González, Adolfo Ferraro, Ana María Careaga y Miguel D'Agostino (cfr. Certificaciones de fojas 1/7 del Legajo N 1110 y legajo 224)."

36) Miguel Angel D'Agostino.

"Miguel Angel D'Agostino fue privado ilegalmente de su libertad el 2 de julio de 1977 en el domicilio de sus padres ubicado en Francia 2996 de Castelar, provincia de Buenos Aires y en presencia de éstos, por un grupo armado que se identificó como perteneciente a la Policía Federal, quienes lo trasladaron al "Club Atlético", lugar en el que fue sometido a tormentos físicos y aprisionado clandestinamente hasta recuperar su libertad, el 30 de septiembre de 1977."

"El caso se tuvo por probado en la sentencia recaída en la causa N 13/84."

37) Edith Zeitlin.

"Edith Zeitlin fue privada ilegalmente de su libertad el día 14 de julio de 1977, en el domicilio de la calle O'Higgins 4525, 7 piso, departamento "B" de esta ciudad y fue trasladada al centro clandestino de detención "El Atlético", donde permaneció en cautiverio. Aún se encuentra desaparecida."

"El hecho descripto encuentra basamento probatorio de las constancias del legajo de prueba 357 y en el de Conadep n 3.004. Hemos valorado, en particular, el recurso de hábeas corpus interpuesto por su madre, Sofía Nisenson, el cual arrojó resultado negativo (fojas 5/7 del legajo N 357) y los testimonios de Ana María Careaga y de Miguel Angel D'Agostino (cfr. respectivamente, legajo de prueba N 357 y N 120)."

38) Juan Francisco La Valle.

"Un grupo de personas armadas privó ilegalmente de su libertad a Juan Francisco La Valle, el 15 de julio de 1977 en su domicilio de la calle Pardo esquina Farías Muñiz y lo trasladó al "Atlético", donde fue sometido a tormentos físicos. Recuperó su libertad 5 de octubre de 1977."

"El caso se encuentra acreditado merced a los dichos de Juan Francisco de fojas 190/3 y 202/6 de la causa N 9373/01, mediante los cuales describió con precisión las condiciones de su aprisionamiento clandestino, a algunos de los represores que operaron en "El Atlético" e identificó a algunos de los sujetos detenidos en el lugar."

39) Juan Marcos Herman.

"Juan Marcos Herman, fue privado ilegalmente de su libertad el 16 de julio de 1977, desde la casa ubicada en la calle Frei n166 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, trasladado a "El Atlético" y torturado. Continúa desaparecido (ver declaración testimonial de fojas n 30.463/4)."

40) Eduardo Raúl Castaño.

"Eduardo Castaño, fue privado ilegalmente de su libertad el día 4 de agosto de 1977 en su domicilio particular y conducido al "Club Atlético", donde fue alojado clandestinamente y objeto de tormentos físicos. Desde entonces, permanece desaparecido."

"Prueban el caso descripto las constancias del legajo N 229 y los testimonios de Daniel Eduardo Fernández y Pedro Miguel Vanrell (fojas 899/900 y 649/54 respectivamente, del legajo de prueba N 120)."

41) y 42) Delia Barrera y Ferrando y Hugo Alberto Scutari Bellicci.

"Delia Barrera y Ferrando fue privada de su libertad el día 5 de agosto de 1977, alrededor de las 20:15 horas, por dos personas vestidas de civil y una con uniforme de la policía federal, en momentos en que regresaba a su domicilio de la calle Superí 1435 de Capital Federal, mientras que su marido, Hugo Alberto Scutari Bellicci fue detenido momentos antes en la vía pública. Ambos fueron aprisionados clandestinamente en "El Atlético" donde fueron sometidos a torturas físicas."

"Delia permaneció en cautiverio 92 días, tras lo cual fue liberada. La última vez que vio a Hugo en el centro de detención, quien desde entonces se encuentra desaparecido, fue el 20 de septiembre de 1977."

"El caso de Barrera y Ferrando se tuvo por probado en la causa n 13/84 bajo el N 619. El de su marido, en cambio, (n 346) no. Sin embargo, las pruebas recolectadas acreditan con un grado de probabilidad positiva la materialidad de ambos sucesos así como la responsabilidad de los acusados. En efecto, hemos tenido en cuenta las constancias del legajo Conadep n3219, el testimonio de Barrera y Ferrando ante la Conadep; en el marco de la causa n13/84 de la Cámara Federal (cfr. Legajo de prueba 120 y 233) y el prestado en la causa n 9373/2001 (fojas 63/66) y en el expediente principal, así como los dichos de Susana Caride."

44) y 43) Rolando Víctor Pisoni e Irene Inés Bellocchio.

"Rolando Víctor Pisoni e Irene Inés Bellocchio fueron detenidos

ilegalmente el 5 de agosto de 1977, aproximadamente a las 19.00 horas, en su domicilio de la calle Mármol 483, planta baja, departamento "b" de la ciudad de Buenos Aires, conducidos al cdc "Club Atlético" y torturados. Ambos permanecen desaparecidos (ver declaración testimonial de fojas n 21.446/51)."

45) Cecilia Laura Minervini.

"Cecilia Laura Minervini, fue privada ilegalmente de su libertad el día 10 de agosto de 1977, a las 21.00 horas, en Pacheco y Olazábal de esta ciudad, por un grupo de personas que la trasladó al "Club Atlético", donde fue sometida a torturas físicas y objeto de cautiverio clandestino. Nunca recuperó su libertad. Permanece desaparecida."

"El hecho descripto encuentra basamento probatorio en las constancias del legajo Conadep N 2676, en especial, el testimonio de su madre Lydia Rosa de Minervini y los diversos trámites y gestiones realizados por sus familiares con el objeto de dar con el paradero de Cecilia; así como en lo actuado en el legajo de prueba N 84: declaraciones testimoniales de Daniel Eduardo Fernández, Miguel Antonio Vanrell y Juan Carlos Seoane (fojas 158 de ese legajo y fojas 477 del N 120; fojas 160/7; y fojas 172, respectivamente)."

46) Daniel Eduardo Fernández.

"Daniel Eduardo Fernández fue privado ilegalmente de su libertad el 13 de agosto de 1977 en su domicilio ubicado en la calle Roosevelt 5045, piso 3, departamento 16 de esta ciudad y conducido al centro clandestino de detención "Atlético", donde permaneció encerrado hasta recuperar su libertad, el 13 de septiembre de 1977."

"Tenemos por probado el caso en orden a los testimonios de Fernández obrantes a fojas 477 del legajo de prueba 120; fojas 158 del legajo 84; y fojas 383/5 de la causa 9373/2001, de Pedro Miguel Vanrell (fojas 649 del legajo 120 y fojas 160 del N 84) y de Juan Carlos Seoane (fojas 172/7 del legajo 84)."

47) Pedro Miguel Antonio Vanrell.

"Pedro Miguel Antonio Vanrell fue privado ilegalmente de su libertad el 17 de agosto de 1977 en su lugar de trabajo ubicado en Cangallo y Florida de esta ciudad y encerrado clandestinamente en "El Atlético", donde fue objeto de torturas físicas. Recuperó su libertad el 23 de septiembre del mismo año."

"Prueban la materialidad del hecho descripto los distintos testimonios de Vanrell (fojas 539/46, 649/54 y 871/6 del Legajo de Prueba 120; fojas 160/67 del legajo 84), de Juan Carlos Seoane y de Miguel Angel D'Agostino (fojas 172/7 y 179 respectivamente del último legajo)."

48) Juan Carlos Seoane.

"Juan Carlos Seoane fue privado ilegalmente de su libertad el 17 de agosto de 1977 en su domicilio de la calle Blanco Encalada 3959 de Capital Federal, por un grupo de personas armadas que lo trasladaron al centro clandestino de detención denominado el "Atlético", lugar en el que fue objeto de torturas físicas. Recuperó su libertad el 3 de diciembre de 1977."

"El hecho relatado se encuentra acreditado por el testimonio de Seoane (fojas 172/7, legajo 84) y de Daniel Eduardo Fernández (fojas 717 del legajo de prueba 120)."

49, 50 y 51) David Daniel Vázquez, Rubén Orlando Córdoba y Angel Reartes.

"El 6 de septiembre de 1977 David Daniel Vázquez fue privado ilegalmente de su libertad en Muñecas 857 de esta ciudad y trasladado al "Atlético", donde permaneció en cautiverio clandestino. No hay constancias de que haya recuperado su libertad."

"Toda vez que dicho inmueble fue clausurado, los hermanastros Rubén Orlando Córdoba y Angel Reartes concurrieron el mismo día a la Comisaría 27 de la P.F.A. para solicitar su levantamiento dado que trabajaban en el lugar, ocasión en la que fueron detenidos ilegalmente y trasladados también al "Club Atlético", donde fueron torturados físicamente y permanecieron en cautiverio clandestino por unos días, hasta recuperar la libertad."

"Los hechos relatados se encuentran probados en orden a las constancias agregadas al legajo N 67. Entre ellas, hemos valorado las declaraciones de Angel Reartes (fojas 387, 412/13) y de Rubén Orlando Córdoba (fojas 418/9, 428/30), así como la presentación del Dr. Parrilli de fojas 181 que hace referencia a las manifestaciones de los nombrados."

52) y 53) Norma Lidia Puerto de Risso y Daniel Jorge Risso.

"Norma Lidia Puerto y Daniel Jorge Risso fueron privados ilegalmente de su libertad el 11 de septiembre de 1977, en su domicilio de la calle Luna n 540 de la localidad de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, conducidos al cdc "El Atlético" y torturados. Continúan desaparecidos (ver legajo n 233)."

54) y 55) Juan Carlos Guarino y María Elena Varela de Guarino.

"Juan Carlos Guarino fue privado ilegalmente de su libertad el día 21 de septiembre de 1977, en su domicilio de la calle 154 entre 63 y 64 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. En el mismo lugar, pero al día siguiente, fue "secuestrada" su esposa María Elena Varela. Ambos fueron trasladados, en lo que aquí interesa, al cdc "El Banco" y luego a "El Olimpo". Consecuentemente fueron torturados. Recuperaron la libertad a fines de enero de 1979 (ver declaraciones testimoniales de fojas n 21.670/83, y las contenidas en los legajos n 119 y n 20)."

56) y 57) Susana Stremiz y de Osvaldo Manuel Alonso.

"Susana Stremiz y Osvaldo Manuel Alonso fueron ilegalmente detenidos alrededor de las 23.30 horas del 3 de octubre de 1977, en su domicilio ubicado en la intersección de la calle Artigas y la Avenida Gaona. Luego, conducidos al cdc "Club Atlético" y torturados. El 8 de octubre de 1977, fueron liberados (ver declaraciones testimoniales de fojas n 31.116/120 y n 30.504/5)."

58), 72) y 59) Lisa Levenstein de Gajnaj, Salomón Gajnaj y León Gajnaj.

"Lisa Levenstein de Gajnaj y su marido, Salomón Gajnaj, fueron privados ilegalmente de su libertad en la madrugada del 20 de octubre de 1977, en el domicilio conyugal, ubicado en la calle Salguero 814 de Capital Federal, en el marco de un "operativo" llevado a cabo por personas que dependían operacionalmente al Ejército Argentino, quienes los condujeron al "Atlético", lugar en el que permanecieron en cautiverio clandestino. Lisa fue liberada tras ocho días de encierro, mientras que Salomón, a los cuarenta días."

"El hijo del matrimonio, León Gajnaj, fue secuestrado el 20 de octubre de 1977 y conducido también "Al Atlético", donde vio a sus padres. A diferencia de éstos fue trasladado al "Banco" y luego al "Olimpo" y en los lugares de cautiverio clandestino fue objeto de torturas físicas. Permanece desaparecido."

"Estos tres casos se tuvieron por acreditados en la sentencia recaída en la causa N 13/84 (supuestos números 620, 621 y 622 respectivamente)."

60) Alejandro Víctor Pina.

"Alejandro Víctor Pina fue privado ilegalmente de su libertad el 26 de octubre de 1977 en esta ciudad, y conducido al centro clandestino de detención denominado "Club Atlético", donde fue sometido a torturas físicas. Permanece desparecido."

"La materialidad del hecho se encuentra comprobada a partir de los dichos de su madre y su padrastro ante la Conadep (fojas1/2 legajo 235), el informe elaborado por esa comisión (fojas 467/70 del Legajo de prueba 120) y por los testimonios de Adolfo Ferraro (cfr. fojas 537 del legajo de prueba 120) y de Marcos Jorge Lezcano (cfr. fojas 57/9 del legajo N 228)."

61) y 62) Mirta González y Juan Carlos Fernández Pereyra.

"Mirta González y Juan Carlos Fernández Pereyra fueron privados ilegalmente de la libertad el 26 de octubre de 1977 en el barrio Vucetich de la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, por personal que dependía operacionalmente al Ejército Argentino. Fueron aprisionados clandestinamente en el "Atlético" y luego en "El Banco". Desde ese entonces, Mirta González permanece desaparecida, mientras que respecto de Fernández Pereyra, se perdió todo rastro de su paradero a partir de su traslado al "Olimpo"."

"Los hechos relatados se tuvieron por probado en el marco de la causa N 13/84 (casos n 623 y 624 respectivamente)."

63) Mirta Edith Trajtemberg.

"Mirta Edith Trajtemberg fue privada ilegalmente de su libertad en el mes de noviembre de 1977 y permaneció en cautiverio en los centros clandestinos de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo". No recuperó su libertad y, en consecuencia, se encuentra desaparecida."

"El hecho descripto se tuvo por acreditado en la sentencia recaída en la causa N 13/84 (caso N 627)."

64) y 66) Marcos Jorge Lezcano y Donato Martino.

"Marcos Jorge Lezcano y Donato Martino, empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, fueron privados ilegalmente de la libertad el 3 de noviembre de 1977, alrededor de las 0:30 horas en el domicilio del primero, situado en el Barrio General Savio, Edificio 45, 6 piso "B" de esta ciudad. El grupo armado que los detuvo los condujo al "Club Atlético" donde permanecieron en cautiverio clandestino durante 25 días y hasta el 8 de noviembre de 1977 respectivamente. Marcos Lezcano, a su vez, fue sometido a tormentos físicos."

"Los hechos relatados encuentran sustento probatorio en los testimonios y presentaciones de Marcos Lezcano y de Donato Martino (fojas 57/9 y presentación ante la Conadep -legajo N 1485 anexado al N 305, acumulado a su vez al N 228-; legajo Conadep n 1482 y fojas 34/6 del legajo N 228 respectivamente), en los dichos de otros dos compañeros de las víctimas también detenidos en el "Club Atlético", Antonio Migliari y Adolfo Ferraro (legajo Conadep n 6964 y fojas 49/51 del legajo N 228 -ver casos N45 y 46-; fojas 537 del legajo de prueba N 120 -ver caso N 45- respectivamente), de Fernando Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri -quienes dieron cuenta de la presencia en "El Club Atlético" de un grupo de trabajadores municipales detenidos a consecuencia de la huelga realizada, cfr. fojas 62/63 del legajo de prueba N 228- y de Alberto Alvaro (legajo Conadep n 7269 y fojas 24/6 del legajo N 228)."

65) Adolfo Ferraro.

"Adolfo Ferraro fue privado ilegalmente de su libertad en dos oportunidades. La primera ocurrió el 3 de octubre de 1976 en su domicilio, ubicado en Roosvelt 125 de Caseros, provincia de Buenos Aires y fue llevada a cabo por un grupo de sesenta personas aproximadamente. Tras conducir por unos días a la víctima a un centro de detención denominado "El Campito", Ferraro fue trasladado al "Club Atlético" donde permaneció en cautiverio clandestino dos días."

"A poco más de un año de su liberación, el 3 de noviembre de 1977 tuvo lugar la segunda detención ilegal, también en el domicilio apuntado. Ferraro fue conducido nuevamente al "Atlético", donde permaneció en cautiverio clandestino entre 28 y 30 días que compartió con sus compañeros de la Municipalidad -ver los dos casos anteriores- y fue sometido a torturas físicas."

"Prueban los sucesos relatados la presentación que Ferraro realizó ante la Conadep (legajo 1486) agregada a fojas 1/3 y 6 del legajo de prueba N 228, las declaraciones de Donato Martino (legajo Conadep n 1482 y fojas 34/6 del legajo de prueba 228), Antonio Migliari (legajo Conadep 6964 y fojas 49/51 del legajo 228) y Alberto Alvaro (legajo Conadep 7269 y 24/6 del legajo de prueba 228), así como los dichos de Fernando Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri (cfr. fojas 62/3 del legajo N 228)."

67) Alberto Rubén Alvaro.

"Alberto Rubén Alvaro fue detenido en forma ilegal el 4 de noviembre de 1977, alrededor de las 11:30 hs., en su domicilio de la calle Olivera 550, edificio 18, departamento n 79 de esta ciudad, por un grupo de personas a bordo de un "Ford Falcon", quienes lo condujeron al "Atlético". Permaneció en cautiverio clandestino hasta el 21 o 22 de septiembre del mismo año, momento en el cual fue liberado en las cercanías del Hospital Churruca"

"Tenemos por probado el suceso descripto en función de la presentación que Alvaro efectuó ante la Conadep (legajo N 7269, anexado al de prueba N 243, acumulado a su vez al N 228), de su declaración testimonial de fojas 24/26 del último legajo y las deposiciones de Marcos Lezcano y Antonio Migliari (legajos CONADEP N 1485 y 6964 respectivamente y legajo de prueba N 228, a fojas 57/9 y 49/51 en el mismo orden)."

69) y 68) Antonio Atilio Migliari y Marta Barracosa de Migliari.

"Antonio Atilio Migliari y su esposa, Marta Barracosa de Migliari fueron privados ilegalmente de sus libertades el 4 de noviembre de 1977, en el domicilio conyugal, ubicado en Paso 1794, 1 piso de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, por un grupo armado compuesto por 8 a 10 personas vestidas de civil, que procedieron a trasladarlos al "Club Atlético" donde fueron sometidos a sesiones de torturas físicas. Luego de 22 días de cautiverio clandestino, fueron liberados."

"La acusación por estos hechos se sustenta en la presentación realizada por Migliari ante la Conadep (legajo n 6964 anexado al N 305 y acumulado al 228) su declaración de fojas 49/51 -del citado legajo 228-, los testimonios de Marcos Lezcano (legajo Conadep n 1485 y fojas 57/9 del Legajo de prueba 228), Donato Martino (legajo Conadep n 1482 y fojas 34/6 del Legajo de prueba 228), Alberto Alvaro (legajo Conadep n 7269 y fojas 24/6 del legajo 228) y el de Haydeé Marta Barracosa (fojas 53/6 del legajo n 228)."

70) y 71) Fernando José Angel Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri.

"Fernando José Angel Ulibarri y Susana Ivonne Copetti de Ulibarri fueron privados ilegalmente de su libertad en la primera semana del mes de noviembre de 1977, en el domicilio de la calle Arenales 3173, piso 2, departamento "8" de esta ciudad, por un grupo de personas que vestían de civil y portaban armas, siendo conducidos al centro de detención denominado "Club Atlético", lugar en el que fueron sometidos a tormentos físicos y liberados el 28 de noviembre de 1977."

"El hecho descripto se encuentra acreditado por los dichos de las víctimas, Fernando José Angel Ulibarri y Susana Ivonne Copetti, de fojas 1/2, 9/10, 13/17; y 5/8, 18/21 del legajo de prueba N 220 respectivamente."

73) Horacio Cid de la Paz.

"Horacio Cid de la Paz fue privado ilegalmente de su libertad el 15 de noviembre de 1977 a las 10:00 hs. aproximadamente en la intersección de las Avenidas Gaona y Juan B. Justo de esta ciudad y mantenido en cautiverio clandestino en los centros de detención denominados "Atlético", "Banco", "Olimpo". Recuperó su libertad el 18 de febrero de 1979."

"Este hecho se tuvo por probado en la causa N 13/84 (caso N 628)."

74) Gustavo Adolfo Chavarino Cortés.

"Gustavo Adolfo Chavarino Cortés, ciudadano español, fue privado ilegalmente de su libertad el 18 de noviembre de 1977 por personal de la Policía Federal Argentina en las inmediaciones de Lacarra y Avenida Directorio de esta Ciudad y conducido a los centros clandestinos de detención "El Atlético" y "El Banco", donde fue sometido a torturas físicas. Permanece desaparecido."

"Pese a que su caso no se tuvo por probado en el marco de la causa N 13/84 (caso n 295,) la fiscalía considera que la evaluación razonada conforme con las reglas de la sana crítica de las constancias agregadas a los legajos de prueba N 267 y 744 permiten tener por probado, de acuerdo con el grado de convicción necesario para esta etapa del proceso la materialidad del hecho relatado. En este sentido, destacamos los trámites y presentaciones del padre de la víctima, Antonio Chavarino, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la carta que recibiera dando cuenta de que su hijo permaneció cautivo en los citados centros clandestinos de detención (cfr. fojas 35 del Legajo 267) la cual resulta conteste con el testimonio de Daniel Aldo Merialdo (fojas 59 del legajo 267)."

75) Mario César Villani.

"En el marco de la causa N 13/84 se tuvo por probado, bajo el número de caso 94, que Mario César Villani fue detenido ilegalmente de su domicilio del barrio de Parque Patricios de esta ciudad, el 18 de noviembre de 1977, por un grupo armado de personas que respondían operacionalmente al Ejército Argentino, quienes lo mantuvieron alojado clandestinamente en los centros de detención denominados "Atlético", "Banco" y "Olimpo". En estos lugares fue torturado físicamente. En el mes de enero de 1979 fue conducido a otros centros de detención ajenos al objeto de este dictamen y recuperó su libertad en forma definitiva en el mes de agosto de 1981."

76) Daniel Aldo Merialdo.

"Daniel Aldo Merialdo fue privado ilegalmente de su libertad el 25 de noviembre de 1977 al mediodía en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios de la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, por un grupo armado de ocho personas, quienes lo trasladaron al "Club Atlético", "El Banco" y al Olimpo", lugares donde permaneció en cautiverio clandestino a la vez que, en los dos primeros, fue sometido a torturas físicas. Por último, fue conducido a la ESMA desde donde, según la víctima, logró fugarse en el año 1980."

"El hecho descripto se encuentra acreditado a partir de las declaraciones de Merialdo (fojas 13/5 y 16/9 del legajo de prueba 744 y 18.108/12 del principal), de Osvaldo Acosta (cfr. legajos 119 y 120 y fojas 21 del legajo de prueba N 744), de Mario Villani, Nelva Alicia Méndez Falcone, Enrique Carlos Ghezan y de Roberto Ramírez (fojas 3/4, 22, 24 y 27 del legajo de prueba N 744 respectivamente)."

77) Jorge Israel Gorfinkel.

"Jorge Israel Gorfinkel fue privado ilegalmente de su libertad el 25 de noviembre de 1977 en la intersección de las calles Larrea y Córdoba de Capital Federal por personal que dependía operacionalmente al Ejército Argentino. Fue mantenido en cautiverio clandestino en el "Club Atlético" y en "El Banco". No recuperó su libertad y desde entonces, se encuentra desaparecido."

"El hecho relatado se tuvo por probado en el marco de sentencia de la causa N 13/84 bajo el número de caso 629."

78) Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia.

"Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, alias "Anteojito", fue privada ilegalmente de su libertad el día 27 de noviembre de 1977 y aprisionada clandestinamente en los centros "El Atlético", "El Banco" y "El Olimpo", encontrándose a la fecha desaparecida."

"El hecho encuentra basamento probatorio en el legajo de prueba 574 al que se agregó la causa N 35/84, "Tartaglia, Lucía y otro s/ privación ilegal de la libertad" y en los dichos de las siguientes personas obrantes en el legajo de prueba N 123: Isabel Mercedes Fernández Blanco (fojas 65), Enrique Carlos Ghezan (fojas 66), Graciela Irma Trotta (fojas 247), Rufino Jorge Almeida (fojas 380), Alberto Próspero Barret Viedma, Miguel Ángel Benítez, Nora Bernal, Oscar Alberto Elicabe Urriol, Roberto Omar Ramírez, Daniel Aldo Merialdo, Jorge Alberto Allega y de Mario César Villani."

79) Mariano Carlos Montequín.

"Mario Carlos Montequin fue privado ilegalmente de su libertad el 6 de diciembre de 1977 en su domicilio, sito en Ramón Freire 2320 de esta ciudad, por un grupo de personas vestidas de civil que dependían operacionalmente al Ejército Argentino y mantenido en cautiverio clandestino en el "Club Atlético" y "El Banco", desde donde no recuperó su libertad. Permanece desaparecido."

"El hecho se tuvo por probado en la sentencia recaída en la causa N 13/84 (caso N 630)."

80) y 81) Gustavo Fraire Laporte y Rubén Omar Salazar.

"Gustavo Ernesto Fraire Laporte y Rubén Omar Salazar fueron privados ilegalmente de la libertad el 6 de diciembre de 1977 en el domicilio de Junín 1771, piso 6, departamento 15 de esta ciudad, por un grupo de personas armadas que dijeron pertenecer al Ejército y fueron conducidos al "Banco", donde permanecieron en cautiverio clandestino sin recuperar la libertad. Desde entonces, se encuentran desaparecidos."

"Los hechos relatados fueron tratados y probados bajo los números de casos 631 y 632 respectivamente en la causa 13/84."

82 y 83) Laura Lía Crespo y Ricardo Alfredo Moya.

"Ricardo Alfredo Moya fue privado de su libertad el 6 de diciembre de 1977, en horas de la tarde, por fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la avenida Córdoba y la calle Acevedo de esta ciudad. Ese mismo día su esposa, Laura Lía Crespo de Moya, fue detenida ilegalmente en el domicilio conyugal, ubicado en Acevedo 1260, piso 3, departamento 14 de esta ciudad. Está probado que Laura Crespo fue trasladada al "Atlético" y luego al "Banco" y sometida a tormentos físicos mientras que, respecto de Ricardo, se conoce que tras su permanencia en un centro de detención, fue conducido al "Banco" donde fue aprisionado clandestinamente y sometido a tormentos físicos. Tras el paso por este último lugar, ninguno de los cónyuges recuperó la libertad y desde entonces, se encuentran desaparecidos."

"Los sucesos relatados se tuvieron por probados en el marco de la causa N 13/84 (casos N 634 y 633 respectivamente)."

84) Stella Maris Pereiro de González.

"Stella Maris Pereiro de González, fue privada ilegalmente de su libertad en la madrugada del 6 de diciembre de 1977 en su domicilio de la calle Zuviría 438, piso 5, departamento "B" de esta ciudad, por personal que dependía operacionalmente del Ejército Argentino, quien la trasladó y mantuvo alojada clandestinamente en el "El Atlético" para conducirla luego al "Banco", desde donde no recuperó su libertad. Se encuentra desaparecida."

"Este hecho se tuvo por probado en la sentencia recaída en la causa N 13/84 bajo el número de caso 635."

85) y 86) Guillermo Pagés Larraya y Luis Rodolfo Guagnini.

"Guillermo Pagés Larraya y Luis Rodolfo Guagnini fueron privados ilegalmente de la libertad el 21 de diciembre de 1977, entre las 12.00 y las 12.30 horas, en el restaurante "Emiliano", ubicado en la avenida Las Heras esquina Laprida de Capital Federal. Ambos fueron conducidos al "Atlético" y luego trasladados al "Banco", en tanto que sólo Pagés Larraya fue aprisionado clandestinamente con posterioridad en "El Olimpo". Durante el cautiverio en los lugares mencionados, las víctimas fueron sometidas a tormentos físicos y no recuperaron la libertad. En consecuencia, se encuentran desaparecidos."

"Los hechos relatados, se acreditaron en la causa N 13/84 bajo los números de casos 297 y 298 respectivamente."

87) Gabriel Alegre.

"Gabriel Alegre fue privado ilegalmente de su libertad en el mes de enero de 1978 por personal dependiente del Ejército Argentino y conducido a los centros de detención "El Banco" y "Olimpo", donde permaneció en cautiverio clandestino y fue sometido a tormentos físicos. Desde entonces, se encuentra desaparecido."

"El hecho descripto encuentra basamento probatorio en las constancias del legajo de prueba 28. Ello, junto con el reconocimiento de la víctima por parte de José Alberto Saavedra (cfr. declaración en el Legajo 119) y los dichos de Graciela Trotta, Jorge Cesar Casalli Urrutia y de Julio Lareu al prestar declaración testimonial en la causa 13/84 (cfr. actas mecanografiadas anexadas a los legajos 119 y 28) así como el testimonio del último obrante a fojas 198 del legajo 122, conforma un cuadro probatorio suficiente para sustentar la acusación por el suceso relatado."

88) y 89) Nelva Alicia Méndez de Falcone y Jorge Ademar Falcone.

"Nelva Alicia Méndez de Falcone y su esposo, Jorge Ademar Falcone fueron privados ilegalmente de la libertad el 14 de enero de 1978 al mediodía mientras caminaban por la calle Belgrano al 800 de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas uniformadas y otras vestidas de civil que los condujo al "Banco" donde fueron sometidos a tormentos físicos y mantenidos en cautiverio clandestino hasta recuperar la libertad el 27 de febrero de 1978."

"Los hechos descriptos se tuvieron por probados en la causa 13/84 -casos N 257 y 256 respectivamente- a excepción de lo que respecta a los tormentos físicos descriptos. De todas formas, ya hemos explicado el alcance de la palabra tormentos en este dictamen."

90) Juan Héctor Prigione.

"Juan Héctor Prigione fue privado ilegalmente de su libertad en la medianoche del 24 al 25 de octubre de 1978, tras salir del domicilio situado en Solís 1519 de esta ciudad, y conducido al "Atlético" y "El Banco", donde se lo mantuvo en cautiverio clandestino. Desde entonces, permanece desaparecido."

"El hecho descripto se tuvo por probado en la causa N 13/84 (caso N 300)."

91) y 92) Ana María Arrastía Mendoza y Gabriel Miner.

"Ana María Arrastía Mendoza y Gabriel Miner fueron privados ilegalmente de la libertad el 26 de enero de 1978 en el domicilio de la primera ubicado en Trelles 2373, piso 7, departamento "C" de esta ciudad, por un grupo de personas armadas, vestidas de civil, que se identificaron como "Fuerzas Conjuntas". Arrastía Mendoza y Miner fueron aprisionados clandestinamente en "El Banco" y sometidos a tormentos físicos. La primera fue liberada el 13 de junio de 1978, oportunidad en la que se la obligó a viajar a Lima, Perú; a diferencia de Miner, quien no recuperó su libertad y desde entonces, se encuentra desaparecido."

"La acusación por estos hechos se sustenta en las constancias de la causa N 36.329 -incorporada al legajo de prueba N 157- de las que cabe destacar el testimonio de Arrastía Mendoza."

93) Irene Nélida Mucciolo.

"Irene Nélida Mucciolo fue privada ilegalmente de su libertad el 26 de enero de 1978 en su trabajo, la Inspección General de Justicia de esta ciudad, y conducida al "Banco" donde fue mantenida en cautiverio clandestino sin haber recuperado su libertad. Desde entonces, permanece desaparecida."

"Si bien el caso no se tuvo por probado en la causa N 13/84, la acusación por este hecho se fundamenta en la evaluación a la luz de las reglas de la sana crítica de los siguientes elementos probatorios: las constancias allegadas al legajo CONADEP N 2311 y al legajo de prueba N 311. Cabe destacar de este último las copias de los recursos de habeas corpus interpuestos por Jorge Horacio Mucciolo a fin de dar con el paradero de su hija, los reclamos ante el Ministerio del Interior y diversos organismos de derechos humanos (fojas 4/36); la declaración testimonial de Nélida Scipioni (fojas 37) y los testimonios de González y Cid de la Paz ante Amnesty internacional."

94), 95) y 96) Nora Beatriz Bernal, Jorge Daniel Toscano y Patricia Bernal.

"Nora Beatriz Bernal y su esposo, Jorge Daniel Toscano, fueron privados ilegalmente de sus libertades el 30 de enero de 1978 en horas de la tarde, en la intersección de las calles Niceto Vega y Bompland de Capital Federal y fueron conducidos al centro clandestino de detención "El Banco" donde fueron sometidos a tormentos físicos."

"Unos días después, los primeros del mes de febrero de 1978, un grupo de personas que dependía operacionalmente del Ejército Argentino secuestró de su domicilio, ubicado en Ameghino 517 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a Patricia Bernal, hermana de Nora y la trasladaron también al "Banco"."

"Patricia fue liberada horas después de su detención, pero su hermana y su cuñado permanecieron en cautiverio clandestino, hasta que el 17 de febrero de 1978, cuando sólo Nora Bernal recuperó su libertad. Sin embargo, fue nuevamente privada en forma ilegal de su libertad los primeros días de abril de 1978 en el domicilio de sus padres -ubicado en la calle Ameghino de Avellaneda, ya consignado- y trasladada nuevamente al "Banco", donde aún se encontraba detenido Jorge Toscano, en muy mal estado de salud. A fines de ese mes, del mismo domicilio, otra vez detuvieron a su hermana Patricia, a quien condujeron al mismo centro clandestino y liberaron tras 24 horas de cautiverio. Nora, en cambio, quien nuevamente -al igual que su marido- fue sometida a torturas físicas, permaneció en prisión clandestina hasta junio de 1978, cuando recuperó su libertad. Jorge Toscano -cuya detención, a diferencia de la de las dos mujeres, no registró intervalo- fue trasladado con posterioridad al "Olimpo". Desde entonces, permanece desaparecido."

"Las privaciones de la libertad de Nora Bernal, Jorge Toscano y Patricia Bernal así como los tormentos físicos que sufrieron los dos primeros fueron comprobados por la Cámara Federal en el marco de la causa n 13/84, bajo los casos n 304 bis,n 303 y n 304 respectivamente."

97) Armando Angel Prigione.

"Armando Angel Prigione fue privado ilegalmente de su libertad en el mes de febrero de 1978 en la vía pública, por personal que dependía del Ejército Argentino, quien lo condujo al "Atlético" y al "Banco", lugares en los que permaneció en cautiverio clandestino sin recuperar su libertad. Desde entonces, se encuentra desaparecido."

"El hecho se tuvo por acreditado en la sentencia recaída en la causa N 13/84 bajo el número de caso 305."

98) y 99) Marcelo Weisz y Susana Mónica González Weisz.

"El 16 de febrero de 1978 Marcelo Weisz y su esposa, Susana Mónica González Weisz, fueron privados de su libertad en forma ilegal por un grupo de personas que dependía operacionalmente del Ejército Argentino. La pareja fue mantenida en cautiverio clandestino en "El Banco" y luego, en "El Olimpo", donde Marcelo fue sometido a tormentos físicos. Entre el 15 y 17 de febrero de 1979 Susana logró hacer un llamado telefónico a su madre y desde entonces se perdió todo rastro de los esposos, quienes se encuentran desaparecidos."

"Ambos casos se tuvieron por acreditados en la sentencia recaída en la causa N 13/84 bajo los números 85 y 86 respectivamente."

100) Juana María Armelín.

"El 23 de febrero de 1978, un grupo de personas armadas pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal secuestró a Juana María Armelín del domicilio sito en Navarro 2634 de esta ciudad. Permaneció cautiva clandestinamente en el centro de detención "El Banco", para luego ser trasladada al "Olimpo". Desde entonces, permanece desaparecida."

"Los hechos relatados, fueron probados bajo el caso n 90 en el marco de la causa n 13/84."

101) y 102) Nélida Isabel Lozano y Osvaldo Acosta.

"Nélida Isabel Lozano y su ex esposo, Osvaldo Acosta, fueron detenidos ilegalmente el 29 de marzo de 1978 y conducidos al "El Banco". La primera recuperó su libertad el 15 de mayo de 1978, mientras que el segundo, fue traslado al Olimpo y, tras una serie de idas y venidas que no hacen a este caso específico, fue liberado entre fines de 1981 y principios de 1982. Durante el cautiverio clandestino en las dos sedes del centro de detención objeto del proceso, Lozano y Acosta fueron sometidos a tormentos físicos."

"Tenemos por probados tales sucesos, debido a los testimonios de Julio Eduardo Lareu de fojas 5 del legajo N 28 y fojas 2659 del legajo 119, de Susana Leonor Caride (fojas 119, legajo N 119) y del propio Acosta de fojas 1248 y ss. del legajo N 119, testimonio de actas mecanografiadas de la causa 13/84."

103) Marcelo Walterio Senra.

"Marcelo Walterio Serna fue privado de la libertad en forma ilegal el 26 de abril de 1978 en el domicilio de su madre, ubicado en Darragueira 2126, 1 piso "C" de esta ciudad, por un grupo armado que dijo pertenecer a fuerzas conjuntas y fue trasladado al centro clandestino de detención denominado "El Banco". No recuperó su libertad."

"El hecho relatado se tuvo por probado en la causa N 13/84 (caso N 306)."

104) Julio Eduardo Lareu.

"Un grupo de veinte personas armadas detuvo ilegalmente a Julio Eduardo Lareu en Deheza 2775 de esta ciudad, el 29 de mayo de 1978 y lo condujo al "Banco", donde permaneció en cautiverio clandestino. El 16 de agosto de 1978 fue trasladado al "Olimpo", hasta el 22 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue liberado. Durante su encierro fue sometido a tormentos físicos."

"La prueba de la materialidad del hecho y de la responsabilidad de los acusados está constituida, por un lado, por las declaraciones testimoniales de la víctima a fojas 198/200 del legajo N 542 -caso de Guillermo Marcelo Móller-, en autos (fojas 17.359/60vta.) y en el marco de la causa 13/84 (cfr. legajo 28). Por el otro, tuvimos en cuenta los testimonios de Mario Villani, Graciela Trotta, Susana Caride y Carlos Ghezan -quienes vieron a Lareu en "El Olimpo"- y el de Osvaldo Acosta -respecto de su detención en "El Banco"- (cfr. fojas 17, 18, 64, 65 y 68 respectivamente del legajo N 28)."

105) , 106), 107) y 108) María del Carmen Rezzano de Tello, Mariana Patricia Arcondo de Tello, Rafael Armando Tello y Pablo Daniel Tello.

"María del Carmen Rezzano fue privada en forma ilegal de su libertad el 31 de mayo de 1978 en su domicilio -situado en Carlos Gardel 2760 de Olivos, provincia de Buenos Aires- y conducida a "El Banco", hasta que fue liberada en la localidad de Banfield, provincia de Buenos Aires, el 16 de junio de 1978."

"Su concuñada, Mariana Patricia Arcondo de Tello, fue privada de su libertad en la misma fecha, conducida también al "Banco", donde fue sometida a tormentos físicos y liberada en la misma ocasión, bajo idénticas circunstancias."

"Los hermanos Rafael Armando Tello -esposo de Mariana- y Pablo Daniel Tello -pareja de María del Carmen- también fueron privados ilegalmente de la libertad el 31 de mayo de 1978 y conducidos al "Banco". Sin embargo, luego fueron trasladados al "Olimpo", desde donde no recuperaron la libertad. Asimismo, durante el encierro clandestino fueron sometidos a tormentos físicos."

"La prueba de los hechos relatados se asienta en la declaración testimonial de Mariana Arcondo de Tello (fojas 2276 y 2301 del legajo N 119 y 17.294/5 del principal) y en los siguientes testimonios obrantes en el legajo N 119: de María del Carmen Rezzano de Tello (fojas 2191/2), de José Antonio Saavedra (fojas 1003 y 2429), Osvaldo Acosta (fojas 1248), Elsa Lombardo (fojas 1645), Jorge Marín (fojas 2184) y de Oscar Elicabe Urriol (fojas 2186). Por último, hemos valorado los dichos de Hebe Cáceres y de Rufino Almeida -fojas 31 y ss. de la causa N 9373/01; y 73 y ss., 144 y ss. de la misma causa y fojas 17.334 del principal, respectivamente-."

109) Roberto Alejando Zaldarriaga.

"Bajo el número 313 se tuvo por probado, en la causa N 13/84, que Roberto Alejandro Zaldarriaga fue privado ilegalmente de su libertad en el mes de junio de 1978 en el domicilio de su madre, ubicado en Monte Egmont 277 de Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas que respondían operacionalmente al Ejército Argentino y conducido al "Banco", para luego ser trasladado al "Olimpo". Permanece desaparecido."

110) Guillermo Marcelo Moller.

"Se tuvo por probado en la causa N 13/84 (caso N 262) que Guillermo Marcelo Moller fue privado ilegalmente de su libertad en el mes de junio de 1978 en esta ciudad por un grupo armado de personas que respondían operacionalmente al Ejército Argentino. Fue mantenido en cautiverio clandestino primero en "El Banco" y luego, en "El Olimpo" y sometido a torturas físicas. Guillermo permanece desaparecido."

111) Julio Fernando Rearte.

"Julio Fernando Rearte fue detenido en forma ilegal el 1 de junio de 1978 por un grupo de personas armadas, vestidas de civil, en el interior de un bar ubicado a una cuadra de la intersección de Avenida Constituyentes y General Paz de esta ciudad. Posteriormente, fue conducido al "Banco", donde le aplicaron torturas físicas. Recuperó su libertad el 25 de junio del mismo año."

"La acusación por estos hechos está basada en las declaraciones testimoniales que la víctima prestó en esta sede a fojas 19.383/5 y en el Consulado de España el 13/5/98, cuyas copias certificadas se agregaron a fojas 19.376/82. En ambas oportunidades, brindó un relato preciso acerca de las circunstancias de su detención y aprisionamiento clandestino, así como la descripción de sujetos que operaron en "El Banco" como la identidad de otros detenidos."

112) y 113) Jorge Rufino Almeida y Claudia Graciela Estévez.

"Jorge Rufino Almeida y su esposa, Claudia Graciela Estévez, fueron privados ilegalmente de la libertad el 4 de junio de 1978 en la casa de los padres de esta última, ubicada en la calle 54, N 528 de La Plata, provincia de Buenos Aires y trasladados al "Banco", donde fueron sometidos a torturas físicas. Jorge recuperó su libertad el 27 de julio de 1978 mientras que su mujer, el día anterior."

"Se tienen por acreditados los hechos sobre la base de los testimonios de Almeida y de Estévez vertidos en la causa N 9373/01 (fojas 73 y 144; 109 respectivamente) y en el expediente principal a fojas 17.333/4 y 17.331/2 respectivamente; de la declaración de María Esther Biscayart de Tello (madre de Rafael y Pablo) de fojas 2088 del legajo 119 y de los dichos de Hebe Cáceres de fojas 31/4 de la causa N 9373/01. Por último, corresponde señalar que los dichos de los damnificados adquieren aún más peso probatorio al considerarse que se han corroborado los casos de las personas detenidas que aquéllos mencionaron haber visto en el centro clandestino."

114) Raúl Pedro Olivera Cancela.

"Raúl Pedro Olivera Cancela fue privado ilegalmente de su libertad el 5 de junio de 1978 por un grupo de personas que respondía operacionalmente al Ejército Argentino y conducido al centro clandestino de detención "El Banco", donde fue sometido a tormentos físicos. Desde entonces, permanece desaparecido."

"La acusación por este suceso se fundamenta en el testimonio que Hebe Margarita Cáceres prestó ante escribano público en Madrid, Reino de España (cfr. fojas 2141 del legajo 119) y a fojas 31 y ss. de la causa N 9373/01, la declaración de Rafael Trigo Recio (fojas 184, legajo N 86), de Claudia Graciela Estévez (cfr. fojas 109 de causa 9373/01 y fojas 17.331/2 del principal), Julio Fernando Rearte (fojas 19.383/5 del principal y la recibida en el Consulado del reino de España a fojas 19.376/82 del principal), y la de Rufino Jorge Almeida (fojas 73 y ss. y 144 y ss. de la causa 9373/01 y fojas 17.334 del principal); todos quienes dijeron, entre otras cosas, haber visto en el señalado centro de detención a la víctima del caso."

115) Fernando Díaz de Cárdenas.

"Fernando Díaz de Cárdenas fue privado ilegalmente de su libertad el 5 de junio de 1978 en el taller gráfico en el que trabajaba, "Metropres Editorial y Gráfica de la Asociación de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina" -ubicado en Doblas 1753 de esta ciudad-, por un grupo de personas que dijeron ser de la P.F.A. Fernando permaneció cautivo en el centro clandestino de detención denominado "El Banco" y se encuentra desaparecido."

"Sustentan probatoriamente el suceso las declaraciones testimoniales de Rafael Trigo Recio y de Hebe Margarita Cáceres (fojas 184 y 225 y ssgtes. respectivamente, del legajo N 86) y el listado aportado por Cid de la Paz y González en el que se señala a Díaz de Cárdenes como una de las personas detenidas en "El Banco" (cfr. fojas 229 y ssgtes. del legajo antedicho)."

116) Hebe Margarita Cáceres.

"Hebe Margarita Cáceres fue privada ilegalmente de su libertad el 2 o 3 de junio de 1978, alrededor de las 20:00 hs., mientras transitaba en su vehículo por las calles 41 y 7 de la ciudad de La Plata, por un grupo de personas del Ejército Argentino. La condujeron al "Banco", donde permaneció cautiva y fue sometida a torturas físicas hasta que recuperó su libertad, el 9 de julio de 1978, aunque fue vigilida por sus captores hasta su exilio en España."

"Prueban el caso los testimonios de Hebe Cáceres de fojas 31 y ss. de la causa N 9373/01, de Julio F. Zottarel (cfr. legajo 119) y de Jorge Rufino Almeida (fojas 73 y ss., 144 y ss. de la causa N 9373/01 y 17.333/4vta. del principal)."

117) Oscar Alberto Elicabe Urriol.

"Oscar Alberto Elicabe Urriol fue privado ilegalmente de su libertad el 6 de junio de 1978 en el Policlínico de la Paz, donde estaba internado en razón de una operación quirúrgica, por un grupo de ocho personas pertenecientes a las fuerzas armadas quienes lo trasladaron al "Banco". Permaneció detenido clandestinamente hasta el 18 de julio del mismo año, fecha en que recuperó su libertad."

"Tal cuadro fáctico surge de las declaraciones de la propia víctima de fojas 26/9 del legajo de prueba 275 y fojas 2186 del N 119. En esas oportunidades Oscar identificó con precisión las circunstancias relativas a su detención, las características de algunos de los represores que actuaron en "El Banco" así como a ciertos detenidos con quienes compartió cautiverio."

118) Edison Oscar Cantero Freire.

"El 7 de junio de 1978 un grupo de personas privó ilegalmente de su libertad a Edison Oscar Cantero Freire cuando intentaba ingresar a su domicilio, y lo condujo al "Banco". Fue la última vez en que se tuvo conocimiento de su paradero."

"Tenemos por probado el hecho en función de la declaración del padre de Edison, Rolando Hernán Cantero ante la CONADEP (cfr. fojas N 360 del legajo N 86, en el cual se documentan, además, todos los trámites efectuados por sus familiares para averiguar su paradero) y del listado en que Cid de la Paz y González señaló a Cantero Freire como una de las personas cautivas en "El Banco" (cfr. fojas 299 y ssgtes. del legajo antedicho)."

119) Jorge César Casalli Urrutia.

"En la causa N 13/84, bajo el número de caso 311 se tuvo por probado que Jorge César Casalli Urrutia fue privado de su libertad en forma ilegal por un grupo de personas armadas que dependía operacionalmente del Ejército el 10 de junio de 1978 en su domicilio, ubicado en San Guillermo 2325 de Martín Coronado, provincia de Buenos Aires y trasladado al "Banco" donde permaneció hasta recuperar su libertad el 25 de julio de 1978. Durante su cautiverio, Casalli Urrutia fue sometido a tormentos físicos."

120) José Alberto Saavedra.

"Bajo el número de caso 310 de la causa n13/84, se tuvo por probado que José Alberto Saavedra fue privado de su libertad el 10 de junio de 1978 desde su domicilio, ubicado en la calle María Reyna 162 de Morón, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas armadas que respondían operacionalmente al Ejército Argentino y conducido a "El Banco", donde estuvo aprisionado clandestinamente hasta recuperar su libertad el 22 de junio de 1978. Corresponde agregar que durante su cautiverio fue sometido a tormentos físicos."

121) Irma Niesich.

"En la causa 13/84, bajo el caso n312, se tuvo por probado que Irma Niesich fue privada ilegalmente de su libertad en la noche del 15 de junio de 1978, desde su domicilio de la calle Ibarrola 5471 de Isidro Casanova, partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, por personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino. Irma permanece desaparecida."

122) Roberto Omar Ramírez.

"Se probó en la causa N 13/84 (caso n 315), que el 27 de junio de 1978, cerca de las 20:00 hs., en las inmediaciones de la Av. Santa Fe y Callao de Capital Federal, Roberto Omar Ramírez fue privado ilegalmente de su libertad por un grupo de personas que dependían operacionalmente al Ejército Argentino, tras lo cual fue conducido al "Banco" y luego trasladado al "Olimpo", lugares en los que fue sometido a tormentos físicos. En el mes de marzo de 1979 lo condujeron a otro centro clandestino de detención, ajeno al objeto procesal de autos, para ser liberado los últimos días de ese mes."

123) Jesús Pedro Peña.

"Se tuvo por acreditado en la causa N 13/84 (caso N 314) que Jesús Pedro Peña fue privado ilegalmente de su libertad el 27 de junio de 1978, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, por efectivos del Ejército Argentino. Permaneció detenido clandestinamente en los centros "El Banco" y "El Olimpo", sin haber recuperado su libertad."

124) Helios Hermógenes Serra Silveira.

"En el marco de la causa N 13/84 se probó, bajo el caso N 316, que Helios Serra Silveira fue privado ilegalmente de su libertad el 27 de junio de 1978, después de las 19 hs., cuando salió de su domicilio ubicado en Colombres 486 de esta ciudad. Fue mantenido en cautiverio primero en "El Banco" y luego en "El Olimpo". Permanece desaparecido."

125) Ana María Piffaretti.

"Se tuvo por acreditado en la causa 13/84, bajo el número de caso 87, que Ana María Pifaretti fue privada ilegalmente de su libertad el 28 de junio de 1978, en las inmediaciones del Sanatorio Güemes, ubicado en la Av. Córdoba y Acuño Figueroa de esta ciudad, por un grupo de personas armadas que la trasladaron al centro clandestino de detención denominado "El Banco", lugar en el que permaneció cautiva hasta su posterior traslado al campo conocido como "El Olimpo", del cual nunca recuperó su libertad."

126) y 127) Carlos Gustavo Mazuelo y Elena Cario de Mazuelo.

"Elena Mirta Cario de Mazuelo y su marido Carlos Gustavo Mazuelo, fueron privados ilegalmente de sus libertades el 1 de julio de 1978, en el domicilio de la calle El Salvador 765 de Villa Domínico, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas armadas vestidas de civil, quienes tras vendarles los ojos los condujeron en vehículos separados al "Banco", donde permanecieron cautivos y luego trasladados al "Olimpo". Durante el encierro clandestino, ambos fueron sometidos a tormentos físicos. Elena recuperó su libertad 16 días después de su detención, mientras que su marido permanece desaparecido."

"Los hechos descriptos surgen de la denuncia que Estela Cario de Mazuelo realizó ante la CONADEP (cfr. fojas 1 del Legajo 143), y de las declaraciones testimoniales de Enrique Carlos Ghezan, Isabel Fernández Blanco de Ghezan y de Elsa Ramona Lombardo (cfr. certificaciones de fojas 18 de aquel legajo, fojas 1622 del N 119 y de fojas 19 del N 143 respectivamente, quienes se expidieron acerca de la permanencia del matrimonio en los dos lugares de detención, a excepción de Isabel Fernández Blanco de Ghezan, quien lo hizo únicamente respecto del "Banco")."

128) Mabel Verónica Maero.

"Se tuvo por probado en la causa N 13/84, bajo el número de caso 317, que Mabel Verónica Maero fue privada ilegalmente de su libertad en el mes de julio de 1977 en esta ciudad, por personal dependiente al Ejército Argentino y que se la mantuvo prisionera, en forma clandestina, en los centros de detención "El Banco" y en "El Olimpo". Desde entonces, permanece desaparecida."

129) Isidoro Oscar Peña.

"Conforme a cuanto se acreditó en la causa n 13/84 (caso N 318), Isidoro Oscar Peña fue privado ilegalmente de su libertad a mediados del mes de julio de 1978, por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente al Ejército Argentino. Permaneció detenido clandestinamente en "El Banco" y "El Olimpo". Nunca recuperó su libertad."

130) Cristina Magdalena Carreño Araya.

"En la causa N 13/84, bajo el número de caso 322, se tuvo por acreditado que Carreño Araya, alias "la Chilena", fue privada ilegalmente de su libertad en el mes de julio de 1978 en esta ciudad y conducida al "Olimpo", desde donde fue "trasladada" en el mes de diciembre del mismo año."

"Sin perjuicio de lo expuesto, también tenemos por acreditado que con anterioridad fue mantenida en cautiverio en "El Banco". Durante el cautiverio clandestino en ambos lugares, fue sometida a tormentos físicos."

"En efecto, respecto de la permanencia de "la chilena" en "El Banco" se refirieron en forma conteste Graciela Trotta, Miguel Angel Benítez y Norma Teresa Leto (cfr. certificaciones de fojas 9, 20 y 21 del legajo N 17) y, en "El Olimpo", lo hicieron Susana Leonor Caride, Isabel Teresa Cerruti, Horacio Martín Cuartas, Porfirio Fernández y Daniel Merialdo (cfr. certificaciones de fojas 10, 11, 18, 22 y 28 respectivamente del legajo N 17, mientras que en relación con Caride deberán tenerse en cuenta asimismo las constancias del legajo N 14). Por su parte, Enrique Carlos Ghezan ubicó a Carreño Araya tanto en "El Banco" como en "El Olimpo"."

131) Abel Héctor Mateu Gallardo.

"Abel Héctor Mateu Gallardo, fue privado ilegalmente de su libertad el 1 de julio de 1978, alrededor de las 19:00 horas, cuando salía de la casa de su madre con destino a la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Fue "alojado" en el cdc "El Banco" y, por ende, torturado. Permanece desaparecido (ver declaración testimonial de fojas n 8.966/95 y piezas que forman el legajo n 542)."

132) Franklin Lucio Goizueta.

"Franklin Lucio Goizueta, fue privado ilegalmente de su libertad el día 10 de Julio de 1978, en un bar de la zona de Primera Junta de la ciudad de Buenos Aires, conducido al cdc "El Olimpo" y torturado. Permanece desaparecido (ver piezas de fojas n 21.795/803, y contenido del legajo n 119 y del n 20)."

133) Isabel Teresa Cerruti.

"Bajo el número de caso 319 de la causa n13/84, se tuvo por acreditado que Isabel Teresa Cerruti fue privada de su libertad en forma ilegal el 22 de julio de 1978 en Jean Jaures y la Avenida Corrientes de esta ciudad, por personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino y que fue aprisionada en forma clandestina en "El Banco" y "El Olimpo", donde se la sometió a torturas físicas. Fue liberada el 26 de enero de 1979."

134) y 135) Santiago Villanueva y Norma Teresa Leto.

"En la causa N 13/84 se tuvo por acreditado, bajo los casos n 320 y n 321, que en la noche del 25 de julio de 1978 un grupo armado que dependía operacionalmente del Ejército privó ilegalmente de su libertad a Santiago Villanueva y Norma Teresa Leto en el domicilio que compartían, ubicado en Lacarra 668 de esta ciudad, y los condujo al "Banco", donde fueron sometidos a tormentos físicos. Leto recuperó su libertad el 14 de agosto de 1978 a diferencia de su compañero quien, tras su posterior cautiverio en el "Olimpo", permanece desaparecido."

141) y 136) Graciela Irma Trotta y Jorge Augusto Taglioni.

"Los casos n 325 y 326 correspondientes a Graciela Irma Trotta y a Jorge Augusto Taglioni, respectivamente, se tuvieron por probados en la causa N 13/84. En la sentencia, se sostuvo que la primera -quien estaba embarazada- fue privada en forma ilegal de su libertad el día 28 de julio de 1978, a las 18.30 horas, en un bar ubicado en la avenida Santa Fe y ex Canning de esta ciudad y conducida al "Banco", donde fue interrogada bajo aplicación de tormentos físicos acerca del paradero de su marido. El mismo día, la obligaron a concurrir al domicilio conyugal, ubicado en Villegas 788 de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, oportunidad en la que privan ilegalmente de su libertad a Jorge Augusto Taglioni. Ambos permanecieron cautivos primero en "El Banco" para ser trasladados en el mes de agosto al "Olimpo", lugares en los que fueron sometidos a torturas físicas. Fueron liberados el 26 de enero de 1979."

137) Susana Leonor Caride.

"Se probó en la causa N 13/84 (caso N 95) que Susana Leonor Caride fue privada en forma ilegal de su libertad el 26 de julio de 1978 por la noche en su domicilio -ubicado en Fragata Sarmiento 551 de esta ciudad- y que el grupo armado de personas que la secuestró la condujo al "Banco" donde permaneció cautiva hasta el 16 de agosto de 1978, oportunidad en la que la trasladaron al "Olimpo". Durante su permanencia en los lugares de detención fue sometida a torturas físicas. Recuperó su libertad el 23 de diciembre de 1978, sin perjuicio de lo cual fue controlada por los acusados hasta el año 1981."

138) Rebeca Sacolasky.

"Rebeca Sacolasky, fue privada ilegalmente de su libertad el 26 de julio de 1978 en su domicilio de la calle Marcos Sastre n 3887 de esta ciudad, trasladada al cdc "El Banco" y posteriormente a "El Olimpo", consecuentemente torturada. El 8 de noviembre de 1978, fue liberada (ver fojas n 30.483 y n 19.373/5)."

139) y 140) Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan y Enrique Carlos Ghezan.

"En el marco de la causa N 13/84, bajo los casos n 323 y n 324, se tuvo por probado que Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan fue ilegalmente privada de su libertad el día 28 de julio de 1978, alrededor de las 20:00 hs., en la intersección de las calles Pueyrredón y French de esta ciudad por dos personas que la condujeron al "Banco" donde fue interrogada, bajo la aplicación de tormentos físicos, acerca del paradero de su esposo. Una vez que sus captores averiguaron el domicilio conyugal -ubicado en Ader y Zapiola de la localidad de Munro, provincia de Buenos Aires-, la llevaron al lugar con el fin de obligarla a que, bajo cualquier pretexto, lograra que Enrique Ghezan saliera de la casa. De ese modo, lo privaron ilegalmente de su libertad el mismo día, es decir, 28 de julio de 1978. Los esposos fueron alojados en "El Banco", para ser trasladados en el mes de agosto al "Olimpo", lugares en los que fueron sometidos a torturas físicas. Finalmente, recuperaron la libertad el 28 de enero de 1979."

142) Elsa Ramona Lombardo.

"En el marco de la causa n 13/84 se probó el caso n 327 de Elsa Lombardo, quien fue privada ilegalmente de su libertad el 28 de julio de 1978 aproximadamente a las 23:00 hs. en el domicilio ubicado en Zapiola 6321 de Munro, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente del Ejército. Fue alojada clandestinamente en el "Banco" y trasladada, el 16 de agosto de 1978 al "Olimpo", lugares en los que fue sometida a tormentos físicos. Recuperó su libertad el 23 de agosto de 1978."

143) y 144) Claudia Leonor Pereyra y Edgardo Gastón Zecca.

"Claudia Leonor Pereyra y Edgardo Gastón Zecca fueron privados ilegítimamente de sus libertades el 1 de agosto de 1978 del domicilio de Humahuaca 3951, 2 piso, departamento "b" de esta ciudad, por dos hombres armados que los condujeron al "Banco" y, con posterioridad, al "Olimpo". En estos lugares, Pereyra y Zecca fueron sometidos a tormentos físicos. La primera recuperó su libertad tres meses después de la fecha de su detención, mientras que Zecca lo hizo a los diez días de tal episodio."

"Los sucesos relatados se desprenden de las constancias obrantes en el legajo Conadep n 3114 y del legajo de prueba N 323."

145) Miguel Angel Benítez.

"En la causa n 13/84 se probó, bajo el número de caso 329, que Miguel Angel Benítez fue privado ilegalmente de su libertad el 2 de agosto de 1978 en Irala 1153 de esta ciudad, por un grupo de personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino. Miguel Angel fue aprisionado clandestinamente en "El Banco" y a partir del 16 de agosto de 1978, en "El Olimpo", desde donde recuperó su libertad el 4 de septiembre de 1978. Durante su cautiverio, fue sometido a tormentos físicos."

146) Mario Osvaldo Romero.

"Mario Osvaldo Romero fue privado en forma ilegal de su libertad el 10 de agosto de 1978, alrededor de las 12:30, en el barrio de Once de esta ciudad y conducido al "Banco". Permanece desaparecido."

"Los sucesos descriptos se tienen por acreditados sobre la base de las constancias del legajo de prueba N 139, en especial, la declaración testimonial de su madre, Elsa Zanetti de Romero y de Enrique Carlos Ghezan y su mujer, Isabel Fernández Blanco, quienes compartieron el cautiverio en "El Banco" con Romero, a quien identificaron como "El Gordo"."

147) Jorge Alberto Tornay Nigro.

"Bajo el caso n 331 la Cámara Federal, en la causa 13/84, tuvo por probado que Jorge Alberto Tornay Nigro fue privado ilegalmente de la libertad el 1 de septiembre de 1978, en su domicilio de la calle Guayaquil 746 de esta ciudad, por un grupo armado de personas que respondían operacionalmente al Ejército Argentino. Fue alojado clandestinamente en "El Olimpo" y permanece desaparecido."

148) Porfirio Fernández.

"Porfirio Fernández fue privado ilegalmente de su libertad el día 9 de septiembre de 1978, cuando se encontraba en un bar ubicado en la esquina formada por la Avenida Corrientes y la calle Montevideo de la Capital Federal. Luego, conducido al cdc "el Olimpo" y torturado. En la primera semana de octubre de 1978 recuperó su libertad (el hecho se probó en la causa n 13/84 de la Cámara Federal - caso n 333-)."

149) Alberto Próspero Barret Viedma.

"Alberto Próspero Barret Viedma fue privado ilegalmente de su libertad el 19 de septiembre de 1978, alrededor de las 22:00 hs., en su domicilio de la calle Bartolomé Mitre 3450, piso 2, departamento "7" de esta ciudad, por un grupo de ocho personas vestidas de civil armadas quienes lo trasladaron al "Olimpo", donde fue sometido a tormentos físicos. Recuperó su libertad el 3 de octubre de 1978."

"La acusación se asienta sobre los dichos de la víctima plasmados en el legajo N 249. Conforme surge de las actas mecanografiadas correspondientes a las audiencias que tuvieron lugar en el marco de la causa N 13/84, Barret Viedma reconoció el lugar en que estuvo privado de su libertad así como a varios de sus compañeros de cautiverio -Pablo Pavich, Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, Irma Niesch y Susana Leonor Caride, entre otros-. Por ello, más allá de las conclusiones a las que se arribó en la sentencia recaída en aquel expediente (vid. caso 334), la aplicación de las reglas de la sana crítica, como método de evaluación probatoria, nos permite sopesar los elementos detallados en forma armónica y concluir que, el hecho de que se hayan comprobado los casos de las víctimas que el nombrado señaló, así como el reconocimiento del lugar, se traducen en datos suficientes que nos permiten razonablemente acusar a los imputados por el suceso descripto."

150) Jorge Osvaldo Paladino.

"Jorge Osvaldo Paladino fue privado ilegalmente de su libertad el 2 de octubre de 1978 cuando salía de su trabajo, situado en Juan Bautista Alberdi 5045 de esta ciudad, por un grupo de personas que lo condujo al "Olimpo" donde fue sometido a torturas físicas. Permaneció en cautiverio clandestino hasta el 21 de diciembre del mismo año, oportunidad en la que fue liberado."

"El suceso descripto está probado debido a las declaraciones testimoniales de la víctima (fojas 67/71 de la causa N 9373/03 y 17.260/1 del principal)."

151) Sergio Víctor Cetrángolo.

"Sergio Víctor Cetrángolo, fue ilegalmente detenido el 2 de octubre de 1978 aproximadamente a las 19.30 horas, desde su lugar de trabajo ubicado en la esquina formada por la calle Paunero y la Avenida Las Heras de la Capital Federal. Más tarde, conducido al cdc "El Olimpo" y torturado. Permanece desaparecido (ver instrumentos de fojas n 21.431/4, n 19.373/5 y los que forman

el legajo n 119)."

152 y 153) Jorge Claudio Lewi y Ana María Sonder de Lewi.

"Jorge Claudio Lewi y Ana María Sonder de Lewi fueron privados de su libertad en forma ilegal el 8 de octubre de 1978 en esta ciudad, por fuerzas que dependían operacionalmente del Primer Cuerpo del Ejército y trasladados al "Olimpo", en donde Jorge fue sometido a torturas físicas. El matrimonio permanece desaparecido."

"Las circunstancias fácticas descriptas se desprenden de las constancias del legajo N 138 y de la evaluación efectuada en los casos N 506 y 507 de la sentencia recaída en la causa N 13/84."

154) María del Carmen Judit Artero de Jurkiewicz.

"María del Carmen Judit Artero de Jurkiewicz fue privada ilegalmente de su libertad el día 11 de octubre de 1978, por personal dependiente al Ejército Argentino que la alojó clandestinamente en "El Banco" y "El Olimpo". Desde entonces, se encuentra desaparecida."

"La acusación por estos hechos encuentra sustento en las declaraciones de Enrique Carlos Ghezan e Isabel Fernández Blanco de Ghezan, quienes compartieron su cautiverio en dichos lugares de detención con María del Carmen (fojas 1607 del Legajo 119). Además, convergen en ese sentido, los testimonios brindados por Nora y Patricia Bernal (Legajo 98)."

155) Carlos Alberto Squerri.

"Carlos Alberto Squerri, apodado "Cali", fue privado ilegalmente de su libertad el 11 de octubre de 1978, en las calles Galicia y Nicasio Oroño de esta ciudad en un "operativo" y conducido al "Olimpo" donde permaneció en cautiverio. Aún permanece desaparecido."

"Prueban el hecho, el testimonio de Nilda Valenti Squerri en el Legajo de prueba 345, las constancias de diversas gestiones efectuadas para establecer el paradero de Carlos Alberto y los extractos de las deposiciones de Héctor Daniel Retamar y Enrique Ghezan, obrantes en aquel legajo."

156) y 157) Alfredo Amílcar Troitero y Marta Elvira Tilger.

"Alfredo Amílcar Troitero y Marta Elvira Tilger fueron privados ilegalmente de su libertad el 12 de octubre de 1978, alrededor de las 2:30 horas, desde su domicilio ubicado en el edificio n 128, piso 3, departamento "a" del complejo habitacional Lugano I y II de la Capital Federal. Luego, fueron trasladados al cdc "El Olimpo" y torturados. Continúan desaparecidos (ver testimoniales de fojas n 27.361/2 y n 19.373/5 y constancias que forman el legajo Conadep n 95 junto a las del legajo n 20)." 158) Luis Gerardo Torres.

"Luis Gerardo Torres fue privado ilegalmente de su libertad el día 27 de octubre de 1978, en su domicilio de la calle Pringles 1810 de la localidad de Ezpeleta, Quilmes, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas que dependían operacionalmente del Ejército. Tras su traslado al "Olimpo" en donde permaneció cautivo y fue sometido a torturas físicas, se lo liberó el 10 de noviembre de 1978 en la Avda. Federico Lacroze."

"Los hechos se encuentran probados en orden al testimonio de Torres y de su esposa, María Adelina Rojas, incorporados al legajo de prueba N 125."

159) Horacio Martín Cuartas.

"Horacio Martín Cuartas fue privado ilegalmente de su libertad el día 27 de octubre de 1978, al salir de La Clínica Ceriquil, ubicada en Avellaneda 536 de la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas que dependían operacionalmente del Ejército Argentino, quienes lo trasladaron al "Olimpo" y, en el quinto día de cautiverio, lo liberaron."

"El hecho se encuentra debidamente acreditado en orden al testimonio de Cuartas en el legajo de prueba 266 (fojas 1/4) y a las constancias relativas a las gestiones realizadas por sus familiares para dar con su paradero, todos los cuales arrojaron resultado negativo (fojas 1/4, 7 y 19/22)."

160) Eduardo Alberto Martínez.

"Bajo el número de caso n 339 se tuvo por probado, en la causa n 13/84, que Eduardo Alberto Martínez fue detenido en forma ilegal el 31 de octubre de 1978 en el negocio situado en la Avenida Alvarez Thomas 2420 de esta ciudad y aprisionado en forma clandestina en "El Olimpo". Permanece desaparecido."

161) Susana Alicia Larrubia.

"Susana Alicia Larrubia fue privada ilegalmente de su libertad en el mes de noviembre de 1978 y trasladada al centro clandestino de detención denominado el "Olimpo", donde fue sometida a torturas físicas. Permanece desaparecida."

"Si bien tales sucesos no se tuvieron por comprobados en la causa N 13/84, se han reunido en el legajo n 296 elementos de prueba que cambian el sustrato sobre el que se decidió en aquella oportunidad. En efecto, hemos tenido en cuenta los dichos de Enrique Carlos Ghezan, los de Héctor Daniel Retamar y el informe presentado por Cid de la Paz y González (fojas 9, 10/12 y 13/14 del legajo de prueba N 296 respectivamente), lo cual conforma un cuadro probatorio suficiente para acusar a los imputados por el suceso descripto."

162) Jorge Enrique Robasto.

"El 4 de noviembre de 1978, Jorge Enrique Robasto fue ilegalmente privado de su libertad por un grupo de personas que dependían operacionalmente del Ejército y conducido al "Olimpo", donde fue sometido a tormentos físicos y permaneció en cautiverio clandestino hasta el 22 de diciembre de 1978, fecha en la que recuperó su libertad."

"Los hechos relatados encuentran suficiente sustento en la declaración testimonial de la víctima prestada en el expediente principal, oportunidad en la cual describió con precisión las circunstancias de su detención, cautiverio y liberación e identificó a una serie de represores que operaron en "El Olimpo."

164), 165) y 163) Emilia Smoli de Basile, Ada Cristina Marquat de Basile y Enrique Luis Basile.

"Emilia Smoli de Basile, Ada Cristina Marquat de Basile y Enrique Luis Basile fueron privados en forma ilegal de sus libertades el 10 de noviembre de 1978 y conducidos, en diversas circunstancias, al centro clandestino de detención denominado "El Olimpo"."

"La primera, fue detenida cuando salía del Banco de Neuquén -ubicado en Maipú y ex Cangallo de esta ciudad- por un grupo de personas que dijo pertenecer a la SIDE y conducida al "Olimpo" en donde, bajo tormentos físicos, la interrogaron acerca del paradero de su hijo y la obligaron a concurrir para presenciar el procedimiento de búsqueda."

"Enrique Luis Basile fue aprehendido ilegalmente en la estación "Devoto" del Ferrocarril General San Martín, mientras que su esposa, Ada Cristina Marquat de Basile, en el domicilio conyugal situado en Asunción 3500, 1 piso, departamento 5 de esta ciudad."

"Todos ellos fueron aprisionados clandestinamente en "El Olimpo" y las dos mujeres fueron sometidas a torturas físicas. Emilia Smoli de Basile fue liberada horas después de su detención; su nuera, el 20 de diciembre de ese año, mientras que su hijo Enrique no recuperó su libertad y permanece desaparecido."

"Estos sucesos se tuvieron por probados en la causa N 13/84, bajo los números de casos 343, 341 y 342 respectivamente."

166) Julia Elena Zavala Rodríguez.

"Julia Elena Zavala Rodríguez fue privada ilegalmente de su libertad, el día 21 de noviembre de 1978 por un grupo de personas armadas que vestían de civil, en su domicilio, situado en Aráoz 2438, piso 4 de esta ciudad y conducida al "Olimpo" donde fue sometida a tormentos físicos. Desde entonces, permanece desaparecida."

"El hecho descripto se fundamenta en las constancias agregadas al legajo de la Conadep n 865 y del de prueba n 144. Hemos tenido en cuenta, en especial, la causa N 14.753 del Juzgado de Instrucción N 21 de donde esta incorporado el testimonio del encargado del edificio en donde se llevó a cabo el "procedimiento", Justo Benigno Guelmos. También la n 290/79, que es el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de María Elena, como los testimonios de Oscar Alfredo González y Cid de la Paz, y las certificaciones correspondientes a los dichos de Juan Agustín Guillén, Ghezan, Héctor Daniel Retamar y Daniel Aldo Merialdo."

167) Adolfo Nelson Fontanella.

"El 23 de noviembre de 1978, Adolfo Nelson Fontanella fue detenido ilegalmente en la finca ubicada en Bernardo de Yrigoyen 230 de Moreno, provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente al Ejército Argentino, quienes lo condujeron al "Olimpo", donde permaneció en cautiverio clandestino. Desde entonces permanece desaparecido."

"Tal suceso fue acreditado en la causa N 13/84 bajo el número 347."

168) Gustavo Raúl Blanco.

"Gustavo Raúl Blanco, apodado "Chester", fue privado ilegalmente de su libertad el 24 de noviembre de 1978 en su domicilio situado en Sarmiento 1678 de Caseros, provincia de Buenos Aires, por agentes de seguridad dependientes operacionalmente del Ejército Argentino. Permaneció en "El Olimpo" donde fue sometido a tormentos físicos. Recuperó su libertad el 11 de enero de 1979."

"Tenemos por probados los hechos relatados sobre la base del testimonio de Blanco de fojas 1081/7 del legajo n 359, la declaración de Juan Francisco Sosa de fojas 1392/4, la deposición de Retamar glosada al legajo n 1392/4 y el relato de Juan Agustín Guillén brindado en el marco del legajo N 95."

169) Alfredo Antonio Giorgi.

"El 27 de noviembre de 1978 personal que dependía operacionalmente del Ejército detuvo en forma ilegal a Alfredo Giorgi en su lugar de trabajo, un establecimiento perteneciente al INTI ubicado en Migueles, provincia de Buenos Aires y lo trasladó al "Olimpo" donde permaneció en cautiverio clandestino y fue sometido a tormentos físicos. Desde entonces, permanece desaparecido."

"Las circunstancias que rodearon la detención de Giorgi se tuvieron por probadas en el marco de la causa n 13/84, en el caso n 384."

170) y 171) José Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczick de Poblete.

"José Liborio Poblete, fue privado ilegalmente de su libertad la tarde del 27 de noviembre de 1978, en la zona de Plaza Once de la ciudad de Buenos Aires, trasladado al cdc "El Olimpo" y torturado. Gertrudis Marta Hlaczik, por su parte, fue secuestrada la madrugada del 28 de noviembre de 1978 desde su domicilio, ubicado en la calle San Isidro, entre calle 41 y calle 42, de la localidad de Guernica, provincia de Buenos Aires, conducida al cdc "El Olimpo" y torturados. Ambos permanecen desaparecidos (ver pruebas que forman los legajos n 14, n 16 y n 21; más las declaraciones testimoniales de fojas n 19.373/5 y n 17.291/2)."

172) y 173) Marta Inés Vaccaro de Dería y Hernando Deria.

"En el marco de la causa n 13/84, bajo los números de casos 88 y 89, se tuvo por probado que Marta Inés Vaccaro de Dería -quien se hallaba embarazada- y su marido, Hernando Dería, fueron privados de su libertad en forma ilegal el 28 de noviembre de 1978 en su domicilio, ubicado en San Nicolás 1194 de esta ciudad y trasladados al "Olimpo", donde fueron sometidos a tormentos físicos. Desde entonces, permanecen desaparecidos."

174) Hugo Roberto Merola.

"Hugo Roberto Merola, fue privado ilegalmente de su libertad el 28 de noviembre de 1978, conducido al cdc "El Olimpo" y torturado. El 21 de diciembre del mismo fue liberado (ver declaración testimonial de fojas n 7571/3)."

175) y 176) Jorge Alberto Braiza y Adriana Claudia Trillo de Braiza.

"Jorge Alberto Braiza y Adriana Claudia Trillo de Braiza, fueron privados ilegalmente de su libertad la madrugada del 28 de noviembre de 1978, desde su domicilio de la calle San Nicolás n 1755 de esta ciudad, conducidos al cdc "El Olimpo" y torturados. El 22 de diciembre de 1978, fueron liberados (ver constancias que forman el legajo n 281)."

177) Daniel Retamar.

"Se tuvo por acreditado en la causa n 13/84, en el caso n 349, que el 5 de diciembre de 1978 hombres armados, vestidos de civil y que dependían operacionalmente del Ejército, privaron ilegalmente de su libertad a Héctor Daniel Retamar en su domicilio de Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires. De este modo, fue aprisionado clandestinamente en "El Olimpo", donde lo sometieron a tormentos físicos. Recuperó su libertad el 12 de enero de 1979."

178) y 179) Mónica Evelina Brull de Guillén y Juan Agustín Guillén.

"Mónica Evelina Brull de Guillén fue privada ilegalmente de su libertad el 7 de diciembre de 1978, a las 18:30 hs. en Uriburu y ex Cangallo de esta ciudad y conducida al "Olimpo", donde, bajo tormentos físicos, fue obligada a suministrar su domicilio. En el lugar de detención se la apodaba "la cieguita" por ser no vidente."

"De ese modo, los captores de Mónica detuvieron ilegalmente a Juan Agustín Guillén en su casa ubicada en Adrogué 972 de Villa Domínico, Avellaneda el mismo día y lo condujeron al centro de detención en que se encontraba su mujer, donde también sufrió torturas físicas. Mónica, recuperó su libertad el 21 de diciembre de 1978 y Agustín el 2 de enero de 1979."

"Los hechos descriptos fueron probados en el marco de la causa n 13/84 bajo los casos número 91 y 92."

180) Gilberto Rengel Ponce.

"Gilberto Rengel Ponce fue privado ilegalmente de su libertad por un grupo de diez personas armadas el 7 de diciembre de 1978, en la estación Ciudadela del Ferrocarril General Sarmiento y conducido al "Olimpo" donde lo apodaban "Boli". Allí fue torturado físicamente y recuperó su libertad el 21 de diciembre de 1978."

"Su caso fue sentenciado bajo el n 350 en la causa n 13/84."

181) Ricardo César Poce.

"Ricardo César Poce fue privado ilegalmente de su libertad el 9 de diciembre de 1978 en Ezpeleta, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires por efectivos del Ejército Argentino quienes lo condujeron al centro clandestino de detención "El Olimpo". Desde entonces, permanece desaparecido."

"Estos sucesos se tuvieron por acreditados en el marco de la causa n 13/84, bajo el caso n 263."

Asimismo, el Sr. Agente Fiscal requirió la elevación a juicio con relación al hecho que damnificó a Elsa Martens de Granovsky y Félix Granovsky, quienes según lo expuesto habrían sido "detenidos en forma ilegal el 19 de noviembre de 1976 en su domicilio, ubicado en Medrano 574, 2 "B" de esta ciudad, por un grupo compuesto por aproximadamente veinte personas encapuchadas que dijeron pertenecer a las fuerzas conjuntas, que los trasladó al centro clandestino de detención denominado "El Olimpo" donde Félix fue sometido a torturas físicas. El matrimonio recuperó su libertad diez días después del secuestro, cerca del Hospital Pirovano".

No obstante ello, al tiempo de dictar el auto de elevación a juicio obrante a fojas 1944/2261, el Sr. Juez instructor resolvió que correspondía excluir esos sucesos del marco de imputación, al menos de momento, y adecuar dicha situación respecto de los imputados al artículo 309 de la manda adjetiva, por entender que "fueron secuestrados en noviembre de 1976, momento en el cual el CCDT "Olimpo" al cual se dejó constancia que habrían sido trasladados, no estaba en funcionamiento, para lo cual es preciso mencionar que éste tuvo inicio en agosto de 1978".

"Por otro lado, tampoco los nombrados habrían cumplido cautiverio en el CCDT "Atlético", que sí funcionaba en la fecha citada; al respecto vale tener en cuenta que en la causa nro. 35.769 caratulada "Gómez Salvador, María Elena s/ denuncia" que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3 de Capital Federal, obra agregada el acta correspondiente a una inspección ocular llevada a cabo en el sitio donde funcionó "Garage Azopardo" -CCDT que se encuentra en investigación por parte de este Tribunal- diligencia a la cual asistieron los nombrados, quienes en todo momento manifestaron su convicción acerca de que se trataba del lugar donde cumplieron cautiverio (Legajo nro. 29 "Gómez, Norberto..." del registro de la Cámara del Fuero)".

"De ello se sigue que -pese al requerimiento efectuado por el Sr. Fiscal Federal, Dr. Federico Delgado-, corresponde a esta altura desvincular a los nombrados de su responsabilidad por el cautiverio que habrían sufrido los antes mencionados".

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal -Dr. Federico Delgado-, en sus requisitorias de fojas 855/866 y 1.823/1.834 -en el marco de la causa nro. 1.673, la cual fuera acumulada a las presentes actuaciones-, solicitó la elevación a juicio del citado sumario a fin de debatir la responsabilidad penal que le cabría a los encausados Carlos Alberto Roque Tepedino, Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique José Del Pino y Juan Carlos Avena.

De ese modo, los hechos allí descriptos, los cuales se enumeraran de manera correlativa a los anteriormente citados, consisten en:

182), 183) y 184) Lucila Adela Révora de De Pedro, Eduardo Enrique De Pedro y Carlos Guillermo Fassano.

"El homicidio de Lucila Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, ocurrido el día 11 de octubre de 1978 entre las 14 y 16 horas en la casa ubicada en la calle Belén 335 de la Capital Federal, que se produjo cuando integrantes de las fuerzas de seguridad realizaron un procedimiento ilegal que desencadenó en un enfrentamiento armado que culminó con las muertes de Révora y Fassano. Luego del suceso sólo se conoce que sus cuerpos fueron conducidos al centro clandestino de detención denominado "El Olimpo", que funcionó en la División Automotores de la Policía Federal Argentina ubicado en la calle Lacarra y Ramón Falcón de la Capital Federal".

A su vez, imputó "la privación ilegal de la libertad de Eduardo Enrique De Pedro, menor de tres años de edad al momento del hecho e hijo de Lucila Adela Révora de De Pedro que se desplegó a partir del precedentemente individuado procedimiento ilegal, hasta el 13 de enero de 1979 cuando fue entregado a sus familiares maternos en la ciudad de Mercedes Provincia de Buenos Aires".

En definitiva, el Sr. Fiscal de grado le atribuyó a Samuel Miara, Raúl González, Eduardo Emilio Kalinek, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Roberto Antonio Rosa y Oscar Augusto Isidro Rolón, por sus actuaciones en los Centros Clandestinos de Detención denominados "Atlético", "Banco" y "Olimpo", los hechos identificados del "1 al 181", calificándolos como privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, reiterada en 181 oportunidades de las cuales 103 (casos nros. 1, 3/5, 12, 14/15, 19, 27/28, 31, 33, 35/36, 38, 41/42, 46/49, 54/55, 59, 61/63, 72/89, 91, 93/95, 97/102, 104, 107/110, 112/113, 116/117, 119, 121/125, 128/130, 132/134, 136/141, 143, 145, 150, 152/157, 160/163, 165/169, 172/173 y 177) se ven a su vez agravadas por haber durado más de un mes, conductas que, a su vez, concurren materialmente con el delito de aplicación de tormentos reiterado en 181 ocasiones, debiendo responder los nombrados en carácter de coautores (artículos 45, 55, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal).

A su vez, a Julio Héctor Simón le atribuyó los hechos identificados como "1 a 169" y "172 a 181", los cuales habrían ocurrido en el ámbitos de los Centros Clandestinos de Detención mencionados en el párrafo anterior, entendiendo que el nombrado debe ser responsabilizado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, reiterada en 179 oportunidades de las cuales 103 (casos nros. 1, 3/5, 12, 14/15, 19, 27/28, 31, 33, 35/36, 38, 41/42, 46/49, 54/55, 59, 61/63, 72/89, 91, 93/95, 97/102, 104, 107/110, 112/113, 116/117, 119, 121/125, 128/130, 132/134, 136/141, 143, 145, 150, 152/157, 160/163, 165/169, 172/173 y 177) se ven a su vez agravadas por haber durado más de un mes, conductas que, a su vez, concurren materialmente con el delito de aplicación de tormentos reiterado en 179 ocasiones, debiendo responder el nombrado en carácter de coautor (artículos 45, 55, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal).

Asimismo, y en lo que respecta a Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui, les atribuyó los hechos identificados como "1, 27, 54/55, 59, 61/63, 73/181", por la actividad que llevaron a cabo en los Centros Clandestinos de Detención denominados "Banco" y "Olimpo", entendiendo que los nombrados deben responder como coautores del delito de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, reiterada en 117 oportunidades de las cuales 82 (casos nros. 1, 27, 54/55, 59, 61/63, 73/91, 93/95, 98/102, 104, 107/110, 112/113, 116/117, 119, 121/125, 128/130, 132/134, 136/141, 143, 145, 150, 152/157, 160/163, 165/169, 172/173) se ven, a su vez, agravadas por haber durado más de un mes, conductas que también concurren materialmente con el delito de aplicación de tormentos reiterados en 117 ocasiones, por el que deberán responder los nombrados en carácter de coautores (artículos 45, 55, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal).

En cuanto a la actuación que le cupo a Raúl Antonio Guglielminetti por su desempeño en el Centro Clandestino de Detención denominado "Olimpo", se le achacaron los hechos identificados como "54/55, 63, 73, 75/76, 78, 85, 87, 95, 98/100, 102, 104, 107/110, 121/126, 128/130, 132/134, 136/145, 147/150, 152/181", entendiendo que el nombrado debe responder como coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, reiterada en 75 oportunidades de las cuales 56 (casos nros. 54/55, 63, 73, 75/76, 78, 85, 87, 95, 98/100, 102, 104, 107/110, 121/125, 128/130, 132/134, 136/141, 145, 150, 152/157, 160/163, 165/169, 172/173,177) se ven, a su vez, agravadas por haber durado más de un mes, conductas que, por otra parte, concurren materialmente con el delito de aplicación de tormentos reiterados en 75 ocasiones, debiendo responder el nombrado en carácter de coautor (artículos 45, 55, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal).

En lo atinente al desempeño efectuado por Ricardo Taddei en los Centros Clandestinos de Detención denominados "Atlético", "Banco" y "Olimpo", se le atribuyeron los hechos identificados como "1 al 181", que fueron subsumidos como privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, reiterada en 181 oportunidades de las cuales 100 (casos nros. 1, 3/5, 12, 14/15, 19, 27/28, 31, 33, 35/36, 38, 41/42, 46/49, 54/55, 59, 61/63, 72/80, 82/89, 91, 93/95, 97/102, 104, 107/110, 112/113, 116/117, 119, 121/125, 128/130, 133/134, 136/141, 143, 145, 150, 152, 154/155, 160/163, 165/170, 172/174 y 177) se ven, a su vez, agravadas por haber durado más de un mes, conductas que concurren materialmente con el delito de aplicación de tormentos reiterado en 181 ocasiones, debiendo responder el nombrado en carácter de coautor (artículos 45, 55, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal).

Con relación al encausado Juan Carlos Avena, se le atribuye por su desempeño en los Centros de Detención "Banco" y "Olimpo", los hechos descriptos bajo los n "1, 27, 54/55, 59, 61/63, 73/109, 111/181"", debiendo responder el nombrado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, reiterada en 116 oportunidades de las cuales 81 (casos nros. 1, 27, 54/55, 59, 61/63, 73/91, 93/95, 98/102, 104, 107/109, 112/113, 116/117, 119, 121/125, 128/130, 132/134, 136/141, 143, 145, 150, 152/157, 160/163, 165/169, 172 y 173), se ven agravadas por haber durado más de un mes, conductas que, a su vez, concurren materialmente con el delito de aplicación de tormentos reiterado en 116 ocasiones, que además concursan realmente con los hechos identificados como "182 y 184", los que fueron calificados como homicidio agravado por alevosía en dos oportunidades que concurren en forma real entre sí, por los que también deberá responder en carácter de coautor (artículos 45, 55, 80 inc. 2, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal).

Respecto del encartado Enrique José Del Pino, se le atribuye por su desempeño en los Centros de Detención "Banco" y "Olimpo", los hechos descriptos bajo los n "1, 27, 31, 54/55, 59, 61/63, 73/181", debiendo responder el nombrado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, reiterada en 118 oportunidades de las cuales 84 (casos nros. 1, 27, 31, 54/55, 59, 61/63, 73/80, 82/89, 91, 93/95, 97/102, 104, 107/110, 112/113, 116/117, 119, 121/125, 128/130, 132/134, 136/141, 143, 145, 150, 152, 154/157, 160/163, 165/173 y 177) se ven, a su vez, agravadas por haber durado más de un mes, conductas que también concurren materialmente con el delito de aplicación de tormentos reiterado en 118 ocasiones, que además concursa realmente con los hechos identificados como "182 y 184", los que fueron calificados como homicidio agravado por alevosía en dos oportunidades que concurren en forma real entre sí, por los que también deberá responder en carácter de coautor (artículos 45, 55, 80 inc. 2, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal).

Por último, y en lo que se refiere a las imputaciones que pesan sobre Carlos Alberto Roque Tepedino y Mario Alberto Gomez Arenas, se les atribuyen los hechos identificados como "182 a 184", los cuales habrían sido cometidos por los nombrados en su carácter de Jefe del Batallón de Inteligencia nro. 601 del Ejército Argentino y Segundo Jefe de la Central de Reunión de Información de dicho Batallón, respectivamente. En este sentido, las conductas desplegadas por éstos fueron calificadas como homicidio agravado por alevosía en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí, en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado a su vez por haberse prolongado por mas de un mes, debiendo responder ambos en carácter de coautores (artículos 45, 55, 80 inc. 2, 144 bis inc. 1, 142 inc. 5 en función de la remisión del último párrafo del art. 144 bis todos del Código Penal).

B) De los requerimientos de las partes querellantes:

-A fojas 34.825/34.912, 41.622/41.721, 41.728/41.805, 47.779/47.830 y 58.123/58.137 de la causa nro. 14.216/03, se presentó la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, requiriendo la elevación a juicio de la causa con relación a los imputados Miara, González, Avena, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón, Rosa, Cardozo, Pereyra Apestegui, Guglielminetti, Taddei y Del Pino (fojas 261/348 y 1567/1644 del principal).

- Posteriormente, la Dra. Alcira Elizabeth Ríos, en representación de Clelia Teolinda Deharbe de Fontana y Manuel Goizueta, requirió la elevación a juicio a fojas 34.912/34.918, 41.428/41.475 y 57.780/57.783 de la causa nro. 14.216/03, con relación a los imputados Miara, González, Avena, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón, Rosa, Cardozo, Pereyra Apestegui, Guglielminetti y Taddei (fojas 349/354 y 1267/1314 del principal).

- Luego, obran a fojas 34.992/35.052, 41.155/41.203, 47.024/47.078, 57.698/57.716 y 58.483/58.496 de la causa nro. 14.216/03, los requerimientos de elevación a juicio presentados por la Dra. Carolina Varsky -en alguna de esas ocasiones en conjunto con otros letrados-, en representación de distintos damnificados particulares y del Centro de Estudios Legales y Sociales, con relación a los imputados Miara, González, Avena, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón, Rosa, Cardozo, Pereyra Apestegui, Guglielminetti, Taddei y Del Pino (fojas 355/415, 1218/1266 de los autos principales).

- A continuación, se presentaron los Dres. Guillermo Lorusso (en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos); Liliana Mazea (en representación de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina); Luis Fernández Ageitos (en representación de la Federación de Entidades Gallegas); Elsa Pavón (en representación de la Asociación Anahí); María del Carmen Verdú (en representación de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); Myriam Bregman (en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); Juan Carlos Capurro (en representación del Comité de Acción Jurídica); Verónica Quinteros (en representación de Liberpueblo); Graciela Rosenblum (en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre); Norberto Liwsky (en representación del Comité de Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos); Mirta Mántaras (en representación de los querellantes particulares Antonio Beláustegui, Susana Isabel Diéguez y Julio Eduardo Lareu); y José Ernesto Schulman (en representación del Partido Comunista de la Argentina), quienes a fojas 35.082/35.205 de la causa nro. 14.216/03 requirieron la elevación a juicio con relación a los encartados Miara, González, Avena, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón, Rosa, Cardozo y Pereyra Apestegui (fojas 416/539 de los autos principales).

A la postre, a fojas 36.593/36.745, 36.861/36.964, 41.476/41.621, 41.622/41.727, 41.810/41.923, 47.269/47.395, 47.397/47.514, 58.043/58.082, 58.083/58.122, se presentaron nuevamente Mirta Mántaras, Luciano González Etkin, Elea Peliche, Liliana Mazea, Myriam Bregman, Luis Bonomi, en representación de varias de las partes querellantes mencionadas en el párrafo anterior, requiriendo la elevación a juicio respecto de los nombrados en el párrafo anterior y de Guglielminetti, Taddei y Del Pino (fojas 610/762 y 763/865 del principal).

- A fojas 35.409/35.415 de la causa nro. 14.216/03 obra el requerimiento de elevación a juicio presentado por los Dres. Lucía Tejera y Alvaro Gastón Pierola, en representación de Dominga Bellizzi de Scutari, con relación a los encausados Miara, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón y Rosa (fojas 540/546 del principal).

- Seguidamente, se presentaron los Dres. Mónica González Vivero, Héctor del Valle, Luz Palmás Zaldúa y Gastón Pinto, quienes en representación de Delia Barrera y Ferrando, Rufino Jorge Almeida, Jorge Osvaldo Paladino y Jorge Alberto Allega, requirieron a fojas 35.416/35.477 la elevación a juicio de las actuaciones en relación con los imputados Miara, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón, Rosa, Avena, Cardozo y Pereyra Apestegui (fojas 547/609 del principal).

Luego, la Dra. Mónica González Vivero se presentó, a fojas 41.021/41.107, 47.516/47.552, 57.806/57.818 y 58.138, en algunas de esas oportunidades acompañada por los Dres. Lucía Tejera y Rodolfo Néstor Yanzón, y solicitó nuevamente la elevación de la causa a juicio, añadiendo en su requisitoria a los imputados Guglielminetti, Taddei y Del Pino.

- Por su parte, el Instituto de Relaciones Ecuménicas solicitó a fojas 37.207/37.310, a través de la actuación de sus respectivos letrados, Dres. Liliana Mazea y Jorge Cárdenas Candiotti, la elevación a juicio de la presente causa con relación a los encartados Miara, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón, Rosa, Avena, Cardozo y Pereyra Apestegui (fojas 866/969).

- A su turno, se presentaron las Dras. Claudia Ferrero y Liliana Mazea, en carácter de representantes del querellante Pablo Rieznik, quienes a fojas 37.311/37.414 de la causa nro. 14.216/03 formalizaron el requierimiento de elevación a juicio respecto de Miara, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón y Rosa (fojas 970/1072 del principal).

- Obra a fojas 37.433/37.444 de la causa nro. 14.216/03, el requerimiento de elevación a juicio del Dr. Luciano A. Hazan, en representación de María Eva Deria, con relación a los imputados Miara, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik, Rolón, Simón, Rosa, Avena, Cardozo y Pereyra Apestegui (fojas 1073/1084 de las actuaciones principales).

- Los Dres. Horacio Méndez Carreras y Alberto Ramón Ramírez, en representación de María Esther Biscayart de Tello, solicitaron la elevación de a juicio de la causa a fojas 40.263/40.268 de la causa nro. 14.216/03, con relación al imputado Raúl Antonio Guglielminetti.

- Por otra parte, a fojas 47.192/47.247 de la causa nro. 14.216/03, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a través de la representación de sus letrados, Dres. Luciano Hazan y Alan Iud, requirió la elevación a juicio con relación a los encartados Ricardo Taddei y Enrique José Del Pino.

- Finalmente, y en el marco de la causa nro. 1673, se presentaron a fojas 1807/1819, el Dr. Jacobo Grossman, y su representado el querellante Eduardo Enrique De Pedro, y requirieron la elevación a juicio de la causa con relación a los imputados Juan Carlos Avena y Enrique José Del Pino.

C) De la ampliación de la acusación fiscal en los terminos del artículo 381 del CPPN:

Luego de ello, y ya en el transcurso del juicio oral realizado en estas actuaciones, el Sr. Fiscal de Juicio, Dr. Alejandro Alagia, manifiestó que en el debate se pudieron conocer nuevas circunstancias y más amplia información sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los acusados en los centros de detención "Atlético-Banco-Olimpo", por lo que amplió la acusación en los términos del art. 381 del CPPN, y requirió al Tribunal la intimación a los imputados de que el objeto de la acusación alcanza también la atribución dolosa de los homicidios de cinco jóvenes prisioneros del centro "El Olimpo" entregados por ellos, para ser arrojados vivos al mar, luego de prepararlos y organizar el traslado desde el lugar de detención ilegal.

Al respecto, el Sr. Fiscal refirió que "la prueba producida en el debate, la que se conocía como la nueva introducida en el juicio relativa al destino final de los prisioneros, sacó a la luz, ya sin que pueda caber duda alguna, la vinculación de los secuestros con la organización sistemática de los traslados como comienzo de ejecución del delito de homicidio. Este nexo fáctico, los traslados, vinculan en una relación de continuidad momentos delictivos parciales ligados objetiva y subjetivamente; es decir la trama de conductas realizadas por los acusados contra las víctimas privadas ilegítimamente de su libertad. Existe vinculación objetiva porque la preparación y entrega de prisioneros para su traslado se produce en ocasión del cautiverio y desde el propio campo concentracionario; existe vinvulación subjetivamente, por la intención de los acusados de participación homicida que se monta sobre la de secuestro como factor final, nota distintiva de los delitos continuados. Por consiguiente, consideramos probada, al menos con el estado de sospecha que requiere la norma procesal citada, una relación de continuidad subjetiva de los momentos delictivos parciales y una unidad objetiva espacio-temporal entre los hechos de secuestro, tortura, traslado y homicidio en relación con cinco víctimas identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los hermanos Jesús e Isidoro Peña, Helios Serra Silvera, Cristina Carreño Araya y Santiago Villanueva fueron secuestrados todos de sus casas en la noche, conducidos encapuchados al Campo de Concentración "El Olimpo", allí torturados, encadenados de pies y manos, cegados mediante tabiques, mantenidos en cautiverio durante meses".

Agregó que "todos ellos fueron trasladados el 6 de diciembre de 1978 junto a un contingente más grande de prisioneros, hacia lo que los perpetradores denominaron indistintamente como "destino final", "desaparición permanente" o simplemente como "aniquilamiento". Entre el 16 y 17 de ese mes los cuerpos de estos cinco jóvenes fueron encontrados en las playas del Partido de la Costa, habiéndose probado por el testimonio de los peritos que los cuerpos identificados corresponden a prisioneros del mismo campo de concentración, quienes fueron trasladados juntos y sus cuerpos se encuentran en las playas días después y casi simultáneamente. Donde quiera ponerse el acento, en el nexo subjetivo final o en la ocasión objetiva espacio-temporal, la base fáctica de hechos parciales, secuestro- tortura- traslado- homicidio, está inequívocamente vinculada por la continuidad delictiva prevista en el art. 381 del C.P.P.N.".

En ese sentido, señaló que "la prueba conocida en el debate hasta el momento es concluyente en un único sentido: los homicidios de los hermanos Peña, de Cristina Araya, de Helios Serra Silvera y Santiago Villanueva no es el resultado de hechos anteriores imprevistos, azarosos o de accidentes circunstanciales. El secuestro, la tortura, el cautiverio, el traslado y el posterior homicidio, no son hechos independientes uno de otros. No reconocer vinculación y continuidad en ellos constituiría una grave y grosera arbitrariedad en el juicio interpretativo de la prueba".

Añadió el titular de la acción penal que "las nuevas circunstancias aparecidas en el debate, especialmente las introducidas por el testimonio de Mercedes Salado Puerto y de Patricia Bernardi, pertenecientes ambas al Equipo Argentino de Antropología Forense, demuestran la relación indubitable entre el procedimiento de traslado de un grupo grande de prisioneros del "Olimpo" el día 6 de diciembre de 1978 y la aparición entre los días 16 y 17 de ese mismo mes y año, en las playas del Partido de la Costa, de 15 cadáveres con signos inequívocos de haber sido arrojados al mar. Con sólo mencionar el testimonio escuchado en el debate de Marcelo Daelli, del martes pasado -quien nunca antes había hecho mención a los traslados en la causa-, acerca de las aplicaciones de inyecciones previo al traslado en avión, demuestra que la ejecución final de los prisioneros requería previamente como protocolo del plan criminal atontarlos con drogas para facilitar su eliminación de acuerdo con el plan concreto de los ejecutores. De allí que la pericia forense pudo establecer que las personas fueron arrojadas vivas al mar, determinándose de las actas de defunción, en algunas casos, que la asfixia como causa de fallecimiento. Se probaron graves lesiones óseas, y otras lesiones, como consecuencia de la caída contra el agua y por el estado general de los cuerpos se concluyó que permanecieron en el agua durante varios días".

"Aquella referencia aislada, y sin valoración alguna, acerca de la muerte de estos cinco prisioneros, no puede mantenerse. Ahora conocemos, en forma concluyente y directa, que en cinco casos la continuidad delictiva que se inició con un secuestro concluyó en homicidio".

Por ello, entendió el Dr. Alagia que la continuidad delictiva en los delitos cometidos contra los hermanos Peña, Villanueva, Araya y Serra Silvera, se encuentra acreditada "con la prueba nueva introducida, la conocida y la que siendo conocida en la instrucción pudo ampliarse en el debate", quedando así "demostrado con mucha más evidencia que la que requiere la norma procesal para la ampliación de la acusación, la participación de los acusados en el comienzo de ejecución del momento homicida de los hechos. En el mismo sentido, el conjunto de la prueba demuestra que los traslados para cometer homicidio de los cinco casos por los que se pide la ampliación, son inescindibles de la privación ilegal de la libertad que padecían. Esta vinculación convierte a la pluralidad de conductas en perjuicio de las víctimas en una continuidad delictiva. Esto último, la pluralidad delictiva donde conductas parciales típicas resultan una con otra ligadas subjetiva y objetivamente constituye el presupuesto normativo que habilita la ampliación prevista en el art. 381 del C.P.P.N.".

Por todas estas consideraciones, y los demás argumentos de hecho y de derecho que se encuentran plasmados en el acta de debate de fecha 19 de abril de 2010 (cfr. fojas 7039/7057), solicitó el Sr. Agente Fiscal que se tenga por ampliada la acusación contra todos los imputados del juicio por el delito de homicidio en la forma descripta al comienzo y requirió se dé curso al procedimiento previsto en el art. 381 del CPPN.

Finalmente, y conforme las constancias obrantes en el acta de debate de fecha 3 de mayo del año en curso (ver fojas 7132/7145), los Dres. Fernández, Peliche y Tejera, letrados representante de las querellas unificadas bajo la representación de Carmen Elina Aguiar de Lapacó por un lado, y Delia Barrera y Ferrando, Rufino Jorge Almeida, Jorge Osvaldo Paladino y Jorge Alberto Allega, por el otro, expresaron su adhesión a la ampliación de la acusación efectuada por el Dr. Alagia.

SEGUNDO: DECLARACIONES INDAGATORIAS

En oportunidad de ser indagados ante estos estrados (artículo 378 del Código Procesal Penal de la Nación) todos los encausados hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a declarar, sin que ello implique presunción alguna en su contra. En consecuencia, se dio lectura (conforme lo prevé el segundo párrafo de la norma citada) a las declaraciones que prestaron ante el Sr. Juez instructor.

A fojas 21.047/61, en oportunidad de efectuar su descargo ante el Juzgado instructor el imputado GUILLERMO VÍCTOR CARDOZO manifestó "que se lo acusa de haber participado en operaciones en centros clandestinos de detención denominados Club Atlético, Banco y Olimpo, entre los años 1976 y 1979, que al respecto quiere decir que respecto a los centros denominados Club Atlético y Banco, jamás presté servicios ni concurrí a ninguno de esos lugares. Por noticias periodísticas sé de qué se trataban y de dónde estaban. Se me acusa de haber participado en dichos casos, a partir del mes de agosto de 1978. Al respecto, quiero decir que en el año 1976 presté servicios como integrante del curso de actualización de primer alférez que se suspendió a mediados de ese año y los alumnos regulares fuimos destinados a cumplir servicios en el gobierno nacional de ese entonces, precisamente en la Secretaría de Salud Pública. Estuve dos a tres meses aproximadamente apoyando la intervención del Instituto de Epidemiología de la Ciudad de Mar del Plata, y aproximadamente en el mes de octubre me destinaron a la intervención del neuropsiquiátrico Borda; allí desarrollé tareas administrativas en apoyo a la intervención. A comienzos del año 1977, soy destinado al Destacamento Móvil 1, Campo de Mayo de Gendarmería Nacional, donde se me asigna el cargo de oficial Jefe de Personal e instructor de algunas materias. Durante ese año en una fecha que no recuerdo, tuve la única comisión fuera del asiento de la Unidad; se trató de dar seguridad a una columna militar que transportaba material bélico a la localidad de Esquel, en la Provincia de Chubut, para una unidad militar. Esa comisión estimo que duró de veinte a treinta días; el resto del año, permanecí en actividades dentro de la Unidad. En abril del año 1978 fui destinado como jefe de una Comisión a cargo de cien hombres aproximadamente, al estadio de River Plate donde se desarrollaría el campeonato Mundial de Fútbol de 1978, allí permanecimos hasta el mes de julio de ese mismo año. Reintegrados con todo el personal al asiento del destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, se me otorga la licencia especial de invierno, entre el 30 de julio y el 8 de agosto, según consta en mi legajo personal. Al regreso de mi licencia, me designan como oficial de enlace y debía tomar contactos con el segundo jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Coronel Roualdes, para el cumplimiento de una misión. Quiero dejar constancia de que Destacamento Móvil 1 de Gendarmería Nacional, tenía relación directa con el Cuerpo Uno, porque constituía la reserva estratégica para casos de conflictos con otros países. En la oportunidad en que visité al citado Coronel, me impone la misión de dar seguridad a un lugar de reunión de detenidos, instalado en la Capital Federal en el Barrio de Floresta, creo que en Lacarra y Falcón. Que para tal fin, debía preparar cuarenta hombres y que la misión consistiría estrictamente en dar seguridad a dicho objetivo militar. La seguridad consistía en evitar que desde el exterior se pretendiera realizar alguna maniobra de ataque al objetivo, tanto de actividades subversivas, o de fracciones subversivas, como de otras fuerzas. Al preguntar cuáles serían potencialmente las otras fuerzas que podrían atacar, se me respondió que oportunamente me iban a avisar. Respecto al personal detenido, aclaraba el citado Coronel que los mismos estaban en un período de transición y que iban a recuperar su libertad, por lo cual exigía que el trato a los mismos debía ser absolutamente correcto. Aclaraba además el Coronel que la responsabilidad del manejo de los detenidos era de otras fuerzas que operaban en el lugar y que en el mismo había un Jefe Militar como responsable total del objetivo. Mientras desempeñábamos la actividad, comencé a notar una desmoralización en el personal de la fuerza de Gendarmería. Las causas de desmoralización consistían en que no habían alojamientos adecuados para el personal de Gendarmería, que la comida era precaria, y que el trato que el personal de Gendarmería recibía por parte de los elementos operativos del lugar -quienes gozaban de otros beneficios-, era como de sapo de otro pozo, o como negritos del interior, como ineficaces para realizar la tarea que la situación imponía, les hacían sentir que ni siquiera sabían moverse en la Capital Federal. Estas situaciones el suscripto las informaba a su Jefe de Destacamento en Campo de Mayo, el Comandante Mayor Sidicaro, quien le ordenó que personalmente se presentara al Comando de Cuerpo y realizara allí las gestiones. Me pidieron que sea un poco tolerante, que la misión terminaría pronto, por cuanto antes de fin de año la situación debía estar resuelta, que él personalmente iba a tratar de arreglar estas situaciones que yo planteaba. No obstante la situación siguió así hasta los primeros días del año 1979 en que se ordenó el repliegue del personal de Gendarmería Nacional al destacamento Móvil 1. En cuanto al personal de Gendarmería que cumplía funciones en el citado objetivo, lo hacía en grupos de seis a ocho hombres que se relevaban en turnos de 24 horas, por 48 o 72 horas de descanso. Que durante la permanencia en el objetivo el personal de Gendarmería no intervino, bajo su conocimiento, de ninguna tarea operativa, llámese allanamientos, detenciones, interrogatorios, traslados de personas o materiales ni malos tratos a detenidos."

Asimismo, al momento de ampliar su descargo a fojas 22.563/76 el nombrado se remitió a su presentación efectuada a fojas 22.517/22.528. Así pues, en dicho escrito invocó el haber actuado en cumplimiento estricto de órdenes reglamentarias emanadas de sus superiores, explayándose, además, respecto de directivas y reglamentos militares, y negando categóricamente las imputaciones que se le atribuyen. Finalmente, invocó en su defensa el haber actuado en cumplimiento de un deber, como causa de justificación.

Por último, fue convocado a prestar declaración indagatoria a fojas 20.030/43, 30.677/84, 31.640/47 y 32.267/74, oportunidades en las cuales hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar.

Luego, a fojas 20.600/20.619, prestó declaración indagatoria el encartado RAÚL GONZÁLEZ, quien refirió "[q]ue niego todos los cargos que se me formulan. Soy oficial de comunicaciones tal cual surge de mi legajo, y todos mis destinos son del área de Comunicaciones de la PFA y dicha área no es operativa sino exclusivamente técnicas de mantenimiento de los sistemas de la Policía Federal. Todos mis destinos están en mi legajo, no los recuerdo precisamente pero puedo mencionar División Telefónica, el Departamento de Programación Técnico Administrativo, la Sección Servicios Especiales y Pericias, la División Teletipográfica, la División Laboratorio Electrónico, el Departamento de Sistemas, también estuve en dos Direcciones Generales, una creo que era la Dirección Gral. de Comunicaciones y la otra la Dirección Gral. de Servicios Técnicos. No conozco ningunos de los lugares que se mencionan en los hechos, tomé conocimiento de su existencia por medio de los diarios. En el año 1978 el Área de Comunicaciones de la Policía Federal durante el Mundial de 1978, tuvo a cargo el control que las emisiones de televisión, que no hubiera atentados contra las antenas, etc.; durante dicho período fui comisionado por el Crio. Gral. Alazraki que era el Superintendente de Comunicaciones para controlar todos los sistemas de comunicaciones vinculados con la transmisión del Mundial. En función de ello estuve prestando servicios en ATC, en las centrales telefónicas. Durante el año 1976 estuve en Comunicaciones. Yo, como todos los oficiales de mi área, conocí el Regimiento de Patricios donde funcionaba el Primer Cuerpo de Ejército ya instalaron una central de comunicaciones para contactarse con la Policía Federal: El Área de Equipamiento y Laboratorio Electrónico de la Policía funcionaba en Azopardo 650 donde se proveía de equipamiento a quienes nos ordenaran que no eran solamente policías sino que también se instalaban a móviles militares. Realicé solamente tareas técnicas. Puede ser que como había muchos González en la Policía Federal, alguien me haya confundido con otras personas. Cuando tuve exposición pública por el tema de la causa "Macri", leí en un diario -creo que es "La Prensa"- que yo era Roberto González cuando mi nombre es Raúl González. Por esa época también hubo un comunicado de alguna organización de derechos humanos que decía que yo podría ser el ex-represor Roberto González. Hasta me llegaron a acusar de robarme las manos de Perón, incluso en el año ochenta y pico tenía un subalterno en el Área Comunicaciones Roberto González. En el año 1976 se produjo una migración de tecnología en el Área de Comunicaciones -se compró el sistema Digicom que era el sistema de transmisión de datos desde los patrulleros-, para esa fecha yo estaba bajo las órdenes del Superintendente de Comunicaciones con la terminación del sistema digital, dicha tarea duró un par de años, creo que entre 1974 y 976; con motivo de dicha tarea tuve que viajar por el interior del país ya que había que cambiar los viejos equipos de radio por los nuevos (...) Estoy casi seguro que en 1975 estaba en la Sección Servicios Especiales y Pericias; luego en 1976 asciendo a Subcomisario y fui de Jefe de la Central de Estaciones Bases que es el cerebro de todo el sistema de comunicaciones de la Policía Federal, en tal calidad estuve a cargo de la compra de un grabador ASSMAN para la grabación continua de todas las frecuencias del Comando Radioeléctrico. Creo que en 1978 estuve como Jefe de la Sección

Oral

Servicios Especiales y Pericias que es otra área súper técnica. De nosotros dependían los radiogoneómetros que eran equipos montados en camiones para la detección de interferencias en las comunicaciones radiales. A los efectos de operar dichos equipos que eran tres, había gente destinada a cada uno de ellos, yo estaba a cargo de estas personas. En 1978, con motivo del Mundial, dichos equipos se utilizaron en el control de las interferencias dolosas que podía haber de las comunicaciones tratando de impedirlas; se trataba de rastrear emisiones que trataran de bloquear la salida de la señal de ATC. En el año 1983 estaba a cargo de la División Laboratorio Electrónico que estaba en Azopardo 650 que es la división que mantiene todos los equipos de los móviles que incluye los equipos "handytalkies" Entre Servicios Especiales y Laboratorio Electrónico dependí de la Dirección General de Servicios Técnicos (...) Menos la División de Laboratorio Electrónico, el resto de las dependencias tenían asiento en Av. Belgrano 1.549 quinto y sexto piso. Como dije anteriormente, Laboratorio Electrónico funcionaba en Azopardo 650. En la Central de Estaciones Bases, presté funciones junto a: Inspector Jorge Martino, Inspector o Subinspector Pérez Oficialdegui, Cabo 1 García, un oficial Mingrone. En Servicios Especiales presté funciones junto con: Salvatore, Uballes, Eduardo Butler, Eduardo Piaza, el Jefe del Área era Ismael Ahmed. En la División General de Servicios Técnicos mi jefe era el ya Comisario Mayor Ismael Ahmed (.) Ismael Ahmed estuvo muchos años como Jefe de Departamento Programación Técnico Administrativa que funcionaba en el quinto piso del Departamento Central de Policía; allí funcionaban todas las Secciones que dependían de dicho departamento. En la Central de Estaciones Bases yo fui de Jefe, no recuerdo si dependía del Departamento realizar, creo que fue durante la última presidencia del General Perón; se habían quedado sin comunicaciones en la Delegación y me comisionaron para ir a solucionar el problema que tenían. Federico Covino fue compañero de promoción mía en la Escuela de Cadetes, falleció en acto de servicio; pero nunca presté servicios con él. Respecto del resto de las personas ni las conozco ni presté servicios con ellas". Al ser preguntado respecto de los apodos de personas que están o estuvieron imputados en autos, respondió que "No me suena ninguno de esos apodos (...) Que el único que conozco es El Turco Julián, pero de verlo en la televisión, nunca presté servicios con él. Respecto del resto de los apodos, nunca los escuché nombrar.".

Posteriormente, prestó declaración indagatoria a fojas 22.456/22.473, ocasión en la que ratificó su descargo efectuado por escrito a fojas 22.233, a través del cual se remitió a los argumentos esbozados por el imputado Falcón en su presentación de fecha 28 de septiembre de 2005.

Finalmente, fue convocado a ampliar sus declaraciones indagatorias a fojas 31.344/31.352 y 31.947/31.955, oportunidades en que se negó a declarar.

Por otro lado, el encausado RAÚL ANTONIO GUGLIELMINETTI, a fojas 31.740/55, al momento de realizar su descargo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 expuso que "Me remito a las manifestaciones efectuadas en el día de la fecha en la declaración indagatoria que se me recibiera por los hechos acaecidos en el lugar conocido como "Automotores Orletti". Sin perjuicio de ello quiero agregar que la naturaleza de mi puesto era la distribución de correspondencia en todas las dependencias policiales y de seguridad en toda la Capital y la Provincia de Buenos Aires, que aparte de la correspondencia se llevaban los vales de Nafta, entonces se decía que cuando llegaba Guastavino llegaba Papá Noel porque llegaba con la partida. Creo que ni en tiempo ni en forma pueden darse las circunstancias de que haya participado de semejante barbarie, porque inclusive al edificio de Ramón Falcón y Lacarra, no estaba permitido entrar ni al baño, había que ir al baño de la confitería. Por mis funciones no tenía acceso a los lugares operativos, aparte no me consta que todos los que se mencionan fueran lugares operativos.".

Asimismo, se escuchó en declaración indagatoria al imputado JUAN CARLOS FALCÓN, quien a fojas 20.566/20.584 expresó "que a fines del año 1975 el dicente pasa a cubrir servicios en la Jefatura de Policía Federal en la custodia del Jefe por aquel entonces Gral. Hurguindeguy; que a partir del 24 de marzo de 1976 el Jefe de Policía pasa a ser Ministro del Interior. Que el dicente y otras personas que estaban en Jefatura son transferidos al Ministerio citado, con destino en Comisaría Casa de Gobierno y Comisión Ministerio del Interior, que allí integra uno de los turnos de custodia. Que prestaba servicios exactamente en el Ministerio y que ejercía funciones con personal subalterno y realizaba tareas de protección física del Ministerio del Interior en todos sus desplazamientos. Que allí estuvo hasta que finaliza el mandato el Ministro citado, es decir hasta aproximadamente el año 1982. Atento a ello, quiere decir, que solicita al Juzgado que se verifique en su legajo personal sus destinos en aquella época y en calidad de Oficial Subalterno". Asimismo, dijo que en aquella función tenía un Jefe intermedio ".que era el Subcomisario Guillermo Icelly, que él prestaba funciones en el mismo Ministerio, y que el dicente desarrollaba funciones con diversas personas, que había un personal Cidre, que era hombre, que era de Policía Federal". A su vez, sostuvo que en ocasiones realizaba la custodia del Ministro con otras personas, pero que debido al sistema de francos no había regularidad, siendo que el único que tenía regularidad era el declarante. Asimismo, dijo que por ese entonces el Ministro viajaba por todas las provincias y que él "a veces iba; y que cuando se quedaba acá, cumplía funciones en la parte de custodia de su familia (del Ministro), y que en ese momento seguía prestando funciones en el mismo lugar, es decir en el Ministerio del Interior". Explicó que también cumplió funciones en la Superintendencia de Seguridad Federal, que estuvo allí desde el año 1974 y hasta mediados del año 1975. Luego, y respecto de si alguna vez tuvo algún apodo, dijo "que a partir de lo que fue la causa de Peregrino Fernández, y de la publicación del informe "Nunca Más", allí le pusieron "Kung Fu", pero no sabe ni quién ni cuándo le fue asignado dicho apodo (.) en "aquella época" iba al círculo policial a practicar karate (.) que empezó a hacer karate en los años 70 y que lo relaciona con eso". A su vez, sostuvo que para esa época no tenía ningún apodo y que no realizó ninguna tarea operativa en la "lucha antisubversiva", afirmando que "en el año 74 y parte del 75 que estuvo en Seguridad Federal, estaba en el Departamento Sumarios, que allí había una oficina que era bastante atípica para lo que es confección de sumarios, que quiere decir que su tarea era "enlace" con la SIDE. Que precisamente el tema era que en aquel entonces cuando una persona quería trabajar en el Estado, se mandaban sus datos a la SIDE, que ésta realizaba un chequeo de sus datos ideología etc. y si había algún dato que despejar, se remitía el informe al Departamento Sumarios de Superintendecia Federal, y que allí el dicente tomaba una "exposición". En relación a la llamada "lucha antisubversiva" dijo ". que ellos cumplían órdenes, pero que nunca le ofrecieron ni ordenaron hacer tareas de tal tipo". Además, negó conocer a persona alguna apodada "Kung Fu" y dijo que jamás estuvo en un centro de detención, siendo que para esa época ni siquiera conocía a aquellos que son denominados "Atlético", "Banco" y "Olimpo", de los que tomó conocimiento luego de la publicación del informe "Nunca Más". Consultado con respecto a los nombres y apodos de personas que se encuentran o encontraron imputadas en autos, dijo que "bastante después del año 1980, estuvo en Leyes Especiales de la Superintendencia de Investigaciones, trabajando con Ricardo Valdivia, que en ese momento fue su Jefe, que cuando era Jefe del deponente era Comisario de Policía Federal. Que respecto de las otras personas nombradas, conocía a "Julián" o Simón, que trabajaba en Coordinación Federal, que no tenía un vínculo muy fluido con él. Que con respecto a los otros con los que está en estos momentos detenidos, dijo que en ningún momento compartió con ellos ninguna actividad (.) sólo conoce a Simón, y que no lo conocía por el sobrenombre, que luego de que aparece en televisión, lo asoció con un policía que era el que estaba en Superintendencia de Seguridad Federal". Finalmente, señaló que "tal como se desprende de lo anterior, no ha realizado ninguna actividad relativa a detenciones ilegales (.) que ni siquiera sabía de la existencia de los Grupos de Tareas, que se entera de la existencia de tales grupos, recién cuando está terminando el gobierno militar (.) que no entiende por qué, porque como ha dicho nunca estuvo en un centro de detención y que por eso, nadie lo puede haber visto en tales sitios".

A la postre, a fojas 22.236/22.259, fue convocado nuevamente a prestar declaración, momento en el cual refirió que "ratifico en su integridad el escrito obrante a fojas 22043/59. Que con relación a un nombre que figura en la presentación del escrito, Comisario Juan Eleazar Skaraviuk, me surge una relación con uno de los apodos que me fueron presentados o leídos en mi primer declaración indagatoria. Este sobrenombre es el de Polaco refiriéndose en la indagatoria a la posible existencia de un polaco grande y un polaco chico. En este detalle no hago distinción por cuanto ignoro a qué se está tratando de referir, pero considero que es de interés para la instrucción conocer que el Sr. Skaraviuk fue oficial instructor en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal en oportunidad de cursar el dicente allí el primer y segundo año; este oficial de carácter muy especial por su irascibilidad, difícil de olvidar, era llamado por los cursantes y por algún compañero de tareas, lo cual me consta, Polaco. Como dije no puedo apreciar lo que se dice en la indagatoria, si pudo tratarse de quien se menciona como Polaco Chico o Polaco Grande, pero mi relación de nombre y apodo surge, por la relación que hago en el párrafo del escrito que he presentado. Skaraviuk en aquella época (1965) ostentaba la jerarquía de oficial subinspector y sabido era que había cursado el Liceo Militar, lo que le había permitido afianzar excelentes relaciones con la gente del Ejército. Esto me permite suponer que existe la posibilidad de que Skaraviuk sea o bien Polaco Chico o Polaco Grande, si bien no lo puedo asegurar. En otro orden de cosas, debo decir que durante mi permanencia en el Complejo de Marcos Paz y en conversación coloquial con el Comisario retirado Rosa, coimputado en estas actuaciones, me cuenta que le resultaba difícil entender que estuviera afectado a esta investigación por el sobrenombre <<Kung Fu>> por dos razones; la primera es porque él sabía que el dicente estaba en el Ministerio del Interior con tareas públicas y notorias y prácticamente full time, y la segunda es que el propio Rosa estuvo en el año 1976 y 1977 en la Superintendencia de Seguridad Federal y que conoció un suboficial, cabo o cabo primero, a quien le decían <<Kung Fu>> y que casualmente practicaba artes marciales, estaba asignado al Departamento Sumarios y que su apostura física era similar a la del dicente, pero que no recordaba en ese momento el nombre de ese suboficial. Por lo que le sugerí que si llegaba a recordar este dato me lo suministrara o se lo aportara a la instrucción en forma inmediata. Por otro lado, hago entrega a la instrucción de una copia de una declaración que hiciera María Cristina Torti el 22 de noviembre de 2000 ante el Tribunal de jueces integrados por Víctor Reboredo, Leopoldo Schiffrin y Alberto Ramón Durán, donde resalto con marcador -en la cuarta foja- una pregunta que le hace la Dra. González Vivero, representante de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, a la mencionada Torti y donde expresamente la abogada le dice: <<Kung Fu, Kung Fu era Juan Carlos Falcón, no sabía los nombres usted, usted sólo los sobrenombres>>; con lo que entiendo es una clara inducción a que asocie un sobrenombre con el nombre del dicente. También uno de los denunciantes en esta causa, Delia Barrera y Ferrando, cuando en su declaración hace una descripción de un tal Kung Fu, por los datos que me diera Rosa como dije anteriormente, está describiendo en realidad al suboficial al que yo hice referencia precedentemente. Por último, deseo ampliar el punto en que en la indagatoria se me pregunta cuando a mi me empezaron a nombrar como Kung Fu. Al respecto ratifico que a partir de la aparición en el libro <<Nunca Más>> donde Peregrino Fernández relaciona mi nombre con Kung Fu; esa situación y alguna otra que se deriva del libro, originó que el Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Grieben, por ante la Secretaría del Dr. García Reinoso, investigara el contenido de las denuncias y, en lo que a mí respecta, también me fue preguntado por el sobrenombre. Destaco que en esa causa declararon unas veinte personas incluidas el Ministro del Interior, todo el staff de la Secretaría Policial, amigos del Ministro y allegados; y que por 1984 me fue avisado telefónicamente que el Dr. Grieben había sobreseído la causa, por la falsedad que en forma reiterada el denunciante caprichosamente había ocasionado. A fin de enmarcar este sobrenombre Kung Fu que hoy pudiera parecer un recuerdo de viejos programas de televisión, cuando yo inicio este deporte, allá por 1970 en el Círculo Policial, y debido a la popularidad de la serie de televisión, a todos los que lo practicábamos mientras andábamos por el club nos llamaban así. Con ello quiero decir que fue casi una moda, lo que no deja de preocuparme habida cuenta del uso que se le puede dar con relación a una imputación a mi persona".

Así pues, en su presentación de fojas 22.043/22.059, a la que se remitiera en la declaración mencionada en el párrafo anterior, se explayó respecto de directivas y reglamentos militares, negó categóricamente haber estado en los tres centros de detención mencionados y, por lo demás y para el caso en que efectivamente hubiera estado allí, invocó en su defensa el haber actuado en cumplimiento de un deber, como así también la obediencia debida, como causales de justificación.

Luego, a fojas 32.307/32.316, se le recibió nuevamente declaración en los términos del artículo 294 de la manda adjetiva, ocasión en la que señaló que "... Respecto de estas personas que están como víctimas, quiero decir que no necesito conocer los nombres, porque nunca estuve en un centro de detención ni de servicio ni de visita. Reitero los términos de la primera de las ampliaciones que se me hicieron, deseo recordar que conforme a la investigación que hiciera mi defensa y que se aportó a la causa oportunamente, según tengo entendido, en la época que se investiga existió una persona con el nombre de <<Kung Fu>> que era suboficial de la Policía Federal y que trabajo asignado a la Superintendencia de Seguridad Federal hasta el año 1979. Este suboficial era de nombre Luis Armando Galarce y la descripción física coincidiría con algunas descripciones que leí en las imputaciones. Nunca he conocido a esta persona ni he tenido contacto con esta persona. Entre las averiguaciones que hizo mi defensa, determinó que estuvo en el Departamento Situación Subversiva y según se ha comentado, este suboficial que prestó servicios en los centros de detención por lo que dada la coincidencia de la descripción física que se hace con toda la información que mi defensa ha podido recopilar y sabiéndome totalmente ajeno a esta situación, solicito a la instrucción que se agoten todas las medidas para llegar al esclarecimiento ya que esta situación de detención me perjudica y no tengo dudas que ésta sería la persona que la instrucción trata de localizar".

Por último, también fue convocado a prestar declaración indagatoria a fojas 31.169/31.177, en la que se negó a hacerlo.

En lo que atañe al encausado EUGENIO PEREYRA APESTEGUI, éste prestó declaración indagatoria a fojas 21.091/104, acto en el cual manifestó "que desea hacer un relato de su descargo, pero se niega a que el Tribunal le realice alguna pregunta, a la vez hace saber que desea dictar su declaración. Seguidamente refirió que toma como punto de partida el año 1976 teniendo en cuenta las imputaciones de las cuales tomó conocimiento en el acto. Quiere expresar que en ese período tenía 27 o 28 años de edad, que jerarquía era la de Primer Alférez y que prestaba servicios en el Escuadrón 11 San Ignacio de Gendarmería Nacional Sito en la localidad homónima en la provincia de Misiones y que en el mes de diciembre del año 1975, se dispone su nombramiento como Jefe de la Sección Posadas, con asiento en esa ciudad Capital. Que ese cargo lo ocupó hasta el mes de enero de 1977 y que en ese mes rinde examen de ingreso a la Escuela de inteligencia del Ejército Argentino, habiendo aprobado el mismo, creo que en febrero de 1977, inicio el curso como alumno regular con dedicación exclusiva durante todo el año, hasta diciembre de 1977, mes en que egresa como oficial de inteligencia de Gendarmería. A partir de ese momento inicia su licencia anual presentándome si mal no recuerdo, los primeros días de febrero de 1978 en el nuevo destino, que impuso la superioridad institucional, que era el Destacamento Móvil 1 Campo de Mayo, con asiento en la guarnición del mismo nombre de Gendarmería. En ese destino cumplo las funciones propias asignadas al área inteligencia en materia de asesoramiento a la Jefatura de dicha Unidad, aportando datos actualizados que hacen a los actores de interés, ámbito geográfico y tendencia climatológica que actuaban positiva o negativamente sobre las capacidades de la Unidad. Al mismo tiempo, desarrollaba tareas propias del oficial en guarnición, como por ejemplo servicios de armas, instrucción y todo lo que hace a ceremonial y protocolo. En el mes de abril aproximadamente, recibo la orden de integrar un contingente del Destacamento Móvil 1, que estaba a cargo del Segundo Comandante Cardozo, debía responsabilizarse de la seguridad y protección del estadio River Plate en el Mundial de Fútbol de ese año. La misión se cumplió antes, durante y un tiempo posterior al desarrollo del evento deportivo. Al finalizar el mismo, creo que en julio aproximadamente, usufructúo la licencia de invierno. Al término de la misma, en agosto, me imparten la orden de integrar una fracción que al mando del Segundo Comandante Cardozo iba a cumplir la misión de dar seguridad y protección a un objetivo militar ubicado creo que en Lacarra y Falcón, que era un edificio de automotores de la Policía Federal, o algo así. Que allí funcionaba un lugar de reunión de detenidos. Que me enteré, de que la orden la impartió el Comando del primer Cuerpo del Ejército en virtud de que en el planeamiento militar el Destacamento Móvil 1 Campo de Mayo, constituía la reserva operacional del Cuerpo 1, o sea, para aclararlo, el Destacamento era un elemento orgánico del Primer Cuerpo del Ejército. En el citado objetivo militar, el rol de la Gendarmería Nacional era exclusivamente de dar seguridad y protección a la instalación, en previsión a cualquier tipo de intento de copamiento y/o evasión. En el lugar, co-funcionaban dos fracciones, una dedicada a la seguridad y protección que lo ejecutaba la Gendarmería Nacional y la otra, conformada por personal desconocido al declarante, posiblemente a tareas operativas y manejo y tratamiento de los detenidos. Deseo aclarar que el desmoronamiento del nivel moral del personal de Gendarmería fue preocupante durante ese período por la precariedad generalizada en que se desarrollaba la actividad. Además se trabajaba de civil, y sin la utilización de seudónimos o apodos. Y e1 trato entre personal de Gendarmería era el que estrictamente fijaban los reglamentos. Que durante la permanencia en el objetivo no tuve conocimiento de acciones de secuestros, tormentos, traslados de personas y/o efectos en contra de lo establecido por la ley. Los servicios consistían en guardias de 24 horas por 72 horas de descanso, tiempo que en el corto período en que estuvo el elemento afectado a esa misión, indiscutiblemente no permitía conocer los detalles de la habitualidad en la instalación. Antes de las fiestas de navidad y fin de año de 1978, me tomo la licencia ordinaria y viajo a la provincia de Misiones. A mi regreso, creo que fue a fines de enero o principios de febrero de 1979, hago mi presentación en mi Unidad de origen que es el destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, donde se me comunica que debo cumplimentar el pase a la Jefatura de Región 1, nuevo destino donde permanezco hasta diciembre de ese año para posteriormente trasladarme a la Agrupación 13 Río Negro, de San Carlos de Bariloche. Deseo expresar que ese efímero tiempo de cumplimiento de esta misión que nos ocupa ha causado un terrible perjuicio en mi carrera profesional, esto es todo cuanto tengo que expresar".

Asimismo, al momento de ampliar su descargo a fojas 22.549/22.562 el nombrado se remitió a su presentación efectuada a fojas 22.529/22.562, en la que expuso argumentos similares a los invocados por el imputado Cardozo en su escrito de fojas 22.517/22.528. -

Finalmente, fue convocado a prestar declaración indagatoria a fojas 20.030/43, 30.677/84, 31.640/47 y 32.267/74, oportunidades en las cuales hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar.

A su turno, a fojas 17.213/17.227, fue escuchado el encartado OSCAR AUGUSTO ISIDRO ROLÓN, quien manifestó que "en primer lugar quiere decir que niega terminantemente la responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y le han sido detalladamente explicados. Que desde el año 1975 al año 2003 se desempeñó en la Superintendencia de Seguridad Federal de Policía Federal, que en los años 1976 a 1979 cumplió funciones de análisis y explotación de prensa, que se desempeñaba precisamente en la Dirección General de Inteligencia, que en el año 1976 tenía el cargo de Auxiliar Sexto de Inteligencia, que en trece jerarquías el Auxiliar sexto es la categoría 12 comenzando desde el rango inferior, que con ello quiere hacer notar su baja jerarquía en la dependencia citada. Que la función que tenía era la explotación de prensa que consistía en la lectura de diarios o periódicos sobre factores, es decir: Iglesia, Partidos Políticos, Internacional; que trasmitía el análisis sobre la situación de cada uno de los factores, es decir, que su función era precisamente informar (...) que le informaba a su superior directo, que en ese momento era Tasara, como al Comisario Fioravanti, que no recuerda dentro del departamento qué posición tenían los nombrados, pero que está seguro de que no eran los Directores de la Dirección General". A su vez, dijo que no mantuvo privadas de su libertad a las personas que se le mencionaron y que tampoco les ha aplicado tormentos, negando haber asistido a los centros de detención denominados "Atlético", "Banco" y "Olimpo". Agregó "[q]ue en aquella época conocía sobre la existencia de estos centros de detención de nombre, que había escuchado comentarios sobre estos lugares, pero que nunca asistió a los mismos". Por otra parte, negó ser él a quien apodaban "Soler", señalando que "en esa época leía el Código Penal porque quería ser abogado, pero con esto no está admitiendo que lo llamaran de tal forma (...) que cuando uno ingresa a la Policía, se le asigna un nombre encubierto, para que uno pueda realizar tareas, que con esto quiere decir que se pierde la identidad porque el apellido se pierde, y que su nombre fue Omar Antonio Rolando". Además, dijo que no realizó tareas investigativas respecto de personas que fueran privadas de su libertad por ser consideradas "subversivas", señalando que "nunca participó en tareas de tal naturaleza (...) que su función en la policía no era de "operativo", que le estaba prohibido ello, que sólo realizaba tareas de análisis de documentación (.) que su primer destino de la policía lo tuvo en el año 1975, que ingresó a la repartición en el año 1974". Luego, afirmó haber prestado funciones en el quinto piso de Coordinación Federal trabajaba, entre 1976 y 1979, que por su jerarquía no tenía gente a su cargo. Refirió conocer a Julio Héctor Simón alias "El turco Julián", sin recordar en qué año, negando haber trabajado con el nombrado, dijo "que no recuerda en que piso o sector se desempeñaba él, pero no era el mismo donde lo hacía quien habla. Que también ha conocido en esa época a Juan Antonio del Cerro, que lo conoció porque era integrante del edificio en el cual trabajaba el deponente, que sí recuerda que le decían "Colores" porque era pelirrojo. Reitera que tampoco ha trabajado con el nombrado, y que cree que el nombrado prestaba funciones en Informaciones". Por su parte, manifestó desconocer si en la Superintendencia de Seguridad Federal se alojaban a detenidos ilegales, pues su jerarquía le impedía acceder a ese tipo de información. Declaró desconocer si en los centros de detención que le fueron informados se alojaban a personas detenidas y negó haber presenciado actos de tortura o maltrato. Posteriormente, y en relación a por qué se lo vincula con las detenciones efectuadas en los centros de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo", dijo que "no tiene explicación real, que sus informes en Seguridad Federal los hacía, que trabajaba concientemente sobre la imagen del proceso y la opinión en el ámbito internacional sobre el proceso militar, como toda la información internacional sobre terrorismo y subversión, pero que dicha información era provista por la prensa. Agrega que niega terminantemente los hechos que se le imputan o haber trabajado con las personas mencionadas, es decir, con "El Turco Julián" o con Del Cerro. Agrega que todo lo que ha hecho lo ha hecho por orden de otro, es decir, absolutamente ordenado, debido a su poca jerarquía y a su antigüedad, lo cual lo eximía de grandes responsabilidades, agregando que incluso quien habla no tenía ni firma, que los informes que hacía los elevaba en blanco y que estos eran para circulación interna (...) Quiere agregar que ingresó a la Policía Federal convencido en que su accionar era absolutamente legal y que respondía a una obligación y a una vocación de servicio, consustanciado con los verdaderos ideales que en ese momento consideraba que eran la unión de familia, y en provecho de un bien común, como asimismo el bienestar de la población y los derechos humanos, que debido a su vocación, podría haberlos garantizado. Que esos fueron sus ideales". Finalmente, y respecto de sus características físicas, dijo que en el año 1976 no era rubio, sino que era castaño y que tiene fotos que lo pueden demostrar.

Nuevamente, a fojas 17.342/17.347, fue convocado a ampliar su descargo, manifestando que ". niega totalmente el haber intervenido en los hechos que se le imputan, como el haber estado en alguno de los centros clandestinos de detención que se le mencionaran, a la vez que niega conocer a alguna de las personas que se le nombraran esta vez, como aquellas que se nombraran en su anterior declaración (...) que nunca perteneció a un grupo de tareas". Añadió que ignora si en la mencionada Superintendencia de Seguridad Federal funcionaban Grupos de Tareas y que nunca realizó tareas de investigación en el Colegio de Abogados o en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, y en relación a las afirmaciones vertidas por Juan Antonio del Cerro, con fecha 18 de noviembre de1985, en la causa n 4821 que tramitara ante el Juzgado Federal nro. 6, señaló que "su tarea fue dentro de la Superintendencia de Seguridad Federal, que no sabe qué es una "observación" y que en la citada dependencia siempre realizó la tarea a la cual se refiriera en su anterior declaración. Agrega que también hacía estadísticas de hechos delictivos y que esto era lo que se hacía en el área administrativa en la citada Superintendencia". Por su parte, negó haber realizado tareas investigativas respecto de comunidades cristianas y, además, refirió que jamás usó ni gomina en el cabello, ni nada del estilo, que en aquella época, en alusión a los años entre 1977 y 1979, usaba el pelo tirado para el costado. Por otro lado, negó haberse encontrado con Mónica Evelina Brull de Guillén en un bar de la Av. Cabildo, y que ni siquiera conoce a la nombrada. Asimismo, al ser consultado respecto de los nombres o apodos de personas que se hallan o hallaron imputadas en autos, dijo que conoce de nombre a Guglielminetti, que "lo ha visto en la revista "Gente" publicada en la época del Presidente Alfonsín, pero que no lo conoce personalmente. Que a todos los otros no los conoce ni conoce a Minicucci ni a Ferro". Luego, dijo que nunca se hizo llamar "Capitán Etcheverry", puesto que era un oficial de informaciones de la Policía Federal y que nunca utilizó ningún cargo de otra fuerza ni un seudónimo. En cuanto al alias de "Rolando", dijo que "en la parte en la cual estaba el deponente de Seguridad Federal, que era informaciones, quienes la integraban no poseían poder de detener a personas, ni posibilidad de realizar tareas operativas, y que ignorando los reglamentos internos de seguridad federal que regían al cuerpo de informaciones, se le daba un nombre y apellido a cada uno de los integrantes y que en su caso era como dijo en su anterior declaración. Que dicho cuerpo realizaba tareas administrativas que coadyuvan a la prevención y análisis delictivo, convirtiéndose en muchos casos en auxiliar de la justicia" y negó haber tenido trato con Carlos Guillermo Suárez Mason.

Por último, a fojas 21.807/21.822, 30.701/30.709 y 31.896/31.904, oportunidades en las que también fue convocado, se negó a prestar declaración indagatoria.

A fojas 8.573/8, en oportunidad de efectuar su descargo ante el Juzgado instructor el imputado JULIO HÉCTOR SIMÓN expuso que "en al año 1975 cumplía funciones en Seguridad Federal, realizando tareas administrativas, en ese momento se trabajaba antecedentes ideológicos. En el caso de tratamiento con detenidos los fichaba, buscaba los prontuarios y legajos. Esta tarea la cumplí hasta 1977 aproximadamente. En dicho año comienzo a cumplir tarea en Olimpo, mi función era buscar legajos y prontuarios acorde a un listado que se me entregaba, después me dieron la tarea de superintendencia para el mantenimiento del lugar, es decir buscar detergente, lavandina, resma de papel es decir tareas de intendencia. En una oportunidad un militar de baja jerarquía de quien ignoro el nombre y apodo, me dijo que un detenido le había dicho que era chorro y estaba acá porque en la Comisaría 44 me dijeron que diga que era montonero y que me iban a largar. Este detenido dijo que era ladrón y que no era montonero. Dijo que tenía cinco hechos por delitos, alguno de ellos asalto con homicidio y en ese momento le digo al mayor Minucucci, y este me dice que me lleve a reconocer los lugares de los asaltos y en los mismos no se habían producido ningún hecho delictivo. Luego fuimos a la casa de esta persona y la misma tenía el techo de nylon y lo deje en la casa y cuando vuelvo a Olimpo le digo a Minucucci que lo deje a la casa y este me dijo que no tenía ninguna autoridad para hacer eso y que si volvía a hacer eso me fusilaba. Minucucci me dice que era quinta columna. Pasó una semana y traen detenida a una señora de apellido Nicoli, quien tenía un cargo en Acción Social muy importante. Esta mujer revisaba los cheques que se volcaban a una planilla, chequeaba los pagos que se realizaban. Había cheque por 300.000 dólares que no figuraba en la planilla, esa fue la razón por el cual la mujer aparece con el cartel de montonera en Olimpo. Le digo a Roualdes que esa mujer no era montonera y me volvió a llamar la atención. En otro oportunidad hablé con Rufino Almeida, Claudia Almeida y Hebe Cáceres de la Plata, también intercedí por ellos ya que los mismos sólo realizaban reuniones. A este última la llevé a su domicilio en la ciudad de la Plata. A la Abogada Sara Perpignan intercedí por ella porque no tenía nada que ver con ninguna organización. Pasó el tiempo y alguien le dice a una autoridad del centro que yo estaba picando papeles entre ellos escrituras que habían escondido. Y me dan cuatro o cinca días franco. Cuando vuelvo a Olimpo no había más nada en el lugar. Olimpo estaba en Ramón Falcón y Lacarra". A su vez, dijo que los jefes del centro Olimpo eran "Roualdes", Ferro alias "Landa", y Minucucci". Asimismo, señaló que en Olimpo "[h]abía un cuerpo de inteligencia, que trabajaba en el primer piso a los que nunca les vi las caras. Había personas de otras fuerzas de quienes ignoro el nombre y apellido. Estaba prohibido llamarse por el nombre y apellido verdadero. A las autoridades del centro las visitaban Cacho Feito y Miguel del Pino pero ignoro qué tareas cumplían". En cuanto a los detenidos que pudo ver en Olimpo, sostuvo que "[c]omo ver de noche no mucho porque normalmente yo me tomaba las horas de la tarde para ir a buscar antecedentes y volvía a eso de las 8/9 de la noche, hora en la que había cuatro o cinco personas", añadiendo respecto del estado en que éstos se encontraban que "bien, bien, perfectos, a veces jugábamos con los detenidos al truco, al ping pong", negando haber torturado detenidos pues "nunca jamás, primero porque no era mi área específica, yo hablo de las horas en que estaba yo, fuera de esos horarios no puedo decir qué pasaba tampoco. De la que me olvidé es de la chica PATO de la que no recuero nombre y apellido, de Mar del Plata que tuvo al hijo en la maternidad cerca de la maternidad que está en la calle Caseros, al hijo le puso Julián y están viviendo en Mar del Plata (...) mi tarea específica era por ejemplo a veces me dejaban bolsas de papeles con domicilios, agarraba los papeles, hoja por hoja y pegaba números de teléfonos, direcciones, todo, formaba un legajo y les ponía la dirección, altura o el lugar, eso era lo que hacía, aparte el mantenimiento del pozo y la búsqueda de legajo, no me daba el cuero para más tampoco; obviamente si me veían me veían, lógico, entraba y salía". Luego, expresó que después de Olimpo prestó funciones "en el 1 Cuerpo Ejército en Palermo a órdenes Tte. Cnel Salserini, después fue Coronel que trabajo con Bung &Born en Molinos Río de La Plata, y después tuvo una desinteligencia con un Coronel por lo que va a su lugar de origen, Contrainteligencia de Policía Federal, ello en 1977/1978. En el 1 Cuerpo hacía tareas de ordenanza, de che pibe (...) [en Contra Inteligencia de Policía Federal] hice algunos trabajos por ejemplo seguimientos de funcionarios que estaban por izquierda, en el ilícito, personal policial corrupto, que hacía como se dice en la jerga tranza con el delincuente todo ese tipo de cosas. Que estando con captura cuando estaba vigencia el 1 Cuerpo, trabajé el secuestro de Osvaldo Sivak y trabajé cuando le pusieron al hermano del Presidente del Centro Islámico de la República Argentina debajo del asiento del coche, ese tema también lo trabajé (.) a esa época estaban el Ppal. FERNANDEZ y SANDI". A su turno, dijo que sólo prestó funciones en el centro de detención Olimpo, en ninguno más que ese. Negó haber participado en el secuestro de Mario Lerner y su novia, mas reconoció haber llevado a Jorge Toscano de visita a la casa de un familiar, por orden de Ferro, mientras se encontraba detenido en Olimpo, debido a que era el cumpleaños de su hijo. Dijo no haber tenido relación alguna con Nora Bernal y señaló que ".. .la Sra. CARIDE interrogaba a los detenidos, le daba toda la información al Tte. Cnel LANDA y tenía relación con NELSON salía con el nombrado estando CARIDE en libertad, era ella quien interrogaba a los detenidos. Era detenida, interrogaba a los detenidos y los legajos se los daba al Tte. Cnel FERRO en esa época. Párrafo aparte quiero agregar que en oportunidad que la Sra. CARIDE cuidaba en el Centro OLIMPO a un bebé hijo de POBLETE, ella le dice si le podía hacer el favor que averiguara si había llegado la bebé a la casa de la abuela, le dije bueno, dame el teléfono y después yo salgo y llamo, y una señora mayor le dice que no le habían llevado ninguna criatura. La única persona que sabía que yo estaba averiguando el paradero de la criatura era Susana CARIDE quien va y le dice a LANDA que yo estaba averiguando por la bebé. LANDA me llama y me pregunta si yo estaba averiguando por la bebé, le dije que si y entonces LANDA me dijo que no averigüe más que ya se habían tomado todos los recaudos legales. A los veinte pico de años pasa lo que pasó en el Juzgado del Dr. Cavallo. Es más, este tema de la menor y este tema de LANDA yo tuve mis grandes problemas. Este tema es investigado en el Juzgado Federal n4 en la denominada causa POBLETE y solicito que esto se le haga saber al citado Juzgado (...) Yo no torturé a nadie, no era mi función específica, los cráneos qué se ocupaban de eso eran los jefes de inteligencia que bajaban de día". Por su parte, negó haber interrogado o torturado a Enrique Ghezan, Isabel Fernández Blanco de Ghezan y a Monica Brull de Guillén. Además, remarcó que en Olimpo recibía órdenes "de Minicucci, y si no de Roualdes y si no de Ferro-LANDA, porque ellos firmaban las autorizaciones para retirar por ejemplo jabón en polvo en el 1 Cuerpo, únicamente ellos firmaban, bah, lo que se necesitara; resmas de papel, máquinas, cintas, carbónicos". Consultado respecto de nombres y apodos correspondientes a personas que están o estuvieron imputados en esta investigación, respondió que "Juan DEL CERRO él estaba en el Cuerpo de Inteligencia en Olimpo; Juan C. FALCON a) Kung-Fu: no ese no estaba, no lo conozco; Eduardo CRUZ no, no estaba; Carlos Rolón a) Soler ese estaba en el grupo de inteligencia; Pedro Godoy a) Calculin no, ese no estaba; Samuel Miara tampoco estaba; Eduardo Taddei no, no estaba; Federico Cobani alias) Siri no; Oscar Forese no y Antonio Fioravanti no, ese hombre lo escuché nombrar pero cuando yo estaba en Olimpo ya había fallecido, creo, de cáncer". Así, y con relación a los testigos que dicen haberlo visto en el centro Atlético, dijo "no; obviamente la causa todos sabemos está politizada, ideologizada al máximo, si estos muchachos se juntan si van a decir hagamos una imputación. Atlético, según me dijeron, está en el bajo; después me hicieron aparecer en todos lados todos juntos y al mismo tiempo; en el momento en que salí en televisión ahí fue el acabose de mi vida, conmigo bueno, me quieren buscar a mí, bueno acá estoy, pero con mi familia no". Negó haber realizado detenciones en la vía pública mientras se hallaba cumpliendo funciones en Olimpo, no obstante lo cual aclaró ".el rol lo tenía, la autorización sí si se lo ordenaban, pero yo me ocupaba de las cosas que me habían impuesto, mantenimiento del pozo, suministro de todos los insumos, lavandería, todo eso, por eso estaba obligado a entrar y salir del lugar (...) Después, hay una particularidad, yo he leído muchos informes, hay gente por ejemplo que murió combatiendo en Líbano, en Colombia, Nicaragua, Salvador, y Honduras, Angola, en otro país africano, digamos yo creo que todas esas personas se perdieron en África o en países latinoamericanos, trasladan todos esos a República Argentina, no sé si todas esas personas estuvieron ahí o no [detenidos en los centros], por otro lado, nunca lo vieron a Roualdes, a Minicucci o a Ferro, eso me llama mucho la atención, las indagatorias empiezan con gente de la periferia y si pudieran con gente más abajo, pero no está orientada a la conducción eso es lo que yo no entiendo; ahí no se movía un alfiler si no era ordenado por Roualdes, Landa-Ferro o Minicucci (...) que esto arranca desde Suárez Mason, Harguindeguy, Roualdes LANDA que es FERRO, Minicucci, y todos los oficiales de inteligencia que andaban desperdigados o prácticamente haciendo de control operacional...".

A su vez, el nombrado Simón, al momento de ampliar su declaración indagatoria a fojas 15.891/905 refirió "[q]ue en primer término desea ratificar en un todo y remitirse a la declaración anterior que prestara ante este Tribunal y que en este acto le es exhibida y luce a fojas 8.573/8.578. Que no puede ni quiere agregar nada más a lo dicho respecto de los hechos que se le imputan. Que solamente quiere destacar nuevamente lo vinculado a la jerarquía que revestía al tiempo de los hechos que se le imputan. Que era Cabo 1 o Sargento de la Policía Federal por lo que no tenía ningún poder de decisión".

En distinta oportunidad, el encausado Simón al ampliar su declaración a fojas 21.831/44 expuso que "[h]ace dos meses atrás apareció el Coronel Barrionuevo que tiene un hermano detenido en Marcos Paz y me dijo que todos los procesos los está manejando Horacio Verbitsky alias "El perro" ex Montonero. Este señor tiene cuestiones personales conmigo: porque quería destruir la "Mesa de Reconciliación Nacional" que funcionaba en el Sindicato de los Músicos y esto da por tierra con el CELS con Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. En esa oportunidad se trató que la estructura de guardería de Montoneros era la encargada de sacar a los hijos de terroristas a Europa o Centroamérica. Esta cuenta la llevaba Horacio Verbitsky en el banco de datos que tenía en el Distrito Federal de México. En este banco de datos estaban: los militares que trabajaban para Montoneros, el capital activo de los mismos para funcionar y los contactos políticos que respondían a la estructura de Montoneros. Horacio Verbitsky estructuró un laboratorio para la fabricación de pastillas de cianuro en el Libano y en Argentina que fueron repartidas a los militantes Montoneros por orden de él. Además tenía conexiones con Hamnas, Jibolahh, ETA, Estrella Roja de Italia, Tupamaros. Pero desde España importó a través de ETA termotanques de 110 o 120 litros. En cada uno de ellos venían tres fusiles semi automáticos marca "AKA". Llegaron al país dos containers. A través de Secretaría Técnica de Montoneros bajo la responsabilidad de Horacio Verbitsky fueron armados por Titi Villani ex Montonero explosivos que su usaron en los siguientes atentados: la Super Intendencia de Seguridad Federal (97 muertos), Sección Planeamiento del Ejército (22 muertos), Comando en Jefe del Ejército (20 muertos), atentado a Lambruschini. Por lo expuesto creo que el Presidente del CELS no tiene autoridad moral para hacerme imputaciones. Es más la señora Silvia Torchinsky nunca estuvo secuestrada, lo que tuvo es un juicio revolucionario porque la misma organización la iba a matar y yo la estuve cuidado tres o cuatro meses. Nunca estuvo en el enfrentamiento de la calle Belén, circunstancia que me la comunica el propio Dr. Bonadio cuando estuve en el Juzgado Federal nro. 11. Nunca gravité en ninguna decisión política respecto de algún detenido. Mi ocupación era de logística. Estaba como cualquier otro argentino sometido a las leyes y las disposiciones militares. En esa época nadie escapaba a esa realidad. En cuanto a todo esto digo que la querella no tiene autoridad moral para imputarme ni a mí ni a nadie. Este hecho ya lo denuncié en la Cámara de Casación y está interviniendo el Juzgado Federal nro. 11, donde ya ratifiqué la denuncia formulada...".

Asimismo, fue convocado a prestar declaración indagatoria a fojas 8.140/1, 31.190/7 y 31.958/66, ocasiones en las cuales hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar.

En su oportunidad, se le recibió declaración indagatoria al imputado JUAN CARLOS AVENA, quien a fojas 20.585/20.599 sostuvo que "desea exponer su verdad. Que la acusación de haber estado en un centro de detención la niega totalmente ya que siempre se desempeñó en la institución a la que pertenece y nunca estuvo destinado a ninguna dependencia del Ejército o bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Que como no estuvo mal puede contestar una imputación de desaparición o torturas de personas. Que el único hecho en el que participó es en la calle Belén que fue oportunamente investigado y en el cual se le dictaminó la libertad por falta de mérito. Que a ese procedimiento asistió con un Capitán del Ejército por una requisitoria de emergencia ya que estaba accidentalmente llevando una documentación al Primer Cuerpo de Ejército. Que llevar informes allí era algo que debían cumplir los oficiales y era algo que se hacía quincenalmente. Que se vinculaba a detenidos legales afectados a disposición del PEN. Que esos informes se confeccionaban en la misma oficina donde pertenecía el declarante y eran datos filiatorios, informes de conducta y correspondencia de detenidos en unidades penitenciarias a disposición del PEN (...) que se desempeñó en la Dirección de Inteligencia del SPF que tenía asiento originalmente en la Dirección Nacional -Paso 550- y después se trasladan al edificio de Trelles y Maturín -hoy asiento de la Obra Social- y luego a la calle Varela al 200 en Flores -actual asiento del Servicio-". Asimismo, dijo que nunca perteneció a un grupo de tareas, que fue recién una vez finalizada la dictadura militar que tuvo conocimiento de la existencia de dichos lugares. Luego, sostuvo que entre los años 1976 y 1979 "era Oficial Subalterno de la Dirección de Inteligencia. Que no tenía funciones o cargo asignado por la jerarquía que ostentaba y estructura del servicio. Que cumplía tareas administrativas como ser escribir análisis de informes requeridos, datos relativos a los detenidos por el PEN y en algunos casos, el transporte de la documentación a lugares donde se pedían informes, concretamente en el año 1978 a la Subzona Capital donde los entregaban a una oficina del primer piso del Primer Cuerpo pero sin que lo atendiera o tuviera contacto con un militar específico". A su vez, y respecto de las personas con las que prestó funciones, respondió "que el Jefe del Servicio en 1976 era el Alcaide Mayor Rearte. Que en 1977 el Director del Servicio fue el Alcaide Mayor Neuendorf. Que después trabajaba con otros oficiales como ser: el Principal Olimpio Garay y Roberto Rodríguez. El declarante quiere precisar en este momento que desde que ocurrió el enfrentamiento de la calle Belén ha sido involucrado en hechos en los que no participó ni cometió debido al estado público que adquirió ese episodio, exponiéndolo públicamente con nombre y apellido". A su vez, y respecto de sus funciones, dijo "que sólo cumplió tareas en el Servicio Penitenciario conforme las especificó con la única salvedad del episodio de la calle Belén. Que de hecho cuando responde la emergencia va hacia un enfrentamiento armado desconociendo que podía tener tintes políticos (.) que era pública la dependencia del Ejército pero no conoció la afectación a una actividad concreta vinculada a la lucha antisubversiva (.) que no tuvo nunca apodo. Que sólo recuerda que en la Escuela Penitenciaria pudieron llamarlo afectivamente Cebada, o quizás Centeno o Caballo, por como jugaba al fútbol. Que eso era en la época de estudiante, se lo decían afectivamente y nunca fue un apelativo funcional o nombre de cobertura". Por su parte, negó categóricamente haber estado presente en los centros denominados "Atlético", "Banco" y "Olimpo" y que tuvo conocimiento de la existencia de éstos "a raíz de los años de difusión pública en los gobiernos constitucionales. Que antes de que volviera la democracia no tuvo la menor noticia de ellos". Finalmente, y en cuanto a si prestó funciones o prestó servicios con: Enrique Ferro, Rolando Minicucci, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Arlindo Luna, Samuel Miara, Ricardo Scifo Módica, Gustavo Adolfo Eklund, Jorge Eufemio Uballes, Juan Carlos Gómez, Pedro Santiago Godoy, Roberto Antonio Rosa, Juan Antonio del Cerro, Antonio Fioravantj, Eduardo Cruz, Ricardo Taddei, Miguel del Pino, Juan Carlos Linares, Juan Carlos Falcón, Raúl Antonio Guglielminetti, Horacio Martín Donatti, Luis Rinaldi, Emilio Eduardo Kalinek, Luis Juan Donocik, Raúl González, Oscar Augusto Rolón, Julio Héctor Simón, Federico Covino y Ricardo Valdivia, que "de los nombrados, ayer le presentaron a los policías que fueron detenidos junto al declarante a quienes no conocía de antes (...) que Ferro era el Jefe de Subzona Capital, lugar donde entregaba los informes, era el responsable a quien no conoció en forma personal pero a él estaban dirigidos los informes. Que Miguel Del Pino es el Capitán del Ejército con quien participa en el hecho de la calle Belén, que anteriormente sólo lo conocía de vista de la subzona Capital. Que Covino, según tiene entendido fue un oficial que murió en la calle Belén, de lo cual me enteré por los diarios ya que en el lugar no lo vio porque el declarante apenas llegó fue baleado". Asimismo, negó conocer a los siguientes apodos: "Cobani", "Cura", "Padre", "Clavel", "Alacrán", "Kung Fu", "Quintan", "Cortéz", "Miguel", "Nelson", "El Negro", "Rodilla", "Polaco Chico", "El Gran Fürer", "Montoya", "Dr. K", "Capitán Leo", "Pepona", "Cara de Goma", "Sangre", "Gordo Juan Carlos", "Calculín", "Colores", "Cramer", "Paco", "Angelito", "Baqueta", "Bigote", "Boca", "Cacho", "Candado", "Coco", "Facundo", "Felice", "Foca", "Samy", "Gato", "Gonzalito", "Guastavino", "Guerra", "Japonés", "Mosca", "Nito", "Pajarito", "Pepe", "Bolsa de Mugre", "Sapo", "Siri", "Soler", "Tiro Loco", "Turco Julián" y "Valderrama". Finalmente, negó haber privado de libertad y aplicado tormentos a personas y afirmó que recibió ".heridas (.) en el enfrentamiento de la calle Belén en octubre de 1978. Que recibió un disparo de arma de guerra en el estómago, en la región abdominal, con entrada y salida, teniendo como consecuencia la recesión del intestino delgado en alrededor de 50 cm. Que permaneció casi un mes en el Hospital Churruca y a posteriori se le realizó el cierre de la colostomía producto de la intervención quirúrgica anterior".

A fojas 30.968/30.991, en un nuevo acto de declaración indagatoria, realizó una presentación por escrito a través del cual, entre otras cosas, negó haber efectuado funciones en centros clandestinos de detención y haber participado en interrogatorios.

Posteriormente, a fojas 35.614/35.630, fue escuchado nuevamente en declaración indagatoria, ocasión en la que afirmó que "[y]o quería ampliar mi declaración con respecto a la consecuencia que tuvo la operación producto de la herida de bala que en su momento me ocasionó la internación en el Hospital Churruca. Con motivo de la operación tuve una recesión del intestino delgado de 50 centímetros; estuve aproximadamente un mes internado y como consecuencia de eso durante el proceso de recuperación tuve una infección en la herida lo que produjo que me tuvieran que hacer una limpieza total que se denomina curar de adentro hacia afuera y que consiste en sacar los puntos de la herida y dejar que cicatrice naturalmente, sometiéndome a limpiezas diarias. Estas curaciones se sucedieron durante todo el mes que estuve internado. Durante el transcurso de la internación también tuve una septicemia con temperaturas febriles muy altas. Cuando fui dado de alta, salí con una colostomía que además de la herida propia de ello me imposibilitaba el normal desplazamiento, requiriendo para el desplazamiento el acompañamiento de mi esposa en un vehículo de la Institución. Debo destacar que la colostomía implicaba un régimen de dieta especial que tenía que mantener para que la materia fecal fuera fluida, toda vez que la misma se evacua en forma constante y sin control. Esto requiere que uno deba estar acompañado de alguien para poder cambiarse la bolsa de colostomía constantemente; que dependía de los días, pero era más de una vez por día. Eso lo hacia mi señora. Asimismo, la sensación de olor que sentía hacía que la vida social no fuera normal y tratara de estar aislado. Una vez realizada la operación de cierre de la colostomía, en el mes de febrero 1979, debí seguir manteniendo las indicaciones de cuidado en el desplazamiento y movimiento ya que se me podrían producir eventraciones en la herida. Como detalle puedo destacar que se me prohibió alzar a mi hijo para evitar dichas eventraciones. No podía realizar ningún tipo de actividad, debía permanecer en la cama haciendo reposo. Una vez dado de alta de la operación viajé a la ciudad de Mendoza, a la casa de mi padre a recuperarme. El viaje a Mendoza fue aproximadamente a fines del mes de febrero de 1979 y estuve allí aproximadamente 20 días. Una vez que volví y con asistencia del médico de la obra social del Servicio Penitenciario Federal, Dr. Bertiche del Sanatorio Alberti de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Sociedad Española, en el mes de octubre de 1979, se me practicó una tercera operación a los efectos de la colocación de una placa de marlec, es un material especial para evitar eventraciones y reforzar la pared abdominal, y hacerme una cirugía plástica en la herida. Recién volví al servició a comienzo del año 1980 cuando fui a hacer el curso de oficiales en la Academia Superior del Servicio Penitenciario Federal. Es todo cuanto quería explicar". Agregó que durante todo ese período estuvo de licencia, pues ". estuve imposibilitado de asistir a cumplir servicio; habiéndose realizado el correspondiente trámite administrativo por sumario interno; regreso a cumplir servicio cuando me notifican que por resolución de la Dirección Nacional me tenía que presentar a hacer el curso de oficiales (...) desde que fui herido hasta mi reincorporación en el año 1980 no tuve ningún tipo de actividad (...) la herida la sufrí en un procedimiento en la calle Belén de la Capital Federal el 11 de octubre de 1978. Ese día concurrí a la sede del Primer Cuerpo de Ejército a entregar un informe; cuando me encontraba allí y ante una emergencia, fui requerido por el oficial Del Pino para que lo acompañe a dicha emergencia en la calle Belén y fue allí donde fui herido".

Por otro lado, y en el marco de la causa n 1673 que también se le sigue al encartado Avena por ante ese Tribunal, prestó declaración indagatoria a fojas 71/79, en donde afirmó que "Yo estuve destinado en el Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario, desde el año 78 hasta el mes de octubre del año 1983, en que se me dio el pase a la Escuela del Servicio Penitenciario. Quiero aclarar que durante el año 1980 yo no desarrollé funciones administrativas dado que realice un curso que era obligatorio por una disposición interna para poder ascender, el cual realice en la Escuela Superior de Estudios Penitenciarios (...) En el año 78 yo era estafeta, Oficial Subalterno, llevaba y traía documentación con requerimientos de Subzona Capital a la dependencia de archivos del Servicio Penitenciario de la Dirección Inteligencia. A partir del hecho en el cual fui baleado, fue retirado del servicio prácticamente. En el año 78 estuve treinta días internado en el Hospital Churruca, de ahí salí convaleciente con ano contranatura hasta el año 79, alrededor de febrero o marzo de ese año me operaron nuevamente para efectuar el cierre de colostomía y luego permanecí hasta el mes de octubre que me volvieron a operar, para hacerme cirugía reparadora con aplicación de mayas plásticas para evitar las eventraciones. Es decir, que durante todo el año 79 estuve con esas operaciones y en el año 80 me enviaron a hacer el curso. Luego de ello, me asignaron tareas administrativas leves en el Servicio, hasta que después fui trasladado en el mes de octubre del año 83". Luego, y en lo que respecta al hecho ocurrido el 11 de octubre de 1978, en el domicilio de la calle Belén 335 de esta ciudad, dijo ". quiero aclarar que en el año 83 fui indagado por el Juzgado Federal 4 del Dr. Gilleta, Secretaría del Dr. Binda, nunca supe qué más pasó, pero fue por este hecho. En el año 85 estando destinado fue nuevamente citado por un Juzgado de Instrucción del Dr. Méndez Villafañe, Secretaría a cargo de una mujer de apellido Marin o Martin, por el mismo hecho, me tomaron declaración testimonial y en el mismo momento se me informó que se convertía en declaración indagatoria, habiendo efectuado el Tribunal una rueda de reconocimiento, tampoco nunca me volvieron a citar y me reintegré a mi destino natural. Ahora bien, los motivos por los cuales yo estuve presente en el hecho que se investiga, se cristalizaron en razón de que ése día me encontraba en la Sede de la Subzona Capital habiendo llevado y retirado documentación, estando allí se hace público un hecho de enfrentamiento armado, razón por la cual me encuentro con el Capitán del Pino que se dirigía a esa zona y en razón de que yo también, por destino del Servicio, que quedaba en la zona de Flores, lo acompaño. Cuando llegamos al lugar había gran conmoción de gente y se escuchaban disparos, no puedo precisar como fue la cosa, pero entre el bullicio y los griteríos es que había problemas porque había personal armado en el interior, que era donde se estaba desarrollando el enfrentamiento. Bueno, fue así que ingreso por un pasillo, que al final es una "L", al girar siento el impacto en el estomago, un ardor y me doy vuelta y salgo corriendo, no pude usar mi arma ni nada. Alcanzo a llegar a la vereda y ahí me caigo y me arrastran, a partir de ahí no recuerdo nada, porque debo haber perdido el conocimiento, cuando me despierto estaba en el Hospital Churruca (...) Yo al Principal Covino lo conocía de vista de la Subzona, porque el personal no se identificaba, no tenía un trato directo. Lo mismo con el Capitán del Pino, que lo conocía del lugar. Lo que ocurrió, es que yo tomé conocimiento por manifestaciones de mi esposa que habían salido los hechos en el diario al día siguiente, en las cuales se nombraba a un oficial de policía muerto y un capitán del Ejército herido, nada más, porque yo el día siguiente u otro, vino personal policial que me hizo firmar unas actuaciones". Posteriormente, negó conocer el apodo "Siri" y, con relación al apodo "Centeno", señaló que "Alguna vez me dijeron Centeno a mí, Caballo también, Cevada, eran cargadas de los compañeros. Cuando yo fui instructor en la escuela me decían Caballo y durante el año 73 o 74, me decía Centeno un Jefe Administrativo, cargándome y que curiosamente tenía por apellido 'Centeno'". También dijo no recordar si el personal que intervino en el hecho de la calle Belén pertenecía a las fuerzas conjuntas, aunque si afirmó que eran muchas personas las que intervinieron. Asimismo, explicó que no le consta que existieran los lugares de reunión de detenidos, más allá de lo que hicieron público los diarios y la televisión. En cuanto a la referencia que hizo anteriormente a la "Subzona", manifestó que "Yo no puedo precisar la estructura militar de eso, pero en la Subzona o zona, habían dos personas que eran las voces cantantes de todo, que eran Coroneles Rogualdes o Roaldes y el otro Ferro. Yo no tenía acceso a ellos por mi cargo, pero sí estaba en conocimiento de que eran ellos los que estaban a cargo". A la postre, y con relación a los apodos de personas que están o estuvieron imputadas en la causa, sostuvo que "[r]especto de Julián o Turco Julián, es un personaje que estuvo relacionado con algo que pidió el Juzgado Federal N4 del Dr. Cavallo, pero no lo conozco. Colores, sé que salió durante estos días por los diarios". A su turno, requerido que fue para que explique en qué orden y con quién fue que ingresó al pasillo que permitía el acceso a la vivienda de la calle Belén 335 de esta ciudad, respondió que "[y]o no recuerdo exactamente, creo que fue con el oficial del Ejército que fue conmigo, Del Pino, sólo nosotros dos ingresamos en ese momento, pero ya había otra gente. No recuerdo exactamente cómo fue, ya dije que perdí el conocimiento (...) nosotros llegamos en coche hasta el lugar (...) Eran muchas personas [que estaban en el lugar llevando adelante dicho operativo], pero no puedo precisar cantidad. Se veía mucha gente afuera y en los techos". En cuanto a por qué participó junto a Del Pino en el enfrentamiento de la calle Belén, dijo que "Yo entro con él, no por la ascendencia, sino para prestar ayuda a la gente que estaba adentro, por ser un oficial de seguridad en definitiva". A su vez, refirió que el envío de correspondencia entre el Servicio Penitenciario Federal y la Subzona Capital era realizada por un oficial puesto que era información clasificada, confidencial y eran órdenes de Servicio y, en cuanto a la información que se recibía, dijo que no era relativa a la lucha contra la subversión, sino que guardaba relación con detenidos que estaban en cárceles a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, y al ser consultado por nombres de distintas personas, respondió que "no, a ninguno de los nombrados conozco. Recuerdo un tal Cendon que fue agente del Servicio, pero era un delincuente y lo echaron, estuvo detenido, no recuerdo" y, añadió "Si, deseo aclarar que yo no estuve en ningún centro de detención clandestino o como se les decía LRD".

Por último, fue nuevamente convocado en tres oportunidades a ampliar sus dichos en los términos del artículo 294 del ritual, ocasiones en las que se negó a declarar (fojas 30.634/30.640 y 32.284/32.291, ambas de la causa n 1668 y fojas 1.632/1.640 del expediente n 1673).

Por su parte, y en lo que respecta al encausado LUIS JUAN DONOCIK, éste fue citado a prestar declaración indagatoria a fojas 20.620/20.638, ocasión en la que efectuó el siguiente descargo: "[q]ue desde 1974 al 1975 trabajó en la delegación Rosario de la Policía Federal, como oficial subalterno. Luego de esa fecha le salió el pase al Departamento Sumario de Seguridad Federal, desempañando allí tareas administrativas. Luego pasó a la parte Ferroviaria y después a la Comisaría 48 de la Capital Federal". En relación con su desempeño entre los años 1976 y 1979, dijo "que estaría entre Seguridad Federal y Ferroviaria. Que en el departamento de Sumarios cumplía tareas administrativas, que era oficial de guardia y tenía la jerarquía de inspector (.) que se ocupaba del ingreso de oficios judiciales, ingreso de detenidos y el control en el piso del presentismo de personal". Agregó que sus tareas las desempeñaba en el segundo piso y no pudo recordar quiénes eran sus compañeros de trabajo en Seguridad Federal y en Ferroviaria, en virtud del tiempo transcurrido, pero que su superior jerárquico cree que era el Comisario Inspector Castillo, no obstante lo cual señaló que más allá del jefe formal, había otros jefes de departamento, quienes le podían dar órdenes, pero que no recuerda sus nombres. Expresó que no realizó ningún tipo de funciones en la "lucha antisubversiva", ya que no salía a la calle, por cuanto ese no era un departamento operativo sino administrativo, y que en ningún momento le ordenaron realizar ese tipo de tareas. Luego, dijo que no tiene apodos y que jamás lo apodaron "Polaco Chico", que no sabe porque en testimonios lo identifican con ese apodo ya que ".que de chico no tiene nada (...) que puede ser porque sus padres son polacos, o por su apellido" y que no conoce a persona alguna que sea identificada con tal seudónimo. A su vez, negó haber estado alguna vez en los centros de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo", añadiendo que "desconocía la existencia de esos centros clandestinos. Que el de Lacarra vio que estaba cerrado porque su madre vive por allí, que no sabía que era un centro clandestino, que vio que el lugar estaba clausurado (...) que lo supo por los medios periodísticos, con su descubrimiento no recordando cuándo fue esto. Que los polacos ya sufrieron bastante con los campos de concentración (...) supo lo que salió en los medios pero que no supo quiénes se desempañaban ni quiénes lo comandaban". Al ser consultado por nombres o apodos de personas que se encuentran o encontraron imputadas en la causa, sostuvo que "a Simón lo veía en el Departamento de Sumarios, que no sabe que funciones cumplía ni si tenía algún apodo. Que conoció también a Miara que trabajaba también en el edificio, en ese período. Que no se daban piso con piso, que cada uno hacía su labor". Finalmente, negó haber privado ilegalmente de la libertad y/o haberle aplicado tormentos a personas, por cuanto eso es ilegal.

Posteriormente, prestó declaración indagatoria a fojas 22.474/22.491, ocasión en la que ratificó su descargo efectuado por escrito a fojas 22.234, a través del cual se remitió a los argumentos esbozados por el imputado Falcón en su presentación de fecha 28 de septiembre de 2005. No obstante ello, en este nuevo acto de defensa material agregó que ". al trabajar en el Departamento de Sumarios en el año 1977 -casi todo el año- conocí a un suboficial de apellido Jabornik el que se desempeñaba en ese mismo piso y al cual muchos lo apodaban "El Polaco Chico". Esta persona trabajaba en el Departamento de Seguridad Federal, lugar en el cual cumplía tareas administrativas y luego fue trasladado a la Guardia Prevención que se encuentra en la Planta Baja del edificio -Departamento Central de Policía-. Ese fue el único contacto que tuve con él, cuando pasó a la Guardia de Prevención no tuve más contacto en él (.) que desconozco cuáles eran las funciones reales que cumplía esta persona (.) Había dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, yo lo veía por la mañana ya que estábamos en el mismo turno. Lo veía muy de vez en cuando, ya que estábamos en oficinas diferentes y el piso en el cual trabajábamos era muy grande; asimismo, trabajábamos a puertas cerradas (.) Era una persona un poco más bajo que yo -aproximadamente 1,70 ó 1,75 mts., con un corte de cara rectangular, con pelo ondulado de color castaño, no muy largo -casi reglamentario-".

En último lugar, a fojas 30.710/717, 31.178/31.186 y 31.906/914, se negó a prestar declaración indagatoria.

EDUARDO EMILIO KALINEC, a fojas 21.014/21.031, se explayó en declaración indagatoria, afirmando que "...en el año 1976 era oficial ayudante en el Departamento Sumarios, que trabajó activamente en causas, que después tuvo que ir a declarar al Consejo de Guerra Estable 1/1 en el Regimiento I de Patricios, por el secuestro del presidente de Fiat que el principal imputado era Ricardo Viera, que pertenecía al ERP. Que estuvo dentro del edificio de Seguridad Federal cuando explotó, que estaba adentro, en el segundo piso. Que participó activamente del traslado de los heridos al Hospital Churruca. Que también estuvo en la investigación del Subcomisario Ovide, que también era miembro del ERP y había brindado información sobre las medidas de seguridad del Departamento Central de Policía, entre otras. Que sabe que se practicaron otras detenciones pero que no puede individualizarlas. Que desde marzo hasta agosto de 1976 de 7:45 a 12:45 hs de lunes a viernes, hizo el curso de inteligencia en la Escuela de Informaciones, en Urquiza y Venezuela. Pero que no lo terminó porque a fines de julio llegó la orden del Superintendente de desafectarlos del curso, porque tenían que dedicarse mayor cantidad horaria a la labor específica. Que en esa época había atentados contra personas y edificios todos los días. En las horas francas ejercía custodia como policía adicional a ejecutivos de la empresa Ascensores Otis, entre ellos al Gerente de Personal llamado Roberto Cubisino que vivía en Ramos Mejía, el Sr. Vázquez que era el presidente de Finanzas. Que a partir de principios de 1977 hasta mediados de junio de 1978 del subgerente general llamado Michel Glaser. Que se cruzaban con los hijos de Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán en el colegio. Que durante 1977 su destino policial fue Despacho General. Durante 1978 el Departamento Asuntos Subversivos. Que en el 78 estuvo afectado desde marzo hasta mediados de año, después del mundial al Ente del Mundial 78. Que en esa época hubo centenares de allanamientos. Que debe haber en cancillería documentos, porque hubo un supuesto plan para atentar contra la Casa de Gobierno. Que después estuvo afectado, durante la segunda mitad del 78, en la ubicación y aprehensión de varios camaradas por el secuestro extorsivo del presidente de Hierromat, de apellido Dios. Que el único que quedó prófugo fue un Inspector retirado de apellido Barbieri. Que entre los detenidos estuvo el suboficial escribiente Luis Martínez. Que por consejo de su defensor oficial se va abstener de profundizar hasta conocer pormenorizadamente los cargos y pruebas que obran en su contra. Que quiere hacer constar que se retiró con casi 34 años de servicio ininterrumpido durante los cuales jamás fue sancionado ni investigado ni administrativa no judicialmente por su desempeño profesional...".

Al ampliar su declaración indagatoria a fojas 22.104/22.138, manifestó que "deseo aportar en concepto de tres fojas constancias del sitio Nuncamás.org donde figuro a fojas 3 como integrante del Servicio Penitenciario Federal y no poseo legajo en la CONADEP. Idéntica documentación en concepto de 2 fojas del sitio oficial de la Asociación de ex-detenidos desaparecidos donde con mi nombre y apellido figura como principal del SPF, yo era Ayudante de la PFA. Por último en concepto de nueve fojas del sitio lafogata.org una nómina parcial de represores donde a fojas 8 y con el número de orden 1097 figuro con el apodo Dr. K, SPF, principal. Asimismo una fotocopia de la página 10 del periódico Página 12 de su edición del 9 de diciembre de 1998 donde surgen en un artículo suscripto por la periodista Victoria Ginzberg que fui sindicado como el tal Dr. K por algunos ex detenidos desaparecidos entre ellos Mario Villani, Delia Barrera y Jorge Allega. En el texto se aclara que el nombre y el apodo del declarante fueron asociados por presuntas declaraciones, dado que nunca las pude encontrar ni verificar, del ex suboficial Luis Martínez a quien, quien declara, participó en procedimientos para su aprehensión en ocasión del secuestro del entonces presidente de Hierromat en el año 1978. A mediados de la década del ochenta Martínez junto con un agente de inteligencia Juan Antonio Del Cerro -según el artículo- fueron detenidos en Suiza por el secuestro del empresario Combal y a cambio de indulgencia habría revelado a las organizaciones defensoras de derechos humanos, nombres de supuestos represores no identificados. Del texto del artículo se infiere "el Dr. K pasó del Pozo de Banfield a la Federal" aludiendo una presunta pertenencia a un lugar o fuerza y cambio o ingreso a la Policía Federal. Que de la transcripción, hecha llegar por el defensor oficial, de la declaración de Mario Villani no consta mención alguna hacia mi persona ni hacia el apodo. Lo mismo ocurre con la declaración de Jorge Alberto Allega. En cuanto a la de Delia Barrera y Ferrando, obtenida de internet, a fojas 3 menciona al guardia Dr. K como quien le diagnosticó fisura de costillas. Hago constar que jamás hice curso ni de primeros auxilios como para aventurar ni siquiera suponer ese tipo de diagnóstico ni jamás me desempeñé ni como guardia ni como enfermero, reiterando que a la fecha de la investigación (1976) yo revistaba con el primer grado, Ayudante, en la escala jerárquica, habiendo ascendido a Subinspector en el año 1977, razón por la cual sería utópico suponer que con tan escasa antigüedad de servicio pudiera desempeñarme como jefe de una guardia, de un servicio, de una sección o de cualquier dependencia de suborden que no fuera la dotación de un patrullero. Deseo aclarar por último que en al año 1985 y luego de una rigurosa selección fui designado para integrar la comitiva presidencial con el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, a la República del Perú, misión que duró alrededor de diez días y que el pasaporte oficial que aún conservo en mi poder me fue entregado en mano junto a otros nueve oficiales también seleccionados, por el entonces jefe de la casa militar, Yago Luis De Grazia...".

Asimismo, a fojas 31.084/31.111, oportunidad en la que fue convocado nuevamente a prestar declaración indagatoria, refirió que "Acompaño un escrito que forma parte de la declaración en descargo de los hechos que se me imputaron en la declaración del 11 de julio, adjuntando asimismo la documentación que en dicho escrito se menciona. Con relación a los tres nuevos casos que se me ponen en conocimiento en este momento según escuché que fueron casos en la causa 13/84 por lo que quiero aclarar que en esa causa nunca fui mencionado como tampoco en la CONADEP como jamás tuve citaciones de ningún Juez, ni Fiscal, ni Comisión. Que con respecto a los casos nuevos quiero aclarar que para los meses de julio y septiembre de 1978 estaba afectado al dispositivo EAM 78 (Ente Autárquico Mundial), que esto figura en mi legajo personal. Con motivo de mi actuación recibí un diploma de honor al mérito, según consta en la fojas 56 de mi legajo. No conozco a esas personas ni las sentí nombrar, como tampoco participé en el hecho investigado". Negó haber estado en los centros de detención denominados "Atlético", "Banco" y "Olimpo" y dijo: "los sentí nombrar cuando estaba en actividad, a finales de la década del setenta (...) estando afectado al EAM 78 había integrantes de otras fuerzas, yo estaba destacado en el estadio del Club Vélez Sarsfield y se hablaba de que había lugares de detención que estaban fuera de la estructura policial y dependían del comando militar de la zona". Dijo no saber si eran habituales este tipo de lugares de detención por fuera de la estructura normal y que no ha conocido a nadie que se haya desempeñado en ellos. Al ser preguntado respecto de los apodos y nombres de personas que están o estuvieron imputados en autos, respondió que "Simón si, trabajaba en el edificio, recuerdo haberlo visto en el año 1975, trabajábamos en distintos pisos, me lo cruzaba eventualmente en Moreno 1417; Avena lo conocí en el Hospital Churruca a fines del 78, antes de irme a Córdoba, me lo presentó un amigo común que estaba internado; a Del Cerro nunca lo conocí, lo sentí nombrar pero nunca tuve trato con él; Enrique Del Pino no lo conozco; a Luis Martínez fui uno de los oficiales comisionado para detenerlo a fines de 1978 porque integraba un grupo de delincuentes que secuestró al presidente de Hierromat, de apellido Dios, yo no detuve a Luis Martínez, yo detuve al Inspector Walter Martínez, para realizar esta tarea fui desafectado momentáneamente de mis labores junto con otro personal, para evitar la fuga, esta desafectación se produjo luego de terminado el Mundial pero continuaba el Dispositivo al que me reintegré tres o cuatro días después; años después lo tuve detenido cuando lo extraditaron de Suiza por el secuestro de Combal, ahí lo tuve detenido en la División Sustracción de Automotores donde yo revistaba, esto en 1989, a propósito de la detención de Martínez por lo de Hierromat se labraron sumarios judiciales; a Víctor Cardozo y Pereyra Apestegui no los conozco; a Donocick en el año 1976 los dos nos desempeñamos en la oficina judicial del Departamento de Sumarios, el como Inspector y yo como Oficial Ayudante, en el período de marzo a diciembre de ese año; a Falcón lo conocí ahora en Marcos Paz; a Rolón lo conozco de vista, estaba en Delitos Federales, ahora está en Marcos Paz; Samuel Miara fue mi instructor en la escuela de cadetes de diciembre de 1973 a marzo de 1974, fue un curso de tres meses que nos dieron a toda la promoción; a Taddei no lo conozco; Scifo Módica también estuvo en Sumarios en el año 1976 llevaba ficheros en la Mesa 2; a Raúl González en el año 1976 en un procedimiento en la calle Guardia Vieja o Yatay, en el lugar donde funcionaba Radio Liberación vinieron técnicos de Comunicaciones y ahí me lo presentaron, esta fue la única vez que trabajamos juntos, él vino como perito; a Eklund lo conocí en el año 2003 porque yo era secretario del Consejo de Disciplina para Oficiales Superiores y Jefes y le tomé una declaración en una actuación administrativa vinculada al Círculo Policial; Uballes creo que era de Comunicaciones, lo debo haber visto dos o tres veces cuando estábamos refaccionando el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal; a Méndez no lo conozco (.) Colores por la exposición mediática a Del Cerro, desde el año 1985; Turco Julián por la exposición mediática que tuvo se que es del Sargento Simón (...) Simón en 1975 estaba en otro piso de la Superintendencia, pero después no sé; Del Cerro no sé; Martínez estuvo un tiempo en el segundo piso, en el servicio externo, trabajo de calle, pero no se los horarios, esto en 1976; Donocick en 1976 fue compañero mío de oficina, luego no sé; Rolón estaba en Delitos Federales en 1976 y algunas veces lo vi en 1977 cuando yo estaba a cargo de la refacción del casino; Miara en 1974 fue mi instructor, creo haberlo cruzado alguna vez en la Planta Baja del Edificio pero no se si estaba trabajando o iba de visita; Taddei no sé; Scifo Módica estuvimos juntos en el 76 después no lo volví a ver hasta fines de 2004 en que me lo crucé en la calle; Raúl González trabajaba en la Superintendencia de Comunicaciones, no se ni en qué dependencia; Eklund no sé; Uballes sé que era de comunicaciones pero nada más". En cuanto a sus funciones, dijo "en 1976 en el Departamento Sumarios en la Oficina Judicial, diligenciaba oficios, citaciones y tomaba declaraciones, en el 77 no, y en el 78 estuve en el dispositivo de prevención de atentados en el EAM que consistía o en la vigilancia de las instalaciones, o en la custodia de material electrónico o de personalidades que concurrían a la supervisión de las obras; desde noviembre de 1978 hasta diciembre de 1980 estuve en Córdoba, donde cumplí tareas exclusivamente administrativas (...) la prevención de actuaciones que se elevaban a algún Juzgado Federal o al Consejo de Guerra Estable 1/1". En cuanto a haber realizado las llamadas "tareas de calle", dijo: "Fueron muy pocas, una de ellas fue vinculada al secuestro del presidente de Fiat, que hubo varios detenidos. Creo que me referí a esto en mi declaración del año pasado. Uno de los detenidos era de apellido Viera. Y tuve que ir a declarar ante el Consejo de Guerra varias veces...".

A su vez, en el escrito presentado al recibírsele la declaración indagatoria mencionada en el párrafo anterior y respecto del cual solicitó se tome como parte integrante de aquélla, entre otras cosas, negó haber efectuado funciones en centros clandestinos de detención y haber participado en interrogatorios.

Luego de ello, a fojas 31.595/31.603 y 31.978/31.986, realizó dos nuevas ampliaciones de sus dichos, remitiéndose a lo anteriormente declarado y, agregando, que para julio de 1978 estaba afectado al dispositivo de seguridad mundialista Vélez Sarsfield, aclarando que cuando hizo referencia anteriormente al término tareas de calle, éstas se circunscribían a la órbita del fuero federal o cuando dichos magistrados declinaban su competencia en favor del Consejo de Guerra Estable. Asimismo, también relató que para fines del mes de noviembre de 1978 estaba en la Provincia de Córdoba, viviendo con su grupo familiar y trabajando en la Zona III, ubicada en la Delegación Córdoba, sita en Hipólito Yrigoyen 493 y que estuvo allí hasta fines de 1980, cuando fue destinado a la Comisaría 44 en esta ciudad. A su vez, dijo que con relación a los hechos de 1977, su destino estaba en el Departamento Despacho General y que su tarea consistía en supervisar la reconstrucción del comedor que fue destruido por el atentado del 2 de julio de 1976.

Finalmente, a fojas 30.617/30.624, fue convocado nuevamente pero se negó a prestar declaración indagatoria.

En lo atinente al imputado ENRIQUE JOSÉ DEL PINO, el nombrado prestó declaración indagatoria a fojas 39.759/75, oportunidad en la cual manifestó que "Los hechos sucedidos en ocasión y como consecuencia de la guerra antisubversiva, en el supuesto caso de mi participación, he actuado en cumplimiento de órdenes de la superioridad, de acuerdo a ello, por no ser este un tribunal castrense no es competente para juzgar mi conducta. En relación a los hechos que se imputan y por todos los ocurridos en ocasión de la guerra antisubversiva, en mi calidad de oficial subalterno, me encuentro amparado por la ley de Obediencia Debida que produjo la extinción del derecho de persecución, cuestión que expresamente introduzco como excepción de falta de acción en este acto. Subsidiariamente y como excepción, sostengo que la acción penal que habría nacido de los hechos que se me imputan se encuentra fenecida en atención al largo tiempo transcurrido desde entonces. Sostener lo contrario, amparándose en el Derecho de Gentes o Internacional, viola el principio de legalidad y reserva consagrado en la primera parte de nuestra Constitución Nacional...".

Asimismo, a fojas 1.528/1.534 de la causa n 1673, fue convocado a ejercer su acto de defensa material, en el cual ensayó una argumentación idéntica a la relatada en el párrafo anterior.

Finalmente, a fojas 1.901/1.926 de ese mismo expediente, declaró en los términos del artículo 294 del ritual que "antes que nada quiero hacer entrega de un tercer escrito, en el estoy pidiendo que se convoque a declarar a algunos oficiales policiales de la Comisaría 43, para que ellos digan que autoridad militar dirigió el operativo de octubre de 1978, yo quiero saber de donde se saco "la exposición" a los heridos, porque a mi nadie me tomó declaración. En relación al Centro de Operaciones Tácticas (C.O.T.), dijo "[t]odo lo que se hacía dentro del Ejercito se planeaba. También en este operativo esto estaba planeado. El COT lo ordenaba previo planeamiento, e intervenían tres departamentos, el I-Personal, el II-Inteligencia y el III-Operaciones. El Estado Mayor del Cuerpo I (que eran los coroneles, teniente coróneles y mayores de esa época), efectuaron el planeamiento de este operativo y posterior decisión de lo que pasó con los cuerpos de Révora y Fassano. A mí me hieren en el brazo y yo me voy, a Avena lo hieren y se fue al Hospital, y después se decidió qué hicieron con los cuerpos. Todo se hacía planificado. Un planeamiento tiene una "secuencia de planeamiento", esto es "análisis de la misión", "reunión de información", "orientación de Comandante", después la "apreciación de situación del Estado Mayor", en ésta, termina en los "cursos de acción" que determina el Estado Mayor, como por ejemplo en este caso, dar una o más opciones de lo que se puede hacer frente a una situación. En este caso, frente a un caso legal, hacer desaparecer los cuerpos fue una canallada, haciendo un estudio y analizando, teniendo en cuenta que hay jefes que niegan todo, cuando todo en las fuerzas armadas eran analizadas y escrutadas. Después de la "apreciación de situación de Estado Mayor", vienen los "cursos de acción", y allí el Estado Mayor con el Comandante decide el curso de acción a adoptar y después de eso viene el "concretamiento de los planes", "impartición de las órdenes" y "supervisión", siempre se hacía eso. Agrego cómo ejemplo una orden dada desde el Comando de Subzona, que muestra cómo se trabajaba, en cuanto a planeamiento, allí se ve que cada subzona tenía un COT y cada área tenía un COT, en este caso es del COT del Regimiento I-Patricios, que respondía a Jefatura del Área, que a su vez respondía al COT de la Subzona y éste a su vez al COT de Zona. Cada COT del estamento superior era superior jerárquico de la subzona. El COT tenía un turno permanente, con un teniente coronel de guardia. Yo no pertenecí al Cuerpo I, ni ningún COT. Nunca me calificaron del Cuerpo I. Yo hacía reunión de información, y respondía al Batallón de Inteligencia 601 a cargo de Tepedino, que respondía a la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Mis jefes directos, Gómez Arena y Tepedino, no sabían nada de este operativo. Salió el dato del enfrentamiento, porque hubo un revuelo en el Cuerpo I, almorcé en el batallón (Viamonte y Callao) y me fui a llevar información al Cuerpo I a Palermo, un sobre para el Coronel Ferro, yo estaba con traje, saco y corbata y mi pistola 9 mm; ahí surge qué iba a haber un procedimiento en Floresta. Ahí estaba Avena, a quien conocía del Cuerpo I, adjutor del Servicio Penitenciario, estafeta de información, y nos fuimos juntos en un auto de la repartición. Al llegar al lugar del hecho, me bajé y pregunté y me dijeron "están adentro", yo pensé que estaban los policías, veo una tropa de uniforme verde y más personal vestido de azul. No cargué la pistola. Cuando voy entrando, veo un hombre que me apunta y me dispara, impactándome en el codo; levanté la pistola y salí corriendo por atrás, se ve que salió de vuelta y me dio otro disparo que me desgarró el pantalón; de ahí me llevaron al hospital, esa fue toda mi participación en el procedimiento de la calle Belén. Nunca supe nada de cuestiones de dinero, pero era seguro que había dinero, porque era jefe de la columna Capital Federal de Montoneros, esto se supo después, tenía nutrido armamento y según algunos antecedentes había sido entrenado en el extranjero. Respecto de los cadáveres de Révora y Fassano, no sé quién se hizo cargo del operativo en el momento en que se decidió la cuestión de que hacer con los mismos". A su vez, dijo que el asiento del Cuerpo Primero del Ejército Argentino se encontraba en el barrio de Palermo y que el mencionado C.O.T. fue un organismo creado en 1978, exclusivamente a los fines de la lucha antisubversiva. Además, en lo que respecta a la organización jerárquica de dicho organismo, señaló que "tenía un jefe que rotaba cada 24 horas, que su vez respondía al Comandante del Cuerpo, Zona, Subzona o Área. Los Centros de Detención (LRD y Comisarías) dependían del Departamento I Personal, Cuerpo I, que dependían de ese departamento también los detenidos del PEN. A su vez, el departamento IV-Logística se encargaba de los transportes, la comida, la vestimenta, la sanidad de los detenidos en todos estos lugares, y el Departamento-V era Asuntos Civiles, que en estos temas no tenían incidencia". En lo que se refiere al organigrama del Cuerpo Primero de Ejército, declaró que "había un "cuadro de organización de Ejercito", COE, que era donde estaban todos los integrantes del Cuerpo, un organigrama, con cuadritos, venía "jefe de departamento", que era un coronel; "jefe de división", que era un tte. Coronel o un mayor; "los encargados" que había en cada departamento y división, que eran suboficiales; si se ven los legajos de todos los jefe (coroneles, tte coroneles y mayores) va a salir quiénes eran los que tenían los cargo respectivos; estos oficiales no eran operativos, no salían a la calle. Mi actividad era en el sexto piso del batallón de inteligencia, donde concurrían asiduamente, el Sr. Daniel Scioli con su padre José, porque le habían secuestrado el hijo; también iba el senador Ramón y Vicente Saadi porque eran amigos personales de Catamarca y Ángel Luque año 1977, 1978, pueden dar fe de que su actividad era de civil, no era operativo, no tenía chaleco antibala ni armas largas, tenía funciones administrativas". Añadió que las decisiones que se tomaban en esas reuniones quedaban registradas por escrito, pero que "después vino la orden de destruir todo, hay un "libro histórico" en donde se asienta todo lo que pasa, el "libro histórico" es como un libró de mesa de entradas, se anota todo lo que pasa, creo que estos libros no los destruyeron, puede ser que lo hayan asentado, el procedimiento de la calle Belén". Luego sostuvo "eso lo manejaba cada Cuerpo y su Estado Mayor determinaba lugares de reunión de detenidos, y la prueba que era del más alto nivel era la diversidad de los lugares, había uno de policía provincial, otro de la federal, etc., estos lugares eran sólo circunscriptos a los que operaban allí, un ajeno no podía entrar así sea general. Todo se documentaba, para cada lugar se hacía un planeamiento y luego se decidía y después se iba cumpliendo para abajo. En el caso de un lugar de detenido que funcionaba en el ámbito de la Policía Federal, se comunicaba la decisión al Ministro del Interior y al Jefe de la Policía, a quienes le ordenaban los cambios". Asimismo, señaló con relación al destino que se les daba a las personas detenidas en el marco de la lucha antisuversiva que "lo que puedo decir es que los "traslados", eran decididos por el Estado Mayor con el Comandante de Cuerpo. Todo era decidido por ellos. Y la parte operativa era manejada desde la parte de Operaciones con las Zonas, las Subzonas y sus Áreas. Era un equipo de Coroneles, Teniente Coroneles y Mayores que asistían al jefe de Cuerpo al integrar el Estado Mayor (.) de arriba para abajo con papeles, había dos reuniones por semana del Estado Mayor con el Jefe de Cuerpo, y ahí se decidía todo (.) de abajo para arriba subían informes por escrito". También dijo no saber bien si los requerimientos de área libre, en el marco de la lucha antisubversiva, eran comunicados al Jefe de Policía o si lo hacían directamente a las comisarías. En cuanto al rol del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, en la llamada lucha antisubversiva, dijo que "era un rol de reunión y proceso de información, proveniente de todo el país, y juntaba la información de todos los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país, y dependía de la J-II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y tenía intercambio de información con las otras FFAA, se lo llamaba "información conjunta" (...) el GT 2 era un grupo de tareas de inteligencia que tenía su asiento en el sexto piso del batallón, yo pertenecía al mismo, era un grupo de inteligencia, que tenía como misión reunir y procesar información, transformarla en inteligencia y distribuirla, dentro del batallón. Dentro del Batallón tenían Primer piso "Exterior", segundo piso "actividades psicológica secreta" y se relacionaban con la parte de prensa y propaganda, el tercero estaba "contrainteligencia", el cuarto piso estaba el comedor y el quinto la jefatura y en el sexto piso la "central de reunión de información", el GT2 se encargaba solamente de Montoneros. En el GT2 había gente de distintas fuerzas que estaban en comisión allí, lo integraban unas veinte personas, de policía federal hubo por ejemplo dos civiles de seguridad federal, cuyos nombres no recuerdo. No recuerdo nombres. El Jefe del GT2 era González Ramírez (...) dependía de la central de reunión de inteligencia, que a su vez dependía del jefe del Batallón (...) [dicho grupo estaba conformado por] policía federal, policía de la PBA, SIDE, de la Marina, de Prefectura, iban dos de cada fuerza, cada dos o tres meses lo cambiaban". Posteriormente, dijo que en el operativo llevado a cabo en la calle Belén 335, "yo vi personal policial de uniforme verde con casco y un móvil policial con personal azul" y agregó que "a mí el Coronel Ferro recomienda que me feliciten a raíz de mi lesión en el procedimiento; el jefe del batallón "fabrica" entonces la felicitación para cumplir con el requisito (...) era todo un invento, todo fabricado porque decían que yo tenía que tener actos heroicos en el desempeño del servicio". Finalmente, refirió que ninguno de los Grupos de Tareas del Batallón de Inteligencia 601 eran operativos.

En lo que respecta al encartado SAMUEL MIARA, éste prestó declaración indagatoria a fojas 20.548/20.565, oportunidad en la cual refirió "[q]ue estuve destinado, conforme surge de mi legajo en Seguridad Federal desde 1974 hasta 1979..."

Asimismo, fue convocado a prestar declaración indagatoria a fojas 30.921/30.928, 31.567/31.575 y 32.054/32.062, oportunidades en las cuales hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar.

Luego, el incuso EUFEMIO JORGE UBALLES al momento de prestar declaración indagatoria a fojas 20.639/20.660, expuso "que desea declarar pero que no quiere someterse a ningún tipo de preguntas por parte del Tribunal. Que entonces refiere fue Oficial de Policía de la Rama de Comunicaciones, que toda su carrera la realizó en el área de Comunicaciones. Que en el año 1976 estaba terminando de formar una sección en el quinto piso de Belgrano 550 de Capital Federal, es decir en el Departamento Central de Policía; que la sección se llamaba "Radiolocaclización" la cual dependía de Servicios Especiales. Que por sus conocimientos técnicos y del concepto que tenían de él sus superiores, estaba avocado a la creación y a la preparación técnica del personal y equipamiento de esa División, para prepararla para el Mundial de 1978. Que se trataba de localizar las radios clandestinas. Que en el año 1973 el dicente inventó junto a otro oficial, un sistema de rastreo para las Brigadas Antisecuestro, que de allí deriva el tema de "radiolocalización" que era un aparatito que se metía dentro del fajo de billetes y se seguía a los delincuentes. Que preparó la sección para el Mundial de 1978 y para la Guerra de Malvinas, que debía instalar los equipos y preparar a la gente, como asimismo poner en funcionamiento una sección que valía tres millones de dólares. Que cree que en esa época era Oficial subalterno. Que no obstante eso, iba a hacer instalaciones de equipo de comunicaciones en diferentes lugares de la policía, como teléfonos, equipos de radio, handy, que dichas instalaciones las hacía siempre en dependencias policiales. Que después del Mundial del 78 lo destinaron a la planta receptora de la Policía Federal en la localidad de Plátanos, en la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra a 40 km. de Capital Federal, y que tenía el objetivo y la misión de reestructurar la dependencia y el equipamiento, y que allí estuvo hasta el año 1980 que ascendió a Subcomisario y pasó a la Central de Radio...".

Asimismo, fue convocado a ampliar su declaración indagatoria a fojas 31.353/31.361 y 32.063/32.071, oportunidades en las cuales hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar.

En otro orden, el imputado ROBERTO ANTONIO ROSA fue convocado a prestar declaración indagatoria a fojas 22.021/22.037, 31.576/31.583 y 32.317/32.325, ocasiones en las que se negó a declarar.

Finalmente, y en lo que respecta al encartado RICARDO TADDEI, al tiempo en que fue convocado a fojas 39.213/39.231 y 51.588/51.599 a ejercer su defensa material, se amparó en su derecho constitucional a negarse a declarar.

Luego de ello, y ya nuevamente en el marco del expediente n 1673 de este Tribunal, se escuchó en declaración indagatoria (artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación), al imputado MARIO ALBERTO GÓMEZ ARENAS, quien a fojas 94/99 sostuvo "[q]ue de los hechos que se me imputan no tengo participación ni conocimiento (...) En el año 1978 estuve un año en el Batallón de Inteligencia 601, en el año 1979 estuve en La Plata, en el 80 y 81 estuve en el Destacamento de Inteligencia de Buenos Aires, destacamento a formar y luego a fin de ese pedí mi pase a retiro (...) [en 1978] Estaba en la Central de Reunión, cuando llegó existe una estructuración y el centro de gravedad de la reunión de información e inteligencia se hace sobre Chile. Me desempeñé en la parte de inteligencia, dentro de la misma no recuerdo si fui 2 Jefe de la Central de Reunión o directamente como el Oficial más antiguo". Asimismo, dijo conocer a Enrique José Del Pino porque estaba en el Batallón, que no recuerda que funciones cumplía, pero sí que estaba dentro de la Central de Reunión. En cuanto al hecho ocurrido en la calle Belén 335 dijo "[n]o tengo ningún conocimiento del hecho. Lo que si recuerdo, es que en una oportunidad Del Pino me comenta de que había tenido una quebradura en un dedo y que quería que se hiciese una información o sumario, para que se reconociera ese hecho como un acto de servicio, y me hizo firmar algo que no recuerdo qué es". Finalmente, cuando le iba ser exhibido el sumario Letra BI8 0320 y al ser consultado respecto de si es correcto que el Batallón de Inteligencia 601 prestaba apoyo al Cuerpo Primero de Ejército, el imputado se negó a continuar prestando declaración indagatoria.

A su turno, y a los efectos de ampliar sus dichos, realizó una presentación por escrito que se encuentra glosada a fojas 210/212, en la que, entre otras cosas, negó haber ordenado la integración de Grupos de Tareas, y que jamás los ha supervisado o controlado, pues refirió que pese a haber integrado el Batallón de Inteligencia 601, nunca actuó operacionalmente bajo su control.

En último lugar, a fojas 107/112 de la causa n 1673, el encausado CARLOS ALBERTO ROQUE TEPEDINO prestó su declaración no juramentada, en la que señaló "que escuchados los hechos mencionados manifiesto desconocimiento de los mismos y la no participación en ellos. Durante el año 1978 y 1979 me desempeñe como Jefe del Batallón de Inteligencia 601 dependiente directamente como formación de ejército del Comandante en Jefe del Ejército, durante el año 1980 me desempeñe en la Secretaría de Inteligencia de Estado como Subsecretario de Inteligencia de Estado, la Secretaría de Inteligencia de Estado en ese año tenía tres subsecretaria A, B y C; A es interior, B inteligencia exterior y C Logística, en el período 1981 a 83, me desempeñé en el Ministerio del Interior con el cargo del Director General de Seguridad Interior, cargo al que renuncie el 10 Diciembre de 1983, con el advenimiento del nuevo gobierno del Dr. Alfonsín. Esa fue mi trayectoria en los años mencionados (...) en el batallón de inteligencia 601, como formación del ejército realizaba tareas de inteligencia en el más alto nivel, a los efectos de proporcionar la misma a los estamentos superiores del ejército. El Batallón de inteligencia no se despliega en el terreno como una unidad de combate, el batallón de inteligencia trabaja en el lugar de su asiento recibiendo de todo el sistema de inteligencia la información para integrarla y hacer la apreciación para el más alto superior, el batallón trabajaba en su lugar; el destacamento de inteligencia es para hacer inteligencia; pero quienes realizan la inteligencia la hacen caer en el Batallón, ese es el "sine qua non" del batallón: A los mejor el Comandante ordena el apoyo a una unidad de combate con un equipo de documentación capturada al enemigo; ese puede ser un ejemplo de despliegue de gente que se vaya del lugar de asiento de Batallón (...) todas las unidades de inteligencia de la Argentina y la comunidad de inteligencia envían información de interés al batallón de inteligencia (...) todo lo que sea inteligencia de toda la fuerzas e inclusive de otras fuerzas, de la Policía cualquier fuerza de Seguridad, la apreciación general de lo que necesita el comandante para moverse". Luego, dijo que la información la recolecta alguno de los órganos de Sección, sea Policía Federal, o bien un destacamento. Asimismo, agregó con relación a las modificaciones orgánicas que sufrió el Batallón de Inteligencia 601 para las distintas necesidades que debían recabar entre los años 1978 y 1980, que "en el año 1978 habiendo disminuido la presión de las organizaciones que actuaban en el país y teniendo en cuenta el conflicto que se avecinaba con Chile cambia la orientación del Comandante sobre el batallón y se coloca el centro de gravedad de la actuación de los medios en la preparación del probable conflicto, da un vuelco total en la obtención de información. Ese es el vuelco total, sin cambiar la estructura general el centro de gravedad de su accionar es remitido al conflicto referido". En lo que respecta a la información que manejaban los superiores, declaró que "La parte Intendencia y Ayudantía manejaba el Jefe de Batallón exclusivamente, toda la orgánica por el Segundo jefe". Luego, sostuvo que además de la Central de Reunión, la información era recabada también por la Central de Contrainteligencia, que tenía la información que hace a la defensa de la propia tropa. Finalmente, al ser consultado sobre cómo se tomaban a las organizaciones político-militares en el momento en que eran importantes para el Batallón y si se tomaba por organizaciones políticas, respondió todo ello se lo hacía "...en base a la información que se recibía (...) [y que la] repartición de trabajo, la hacía el Jefe de la Central de Reunión".

Por último, realizó por escrito y en los mismos términos, un descargo similar al efectuado por su consorte de causa Gómez Arenas, del que se diera cuenta ut supra (ver fojas 213/217 del legajo 1673).

Luego de ello, y con motivo de la ampliación de la acusación efectuada por el Sr. Fiscal de Juicio, en los términos del artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, a la que adhirieron ambas querellas unificadas, hemos resuelto recibir ampliación de la declaración indagatoria de los imputados Miara, Rolón, González, Kalinec, Falcón, Donocik, Uballes, Rosa, Simón, Pereyra Apestegui, Cardozo, Avena, Guglielminetti, Taddei y Del Pino, en el entendimiento de que la legislación procesal no prevé ningún otro mecanismo para imponer a las partes la posibilidad de un drástico cambio de calificación, cual sería la introducción de la figura de homicidio vinculada a los hechos de la casua (conf. acta de debate de fecha 5 de mayo de 2010, obrante a fojas 7161/7164).

Así fue que, al materializarse dicho acto de defensa con relación a los imputados de mención, todos decidieron hacer uso del derecho constitucional que les asiste, de negarse a declarar (ver acta de debate de fojas 7172/7176).

TERCERO: ALEGATOS

A) Del alegato del querellante De Pedro:

Lucen agregadas al expediente las distintas actas de debate que ilustran, entre otras circunstancias, que las Dras. Elizabeth Gómez Alcorta y Valeria María Lourdes Thus, en representación del querellante Eduardo Enrique De Pedro, en base a los argumentos de hecho y de derecho que enunciaron, entendieron que la materialidad de los hechos identificados anteriormente como nro. 182, 183 y 184 se encuentra comprobada, como así también la intervención que en ellos les cupo a los imputados Tepedino, Gómez Arenas, Del Pino y Avena, estos dos últimos únicamente con relación a los hechos 182 y 184, y así solicitaron que se los condene por considerarlos penalmente responsables del delito de genocidio, previsto en el artículo 2, incisos A y E de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, debiendo responder los dos primeros en carácter de autores mediatos en virtud del dominio de la voluntad a través del dominio de un aparato organizado de poder, mientras que los dos restantes deben hacerlo en carácter de coautores materiales.

A su vez, subsidiariamente y para el caso de que este Tribunal no comparta la postura sostenida por esa querella con relación a la subsunción de los hechos bajo el tipo penal internacional de genocidio, solicitaron la aplicación de la legislación interna, encuadrando los hechos bajo la figura de homicidio calificado por su comisión con alevosía respecto de la totalidad de los nombrados, que a su vez concurre realmente con el de sustracción y ocultación de un menor de diez años respecto de los encartados Tepedino y Gómez Arenas (artículos 55, 80 inciso 2 y 146 del Código Penal).

En todo caso, señalaron que los hechos configuran crímenes de lesa humanidad cuya imprescriptibilidad, contenido, naturaleza y condiciones de responsabilidad son establecidos por normas internacionales con independencia de los criterios que puedan discernirse en el derecho interno de los Estados. De tal suerte, afirmaron que los hechos investigados son imprescriptibles.

De seguido y respecto de todos los imputados, requirieron que el cumplimiento de la pena de prisión se haga efectivo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

Asimismo, manifestaron que pese a no haber requerido la elevación a juicio de estas actuaciones con relación a los imputados Tepedino y Gómez Arenas, ello no las inhabilita a que en esta etapa del proceso puedan llevar adelante la acusación con relación a los nombrados. Para ello, refirieron que no resulta aplicable al caso el precedente "Del Olio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto las imputaciones que pesan respecto de los nombrados fueron incluidas en el requerimiento fiscal de elevación a juicio y tomadas en consideración por el juez instructor al dictar el correspondiente auto de clausura, conformando de ese modo el objeto procesal de este juicio. A su vez, sostuvieron en sustento de su postura, que al ser presentada la solicitud de ser tenidos por parte querellante ya se había corrido en el expediente la vista prevista en el artículo 346 del C.P.P.N., razón por la cual no pudieron requerir la elevación a juicio con relación a los nombrados, circunstancia que no puede erigirse en óbice para que efectúen las correspondientes acusaciones, lo que -a su criterio- fue entendido implícitamente por este Tribunal al aceptar y producir la prueba ofrecida por esa parte.

En cuanto a la calificación legal escogida, realizaron una reseña de los instrumentos previstos en el derecho penal internacional (Resolución 96 (I) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, los Estatutos de los Tribunales Internacionales de Nuremberg y Ruanda y la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, entre otras) y las previsiones que el artículo 118 de nuestra Carta Magna hace respecto del "derecho de gentes", para entender que, a su criterio, la categoría de "grupo político" se encuentra subsumida dentro de la expresión "grupo nacional" y, de ese modo, concluir que los hechos imputados encuadran en el tipo penal internacional de genocidio.

Por otro lado, a los efectos de la determinación de las penas que solicitaron, tuvieron en cuenta como agravantes genéricos la utilización de los medios estatales para la comisión de los hechos, la cantidad de sujetos intervinientes, la condición de funcionario público de los sujetos actuantes y remarcaron la ausencia de circunstancias atenuantes de la culpabilidad. En ese sentido, advirtieron que la referida Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio no individualiza las penas a imponer para los hechos allí especificados, mas sostuvieron que deben imponerse las penas previstas por la legislación interna argentina, para aquellos delitos en los que encuadran los hechos que son llevados adelante con la finalidad típica que exige el genocidio.

A su vez, y por las razones expuestas, las Dras. Gómez Alcorta y Thus requirieron se libren oficios al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a fin de que se tramite la baja del Ejército Argentino y por ende, la pérdida del derecho del haber de retiro con relación a Carlos Alberto Roque Tepedino, Mario Alberto Gómez Arena y Enrique José del Pino, como así también se haga lo propio con Juan Carlos Avena, respecto del Servicio Penitenciario Federal.

Finalmente, requirieron la extracción de testimonios a fin de que se investigue la posible comisión de delito de acción pública por parte de José Nicasio Dibur, Olimpio Garay, Alfredo Sotera y José Antonio Ferraro (conf. acta de debate de fecha 30 de agosto de 2010).

B) Del alegato de las partes querellantes unificadas bajo la representación de Barrera y Ferrando, Almeida, Paladino y Allega:

Luego de ello, se le concedió la palabra a la parte querellante unificada bajo la representación de Delia Barrera y Ferrando, Rufino Jorge Almeida, Jorge Osvaldo Paladino y Jorge Alberto Allega, quienes a través de los Dres. Rodolfo Yanzón y Lucía Tejera realizaron su correspondiente alegato.

En ese sentido, alternativamente los referidos letrados consideraron, con motivo de los argumentos de hecho y de derecho que expusieron, que la materialidad de los hechos identificados del 1 al 181 se encuentra acreditada y, de ese modo, realizaron el siguiente petitorio:

- En lo que respecta a Samuel Miara, Raúl González, Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Roberto Antonio Rosa y Oscar Augusto Isidro Rolón, se los condene a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad, tipificados como privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haberse realizado mediante violencia y amenazas, en forma reiterada -cuarenta y siete casos-, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencia y amenazas y por haber durado más de un mes -ciento treinta y cuatro casos-; tormentos agravados por haberse cometido por funcionario público a perseguidos políticos -ciento ochenta y un casos-, y homicidios agravados por haberse cometido con alevosía, por el número de intervinientes y porque se trató de ocultar otros delitos y procurar impunidad -cinco casos-, debiendo aplicarse, a su criterio, las reglas del concurso real (artículos 2, 5, 6, 12, 19, 45, 55, 77, 80 incisos 2, 6 y 7, 142 inciso 5to, 144 bis inciso 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inciso 1ro, 144 ter primero y segundo párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal).

- A su turno, y con relación al encartado Julio Héctor Simón, solicitaron se lo condene a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de crímenes de lesa humanidad, tipificados como privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haberse realizado mediante violencia y amenazas, en forma reiterada -cuarenta y siete casos-, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haberse realizado mediante violencia y amenazas y por haber durado más de un mes -ciento treinta y dos casos-; tormentos agravados por haberse cometido por funcionario público a perseguidos políticos -ciento setenta y nueve casos-, y homicidios agravados por haberse cometido con alevosía, por el número de intervinientes y porque se trató de ocultar otros delitos y procurar impunidad -cinco casos-, debiendo aplicarse, a su criterio, las reglas del concurso real (artículos 2, 5, 6, 12, 19, 45, 55, 77, 80 incisos 2, 6 y 7, 142 inciso 5to, 144 bis inciso 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inciso 1ro, 144 ter primero y segundo párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal).

- A su vez, y con relación a Eugenio Pereyra Apestegui y Guillermo Víctor Cardozo, requirieron se los condene a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, en su carácter de coautores penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad, tipificados como privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haberse realizado mediante violencia y amenazas, en forma reiterada -veintiún casos-, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haberse realizado mediante violencia y amenazas y por haber durado más de un mes -noventa y seis casos-; tormentos agravados por haberse cometido por funcionario público a perseguidos políticos -ciento diecisiete casos-, y homicidios agravados por haberse cometido con alevosía, por el número de intervinientes y porque se trató de ocultar otros delitos y procurar impunidad -cinco casos-, debiendo aplicarse, a su criterio, las reglas del concurso real (artículos 2, 5, 6, 12, 19, 45, 55, 77, 80 incisos 2, 6 y 7, 142 inciso 5to, 144 bis inciso 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inciso 1ro, 144 ter primero y segundo párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal).

- A la postre, requirieron se condene a Juan Carlos Avena, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de crímenes de lesa humanidad, tipificados como privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas, en forma reiterada -dieciocho casos-, privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas y por haber durado más de un mes -noventa y ocho casos-; tormentos agravados por haberse cometido por funcionario público a perseguidos políticos -ciento diecisiete casos-, y homicidios agravados por haberse cometido con alevosía, por el número de intervinientes y porque se trató de ocultar otros delitos y procurar impunidad -cinco casos-, debiendo aplicarse las reglas del concurso real (artículos 2, 5, 6, 12, 19, 45, 55, 77, 80 incisos 2, 7 y 7, 142 inciso 5to, 144 bis inciso 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inciso 1ro, 144 ter primero y segundo párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal).

- Luego de ello, requirieron se condene a Raúl Antonio Guglielminetti, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de crímenes de lesa humanidad, tipificados como privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas, en forma reiterada -catorce casos-, privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas y por haber durado más de un mes -sesenta y dos casos-; tormentos agravados por haberse cometido por funcionario público a perseguidos políticos -setenta y seis casos-, y homicidios agravados por haberse cometido con alevosía, por el número de intervinientes y porque se trató de ocultar otros delitos y procurar impunidad -cinco casos-, debiéndose aplicar las reglas del concurso real (artículos 2, 5, 6, 12, 19, 45, 55, 77, 80 incisos 2, 6 y 7, 142 inciso 5to, 144 bis inciso 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inciso 1ro, 144 ter primero y segundo párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal).

- Seguidamente, la querellante solicitó se condene a Ricardo Taddei, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por entender que el nombrado debe ser responsabilizado como coautor de crímenes de lesa humanidad, tipificados como privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas, en forma reiterada -treinta y siete casos-, privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas y por haber durado más de un mes -ciento diecinueve casos-; tormentos agravados por haberse cometido por funcionario público a perseguidos políticos -ciento cincuenta y seis casos-, y homicidios agravados por haberse cometido con alevosía, por el número de intervinientes y porque se trató de ocultar otros delitos y procurar impunidad -cinco casos-, requiriendo se apliquen las reglas del concurso real (artículos 2, 5, 6, 12, 19, 45, 55, 77, 80 incisos 2, 6 y 7, 142 inciso 5to, 144 bis inciso 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inciso 1ro, 144 ter primero y segundo párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal).

- Por último, requirieron se condene a Enrique José Del Pino, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de crímenes de lesa humanidad, tipificados como privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas, en forma reiterada -veintidós casos-, privaciones ilegales de la libertad cometidas por funcionario público, agravadas por haberse realizado mediante violencias y amenazas y por haber durado más de un mes -noventa y seis casos-; tormentos agravados por haberse cometido por funcionario público a perseguidos políticos -ciento dieciocho casos-, y homicidios agravados por haberse cometido con alevosía, por el número de intervinientes y porque se trató de ocultar otros delitos y procurar impunidad -cinco casos-, debiéndose aplicar, a su criterio, las reglas del concurso real (artículos 2, 5, 6, 12, 19, 45, 55, 77, 80 incisos 2, 6 y 7, 142 inciso 5to, 144 bis inciso 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inciso 1ro, 144 ter primero y segundo párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal).

Por otra parte, los Dres. Yanzón y Tejera señalaron los instrumentos del Derecho Penal Internacional que les permitieron concluir que, a criterio de ellos, los hechos investigados encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad y, además, mencionaron las normas del derecho interno bajo las cuales subsumieron cada conducta en particular en los tipos penales previstos por la ley nacional.

De seguido, y de conformidad con las previsiones de los artículos 40 y 41 del Código Penal, sostuvieron que la gravedad de los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos, en absoluta clandestinidad, valiéndose en forma ilegal del aparato estatal, como así también la inusitada violencia empleada y el severísimo daño causado tanto a las víctimas como a sus familiares, constituyen circunstancias objetivas que deben ser merituadas como agravantes a los efectos de la determinación de la pena. En cuanto a las circunstancias subjetivas de los sujetos reprochados penalmente, valoraron como agravantes la falta de arrepentimiento demostrado en todos estos años, la reivindicación que realizaron de los crímenes de lesa humanidad, la cantidad de personas que se hallan en condición de desaparecidas y la ausencia de información respecto de ellas. Por último, dijeron no advertir la presencia de circunstancias atenuantes.

Al igual que fuera requerido por la querella que los precedió en su alegato, solicitaron que el cumplimiento de las penas de prisión se haga efectivo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

Adhirieron a la petición efectuada por las Dras. Gómez Alcorta y Thus con relación a la percepción de haberes jubilatorios de los que gozan los imputados, solicitando que la baja de las respectivas fuerzas y el retiro de las jubilaciones se hagan extensivos a todos los procesados.

Finalmente, también coincidieron con la querella de Eduardo De Pedro en cuanto a la solicitud de extracción de testimonios a fin de que se investigue la posible comisión de delito de acción pública por parte de Olimpio Garay y Alfredo Sotera, solicitando se proceda de igual modo respecto del testigo Carlos Alberto Martínez (conf. acta de debate correspondiente al 13 y 14 de septiembre de 2010).

C) Del alegato de las partes querellantes unificadas bajo la representación de Aguiar de Lapacó:

A su turno, se le otorgó la palabra a la parte querellante unificada bajo la representación de Carmen Elina Aguiar de Lapacó, quien a través de los Dres. Gerardo Fernández, Daiana Fusca y María Inés Bedia expuso su alegato.

De ese modo, los mencionados letrados señalaron los argumentos de hecho y de derecho que les permiten, a su criterio, tener por acreditada la materialidad de los hechos descriptos del n 1 al 181 y, en base a ello, solicitaron:

- Se condene a Samuel Miara a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, reiterado en 175 hechos, de los cuales 101 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados en 175 hechos; y homicidio agravado por su comisión con alevosía, reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Oscar Augusto Isidro Rolón a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en 161 hechos, de los cuales 99 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados en 161 ocasiones; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Julio Héctor Simón a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, reiterada en 179 oportunidades, de los cuales 103 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados en 179 hechos; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Raúl González a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en 161 hechos, de los cuales 99 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados en 161 hechos; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Eufemio Jorge Uballes a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en 181 hechos, de los cuales 103 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados en 181 oportunidades; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Eduardo Emilio Kalinec a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en 161 hechos, de los cuales 99 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados 161 oportunidades; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Roberto Antonio Rosa a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterado en 161 hechos, de los cuales 99 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterado en 161 ocasiones; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (casos n 123, 124, 129, 130 y 134); (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Juan Carlos Falcón a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en 161 hechos, de los cuales 99 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados en 161 oportunidades; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Luis Juan Donocik a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en 161 hechos, de los cuales 99 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados en 161 hechos; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Ricardo Taddei a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en 175 hechos, de los cuales 101 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterado en 175 hechos; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Juan Carlos Avena a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterado en 116 hechos, de los cuales 81 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados en 116 hechos; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Enrique José Del Pino a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterado en 105 hechos, de los cuales 80 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados en 105 hechos; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Raúl Antonio Guglielminetti a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterado en 75 hechos, de los cuales 56 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterado en 75 ocasiones; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Guillermo Víctor Cardozo a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterado en 75 hechos, de los cuales 56 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterados en 75 ocasiones; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

- Se condene a Eugenio Pereyra Apestegui a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsables de los siguientes delitos que concurren de manera real: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterado en 105 hechos, de los cuales 58 además se encuentran agravados por haber durado más de un mes; tormentos agravados reiterado en 105 ocasiones; y homicidio agravado por su comisión con alevosía reiterado en 5 oportunidades (arts. 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 -ley 20.642-, 80 inc. 2 y 55 del Código Penal).

A su vez, con cita de los precedentes "Arancibia Clavel", "Simón", "Mazzeo" y "Derecho" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalaron que los hechos objeto de este proceso constituyen crimenes de lesa humanidad y que, como tales, resultan imprescriptibles y no pueden serles opuestas leyes de amnistía.

En cuanto a las pautas de mensuración de la pena, tuvieron en cuenta como circunstancias agravantes que los hechos delictivos aquí juzgados representan severas violaciones a los derechos humanos y que por ser cometidas desde el aparato del Estado, han tenido no sólo mayor posibilidad de provocación de un resultado dañoso sino también de escapar al sistema sancionatorio por cuanto, desde el mismo momento en que fueron ejecutados, gozaban de una previsión de impunidad para sus autores por medio de una tarea de ocultación de huellas y rastros. Agregaron que los quince imputados colaboran aún hoy en que permanezca la situación de incertidumbre y la falta de información acerca del destino de varias de las víctimas. También señalaron como agravante genérico la ausencia de arrepentimiento exhibida por éstos. A su vez, merituaron que el daño provocado por los imputados, en cuanto a su magnitud, resulta inconmensurable. Sostuvieron que cada secuestro marcaba el comienzo una tragedia personal para la víctima y sus seres queridos, que las heridas duran hasta hoy y que este dolor a miles de personas generado por los imputados fue producido por un indisimulable interés económico.

En cuanto a las circusntancias atenuantes, mencionaron que dada la extraordinaria magnitud y gravedad de los delitos por los que se los acusa, cualquier atenuante que pudiera concurrir no podría tener el efecto de impedir que se les aplique el máximo de la escala penal prevista.

Por otra parte, la referida querella solicitó la extracción de testimonios y su remisión a la justicia de instrucción, para la investigación de hechos que, a su criterio, podrían ser calificados como violaciones y/o abusos sexuales, con relación a los sucesos que habrían damnificado a Susana Diéguez, Adriana Diéguez, Nora Bernal, Claudia Estévez, Laura Crespo, Hebe Margarita Cáceres, José Liborio Poblete, Marcelo Lewi, Daniel Retamar, Liliana Mansilla López, Delia Barrera y Ferrando, Carmen Elina Aguiar de Lapacó, Ada Marquat de Basile, Cristina Jurkiewicz, Mónica Marisa Córdoba, Dora Salas Romero, un muchacho salteño al que apodaban "Chango" y un joven de religión judía del PC cuya identidad se desconoce.

A su vez, requirió que se extraigan testimonios con relación a los siguientes casos de mujeres embarazadas cuyos hechos no fueron investigados en este juicio, a saber: María Elena Garasa, Diana Rita Lijtman, Laura Pérez Rey, Noemí Macedo, Mirta Barragán, Cristina Vera, Lucia Angela Nadin, Alicia Elena Alfonsín, Iris García, Silvia Raquel Schand y Patricia Palacin.

Además de ello, solicitó extracción de testimonios para ser remitidos a la justicia de instrucción con el objeto de que se investigue el secuestro y privación ilegítima de la libertad que habrían sufrido en las sedes del Banco y el Olimpo, los menores de 10 años que a continuación se enumeran: Pablo, hijo de dos meses de Cristina Jurkiewicz; Eduardo de Pedro, hijo de Lucía Révora.; las dos hijas de Graciela Passalacqua, Victoria Couto de 6/7 años y su hermanita de 11 meses, Florencia Tajés; Norberto Berner, hijo de Isabel Cerruti; Juan Pablo Guillén, hijo del matrimonio conformado por Mónica Brull y Juan Agustín Guillén; Nahuel Ghezan, hijo de 2 meses de Isabel Fernández Blanco y Enrique Ghezan; Claudia Victoria Poblete, hija de Gertrudis Hlazic y José Liborio Poblete; Matías, hijo de Lucía Deón; los hijos de Oscar Manuel Cobacho y María Elena Gómez, secuestrados el 1/12/78; Susana María Coloma, de 9 meses, hija de Susana Larrubia y Juan Adolfo Coloma Machuca; Matías, hijo de Marta Muñoz "Cuca"; los tres hijos del "Tarta", de 5, 7 y 8 años; Adriana Lewi; Verónica Guarino, estuvo en Atlético; Emilio Guagnini; Facundo Río, hijo de Rio y Beatriz Yoghi; los hijos de Jorge Manuel Giorgieff y Teresa Mabel Galeano, se llaman Darío, Natalia y Nicolás Giorgieff; Paula Codam, hija de Elena Codam; y Pablo Divitto, hijo de Marta Prieto.

Luego, las Dras. Ferrero y Molinari, representantes de las organizaciones y querellantes que integran el colectivo "Justicia Ya", se manifestaron respecto de los puntos en que no encontraron coincidencia con las demás querellas que integran la misma unificación, no obstante lo cual adhirieron a la materialidad que expusieron los Dres. Fernández y Fusca, correspondiente a los casos en particular.

En ese sentido, las mencionadas letradas señalaron que los hechos investigados deben ser calificados como genocidio y deben aplicarse, a criterio de las dicentes, las penas previstas en el Código Penal de la Nación, para dichas conductas. Así, al igual que lo entendió la parte que representa a Eduardo De Pedro, sostuvieron que la categoría de "grupo político" se encuentra subsumida dentro de la expresión "grupo nacional". Para ello, indicaron las Convenciones y Tratados a los que ha adherido nuestro país, que fueron incorporados a la Constitución Nacional y que prevén el delito en cuestión y, especialmente, los incisos a), b) y c) del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio.

Entre otras cosas, agregaron respecto de las características del delito, que todo genocidio es político, porque sea cual fuera la preeminencia que tuviera el grupo en un proceso genocida, siempre va a haber una intencionalidad política atrás. Toda persecución, étnica, racial, religiosa y/o nacional, invariablemente se subsume en una persecución política. Por lo tanto, que el concepto de grupo político no esté plasmado en las características propias del delito de genocidio, no implica que no esté subyacente en el espíritu de la norma. Citaron para respaldar su postura, la sentencia dictada por el Tribunal Oral federal N 1 de La Plata, en causa N 2251/06 seguida contra Miguel Osvaldo Etchecolatz.

En consecuencia, las Dras. Molinari y Ferrero adhirieron a las imputaciones realizadas por los Dres. Fernández y Fusca, modificando la calificación legal, por entender que los hechos fueron perpetrados para cometer un genocidio; y solicitaron se condene a los nombrados a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta.

Por otra parte, las letradas requirieron que la eventual condena se haga efectiva en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y que, previo a dictar sentencia, se verifiquen las circunstancias respecto a la salud del imputado Miara, a efectos de resolver el lugar en dónde deberá hacerse efectiva su detención.

También solicitaron se libre oficio al Ministerio de Defensa de la Nación, a fin de que tramite la baja del Ejército Argentino en forma inmediata y, por ende, la pérdida del derecho del haber de retiro con relación a Enrique José del Pino y Raúl Antonio Guglielminetti.

A su vez, se libre oficio al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a idénticos fines, respecto de los imputados Juan Carlos Avena, Samuel Miara, Oscar Augusto Isidro Rolon, Julio Héctor Simon, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Norberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Ricardo Taddei, Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui.

Requirieron, a su vez, que se extraigan testimonios a fin de que se investigue la posible comisión de delitos en el marco de los hechos ventilados en este juicio, por parte de los siguientes testigos: Marcelo José Fernández, Raúl Corcoles Aguirre, Oscar Cidré Rodríguez, Olimpio Garay, Hugo Rodríguez, Alfredo Sotera, Eduardo Jorge Fernández, Norberto Rubén Gosende, Miguel Aníbal Giao, Carlos Alberto Martínez, Eduardo Manuel Buttler, Eduardo Antonio Piazza, Luis Alberto Pérez Officialdeguy, Ángel Esteban Valoy, Osvaldo Rafael Onel y Omar Eduardo Torres.

Finalmente, hicieron reserva del caso federal.

D) Del alegato del Ministerio Público Fiscal:

El Sr. Fiscal de Juicio, Dr. Alejandro Alagia, y la Sra. Fiscal "Ad-hoc", Dra. Gabriela Sosti, en base a los argumentos de hecho y de derecho que enunciaron, consideraron que la materialidad de los 184 hechos se encontraba ampliamente comprobada, y así solicitaron:

- Se condene a Julio Héctor Simón a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), los que a su vez concurren materialmente con 174 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo nacional y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1 al 122, 125 al 128, 131 al 133, 135 al 169 y 172 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642- y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal). Requirieron que se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se condene a Samuel Miara a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal en cuanto a la pena), los que a su vez concurren materialmente con

170 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3 al 5, 8, 10, 12, 14 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Solicitaron que se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Samuel Miara por los casos 2, 6, 7, 9, 11 y 13.

- Se condene a Ricardo Taddei a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros de un grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), los que a su vez concurren materialmente con 170 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3 al 5, 8, 10, 12, 14 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Impetraron, además, que se le impongan las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Ricardo Taddei por los casos 2, 6, 7, 9, 11 y 13.

- Se condene a Oscar Augusto Isidro Rolón a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros de un grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal en cuanto a las penas), los que a su vez concurren materialmente con 155 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3, 5, 19, 26 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3, 5, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Oscar Augusto Isidro Rolón por los casos 2, 4, 6 al 18 y 20 al 25.

- Se condene a Raúl González a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros de un grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal en cuanto a las penas), los que a su vez concurren materialmente con 155 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3, 5, 19, 26 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3, 5, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Requirieron se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Raúl González por los casos 2, 4, 6 al 18 y 20 al 25.

- Se condene a Eufemio Jorge Uballes a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal en cuanto a las penas a aplicar por el tribunal), los que a su vez concurren materialmente con 155 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3, 5, 19, 26 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3, 5, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal para sus penas). Solicitaron se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Eufemio Jorge Uballes por los casos 2, 4, 6 al 18 y 20 al 25.

- Se condene a Juan Carlos Falcón a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros de un grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), los que a su vez concurren materialmente con 155 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3, 5, 19, 26 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3, 5, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal para las penas). Solicitaron se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Juan Carlos Falcón por los casos 2, 4, 6 al 18 y 20 al 25.

- Se condene a Luis Juan Donocik a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal en cuanto a sus penas), los que a su vez concurren materialmente con 155 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3, 5, 19, 26 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3, 5, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal para que el tribunal aplique las penas). Se le impongan también las accesorias legales y costas.

- Se absuelva a Luis Juan Donocik por los casos 2, 4, 6 al 18 y 20 al 25.

- Se condene a Eduardo Emilio Kalinec a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros de un grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal para que el tribunal aplique la pena de prisión perpetua), los que a su vez concurren materialmente con 155 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y el sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3, 5, 19, 26 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3, 5, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a sus penas). Requirieron se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Eduardo Emilio Kalinec por los casos 2, 4, 6 al 18 y 20 al 25.

- Se condene a Roberto Antonio Rosa a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal en cuanto a las penas), los que a su vez concurren materialmente con 155 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 3, 5, 19, 26 al 122, 125 al 128, 131 al 133, y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 3, 5, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Roberto Antonio Rosa por los casos 2, 4, 6 al 18 y 20 al 25.

- Se condene a Juan Carlos Avena a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, siete homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130, 134 y Fassano y Révora (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), los que a su vez concurren materialmente con 73 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 54, 55, 59, 62, 63, 73, 75, 76, 78 al 83, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 97 al 99, 101 al 109, 111 al 122, 125 al 128, 131 al 133 y 135 al 155, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 54, 55, 59, 62, 63, 73, 75, 76, 78 a 83, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 97 al 99, 101, 102, 104, 107 a 109, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 155 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Juan Carlos Avena por los casos 27, 61, 74, 77, 84, 88 al 90, 92 al 93, 96, 100, y 156 al 181.

- Se condene a Enrique José Del Pino a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, siete homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130, 134 y los casos de Fassano y Révora (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), los que a su vez concurren materialmente con 101 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 31, 54, 55, 59, 62, 63, 73, 75, 76, 78 al 83, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 97 al 99, 101 al 122, 125 al 128, 131 al 133 y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 31, 54, 55, 59, 62, 63, 73, 75, 76, 78 a 83, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 97 al 99, 101, 102, 104, 107 a 109, 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616-en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal). Se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Enrique José Del Pino por los casos 27, 61, 74, 77, 84, 88 al 90, 92 al 93, 96 y 100.

- Se condene a Eugenio Pereyra Apestegui a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), delitos que a su vez concurren materialmente con 100 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 54, 55, 59, 62, 63, 73, 75, 76, 78 al 83, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 97 al 99, 101 al 122, 125 al 128, 131 al 133 y 135 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 54, 55, 59, 62, 63, 73, 75, 76, 78 a 83, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 97 al 99, 101, 102, 104, 107 a 109, 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Impetraron que se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Eugenio Pereyra Apestegui por los casos 27, 61, 74, 77, 84, 88 al 90, 92 al 93, 96 y 100.

- Se condene a Guillermo Víctor Cardozo a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal para las penas), los que a su vez concurren materialmente con 69 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia de ese grupo nacional que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 1, 54, 55, 62, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98, 99, 102, 104, 109, 110, 121, 122, 125, 126, 128, 131 al 133, 136 al 143, 145, y 147 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 1, 54, 55, 62, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98, 99, 102, 104, 109, 110, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal). Requirieron que se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Guillermo Víctor Cardozo por los casos 27, 59, 61, 63, 74, 77, 79 al 84, 86, 88 al 94, 96, 97, 100, 101, 103, 105 al 108, 111 al 120, 127, 135, 144 y 146.

- Se condene a Raúl Antonio Guglielminetti a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de los miembros del grupo nacional, cinco homicidios que concurren en forma real entre sí, casos 123, 124, 129, 130 y 134 (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), los que a su vez concurren materialmente con 65 casos de lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, casos 54, 55, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98, 99, 102, 104, 109, 110, 121, 122, 125, 126, 128, 132, 133, 136 al 143, 145, 147 al 150, y 152 al 181, de los cuales se encuentran agravados por haber durado más de un mes los casos 54, 55, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98, 99, 102, 104, 109, 110, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (art. 2 inc. "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas). Se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se absuelva a Raúl Antonio Guglielminetti por los casos 63, 100, 107, 108 y 144.

- Se condene a Carlos Alberto Roque Tepedino a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros de un grupo nacional, dos homicidios que concurren en forma real entre sí, casos de Fassano y Révora (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal), los que a su vez concurren materialmente con el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, caso de Eduardo Enrique De Pedro (art. 2 inc. "e" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 146 -ley 11.179- del Código Penal en cuanto a las penas). Se le impongan también las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

- Se condene a Mario Alberto Gómez Arenas a la pena de prisión perpetua como coautor penalmente responsable del delito de genocidio por su participación en la matanza de miembros del grupo, dos homicidios que concurren en forma real entre sí, casos de Fassano y Révora (art. 2 inc. "a" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 80, inc. 2 y 6, del Código Penal en cuanto a sus penas), los que a su vez concurren materialmente con el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, caso de Eduardo Enrique De Pedro (art. 2 inc. "e" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 45, 55 y 146 -ley 11.179- del Código Penal). Se le impongan también al acusado las accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3 del CP).

En cuanto a la figura penal internacional escogida, los representantes de la vindicta publica señalaron -con base en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio- que, a su criterio, la ausencia de la expresión "grupo político" entre los requerimientos objetivos para el delito de genocidio será indiferente para que los hechos motivo del juicio puedan subsumirse en este tipo penal de derecho internacional toda vez que otra, "grupo nacional", también contenida en la Convención de 1948, abarca en toda su extensión al colectivo humano perseguido por los acusados para su destrucción. Ello es así, ya que en su hipótesis, debe entenderse por "grupo nacional" al formado por el conjunto de habitantes del territorio del Estado que, por el sólo hecho de habitarlo, crea un vínculo legal de derechos y obligaciones.

En esa inteligencia, señaló el Sr. Fiscal que la inclusión expresa del grupo nacional hace que sea normativamente innecesaria y redundante la mención expresa de cualquier otro subgrupo de la población del país que la autoridad pueda señalar como enemigo a destruir.

En lo que respecta a la acusación por el delito de homicidio, y más allá de las manifestaciones vertidas por el Dr. Alagia en el debate al tiempo de ejercer las facultades previstas en el artículo 381 del código adjetivo, durante su alegato consideró probada una relación de continuidad subjetiva de los momentos delictivos parciales y una unidad objetiva espacio-temporal entre los hechos de secuestro, tortura, traslado y homicidio en relación con las cinco víctimas identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense -los hermanos Jesús e Isidoro Peña, Helios Serra Silvera, Cristina Carreño Araya y Santiago Villanueva-.

Agregó el Sr. Fiscal de Juicio que, a su criterio, donde quiera ponerse el acento, en el nexo subjetivo final o en la ocasión objetiva espacio-temporal, la base fáctica de hechos parciales, secuestro-tortura-traslado-homicidio, está inequívocamente vinculada por la continuidad delictiva prevista en el art. 381 del CPPN, norma que autoriza la ampliación de la acusación por estos hechos. Dijo con relación a ello, que el secuestro, la tortura, el cautiverio, el traslado y el posterior homicidio no son hechos independientes uno de otros.

De tal suerte, y como quedó plasmado párrafos atrás, formuló la acusación por el delito de homicidio en los términos de una coautoría funcional, sin que, a su entender, importe para la atribución dolosa la prueba de la intervención directa de los acusados en el acto de traslado del 6 de diciembre, resultando en su hipótesis suficiente la prueba testimonial de los sobrevivientes que habría demostrado la presencia de todos los acusados en el campo "Olimpo" durante el mes en que ocurrió el traslado.

Además de ello, afirmó que dichas conductas también se subsumen perfectamente en el concepto de matanza del art. II, inc. a) de la Convención de 1948 y citó en respaldo de su postura las sentencias del TIPR "The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana" y "The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu". Aclaró que al igual que en el art. 80 del Código Penal, en el Estatuto de Roma rige también la pena de prisión perpetua para el genocidio mediante matanza.

Asimismo, refirió el acusador público que las figuras del Código Penal resultan insuficientes para formular una acusación válida, ya que entiende que con los fallos "Arancibia Clavel" y "Simón" dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los años 2004 y 2005, respectivamente, se dio fin a una vieja discusión doctrinaria y jurisprudencial por la cual la tesis del doble derecho puede considerarse hoy una idea del pasado que marca una etapa superada en la evolución de las relaciones entre el derecho penal y las normas que definen los delitos de derecho internacional. Agregó que el mayor conocimiento que se tiene de los hechos después de más de tres décadas de investigación también está acompañado de mayor conocimiento sobre la fuerza obligatoria del conjunto de delitos de derecho internacional, es decir sobre los crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad, especialmente entre estos últimos el delito de genocidio.

Así pues, dijo que los delitos de privación ilegítima agravada, tormento agravado, homicidio agravado y sustracción de niños del Código Penal resultan de condición necesaria pero insuficiente para legitimar una condena, en tanto tendrían por obstáculo de perseguibilidad la regla general de prescripción contenida en el artículo 62 del Código Penal, pero añadió que, de adverso, pueden juzgarse y sancionarse porque estos delitos constituyen, a la vez, un ataque masivo y sistemático contra un grupo de la población afectando derechos fundamentales como la libertad, la integridad física o psíquica y la vida, respecto de los cuales el derecho internacional público convencional en 1968, recordó la fuerza obligatoria erga omnes de la imprescriptibilidad cuando estos hechos constituyan crímenes contra la humanidad o el delito de genocidio.

Por lo demás, y a los efectos de remarcar que no se trata de una aplicación retroactiva de convenciones y tratados en los que se prevén tipos penales internacionales, mencionó que en los fallos de la Corte Suprema aludidos se interpretó que la Convención de 1968 no hace imprescriptibles crímenes que antes eran prescriptibles, sino que se limita a codificar como tratado lo que antes era ius cogens en función del derecho internacional público consuetudinario.

En cuanto a la determinación de las penas solicitadas, los representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieron en cuenta que habiéndose calificado entre los hechos imputados el delito de homicidio agravado, por el número de los intervinientes y por alevosía, la pena perpetua prevista para este delito (art. 80 del CP) desplaza a las penas temporales establecidas en los otros delitos de la acusación, por imperio del art. 56 segundo párrafo del Código Penal y que ese carácter, el de ser penas a perpetuidad, impediría cualquier graduación en los términos del art. 41 de ese cuerpo legal.

Además de ello, y con relación a dicha pena, tuvieron como referencia también la prevista en el Estatuto de Roma, que establece para el delito de genocidio la pena de prisión perpetua, cuando éste se comete con extrema gravedad.

Al respecto, el Dr. Alagia remarcó la situación en la que se encuentra incurso el acusado Taddei, quien fuera extraditado desde España con fecha 27 de abril de 2007, por imputársele un delito de derecho internacional imprescriptible. Así, señaló que aquel país y la Argentina se encuentran recíprocamente obligados por el art. 77 del Estatuto de Roma y que fue en vigencia de esa norma internacional, de carácter imperativo e inderogable -ius cogens-, que la nación española entregó al requerido Taddei a la justicia argentina. Argumentó que desde el año 2002, fecha de entrada en vigencia del Estatuto de Roma, para ninguno de estos países rige la limitación del Convenio Bilateral prevista en el art. 10 de la Ley 23.708, por aplicación de los arts. 30 y 59 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De modo que, según lo entiende el Sr. Fiscal, la limitación del art. 10 no se aplica para los cuatro delitos de derechos internacional previstos en el Estatuto de Roma y que por ello puede aplicarse al acusado Taddei la pena prevista en el art. 80 del Código Penal.

Por lo demás, y siempre en alusión al imputado Taddei, dijo que existen dos razones por las cuales el art. 14 del Tratado de Extradición con España no se encuentra afectado. En primer término, mencionó que fue extraditado para que se lo juzgue por el delito de genocidio y en los mismos términos fue acusado por esa Fiscalía y, en segundo lugar, expresó que tampoco se altera porque los elementos constitutivos del delito que se le imputa a Taddei abarcan hechos de homicidios, como los que prevé el inc. a) del art. II de la Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, hechos que también hubieran permitido la extradición conforme referido al art. 14.

Luego de ello, analizó la situación del encausado Miara y al respecto sostuvo que por Sentencia Definitiva N 9 del 27 de noviembre de 2006 el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia N 2 de Asunción concedió "el pedido de consentimiento para el juzgamiento y eventual aplicación de pena al ciudadano Samuel Miara" conforme al art. 26 del Tratado de Montevideo de 1889, en la que se tuvo en cuenta que "conforme los hechos descriptos, la Ley 20.642 de la República Argentina establece que si de la privación ilegal de la libertad resultare la muerte de la persona ofendida, la pena será de prisión o reclusión perpetua. Los hechos punibles por los cuales se solicita la ampliación de la extradición superan el marco establecido por el Tratado aplicable".

Por otra parte, y con motivo de las solicitudes de pena efectuadas, el Sr. Fiscal de Juicio requirió que se ordene la inmediata detención de Carlos Alberto Roque Tepedino, por aplicación de lo dispuesto por los artículos 280 y 319 del CPPN, ya que el peligro de fuga se vería incrementado ante la certeza de una condena a la pena más grave que prevé tanto el derecho interno como el internacional.

A su vez, y por los argumentos expuestos durante su alegato, requirió que se revoque el beneficio de arresto domiciliario que viene gozando Mario Alberto Gómez Arenas, y se disponga el cumplimiento de la prisión preventiva en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal.

Finalmente, requirió que, una vez firme, se comunique la sentencia al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Defensa de la Nación para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración de la totalidad de los acusados, con excepción de Taddei, conforme lo previsto en: Decreto Ley 21.965 del personal de la Policía Federal (art. 19 inc. d); Decreto Ley 19.349 de Gendarmería Nacional (art. 49 inc. e); Decreto Ley 19.101 de Personal Militar (arts. 20, inc. 6, y 80); Ley orgánica del SPF 20.416 art. 111 según decreto reglamentario N 534/83 (arts. 5, 6 y 15).

E) Del alegato de la Defensa Pública Oficial a cargo de la asitencia técnica de los imputados González, Avena, Kalinec, Falcón, Donocik, Rolón, Simón, Cardozo, Pereyra Apestegui, Guglielminetti, Taddei, Tepedino y Gómez Arenas:

Escuchadas las partes acusadoras, se le otorgó la palabra a la defensa oficial de los imputados González, Avena, Kalinec, Falcón, Donocik, Rolón, Simón, Cardozo, Pereyra Apestegui, Guglielminetti, Taddei, Tepedino y Gómez Arenas. Así, los Dres. Verónica María Blanco y Santiago Finn expusieron su alegato y, en razón de las cuestiones de hecho y de derecho que enunciaron, invocaron lo siguiente:

I- Cuestiones relativas a la vigencia de la acción penal y a la posibilidad de persecución:

1- En primer lugar, señalaron que en el marco de la causa n 450 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ha mediado pronunciamiento definitivo con relación a los imputados Guglielminetti, Simón y Rolón, toda vez que a fojas 4780/92 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los argumentos de derecho internacional por no ser ley vigente y declaró extinguida la acción penal respecto de los nombrados por considerarlos comprendidos en las leyes denominadas "Obediencia Debida" y "Punto Final".

Asimismo, añadieron que en el marco de ese expediente se solicitó también por parte del Ministerio Público Fiscal la recepción de declaración indagatoria de sus asistidos Taddei y Falcón, sin que jurisdiccionalmente se haya adoptado tesitura alguna con relación a ellos.

Por tal motivo, consideraron que debe otorgarse nuevamente virtualidad al pronunciamiento firme de la Corte de la Suprema de Justicia de la Nación dictado a fojas 4780/4792, solicitando se disponga la absolución de sus asistidos por haber recaído sentencia con autoridad de cosa juzgada en los presentes autos, habiéndose cerrado con ella en forma definitiva la investigación en estas actuaciones. Citaron los artículos 1 y 402 del CPP, 18 y 75 inc. 22 CN, XXV de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre y 8.4 CADH.

2- Posteriormente, y en forma subsidiaria al planteo que antecede, solicitaron la absolución de los encartados Rolón, Taddei, Falcón, Simón y Guglielminetti, ya que respecto de ellos fue requerida en su oportunidad por parte de los entonces Fiscales, Dres. Moreno Ocampo y Strassera, la recepción de declaración indagatoria.

En ese sentido, dijeron que el sometimiento a proceso de los nombrados, resulta violatorio del debido proceso, por violación al principio del ne bis in idem, ya que, según lo entiende la defensa, se verifican las tres identidades que la doctrina suele requerir para la configuración de una persecución penal múltiple. Y agregaron que no se discute ya la posibilidad general o en abstracto de perseguir penalmente a sus asistidos, sino de impedir que se los persiga nuevamente por hechos sobre los que su situación procesal fue resuelta beneficiosamente para ellos.

Así pues, detallaron los hechos que ya habrían sido objeto de imputación a sus pupilos y, en base a ello, requirieron que se dicte la absolución de sus asistidos por aquéllos, citando en su respaldo lo dispuesto por los artículos 1 y 402 del CPP, 18 y 75 inc. 22 CN, XXV de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre y 8.4 CADH.

3- Seguidamente, solicitaron la extinción de la acción penal emergente de estos actuados primero por amnistía y, en segundo lugar, por prescripción.

En ese orden, requirieron nuevamente la absolución de sus ahijados procesales, en función del art. 59 inc. 2 del CP, pues entienden que se trata de un juicio en el que los hechos objeto del proceso han sido legítimamente amnistiados.

A tal efecto, impetraron la aplicación de las disposiciones de la ley N 23.521 al caso de Simón, Taddei, Falcón, Pereyra Apestegui y Rolón; y de la misma más las de la ley 23.492 al caso de Guglielminetti, Kalinec, Donocik, Cardozo, González, Gómez Arenas y Tepedino en tanto y en cuanto, entiende la defensa, ambas leyes fueron dictadas conforme al programa constitucional.

Además de ello, agregaron que la aplicabilidad de aquellas leyes se debe a que, sin perjuicio de que fueron derogadas por ley 24.952 esa abrogación no puede tener efectos retroactivos vulnerando de ese modo derechos adquiridos, según lo dispuesto por el art. 2 del Código Civil, siendo aplicable a su respecto, el principio de la ley penal más benigna. A su vez, y nuevamente según su criterio, sostuvieron que la inconstitucionalidad palmaria de la ley 25.779 tampoco puede constituir óbice para su aplicación.

Así pues, continuó argumentando la defensa respecto de la legitimidad y validez de las denominadas leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final", que la autorización constitucional es amplia en cuanto a amnistiar sin excepciones y fue ratificada con la reforma de 1994, siendo que en virtud de que las amnistías constituyen una herramienta útil en el marco de la justicia transicional, son alentadas también por el derecho internacional. En efecto, señaló la defensa que el dictado de las leyes de obediencia debida y punto final debe enmarcarse en un proceso de "justicia transicional".

Y continuó afirmando que las leyes que fueron anuladas por la ley 25.779, se dictaron en pleno proceso de justicia transicional, por lo que en dicho contexto debe analizarse su validez, al igual que lo hiciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que dictó en esta misma causa hace 20 años. -

Por ello, sostuvieron que no existe instrumento alguno que impida la amnistía de delitos de lesa humanidad ni de Genocidio, ni permita hacer excepción a nuestra cláusula constitucional del art.75 inc. 20 de la CN.

Por lo demás, afirmaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo un uso autoritativo del precedente "Barrios Altos" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso brindaron tres razones que fueron identificadas como "Políticas", "Jurídicas" y "Fácticas", a efectos de que este Tribunal se aparte de la doctrina fijada por el Alto Tribunal en el fallo "Simón".

Por todo lo expuesto, solicitaron que se haga lugar a esta excepción de amnistía y en consecuencia se absuelva a sus asistidos por aplicación de las leyes 23.492 y 23.521.

Luego de ello, y nuevamente en forma subsidiaria, se introdujeron en el planteo de prescripción de los hechos investigados. Para ello, tuvieron en cuenta que la Corte sostuvo en el fallo "Simón" que los hechos objeto de este debate constituyen delitos de lesa humanidad lo que los hace imprescriptibles, y que esa calificación deriva de la costumbre internacional, receptada en nuestro derecho a través del art. 118 CN.

En ese sentido, y si bien la asistencia técnica recordó que la Corte hizo alusión a una regla imperativa de derecho internacional, sostuvieron los sres. defensores que la imprescriptibilidad no es inmanente de las cosas, sino que es algo de lo que se dota. Es decir que, en criterio defensista, se trataría de un concepto vago y mutable conforme a las necesidades de los Estados con el suficiente poder como para poder cambiar esa costumbre.

Así pues, entendió la defensa que los hechos objeto de este debate no pueden ser calificados a los fines de una condena como delitos de lesa humanidad ni como genocidio, ello en tanto y en cuanto no existían al momento en que habrían sido cometidos, normas de derecho interno que los previeran, por lo que de aplicarlos se violaría el principio de legalidad. Sin embargo, agregaron, para el caso de que se considere que efectivamente existe esa costumbre internacional a la que hace referencia la Corte, su aplicación con fuerza de ley como lo hizo el Máximo Tribunal no significa más que la violación al principio de legalidad en cuanto requiere que la ley sea en sentido formal, pero además afecta la división de poderes, pues por más costumbre que exista el Poder Judicial no crea el derecho, sino que lo aplica.

Señaló que la Corte tiene dicho que el instituto de la prescripción se ve alcanzado por el principio de legalidad, el cual supedita la legitimidad de la persecución penal o la aplicación de las normas del derecho penal material a la existencia de una ley previa, escrita, estricta y cierta, extremos que, según considera la defensa, no se verificaban respecto del delito de desaparición forzada de personas, delitos de lesa humanidad ni genocidio, al momento de los hechos.

La defensa agregó que al no encontrarse prevista la categoría de crímenes de lesa humanidad al tiempo de los hechos, las nuevas dimensiones de los derechos humanos que han generado la revisión de los conceptos antes aplicados, se ha debido al avance de la doctrina y jurisprudencia.

Recordó también que en el marco de la causa nro. 13 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal se ha declarado la prescripción de la acción penal con relación a algunos hechos sin que, en aquella oportunidad, la acusación tanto pública como las particulares dijeran nada al respecto.

Finalmente, consideraron que en caso de entender a los delitos investigados como imprescriptibles, no sólo se estaría vulnerando el principio de legalidad, sino también el de igualdad, pues en el mencionado juicio a las juntas, se han beneficiado en algunos casos con la prescripción de la acción penal, y la condenación por delitos de nuestra legislación interna, y no como aquí se pretende, en orden a delitos internacionales.

Por lo expuesto, la defensa solicitó que se declare la prescripción de la acción penal en las presentes y, en consecuencia, se absuelva a sus asistidos arts.1 y 402 CPP; art.2 CP, arts.18 y 75 inc.22 CN; art.II y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts.7 y art.11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts.9 y 24 de la CADH; arts.3, 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4- A continuación, y en forma subsidiaria a la solicitud de prescripción, introdujeron el planteo de insubsistencia de la acción penal por haberse violado el plazo razonable. Fundaron el pedido en que se habría afectado la garantía de ser juzgado en un "plazo razonable", de rango constitucional y reconocida por nuestro Máximo Tribunal en los precedentes "Barra", "Kipperband" y "Salgado", entre otros.

Ello es así para la defensa, pues en el caso de autos nos encontramos con más de 32 años que distancian los hechos hasta la decisión definitiva sobre la situación de los imputados, con más de 20 años que se ha tomado el Estado para efectivizar el enjuiciamiento y que se vería agravada, siempre según la defensa, por la tramitación que se le dio al presente proceso a partir del año 2003.

En ese sentido, señalaron las vicisitudes que rodearon la tramitación de las causas 1668 y 1673, tanto en su faz instructoria, como así también en la etapa posterior a la elevación a juicio.

Finalmente, sostuvieron que la consecuencia más importante de la violación al plazo razonable de juzgamiento es la de la pérdida de fuerza del principio de inocencia, y el consecuente aumento de las posibilidades de ser condenado aún siendo inocente (Informe 35/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En definitiva, solicitaron que se dicte la absolución de sus asistidos por haberse violado a sus respectos el plazo razonable de juzgamiento (arts. 18 y 75 inc. 22 CPP, art. 8 de la CADH; y art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

5- Finalmente, el Dr. Finn requirió, con relación a la causa nro. 1673, que se declare la existencia de cosa juzgada material, pues entendió que lo resuelto al respecto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa nro. 13, tiene validez erga homnes en cuanto a la confusión probatoria presentada en dicha causa, que imposibilitaba tener por cierto que Révora y Fassano hayan sido víctimas de un delito.

Para ello, el Dr. Finn afirmó que debe hacerse una aplicación analógica de lo dispuesto por los artículos 441 y 479 del CPPN, en aras del principio de igualdad y de la seguridad jurídica, pues de lo contrario se estaría ante un acto arbitrario. Con ese objeto, citó algunos precedentes del Alto Tribunal, para así fundar la extensión subjetiva de la cosa juzgada material que invocó.

En conclusión, solicitó la absolución de sus asistidos, en aplicación de la cosa juzgada sentada en la mencionada causa nro. 13, como así también en resguardo del principio de igualdad (artículo 16 de la CN.).

II- Nulidades:

1- La defensa solicitó, exclusivamente en lo que se refiere a la causa nro. 1668, la nulidad de la resolución de fojas 7885/7888 por violación a las garantías del ne bis in idem, juez natural, defensa en juicio y debido proceso.

Ello así, por cuanto entendió la defensa que la resolución de la Cámara Federal que decidió reabrir estos procesos comienza invocando la aplicación de la ley 25.779 -que declaró insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521-, la cual no se encontraba vigente para la fecha del dictado de ese decisorio, pues fue recién el 3 de septiembre de 2003 que se procedió a su publicación en el B.O. entrando en vigencia recién 12 días después de que la Cámara remitiera para el sorteo el expediente.

Así las cosas, entendieron los Sres. Defensores que la ley en que la resolución pretende fundarse no era ley en sentido material ni formal, por lo que la decisión deviene nula por falta de fundamentación legal, ya sea que se la considere un acto administrativo, o bien que se la considere un acto jurisdiccional.

Pero además de ello, la defensa señaló que dicha resolución se ve alcanzada por otros defectos, como es el haber soslayado la disposición del artículo 3 del Código Civil en cuanto a la irretroactividad de las leyes, salvo expresa disposición en contrario, la cual en ningún caso podría afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Entienden que esa disposición también fue inobservada por la Cámara pues a lo largo de su resolución no sólo ordenó la "reapertura" ex officio del proceso, sino que además decidió cambiar el régimen procesal bajo el que venía sustanciándose, limitando el actuar de los jueces inferiores a los que remitía los procesos para su tramitación.

Por ello, consideraron que la violación al debido proceso no sólo es palmaria, sino que además también lo es la violación al juez natural y que, por tal motivo, la resolución fundante de este juicio debe ser declarada nula (arts. 2 y 3 CC; art. 1 CPP, 18 y 75 inc.22 CN, art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 de la Declaración Universal de derechos Humanos; art. 8.1 CADH, art.14 del PIDCP).

2- Luego, la defensa requirió la nulidad de todo lo actuado por violación al principio de Juez Natural, fundando su pretensión en la no aplicación de las disposiciones de la ley 23.049.

En ese sentido, se agravió por que no ha intervenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, órgano al que le correspondería llevar adelante la presente causa, según el criterio de la defensa, de conformidad con lo dispuesto por la referida ley, como así también por haberse aplicado una ley procesal distinta a la prevista al momento de los hechos, cual es el código procesal vigente actualmente.

Finalmente, señaló que la aplicabilidad de la ley 23.049 ha sido tácitamente reconocida por este propio Tribunal al resolver sobre un planteo de incompetencia realizado por esta parte en relación con la ampliación de la acusación por el delito de homicidio al afirmar que este Tribunal es competente para el juzgamiento de esos hechos por aplicación de la jurisdicción territorial asignada por esa ley.

En consecuencia, y en resguardo de las garantías del debido proceso y del juez natural, solicitó la nulidad de lo actuado desde fojas 7885/88 dictando la absolución de sus pupilos en respeto de los principios de preclusión y progresividad del proceso (arts.1 y 402 del CPP, arts.18 y 75 inc.22 CN, art. XXVI del a Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 de la Declaración Universal de derechos Humanos; art. 8.1 CADH y art.14 del PIDCP).

3- De seguido, los Dres. Blanco y Finn impetraron la declaración de nulidad por falta de impulso válido de la acción penal, con relación a ambas causas, por las razones que allí expresaron.

Al respecto, sostuvieron ambos letrados que los jueces federales que previnieron en las causas, violentaron el principio ne procedat iudex officio, que impone no proceder de oficio al órgano judicial, toda vez que por vía constitucional se ha establecido la existencia de un organismo específico para representar al Estado en persecución de sus intereses distinto al juez de la causa, para que tome la iniciativa e inste la actividad jurisdiccional.

En ese sentido, la defensa hizo mención de una presentación realizada por el Dr. Alagia ante el Juzgado Federal nro. 3, en virtud de la cual denuncia y requiere instrucción con relación a hechos no contenidos en la elevación a juicio, lo que a su criterio evidencia que para el propio Ministerio Público es necesario impulsar la acción.

Por tal motivo, y con relación a la causa nro. 1668, la Dra. Blanco requirió la nulidad de todo lo actuado a partir de fojas 8049.

En lo que se refiere a la causa nro. 1673, el Dr. Finn sostuvo que si bien la causa nro. 6859/98 se inició con requerimiento de instrucción, no ocurrió eso con la investigación por los hechos de la calle Belén. Así pues, mencionó que la referida causa comenzó investigando la operación murciélago, con un objeto procesal bien determinado y que fue recién el 11 de marzo de 2002 (fojas 1912) que el Dr. Bonadío se abocó a investigar estos hechos, sin conexidad objetiva ni subjetiva, pues a su criterio no había puntos de contacto. Agregó que los hecho de la calle Belén habían sido desestimados y pertenecían al objeto de la causa nro. 450 y citó al respecto el fallo "Quiroga" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En síntesis, los Sres. Defensores Oficiales señalaron que se ha reiniciado la investigación en relación con los hechos objeto de acusación sin que haya existido expresión de voluntad previa y concreta en los términos del art. 188 del CPPN del Ministerio Público Fiscal, lo cual vulnera el debido proceso y la disposición del art. 120 de la CN (arts. 166 y 167 inc. 2 CPP, art. 37 inc. b y 40 inc. a de la ley 24.946, arts. 18, 120, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

4- Posteriormente, el Dr. Finn solicitó se declare la nulidad de la acusación de la querella de Eduardo Enrique De Pedro, con relación al alegato y pedido de pena formulado respecto de los imputados Carlos Alberto Roque Tepedino y Mario Alberto Gómez Arenas, pues no se integra a una acusación anterior.

A tal fin, fundó su pretensión en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el conocido precedente "Del Olio" y aclaró que el estándar allí fijado no prevé excepciones por conducta justificada. Citó en su respaldo los precedentes "Muñiz", "Rodríguez", "Bulcorf", "Ovanesoff' y "La Torre" de la Cámara Nacional de Casación Penal.

En definitiva, solicitó se declare la nulidad parcial del alegato de la querella de Eduardo Enrique De Pedro en cuanto mantiene una acusación no formulada previamente con respecto a Mario Alberto Gómez Arenas y Carlos Roque Tepedino, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del CPP N, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás normas contenidas en los pactos de jerarquía constitucional que resguarda el derecho de defensa en juicio y el debido proceso.

5- Por su parte, y en el marco de la causa nro. 1668, la Dra. Blanco requirió la nulidad de las acusaciones por indeterminación de los hechos.

Al respecto, señaló que los Dres. Yanzón y Tejera al momento de describir los hechos han omitido absolutamente ubicarlos en espacio.

Por lo demás, y en relación con las restantes acusaciones oídas en el marco de esa causa, sostuvo que esa deficiente descripción de la base fáctica, además, adolece de una total ausencia de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, esta vez entendido como un acto humano susceptible de ser subsumido en una norma legal.

En consecuencia, sostuvo la defensa que la descripción de los hechos no permite conocer en qué circunstancias de tiempo, y en especial de modo y lugar se habrían sucedido los hechos, limitándose a señalar, en algunos casos, la fecha en que produjo la detención de la persona y en otros casos la dirección del lugar, pero sin dar cuenta del momento en que ésta habría sucedido, ni tampoco las características de cada una de las detenciones.

Agregó que no se han indicado circunstancias que den cuenta de un hecho de la realidad que permita ser subsumido en las figuras escogidas y que, por lo demás, se limitan a mencionar que fueron "sometidos a tormentos", sin identificar qué hechos en cada caso se subsumen bajo ese tipo penal.

Por lo demás, refirió que las acusaciones se limitaron a señalar en forma genérica que a sus asistidos se les imputan todas las tareas propias del centro de detención (secuestro, tortura, interrogatorio, custodia), pero sin describir en qué consistió esa participación de cada uno de ellos, en cada uno de los hechos, por lo que esa parte se habría visto impedida de realizar el control lógico que supone todo juicio de subsunción de un evento histórico en una norma jurídica.

Por todo lo expuesto, solicitó se declare la nulidad de las acusaciones formuladas con relación a los hechos investigados en el marco de la causa nro. 1668, en el entendimiento de que no reúnen los datos que hacen a la descripción de los hechos que habilitan el ejercicio del derecho de defensa en juicio (arts. 167 inc. 3 CPP, 18 y 75 inc.22 CN, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

6- A su vez, la Dra. Verónica Blanco requirió la nulidad de la acusación de la querella unificada bajo la representación de Carmen Elina Aguiar de Lapacó, en cuanto a la intervención de las Dras. Ferrero y Molinari, toda vez que, a criterio de la nombrada, constituye un único sujeto procesal de conformidad con lo dispuesto por los arts. 85 y 416 del CPPN, que presenta diferencias sustanciales no sólo en cuanto a la calificación legal que merecen los hechos, sino además, en cuanto a la valoración de la prueba.

Ello así, pues sostiene la defensa que calificación de los hechos como genocidio genera una diferencia insalvable con la acusación efectuada por el Dr. Fernández. Además, agrega que el referido letrado realizó un gran esfuerzo por basar su acusación en el testimonio de Omar Torres, para que luego la Dra. Ferrero solicitara que se remitan testimonios a la instrucción para que se lo investigue en orden a los mismos hechos que aquí se juzgan como sucedidos en el centro de detención "Olimpo".

Por lo expuesto, solicitó que se declare la nulidad del alegato final de la querella unificada bajo Aguiar de Lapacó, pues a su criterio coloca a esa defensa en la situación de responderle al mismo sujeto procesal sobre dos calificaciones legales que se excluyen y sobre la conformación de un cuadro probatorio en base a prueba del debate que contradictoriamente unos consideraron legítima y otros delictiva (arts. 167 inc. 2 y 416 del CPP, 18 y 75 inc.22 CN, 10 de la Declaración universal de Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

7- Asimismo, la Defensa Oficial solicitó, con relación a ambas causas, la nulidad de la acusación Fiscal por violación al principio de congruencia, la que requirió se haga extensiva al alegato de la querella unificada en cabeza de Carmen Aguiar de Lapacó, respecto del tramo referido por la Dra. Ferrero en cuanto acusó en orden a la calificación legal de genocidio.

El presente pedido fue fundamentado, sucintamente, en que la acusación con base en la calificación legal del tipo penal internacional de genocidio resulta sorpresiva, ya que no se encontraba contenida en el auto de elevación a juicio, sino que -a criterio de la defensa- la mención que allí se realizó fue respecto de los crímenes de lesa humanidad y al sólo efecto de invocar la imprescriptibilidad y la imposibilidad de amnistiar los hechos investigados

Por lo demás, trajo a colación el fallo "Sircovich" del Alto Tribunal con relación a la calificación escogida y señaló que se realizó una aplicación analógica al integrar el tipo penal internacional de genocidio, con la pena de prisión perpetua prevista por la ley nacional.

Luego, por las cuestiones señaladas por la defensa en su alegato, el Dr. Finn sostuvo que este planteo se hace extensivo también a la calificación principal que escogió la querella de De Pedro, en cuanto a la figura de genocidio y a la subsidiaria de la sustracción del menor.

En definitiva, los Sres. Defensores Oficiales solicitaron la nulidad de las acusaciones referidas, por violación al principio de congruencia (arts. 166, 167 inc. 2 CPP, arts. 18, 75 inc.22 CN; art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 8.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 9.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

8- A continuación, la Dra. Blanco planteó diversas nulidades y excepciones con relación a las acusaciones respecto de algunos casos en particular.

En lo que se refiere a los casos que habrían damnificado a Pablo Pavich, Marcelo Daelli, Eduardo Raúl Castaño y Juan Carlos Seoane, requirió la nulidad de la acusación Fiscal por incongruencia.

En lo que hace a los casos que se habrían cometido en perjuicio de Pablo Pavich, Juan Carlos Fernández Pereyra, Abel Héctor Mateu Gallardo y Sergio Víctor Cetrángolo requirió la nulidad de la acusación de la querella de Aguiar de Lapacó, en cuanto acusó al imputado Guglielminetti con relación a esos hechos que no fueron elevados a juicio a su respecto.

En cuanto a los casos que habrían perjudicado a Carmen Elina Aguiar de Lapacó, Alejandro Aguiar Arévalo, Alejandra Lapacó, Miguel Ángel Butti Arana y Mabel Verónica Maero impetró la nulidad de todas las acusaciones, por incongruencia.

Con respecto al caso que habría damnificado a Jorge Alberto Allega, solicitó la nulidad de la acusación de la querella de Aguiar de Lapacó, en cuanto acusó a los imputados Pereyra Apestegui y Avena con relación a ese hecho, que no fue elevado a juicio respecto de los nombrados.

Finalmente, en lo que se relaciona con el caso que habría sido cometido en perjuicio de Mario César Villani, invocó la existencia de cosa juzgada en virtud del sobreseimiento definitivo dictado con fecha 6 de abril de 1981 en el expediente 15.548/79 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 15, como así también lo decidido al respecto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa nro. 13.

III- Nulidad de la ampliación de la acusación por el delito de homicidio calificado:

1- En primer lugar, la defensa solicitó la nulidad de la ampliación de la acusación debido a que, en su entendimiento, no se presentan los supuestos que

establece el artículo 381 del CPPN.

En ese sentido, señaló que no se trata de un cambio de calificación, sino de una ampliación, y que el Ministerio Público Fiscal excluyó la hipótesis del concurso real de delitos, conformándose -a criterio defensista- con la afirmación de una presunta coautoría funcional de los imputados, que habría basado también en el presunto conocimiento que ellos tendrían de que de ese traslado terminaría en uno de los denominados "vuelos de la muerte". Sostiene la defensa que la Fiscalía no indicó por qué podría haber coautoría en momentos previos al comienzo de ejecución del delito por el que solicitó la ampliación.

Agregó la Dra. Blanco que, en su inteligencia, la Fiscalía habría sido arbitraria con relación al imputado Avena, pues sostuvo que se encontraba internado y por ende, sin cumplir funciones al momento del traslado, no obstante lo cual debía responder por ello en tanto y en cuanto los había mantenido en cautiverio hasta un mes antes del traslado y conocía de la posibilidad de que ese traslado existiera.

Luego, reiteró la defensa su hipótesis de que no se trata de hechos nuevos que hayan surgido de las declaraciones de los imputados o de testigos recibidas en el debate. Así pues, señaló que los hechos que se califican como nuevos serían los resultantes del Legajo nro. 16 de la Cámara Federal caratulado "Hallazgo de cadáveres ocurridos en el mes de diciembre de 1978 recuperados de los Cementerios Municipales de Gral. Lavalle, Villa Gesell y Gral. Madariaga, Provincia de Buenos Aires", cuyo trámite fue concluido a mediados de 2007, esto es, antes de la clausura de la instrucción y posterior elevación a juicio de estos actuados.

Por otro lado, la defensa sostuvo que la ampliación solicitada por la Fiscalía no se refiere a hechos "que integren el delito continuado atribuido", por lo que la ampliación sería nuevamente impertinente. Ello así, pues consideró la defensa que la secuencia de los hechos que incluyen detención, tortura y muerte no ha sido así necesariamente, por lo que -según ella entiende- al momento de la detención no es cierto que las autoridades correspondientes ya hubieran decidido sobre la suerte del detenido.

Por otra parte, sostuvo que tampoco configura un supuesto de delito continuado, pues se trataría de un supuesto de delitos distintos cuya relación es tener el mismo sujeto pasivo. Añadió que la doctrina es conteste en que para que se trate de un delito continuado debe existir la afectación de un mismo bien jurídico, pues si se trata de bienes jurídicos distintos, dicha creación procesal sería inaplicable.

En consecuencia, la defensa solicitó que al no verificarse los supuestos del art. 381 del CPPN, se rechace la ampliación de la acusación, absolviendo a sus asistidos en orden a los cinco homicidios calificados por los que fueron acusados, pues entendió que recaer sentencia por los delitos objeto de la ampliación ésta sería nula a la luz de la garantía del debido proceso.

2- Por otra parte, la Dra. Blanco requirió la nulidad de la acusación de los homicidios en contra del imputado Taddei, atento a la limitación de su extradición.

En ese sentido, y en miras a los fundamentos esgrimidos por la acusación fiscal, la defensa señaló que el art. 77 del Estatuto de Roma prevé penas para los delitos que allí se tipifican sin que tenga vinculación alguna con una obligación entre estados en situaciones siquiera asimilables a una extradición.

Refirió que la ley 23.708 -que aprobó el tratado bilateral entre la República Argentina y el Reino de España- es ley vigente, que no fue derogada, que no fue reemplazada por la suscripción de otro Tratado en la misma materia, y que no puede ser desatendida por la Argentina porque fue en ella en la que aceptó bilateralmente con España determinado procedimiento de extradición y Asistencia judicial.

En ese marco, afirmó que si el imputado Taddei hubiera sido extraditado en base a los hechos por los que fue acusado por la Fiscalía, el Estado argentino debería haber asumido el compromiso de no aplicar una pena perpetua, de conformidad al límite establecido en el artículo 10 del tratado bilateral.

En síntesis, la defensa fundó su solicitud de nulidad en que no se pidió autorización para ampliar la acusación respecto del imputado Taddei y en que no se podría aplicar pena perpetua, pues ello está expresamente prohibido por el convenio bilateral.

Por ello, requirió que así se declare y que se absuelva a su asistido en orden a los homicidios que le fueron imputados (arts. 1, 402 CPP, arts. 18 y 75 inc. 22 CN, art.10 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

3- A su turno, requirió la nulidad de la ampliación de acusación por indeterminación de los hechos, ya que consideró que no se determinó qué conducta habrían realizado sus asistidos y de qué modo se la subsume en la calificación de homicidio agravado por alevosía y por la cantidad de intervinientes.

Por ello, y con fundamento en los argumentos desplegados durante su alegato, solicitó que se declare la nulidad de la acusación en cuanto se refiere a ampliación instada por la Fiscalía, y se dicte la absolución de sus asistidos.

4- Finalmente, interpuso una solicitud de nulidad con relación a la prueba que fuera utilizada por el Sr. Fiscal en relación con la identificación de los cadáveres.

Ello así, por cuanto consideró que los estudios de ADN, las exhumaciones de los cadáveres y demás procedimientos previos a la ampliación de la acusación, se realizaron por una vía paralela del expediente principal y, por tal, sin control de la defensa, toda vez que fueron llevados a cabo simultáneamente, mientras ya se hallaba en trámite la presente causa en su etapa instructoria.

En definitiva, y debido a que entendió que se trata de una recolección de pruebas ilegítimas y en violación a las disposiciones de los arts. 258 y cctes. del CPPN, solicitó que se declare la nulidad de los peritajes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (art. 167 inc. 3 del CPPN y arts. 18 y 75 inc.22 CN).

IV- Demás cuestiones planteadas:

Por lo demás, y ya superados los planteos de excepción y nulidad, la Defensa Oficial hizo su desarrollo respecto de la valoración de la prueba, especialmente la testimonial, de la acreditación o no de cada hecho en particular, de la individualización de sus asistidos y, en definitiva, de la calificación legal escogida por las partes acusadoras.

En cuanto a la selección de la figura penal de genocidio, la defensa entendió que no es procedente, independientemente de cómo puedan evaluarlos otras ciencias como la sociología o la antropología, ya que en el ámbito del derecho la aplicación de ese tipo penal internacional choca con un obstáculo insalvable, que es -en su criterio- el principio de legalidad. Así pues, sostuvo la defensa que no se trata de una formalidad de la que pueda prescindirse, puesto que aquél le da racionalidad al Derecho Penal. Señaló que sin principio de legalidad no hay derecho penal, sino que habría, en todo caso, solamente pena. Expresó que las acusaciones han afectado cada uno de los derivados de ese principio, y que se refieren a la nulla poena sine lega scripta; nulla poena sine lege stricta; nulla poena sine lege previa y nulla poena sine lege certa.

Por su parte, señaló que el referido principio tiene plena aplicación en el derecho internacional, que también se encuentra previsto por normas ius cogens, y sustentó su afirmación en el artículo 13 de la ley 26.200 y en las previsiones del Estatuto de Roma.

Asimismo, y en lo que se refiere exclusivamente a la tipicidad objetiva del delito de genocidio, la defensa subrayó, entre otras cosas, que no hay "grupo" objetivamente homogéneo, ya que las personas detenidas provenían de sectores heterogéneos: militancia política, estudiantil, gremial y barrial. Agregó que no están acreditadas las "lesiones graves a la integridad física o mental" a las que aludió el Ministerio Público Fiscal (inciso "b" del artículo 2), ni que las condiciones de detención acarreasen su destrucción física total o parcial (inciso "c" del artículo 2), ni que, por último, haya habido un traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro (inciso "e"), ignorándose cuál es el otro grupo nacional, étnico, racial o religioso al que habrían sido llevados.

Por tales motivos, solicitó el rechazo de la figura de genocidio y, a la postre, se refirió a la improcedencia de las figuras de derecho interno, tales como privación ilegítima de la libertad, tormento y homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Luego de ello, fueron señaladas por la defensa las causas de justificación e inculpabilidad en las que consideró incursos a sus asistidos. Al respecto, invocó obediencia debida (art. 34 inc. 5 CP) y, subsidiariamente, la existencia de un error sobre la concurrencia de los presupuestos de esa causal de justificación o inimputabilidad (en función del art. 34 inc.1 CP). Finalmente, también invocó de modo subsidiario, la existencia de un estado de necesidad exculpante o, al menos, error sobre los presupuestos objetivos de dicha causal (art. 34 incs. 2 y 4 CP).

Posteriormente, atacó los elementos que tuvieron en cuenta las partes acusadoras a los fines de mensurar las penas que solicitaron. En efecto, señaló la defensa que no existen motivos jurídicos para imponer una pena desde la óptica de las teorías de justificación de la pena, pues en estos casos ya no tiene sentido, salvo que sea fundada en la necesidad de una retribución. No obstante ello, y para el caso de que el Tribunal no comparta la solución propuesta, mencionaron los criterios que deberían seguirse a los fines de graduar las penas a imponer. En esa línea, sostuvieron que deben considerarse como atenuantes genéricos: el largo período de tiempo que tardaron en ser juzgados; el grado de incertidumbre que importa la persecución penal y repercute en los derechos de las personas, afecta su libertad, su ánimo, su salud; la situación económica en que se encuentran; el contexto histórico en el que les tocó vivir, especialmente en el lugar donde estaban; y la ausencia de antecedentes condenatorios firmes -a excepción de Guglielminetti-. A su vez, se refirió a los atenuantes particulares de cada uno de sus asistidos y recordó la situación del imputado Taddei que fuera sindicada durante su alegato y que guarda relación con la prohibición de imponerle una pena de prisión perpetua, conforme extrae la defensa del artículo 10 de la ley 23.708.

Solicitó también se rechacen los pedidos de las partes acusadoras en cuanto a la revocación del arresto domiciliario del que goza su asistido Gómez Arenas y del cese de prisión preventiva que le fuera oportunamente otorgado a su pupilo Tepedino.

Finalmente, solicitó se haga lugar a los planteos efectuados durante su alegato y se absuelva a sus asistidos disponiéndose sus inmediatas libertades y, para el caso de que se dicte condena, se los exima de la imposición de pena o se la mensure conforme a los parámetros expuestos.

Realizó las reservas correspondientes (conf. actas de debate de fechas 23, 24, 29 y 30 de noviembre de 2010).

F) Del alegato del Dr. Franco a cargo de la asitencia técnica del imputado Del Pino:

Luego se le concedió la palabra al Dr. Franco para que lleve adelante el alegato respecto de su defendido Del Pino, quien expuso entre sus argumentos de hecho y derecho, lo siguiente:

I- Cuestiones relativas a la aplicación de la ley penal en relación al tiempo.

1- En primer lugar, señaló que su asistido se encontraba amparado por las leyes 23.049 y 23.521 y que la aplicación de la norma 25.779, era contraria a principios internacionales, así como también a la Constitución Nacional.

En tal sentido, expresó de conformidad con lo normado por el art. 2 del Código Penal, que se debían aplicar las leyes conocidas como "obediencia debida" y "punto final", dado que aquellas eran más beneficiosas para su pupilo. Asimismo, invocó la irretroactividad de la ley penal, por lo que solicitó la aplicación de las leyes de amnistía, así como también efectuó una crítica a la constitucionalidad de la ley 25.779.

Por lo expuesto, solicitó se declarase la nulidad de todo lo actuado y se absolviera a su pupilo Del Pino, por aplicación de las leyes y principios citados.

2- Seguidamente, el Dr. Franco solicitó la absolución de su asistido toda vez que los hechos por los cuales estaba siendo sometido a juicio se encontraban prescriptos por el transcurso del tiempo.

A tal efecto, invocó que la aplicación de la ley 24.584 que aprobó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad era inconstitucional, ello frente a lo que prescribe el art. 18 de la Constitución Nacional en lo que hace a la irrectroactividad de la ley en materia penal.

Asimismo señaló que para proceder a la aplicación de las normas ius cogens, o "derecho de gentes", o derecho consuetudinario internacional, resulta primordial que el mismo no contraríe principios constitucionales nacionales.

También refirió que tal fuente del derecho puede contrariar garantías no sólo establecidas en nuestra constitución nacional, sino en los mismos tratados internacionales a los que nuestro país ha adherido.

Para mayor ilustración, citó el caso "Aussaresses" (Sentencia del 17 de junio de 2003 -dictada por la Sala Criminal de la Corte de Casación de Francia), donde se consideró que los hechos ocurridos en Argelia durante los años 1955 a 1957 se encontraban prescriptos, dado que dicha República había incorporado a su legislación el tratado internacional que dispone la Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad recién en el año 1964, con lo cual los hechos ocurridos con anterioridad no eran alcanzados por esta legislación.

Por ello, y en base a los argumentos desarrollados, el Dr. Franco sostuvo que resulta notoriamente inconstitucional pretender la imprescriptibilidad de los hechos atribuídos a Enrique Del Pino por no resultar ajustado al derecho aplicable al caso y por violar en forma flagrante las garantías constitucionales que se desprenden de los principios de legalidad y de reserva legal.

II- Nulidades.

1- La Defensa solicitó, con relación a ambas causas, la nulidad de la acusación Fiscal por violación al principio de congruencia, la que requirió se haga extensiva al alegato de la querella unificada en cabeza de Carmen Aguiar de Lapacó, respecto del tramo referido por la Dra. Ferrero, así como también del querellante De Pedro, en cuanto acusaron en orden a la calificación legal de genocidio.

Tal solicitud fue fundamentada, sintéticamente, en que la acusación formulada en base al tipo penal internacional de genocidio resulta sorpresiva, ya que no se encontraba contenida en el auto de elevación a juicio.

Por lo demás, esa defensa dejó planteada la nulidad de las acusaciones que a su entender habían modificado sustancialmente la plataforma fáctica de las acusaciones originarias y de sus ampliaciones formuladas en el debate, incorporando al emitir las conclusiones finales en los hechos atribuidos circunstancias fácticas no contempladas originariamente, que modifican sustancialmente la plataforma sobre la que se plasmó la defensa desde un primer momento, violando de esta forma la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio y vulnerando asimismo el principio de congruencia o correlación que debe existir entre acusación, hecho intimado y sentencia.

2- Luego, el Dr. Franco solicitó se declarara la nulidad de la acusación de la querella cuya representación se encuentra en cabeza de Aguiar de Lapacó, ello en virtud de que las Dras. Ferrero y Molinari durante el alegato, había propiciado contradicciones con relación a la acusación efectuada por el Dr. Fernández.

En este sentido, dicho letrado refirió que "-más allá de la persona que haya oralizado el discurso- se trata de una misma y única personalidad, y habiendo llegado a conclusiones que se oponen en su forma y sustancia, el acto jurídico que constituye el alegato de la querella unificada Aguiar de Lapacó resulta nulo de nulidad absoluta, pues afecta a la intervención del acusado en el proceso de conformidad a lo establecido en los arts. 166, 167 inc. 3 del C.P.P.N, violando la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional)".

3- Posteriormente, requirió se declararan nulas las alegaciones realizadas por las partes acusadoras dado que las descripciones de los hechos efectuadas "adolecen del mismo defecto insalvable en cuanto a la falta de precisión de los hechos y conductas atribuidas, lo que genera una inocultable violación al derecho de defensa en juicio, cuya protección tiene rango o jerarquía constitucional, de conformidad a lo establecido en el art. 18 de la Carta Magna".

También sostuvo que la descripción fáctica resulta vaga u oscura, pues no se han determinado con precisión los hechos y conductas atribuidas a su asistido, cuestión que no sólo afecta directamente el derecho de defensa en juicio, sino que impide realizar el análisis correspondiente al principio de congruencia y establecer los alcances de la cosa juzgada.

4- Seguidamente, con relación a la declaración testimonial prestada por Omar Torres en el debate oral y público celebrado, esgrimió que dicho acto debía ser nulificado dado que el mismo fue llevado a cabo en condiciones prohibidas por la Constitución Nacional.

A su vez, señaló que el Tribunal le recibió sus dichos juramentados sin haberle advertido que se estaba autoincriminando y que, por tal motivo, sus dichos son de ningún valor (artículos 18 CN y 166 y 167 inc. 3 del CPPN).

5- Por otra parte, el Dr. Franco se refirió a la ampliación de la acusación formulada por el Dr. Alagia durante el transcurso del debate, al respecto manifestó que "[l]a Fiscalía con adhesión de las partes querellantes, han solicitado la ampliación de la acusación en este debate, en los términos del art. 381 del CPPN, por entender que , en los casos nominados 123, 124, 129, 130 y 134 relacionadas con las privaciones de libertad y tormentos sufridos por Jesús Peña, Helios Serra Silvera, Isidoro Peña, Cristina Carreño Arraya y Santiago Villanueva, surgieron del debate nuevas circunstancias que ameritan -a su criterio-la ampliación de la acusación originaria, sosteniendo básicamente que dada la existencia de un Plan Sistemático para el exterminio de "subversivos", existe una vinculación entre el secuestro de personas y su posterior Homicidio, existiendo una secuencia continua de hechos que se encuentran vinculados como lo son el Secuestro, Tortura, Cautiverio, Traslado y Homicidio, que lleva a calificar los hechos en los parámetros del Delito continuado, porque serían todas etapas de un mismo plan..."

Dicho ello, el letrado defensor esgrimió que al efectuarse dicha ampliación se había modificado la calificación legal originaria, agregando ahora el delito de Homicidio agravado, como integrante del delito continuado.

Por esos motivos, es que sostuvo que dicha ampliación era inadmisible y plenamente nula.

4- Finalmente, se avocó al tratamiento de los hechos en particular, así como también a la prueba concerniente a los mismos.

Al finalizar dicho relato, solicitó se haga lugar a los planteos efectuados durante su alegato y se absuelva a su asistido disponiéndose su inmediata libertad y, para el caso de que se dicte condena, se los exima de la imposición de pena o se la mensure conforme a los parámetros expuestos.

Realizó las reservas correspondientes (conf. actas de debate de fecha 30 de noviembre de 2010).-

G) Del alegato de la Dra. Corbacho a cargo de la asitencia técnica de los imputados Miara, Rosa y Uballes:

Luego se le concedió la palabra a la Dra. Corbacho para que lleve adelante el alegato respecto de sus defendidos Miara, Uballes y Rosa, quien expuso entre sus argumentos de hecho y derecho, lo siguiente:

I- Cuestiones relativas a la aplicación de la ley penal.

1- En primer lugar, solicitó el apartamiento de la doctrina emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Simón" y "Mazzeo", por tratarse de un uso autoritativo del derecho internacional y del precedente "Barrios Altos", requiriendo consecuentemente la aplicación de las leyes de amnistía.

A su vez, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.779, por violación al Art. 75 de la CN en cuanto declara insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521.

2- Por otra parte, postuló la aplicación del principio de ne bis in idem con relación a su pupilo Miara.

En primer lugar, señaló que en el marco de la causa n 450 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ha mediado pronunciamiento definitivo con relación a su asistido Miara.

Puntualmente esgrimió que "Samuel Miara fue sindicado por los fiscales que intervenían en esta misma causa cuando se encontraba registrada bajo el n 450 de la Excma. cámara federal solicitando su declaración indagatoria a fojas 1186/1246 sindicándolo bajo el apodo de Cobani como parte del plantel de los centros clandestinos atlético, banco y olimpo, imputándole la aplicación de tormentos de una multiplicidad de personas que estuvieron detenidas en tales sitios".

Al finalizar el tratamiento de dicho planteo añadió que "Miara fue alcanzado por las prescripciones del artículo 1 de la ley 23.521, de manera que la declaración de nulidad de la norma en cuestión y la consecuente reapertura de la causa n 450, y la posterior detención de Samuel Miara el 16 de agosto de 2005, y sometimiento a este proceso, resultan violatorios del principio constitucional de ne bis in idem".

"En efecto, cosa juzgada y ne bis in idem no son necesariamente lo mismo, y así lo ha resuelto nuestro máximo tribunal. En el considerando 7 del fallo Videla CSJN fallos 326:2805 siendo que del voto emitido en primer término se efectúa la siguiente precisión: [frente a la posibilidad de que quien ya fue juzgado por determinado hecho lo sea nuevamente por el mismo hecho, la ley procesal prevé como remedio la excepción de cosa juzgada. Pero luego el tribunal afirmo que: ...no es este el único remedio para resguardar la garantía del non bis in idem.]".

3- Continuando con su alegato la Dra. Corbacho esgrimió que a su entender ".la acción penal respecto de mis pupilos procesales se encuentra prescripta. A los efectos del presente planteo, solicitaré que se aparte el tribunal de los argumentos de nuestro máximo tribunal del Arancibia Clavel en el cual nuestro máximo tribunal justifica la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del acusado desmantelando y asolando, los principios de legalidad, culpabilidad e igualdad ante la ley.".

Posteriormente realizó un relato de los votos efectuados por los Ministros de la Corte en el fallo citado.

Así las cosas y luego de efectuar un análisis del fallo de mención, entiendo que "los argumentos expuestos en Arancibia Clavel han vulnerado el Art. 18 de la Constitución Nacional que impide la pena de aquel que habita el territorio nacional sin que se respete su juicio previo, y este juicio previo debe tener su fundamento en una ley anterior al hecho por el cual se lo juzga. Por lo que solicito se aparte el tribunal de este precedente y se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, y Eufemio Jorge Uballes, y se los absuelva de culpa y cargo en orden a los hechos por los cuales fueron acusados".

II- Nulidades.

1- La Defensa solicitó la nulidad de la acusación Fiscal por violación al principio de congruencia, la que requirió se haga extensiva al alegato de la querella unificada en cabeza de Carmen Aguiar de Lapacó, respecto del tramo referido por la Dra. Ferrero, en cuanto acusaron en orden a la calificación legal de genocidio.

Tal solicitud fue fundamentada, sintéticamente, en que la acusación formulada en base al tipo penal internacional de genocidio resulta sorpresiva, ya que no se encontraba contenida en el auto de elevación a juicio.

Al respecto, dicha defensa expresó que "[t]anto la doctrina como la jurisprudencia sostienen el criterio de que el principio de congruencia sólo exige que no haya modificación del hecho, ya que no se viola este cuando los actos procesales de imputar, procesar y sentenciar tienen el mismo núcleo fáctico. Sin embargo, el cambio de calificación puede -en algunos casos- generar indefensión desde el momento que cada figura penal abarca conductas diferentes; al variar la selección del tipo, varía la conducta.".

Luego la Dra. Corbacho, tras efectuar un análisis del tipo penal de genocidio y de las calificaciones por las que fueran imputados sus asistidos a lo largo del presente proceso, solicitó que se declare la nulidad de las acusaciones efectuadas por la Fiscalía y por la querella de Aguiar de Lapacó en virtud de lo normado en los arts. 167, a contrario sensu, del código Procesal Penal de la Nación, y los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.

2- Seguidamente, hizo alusión a la acusación formulada por la querella encabezada en Aguiar de Lapacó, diciendo que durante el alegato esbozado por la mentada parte ".se verificó una situación especial que descalifica esa acusación no sólo por las cuestiones referidas precedentemente, sino porque una misma parte formuló una acusación en un sentido acusando a los imputados en virtud del delito de genocidio desatendiendo y por ende excluyendo el desarrollo que venía de hacer esa misma parte en otro sentido. La auto contradicción evidenciada en el desarrollo intelectual de la querella de Aguiar de Lapacó es evidente, y, le impide a esta parte ejercer debidamente su derecho de defensa....".

En virtud de la incompatibilidad evidenciada, solicitó se decretara la nulidad de dicha pieza acusatoria.

3- Posteriormente, la Dra. Corbacho requirió que se declare la nulidad de la detención de Samuel Miara, y de todo lo actuado en consecuencia, puesto que entendió que no ha mediado consentimiento previo de parte de la República del Paraguay en los términos de artículo 26 del Tratado de Montevideo, para que el nombrado sea sometido a este proceso.

Al respecto, sostuvo que el juez instructor detuvo, indagó y procesó al encausado Miara y recién, luego de ello, solicitó el correspondiente consentimiento a la República del Paraguay, el que fue concedido el día 27 de noviembre de 2006, es decir más de un año después de su detención.

Subsidiariamente, manifestó que la República del Paraguay no prestó su anuencia para que el nombrado sea juzgado en orden al delito de genocidio, por lo que no podría ser condenado en virtud de tal calificación.

Por último, señaló que las imputaciones respecto del delito de homicidio calificado que se habría cometido en perjuicio de los hermanos Peña, Villanueva, Serra Silvera y Carreño Araya, excede el marco por el que fuera prestado el consentimiento para su juzgamiento, ya que sólo se lo ha concedido respecto de la privación de la libertad e imposición de tormentos.

Al finalizar el tratamiento del planteo, solicitó se hiciera lugar a la nulidad planteada y se absuelva a su asistido. Asimismo, y en caso de que esa cuestión no prospere, requirió que se lo absuelva con relación a los delitos de genocidio y homicidio calificado por los que mediara acusación.

4- Por último, solicitó que se declare la nulidad de las acusaciones formuladas por las partes, en virtud de que a su entendimiento no habían sido debidamente descriptos los hechos objeto de imputación.

Al respecto durante su alegato esgrimió que ".. .la imputación cumple la función especifica de atribuir una conducta cierta, supuestamente ilícita, al imputado para que este pueda ejercer su derecho de defensa en juicio. Va de suyo que nadie, puede ejercitar este derecho constitucional, si no sabe a ciencia cierta, qué conducta (en su acción y resultado) se le atribuye, por ello mismo, para que la teleología imputativa se satisfaga acabadamente, debe cumplir ciertos requisitos de forma y contenido sin los cuales no es válida. La ausencia de estos requisitos nulifican el acto imputativo, permitiendo su descalificación jurisdiccional.".

Así pues, entre otras cosas, manifestó que los acusadores únicamente tuvieron por probado la presencia de los encausados en los centros clandestinos de detención y que, a su vez, realizaron imputaciones de tal generalidad que llevaban a que las conductas achacadas puedan ser encuadradas en distintos tipos penales.

Por todo lo expuesto, en virtud de lo normado en los artículos 167, y, 393, del CPPN, art. 18, y 19 y preámbulo de la Constitución Nacional, y solicitó se declarase la nulidad de las acusaciones formuladas por las acusadoras particulares y la fiscalía general, y se absuelva de culpa y cargo a Miara, Uballes y Rosa.

5- Finalmente, se avocó al tratamiento de los hechos en particular, así como también a la prueba concerniente a los mismos.

Al finalizar dicho relato, solicitó se haga lugar a los planteos efectuados durante su alegato y se absuelva a sus asistidos disponiéndose sus libertades y, para el caso de que se dicte condena, se los exima de la imposición de pena o se la mensure conforme a los parámetros expuestos.

Realizó las reservas correspondientes (conf. actas de debate de fecha 1 y 6 de diciembre de 2010).

CUARTO: DE LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES Y DE LA PRUEBA INCORPORADA POR LECTURA

Durante el transcurso del debate se ha escuchado a las siguientes personas prestar declaración testimonial, cuyos dichos han sido registrados en sistemas de audio y video, que forman parte integrante de la presente: María Esther Biscayart; Marcelo Damián Senra; Carmen Elina Aguiar de Lapacó; María Paula Maroni; Enriqueta Asunción Rodríguez de Maroni; María Rosa Graciela Giganti; Delia María Barrera y Ferrando; Carlos Enrique Pisoni; Mónica Marisa Córdoba; Emma Ferrario; Aurora María Zucco de Bellocchio; Rufino Jorge Almeida; Carlos Rodolfo Cuellar; Pablo Héctor Rieznik; Emilio Guagnini; Fernando Daniel Tocco Basualdo; Pablo Martín Risso; Julieta Risso; Juan Agustín Guillén; Osvaldo Manuel Alonso; Jorge Alberto Giovannoni; Ramiro Poce; Horacio Mario Scutari; Manuel Goizueta; Beatriz Elena Bobes; Marcela Hebe Marandet; Mirta Beatriz Israel; Héctor Eugenio Israel; Dora Carmen Nocera; Carlos Noé Reyes; Rosa Szwarcberg; Zulema Isabel Sosa de Alfaya; Silvia Graciela Fontana; Guillermo Daniel Cabrera Cerochi; Osvaldo Juan Francisco La Valle; Nora Beatriz Bernal; Amanda Consuelo González; Julia Rosa González; Nélida Isabel Lozano; Oscar Eduardo Cidré Rodríguez; Ricardo Hugo Peidro; Gabriela Beatriz Funes de Peidro; Elena Isabel Nicolía; Raúl Corcoles Aguirre; Marcelo José Fernández; Diana Nora Trifiletti; Carlos Francisco Brazzola; Luis Carlos Maldacena; Ángel Esteban Valoy; Susana Isabel Diéguez; Daniel Eduardo Fernández; Mónica Cristina Fernández; Gerardo Silva; Adolfo Ferraro; Marcos Lezcano; María Esther Basualdo; Ana María Careaga; Pedro Miguel Antonio Vanrell; Fernando José Ángel Ulibarri; Aldo Victorio Tartaglia; Marta Gladys Moya; Alicia Juana Arana; Jorge Alberto Allega; Jorge Delfor Falcone; Martín José Arrieta; Diana Inés Montequín; Miguel Ángel D'Agostino; Luis Federico Allega; Horacio Pantaleón Ballester; Adolfo María Pérez Esquivel; Marcelo Gustavo Daelli; Alejandro Francisco Aguiar Arévalo; Jorge Raúl Goizueta; Laura Bonasorte; Patricia Bernardi; María Mercedes Salado Puerto; Gilberto Rengel Ponce; Verónica Senra; Edgardo Rubén Fontana; María del Carmen Rezzano; Mariana Patricia Arcondo; Carmen Vieyra de Abreu; Julio Eduardo Lareu; Jorge Eduardo Homps; Juan Franco Zottarel; Susana Del Carmen Prigione; Jorge Roberto Gaidano; Carlos Oscar Calcagno; Osvaldo Rafael Onel; Verónica Beatriz Zaldarriaga; Olga Esther Gasparini de Zaldarriaga; Ana María Zaldarriaga; Horacio Julio Di Matteo; Julio Fernando Rearte; Juan José Estévez; Elena Mirta Cario de Mazuelo; Graciela Fachal de Elicabe Urriol; Daniel Aldo Merialdo; Claudio Davila; Lydia Rosa Gómez; María Cristina Cajiga de Olivera; Mirta Liliana Guarino; Alfredo Iván Troitero; Dora Gladis Carreño Araya; Gabriel Agustín Mateu; Raquel Alcira Marchetti; Daniel Andrés Maero; Eduardo Jorge Fernández; Norberto Rubén Gosende; Teresa Macri de Cerruti; Isabel Teresa Cerruti; Juan Carlos Cerruti; Susana Leonor Caride; Jorge Augusto Taglioni; Graciela Irma Trotta; José Roberto Scoppa; Isabel Mercedes Fernández Blanco; Enrique Carlos Ghezan; Elsa Ramona Lombardo; Tránsito Elpidio Marín; Miguel Omar Guagnini; Norberto Rubén Pereyra; María Rosa Migone de Tornay; Norma Susana Stremiz; Huri Elizabeth Tornay; Jorge Osvaldo Paladino; Porfirio Fernández; Alberto Próspero Barret Viedma; Alicia Graciela Pes; Estela de la Cuadra; María Victoria Prigione Greco; María Isabel Prigione Greco; María Teresa Squeri; María Marta Squeri; Nélida Sara López Elasel; Juan Enzo Licheri; Pablo Alejandro Jurkiewicz; Cristina Azucena Jurkiewicz; Ada Cristina Marquat; Mario César Villani; Julia Elena Reynal OConnor; Domingo Luis Zavala; Horacio Martín Cuartas; Gustavo Francisco Demiryi; Olimpio Garay; Hugo Roberto Rodríguez; Alfredo Sotera; Carlos Alberto Martínez; Ignacio Juan Francisco Uriburu; Eduardo Manuel Butler; Eduardo Antonio Piazza; Luis Alberto Pérez Officialdeguy; Miguel Aníbal Giao; Gilda Susana Agusti; Azzam Mansur Estefanos; Carlos Alberto Malamud; Zulema Maria Emilia Castro; Patricia Josefina Navarro Roa; Alejandro Alonso; Jorge Alberto Braiza; Adriana Claudia Trillo; Eduardo Enrique De Pedro; Laura Elena Révora; María Estela Révora; Carlos Alberto Révora; Nicolás Guagnini; Mónica Evelina Brull; María Marta Ester Peña; Marta Alicia Hongay; Carmen Inés Segarra; Guillermo Bernardo Villanueva; Norma Teresa Leto; Claudio Zaldarriaga; Jaime Karcevas; Gloria Beatriz Tvarkovsky; Santa Gertrudis Velázquez; José Dagoberto Serrese; José Antonio Ferraro; María Cristina Tortti; Antonio Roberto Enrique Pagés; Gloria María Pagés; Camilo Ríos; Ariel Serra Silvera; Mirta Ugartamendia; Dora del Carmen Salas Romero; Marta Vassallo; Lucas Guagnini; Rodolfo Aurelio Mattarollo; Luis Eduardo Grüner; Inés Lila Izaguierre; Daniel Eduardo Feierstein; Víctor Norberto De Gennaro; Marco Bechis; Elba Elena Vaccaro; Marcia Eliana Bianchi Villelli; Erwin Federico Stefani; Maximiliano Fernando Cruz Stefani; Emilia Smoli de Basile; Noemí Cubelli; Carlos Ángel Mancuso; Vicente Dezanzo; Miguel Ángel Ramón Bertiche; María Cristina Appesseche; Hebe Margarita Cáceres; Omar Eduardo Torres; Florencio Roldán; Julio Enrique Rodríguez Colma; Luis Roberto Filleaudeau; Alberto Horacio Álvarez; Jorge Abel Monges; Clemente Roberto Ferreyra; Eduardo Jorge Martino; Miguel Ángel Guardia; Juan Antonio Estrada; Darío Avelino Vázquez; Marcos Felipe Quiroga; Francisco Enrique Aristegui; Carlos Eladio López y Luis Alberto Velluti.

Se han asentado también en el acta las probanzas incorporadas por lectura y/o exhibidas en el debate oral, que consisten en:

1. Los informes socioambientales confeccionados por el Patronato de Liberados de la Justicia Nacional, de Eufemio Jorge Uballes, Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Enrique José Del Pino, Eugenio Pereyra Apestegui, Ricardo Taddei, Juan Carlos Avena, Guillermo Víctor Cardozo, Luis Juan Donocik, Juan Carlos Falcón, Raúl González, Eduardo Emilio Kalinec, Raúl Antonio Guglielminetti, Julio Héctor Simón, Carlos Alberto Roque Tepedino y Mario Alberto Gómez Arenas, obrantes en sus respectivos legajos de personalidad.

2. El informe socioambiental de Oscar Augusto Isidro Rolón, confeccionado por personal de la Prosecretaría de Menores Ad Hoc de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos Aires, obrante en su correspondiente legajo de personalidad.

3. Los informes médicos confeccionados por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, de conformidad con lo previsto por el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación de Eufemio Jorge Uballes, Samuel Miara, Roberto Antonio Rosa, Enrique José Del Pino, Eugenio Pereyra Apestegui, Ricardo Taddei, Juan Carlos Avena, Guillermo Víctor Cardozo, Luis Juan Donocik, Juan Carlos Falcón, Raúl González, Oscar Augusto Isidro Rolón, Eduardo Emilio Kalinec, Raúl Antonio Guglielminetti, Julio Héctor Simón, Carlos Alberto Roque Tepedino y Mario Alberto Gómez Arenas, obrantes en sus respectivos legajos de personalidad.

4. El informe médico realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, de conformidad con lo previsto por el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, con relación a Roberto Antonio Rosa, obrante en su legajo de personalidad.

5. Los certificados de antecedentes de la totalidad de los imputados, glosados a sus correspondientes incidentes de personalidad.

6. El documento "Listado de Universitarios y Terciarios Desaparecidos y Asesinados. Argentina 1969-1983" producido por la socióloga Inés Izaguirre y su equipo de colaboradores del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Proyecto de investigación "El Genocidio en la Argentina" de enero de 2005, que fuera aportado por la Fiscalía de Juicio, junto con el ofrecimiento de prueba efectuado en estas actuaciones.

7. El organigrama remitido por el Ejército Argentino de la estructura del Primer Cuerpo de Ejército durante 1976 a 1983 que obra a fojas 10.441/6 y a fojas 29.631/37 de la causa n 14.216/03, cuyas copias autenticadas se encuentran reservadas en Secretaría.

8. El informe del Ejército Argentino que indica que las órdenes de operaciones emanadas del Comando en Jefe del Ejército que podrían haber contenido la división del territorio nacional en zonas, subzonas, áreas y subáreas fueron destruidas por orden del propio comando obrante a fojas 10.398/02 de la causa n 14.216/03, cuyas copias autenticadas se encuentran reservadas en Secretaría.

9. El informe del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) de fojas 11681/699 de la causa n 14.216/03, en el cual obra una síntesis de la doctrina de la seguridad nacional y análisis de la estructura de mando y cadena de responsabilidades del I Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar.

10. Las actas correspondientes a las inspecciones judiciales practicadas por el magistrado de instrucción en los predios en los que habrían funcionado los CCD Atlético, Banco y Olimpo, obrantes a fojas 21693/5, 21649/51 y 22069/71 de la causa n 14.216/03.

11. Las actuaciones producidas en el marco del Proyecto de Recuperación de la Memoria del Centro Clandestino de Detención "Club Atlético" y Convenio firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del Centro Clandestino de Detención "El Olimpo", glosado a fojas 17.806/58 de la causa 14.216/03.

12. El informe del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 12, Secretaría N 23, relativo a la certificación de la causa n 14.217/2003 de su registro, obrante a fojas 4957/8.

13. Los informes del Juzgado Federal N 3 de La Plata, Secretaría Especial, relativos a la certificación de las causas n 3/SE y 27/SE de su registro, obrantes a fojas 4960 y 4962.

14. El informe sobre el Centro Clandestino de Detención denominado "Olimpo", aportado por el CELS en el marco del expediente nro. 1056/1207 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 5 y que obra a fojas 4948/9.

15. Documentación aportada por la Comisión Provincial por la Memoria, a fojas 5476/5540 y que obra reservada en Secretaría.

16. El ejemplar del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) denominado "Nunca Más", de la Editorial Eudeba, junto con sus correspondientes Anexos.

17. Las copias simples de la publicación "Sobre Áreas y Tumbas. Informe sobre desaparecedores" de Federico y Jorge Mittelbach, Editorial Sudamericana.

18. El libro titulado "Memoria Deb(v)ida" de José Luis D'Andrea Mohr, de Ediciones Colihue S.R.L.

19. El libro titulado "El Porvenir de la Memoria", de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

20. La publicación del Proyecto de Recuperación de la Memoria Centro Clandestino de Detención "Club Atlético", en formato revista, que fuera aportado por el Instituto Espacio para la Memoria.

21. Un ejemplar del trabajo realizado sobre el Ex Centro Clandestino de Detención "Olimpo", en formato revista, que fuera aportado por el Instituto Espacio para la Memoria.

22. La copia certificada de la desgrabación del programa "Anochecer", dirigido por Mauro Viale, en la que obra una entrevista que se efectuó a Julio Héctor Simón, emitida el día 1 de mayo de 1995, a las 20 horas por el canal ATC.

23. Las copias certificadas del legajo PCI de Oscar Edgardo Rodríguez.

24. Las copias certificadas de la sentencia dictada en la causa n 13/84 del registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

25. Copia certificada de la sentencia dictada por la Cámara Federal en la causa incoada en virtud del Decreto 280/84, conocida como causa nro. 44 "Camps y otros".

26. Las copias de la sentencia dictada el día 30 de abril del año 2009 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 en la causa 1278 caratulada "Rei, Víctor Enrique y otros s/ infracción artículos 139... CP".

27. Las copias de la sentencia dictada el día 11 de agosto del año 2006 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 en la causa 1056/1207 caratulada "Simón Julio Héctor y otro s/ infracción arts. 142. CP".

28. Actas mecanografiadas de la causa nro. 13/84 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que obran reservadas en Secretaría en formato digital.

29. Los legajos especiales de la Policía Federal Argentina, pertenecientes a Oscar Augusto Isidro Rolón y Juan Antonio Del Cerro.

30. Copias certificadas del Legajo Especial de la Policía Federal Argentina de Julio Héctor Simón, que obran reservadas en Secretaría.

31. Los legajos de informes superiores de la Policía Federal Argentina de Julio Héctor Simón, Raúl González y Luis Juan Donocik.

32. Legajo Personal del Servicio Penitenciario Federal de Juan Carlos Avena, que obra reservado en Secretaría.

33. Copias del Legajo PCI de Raúl Antonio Guglielminetti, que obra reservado en Secretaría.

34. Las copias certificadas del legajo personal de Raúl Antonio Guglielminetti que fueron remitidas por la Jefatura II de Inteligencia del Ejército Argentino.

35. El legajo personal de la Policía Federal Argentina, perteneciente a Raúl González, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik Roberto Antonio Rosa, Samuel Miara, Antonio G. Minicucci, y Arturo Félix González.

36. Las copias certificadas del legajo personal del Ejército Argentino, correspondiente a Enrique José Del Pino.

37. Los legajos personales de la Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui.

38. Las copias certificadas de los legajos personales de la Policía Federal Argentina, correspondientes a Ricardo Taddei, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Luis Armando Galarce, Juan Eleazar Skarabiuk, Antonio Wenceslao Jabornik y Humberto Eduardo Farina.

39. Legajos personales de Carlos Alberto Roque Tepedino, Mario Alberto Gómez Arenas y Rodolfo Edgardo González Ramírez, todos del Ejército Argentino.

40. Las copias certificadas del legajo personal de la Gendarmería Nacional Argentina, correspondiente a Omar Eduardo Torres.

41. Las copias del legajo personal del Servicio Penitenciario Federal de Néstor Norberto Cendón.

42. Copias certificadas del legajo personal de la Gendarmería Nacional Argentina de Mariano Rodolfo Pérez.

43. Legajo personal de la Policía Federal nro. 13.654 perteneciente a Federico Augusto Covino (informes superiores).

44. El legajo personal de Roberto Leopoldo Roualdes del Ejército Argentino, identificado con el nro. 18.772.

45. El legajo personal de Enrique Carlos Ferro del Ejército Argentino, identificado con el nro. 18.479.

46. El legajo personal de José Montes del Ejército Argentino, identificado con el nro. 20.291.

47. El legajo personal de Alberto Alfredo Valín del Ejército Argentino, identificado con el nro. 18.439.

48. El legajo personal de Andrés Aníbal Ferrero del Ejército Argentino, identificado con el nro. 18.185.

49. Las copias certificadas del legajo personal del Ejército Argentino, correspondientes al General de División Carlos Guillermo Suárez Mason.

50. El documento "Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina", elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aprobado en su 667 sesión del 49 período de sesiones celebrada el día 11 de abril del año 1980.

51. Las copias certificadas del Informe de Amnistía Internacional, titulado "Testimonio sobre Campos Secretos de Detención en Argentina", que obra reservado en Secretaría.

52. Las copias certificadas del Legajo de Prueba N 211 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal correspondiente a Mario César Villani.

53. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 148 "Pavich, Pascual".

54. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 264 "Córdoba Mónica Marisa".

55. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 121 "Marandet de Ruival, Adriana Claudia".

56. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 230 "Giovanoni Roxana Verónica".

57. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 231 "Aguiar de Lapacó, Carmen Aguiar; Aguiar Alejandrio; Butti Arana Marcelo Miguel Ángel y Lapacó Alejandra Mónica".

58. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 334 caratulado "Reyes María del Carmen, Lerner Mario".

59. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 312 "Nocera Sergio Enrique".

60. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 225 "Daelli Marcelo Gustavo".

61. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 548, de Juan Patricio Maroni, María Beatriz Maroni de Rincón, Carlos Alberto Rincón y Rosa Giganti de Maroni.

62. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 81 caratulado "Bechis Marco s/ privación ilegal libertad en su perjuicio".

63. Las copias autenticadas del legajo de prueba n 270, caratulado "Diéguez, Susana Isabel".

64. Las copias certificadas del legaj o de prueba nro. 314 caratulado "Orazi Nilda Haydée".

65. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 232, caratulado "Peidró Ricardo Hugo; Funes de Peidró Gabriela Beatriz".

66. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 335, caratulado "Rieznik Pablo Héctor".

67. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 126, caratulado "Valoy de Guagnini, María Isabel y otros s/ privación ilegítima de la libertad".

68. Las copias autenticadas del legajo de prueba n 810, caratulado "Guagnini, Diego Julio y otro".

69. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 252, caratulado "Beláustegui Herrera Rafael José y Lareu Electra Irene".

70. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 154, caratulado "Groba Gustavo Alberto y Nicolia de Groba, Graciela".

71. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 180 caratulado "Allega Jorge Alberto y Allega Luis (Brigada Femenina XIV)", correspondiente a la causa nro. 44.

72. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 234, caratulado "Allega Jorge Alberto, Allega Luis Federico s/ PIL", que a su vez tiene acumulado el legajo de prueba nro. 537, correspondiente a Luis Federico Allega.

73. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 13, caratulado "Tocco José Daniel víctima privación ilegal de la libertad".

74. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 158, caratulado "Careaga, Ana María".

75. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 1110, caratulado "Fontana de Sandoval, Liliana Clelia".

76. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 224, caratulado "D'Agostino, Miguel Ángel".

77. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 357, caratulado "Mansilla López Liliana y Zeitlin, Edith Estela".

78. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 291, caratulado "Hermann, Juan Marcos".

79. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 229, caratulado "Castaño Eduardo Raúl".

80. Las copias certificadas del legajo de prueba n 221, caratulado "Scutari, Hugo Alberto y otro".

81. Las copias certificadas del legajo prueba nro. 233, caratulado "Barrera y Ferrando Delia s/ pil".

82. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 84, caratulado "Fernández Daniel Eduardo; Minervini, Cecilia Laura; Seoane, Juan Carlos y Vanrell, Pedro Miguel A. víctimas de privación ilegal de la libertad".

83. Las copias certificadas del legajo de prueba n 67, caratulado "Colombo, Alejandro Manuel; Gómez, Raúl Alberto; Vazquez, Manuel David sus muertes".

84. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 26, caratulado "Gajnaj León víctima privación ilegal libertad".

85. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 235, caratulado "Pina Alejandro Víctor".

86. Las copias certificadas del legajo de prueba Nro. 97, caratulado "Fernández Pereyra, Juan Carlos y González, Mirta víctimas privación ilegal libertad".

87. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 135, caratulado "Trajtemberg, Mirta Edith".

88. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 228, caratulado "Álvaro Alberto Rubén; Ferraro Adolfo; Lezcano Marcos Jorge; Martino Donato; Migliari de Varracosa, Haydée y Migliari, Antonio Atilio víctimas de privación ilegal de la libertad".

89. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 220, caratulado "Copetti de Ulibarri, Susana Ivonne y Ulibarri, Fernando José Ángel".

90. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 563, caratulado "Cid de la Paz, Horacio Guillermo".

91. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 267, caratulado "Chavarino Cortés, Gustavo Adolfo".

92. Las copias certificadas del legajo de prueba n 744, caratulado "Merialdo, Daniel Aldo s/pil, torturas".

93. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 94, caratulado "Gorfinkiel, Jorge víctima privación ilegal libertad".

94. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 123, caratulado "Tartaglia, Lucía Rosalina Victoria s/ privación ilegítima de libertad".

95. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 92, caratulado "Montequin, Mariano Carlos su presunta privación ilegal libertad".

96. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 96, caratulado "Fraire Laporte, Gustavo Ernesto y Salazar, Rubén Omar su privación ilegal de libertad".

97. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 155, caratulado "González Oscar Alfredo".

98. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 321, caratulado "Pereiro de González, Stella Maris".

99. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 133, caratulado "Pagés Larraya, Guillermo Leonardo".

100. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 28, caratulado "Alegre Gabriel, Casalli Urrutia Jorge y Lareu Julio Eduardo víctimas privación ilegal libertad".

101. Las copias certificadas del legajo de prueba n 307, caratulado "Méndez de Falcone, Nelva A.".

102. El legajo de prueba n 157, caratulado "Arrastía Mendoza, Ana María; Prigione, Juan Héctor y Prigione, Armando Ángel".

103. Las copias certificadas del legajo prueba nro. 311, caratulado "Mucciolo Irene Nélida".

104. Las copias certificadas del legajo de prueba n 98, caratulado "Bernal, Patricia; Bernal, Dora Beatriz; Toscano, Jorge victimas privación ilegal libertad".

105. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 24, caratulado "González de Weisz, Susana y Weisz, Marcelo víctimas privación ilegal libertad".

106. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 63, caratulado "Armelín, Juana María y Ríos, José Ignacio s/ habeas corpus".

107. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 65, caratulado "Tello Rafael Armando, Tello Pablo Daniel, Rezzano de Tello María del C., Arcondo de Tello Mariana".

108. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 342, caratulado "Senra Marcelo G."

109. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 18, caratulado "Niesich, Irma, Ventorino de Zaldarriaga, Olga Beatriz y Zaldarriaga, Roberto Alejandro víctimas privación ilegal

libertad".

110. El legajo de prueba n 86, caratulado "Sumario inf art. 141 y sgtes del C.P: en perjuicio de los ciudadanos uruguayos. Damnificados: Cantero Freire, Edison Oscar; Díaz de Cardenas, Fernando; Olivera Cancela, Raúl Pedro y Serra Silvera, Helios".

111. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 275, caratulado "Elicabe Urriol, Oscar A.".

112. Las copias certificadas del legajo de prueba n 119 bis, caratulado "Saavedra, José Alberto".

113. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 331, caratulado "Ramírez, Roberto Omar".

114. Las copias autenticadas del legajo de prueba nro. 27, caratulado "Peña Jesús y Peña Isidoro víctimas privación ilegal libertad".

115. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 159, caratulado "Piffaretti Ana María su privación ilegal de la libertad".

116. Las copias certificadas del legajo de prueba n 143, caratulado "Mazuelo, Carlos Gustavo; Cario de Mazuelo, Elena M.".

117. Las copias certificadas del legajo de prueba n 141, caratulado "Maero, Mabel".

118. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 17, caratulado "Carreño Araya Cristina víctima privación ilegal libertad".

119. Las copias del legajo de prueba n 555, caratulado "Mateu, Abel Héctor, vict. priv. ileg. de la libertad".

120. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 23 caratulado, "Cerruti Isabel Teresa víctima privación ilegal de la libertad".

121. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 136, caratulado "Leto, Norma Teresa y Villanueva Santiago B.".

122. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 14, caratulado "Caride Susana víctima privación ilegal de la libertad".

123. Las copias certificadas del legajo de prueba n 69, caratulado "Oesterkjaur, Juan y otros sus denuncias s/ privación ilegal de la libertad y apremios ilegales".

124. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 20, caratulado "Ghezan Enrique Carlos, Fernández Blanco de Ghezan Isabel y Lombardo Elsa Ramona víctimas privación ilegal de la

libertad".

125. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 323, caratulado "Pereyra Claudia Leonor y Zecca, Edgardo Gastón Rafael".

126. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 22, caratulado "Benítez Miguel Ángel s/ privación ilegal de la libertad".

127. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 139, caratulada "Romero, Mario Osvaldo" de la Cámara Criminal y Correccional Federal.

128. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 338, caratulado "Tornay Nigro, Jorge A".

129. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 277, caratulado "Fernández Porfirio".

130. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 249, caratulado "Barret Viedma, Alberto Prórpero".

131. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 138, caratulado "Lewi Jorge Claudio y Sonder de Lewi, Ana M.".

132. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 1111, caratulado "Jurquievich, María del Carmen".

133. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 345, caratulada "Squerri Carlos Guillermo".

134. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 125, caratulado "Torres Luis Gerardo víctima privación ilegal libertad".

135. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 266, caratulado "Cuartas Horacio Martín".

136. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 304, caratulado "Martínez, Eduardo Alberto".

137. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 296, caratulado "Larrubia Susana Alicia".

138. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 140, caratulada "Basile Enrique Luis, Marquat de Basile Ada Cristina y Smoli de Basile Emilia".

139. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 144, caratulado "Zavala Rodríguez Julia".

140. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 281, caratulado "Fontanella Adolfo Nelson y Fontanella María de las Mercedes Troncoso de".

141. Las copias certificadas del legajo de prueba n 359, caratulado "Giorgi, Alfredo Antonio s/ privación ilegal de la libertad".

142. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 21, caratulado "Poblete José Liborio, Hlaczick de Poblete Gertrudis y Claudia Victoria Poblete".

143. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 15, caratulado "Dería Hernando, Vaccaro de Dería, Marta".

144. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 137, caratulado "Retamar Héctor Daniel".

145. Las copias certificadas del legajo de prueba n 95, caratulado "Guillén, Juan Agustín y Brull de Guillén, Mónica Evelina, víctimas privación ilegal de la libertad".

146. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 150, caratulado "Rengel Ponce Gilberto".

147. Las copias certificadas del legajo de prueba n 328, caratulado "Poce, Ricardo César y otros, victimas privación ilegal de la libertad".

148. Las copias certificadas del legajo de prueba L, caratulado "Centro de Detención 'El Atlético'".

149. Las copias certificadas del legajo de prueba M, caratulado "Centro de Detención 'El Banco'".

150. Las copias certificadas del legajo de prueba N, caratulado "Centro de Detención 'El Olimpo'".

151. Las copias certificadas del legajo de prueba Ñ, caratulado "Fotografías de Detenidos Alojados en el CCD 'El Club Atlético".

152. Las copias certificadas del legajo de prueba O, caratulado "Legajo de Fotografías de personas presuntamente detenidas en los centros 'El Banco' y 'El Olimpo'".

153. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 119, caratulado "CONADEP su denuncia".

154. Las copias certificadas del legajo de prueba nro. 120, caratulado "Israel Teresa Alicia su privación ilegal de la libertad".

155. El legajo de prueba n 494, caratulado "Benet, Armando s/ denuncia pil y tortura".

156. Legajo CONADEP nro. 3675 correspondiente a "Vaello Orestes Estanislao".

157. Legajo CONADEP nro. 3674 correspondiente a Francisco Andrés Valdez.

158. Los legajos CONADEP nros. 3915 y 3916 correspondientes a Beatriz Maroni y Carlos Alberto Rincón.

159. El legajo CONADEP nro. 1332 correspondiente a Juan Cristian Silva.

160. Las copias certificadas del legajo CONADEP nro. 7952, correspondiente a Alejo Alberto Mallea y Alicia Mallea Liberan.

161. El legajo SDH nro. 2792 correspondiente a Osvaldo Juan Francisco La Valle.

162. Legajo CONADEP nro. 3078 correspondiente a Mariana Patricia Arcondo de Tello.

163. Legajo CONADEP nro. 3992 de Mariano Carlos Montequín.

164. El legajo CONADEP nro. 6803 correspondiente a Pablo Pavich.

165. El legajo CONADEP nro. 4260 correspondiente a Mónica Marisa Córdoba.

166. El legajo CONADEP nro. 2894 correspondiente a Adriana Claudia Marandet de Ruival.

167. El legajo Redefa nro. 25 correspondiente a Eduardo Edelmiro Ruival.

168. El legajo CONADEP nro. 2896 perteneciente a Omar Ramón Marandet.

169. El legajo CONADEP nro. 526 correspondiente a Roxana Verónica Giovannoni.

170. El legajo CONADEP nro. 1730 correspondiente a Teresa Alicia Israel.

171. El legajo CONADEP nro. 4541 correspondiente Alejandra Mónica Lapacó.

172. El legajos CONADEP nro. 4708 de Carmen Elina Aguiar de Lapacó.

173. El legajo CONADEP nro. 4324 de Marcelo Miguel Ángel Butti Arana.

174. El legajo CONADEP nro. 123 correspondiente a María del Carmen Reyes.

175. El legajo CONADEP nro. 1472 correspondiente a Mario Lerner.

176. El legajo Redefa nro. 1197 correspondiente a Mario Lerner.

177. El legajo CONADEP nro. 54, correspondiente a Sergio Enrique Nocera.

178. El legajo SDH 3780 correspondiente a Carlos Rodolfo Cuellar.

179. El legajo SDH nro. 3075 de Silvia Liliana Cantis.

180. El legajo CONADEP nro. 7314 correspondiente a Marcelo Gustavo Daelli.

181. El legajo SDH nro. 3161 de Guillermo Daniel Cabrera.

182. El legajo CONADEP nro. 3914 correspondiente a Juan Patricio Maroni.

183. El legajo SDH nro. 3519 de María Rosa Giganti.

184. El legajo CONADEP nro. 5447 correspondiente a Zulema Sosa de Alfaya.

185. El legajo CONADEP nro. 542 correspondiente a Susana Isabel Diéguez.

186. El legajo CONADEP nro. 3596 correspondiente a Nilda Haydée Orazi.

187. El legajos CONADEP nro. 6255, correspondientes a Gabriela Beatriz Funes de Peidró.

188. El legajo CONADEP nro. 2604 de Ricardo Hugo Peidró.

189. El legajo CONADEP nro. 5725 correspondiente a Pablo Rieznik.

190. El legajo CONADEP nro. 1058 correspondiente a Diego Julio Guagnini.

191. El legajo CONADEP nro. 5295, correspondiente a María Isabel Valoy de Guagnini.

192. El legajo CONADEP nro. 5056, correspondientes a Electra Irene Lareu.

193. El legajo CONADEP nro. 5055, correspondientes a Rafael José Beláustegui.

194. El legajo CONADEP nro. 5051, correspondiente a Martín Beláustegui Herrera.

195. El legajo CONADEP nro. 5053, correspondiente a Valeria Beláustegui Herrera.

196. El legajo CONADEP nro. 501, correspondiente a Gustavo Alberto Groba.

197. El legajo CONADEP nro. 5216, correspondiente a Graciela Esther Nicolía.

198. El legajo CONADEP nro. 7023, correspondiente a Jorge Alberto Allega.

199. El legajo CONADEP nro. 2334, correspondiente a José Daniel Tocco.

200. El legajo CONADEP nro. 5139, correspondiente a Ana María Careaga.

201. El legajo CONADEP nro. 6440, correspondiente a Luis Federico Allega.

202. El legajo CONADEP nro. 1967, perteneciente a Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval.

203. El legajo CONADEP nro. 3901, correspondiente a Miguel Ángel D' Agostino.

204. El legajo CONADEP nro. 3004, correspondiente a Edith Zeitlin.

205. El legajo CONADEP nro. 5893 correspondiente a Liliana Mansilla.

206. El legajo CONADEP nro. 3986, correspondiente a Juan Marcos Herman.

207. El legajo CONADEP nro. 1317, correspondiente Eduardo Raúl Castaño.

208. El legajo CONADEP nro. 3219, correspondiente a Hugo Alberto Scutari.

209. El legajo CONADEP nro. 6904. correspondiente a Delia Maria Barrera y Ferrando.

210. El legajo CONADEP nro. 3220, perteneciente a Genaro Francisco Scutari.

211. El legajo CONADEP nro. 7951, correspondientes a Rolando Víctor Pisoni.

212. El legajo CONADEP nro. 444, correspondientes a Irene Inés Bellocchio.

213. El legajo CONADEP nro. 2676, perteneciente a Cecilia Laura Minervini.

214. El legajo CONADEP nro. 1131, correspondiente a Daniel Eduardo Fernández.

215. El legajo CONADEP nro. 1132, correspondiente a Pedro Miguel Antonio Vanrell.

216. El legajos CONADEP nro. 1339, correspondiente Norma Lidia Puerto Robutti de Risso.

217. El legajos CONADEP nro. 1340, correspondiente Daniel Jorge Risso Moussou.

218. El legajos CONADEP nro. 962, correspondiente a Hugo Daniel Claveria Villares.

219. El legajo SDH nro. 3256, correspondiente a Juan Carlos Guarino.

220. El legajo CONADEP nro. 1328, correspondiente a León Gajnaj.

221. El legajo CONADEP nro. 605, correspondiente a Alejandro Víctor Pina Levorcio.

222. El legajo CONADEP nro. 4528, correspondiente a Mirta González.

223. El legajo CONADEP nro. 4536, correspondiente a Juan Carlos Fernández Pereyra.

224. El legajo CONADEP nro. 20, correspondiente a Mirta Edith Trajtemberg.

225. El legajo CONADEP nro. 6974, perteneciente a Lisandro Cubas.

226. El legajo CONADEP nro. 7389, perteneciente a Andrés Castillo.

227. El legajo CONADEP nro. 1485, correspondiente a Marcos Jorge Lezcano.

228. El legajo Conadep nro. 1486, correspondiente a Adolfo Ferraro.

229. El legajo CONADEP nro. 1482, correspondiente a Donato Martino.

230. El legajo CONADEP nro. 7269, perteneciente a Alberto Rubén Álvaro.

231. El legajo CONADEP nro. 6964, correspondiente a Antonio Atilio Migliari.

232. El legajo CONADEP nro. 2515, correspondiente a Fernando José Ángel Ulibarri.

233. El legajo CONADEP nro. 2518, correspondiente a Susana Ivonne Copetti de Ulibarri.

234. El legajo CONADEP nro. 8153, correspondiente a Horacio Guillermo Cid de La Paz.

235. El legajo CONADEP nro. 308, correspondiente a Gustavo Adolfo Chavarino Cortés.

236. El legajo CONADEP nro. 6821, correspondiente a Mario César Villani.

237. El legajo CONADEP nro. 1828, correspondiente a Jorge Israel Gorfinkiel.

238. El legajo CONADEP nro. 7377, correspondiente a Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia.

239. El legajo CONADEP nro. 7783, correspondiente a Gustavo Ernesto Fraire Laporta.

240. El legajo CONADEP nro. 3394, correspondiente a Rubén Omar Salazar.

241. El legajo CONADEP nro. 1964, correspondiente a Laura Lía Crespo de Moya.

242. El legajo CONADEP nro. 1965, correspondiente a Ricardo Alfredo Moya.

243. El legajo CONADEP nro. 4043, correspondiente a Stella Maris Pereiro de González.

244. El legajo CONADEP nro. 8288, correspondientes a Mario Alberto Depino Geobatista.

245. El legajo CONADEP nro. 8200, correspondientes a María Marta Barbero.

246. El legajo CONADEP nro. 1025, perteneciente a Guillermo Leonardo Pagés Larraya.

247. El legajo CONADEP nro. 1060, correspondiente a Luis Rodolfo Guagnini.

248. El legajo CONADEP nro. 3021, correspondiente a Nelva Alicia Méndez de Falcone.

249. El legajo CONADEP nro. 6, correspondiente a Dora Cristina Greco.

250. El legajo CONADEP nro. 3357, correspondiente a Juan Héctor Prigione.

251. El legajo CONADEP nro. 5, correspondiente a Armando Ángel Prigione.

252. El legajo CONADEP nro. 2311, correspondiente a Irene Nélida Mucciolo.

253. El legajo CONADEP nro. 1583, correspondiente a Nora Beatriz Bernal.

254. El legajo CONADEP nro. 1582, correspondiente a Jorge Daniel Toscano.

255. El legajo CONADEP nro. 3624, correspondiente a Patricia Bernal.

256. El legajo CONADEP nro. 3361, correspondiente a Susana Mónica González de Weisz.

257. El legajo CONADEP nro. 3362, correspondiente a Marcelo Weisz.

258. El legajo CONADEP nro. 3360, correspondiente a Oscar Alberto González.

259. El legajo CONADEP nro. 886, correspondiente a Juana María Armelín.

260. El legajo CONADEP nro. 583, correspondiente a Marcelo Gualterio Senra.

261. El legajo CONADEP nro. 7754, correspondiente a Julio Eduardo Lareu.

262. El legajo CONADEP nro. 2029, correspondiente a María del Carmen Rezzano de Tello.

263. El legajo CONADEP nro. 2618, correspondiente a Rafael Armando Tello.

264. El legajo CONADEP nro. 2617, correspondiente a Pablo Daniel Tello.

265. El legajo CONADEP nro. 1154, correspondiente a Roberto Alejandro Zaldarriaga Gasparini.

266. El legajo CONADEP nro. 3129, correspondiente a Guillermo Marcelo Moller.

267. El legajo SDH nro. 3782, correspondiente a Rufino Jorge Almeida.

268. El legajo CONADEP nro. 7230, correspondiente a Raúl Pedro Olivera Cancela.

269. El legajo CONADEP nro. 7244, correspondiente a Fernando Díaz de Cárdenas.

270. El legajo SDH nro. 3779, correspondiente a Hebe Margarita Cáceres Molteni.

271. El legajo CONADEP nro. 7953, correspondiente a Juan Franco Zottarel.

272. El legajo CONADEP nro. 7029, correspondiente a Jorge César Casalli Urrutia.

273. El legajo CONADEP nro. 1921, correspondiente a Edison Oscar Cantero Freire.

274. El legajo CONADEP nro. 3889, correspondiente a Jorge César Casalli Urrutia.

275. El legajo CONADEP nro. 1166, correspondiente a José Alberto Saavedra.

276. El legajo CONADEP nro. 3268, correspondiente a Irma Ana Nesich.

277. El legajo CONADEP nro. 3524, correspondiente a Roberto Omar Ramírez.

278. El legajo CONADEP nro. 4388, correspondiente a Jesús Pedro Peña.

279. El legajo CONADEP nro. 2034, correspondiente a Helios Hermógenes Serra Silvera.

280. El legajo CONADEP nro. 242, correspondiente a Ana María Pifaretti.

281. El legajo CONADEP nro. 1908, correspondiente a Carlos Gustavo Mazuelo.

282. El legajo CONADEP nro. 1909, correspondiente a Elena Mirta Cario de Mazuelo.

283. El legajo CONADEP nro. 4428, correspondiente a Mabel Verónica Maero.

284. El legajo CONADEP nro. 4389, correspondiente a Isidoro Oscar Peña.

285. El legajo CONADEP nro. 3699, correspondiente a Cristina Magdalena Carreño Araya.

286. El legajo SDH nro. 707, correspondiente a Abel Héctor Mateu Gallardo.

287. El legajo CONADEP nro. 6941, correspondiente a Franklin Lucio Goizueta.

288. El legajo CONADEP nro. 5848, correspondiente a Isabel Teresa Cerruti.

289. El legajo CONADEP nro. 3763, orrespondiente a Santiago Villanueva.

290. El legajo CONADEP nro. 3764, correspondiente a Norma Teresa Leto.

291. El legajo CONADEP nro. 7772, correspondiente a Jorge Augusto Taglioni,

292. El legajo CONADEP nro. 4152 correspondiente a Susana Leonor Caride.

293. El legajo CONADEP nro. 4124, correspondiente a Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan.

294. El legajo CONADEP nro. 4151, correspondiente a Enrique Carlos Ghezan.

295. El legajo CONADEP nro. 6068, correspondiente a Graciela Irma Trotta.

296. El Legajo CONADEP nro. 3890 correspondiente a Elsa Ramona Lombardo.

297. El legajo CONADEP nro. 3114, perteneciente a Claudia Leonor Pereyra.

298. El legajo CONADEP nro. 436, correspondiente a Miguel Ángel Benítez.

299. El legajo CONADEP nro. 1189, correspondiente a Mario Osvaldo Romero.

300. El legajo CONADEP nro. 3975, correspondiente a Jorge Alberto Tornay Nigro.

301. El legajo CONADEP nro. 2529, correspondiente a Porfirio Fernández.

302. El legajo CONADEP nro. 2777,. correspondiente a Alberto Próspero Barret Viedma.

303. El legajo SDH nro. 3784, correspondiente a Jorge Osvaldo Paladino.

304. El legajo SDH nro. 749, correspondiente a Sergio Víctor Cetrángolo.

305. El legajo CONADEP nro. 5108, correspondiente a Jorge Claudio Lewi.

306. El legajo CONADEP nro. 5109, correspondiente a Ana María Sonder de Lewi.

307. El legajo CONADEP nro. 3849, correspondiente a Carlos Alberto Squeri Valente.

308. El legajo CONADEP nro. 6327, correspondiente a Marta Elvira Tilger.

309. El legajo CONADEP nro. 282, correspondiente a Alfredo Amílcar Troitero.

310. El legajo CONADEP nro. 2520, correspondiente a Luis Gerardo Torres.

311. El legajo CONADEP nro. 2667, correspondiente a Horacio Martín Cuartas.

312. El legajo CONADEP nro. 3079, correspondiente a Eduardo Alberto Martínez.

313. El legajo CONADEP nro. 4373, correspondiente a Susana Alicia Larrubia.

314. El legajo SDH nro. 2946, correspondiente a Jorge Enrique Robasto.

315. El legajo CONADEP nro. 807, correspondiente a Enrique Luis Basile.

316. El legajo CONADEP nro. 865, correspondiente a Julia Elena Zavala de Reynal O' Connor.

317. El legajo CONADEP nro. 2767, correspondiente a Adolfo Nelson Fontanella.

318. El legajo CONADEP nro. 8070, correspondiente a Alfredo Antonio Giorgi.

319. El legajo SDH nro. 3029, correspondiente a Mansur Estefanos Asma.

320. El legajo CONADEP nro. 3684, correspondiente a José Liborio Poblete.

321. El legajo CONADEP nro. 3685, correspondiente a Gertrudis Marta Hlaczick.

322. El legajo CONADEP nro. 7028, correspondiente a Claudia Victoria Poblete.

323. El legajo CONADEP nro. 3712, correspondientes a Marta Inés Vaccaro de Deria.

324. El legajo CONADEP nro. 3713, correspondiente a Hernando Deria.

325. El legajo SDH nro. 2945, correspondiente a Hugo Roberto Merola.

326. El legajo SDH nro. 3668, correspondiente a Jorge Alberto Braiza.

327. El legajo SDH nro. 6824, correspondiente a Héctor Daniel Retamar.

328. El legajo CONADEP nro. 5339, correspondiente a Juan Agustín Guillén.

329. El legajo CONADEP nros. 5452, correspondiente a Mónica Evelina Brull de Guillén.

330. El legajo CONADEP nro. 5254, correspondiente Gilberto Rengel Ponce.

331. El legajo CONADEP nro. 3794, correspondiente a Ricardo César Poce.

332. Las copias certificadas del legajo CONADEP nro. 6667, unificado con el n 7077, correspondiente a Omar Torres.

333. Las copias certificadas del legajo CONADEP nro. 7171, correspondiente a Oscar Edgardo Rodríguez.

334. Las copias certificadas del legajo CONADEP nro. 7170, correspondiente a Néstor Roberto Cendón.

335. Las copias autenticadas de la causa nro. 43.831/1977 caratulado "Marandet Adriana Claudia s/ privación ilegítima de la libertad a ésta. Denunciante: Bobes de Marandet, Beatriz Elena" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 4, Secretaría 111.

336. Las copias autenticadas del sumario nro. 553 caratulado "Eduardo Edelmiro Ruibal y otros atentados y resistencia a la autoridad, lesiones, homicidio, privación ilegítima de la libertad y robo" del Consejo de Guerra Especial Estable nro. 1/1 Comando del 1er Cuerpo de Ejército, perteneciente a la causa 13/4.

337. Las copias certificadas del expediente n 12.242, caratulado "Marandet, Oscar Ramón, Privación Ilegal de la Libertad a éste, según denuncia de Bobes de Marandet, Beatriz Elena", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 13, Secretaría N 138.

338. Las copias del expediente n 12.963, caratulado "Giovannoni, Jorge Alberto s/ denuncia de privación ilegal de la libertad en perjuicio de", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de

Instrucción N 20, Secretaría N 160.

339. Las copias autenticadas del expediente n 37.533, caratulado "Giovannoni, Jorge Alberto s/ denuncia de privación ilegítima de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 10, Secretaría N 129.

340. Las copias autenticadas de la causa nro. 11364 caratulada "Giovannoni, Jorge Alberto interpone recurso de habeas corpus a favor de su hija RoxanaVerónica Giovannoni" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n 2, Secretaría n 4.

341. Las copias autenticadas de la causa nro. 170 caratulada "Giovannoni, Roxana Verónica s/rec. habeas corpus" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n 3, Secretaría n 7.

342. Las copias certificadas de la causa 2544 caratulada "Israel Teresa Alicia s/ habeas corpus", del Juzgado de Sentencia letra A, Secretaría nro. 2.

343. Las copias certificadas de la causa 2497 caratulada "Israel Teresa Alicia s/ habeas corpus", del Juzgado de Sentencia letra A, Secretaría nro. 2.

344. Las copias certificadas de la causa 1 caratulada "Israel Teresa Alicia s/ habeas corpus en su favor", del Juzgado Federal nro. 6, Secretaría 16.

345. Las copias certificadas de la causa nro. 13.149/1977 caratulada "Berestetzki de Israel Clara interpone recurso de habeas corpus en favor de Israel Teresa Alicia" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 17, Secretaría 151.

346. Las copias certificadas de la causa n 39 caratulada "Lapacó, Carmen Aguiar interpone recurso de habeas corpus a favor de Alejandra Mónica Lapaco y Marcelo Butti Arana" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, Secretaría n 14.

347. Las copias autenticadas de la causa nro. 242 "Lapacó Alejandra y Butti Arana Marcelo s/ recurso de habeas corpus" del Juzgado Federal nro. 5, Secretaría 13.

348. Las copias certificadas del expediente nro. 12.592/78 del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 13, Secretaría nro. 138, caratulado "Lapacó, Alejandra Mónica y Butti Arana, Marcelo víctimas de privación ilegítima de la libertad".

349. Las copias certificadas de la causa nro. 32818 "Aguiar de Lapacó Carmen Elina su denuncia privación ilegítima de la libertad" del Juzgado de Instrucción nro. 6, Secretaría 118.

350. Las copias certificadas de la causa n 864, caratulada "Lerner, Gregorio s/ querella", la cual, a su vez, comprende la causa "Causa nro. 39.556 caratulada "Lerner, Gregorio su querella" la que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3.

351. El expediente n 77.094/91, caratulado "Nocera, Sergio Enrique s/ ausencia con presunción de fallecimiento" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N 15.

352. Las copias certificadas de la causa nro. 43.615, caratulada "Cantis, Silvia Liliana s/privación ilegal en su perjuicio, denunciante Cantis, Arnaldo Edgardo", en la que intervino el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 4, Secretaría nro. 111.

353. Las copias certificadas del expediente nro. 38.525 caratulado "Maroni, Juan Patricio, Maroni de Rincón Ma. Beatriz y Rincón Carlos Alberto s/ PIL" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Instrucción nro. 28, Secretaría nro. 122.

354. Las copias certificadas de la causa nro. 41.400/1977 caratulada "Maroni Juan Patricio s/ privación ilegal de la libertad a éste" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 7.

355. Las copias certificadas del expediente nro. 16.715, caratulado "Diéguez, Susana Isabel s/ denuncia de privación ilegal de la libertad y daño" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 13, Secretaría nro. 140.

356. Las copias certificadas del expediente n 43.522, caratulado "Rieznik, Pablo s/ privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 27,

Secretaría N 106.

357. Las copias certificadas de la causa nro. 1300, caratulada "Guagnini Diego Julio habeas corpus en su favor" del Juzgado de Instrucción nro. 1, Secretaría 102.

358. Las copias certificadas de la causa nro. 1414, caratulada "NN s/ privación ilegal de la libertad. Damnificado: Guagnini Emilio, Guagnini Diego Julio, Valoy de Guagnini María Isabel" del Juzgado de Instrucción nro. 1, Secretaría 102.

359. Las copias autenticadas de la causa nro. 2826 caratulada "Valoy de Guagnini María Isabel s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 1, Secretaría 102.

360. Las copias certificadas del Expediente nro. 1793, caratulado "Guagnini Diego, Valoy de Guagnini María Isabel víctimas de privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 1, Secretaría nro. 102.

361. Las copias certificadas de la causa nro. 13284, caratulada "Guagnini Omar Argentino interpone recurso de habeas corpus a favor de Guagnini Diego Julio y de Valoy de Guagnini María Isabel" del Juzgado de Instrucción nro. 19, Secretaría 157.

362. Las copias certificadas de la causa nro. 13.201, caratulada "Lareu, Electra Irene; Beláustegui, Rafael José dcia. privación ilegítima de la libertad", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 29, Secretaría nro. 152.

363. Las copias certificadas de la causa n 13.662, caratulada "Beláustegui, Rafael José; Lareu, Julio Eduardo s/recurso de habeas corpus a favor de Electra Irene Lareu; Rafael José Beláustegui (h)" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 26, Secretaría n 155.

364. Las copias certificadas del legajo nro. 493.855, caratulado "Beláustegui Antonio" del Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

365. Las copias certificadas de la causa 38.468, caratulada "Allega Jorge Alberto su privación ilegítima de la libertad -Antecedentes remitidos por el Juzgado de Sentencia Letra X, Secretaría 33" del registro del Juzgado de Instrucción nro. 7, Secretaría 120.

366. Las copias certificadas de la causa nro. 22.667, caratulada "Allega Jorge Alberto por privación ilegítima de la libertad en su perjuicio" del Juzgado de Instrucción nro. 8, Secretaría 123.

367. Las copias certificadas de la causa nro. 22.859, caratulada "Tocco, Rómulo Remo interpone recurso de habeas corpus en favor de Tocco, José Daniel" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n 27, Secretaría n 124.

368. Las copias certificadas del expediente n 34.336, caratulado "Tocco, José Daniel s/ víctima privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 6, Secretaría N 117.

369. Las copias certificadas del expediente n 43.948, caratulado "Tocco, José Daniel s/ privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 24, Secretaría N 112.

370. Las copias certificadas del expediente nro. 12.414, caratulado "Careaga, Ana María s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 12, Secretaría nro. 137.

371. Las copias certificadas de la causa nro. 11725, caratulada "Allega Luis Federico interpone habeas corpus en favor de Allega Luis Federico" del Juzgado de Instrucción nro. 28, Secretaría 142.

372. Las copias autenticadas del expediente nro. 21.685, caratulado Allega Luis s/ denuncia por presunta privación ilegal de la libertad del Juzgado de Instrucción nro. 26, Secretaría nro. 134.

373. Las copias certificadas del expediente n 20.448, caratulado "Fontana, Clelia Deharbe de, interpone recurso de habeas corpus a favor de Fontana, Liliana Clelia", originaria del Juzgado en lo Penal N 2 del Departamento Judicial de San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

374. Las copias certificadas de la causa nro. 22.658, caratulada "Habeas corpus interpuesto en favor de Miguel Ángel D'Agostino" del Juzgado de Sentencia letra P, Secretaría 17.

375. Las copias certificadas de la causa nro. 1.125, caratulada "D 'Agostino Ángel Vicente interpone recurso de hábeas corpus a favor de D' Agostino Miguel Ángel", que tramitó ante el Juzgado en lo penal nro. 5, Secretaría nro.10.

376. Las copias certificadas de la causa nro. 55, caratulada "Zeitlin Edith Estela s/ habeas corpus" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 6, Secretaría N 16.

377. Las copias certificadas de la causa nro. 39.019, caratulada "Zeitlin Edith Estela s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 28, Secretaría N 122.

378. Las copias certificadas de la causa nro. 45, caratulada "Nisenson de Zeitlin Sofía interpone recurso de habeas corpus a favor de Edith Estela Zeitlin" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 5, Secretaría N 13.

379. Las copias certificadas de la causa nro. 34.568/1977, caratulada "Scutari Hugo Alberto s/ privación ilegal de la libertad a este. Antec. Remit por el Juzgad Senten. Letra R, Sec. 20" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3, Secretaría nro. 110.

380. Las copias certificadas de la causa nro. 17.503/1983 caratulada "Scutari Hugo Alberto su privación ilegal de la libertad -Antec. Juzgado Federal 3, Sec n 8" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 23, Secretaría nro. 158.

381. Las copias certificadas de la causa n 44.660, caratulada "Scutari, Hugo Alberto privación ilegítima de la libertad personal en su perjuicio (Barrera y Ferrando)" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 24, Secretaría n 112.

382. Las copias certificadas del expediente nro. 144/1977, caratulado "Ferrando de Barrera Gutierrez, Dolores s/ interpone recurso de habeas corpus en favor de Delia María Barrera y Ferrando", del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 5.

383. Las copias certificadas de la causa n 153, caratulada "Minervini, Cecilia Laura s/recurso de habeas corpus interpuesto en su favor" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría n 17.

384. Las copias certificadas de la causa nro. 73, caratulada "Minervini, Cecilia Laura s/habeas corpus", del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría n 16.

385. Las copias certificadas de la causa nro. 4.962, caratulada "Poo de Minvervini, Lidia Rosa s/ querella"; originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6.

386. Las copias certificadas de la causa nro. 12.711, caratulada "Minervini, Cecilia Laura s/ privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 12, Secretaría nro. 135.

387. Las copias certificadas del legajo nro. 66, al que se han acumulado las causas nro. 34.678 caratulada "Minervini, Cecilia Laura s/ víctima de privación ilegal de la libertad. Ant.remitidos por el Juzgado Federal No. 5" -iniciada a partir de la remisión de copias certificadas del habeas corpus nro. 147, originario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, Secretaría nro. 14, el 18 de agosto de 1977; la nro. 35.524, caratulada "Minervini, Cecilia Laura s/ privación ilegítima de la libertad", que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 5, Secretaría nro. 116 y la causa nro. 37.539 (39.112) caratulada "Minervini, José; De Minervini, Lydia Rosa s/ querella por privación ilegítima de la libertad", originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 30, Secretaría nro.109.

388. Las copias certificadas de la causa nro. 33.322, caratulada "Fernández, Daniel Eduardo s/privación ilegal de la libertad", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 6, Secretaría nro. 117.

389. Las copias certificadas de la causa nro. 11.181, caratulada "Fernández, Mónica Cristina s/Privación Ilegitima de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de instrucción nro. 14 Secretaría nro. 141.

390. Las copias certificadas de las actuaciones complementarias de la causa nro. 9.482, caratulada "Solicitud de paradero de Pedro Vanrell (causa Israel)" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3; con dos anexos caratulados "Contiene fotocopias de la privación ilegítima de la libertad de Simposio María Cristina (causa Israel)" y "Fotocopias acompañadas a fojas 868 de la causa nro. 9482 'Israel Teresa Alicia s/ priv. Ileg. De la libr".

391. Las copias certificadas de la causa nro. 11.963, caratulada "Seoane, Juan Carlos s/privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 28, Secretaría nro. 142.

392. Las copias certificadas del expediente n 14.182, caratulado "Puerto, Norma Lidia y Rizzo, Daniel Jorge s/ privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 25, Secretaría N 161.

393. Las copias certificadas de la causa n 33.964, caratulada "Gajnaj, León victima de privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n 6, Secretaría n 158.

394. Las copias certificadas de la causa nro. 22.760, caratulada "Gajnaj, León s/ privación ilegítima de la libertad" originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N 26, Secretaría N 134.

395. Las copias autenticadas de la causa nro. 10.742, caratulada "Recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Víctor Alejandro Pina" del Juzgado de Sentencia letra D, Secretaría 7.

396. Las copias certificadas de la causa nro. 14.505, caratulada "Etchepare Julio Reynaldo interpone recurso de habeas corpus en favor de Pina Alejandro Víctor" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 21, Secretaría 165.

397. Las copias certificadas de la causa nro. 1.985, caratulada "González Mirta Susana s/ hábeas corpus" del Juzgado Penal nro. 5, Secretaría nro. 10.

398. Las copias certificadas del legajo del caso n 247 caratulado "Milka, Amada Romero y otros" del registro Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 2 de San Martín, Secretaría Ad-hoc.

399. Las copias certificadas de la causa n 12.138, caratulada "Ulibarri, Fernando José; Copetti de Ulibarri, Susana Ivonne s/recurso de habeas corpus en favor de ambos" del Juzgado Nacional de Primara Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n 6, Secretaría n 17.

400. Las copias certificadas de la causa nro. 34.663/1978, caratulada "Chavarino Antonio interpone recurso de habeas corpus en favor de Chavarino Gustavo Adolfo", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3, Secretaría 110.

401. Las copias certificadas de la causa nro. 13.658, caratulada "Chavarino Gustavo Adolfo víctima de privación ilegal de la libertad" originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional nro. 13, Secretaría 140.

402. Las copias certificadas de la causa nro. 21.928, caratulada "Gorfinkiel, Jorge Israel s/ recurso de habeas corpus interpuesto en su favor" originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 11, Secretaría nro. 132.

403. Las copias certificadas de la causa nro. 14.825, caratulada "Gorfinkiel, Jorge Israel s/ recurso de habeas corpus presentado por Felisa Gorfinkiel" originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 15, Secretaría nro. 144.

404. Las copias certificadas de la causa n 44.844, caratulada "Gorfinkiel, Jorge Israel su privación ilegal de libertad (antec. Remitidos por el Juzgado Federal n 3)" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 24, Secretaría n 112.

405. Las copias certificadas de la causa nro. 2.363, caratulada "Recurso de habeas corpus en favor Jorge Israel Gorfinkel" del Juzgado de Sentencia Letra P.

406. Las copias certificadas de la causa nro. 10.568, caratulada "Proceso seguido a Jorge Israel Gorfinkiel por habeas corpus" originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra "U", Secretaría nro. 27.

407. Las copias certificadas de la causa n 56, caratulada "Recurso de habeas corpus en favor de Mariano Carlos Montequin", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra "Y", Secretaría n 35.

408. Las copias certificadas de la causa n 762, caratulada "Montequin, Mariano Carlos s/rec. Habeas corpus", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, Secretaría n 15.

409. Las copias certificadas de la causa nro. 12.680, caratulada "Montequín Mariano Carlos s/ víctima de privación ilegal de la libertad" originaria del Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal y Correccional nro. 29, Secretaría nro. 136.

410. Las copias certificadas del expediente nro. 40.253, caratulado "Salazar Rubén Omar, Siscar Silvia Rosario, Satragno Juan Miguel s/ habeas corpus" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Secretaría nro. 9.

411. Las copias certificadas de la causa nro. 274, caratulada "Salazar, Rubén Omar s/habeas corpus", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2.

412. Las copias certificadas de la causa nro. 43.874, caratulada "Salazar, Rubén Omar; Siscar, Silvia Rosario; y Satragno, Juan Miguel s/privación ilegal de la libertad", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 27.

413. Las copias certificadas de la causa n 2000/SU del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en el marco del Juicio por la Verdad, caratulada "Fraire, Gustavo Ernesto s/ averiguación/presentación... ".

414. Las copias certificadas de la causa n 70 del registro de la Cámara Federal de La Plata, caratulada "De la Cuadra, Elena s/ recurso de habeas corpus", la cual tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n 3 de la Capital Federal, bajo el número de expte. n 40.034 y ante el Juzgado Federal de Primera Instancia n 3 de La Plata, bajo el número de expte. 18.408.

415. Las copias certificadas de la causa n 3410, caratulada "Crespo, Laura Lía; Crespo, Rodolfo Alberto y Moya, Ricardo Alfredo s/recurso de habeas corpus" del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n 4.

416. Las copias certificadas de la causa n 13.254, caratulada "Crespo, Laura Lía robo en su perjuicio (N.N.)", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro.

20, Secretaría n 160.

417. Las copias certificadas de la causa nro. 44.908, caratulada "Crespo, Laura Lía; Crespo, Rodolfo Alberto; y Moya, Ricardo Alfredo su privación ilegítima de la libertad (Antec. Remitidos por el Juzg. Federal nro. 4 - causa 3410)", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 24, Secretaría n 112.

418. Las copias certificadas de la causa n 2117/SU, caratulada "Crespo, Laura Lía, Crespo, Rodolfo Alberto y Moya, Ricardo Alfredo s/ averiguación" del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

419. Las copias certificadas del legajo nro. 738/87 -identificado también como nro. 716-, caratulado "Barbero, Marta M. Depino, M. Alberto s/privación ilegítima de la libertad -Banco-".

420. Las copias certificadas del expediente nro. 15.280, caratulado "Pereiro, Stella Maris s/privación ilegítima de la libertad a ésta" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 17.

421. Las copias certificadas de la causa nro. 40.683/1979, caratulado "Pereiro Stella Maris s/ habeas corpus" del Juzgado Federal nro. 3, Secretaría nro. 9.

422. Las copias certificadas de la causa nro. 5.407/1979, caratulada "Recurso de habeas corpus promovido por Celia B. Pierini de Pagés Larraya en favor de Guillermo Leonardo Pagés" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 16.

423. Las copias certificadas de la causa nro. 5.194/1977, caratulada "Guagnini Luis Rodolfo y Salas Romero Dora del Carmen s/ recurso de habeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 16, Secretaría 149.

424. Las copias certificadas del habeas corpus nro. 417 interpuesto por Omar Argentino Guagnini, en favor de Luis Rodolfo Guagnini, en fecha 5 de junio de 1978, proveniente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra "W", Secretaría nro. 31.

425. Las copias certificadas de la causa nro. 12.377/1981, caratulada "Guagnini Luis Rodolfo s/ rec. De habeas corpus en su favor" del Juzgado Federal nro. 2, Secretaría 4.

426. Las copias certificadas del habeas corpus nro. 1381, interpuesto en favor de Luis Rodolfo Guagnini, con fecha 10 de noviembre de 1981, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 Secretaría nro.13.

427. Las copias certificadas de la causa nro. 12.753/78, caratulada "Mendoza Pinto de Arrastía s/ d. por privación ilegítima de la libertad. Damnif: Arrastía Mendoza, Ana María", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 13, Secretaría nro. 140.

428. Las copias certificadas de la causa nro. 24.052/1979, caratulada "Anzoátegui Martín, Juez en lo Crim. Y Correc. Fed. N 2 s/ privación libertad en perjuicio de Prigione Juan Héctor" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 27, Secretaría nro. 124.

429. Las copias certificadas de la causa n 2.719, caratulada "recurso de habeas corpus interpuesto en favor de Juan Héctor Prigione" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra 'M', Secretaría n 14.

430. Las copias certificadas de la causa n 14.420, caratulada "Prigione, Juan Héctor victima de privación ilegítima de libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 15, Secretaría n 144.

431. Las copias certificadas de la causa nro. 45.411, caratulada "Habeas corpus interpuesto en favor de Mucciolo Irene Nélida por Jorge Horacio Mucciolo y Nélida Adela de Mucciolo" del registro del Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal y Correccional nro. 4, Secretaría nro. 113.

432. Las copias certificadas de la causa nro. 14.768, caratulada "Mucciolo Irene Nélida s/ su privación ilegal de la libertad (antecedentes hábeas corpus n 45.411 del Juzg. De Instr. 4. Secret. 113)" originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 20, Secretaría nro. 162.

433. Las copias certificadas de la causa nro. 505/1978, caratulada "Mucciolo Irene Nelida s/ recurso de habeas corpus" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra W, Secretaría nro. 32.

434. Las copias certificadas de la causa n 39.823, caratulada "Mucciolo, Irene privación ilegal de la libertad a esta Denunciante Alvarez de Monte, Josefina del Carmen" del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n 10, Secretaría n 130.

435. Las copias certificadas de la causa nro. 3.710/80, caratulada "Toscano, Jorge Daniel s/ recurso de habeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, Secretaría de Sentencia.

436. Las copias autenticadas de la causa nro. 284/79, caratulada "Toscano, Jorge Daniel s/ rec. De habeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3.

437. Las copias certificadas de la causa nro. 40.655/79, caratulada "Toscano, Jorge Daniel s/ recurso de habeas corpus" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Secretaría de Instrucción nro. 9.

438. Las copias certificadas de la causa nro. 1.063/79, caratulada "Toscano, Jorge Daniel s/ privación ilegal de la libertad", del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 22, Secretaría nro. 127.

439. Las copias certificadas de la causa nro. 17.645/83, caratulada "González de Weisz, Mónica Susana; González Oscar Alberto; Weisz Marcelo s/ privación ilegal de la libertad (ant. Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 3, Secretaría N 7)" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 26, Secretaría nro. 155.

440. Las copias certificadas de la causa nro. 523/83, caratulada "González de Weisz Mónica Susana, González Oscar Alberto, Weisz Marcelo s/ recurso de habeas corpus" originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Secretaría nro 7.

441. Las copias certificadas de la causa nro. 40.137, caratulada "Armelín, Juana María s/ víctima privación ilegal de la libertad; ant. del Juzg. Inst. N 13, Sec. N 140" originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3; que corresponde al habeas corpus nro. 158 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, Secretaría nro. 18.

442. Las copias certificadas de la causa nro. 158, caratulado "Armelín, Juana María s/ habeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, Secretaría nro. 18.

443. Las copias certificadas de la causa nro. 34.633, caratulada "Senra Marcelo Gualterio s privación ilegal de la libertad en su perjuicio", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 5, Secretaría nro. 114.

444. Las copias certificadas de la causa nro. 37.800, caratulada "Senra Marcelo Gualterio s/ privación ilegal de la libertad, originaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 10, Secretaría nro. 129.

445. Las copias certificadas de la causa nro. 12.469, caratulada "Senra Marcelo Gualterio s/ privación ilegal de la libertad", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 14, Secretaría nro. 141.

446. Las copias certificadas del habeas corpus nro. 65, interpuesto en favor de Marcelo Gualterio Senra, de trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría nro. 17.

447. Las copias certificadas del habeas corpus nro. 225, interpuesto en favor de Marcelo Gualterio Senra, del registro Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría nro. 18.

448. Las copias certificadas del habeas corpus nro. 497, interpuesto en favor de Marcelo Gualterio Senra, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, Secretaría nro. 13.

449. Las copias certificadas del expediente nro. 38.316, caratulado "Lareu, Julio Eduardo s/privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 28, Secretaría nro. 122.

450. Las copias certificadas de la causa nro. 843/SU, caratulada "Arcondo de Tello Mariana Patricia s/ habeas corpus", de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

451. Las copias certificadas de la causa nro. 1342/SU, caratulada "Tello Pablo Daniel s/ habeas corpus", de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

452. Las copias certificadas del expediente nro. 79/80, caratulado "Zaldarriaga, Roberto Alejandro s/habeas corpus" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, al que se encuentra acumulado el expediente nro. 844/79, caratulado "Zaldarriaga, Roberto Alejandro s/recurso de habeas corpus", del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Secretaría nro. 15.

453. Las copias certificadas de la causa nro. 44.923, caratulada "Rearte Julio Fernando s/ privación ilegal de la libertad en su perjuicio", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 4, Secretaría nro. 113.

454. Las causa nro. 2101/SU caratulada "Almeida Rufino s/ averiguación", del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

455. Las copias certificadas de la causa nro. 4.218, caratulada "Olivera Raúl Pedro s/ privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 31, Secretaría nro. 119.

456. Las copias certificadas de la causa nro. 13.422, caratulada "Díaz de Cárdenas Fernando Rafael s/ víctima de privación ilegal de la libertad", del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 13, Secretaría nro. 138.

457. Las copias certificadas de la causa nro. 13.401, caratulada "Díaz de Cárdenas Fernando Rafael s/ privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 12, Secretaría nro. 137.

458. Las copias certificadas de la causa nro. 38.548, caratulada "Cantero Edison Oscar s/ privación ilegal de la libertad", originaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 28, Secretaría nro. 22.

459. Las copias autenticadas de la causa nro. 4.388, caratulada "Freire de Lopez María Luisa s/denuncia de privación ilegal de la libertad en perjuicio de Cantero Freire Edison Oscar", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 31, Secretaría nro. 115.

460. Las copias certificadas de la causa nro. 14.912, caratulada "Ramírez Roberto Omar s/ privación ilegal de la libertad", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 15, Secretaría nro. 144, que se encuentra conformada con la causa nro. 114/1978, caratulada "Ramírez Roberto Omar s/ habeas corpus" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría nro. 18.

461. Las copias certificadas de la causa n 27800-P-, caratulada "Peña, Jesús Pedro s/interpone recurso de h. corpus su padre" del registro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n 2 de la ciudad de La Plata, Pcia. de Bs. As.

462. Las copias certificadas del Legajo N 16, caratulado "Hallazgos de cadáveres ocurridos en el mes de diciembre de 1978, recuperados de los Cementerios Municipales de Gral. Lavalle y Villa Gessel, Provincia de Buenos Aires".

463. Las copias autenticadas del expediente nro. 36.861, caratulado "Intendente Municipal de General Madariaga su denuncia en Dolores" del Juzgado en lo Penal nro. 1, Secretaría nro. 2, que corre por cuerda al legajo nro. 6, caratulado "Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1986".

464. Las copias certificadas del expediente nro. 39.663, caratulado "NN masculino su muerte en Pinamar" del Juzgado Penal nro. 2, Secretaría nro. 4.

465. Las copias certificadas de la causa nro. 35.003, caratulada "Serra Marinos, Helios, denuncia privación ilegítima de la libertad en perjuicio de, Serra Silvera, Helios Hermógenes", del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3, Secretaría nro. 110, a la que se halla acumulado el hábeas corpus nro. 20 interpuesto en favor de Helios Hermógenes Serra Silvera con fecha 7 de diciembre de 1978, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría nro. 16.

466. Las copias certificadas de la causa nro. 14.933, caratulada "Serra Silvera, Helios Hermógenes s/ privación ilegítima de la libertad", del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 19, Secretaría nro.159.

467. Las copias certificadas del expediente nro. 39.665, caratulado "NN masculino su muerte en Pinamar" del Juzgado Penal nro. 2, Secretaría nro. 4 del Departamento Judicial de Dolores, Pcia. de Buenos Aires.

468. Las copias certificadas de la causa nro. 84.498, caratulada "Peña Isidoro Oscar s/ habeas corpus" del Juzgado Federal nro. 1, Secretaría 2 de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

469. Las copias certificadas del expediente nro. 39.643, caratulado "NN masculino su muerte en Santa Teresita" del Juzgado Penal nro. 2, Secretaría nro. 4 del Departamento Judicial de Dolores, Pcia. de Buenos Aires.

470. Las copias certificadas de la causa nro. 47.265, caratulada "Zuetta, Eladio Delfor s/ denuncia en Dolores", del Juzgado Penal N 1 del Departamento Judicial de Dolores, Pcia. de Buenos Aires.

471. Las copias certificadas del expediente nro. 17.620, caratulado "Carreño Araya Cristina Magdalena su privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 25, Secretaría nro. 145.

472. Las copias certificadas del expediente n 12.871, caratulado "Juzgado Crim y Corr Federal N 1, Secretaría N 2 s/ denuncia de privación ilegal de la libertad, damn: Mateu, Héctor Abel", del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 29, Secretaría N 136.

473. Las copias certificadas de la causa nro. 12.984/1979, caratulada "Mateu Abel Héctor s/ privación ilegítima de la libertad. Ant. Causa 2778 del Juzg. Instrucción 33, Sec. 169", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 29, Secretaría nro. 136.

474. Las copias certificadas del expediente n 3.063, caratulado "Priv. Il Libertad, Goizueta, Franklin Lucio", originaria del Juzgado en lo Penal N 5, Secretaría N 10, del Departamento Judicial de Morón, Pcia. de Buenos Aires.

475. Las copias certificadas de la causa nro. 42.408/1978, caratulada "Villanueva Santiago Bernardo s/ privación ilegítima de la libertad en su perjuicio (Antecedentes remitidos por Juzg. Crim y Correc Federal n 4, Sec. 11 en causa nro. 3336)" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 7, Secretaría 121.

476. Las copias certificadas de la causa nro. 39.633/1979, caratulado "NN Masculino su muerte en Villa Gesell" del Juzgado en lo Penal nro. 2, Secretaría nro. 4 del Departamento Judicial de Dolores, Provincia de Buenos Aires.

477. Las copias certificadas del expediente nro. 44.614, caratulado "Sklar, Julio s/ denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de Rebeca Sacolsky" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 2, Secretaría nro. 107.

478. Las copias certificadas del expediente nro. 41.142, caratulado "Recurso de hábeas corpus interpuesto en favor de Sacolsky Rebeca" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 10, Secretaría nro. 130 (antecedentes del Juzgado Nacional de 1 instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro.2).

479. Las copias certificadas del expediente de habeas corpus nro. 4.391, interpuesto por Juan Carlos Ghezan en favor de Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezan y Enrique Carlos Ghezan, con fecha 4 de agosto de 1978, por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro.1, Secretaría nro. 103.

480. Las copias certificadas de la causa nro. 162, caratulada "Trotta, Graciela Irma; Taglioni, Jorge Augusto s/recurso de habeas corpus interpuesto en su favor" del Juzgado Nacional de Primara Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n 6, Secretaría n 17.

481. Las copias certificadas de la causa nro. 44.791, caratulada "Trotta Graciela Irmna; Taglioni, Jorge Augusto s/ privación ilegítima de la libertad", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 4, Secretaría nro. 111.

482. Las copias certificadas de la causa nro. 147, caratulada "Pereyra, Claudia L. s/recurso de habeas corpus", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2.

483. Las copias certificadas de la causa nro. 12.581, caratulada "Juzgado Federal nro. 2 su denuncia por privación ilegal de la libertad. Damn: Pereyra, Claudia Leonor", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 29, Secretaría n 136.

484. Las copias certificadas de la causa nro. 8.209, caratulada "Porfirio Fernández s/ recurso de hábeas corpus" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Secretaría nro. 8.

485. Las copias certificadas de la causa nro. 44.832, caratulada "Porfirio Fernández s/ privación ilegal de la libertad", del Juzgado Nacional en lo Criminal de instrucción nro. 24, Secretaría nro. 112.

486. Las copias certificadas del expediente nro. 35.432, caratulada "Pes de Cetrángolo, Alicia Graciela. Víctima de privación ilegal de la libertad. Denunciante: Pes, Andrés Armando, del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3, Secretaría nro 108.

487. Las copias certificadas de la causa nro. 14.858, caratulada "Squeri, Carlos Alberto su privación ilegítima de la libertad", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 19, Secretaría nro. 159.

488. Las copias certificadas de la causa nro. 40.459, caratulada "Testimonios Extraídos de la Causa 3.388 a fin de que se Investigue el Delito de Privación Ilegítima de la Libertad cometido en perjuicio de Alfredo Amílcar Troitero y Martha Tilger de Troitero", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 10, Secretaría nro. 130.

489. Las copias certificadas de la causa nro. 28.107, caratulada "Torres, Luis Gerardo s/ habeas corpus", del registro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 2 de La Plata.

490. Las copias certificadas del expediente nro. 12.989, caratulada "Martínez, Eduardo Alberto s/privación ilegítima de la libertad".

491. La causa nro. 1.306/SU, caratulada "La Rubia Susana Alicia s/ habeas corpus", de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

492. Las copias certificadas de la causa nro. 17/78, caratulada "Basile, Enrique L.; Marquat, Ada Cristina s/ Habeas Corpus", del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría nro. 16.

493. Las copias certificadas de la causa nro. 15.127, caratulada "Basile Enrique Luis; Marquat, Ada Cristina s/ privación ilegítima de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 17, Secretaría nro. 153.

494. Las copias certificadas de la causa 179/78, caratulada "Fontanella, Adolfo Nelson; Troncoso, María de las Mercedes s/ Habeas Corpus" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría nro. 18.

495. Las copias certificadas de la causa nro. 4.581, caratulada "Privación Ilegítima de la Libertad en Perjuicio de Adolfo Nelson Fontanella y otros" del registro del Juzgado Penal nro. 5, Secretaría nro. 10.

496. Las copias certificadas de la causa nro. 14.731, caratulada "Blanco, Gustavo Raúl; Agosti de Blanco, Gilda Susana s/ Privación Ilegal de la Libertad de éstos" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 26, Secretaría nro. 155.

497. Las copias certificadas de la causa n 3.911, caratulada "Giorgi, Alfredo Antonio s/habeas corpus" del Juzgado Federal n 1 de San Martin, Pcia. de Bs. As.

498. Las copias certificadas de las actuaciones que en cuya carátula rezan "INTI Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial Instituto Nacional de Tecnología Industria", y que corren por cuerda con el legajo de prueba n 359.

499. Las copias certificadas de la causa nro. 23.705/1979, caratulada "Vaccaro Jorge Alberto su recurso de habeas corpus en favor de Marta Inés Vaccaro de Deria y Hernando Deria", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 8, Secretaría nro. 123.

500. Las copias certificadas de la causa nro. 35.498, caratulada "Braiza, Jorge Alberto y Trillo, Adriana Claudia, víctimas de privación ilegal de la libertad", del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3, Secretaría nro. 108.

501. La causa nro. 1.932/SU, caratulada "Poce Ricardo César s/ denuncia", de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

502. La causa nro. 89/SU, caratulada "Poce Julio Gerardo s/ averiguación", de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

503. Documentación que obra reservada en formato digital en Secretaría, consistente en: Directiva del Comandante General del Ejército nro. 333 (para las operaciones contra la subversión en Tucumán) del 23 de enero de 1975; Orden de Personal nro. 591/75 (Refuerzo a la V Brigada de Infantería) del 28 de febrero de 1975; Orden de Personal nro. 593/75 (Relevos) del 20 de marzo de 1975; Instrucciones 334 (Continuación de las Operaciones en Tucumán) del 18 de septiembre de 1975; Decretos nro. 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975; Directiva del Consejo de Defensa nro. 1/75 (Lucha contra la subversión) del 15 de octubre de 1975; Directiva del Comandante General del Ejército nro. 404/75 (Lucha contra la subversión) del 28 de octubre de 1975; Instrucciones nro. 335 (Continuación de las operaciones en Tucumán) del 5 de abril de 1976; Orden Parcial nro. 405/76 (Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión) del 21 de mayo de 1976; Orden Especial nro. 336 (Continuación de la "Operación Independencia") del 25 de octubre de 1976; Directiva del Comandante en Jefe del Ejército nro. 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78) del 20 de abril de 1977; Directiva del Comandante en Jefe del Ejército nro. 604/79 (Continuación de la ofensiva contra la subversión) del 18 de mayo de 1979; Directiva del Comandante en Jefe del Ejército nro. 704/83 (Operaciones del Ejército en el Marco Interno) del 21 de marzo de 1983; y Orden de Operaciones 9/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período de 1977) del año 1977.

504. Decreto nro. 261/75 dictado el día 5 de febrero de 1975 por la entonces presidente María Estela Martínez de Perón, reservado en Secretaría en formato digital.

505. Directiva del Consejo de Defensa nro. 1/75 denominada "Lucha contra la subversión" que obra reservado en Secretaría en formato digital.

506. Copia del Estatuto de Reorganización Nacional (publicado en el B.O. del 31 de marzo de 1976) de fojas 2454/5.

507. El reglamento RC-10-51 "Instrucciones para operaciones de seguridad".

508. El reglamento RC-5-1 "Operaciones psicológicas".

509. Reglamento de Terminología Castrense de uso en la fuerza de ejército, identificado como RFD-99-01 (ex-RV-117-1) del año 1969, y sus anexos, que obra reservado en Secretaría en formato digital.

510. El reglamento RV-136-1 "Terminología castrense de uso en las operaciones de las fuerzas terrestres"

511. Reglamento identificado como RC-9-1 caratulado "Operaciones contra elementos subversivos" que obra reservado en Secretaría.

512. Reglamento identificado como RC-8-3 "Operaciones contra la subversión urbana", que obra reservado en Secretaría.

513. Reglamento identificado como RC-8-2 "Operaciones contra fuerzas irregulares", que obra reservado en Secretaría.

514. Reglamento identificado como RC-5-2 "Operaciones sicológicas", que obra reservado en Secretaría en formato digital.

515. Reglamento identificado como ROP-30-05 (ex-RC-15-8) "Prisioneros de Guerra", que obra reservado en Secretaría en formato digital.

516. Copias del reglamento identificado como RC-16-4 "Examen de personal y documentación", que obra reservado en Secretaría.

517. Los reglamentos del Ejército Argentino: RV-150-10, RC-8-1, RE-9-51 (RE-8-2 - Tomo II), RE-9-51 (dos ejemplares, con números 0456 y 3247), RV-150-5 y RE-10-51.

518. El Reglamento RC 16-1 "Inteligencia táctica", dictado el 21 de febrero de 1977, que obra reservado en formato digital en Secretaría.

519. Las copias certificadas del Reglamento RC-3-1 "Organización y funcionamiento de los Estados Mayores" (RC-3-30), que obran reservadas en Secretaría.

520. El Reglamento RV-200-10 "Servicio Interno", del año 1968, que obra reservado en formato digital en Secretaría.

521. Los "Documentos básicos y bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional" del Año 1980, reservados en formato digital en Secretaría.

522. Las copias certificadas de la Orden "Plan del Ejército" (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), que obran reservadas en Secretaría.

523. Las copias del "Compendio de documentos del proceso de Reorganización Nacional" del año 1976, integrado por: A) Acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar; B) Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional; C) Anexo (medidas inmediatas de gobierno) al documento "Bases"; D) Proclama de los Comandantes; E) Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional con Anexo 1, Artículos de la Constitución Nacional citados en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional; y F) Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo, que obran reservadas en Secretaría.

524. Las copias certificadas de la causa 450, caratulada "Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ homicidio y privación ilegal de la libertad" del registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

525. El Organigrama de la totalidad del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Comando en Jefe del Ejército, en el que se encuentre señalada la ubicación de la Jefatura de Inteligencia II, del Batallón de Inteligencia 601 y de la Central de Reunión de Información del BI 601, que fuera remitido en formato digital a fojas 2764 por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación.

526. El Expte. Administrativo nro. 16639 DN incoado por Reconstrucción por pérdida del Expte. A nro. 200/79- DN (Expte. Reservado nro. 4-R/79 S.I.P.F).

527. Organigrama de la Jefatura II de Inteligencia en el año 1979 y 1980, y del Batallón de Inteligencia 601 del año 1979 y 1980. Listado de revista del Batallón de Inteligencia 601 del año 1979 y del año 1980; y listado de personal militar superior.

528. Organigrama del Ejército (EMGE) del año 1979.

529. Las copias certificadas del informe identificado como "Sección C nro. 605 Asunto Situación de la BDT Montoneros" que incluye el Anexo Asunto Procedimiento sobre las TEI efectuado por Zona IV de dos fojas y un reporte dirigido a la DGIPPBA, obrante a fojas 25513/25526 de la causa nro. 14216 -cpo. 119-.

530. Fotocopias certificadas de fojas 1328/1423 de los autos n 6859/98 caratulados "González Naya Arturo Félix y otros s/ privación ilegal libertad personal", correspondientes al denominado "informe 3".

531. Volúmenes 27 y 28 de los documentos desclasificados remitidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América -con su correspondiente traducción.

532. Copias certificadas del volumen 26 de los documentos desclasificados remitidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con su correspondiente traducción.

533. Anexo de fotocopias de la causa nro. 6859/98.

534. Copia certificada de la partida de nacimiento de Eduardo Enrique De Pedro obrante a fojas 891.

535. El expediente nro. A-131 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 caratulado "Cores, Mónica Inés s/dcia.".

536. La Causa 4366/83 "Révora de de Pedro, Lucila Adela y otro s/ hábeas corpus" del Juzgado Federal nro. 4, Secretaría nro.11

537. El Sumario 762 Letra 1J8-1037/57 del año 1978 del Consejo de Guerra Especial Estable nro. 1 caratulado "2 N.N. (un masculino-un femenino)prófugos s/homicidio-lesiones"

538. El Expte. de la Policía Federal Argentina nro. 124/78 "Muerte Ppal. Covino".

539. Sumario del Ejército Argentino nro. 320 Letra BI8 caratulado "Enrique J. Del Pino" y Copias del Legajo de calificaciones correspondientes a Enrique Del Pino.

540. Sumario administrativo de la PFA nro. 105 caratulado "Personal imputado. Principal Federico Augusto Covino, Inspector Miguel Ángel Iaria del personal de la Comisaría 12a y Agente chapa 20257 Miguel Ángel Suárez de la División Teletipográfica".

541. El Expte. Nro. 871-24-070088 del año 1985 de la Dirección General de Personal- División Retiros y Jubilaciones de la PFA.

542. Causa nro. 197/88 caratulada "Junco, Miguel Angel c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior-Policía Federal Argentina) s/modificación de haberes de retiro policial" del Juzgado Nacional de 1ra. instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 6.

543. El informe remitido por el Ejército Argentino de fojas 1979/1982.

544. Copias certificadas de la causa nro. 9373/01 caratulada "NN s/ privación ilegal de la libertad - Querellantes: Villani Mario, Barrera y Ferrando Delia y Paladino Osvaldo", en III cuerpos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Secretaría 6, que obran reservadas en Secretaría.

545. Ficha médica correspondiente a Juan Carlos Avena obrante a fojas 34.822/23 (cpo. 166) que fuera aportada por su defensa.

546. Fotocopia de los certificados de nacimiento de Verónica y María de los Ángeles Kalinec, y fotocopias de las constancias correspondientes al IV Curso sobre control, identificación y sustracción de automotores, efectuado por Eduardo Emilio Kalinec, fechado el 15 de septiembre del año 1978, documentación aportada por su defensa.

547. Copias de los boletines públicos del Servicio Penitenciario Federal argentino nros. 1328 del 30 de enero de 1980 y 1368 del 24 de septiembre de ese mismo año, aportados por la defensa oficial.

548. Fotocopias correspondientes a cartas personales y certificados médicos pertenecientes a Juan Carlos Avena, aportados por su defensa.

549. Informe elaborado por la Policía Federal Argentina, respecto de los destinos ocupados por Luis Armando Galarce entre los años 1976/1979, junto con la nómina de personal con la que compartió actividades.

550. Informe elaborado por la Policía Federal Argentina, respecto de los destinos ocupados por Juan Carlos Falcón entre los años 1976/1979, junto con la nómina de personal con la que compartió actividades.

551. Informe elaborado por la Policía Federal Argentina, respecto de los destinos ocupados por Antonio Wenceslao Jabornik entre los años 1976/1979, junto con la nómina de personal con la que compartió actividades.

552. Informe elaborado por la Policía Federal Argentina a fojas 6160 respecto de los Comisarios Mayores y Comisarios Inspectores que prestaron funciones con Raúl González durante el período comprendido entre los años 1976/1979 en la Superintendencia de Comunicaciones de esa fuerza.

553. Copias certificadas del Reglamento de la División Comunicaciones de la P.F.A.

554. Informes realizados por la División Secretaría del SPF de fojas 5170/5171 y 5229, mediante el cual se informaron, respectivamente, que no utilizan nombre de cobertura los integrantes de dicha fuerza y que Avena realizó el curso de inteligencia en el año 1976.

555. Expediente original del Servicio Penitenciario Federal caratulado "Reconstrucción de expediente" nro. 16639 DN, motivo reconstrucción por pérdida del expediente "A", 200/79 DN (expediente reservado nro. 4-R/79/SIPF), que obra reservado en Secretaría.

556. Las copias certificadas del Legajo de Prueba nro. 122 caratulado "Moller Guillermo Marcelo s/ privación ilegal de la libertad", en II cuerpos, que contiene al expediente nro. 13.279 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 13, Secretaría 138, que fuera solicitado por la defensa oficial, legajo reservado en Secretaría.

557. Copias certificadas de la historia clínica identificada como "A.10825" correspondientes a Juan Carlos Avena, obrantes a fojas 5297/5317.

558. Copias certificadas de la causa nro. 6859/98 caratulada "González Naya, Arturo Félix y otros s/ privación ilegal de la libertad", en 37 cuerpos, del registro del Juzgado Federal nro. 4.

559. Libro "La pista suiza" de Juan Gasparini, Editorial Legasa, Buenos Aires, años 1986, que fuera aportado por la defensa del imputado Guglielminetti, y obra reservado en Secretaría.

560. El informe efectuado por la Gendarmería Nacional Argentina que obra a fojas 5002.

561. La copia certificada del recibo de haberes de Eduardo Emilio Kalinec correspondiente al mes de diciembre de 1978 que obra a fojas 7410.

562. La copia fotográfica de la Orden del Día Interna nro. 248 del 17 de noviembre del año 1978 que se encuentra glosada a fojas 7421/7458.

563. Las causas nros. 79/1985 y 50/1985, caratulada "Cendón Néstor Roberto s/ denuncia" en un total de X cuerpos de actuaciones, remitidas ad effectum videndi et probandi por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4.

564. El informe de la Secretaría General del Ejército Argentino de fojas 1/3.

565. La declaración indagatoria prestada por Juan Antonio Del Cerro a fojas 46/54.

566. La declaración indagatoria prestada por Jorge Ezequiel Suárez Nelson de fojas 147/53.

567. Reglamentos RC-3-50 "Reglamento de Personal", RC-16-1 "Inteligencia táctica", RV-200-10 "Reglamento de servicio interno"

568. Los informes elaborados por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, obrantes a fojas 2549/2590 y 2771/2785.

569. Fotocopia del documento fechado del 17 de abril de 1989 cuya carátula reza "Compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional sustentadas en la justicia social y autocrítica nacional" que fuera aportado por la defensa del imputado Avena al momento de ofrecer prueba a fojas 2192/2195 de la causa 1673.

570. Los informes periciales realizados por el Cuerpo Médico Forense a fojas 2503/2504 y 2534/2539.

571. El expediente nro. 15.548 caratulado "Villani Mario César s/ privación ilegal de la libertad... ant. Remitidos del Jdo. Criminal y Correccional Federal nro. 6", del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 15, Secretaría 146.

572. Las copias certificadas de la causa nro. 35/84 caratulada "Tartaglia Lucía Rosalinda Victoria y Serra Julio Enrique o Enrique Román por presunta privación ilegítima de la libertad" del registro del Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa.

573. Copias del boletín reservado nro. 5350 del Ejército Argentino.

574. Copia certificada de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 2 de abril del año 1979, en el que se publicara la Ley orgánica de la Policía Federal Argentina vigente entre los años 1976 y 1983, que luce a fojas 5049/5056.

575. El informe pericial scopométrico del Departamento de Investigaciones Criminalísticas de la Prefectura Naval Argentina, de fojas 5739/54 y 5957/60.

576. Informes de la División Armamentos y Municiones de la Policía Federal Argentina que lucen a fojas 4939/4941, 5142 y 5699.

577. Copias certificadas de las órdenes del día correspondientes a los diferentes destinos dentro de la Policía Federal Argentina de los imputados Rosa, Uballes, Miara, Donocik, González, Kalinec, Simón, Taddei y Falcón.

578. La causa nro. 18.820/01 (A-231/87) caratulada "NN s/ sustracción de menores de 10 años" del Juzgado Federal nro. 1, Secretaría nro. 1, querellante Martinoia de Vaccaro, Rosalía Luisa.

579. Testimonios de la causa nro. 41.819 caratulada "Vaccaro de Deria, Marta Inés y Deria, Hernando s/ habeas corpus" del Juzgado Federal nro. 3.

580. Causa nro. 13.144 caratulada "Recurso de habeas corpus interpuesto por Enriqueta Maroni a favor de Juan Patricio Maroni" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 23, Secretaría 158.

581. Causa nro. 62/83 caratulada "Maroni Juan Patricio y otros s/ habeas corpus" del registro del Juzgado Federal nro. 1.

582. Causa nro. 96/79 caratulada "Salazar Rubén Omar s/ habeas corpus" del Juzgado Federal nro. 1, Secretaría nro. 2.

583. Cartas del Obispado de Comodoro Rivadavia.

584. Copia de denuncia anónima presentada al director del diario LA VOZ, de fecha 11 de julio de 1984.

585. Copia de la publicación del diario LA VOZ del 14 de julio de 1984.

586. Copia del artículo del PERIODISTA. BUENOS AIRES, titulado: El paramilitar Juan Antonio del Cerro, Una Madeja Siniestra. Investigación de Matilde Herrera.

587. Copia de la publicación del diario LA NACION, del 20/12/82, titulado "La Corte decidirá acerca de una negativa de Nicolaides".

588. Copia de la publicación de la revista GENTE, de diciembre de 1982, titulada "Informe especial: El caso del Dr. Pedro Narvaiz EL JUEZ QUE SE FUE".

589. Copia de la publicación del diario LA RAZON, del 10/11/82, titulado "Emplaza la justicia federal al comandante en jefe del ejército a informar acerca de un habeas corpus".

590. Copia de la publicación del diario CLARIN, del año 82, titulado "Elevan informes a la Corte sobre colisión de poderes".

591. Copia de la publicación del diario CLARIN del 11/11/82, titulado "Emplazo un juez al titular del ejercito".

592. Copia de la publicación del diario LA PRENSA, del 20/12/82, titulado "Recurre un juez federal a la Corte Suprema de Justicia. Conflictos con el Juez Narvaiz por la causa de la desaparición de la familia Maroni".

593. Copia de la publicación del diario LA PRENSA, del 21/12/82, titulado "Recibirá la Corte actuaciones por un conflicto de poderes".

594. Copia de la publicación del diario LA PRENSA, de diciembre de 1982, tituladas "Actuaciones del conflicto de poderes enviáronse a la Corte".

595. Copia de la publicación del diario LA PRENSA, del 22/12/82, titulado "Renunció el juez nacional Narvaiz".

596. Copia del artículo del diario CRONICA, del 21/12/82, titulado "Explosiva renuncia".

597. Copia de la publicación del diario O ESTADO DE SAO PAULO, titulado "Narvaiz vuelve al ataque" -

598. Copia de la publicación del diario EL PAIS en Punta de Este, del 28/02/84, titulado "Pedro Narvaiz, el famoso abogado de la Intimación a Nicolaides Estuvo en Punta".

599. La Copia de la Nota N 4217/78 del Ministerio del Interior, de fecha 9 de octubre de 1978, que fuera aportada por la Dra. Alcira Ríos y que obra glosada a fojas 4574.

600. Copia del informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, OEA/Ser.L/V/II.49 doc. 19, 11 abril 1980.

601. Copia de la publicación del diario La Razón, del 02-11-1983, titulado "Dictamen de la Suprema Corte".

602. Copia de la Carta abierta a los estudiantes desaparecidos de Capital, del 21-09-1982.

603. Copia de la solicitada del diario La Voz, del 15/08/1984.

604. Copia de la solicitada publicada en el diario Clarín, del 07/03/1979, titulada "Hace dos años fue secuestrada la abogada Teresa A. Israel".

605. Copia de la publicación del diario Crónica, del 09/03/1982, titulada "Abogada Israel: otra alternativa sumarial".

606. Copia de la publicación del diario LA VOZ del 19/04/1983, titulada "Testimonios sobre la represión ilegal".

607. Copia de la publicación del diario El Litoral, del 20/04/1983, titulada "EL CELS denunció la existencia de 47 centros clandestinos de detención".

608. Copia del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso n 2351, correspondiente a Ana María Careaga.

609. Copia de la publicación de El Observador, del 09/12/1983, titulado "Testimonio de una sobreviviente de las cárceles clandestinas".

610. Copia del informe sobre ciudadanos italianos desaparecidos en la Argentina.

611. Copia de la publicación del diario Clarín, del 08/02/1984, titulada "Querella criminal contra Ojeda".

612. Copia de la publicación de Clarín, del 31 marzo de 1984, titulada "Piden por científicos desaparecidos de CNEA".

613. Copia de la publicación del diario La Nación, del 28/11/1978, titulada "El eco de la visita en la prensa española".

614. Copia de la publicación del diario LA VOZ, del 03/09/1983, titulada "Interponen recurso de amparo por desaparecidos alemanes".

615. Presentaciones de solicitud de ser tenido por parte querellante de fojas 8105/8109, 8966/96, 29844/47, 21446/51, 13386/8 y 31807/08.

616. La documentación aportada por el querellante De Pedro junto a su ofrecimiento de prueba de fojas 1237/45, consistente en revista La Semana de fecha 22 de diciembre de 1983; artículo de diario titulado "Fueron inhumados los restos de policía caído en enfrentamiento con extremistas"; artículo del diario La Nación titulado "Un funcionario salteño acusado de torturador"; artículo del diario La Nación "En Salta Nazario no quiso hablar" de fecha 8 de junio de 1997; artículo de diario original, plastificado, cuyo copete reza "Sobre dos desaparecidos presentan un recurso y reclaman informes"; artículo del diario La Nación de fecha 12 de junio de 1991 titulado "Nazario presentó la renuncia pero aun no se la aceptaron"; y artículo del diario Clarín de fecha 31 de julio de 1985 titulado "El juicio a las ex juntas. El testimonio de un abogado detenido sin causa y sin proceso".

617. Las copias certificadas del expediente del Consejo de Guerra Especial Estable nro. 1/1, Letra 1J7, número 0059/103 del año 1977, caratulado "De Pedro Enrique Osvaldo y otros s/ atentado y resistencia cobntra la autoridad y homicidio".

618. Los planos aportados a fojas 2467/70 por el Instituto Espacio para la Memoria.

619. El informe remitido por la Comisión Provincial por la Memoria de fojas 2592/2599.

620. Los documentos desclasificados y traducidos, aportados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, obrantes a fojas 219/235.

621. El Libro Histórico del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, que obra reservado en Secretaría.

622. Informe de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal Argentina de fojas 2484/2490.

623. Copia certificada de los artículos periodísticos publicados los días 12 y 13 de octubre del año 1978 por los diarios La Nación, Clarín y La Prensa, relativos al hecho objeto de la presente investigación, que se encuentran glosados a fojas 2433/34, 2456/64 y 2507.

624. El informe efectuado por el Subgerente del Círculo Policial de la Policía Federal Argentina, en el que adjunta copia de la planilla de socio respecto de Eufemio Jorge Uballes, que se encuentra glosado a fojas 5292/5294.

625. El informe realizado por el Jefe de Departamento Escuela Superior de Policía, de la Policía Federal Argentina que se encuentra glosado a fojas 4875/4877, respecto del curso de Subinspectores que Roberto Antonio Rosa efectuara en el año 1977.

626. El informe de la División Retiros y Jubilaciones de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 4945/4947, respecto del curso de Instructor de Tiro que fuera aprobado por Samuel Miara en el año 1970.

627. La copia de la nota DGIcia nro. 27152 de fecha 1 de noviembre del año 1978 respecto de la licencia anual de 35 días concedida al imputado Miara obrante a fojas 7412/7414.

628. La copia certificada del acta de nacimiento correspondiente a Eduardo Jorge Uballes, de fecha 12 de enero del año 1979 obrante a fojas 7935.

629. El informe efectuado por la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos de la Policía Federal Argentina, obrante a fojas 7497/7399, respecto de los cursos que habrían aprobado Uballes y Rosa en los años 1979 y 1981 respectivamente.

630. El testimonio de Claudia Graciela Esteves obrante a fojas 17.331/2 -cuerpo 87- del principal.

631. La declaración testimonial prestada por Juan Carlos Guarino, a fojas 21670/86 -cuerpo 110- de los autos principales.

632. La documentación exhibida e incorporada por lectura durante el debate y que fuera aportada por los testigos Enriqueta Asunción Rodríguez de Maroni, Beatriz Elena Bobes de Marandet, Ana María Careaga, Aldo Victorio Tartaglia, Diana Inés Montequín, Miguel Ángel D'Agostino, Luis Federico Allega, Patricia Bernardi, María Mercedes Salado Puerto, Edgardo Rubén Fontana, Aldo Victorio Tartaglia, Pablo Alejandro Jurkiewicz, Ada Cristina Marquat de Basile, Mario César Villani, Ignacio Juan Francisco Uriburu, Estefanos Azzam Mansur, Carmen Inés Segarra, Norma Teresa Leto, María Cristina Torti, Lucas Guagnini, Rodolfo Matarollo, Inés Izaguirre, Marco Bechis, Marcia Bianchi Villelli y María Cristina Appesecche, en momentos en que efectuaron sus deposiciones en el debate oral llevado a acabo en la presente causa, conforme surge de las actas de debate correspondientes y de los registros de audio y video, que forman parte integrante de aquéllas.

633. Los croquis a mano alzada confeccionados por Osvaldo Manuel Alonso y Pedro Miguel Antonio Vanrell, que fueron realizados por los nombrados al tiempo de prestar sus testimonios en el mencionado debate, conforme las constancias obrantes en las actas de debate correspondientes y en los registros de audio y video que las integran.

Asimismo, se exhibieron los siguientes documentos:

634. El material documental que contiene fotografías, croquis y objetos recuperados durante los trabajos de recuperación y excavación del CCD "El Atlético", realizado por la Comisión de Trabajo y Consenso del Programa de Recuperación de la Memoria del CCD referido, dependiente del ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

635. El disco de video digital (DVD) con la investigación periodística titulada "Juan - Como si nada hubiera sucedido" del director e investigador Carlos Echeverría del año 1987.

636. Los dos discos compactos (CD), identificados como "Ex CCDTyE Club Atlético" y "Ex CCDTyE Olimpo" y dos discos de video digital (DVD), identificados como "Ex CCDTyE Olimpo" y "Ex CCDTyE Club Atlético", que fueron aportados por el Instituto Espacio para la Memoria.

637. El videocasette del programa televisivo "Telenoche Investiga" que fuera remitido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 5.

638. Las Vistas fotográficas correspondientes a la zona donde se encontrarían emplazados los centros clandestinos denominados Atlético, Banco y Olimpo, correspondientes al año 1977, que obra reservado en Secretaría en formato digital (según nota de elevación de fojas 5125).

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: DE LA NATURALEZA DE LOS HECHOS Y LA SUBSISTENCIA DE LA ACCIÓN PENAL

En primer lugar, corresponde que nos introduzcamos al estudio de la naturaleza de los hechos, pues ello se encuentra íntimamente vinculado a los planteos respecto de la subsistencia de la acción penal que fueron introducidos por las defensas durante sus respectivos alegatos.

A) De los crímenes de lesa humanidad.

En cuanto a la naturaleza del objeto procesal de estas actuaciones, y más allá de la calificación legal que en definitiva pueda darse conforme al ordenamiento jurídico interno, debe analizarse si los hechos investigados constituyen, o no, crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, tanto la defensa oficial, como así también la asistencia técnica del imputado Del Pino, han cuestionado esa posible calificación. Así, la Dra. Blanco le dirigió críticas a la postura sentada por la Corte Suprema en los fallos "Priebke", "Arancibia Clavel" y "Simón", manifestando que no pueden asignárseles a los hechos tal carácter, sin violar el principio de legalidad, pues no existía al momento de su comisión norma de derecho interno que los previera y, agregó, que de fundarse dicha categorización en virtud de una costumbre internacional, se afectaría la división de poderes, habida cuenta de que se carece de una ley en sentido formal.

Por su parte, el Dr. Franco cuestionó la aplicación del derecho consuetudinario internacional, pues considera que contraría principios constitucionales y que la costumbre internacional no puede suplir la ausencia de un texto que incrimine a los crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, a los fines de desentrañar la cuestión, no puede pasarse por alto la tipificación que de tales delitos se dejara asentada mucho tiempo atrás, por el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg, en virtud del cual se efectuó el juzgamiento de criminales nazis por los hechos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Así pues, en su artículo 6 inciso c) considera como crímenes de lesa humanidad al "... asesinato, la exterminación, esclavización, deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante las misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron".

Esas pautas, establecidas ya desde el año 1945 por el referido estatuto, fueron posteriormente confirmadas por las Resoluciones 3 (I) y 95 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (dictadas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946, respectivamente), denotando que dichos crímenes se encuentran previstos en la costumbre internacional, incluso con anterioridad a aquella época.

Precisamente, esa costumbre a la que se hace referencia constituye normas del Derecho Internacional Público, configurando ciertos principios que, en definitiva, conforman la base de un ordenamiento jurídico supranacional. Tal es así, que son reconocidas como normas ius cogens que resultan obligatorias para la comunidad internacional y que se encuentran previstas por el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. Allí se establece que "...es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter".

Por otra parte, esas normas imperativas internacionales guardan estrecha vinculación con la previsión constitucional del ius gentium (artículo 118 de la CN) y así lo ha entendido nuestra Corte Suprema de Justicia al afirmar que ".la consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existe un sistema de protección de derechos que resulta obligatorio independientemente del consentimiento expreso de las naciones que las vincula y es conocido actualmente dentro de este proceso evolutivo como ius cogens. Se trata de la más alta fuente del derecho internacional que se impone a los estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad, incluso en épocas de guerra. No es susceptible de ser derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa" (Fallos 330:3248, considerando 15 del voto de la mayoría).

No obstante ello, más allá de la propia obligatoriedad que tienen esas normas consuetudinarias del derecho internacional y los principios generales que de ellas se desprenden, no debe soslayarse que los crímenes contra la humanidad fueron finalmente receptados por diversos tratados y convenciones que, al fin de cuentas, reafirman y codifican la costumbre internacional imperante al momento de los hechos. Para ello, basta solamente con mencionar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (del 9 de diciembre de 1948 y aprobada por Decreto nro. 6.286); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y aprobado por ley 23.313); la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (del 26 de noviembre de 1968, aprobada por ley 24.584 y con jerarquía constitucional a partir de la ley 25.778); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (del 22 de noviembre de 1969 y aprobada por ley 23.054); la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas (del 9 de junio de 1994 y aprobada por ley 24.556); como así también el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscripto el 17 de julio de 1998 y aprobado por ley 25.390).

Justamente, del texto de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del año 1968, surge expresamente que ésta confirma los principios del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg respecto de los crímenes de lesa humanidad, aún cuando esos actos no constituyan una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

De ese modo, se advierte claramente que pierde virtualidad la alegada violación al principio de legalidad que invocara la defensa oficial. Ello es así, pues no se trata de la aplicación de una ley ex post facto, sino de una norma imperativa del derecho público internacional vigente con anterioridad al tiempo de los hechos y reconocida por la comunidad internacional. Es cierto que fue codificada con posterioridad, no obstante eso, tampoco se altera el aludido principio de rango constitucional, puesto que incluso varias de las convenciones reseñadas han receptado la norma ius cogens antes de la comisión de los hechos que nos ocupan.

Entonces, conforme lo ha resuelto la Corte, esos instrumentos de derechos humanos poseen preeminencia respecto del derecho interno y resultan de entera aplicación más allá de la fecha en que hayan sido aprobados por el Estado argentino. En esa línea, falló en el precedente "Mazzeo", en el que afirmó que "...tales obligaciones derivadas del derecho internacional resultan de aplicación perentoria en la jurisdicción argentina (...) El derecho internacional se transforma estructuralmente, dejando de ser un sistema práctico, basado en tratados bilaterales inter pares, y convirtiéndose en un auténtico ordenamiento jurídico supraestatal: ya no es un simple pactum asociationis, sino además, un pactum subiectionis. En el nuevo ordenamiento pasan a ser sujetos de derecho internacional no sólo los Estados, sino también los individuos y los pueblos" (Fallos 330:3248, considerando 11 del voto de la mayoría).

Consideraciones como las vertidas anteriormente, han llevado a dicho Tribunal a sostener, en el conocido fallo "Arancibia Clavel", que "...la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país sólo ha significado, como ya se adelantara, la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad..." (Fallos 327:3312, considerando 13 del voto de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco, la negrilla nos corresponde).

Es que, como puede verse con suma facilidad, las acciones que violentan el derecho de gentes afectan derechos universales que protegen la dignidad de la persona humana, en cuya salvaguarda se ha interesado la comunidad internacional en su conjunto y que, como tiene dicho el Alto Tribunal, su resguardo no puede depender de su codificación en el derecho positivo (Fallos 330:3248, especialmente considerandos 13 y 14 del voto de la mayoría).

El hecho de que recientemente se haya dictado la ley 26.200 que implementa las disposiciones del Estatuto de Roma, no desvirtúa lo dicho hasta el momento, sino que, por el contrario, reafirma la validez de la costumbre internacional a la que venimos haciendo alusión y que ha sido reconocida no sólo por la Corte Suprema y los Tribunales inferiores del país, sino también por Tribunales extranjeros e internacionales.

Por su parte, y aún cuando resulta válido sostener que los crímenes de lesa humanidad se encuentran previstos en el derecho internacional público a través de normas consuetudinarias, que no son otras que las referidas normas ius cogens, no es cierto que, en el caso concreto de autos, se recurra a la costumbre como fuente de derecho penal, pues hemos hecho referencia a diversas convenciones internacionales y tratados de derechos humanos que, ratificando esa costumbre, forman parte del derecho positivo supranacional.

Pero además, esas normas eran conocidas ex ante por los imputados, no sólo por los tratados y convenciones que ya al momento de los hechos formaban parte del derecho vigente, sino también porque distintos Tribunales internacionales ya habían juzgado a diversos sujetos con relación a esta categoría de delitos en procesos que son de público conocimiento (vg.: el Tribunal Militar de Nüremberg y el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente). Eso demuestra que, en el caso concreto de autos las funciones garantizadoras del principio de legalidad no se han visto en modo alguno afectadas.

Por ese motivo, se impone el rechazo a la argumentada violación al principio de legalidad, conforme la postura adoptada en el caso "Simón". Ese precedente resulta determinante para esta materia, puesto que allí la Corte intervino en una causa donde se investigaba al imputado Julio Héctor Simón -quien a la sazón resultó condenado por el Tribunal Federal nro. 5-, por la comisión de dos de los hechos que conforman el objeto procesal de las actuaciones que ahora nos ocupan y que por ello son de entera aplicación al presente. Se dijo allí que "...en modo alguno implica desconocer el principio nullum crimen sine lege por cuanto la conducta materia de juzgamiento, al momento de los hechos, no sólo estaba prevista en el derecho internacional -incorporada mediante el art. 118 de la Constitución Nacional-, sino que también constituía un delito para el Código Penal argentino (.) Por otra parte el encuadramiento de aquellas conductas investigadas en los tipos penales locales en modo alguno implica eliminar el carácter de crímenes contra la humanidad ni despojarlos de las consecuencias jurídicas que les caben por tratarse de crímenes contra el derecho de gentes" (Fallos 328:2056, considerando 83 del voto del juez Maqueda).

En ese sentido, se advierte que las defensas pretenden que nos apartemos de la doctrina sentada en los casos "Arancibia Clavel", "Simón" y "Mazzeo", entre otros, sin aportar argumentos que logren conmover lo resuelto por la Corte Suprema en los referidos precedentes, pues han traído valoraciones que ya fueron allí consideradas y que, no obstante ello, condujeron a la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Así las cosas, no corresponde más que analizar si a la luz de las características típicas que nos da el derecho penal internacional respecto de los crímenes de lesa humanidad, puede incluirse en aquella categoría a los hechos que fueron objeto del proceso.

Al respecto, es posible advertir que en la primigenia definición del Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg se exigía que los crímenes contra la humanidad debían cometerse en ejecución o en relación con crímenes contra la paz o crímenes de guerra. No obstante, ese antiguo concepto ha ido evolucionando hasta hacer desaparecer esa dependencia entre delitos y otorgándole verdadera autonomía a los crímenes de lesa humanidad.

Ese desarrollo del derecho internacional ha tipificado a dichos crímenes como la perpetración de cualquiera de los siguientes actos, siempre que su comisión sea realizada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Ese concepto es el que fue receptado primero por las distintas convenciones antes mencionadas, y luego por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 7.

Al respecto, este último instrumento citado, como ya dijimos, no hace más que reafirmar las normas imperativas del derecho internacional vigentes al tiempo de los hechos y, en consecuencia, resulta una fuente de interpretación de esa costumbre.-

Entonces, lo verdaderamente determinante para la Corte Suprema ha sido que la comisión de los actos enumerados anteriormente, se haya llevado a cabo como parte de un "ataque contra una población civil", que haya sido "generalizado o sistemático" y que el sujeto actuante haya tenido "conocimiento de dicho ataque".

El Estatuto del Tribunal Penal Internacional establece que por "ataque a una población civil" debe entenderse a "una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política".

Así, en primer lugar, se advierte que el ataque tiene que estar dirigido contra una víctima colectiva, predominantemente civil, sin ser necesario que abarque a toda la población, sino que basta con que se dirija a un grupo o parte de ella (conf. D'Alessio, Andrés J., "Los Delitos de Lesa Humanidad", ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 24/25).

Lo significativo de lo dicho en los párrafos que anteceden, es que el ataque -más allá de que afecte a derechos fundamentales de los particulares, pues su comisión se lleva adelante mediante la ejecución de delitos contra personas individuales-, implica a su vez un ataque contra la humanidad en su conjunto.

Esa es la exégesis que puede extraerse de la doctrina del máximo Tribunal, en cuanto resolvió por mayoría en el fallo "Derecho", con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación, que "...los crímenes de lesa humanidad no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados por el delito sus derechos básicos, sino que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto. Esta es la característica que fundamenta, entre otras cosas, la jurisdicción universal de este tipo de crímenes. El autor comete un crimen contra toda la humanidad, no sólo contra su víctima directa (...) el autor de un crimen de lesa humanidad, con su conducta, se rebela contra un estándar mínimo de derechos de la humanidad en su conjunto" (Fallos 330:3074).

Es que el ataque no está dirigido a los sujetos pasivos individualmente, sino como seres socio-políticos. Está destinado a destruir, mediante hechos individuales, las características que hacen a la persona humana. Así pues, se afirma que "el propósito de los crímenes contra la humanidad es proteger la característica propiamente humana de ser un 'animal político', es decir, de agruparse y formar organizaciones políticas necesarias para la vida social (...) Los casos de crímenes de lesa humanidad son justamente la realización de la peor de esas amenazas, la de la organización política atacando masivamente a quienes debía cobijar" (Del dictamen del Procurador General al que se remitiera la Corte en Fallos 330:3074).

Es por ello que, precisamente, el ataque contra la población civil debe ser realizado de conformidad con una política de Estado.

En el precedente citado anteriormente, se menciona que los crímenes contra los particulares deben formar parte de un sistema basado en el terror o estar vinculados a una política dirigida en contra de grupos particulares de personas y concluye que ".el elemento, generalmente designado con su nombre en inglés 'policy element', sirve para excluir del tipo penal de los crímenes de lesa humanidad hechos aislados, no coordinados y aleatorios y configura el elemento propiamente internacional de esta categoría de crímenes (conf. Kai Ambos, International Strafrecht, Munich, 2006, p. 214)" (Fallos 330:3074).

Ahora bien, otro requisito es que se trate de un ataque "generalizado o sistemático".

Por ataque generalizado se entiende a una multiplicidad de hechos, de modo que quedan excluidos aquellos que ocurren aisladamente. Eso no quiere decir que un sujeto para ser autor de delitos de lesa humanidad deba cometer un sin número de hechos, bien basta con uno sólo de ellos, siempre que ocurra en el marco de un ataque generalizado y reúna los demás requisitos típicos.

Así lo sostuvo el Tribunal Internacional en lo Criminal para la ex Yugoslavia, en el caso "Prosecutor v. Dusco Tadic a.k.a 'Dule'", al hacer referencia de que el ataque generalizado "está dirigido a implicar crímenes de una naturaleza colectiva y por ello a excluir los actos singulares o aislados que, aunque posiblemente constituyan crímenes de guerra o crímenes contra la legislación penal nacional, no alcanzan el nivel de crímenes de lesa humanidad" y que "[e]ste requisito excluye un acto inhumano aislado cometido por un autor que actúe por propia iniciativa y dirigido a una víctima única" (citado en D'Alessio, Andrés J., op. cit., págs. 20/21).

De otra parte, el concepto de "sistemático" requiere que el ataque esté configurado por una actuación con un importante grado de organización y siguiendo el modelo o la política que fuera impuesta.

Vale aclarar que no es necesario que el ataque sea generalizado y sistemático, resultando suficiente con la concurrencia de una sola de ellas. Sin embargo, es fácil advertir que los requisitos objetivos del tipo mencionados se encuentran todos estrechamente vinculados entre sí, pues claramente puede verse que un ataque a una población civil de conformidad con un patrón o política estatal conllevará, la mayoría de las veces, las características de ser generalizado y sistemático. Difícil es pensar en un plan que incluya poner a disposición del ataque la maquinaria del estado y sus recursos, y que éste no esté dirigido de un modo organizado contra una multiplicidad de víctimas.

Finalmente, resta como último requisito que el sujeto actuante haya tenido "conocimiento de dicho ataque". Se trata de un elemento subjetivo que requiere que el autor haya tenido, al momento de los hechos, conocimiento del contexto en el que estaba actuando, es decir, que su acción se lleva a cabo dentro de un ataque que reúna las características anteriormente reseñadas.

Por consiguiente, y en lo que aquí interesa, para establecer concretamente si los actos cometidos constituyen crímenes de lesa humanidad, resulta determinante que han sido realizados por agentes estatales, conforme al programa o política impuesta por las autoridades del Estado.

En esas condiciones, podemos sostener que nos encontramos frente a esa categoría de crímenes, pues como se verá más claramente al analizar los hechos imputados y el plano general en que estos fueron cometidos, los encausados pertenecían a fuerzas de seguridad del Estado y en cumplimiento del plan ideado por quienes detentaban el poder en aquel entonces, materializaron diversas privaciones ilegales de la libertad de personas que luego fueron conducidas a centros clandestinos de detención, donde se las sometió a condiciones inhumanas de detención, para luego disponer el destino que podría corresponderle a cada una de ellas (éste podía ser la liberación o la muerte, debiendo recordarse que muchas de ellas, aún hoy, permanecen en condición de desaparecidas).

Esas consideraciones fueron tomadas en cuenta por la Corte Suprema en el fallo "Simón", al calificar a dos de los hechos aquí investigados -aquellos que damnificaron a la familia Poblete- como crímenes de lesa humanidad, fundado en argumentos que resultan aplicables a los restantes sucesos (ver especialmente considerando 10 del voto de la Dra. Argibay).

Es por ello que corresponde calificar a los hechos objeto de este proceso como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de conformidad con las previsiones de las Resoluciones 3 (I) y 95 (I) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad -aprobada por Ley 24.584- y del artículo 118 de la Constitución Nacional.

B) De los planteos defensistas respecto de la subsistencia de la acción penal.

Ahora bien, aclarada la cuestión respecto de la directa e inmediata aplicación del derecho penal internacional a los hechos que nos ocupan, y de la calificación de éstos como crímenes de lesa humanidad, se impone comenzar con el análisis respecto de la subsistencia de la acción penal en estas actuaciones, que fuera cuestionada por las defensas.

I- Sobre la validez de las leyes nros. 23.492, 23.521 y 25.779, la cosa juzgada y la prohibición de persecución penal múltiple.

Sobre el tópico que ahora nos convoca, la Defensa Oficial invocó la excepción de cosa juzgada, pues considera que al haberse cerrado este proceso por aplicación de las leyes nros. 23.492 y 23.521, se ha arribado a un pronunciamiento penal definitivo que no puede ser desconocido y que por ello debe recobrar virtualidad la resolución dictada por la Corte Suprema a fojas 4780/4792 -en cuanto convalidó la aplicación de esas leyes y declaró extinguida la acción penal-y debe absolverse a todos sus asistidos.

Subsidiariamente, interpuso excepción de cosa juzgada por violación al principio de ne bis in idem con relación a sus ahijados procesales Rolón, Taddei, Falcón, Simón y Guglielminetti, toda vez que respecto de ellos fue solicitada la declaración indagatoria por los entonces Fiscales, Dres. Strassera y Moreno Ocampo, concurriendo las identidades de sujeto, objeto y causa, con relación a determinados hechos que identificó en su alegato, por lo que de sometérselos nuevamente a proceso se estarían vulnerando sus garantías constitucionales.

Luego, y también de modo subyacente a los anteriores planteos, solicitó la absolución de sus asistidos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 inc. 2 del CP, en el entendimiento de que los hechos habrían sido legítimamente amnistiados.

Invocó la aplicación de la ley de "Obediencia Debida" (nro. 23.521) con relación a los encartados Simón, Taddei, Falcón, Pereyra Apestegui y Rolón; como así también de aquélla y de la llamada ley de "Punto Final" (nro. 23.492), respecto de sus pupilos Guglielminetti, Kalinec, Donocik, Cardozo, González, Gómez Arenas y Tepedino.

Sostuvo para ello, que la derogación de dichas leyes no puede tener efectos retroactivos, pues se tratan de derechos adquiridos y, agregó, que tampoco es óbice para su aplicación la inconstitucionalidad palmaria de la ley 25.779.

Señaló también, que las layes de amnistía cuya aplicación pretende, fueron dictadas y legitimadas por las correspondientes autoridades del Estado, en el marco de una "justicia transicional" y que es en ese contexto en el que su validez debe ser analizada.

Solicitó que este Tribunal se aparte de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Simón", por cuanto entiende que allí se hizo un uso autoritativo del fallo "Barrios Altos" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expresó que existen razones políticas, jurídicas y fácticas para apartarse de dicho fallo, que fueron desarrolladas durante su alegato.

Por su parte, el Dr. Finn, requirió que se haga extensión subjetiva de la cosa juzgada de la causa nro. 13 de la Cámara Federal, respecto de los hechos ventilados en la causa nro. 1673 y que se absuelva a los imputados Gómez Arenas, Tepedino y Avena.

Finalmente, la Defensa Oficial al analizar concretamente la materialidad de cada caso en particular, planteó una nueva excepción de cosa juzgada con relación al hecho cometido en perjuicio de Mario César Villani. Para ello, sostuvo que el caso fue objeto de sobreseimiento definitivo en la causa nro. 15.548 del Juzgado de Instrucción Nro. 15 y que, en base a ello, luego en la referida causa nro. 13 se hizo lugar a la correspondiente excepción planteada por las defensas.

Por tal motivo, solicitó que se absuelva a sus asistidos respecto del hecho que damnificó al nombrado Villani.

A su turno, la Dra. Corbacho requirió el apartamiento de la doctrina que surge de los fallos "Simón" y "Mazzeo", por tratarse de un uso autoritativo del derecho internacional y del precedente "Barrios Altos", peticionando la aplicación de las leyes de amnistía, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.779 y, en definitiva, la absolución de los imputados Miara, Rosa y Uballes. A su vez, solicitó se absuelva al nombrado Miara, puesto que respecto de él fue requerida oportunamente su declaración indagatoria y, pese a no haberse podido materializar, su sometimiento a proceso vulnera la garantía del non bis in idem.

Por último, el Dr. Franco, asistente técnico del imputado Del Pino, invocó la ultraactividad de la ley penal más benigna, por lo que solicitó la aplicación de las leyes de amnistía y realizó una crítica a la constitucionalidad de la ley 25.779.

Ahora bien, más allá del orden que las partes les han dado a sus planteos -ya sea que los hayan efectuado principal o subsidiariamente-, comenzaremos para una mayor claridad expositiva, con la posibilidad de aplicar o no las leyes denominadas de "Obediencia Debida" y de "Punto Final".

Ante todo, como hemos afirmado a lo largo del presente, nos encontramos frente a hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de gentes, que la comunidad internacional en general, y los Estados en particular, se han comprometido en prevenir, investigar y sancionar, sin que en su camino puedan interponerse leyes de amnistía que impliquen la responsabilidad internacional del Estado.

Es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la responsabilidad internacional de un Estado puede surgir no sólo de la comisión del hecho ilícito violatorio de los derechos humanos en sí mismo, sino también por "... falta de la debida diligencia [por parte del Estado] para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención" (Corte IDH caso "Velásquez Rodríguez", sentencia del 29 de julio de 1988, entre muchos otros, y reiterado recientemente en caso "Gómes Lund y otros 'Guerrilha do Araguaia' vs. Brasil", sentencia del 24 de noviembre de 2010).

Por ello, y esencialmente por la índole y la magnitud de los derechos a proteger, es que resulta inadmisible la invocación de las leyes que fueron denominadas de "Obediencia Debida" y de "Punto Final", y que se encontraron vigentes hasta el año 1998 -cuando fueron derogadas por la ley 24.952 y, luego, declaradas insanablemente nulas en el año 2003, a través de la promulgación de la ley 25.779-, puesto que su aplicación contraría derechos fundamentales previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Precisamente, con relación a las leyes nros. 23.492 y 23.521, nuestro más Alto Tribunal ha dicho en el reiteradas veces citado fallo "Simón" que "...a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la supresión de la leyes de punto final y obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución de hechos como los que constituyen el objeto de la presente causa. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada" (considerando 31 del voto del Dr. Petracchi, el resaltado nos corresponde).

Para así resolver, la Corte Suprema tuvo en cuenta lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso "Barrios Altos", en cuanto afirmó "...que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

En relación con el dictado de leyes de amnistía, realizó apreciaciones que resultan de entera aplicación al caso que nos ocupa. Así, sostuvo que éstas "conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente". De tal modo, concluyó que "[c]omo consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú" (Corte IDH sentencia del 14 de marzo de 2001).

Es cierto que, como afirman las defensas, el caso peruano -sobre el que ha recaído sentencia en "Barrios Altos"- no es análogo al supuesto de autos, pues allí se trataba de una ley de autoamnistía. No obstante ello, lo que debe tenerse presente no es de qué poder emanó la ley cuestionada -es decir, si fue el mismo que cometió los hechos o uno distinto que lo sucedió-, ni el contexto en que ésta fue dictada -como podría ser la llamada "justicia transicional"-, sino la finalidad que ésta buscaba, cual es la imposibilidad de perseguir crímenes de lesa humanidad, la identificación de los responsables y su eventual sanción. Es que, es precisamente esta motivación, la que contraría las obligaciones contraídas por el Estado argentino.

Estas circunstancias fueron valoradas por la Corte Suprema al dictar el fallo "Simón", ya que en referencia a las leyes peruanas y argentinas, sostuvo que "... ambas constituyen leyes ad hoc, cuya finalidad última es la de evitar la persecución de lesiones graves a los derechos humanos (...) lo que indujo al tribunal interamericano a descalificar dichas reglas no fue tanto que el régimen haya intentado beneficiarse a sí mismo, en forma directa, con la impunidad de los delitos que él mismo cometió (...) sino que son razones materiales las que imponen la anulación de leyes de estas características. Por lo tanto, resulta claro que también deben quedar alcanzadas aquellas leyes dictadas por regímenes ulteriores que otorgan impunidad a aquellos autores que pertenecían al régimen anterior, e infringen, de este modo, el propio deber de perseguir penalmente las violaciones a los derechos humanos" (considerando 24 del voto del Dr. Petracchi, la negrilla nos pertenece).

A propósito de ello, puede verse con mayor nitidez el criterio del Tribunal interamericano a partir de la sentencia que dictara en el caso "Gómes Lund y otros". Se trata de un supuesto similar al argentino, pues allí se cuestionó la validez de las leyes de amnistía emanadas del parlamento brasileño una vez restaurada la democracia en el país vecino y, nuevamente, la Corte resolvió por la invalidez de ese tipo de leyes. Es importante señalar que en esta oportunidad ese Tribunal no sólo ha fundado su sentencia en sus propios precedentes, sino que recurrió, a la vez, a diversos pronunciamientos dictados por otros organismos internacionales y por tribunales de los países americanos, entre ellos el caso "Simón" de nuestro Alto Tribunal, denotando entonces que para la Corte IDH las leyes nros. 23.492 y 23.521 también colisionan con el sistema interamericano de derechos humanos.

Pero más importante aún resultan los fundamentos utilizados por el Estado brasileño para afirmar la validez de su ley de amnistía. En el caso comentado, el Supremo Tribunal Federal del Brasil argumentó, entre otras cosas, que la amnistía era un acuerdo realizado por la clase política, que permitió la transición al estado de derecho y que sólo podía ser revisado por el Poder Legislativo. Las coincidencias entre ese argumento y aquel de "justicia transicional" utilizados por las defensas en sus alegatos, pueden verse fácilmente. Sin embargo, recordemos nuevamente, esos argumentos fueron desechados por la Corte Interamericana.

Por lo demás, no es ocioso recordar que, con relación al Estado argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos redactó el Informe N 28/92, en el que concluyó, entre otras cosas, que las leyes nros. 23.492 y 23.521 son incompatibles con el artículo XVIII (Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recomendó al gobierno que adopte las ".medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar" (del 2 de octubre de 1992).

De modo similar, el Comité de Derechos Humanos elaboró un informe sobre la Argentina, en el que señaló que las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final" son contrarias a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Remarcó su preocupación porque esas leyes "...nieguen recursos eficaces a quienes fueran víctimas de violaciones de derechos humanos durante el período de gobierno autoritario (.) le preocupa que la amnistía y el indulto hayan impedido las investigaciones de alegaciones de crímenes cometidos por las fuerzas armadas y los agentes de los servicios de seguridad nacional, y que se hayan aplicado incluso en casos en que existen pruebas importantes de tales violaciones de los derechos humanos (.) [que] promuevan una atmósfera de impunidad para los perpetradores de violaciones de derechos humanos miembros de las fuerzas de seguridad." (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: CCPR/C/79/Add.46; A/50/40, paras.144-165, 5 de abril de 1995).

Luego, en un nuevo informe, el referido Comité ahondó aún más en la cuestión, en el que dijo que "[p]ese a las medidas positivas tomadas recientemente para reparar injusticias pasadas, incluida la abolición en 1998 de la Ley de obediencia debida y la Ley de punto final (...) El Comité reitera, pues, su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar. Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores..." (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: CCPR/CO/7 0/ARG, 3 de noviembre de 2000).

Así las cosas, se advierte que las leyes de amnistía dictadas por el gobierno del Dr. Alfonsín, no pueden revestir ningún valor ni efecto jurídico, pues el Congreso Nacional excedió sus facultades al conceder el "olvido" en detrimento del derecho de gentes (artículo 118 de la CN). Ese vicio no puede ser subsanado, aún cuando esas leyes hayan sido convalidadas en su oportunidad por la Corte Suprema y demás tribunales inferiores del país, por cuanto son contrarias desde su propia génesis a los principios fundamentales del derecho internacional (ius cogens) y a las convenciones a las que soberanamente la República Argentina adhirió, sin importar, como ya se ha dicho, la fecha en que éstas fueron aprobadas.

La imposibilidad de amnistiar los hechos que nos ocupan surge precisamente de una interpretación conjunta de los tratados y pactos internacionales, de la propia norma constitucional y de la jurisprudencia tanto extranjera como nacional, pues la aplicación de ese instituto priva no sólo de la averiguación de la verdad, sino que también constituye un impedimento inadmisible para la comunidad internacional respecto de la persecución y sanción de estos crímenes, conduciendo indefectiblemente a la impunidad.

Por consiguiente, no es factible sostener que los hechos objeto de este proceso hayan sido legítimamente amnistiados y menos aún que pueda invocarse la aplicación ultraactiva de leyes que carecen de efectos jurídicos. De ahí, que corresponde desechar los planteos que efectuaron las defensas respecto de la aplicación de la ley más benigna, principio recogido por el artículo 2 del CP, por cuanto las leyes invocadas no poseen virtualidad.

Así fue resuelto en "Simón", ya que no sólo se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, sino que la Corte fue más lejos aún. Resolvió declarar, a todo evento, de ningún efecto a esas normas y a cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por crímenes de lesa humanidad.

No encontramos en los argumentos vertidos por las defensas en sus alegatos, fundamentos que nos lleven a apartarnos del estándar fijado en el caso "Simón". Éstas cuestionan la aplicación del criterio sentado en "Barrios Altos", pues sostienen que, a lo sumo, la responsabilidad de los Estados se manifiesta en el deber de reparación respecto de las víctimas, pero no en una imposibilidad de amnistiar tan graves delitos.

Es cierto que entre los deberes de los Estados se incluyen, entre otros, la reparación económica, brindar tratamiento médico a las víctimas, determinar el paradero de desaparecidos y realizar reconocimiento públicos respecto los hechos ocurridos. No obstante, eso no excluye la obligación de prevenir, investigar y sancionar este tipo de crímenes.

En consecuencia, la circunstancia de que el Estado argentino haya hecho uso de diversas herramientas para reparar a las víctimas, en la medida de lo posible, no lo exceptúa del deber de proseguir con la correspondiente investigación judicial. Se trata de instrumentos que a través de distintos medios buscan resarcir los daños provocados por el mismo Estado y que, como tal, la aplicación de uno de ellos no exime de la aplicación de los otros, en la medida en que también coadyuven con el fin perseguido. A modo de ejemplo, si el Estado decide reparar económicamente, no por ello se dispensa de su deber de brindar asistencia psicológica, o viceversa. Tal inteligencia, haría imposible hablar siquiera de reparación.

Esa es la línea que surge de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al disponer que, con relación a violaciones a los derechos humanos, no resulta suficiente la publicación de un informe por parte del Estado, pues si bien lo reconoce "como un esfuerzo que ha contribuido a la búsqueda y determinación de la verdad de un período histórico...", considera igualmente "pertinente precisar que la 'verdad histórica' contenida en ese informe no completa o sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales también a través de los procesos judiciales" (Caso "De la masacre de las Dos Erres vs. Guatemala", sentencia del 24 de noviembre de 2009).

En otro orden de cosas, debe señalarse que la intervención que hayan tenido distintos organismos internacionales respecto de diversas pretensiones de particulares, específicamente en cuanto al deber de reparación se refiere, no puede constituir en ningún caso un supuesto de cosa juzgada internacional, pues no se trata de un pronunciamiento sobre el asunto que ahora nos toca resolver y, menos aún, uno definitivo que obstaculice el ejercicio de la pretensión punitiva.

Es que, debe entenderse que la persecución penal no es per se un medio de reparación a las víctimas. Antes bien, es el deber de todo Estado que forme parte de la comunidad internacional de tratar estos crímenes internacionales del modo requerido por aquélla, con el fin de prevenir en un futuro la comisión de hechos similares.

En cuanto a la cita que se hizo respecto del dictamen del Procurador General in re "Acosta, Jorge Eduardo s/ recurso de casación" (S.C. A 93;L.XLV), debe señalarse que en la inteligencia de aquél, la aplicación de la doctrina que emana del Tribunal interamericano no puede ser irreflexiva y automática por parte de las judicaturas nacionales. Es cierto que en su dictamen se aparta de lo resuelto en el caso "Bayarri", pero expone en su razonamiento los motivos que lo llevan a entender que dicha jurisprudencia no era aplicable al supuesto que lo convocaba.

En otras palabras, la influencia que puede tener la doctrina que surge de los fallos del Tribunal interamericano, no es otra que la que tiene aquella que sienta nuestro Alto Tribunal a través de sus propios fallos. Es sabido que los jueces inferiores deben conformar sus decisiones a la jurisprudencia de la Corte Suprema, pudiendo apartarse sólo si aportan nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por aquélla (Fallos 307:1094; 311:1644 y 318:2060, entre muchos otros).

Lo dicho se fundamenta, según la Corte, en que "...el Poder Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete última de la Convención Americana" (Fallos

330:3248).

Por lo demás, entendemos que tampoco tienen incidencia en la cuestión a resolver, las afirmaciones vertidas por la defensa oficial en cuanto a que los restantes países que conforman el sistema interamericano no tratan sus violaciones al derecho de gentes -y la aplicación de leyes de amnistía- del mismo modo en que lo hace la justicia argentina. Ello así, toda vez no se advierte qué relación podría tener la actitud que adopten los restantes países, con lo que aquí toca resolver. En todo caso, sería una cuestión ajena a nuestra jurisdicción.

No obstante, los argumentos defensistas no se ajustan a la realidad. Pues basta con señalar distintos fallos dictados por altos tribunales de justicia de países de la Organización de los Estados Americanos, para advertir que la cuestión no difiere sustancialmente de lo que aquí se resuelve. Por el contrario, tanto la Corte Suprema de Justicia de Chile (caso "Claudio Abdón Lecaros Carrasco, seguido por el delito de secuestro calificado", rta. el 18/05/2010), como el Tribunal Constitucional de Perú (caso "Santiago Martín Rivas", rta. el 29/11/2005), la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (caso "Nibia Sabalsagaray Curutchet", rta. el 19/10/2009) y la Corte Suprema de Justicia de Colombia (caso "Masacre de Segovia", rta. el 13/05/2010), entre otros, han seguido un criterio similar al sentado por nuestra Corte Suprema en el fallo "Simón", con relación a la vigencia de leyes de amnistía respecto de hechos que configuran graves violaciones a lo derechos humanos.

En resumidas cuentas, reiteramos que las leyes nros. 23.492 y 23.521 son inválidas ab initio, y de ningún efecto, resultando inoponible cualquier acto fundado en ellas.

No se altera lo dicho, por la declaración de inconstitucionalidad que interpusiera la Dra. Corbacho respecto de la ley 25.779. Recordemos que la mentada ley declaró insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521 y que más allá del acierto o no en arrogarse por parte del Poder Legislativo facultades que prima facie se encuentran en cabeza del Poder Judicial, no debe soslayarse que la tacha de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, que impone analizar previamente si ésta puede ser conciliada con las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.

Es que, fácil es advertir que los postulados de esa ley se corresponden con los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que fueran receptados en los párrafos que anteceden, y que a la luz de esas circunstancias es que debe analizarse la validez de esa norma.-

Así, nuestro más Alto Tribunal -que, como es sabido, es el último intérprete de la Constitución- declaró la validez de la ley 25.779, en el ya citado fallo "Simón", en base a que ".en la medida en que las leyes deben ser efectivamente anuladas, declarar la inconstitucionalidad de dicha norma para luego resolver en el caso tal como ella lo establece constituiría un formalismo vacío (...) el sentido de la ley no es otro que el de formular una declaración del Congreso sobre el tema." (Considerando 34 del voto del Dr. Petracchi).

Ahora bien, también deben ser descartados los planteos de cosa juzgada y posible afectación de la garantía de prohibición de persecución penal múltiple, puesto que se fundamentan en la anterior aplicación de las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final".

Es sabido que la cosa juzgada y el principio de ne bis in idem se encuentran íntimamente vinculados entre sí, pues si bien es cierto que el primero tiene mayor amplitud que el restante, ambos buscan en definitiva evitar que una persona sea juzgada nuevamente por un hecho por el que ya fue objeto de decisión jurisdiccional. De ese modo, puede decirse que la cosa juzgada es la excepción por la cual se torna operativa la prohibición de persecución penal múltiple.

Así, entienden pacíficamente la doctrina y jurisprudencia que el denominado principio non bis in idem comprende tanto la imposibilidad de condenar a un sujeto más de una vez por un suceso por el que ya fue juzgado, como así también su sometimiento a proceso, es decir, la mera posibilidad de que ello ocurra (D'Albora, Francisco J. "Código Procesal Penal de la Nación, anotado, comentado y concordado", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, cuarta edición, págs. 26 y sigtes.).

Dicha prohibición posee raigambre constitucional al surgir implícitamente de los artículos 18 y 33 de la ley fundamental, como así también explícitamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, inciso 7).

Sin embargo, es jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema que ese principio no es absoluto y que, como tal, se encuentra sujeto a determinadas excepciones. Es que los derechos adquiridos como consecuencia de la cosa juzgada y del ne bis in idem ceden cuando provienen de sentencias fraudulentas o que fueron dictadas en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación (Fallos 254:320) y que no "...puede aceptarse que, habiendo sido establecida la institución de la cosa juzgada para asegurar derechos legítimamente adquiridos, cubra también aquellos supuestos en los que se reconoce que ha mediado sólo un remedo de juicio." (Fallos 279:54).

Eso es lo que ocurre en el caso de autos, en el que las partes invocan la autoridad de cosa juzgada y la prohibición de persecución penal múltiple, con fundamento en el dictado de las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final", que como ya dijimos, contrarían el derecho de gentes, las normas imperativas del derecho internacional y demás normas convencionales a la que la Argentina adhirió y que comprometen la responsabilidad internacional del Estado nacional.

Por esta razón, es que nos encontramos ante una cosa juzgada aparente, pues ya hemos expuesto que esas leyes carecen de efectos jurídicos y que, en consecuencia, cualquier acto que derive de ellas resulta inoponible y no puede ser invocado a los efectos de eximir la responsabilidad penal respecto personas imputadas por crímenes de lesa humanidad.

Precisamente, las leyes de amnistía tuvieron por objeto imposibilitar la persecución de crímenes de lesa humanidad, la identificación de los responsables y su eventual sanción, circunstancia que no permite tener por configurado el estado de cosa juzgada fundado en ellas.

Estos mismos principios fueron recogidos por el Estatuto de Roma, en el que se prevé que la cosa juzgada cede cuando el proceso llevado a cabo ante otro tribunal obedece al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o no hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

La solución que proponemos se compadece con los lineamientos sentados por la Corte Interamericana en el caso "Almonacid Arellano", en cuanto sostuvo que "En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal (...) o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada aparente' o 'fraudulenta'" (Corte IDH caso "Almonacid Arellano y otros vs. Chile", sentencia del 26 de septiembre de 2006).

Luego, en ese mismo precedente concluyó que el Estado no puede argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así como cualquier otro excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables.

Estas consideraciones llevaron a la Corte Suprema a sostener que los principios que se utilizan para justificar la cosa juzgada y el ne bis in idem no resultan aplicables a los delitos contra la humanidad (Fallos 330:3248).

Distinta es la cuestión con relación al planteo introducido por el Dr. Finn, respecto de la extensión subjetiva de la cosa juzgada recaída en la causa nro. 13 de la Cámara Federal.

Recordemos que en aquella ocasión, la Cámara Federal absolvió a los imputados en el llamado "juicio a las juntas militares", por no haberse podido acreditar los hechos que damnificaron a Lucila Adela Révora y a Carlos Guillermo Fassano, ya que -según entendieron- los sucesos presentaban gran confusión probatoria.

La diferencia entre esta excepción -dirigida a beneficiar a los imputados Gómez Arenas, Tepedino y Avena, exclusivamente en lo que hace a los hechos cometidos en perjuicio de Révora y Fassano- y aquellas de cosa juzgada y non bis in idem tratadas anteriormente, radica en que en esta ocasión no se funda en la oportuna aplicación de las leyes de amnistía.

Pero, más allá de los argumentos esgrimidos por el Defensor Oficial en su alegato, la cuestión tampoco puede ser acogida favorablemente.

Ello es así, toda vez que la resolución adoptada por la Cámara no puede considerarse con efectos erga omnes de modo que alcance a sujetos que no se encontraron allí sometidos a proceso. Tal interpretación sería otorgarle a esa sentencia un alcance contra legem, máxime si se advierte que ese Tribunal no dictó la absolución por tener acreditado la no comisión de los hechos, sino por la duda configurada por la "confusión probatoria" que éstos presentaban.

En ese sentido, enseña Maier que "[l]a garantía no se extiende a otra persona, que no ha sido perseguida penalmente, cualquiera sea la solución del caso. Por ello, la condena, la absolución o el sobreseimiento de un imputado no amparan a otro, aunque el fundamento sobre la base del cual se arribó a una solución determinada sea común (por ejemplo, la falta de comprobación del hecho imputado o de adecuación típica del verificado)" y agrega que "[e]llo indica que, como garantía personal, el principio rige individualmente y no posee efecto extensivo''" (Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos", Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2004, págs. 604 y sgtes., la cursiva corresponde al original).

Ello es así, pues -conforme lo sostenido por el distinguido profesor-la garantía impide perseguir por los mismos hechos y la misma pretensión a un mismo sujeto, pero no resulta aplicable a otros que no fueron parte del proceso, por cuanto "carece de eficacia para transformar en lícito lo que es antijurídico y punible" (op. cit., pág. 606).

Lo que pretende la defensa es hacer una indebida y extensiva aplicación del principio in dubio pro reo que benefició a los imputados de la causa nro. 13, en favor de sus asistidos, a través de la errónea invocación de la cosa juzgada y dejando de lado la prueba que se produjo en este debate. En ese sentido, han sido escuchados a lo largo del juicio nuevos testimonios que nos conducen a una conclusión distinta a la que oportunamente arribara la Cámara del fuero y que, por ello, nos lleva a rechazar el planteo efectuado.

Otro tanto ocurre respecto de la excepción de cosa juzgada que fue introducida por la Dra. Blanco al analizar el caso de Mario César Villani.

Es cierto que en la causa nro. 15.548 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 15 recayó sobreseimiento definitivo respecto de la privación ilegitima de la libertad del nombrado. No obstante, hemos dicho anteriormente que la cosa juzgada cede cuando resulta fraudulenta o aparente.

Ello es lo que ocurre en la especie, pues el sobreseimiento definitivo dictado por el juez instructor se fundó exclusivamente en el hecho de que Villani declaró no haber sido víctima de delito alguno, sino que viajó al interior ausentándose de su domicilio por motivos personales.

Así las cosas, nos hallamos frente a una cosa juzgada aparente, pues ha quedado acreditado con los testimonios recibidos durante el debate, que Mario César Villani no sólo estuvo efectivamente detenido en los centros clandestinos investigados en autos, sino que, además, luego de recuperar su libertad fue sometido a controles periódicos por parte de los responsables de los centros.

También se ha demostrado que este tipo de controles eran sistemáticos y generalizados. Recuérdese la cantidad de testigos -Villani entre ellos- que mencionaron que luego de haber sido liberados continuaron recibiendo visitas de los imputados, realizando con ellos reuniones en lugares públicos, debiendo informar cambios de domicilios, o habiéndoseles impuesto la obligación de comunicarse semanalmente a determinado número telefónico -incluso alguno de ellos aportó el abonado al cual debían llamar-, entre otras medidas.

Fue en esas circunstancias en que el nombrado prestó declaración testimonial por ante el juez instructor y por tal motivo no puede sostenerse que bajo ese estricto control por parte de quienes fueron sus captores, haya sido veraz en sus dichos.

Claramente la decisión judicial fue adoptada en base a las afirmaciones que el testigo profirió en su momento y que, para ese entonces, podían parecer verosímiles. Sin embargo, ese testimonio se desvirtúa a la luz de las declaraciones recibidas en el debate, que otorgan mayor conocimiento del contexto en que se produjeron los hechos y de la presión bajo la cual se encontraba Villani para esa época.

En ese sentido, corresponde traer a colación la jurisprudencia de la Corte Interamericana, según la cual "si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem" (in re caso "Almonacid Arellano").

Lo dicho hasta el momento también resulta aplicable a lo decidido por la Cámara Federal en la causa nro. 13, pues si bien lo resuelto allí no tiene efecto vinculante, toda vez que la cosa juzgada se configuraría por el sobreseimiento definitivo dictado en la mencionada causa nro. 15.548, lo cierto es que en esas actuaciones se hizo lugar a un planteo similar al que ahora intenta la Defensa Oficial.

Allí se tuvo por acreditada la privación ilegal de la libertad de Villani y su permanencia en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo; sin embargo, prosperó la excepción de cosa juzgada en el entendimiento de que "[l]a aserción de Villani no aparece suficientemente investigada -tomando en cuenta, además, que contó con patrocinio letrado en su presentación- para fundar una decisión acerca de que se trate de una sentencia fraudulenta, como se limita a insinuar el señor Fiscal".

Por tanto, la cuestión introducida por los defensores en el denominado "juicio a las juntas" fue acogida favorablemente debido a que no pudieron tener por acreditado -porque no fue suficientemente investigado, tal como lo afirma la Cámara- que las manifestaciones esgrimidas por Villani en la causa nro. 15.548 estuvieron viciadas por violencia. Ya hemos dicho que no es el caso de autos.

En el debate hemos escuchado distintos testimonios que hacen a la acreditación del caso y que no fueron recibidos en la causa nro. 13, a lo que se agrega que al habernos abocado únicamente al estudio de lo ocurrido en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, pudimos lograr un espectro más concreto respecto de los casos allí ocurridos, que el que pudo haber adquirido la Cámara del fuero, cuyo objeto procesal abarcaba una diversidad de centros clandestinos ubicados a lo largo del país, dependientes de las distintas fuerzas y en la que se atribuían distintos grados de responsabilidad penal.

Es por ello que, reiteramos, Mario César Villani no fue plenamente libre al prestar la declaración que en definitiva condujo al sobreseimiento definitivo en la causa nro. 15.548, debido a la presión que continuaba padeciendo de parte de sus victimarios y por tal motivo no puede considerarse lo allí resuelto con autoridad de cosa juzgada.

Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la aplicación de las amnistías previstas en las leyes 23.492 y 23.521, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.779 y no hacer lugar a las excepciones de cosa juzgada y de prohibición de persecución penal múltiple invocadas por las defensas.

II- Sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la insubsistencia de la acción penal.

A continuación ingresaremos en el examen de las cuestiones de prescripción e insubsistencia de la acción penal, debido a que ambos planteos se encuentran ligados al fenecimiento de la acción penal por el mero transcurso del tiempo.

En primer lugar, la Defensa Oficial cuestionó la doctrina sentada en el fallo "Simón" y sostuvo que la acción penal correspondiente a los hechos objeto de debate se encuentra prescripta, puesto que -según entendió- recurrir a la costumbre internacional para fundar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad violenta el principio de legalidad. Para concluir de ese modo, señaló que la Convención sobre imprescriptibilidad de esos crímenes entró en vigencia para la Argentina con posterioridad a los hechos del proceso. Agregó que tampoco era norma ius cogens para ese entonces y que, de haberlo sido, eso no habría bastado para considerar a los delitos imprescriptibles. Adujo, a su vez, una posible afectación al principio de igualdad.

Subsidiariamente, la referida asistencia técnica introdujo el planteo de insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable. Fundó la cuestión en el plazo transcurrido desde la comisión de los hechos, como así también en el tiempo que insumió la tramitación del proceso. Citó en su respaldo la doctrina sentada en los fallos "Mattei", "Barra", "Kipperband" y "Salgado".

Por su parte, los Dres. Franco y Corbacho, requirieron la prescripción de la acción penal y la absolución de los imputados Del Pino, Miara, Rosa y Uballes, con fundamentos similares a los esbozados por la Dra. Blanco.

Ante todo, es necesario recordar que la prescripción de la acción penal es una cuestión de orden público, que debe ser declarada aún de oficio en cualquier estadio del proceso y en forma previa a la resolución del fondo (Fallos 305:652; 327:4633 y más recientemente en "Ibáñez, Ángel Clemente s/robo calificado por el uso de armas" expediente I. 159. XLIV).

Sin embargo, las reglas de prescripción establecidas en el Código Penal, no son absolutas y encuentran su límite frente a ciertos delitos previstos tanto en el orden internacional como en el nacional. Al respecto, sostiene la doctrina que "[c]onforme a lo establecido en el art. 65 del CP, todas las penas pueden prescribirse en el derecho argentino, salvo los casos comprendidos en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968, ratificada por ley 24.584, que tampoco permite la prescripción de las acciones por esos crímenes" (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, "Derecho Penal, Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2003, pág 884).

En ese contexto, es en el que deben ser analizados los planteos efectuados por las defensas y que nos llevará inexorablemente a su rechazo.

Ello así, pues los hechos objeto de este proceso fueron calificados como crímenes de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad se encuentra prevista con anterioridad al tiempo de los hechos, por normas del derecho internacional, tanto consuetudinarias como convencionales.

Precisamente, la costumbre internacional fue receptada por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que fuera adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1968.

El preámbulo del texto convencional reza que ".. .la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes. Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal".

De ello se sigue que la Convención se limita a ratificar las normas imperativas del derecho internacional, pues no impone sino que afirma el principio de imprescriptibilidad. Por eso es que establece que dicho principio es aplicable a los crímenes contra la humanidad, cualquiera sea la fecha en que hayan sido cometidos. No se trata de una previsión de retroactividad de ese instrumento internacional, sino antes bien una expresión de que aquel principio ya se encontraba contenido en las normas fundamentales que rigen a la comunidad internacional (ius cogens).

Es que, justamente, eso se debe a que la comisión de tan graves hechos y las dolorosas vivencias que éstos provocan en la comunidad internacional, permanecen inalterables y no se diluyen por el transcurso del tiempo.

Estas consideraciones fueron receptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el citado caso "Almonacid Arellano y otros vs. Chile", al resolver que "[e]n efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad (...), además de ser inamnistiable, es imprescriptible (...) los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales 'son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido'".

Por lo expuesto, es que con la afirmación de la imprescriptibilidad de tan atroces crímenes, no se violenta el principio de legalidad, pues no se trata de una aplicación retroactiva de una norma no prevista al tiempo de los hechos. Al respecto, el Tribunal interamericano sostuvo en el referido precedente que "... esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella".

Esa es, por otra parte, la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien la postura sostenida fue acogida en primer lugar en el precedente "Priebke" (Fallos 318:2148), fue luego en "Arancibia Clavel" en el que se sostuvo que los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad ".se trata de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe. Ello hace que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad internacional misma" y añade "[q]ue esta convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional de origen consuetudinario".

Por ello, el Alto Tribunal sostiene que no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal -contenida en el principio de legalidad-, pues sólo se reafirma un principio instalado en la costumbre internacional que tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos.

Seguidamente, esa postura fue reiterada nuevamente por el máximo Tribunal en el caso "Simón", sentencia que, como ya dijimos, guarda una íntima vinculación con los hechos de esta causa.

Es claro que institutos como la prescripción conducen a la impunidad al privar al Estado del ius puniendi en casos en particular, lo que si bien debe ser soportado ante hechos comunes, no resulta posible hacerlo ante hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, como ocurre en el caso de autos.

Es por ello que el Tribunal interamericano ha resuelto que "...el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como 'la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos'. Para cumplir con dicha obligación, el Estado tiene que combatir ésta por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad 'propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares'". Por ese motivo es que el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad y, en particular, "...no podrá aplicar leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem, o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación" (Caso "De la masacre de las Dos Erres vs. Guatemala").

Por lo demás, y si bien es cierto de que la imprescriptibilidad se fundamenta en primer lugar en una norma consuetudinaria, no puede soslayarse que a la época de los hechos ya se encontraba vigente y resultaba obligatoria para la comunidad mundial -en la que se incluye al ordenamiento jurídico legal argentino- la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, obligatoriedad que como hemos visto, no depende de su aprobación o reconocimiento en el derecho positivo interno. Es entonces que puede afirmarse que el principio de legalidad se mantiene incólume.

Tampoco se encuentra afectado el principio de igualdad, pues la prescripción debe ser analizada en cada caso concreto y respecto de cada imputado en particular. Ello así pues "[e]l carácter personal de la prescripción impide que se la pueda declarar de una manera objetiva, erga omnes, respecto de un delito" (Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino, Parte General - II", Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, año 1965, pág. 192).

El hecho de que otros imputados se hayan visto beneficiados por ese instituto -los que, vale aclarar, no fueron identificados por la defensa-, en desmedro de las normativas internacionales vigentes, no implica así sin más que deba ser aplicado al caso de autos, cuando resulta improcedente para crímenes como los investigados.

Por todo lo expuesto, es que corresponde no hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal emergente de estas actuaciones.

Ahora bien, en cuanto a la cuestión introducida por la Dra. Blanco, con relación a la insubsistencia de la acción penal, por violación del plazo razonable, es dable señalar que no puede ser escindido del planteo de prescripción.

En ese sentido, los argumentos esbozados anteriormente para afirmar la imprescriptibilidad de estos hechos, resultan por demás suficientes para descartar la alegada violación al plazo razonable.

Ello es así, pues si el Estado se encuentra imposibilitado de establecer plazos a los efectos de autolimitar su pretensión punitiva mediante el instituto de la prescripción para este tipo de delitos, mal podría tornarse irrazonable la persecución.

Sin embargo, intentaremos darle a la defensa una respuesta más acabada sobre el asunto.

Es por ello que, en primer lugar, debe considerarse que el plazo razonable, como garantía del imputado, se encuentra estrechamente ligado al derecho a un pronunciamiento penal rápido que, como derivado de la garantía de defensa en juicio, se halla consagrado en el artículo 18 de la Carta Magna y que fuera receptado doctrinariamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, en el conocido caso "Mattei" (Fallos 272:188).

En aquel precedente, el referido Tribunal sostuvo que "...la necesidad de lograr una administración de Justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además, y esto es esencial atento a [que] los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consubstancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal".

Luego de ello, la disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano en el antecedente "Kipperband" (Fallos K.60.XXXIII) aportó nuevos lineamientos a la cuestión. Allí sostuvieron los mencionados magistrados que "[n]o son ajenas al conocimiento de esta Corte las ingentes dificultades que agobian a los jueces por el exceso de tareas y ciertas carencias estructurales, las cuales seguramente se agravaron, en el caso, con motivo de las vicisitudes ocasionadas por la modificación del sistema procesal y por los innumerables cambios producidos en las designaciones de los funcionarios intervinientes. Sin embargo tal situación, aún cuando permitiere explicar las demoras en que se ha incurrido y justificar a los jueces por esa misma demora, no autoriza a hacer caer sobre la cabeza del imputados los inexorables costos de los sucedidos".

Este criterio fue definitivamente recibido por la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Barra", en el que nuevamente abordó el examen sobre la garantía en estudio, añadiendo que "...la duración del plazo razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años..." (Causa nro. 2053, B. 898. XXXVI del 9 de marzo de 2004).

Ahora bien, a los efectos de determinar esas circunstancias en el caso de autos, es menester tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en aplicación de los lineamientos sentados por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso "Motta vs. Italy", sentencia del 19 de febrero de 1991, párrafo 30-, señaló que a los fines de precisar el alcance del concepto de plazo razonable, deben tomarse en consideración tres parámetros: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y; c) la conducta de las autoridades judiciales (Caso "Hilaire, Constantine y Benjamín vs. Trinidad y Tobago", sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 143).

En ese sentido, debe considerarse la cantidad, gravedad y complejidad de los hechos objeto del proceso, que por el modo de comisión y contexto en que fueron ejecutados, dificultaron sumamente la individualización de los autores, circunstancia que en muchos casos pudo lograrse recién bastante tiempo después.

Por otra parte, es evidente que la tramitación de tan voluminoso expediente, con las complejidades descriptas, dificulta llevarlo a cabo en los tiempos procesales que podría insumir uno cuyo objeto fuera un hecho considerablemente menor.

Pero además de haber sido ardua la tarea de identificación de los acusados, tampoco fue sencillo someterlos a proceso, basta con recordar que fueron libradas diversas órdenes de captura y pedidos de extradición para finalmente lograr sujetar a proceso a quienes aquí resultan imputados.

Fundamentalmente, debe considerarse que la tramitación del proceso estuvo suspendida durante aproximadamente más de quince años, por aplicación de leyes de amnistía que contrariaban la norma constitucional y las convenciones del derecho internacional.

Por ello, analizadas esas circunstancias, estamos en condiciones de afirmar que no se ha vulnerado, respecto de los aquí imputados, la garantía constitucional a ser juzgados en un plazo razonable.

Por último, no puede pasarse por alto que se han dictado diversos actos a los fines de evitar dilaciones innecesarias que pudieran afectar garantías constitucionales de los acusados (vg.: Acordada 42/08 de la CSJN y Resolución 236/09 de la CNCP) y que este Tribunal, desde el primer momento en que asumió la tramitación del expediente, le ha impreso la mayor celeridad posible.

En definitiva, y por los argumentos expuestos, es que corresponde rechazar los planteos de prescripción e insubsistencia de la acción penal que fueran efectuados por las defensas.

SEGUNDO: DE LOS PLANTEOS NULIFICANTES

En primer lugar, y con carácter previo a introducirnos a estudiar el fondo de la cuestión, corresponde que el Tribunal se expida respecto a los planteos de nulidad introducidos por las defensas al momento de realizar sus correspondientes alegatos.

A) Nulidad de la resolución de fojas 7.885/7.888 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad.

En este punto hemos de abordar el planteo efectuado por la Dra. Blanco, en cuanto requirió se declarase la nulidad de la resolución dictada por la Cámara Federal de esta ciudad, el día 1 de septiembre 2003, a tarvés de la cual se decidió reabrir estos procesos por aplicación de la ley 25.779.

Entre otras cuestiones de hecho y derecho que esgrimió durante su alegato, expresó que cuando la Cámara Federal dictara dicha resolución, la ley 25.779 no se encontraba aún vigente.

Asimismo, manifestó que el acto efectuado por la mentada Cámara no era de Superintendencia, ello de conformidad con lo expresado por la Sala IV de Casación en los autos "Scheller Raúl s/ queja", del 10/5/2004, publicado en LL 25/8/2004.

Arribada la oportunidad de resolver el planteo de la defensa, en primer lugar y con relación a la fecha en que la Cámara Federal de esta ciudad dispusiera reabrir estos procesos, debemos tener presente que la ley 25.779 al momento de dictarse la resolución de fojas 7.885/7.888 había sido sancionada y promulgada en un todo conforme a la normativa vigente. Asimismo, es necesario recordar que únicamente restaba que dicha norma fuera publicada en el Boletín Oficial.

En este sentido y en lo que respecta a la publicación de una norma en el Boletín Oficial, entendemos que tal evento tiene por único objeto dar publicidad a los actos. También podemos agregar con relación a la puesta en conocimiento en este caso de la ley 25.779, que la misma antes de entrar en vigor tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, evento este que no podemos pasar por alto al valorar las circunstancias aquí acaecidas.

Por ello, y más allá de lo establecido en el artículo 2 del Código Civil, la circunstancia de que la Cámara Federal de esta ciudad, aguardara a la publicación en el Boletín Oficial de la ley en cuestión, no hubiera hecho variar el espíritu de esa norma y así continuar con el trámite de éste y los demás procesos.

Para mayor ilustración, podemos traer a colación lo esgrimido por la Cámara de Apelaciones de la Justicia del Trabajo de la Capital Federal, en cuanto resolvió que "...el referido estatuto legal rige desde el día de su sanción -21 de dic. 1945-, pues los modernos medios de difusión son suficientes para perfeccionar su publicidad, no siendo necesario ajustarse a las normas regidas por el derecho civil" ("J. A.", 1947-III, p.597).

En este orden de ideas, podemos decir la decisión adoptada por la Cámara Federal no fue de carácter jurisdiccional, sino que por el contrario lo que hizo fue acatar una ley de público conocimiento.

A diferencia de lo esgrimido por la defensa, la Cámara del Fuero no actuó como juez instructor al "redistribuir" esta causa, sino que por el contrario quienes tuvieron dicha función fueron aquellos jueces donde recayeron ésta y las demás investigaciones.

De este modo, carece de sentido nulificar la resolución de fojas 7.885/7.888 dado que se estaría declarando la nulidad por la nulidad misma. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que carece de sentido la nulidad por la nulidad misma, por "tanto su declaración debe corresponder a un concreto perjuicio para alguna de las partes, no correspondiendo adoptarla por el mero interés formal del cumplimiento de la ley, cuando tal actitud implique un exceso ritual manifiesto, siendo por lo tanto, de interpretación restrictiva" (Fallos 125:640; 311:1403: y Dictámenes 210:156).

En este tren de ideas, entendemos que no debe declararse ninguna nulidad por la nulidad misma, es decir, por puro prurito formalista, sino cuando ello responda a una finalidad que exceda del mero riguroso cumplimiento de la norma del rito.

Es por ello que corresponde rechazar la nulidad planteada por la Dra. Blanco, con relación a la resolución dictada a fojas 7.885/7.888 (art. 166 del CPPN, a contrario sensu).

B) Nulidad por aplicación del Código Procesal Penal de la Nación.

Con relación al planteo esgrimido por la Dra. Blanco durante su alegato respecto de la aplicación del Código Procesal Penal vigente en la actualidad, debemos tener presente que si bien las leyes de "Obediencia Debida" (ley 23.521) y de "Punto Final" (ley 23.492) interrumpieron el trámite de aquella pesquisa, al momento del dictado de la ley 25.779, que declaró insanablemente nulas a las normas referidas, la Cámara Federal de esta jurisdicción en pleno dispuso continuarlas, oportunidad en la que sostuvo: "...la sanción del Código Procesal Penal de la Nación (ley n 23.984) y de las leyes 24.556 y 24.820, por las que se incorporó a nuestro orden normativo interno, con rango constitucional, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, impide continuar bajo el procedimiento instaurado por la ley 23.049 y veda la intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas... " (CNCCF reg. n 04/03 P del 1/09/2003).

Por otra parte, debemos enunciar que el principio rector en materia procesal es estar a la ley existente al momento de llevarse a cabo el proceso, y no aquella vigente al momento en que los hechos ocurrieron. Precisamente, la condición de norma de orden público del procedimiento a aplicar descarta cualquier otra garantía de orden federal, pues no existe un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento. Entonces, sin perjuicio de que en los actuados ya se produjo el avocamiento del Tribunal (art. 10 de la Ley 23.049) el nuevo ordenamiento procesal puesto en vigencia por la ley 23.984 impide que, reabierta una causa de competencia militar originaria en virtud de la sanción de ley 25.779, continúe tramitando según las normas del primer ordenamiento referenciado. Mas aún, teniendo en cuenta el impedimento a la intervención de un tribunal castrense al que hace referencia el primer párrafo del art. 9, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Resta indicar que el máximo Tribunal se expidió en sentido análogo, en particular con su decisión de Fallos 323:2035, con fundamento en "...la salvaguarda de las garantías constitucionales cuya preservación resulta imperativa para este Tribunal..." y ". ..en tanto la tramitación de la causa en el fuero que viene interviniendo no configura un supuesto de violación de la garantía establecida por el art. 18 de la Constitución Nacional..." (C.S.J.N. V.34.XXXVI. "Videla, Jorge Rafael s/ incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada", rta. 21-8-03). -

Para mayor ilustración y con relación al antecedente "Scheller Raúl s/ queja", del 10 de mayo de 2004, al que hiciera alusión la Dra. Blanco -para solicitar la nulidad de todo lo actuado-, debemos decir que en dicho recurso la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal abrió el la queja oportunamente rechazada en dichos actuados, argumentando que el acto efectuado por la Cámara Federal de "reabrir" este y los demás procesos paralizados por hechos acaecidos durante el último período militar, debía ser tomado como equivalente a "sentencia definitiva".

Ahora bien, al momento de resolverse la cuestión de fondo de dicho recurso, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal esgrimió que "...Además, este Tribunal hizo referencia al indiscutible deber jurisdiccional de conformar las decisiones que se adopten a las sentencias dictadas por el Alto Tribunal en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060;319:699; 321:2294), que se sustenta tanto en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, como en razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (arg. Fallos: 25:364; 212:51 y160; 256:208; 303:1769; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas) -cfr. causa n 5834, "Mazzeo, Julio y otros s/ recurso de nulidad", reg. n 8410, rta. el 22 de marzo de 2006-, sin que, por otra parte, el recurrente haya aportado argumentos novedosos no que fueron tratados en el caso 'Simón'".

"En este sentido, no se puede afirmar que la cámara de apelaciones haya infringido garantía constitucional alguna en la resolución cuestionada, pues lejos de impulsar la acción de oficio como lo sostiene el recurrente, el a quo sólo dispuso el sorteo del juzgado instructor en base a una ley (la n 25.779) que había declarado la nulidad insanable de las leyes de obediencia debida y punto final, en tanto éstas constituían el fundamento jurídico de la anterior situación procesal del impugnante".

Por otra parte y con relación a la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación actualmente vigente, en dicho antecedente "Scheller" se hizo referencia a que "... respecto del tardío agravio de la defensa relativo a las leyes procesales que deben regir en las presentes actuaciones, es necesario señalar que anteriormente este proceso tramitaba por el Código de Justicia Militar y la intervención de la cámara de apelaciones estaba acotada al recurso establecido en el art. 445 bis de dicho código y que a causa de las demoras en el proceso el tribunal a quo dispuso avocarse en el conocimiento de estas actuaciones. Por ello, se debe afirmar, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:2695), que las reglas de la ley 24.121 (art. 12) sólo comprenden los pleitos iniciados de acuerdo con el anterior sistema de enjuiciamiento criminal y, como lógica consecuencia, no abarcan a las causas que se regían por las reglas contenidas en el art. 445 bis del Código de Justicia Militar".

"Además, en dicho precedente la Corte sostuvo que ["es uniforme y reiterada jurisprudencia de este Tribunal que las leyes modificatorias de jurisdicción y competencia, por ser de orden público, aun en el caso de silencio de ellas, se aplican de inmediato a las causas pendientes (Fallos: 306:1223, 1615 y 2101, entre muchos otros), siempre que no se deje sin efecto lo actuado de conformidad a las leyes anteriores (Fallos: 200:180), toda vez que ello importaría un obstáculo para la pronta tramitación de los procesos que exige buena administración de justicia (Fallos: 303:688 y 883), principio que reconoce como límite el supuesto de que esas leyes contengan disposiciones de las que resulte un criterio distinto] (Fallos: 267:19, considerando 1 y sus citas; 275:109 y 287: 200)" -considerando 4-; y que ["no se observa en el caso vulneración al principio constitucional de juez natural porque 'la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía' (Fallos: 163:231, p. 259) y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la materia de descubrir y perseguir delitos (Fallos: 193:192; 249:343, entre otros)"] -considerando 12-".

Por último resta decir que con relación al antecedente "Scheller" enunciado con anterioridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del expediente S. 111. XLIV, con fecha 12 de agosto de 2008, resolvió desestimar la queja oportunamente articulada, por lo que la cuestión traída a estudio por la defensa ya ha sido analizada y rechazada por el más Alto Tribunal.

C) Nulidad por falta de impulso válido de la acción penal.

Seguidamente, la Defensa Pública Oficial interpuso planteo de nulidad por falta de impulso válido de la acción. Así fue que la Dra. Blanco requirió la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir de fojas 8049 de la causa nro. 14.216/03, toda vez que se reinició la investigación con relación a los hechos objeto de acusación, sin que haya existido expresión de voluntad previa y concreta del Ministerio Público Fiscal, en los términos del artículo 188 del CPPN.

En ese sentido, manifestó que si bien es cierto que a fojas 7895/7896 se presentaron los Dres. Delgado y Freiler requiriendo la instrucción, la generalidad de tal dictamen no satisface los requerimientos del artículo 188 de la manda adjetiva. Añadió que esa circunstancia habría sido advertida por el juez instructor, quien corrió nueva vista al Ministerio Público, en los términos del artículo 180 del referido cuerpo legal, sin que el titular de la acción penal se haya expedido al respecto. Entonces, entendió que el progreso del proceso hasta esta etapa fue en violación del debido proceso, como así también de lo dispuesto por el artículo 120 de la CN y, concretamente, del principio ne procedat iudex ex officio.

Por su parte, el Dr. Finn hizo lo propio con relación a la causa nro. 1673. Dijo que esa pesquisa se inició en el marco de la causa nro. 6859/98, en la que se investigaba la denominada "Operación Murciélago". Si bien afirmó que en ese expediente fue debidamente impulsada la acción por parte del agente Fiscal, lo fue sólo con relación a ese operativo y no con respecto al que habría damnificado a Révora y Fassano. Por ello, solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del decreto de fojas 1912 de la causa nro. 6859/98, por no haber sido válidamente impulsada la acción.

Ahora bien, planteada la cuestión corresponde señalar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue evolucionando en dirección hacia un sistema procesal penal de corte netamente acusatorio, donde al representante del Ministerio Público Fiscal se le acuerdan en forma exclusiva el ejercicio y la promoción de la acción penal. De este modo, se establece que el juez penal se encuentra limitado por el principio ne procedat iudex ex officio que surge como derivación del debido proceso, en cuanto establece que deben respetarse sus formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos 116:23 y 134:342, entre muchos otros).

En esa misma línea, sostiene Maier que "es correcta la afirmación consistente en que, para los delitos de acción pública, el único acusador con legitimación propia y natural, conforme al sistema, es el Estado, por intermedio del órgano predispuesto para ello, sintéticamente expresado, el Ministerio Público Fiscal o la Fiscalía" (Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal II. Parte general. Sujetos procesales", Ed. del Puerto, 2003, pág. 648).

De ese modo, queda claro que será el titular de la vindicta publica quien tendrá a su cargo el impulso del proceso y, en su caso, la facultad de propiciar la acusación que, en definitiva, habilitará la función jurisdiccional.

Con todo, no se desconoce que en ocasiones la actuación del Ministerio Público Fiscal puede ir acompañada por la del acusador particular; sin embargo, y en lo que aquí interesa, lo importante es resaltar que la acción penal sólo puede ser excitada por aquél.

Ello es, por otra parte, lo que se desprende de los fallos "Mostaccio" y "Quiroga" del Alto Tribunal (Fallos 327:120 y 327:5863), en los cuales se estableció que el pedido desincriminatorio del representante del Ministerio Público Fiscal resulta vinculante, ya no sólo en la discusión final -artículo 393 del CPPN-, sino también en la etapa crítica del proceso -artículo 347 del referido cuerpo legal-.

Asimismo, la doctrina que se menciona en los párrafos que preceden no sólo ha devuelto al juzgador a su papel de tercero imparcial en el proceso, sino que, además, significó el reconocimiento constitucional del principio de bilateralidad, según el cual "la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal" (del voto de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti, in re "Amodio, Héctor L." de la CSJN, rta. el 12/06/2007).

No obstante ello, no se advierte que en el caso concreto de autos se haya afectado la garantía del debido proceso y las facultades constitucionales que se encuentran en cabeza del Fiscal.

En primer lugar, pues como bien dice la defensa, en la causa nro. 14.216/03 -numeración correspondiente a la causa nro. 1668 en su faz instructoria- ha mediado requerimiento fiscal de instrucción, aún con las dificultades que conlleva circunscribir el objeto material de estas actuaciones.

En ese dictamen, los Dres. Delgado y Freiler requirieron la instrucción, impulsando la acción penal con relación a los hechos que se atribuyen a personal dependiente del Primer Cuerpo de Ejército, o sometidos operacionalmente a él, ocurridos en la Capital Federal o en la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en Fallos 307:2487 y agregaron que "las imputaciones respectivas no se ceñirán de manera exclusiva a esos hechos, sino que podrán incluir nuevos sucesos que surjan de la investigación propuesta y que, luego de la anulación de la primera de las leyes, no reconocerán la limitación cronológica que ella disponía" (ver fojas 7895/7896).

Luego de ello, realizaron un nuevo dictamen a fojas 10.430/10.434 requiriendo la instrucción por otros hechos y aportando nuevas precisiones a efectos de encausar la investigación con relación a esos sucesos.

Es cierto que en el ínterin entre esos dos actos se les corrió otra vista a fojas 8035/8048, la que no fue contestada por los referidos Fiscales, no obstante, eso parece haber obedecido a que la acción ya había sido promovida por ellos y, en consecuencia, entendieron innecesario un nuevo impulso.

Y esta interpretación no es propia del Tribunal, sino que encuentra su fundamento en la respuesta del mismo Fiscal ante un planteo similar al que ahora nos ocupa, que fuera articulado por la Dra. Blanco en el marco de la causa denominada "Vesubio", actualmente en trámite por ante el Tribunal Oral Federal Nro. 4.

En la incidencia comentada, el Dr. Delgado dictaminó a fojas 40/41 que "...es obvio que la amplitud de la requisitoria de fojas n 7895/6, volvió innecesario hasta la hora presente renovar o modificar aquella posición. Allí estriba, precisamente, la razón por la que la fiscalía se notificó a fojas n 8048 de la vista conferida a fojas n 8035/48 pero no la contestó porque, vale la pena repetirlo, ya había ejercido previamente la función requirente que el artículo 120 de la Constitución Nacional le asignó al Ministerio Público Fiscal." (incidente de nulidad de Durán Sáenz, Pedro Alberto, que corre por cuerda con la causa nro. 1487 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4).

Por su parte, la causa nro. 1673 tuvo su génesis en el marco de la causa nro. 10.191/97 del Juzgado Federal Nro. 5, Secretaría Nro. 10. Esa encuesta se inició con motivo de la denuncia efectuada por el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, Tte. Gral. Martín António Balza. En ese marco, los Fiscales Federales, Dres. Evers y Comparatore, efectuaron su correspondiente requerimiento de instrucción, a fin de que se investiguen los hechos denunciados (ver fojas 16/17). Así, una vez habilitada la jurisdicción, el referido Juzgado Federal logró establecer que los sucesos denunciados guardarían relación con la desaparición de diecisiete personas que fueron detenidas en distintos episodios ocurridos en 1980.

De seguido, ese Juzgado Federal se declaró incompetente y remitió, en lo que aquí interesa, los hechos que habrían damnificado a quince de esas diecisiete personas, a conocimiento del Juzgado Federal Nro. 11, Secretaría Nro. 21, donde quedo registrada la causa nro. 6859/98.

Posteriormente, la investigación de esos hechos llevó a determinar la actuación que en ellos le cupo al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino y es en esas circunstancias en que la investigación derivó también en los sucesos que damnificaron a Lucila Adela Révora, Carlos Guillermo Fassano y Eduardo Enrique De Pedro.

Como puede verse, toda la investigación se encuentra vinculada entre sí por la actuación que habrían tenido los integrantes del Batallón de Inteligencia 601, y si bien el titular del Juzgado Federal Nro. 11 declinó su competencia en favor del Juzgado Federal Nro. 3, ello no invalida la instrucción previa que se encontró impulsada por el correspondiente requerimiento fiscal.

En consecuencia, como surge del relato efectuado respecto de ambos procedimientos, la acción penal fue debidamente excitada por el Ministerio Público Fiscal y ello no se ve menoscabado por el hecho de que luego el juez instructor, en su carácter de director del proceso, extienda la imputación a otras personas, en la medida en que la investigación lo conduzca en ese sentido.

Es que "efectuado el requerimiento, la habilitación de la jurisdicción es plena y, por ende, no puede considerársela restringida por la voluntad del órgano acusador de limitarla en cuanto a los sujetos sometidos al ejercicio de aquélla ni a la significación jurídica del hecho." (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 1, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2004, pág. 481).

La circunstancia de que el Dr. Alagia haya presentado ante el Juzgado Federal Nro. 3, una denuncia respecto de hechos nuevos y requisitoria de instrucción con relación a aquéllos, no altera lo sostenido hasta el momento. Ello así pues, lo que hizo el Fiscal de Juicio fue formular una denuncia poniendo en conocimiento del juez que previno, nuevos sucesos de los que se habría enterado durante el debate y que, de no ser por eso, posiblemente no hubieran llegado a conocimiento de la instrucción, o no hubiera obtenido las descripciones con las que contaba a esa altura el Ministerio Público.

En cuanto a las imperfecciones que podrían presentar los requerimientos de instrucción reseñados en cuanto a la descripción de los hechos, y más allá de que la defensa no cuestionó su validez, no debe soslayarse que se trata de actos que fueron realizados en una etapa embrionaria del proceso que, como tal, pueden llevar aparejadas diversas imprecisiones, bastando con que el relato de los hechos permita identificarlos, aún mínimamente, a través de su lectura (cfr. Navarro, G. R. y Daray, R. R., op. cit., pág. 481). Más aún, ante la complejidad, prolongación en el tiempo y cantidad de víctimas que importa el proceso histórico ocurrido entre los años 1976 y 1983.

Finalmente, lo dicho no se ve modificado por la resolución de fojas 7885/7888 de la Cámara Federal, en cuanto dispuso el sorteo de estas actuaciones para que se desinsacule el Juzgado Federal a intervenir, pues ella no pretende suplir la voluntad del Ministerio Público Fiscal que, como se señaló anteriormente, quedó expresada en los requerimientos de instrucción mencionados.

Sobre la base de lo expuesto, corresponde no hacer lugar a los planteos de nulidad de todo lo actuado a partir de fojas 8049 de la causa nro. 14.216/03 y 1912 de la causa nro. 6859/98, que fueron articulados por los Dres. Blanco y Finn (artículos 167 -a contrario sensu-, y 188 del CPPN y 18 y 120 de la CN).

D) Nulidad parcial del alegato del querellante De Pedro con relación a la acusación formulada respecto de Gómez Arenas y Tepedino.

En este punto abordaremos el tratamiento de la nulidad parcial planteada por el Dr. Finn durante su alegato, en cuanto solicitó que no se hiciera lugar a la pretensión punitiva efectuada por el querellante De Pedro, respecto a los imputados Mario Alberto Gómez Arenas y Carlos Roque Tepedino, ello por aplicación de la doctrina emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Del Olio".

En tal sentido, el Dr. Finn manifestó que la mencionada querella no se encontraba en condiciones de efectuar su alegato debido a que no requerió la elevación a juicio de la causa.

Al momento de resolver esta cuestión debemos tener presente que de las constancias de la causa surge que la parte querellante cuestionada fue tenida como tal, luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal de primera instancia -Dr. Federico Delgado- requiriera la elevación a juicios de esta pesquisa. Asimismo, se desprende de las actuaciones que la querella no concretó dicho acto punitivo en virtud de que el Juez de grado no intimó a tal parte a formular pretensión alguna.

En primer lugar, y puestos a analizar la cuestión planteada debemos dejar en claro que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los tribunales inferiores deben conformar sus decisiones a las sentencias del Alto Tribunal dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en los supuestos en los que dicha posición ha sido invocada por el apelante (Fallos 320:1660, 1821; 321:2294 y 3201, entre muchos otros) y del que sólo pueden apartarse cuando medien motivos valederos para hacerlo, siempre que tal apartamiento hubiera sido debidamente fundado en razones novedosas y variadas (Fallos 262:101; 302:748; 304:898 y 1459; 307:2124; 312:2007; 321:3201, entre otros).

Siguiendo estos lineamientos, y analizadas que fueran las circunstancias procesales acaecidas durante la instrucción y en esta etapa de plenario, a nuestro criterio no resulta de aplicación al caso el precedente "Del Olio".

En efecto, la posición que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo invocado fue de carácter ordenatorio, en tanto refleja el interés de la parte en ejercer la acción.

Lo que queremos decir con esto es que cuando la querella de De Pedro se constituyó como tal, en ningún momento mostró un desinterés en el ejercicio de la acción o de la pretensión punitiva.

Para corroborar ello debemos remontarnos a la etapa anterior. En este sentido es necesario tener presente que a la referida querella no se le otorgó la posibilidad de efectuar dicha pretensión en oportunidad que se requiriera la elevación a juicio de la causa para dirimir la responsabilidad de los imputados Tepedino y Gómez Arenas.

También es dable recordar que la mentada parte ha requerido en tiempo y forma la remisión del sumario a juicio con relación a los acusados Avena y Del Pino.

Sumado a ello, también debe destacarse que la querella al momento de efectuar el ofrecimiento de prueba por ante esta instancia ha propuesto la realización de medidas probatorias, sin que ninguna de las partes tuviera objeción en contrario, habiéndose de ese modo aceptado tácitamente su intervención.

Por este motivo, es que no corresponde quitarle la posibilidad de realizar la acusación respecto de Tepedino y Gómez Arenas, cuando no se le otorgó la posibilidad de efectuar le mentada pretensión por ante la anterior instancia.

A mayor abundamiento, consideramos necesario recordar que en el citado precedente se afirmó que "la decisión del juez de instrucción de dar por decaído el derecho a responder la vista que prevé el art. 346 del Código Procesal aparejó la pérdida de los derechos procesales vinculados al acto precluido. Si el particular ofendido no concretó objetiva y subjetivamente su pretensión, no podría integrar legítimamente una incriminación que no formuló previamente" (considerando 6).

Por lo narrado, es que sostenemos que desde que el querellante De Pedro asumió como parte en el proceso, mantuvo y demostró un interés legítimo en el pleito y que, más allá ello, no hay previsto otro límite para la intervención del acusador particular que la propia vigencia de la acción.

Por ello, consideramos que la parte querellante se encontraba habilitada para efectuar durante su alegato la pretensión punitiva, dado que de lo contrario este Tribunal, previo a correr la vista prevista en el art. 354 del CPPN, hubiera delimitado la actuación de la querella, tal como lo hiciera en los autos n 1.770 caratulados "Pallero, Eliseo S/ infracción arts. 172 y 296 del C.P", del registro de este Tribunal.

Sobre la base de lo expuesto, es que corresponde no hacer lugar a la nulidad planteada por el Dr. Santiago Finn (artículos 166 y 167 inciso 2 del CPPN, a contrario sensu).

E) Nulidad de las acusaciones por imprecisión o indeterminación de la descripción de los hechos.

Las defensas solicitaron la declaración de nulidad de la totalidad de las acusaciones, en el entendimiento de que no han sido debidamente descriptos los hechos objeto de imputación.

En ese sentido, la Dra. Blanco cuestionó la validez del alegato de la querella representada por los Dres. Yanzón y Tejera, pues entendió que la descripción de los hechos que hicieron omitió ubicarlos en tiempo y espacio.

Asimismo, y más allá de lo dicho respecto de la querella de Barrera y Ferrando, señaló que la totalidad de las imputaciones adolecen de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Dijo que no se han aportado elementos que permitan subsumirlos en las figuras de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos.

Agregó que las acusaciones no han identificado qué conducta concreta imputan a los encartados y que, esa circunstancia, le impide a esa parte ejercer acabadamente su derecho de defensa.

A su vez, refirió que el modo en que ha sido descripta la plataforma fáctica, le imposibilita determinar concretamente qué hechos serán alcanzados por la cosa juzgada.

Finalmente, señaló que las partes, al analizar la autoría, se limitaron a señalar el cargo o jerarquía que los imputados detentaban, como fuente de responsabilidad para el correspondiente reproche penal.

Por su parte, el Dr. Franco también sostuvo que la descripción fáctica resulta vaga u oscura, pues no se han determinado con precisión los hechos y conductas atribuidas, cuestión que no sólo afecta directamente el derecho de defensa en juicio, sino que impide realizar el análisis correspondiente al principio de congruencia y establecer los alcances de la cosa juzgada.

Por último, la Dra. Corbacho aportó consideraciones similares para fundar lo que a su criterio sería una imprecisa descripción de los hechos, y que la llevaron a afirmar, entre otras cosas, que los acusadores únicamente tuvieron por probada la presencia de los encausados en los centros clandestinos de detención y que, a su vez, realizaron imputaciones de tal generalidad que llevaban a que las conductas achacadas puedan ser encuadradas en distintos tipos penales.

Para comenzar con el tratamiento de los planteos efectuados, es preciso tener en consideración que las cuestiones introducidas por las defensas escapan a un planteo de nulidad como el que se pretende.

Ello así, pues realizan afirmaciones meramente dogmáticas a los efectos de demostrar una aparente vaguedad o imprecisión en la descripción de los hechos, cuando a decir verdad, el agravio está dirigido contra el modo de imputación, la acreditación de los hechos y la calificación legal escogida tanto por la Fiscalía como así también por los querellantes.

Las partes han descripto suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los llevaron a encuadrar las conductas en las figuras legales escogidas por ellos y el grado de participación que en los hechos les cupo a los imputados. Así, se advierte que en lo sustancial las defensas discrepan con la valoración que de la prueba hicieron las acusaciones, o bien la subsunción típica que le dieron a los hechos que consideraron acreditados.

Es que, precisamente, no debe confundirse la falta de determinación de los hechos imputados, que conllevaría necesariamente a una nulidad en los términos de los artículos 69 y 167 del CPPN, con la mera discrepancia respecto de la fundamentación de hecho y prueba que se hizo en las imputaciones. Esto último es lo que ocurre en la especie y es por esa razón que la invalidez intentada por las defensas no puede prosperar.

Todas han relatado las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron los hechos, las condiciones de detención de las víctimas -por lo menos en cuanto tuvieron por probado-, los tratos a los que eran sometidas y el por qué entendieron que eso se encuentra tipificado en el delito de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, o en algún caso por qué configura el tipo penal internacional de genocidio.

Ninguna omitió el contexto histórico, la referencia al período y los centros clandestinos de detención de que se trataban. Tampoco se dejó de identificar suficientemente a cada víctima, ni faltaron referencias a la argumentación de autoría y atribución.

Por el contrario, de lo verificado en la tramitación del juicio se advierte que la descripción de la plataforma fáctica resultó suficiente, en tanto ha permitido a las defensas realizar un detallado examen respecto de cada hecho en particular y los argumentos por los cuales ellas consideraban que no se encontraban acabadamente probados.

Por tal motivo, es que esas consideraciones no pueden ser tratadas aquí, sino que serán analizadas más profundamente al introducirnos en la materialidad de los hechos y la correspondiente valoración de los elementos de prueba colectados en autos.

En suma, corresponde no hacer lugar a los planteos de nulidad articulados por las defensas, contra las acusaciones formuladas en el debate por las partes querellantes y los representantes del Ministerio Público Fiscal (artículos 167 -a contrario sensu- del CPPN y 18 de la CN).

F) Nulidad de la acusación de la querella unificada bajo la representación de Aguiar de Lapacó por contradictoria.

Luego, las defensas requirieron se declare la nulidad de la acusación de la querella cuya representación se encuentra en cabeza de Aguiar de Lapacó, por entender que la intervención de las Dras. Ferrero y Molinari durante el alegato, había generado contradicciones con respecto a la acusación realizada por el Dr. Fernández. Específicamente, fundaron las referidas contradicciones en que se trata de un único sujeto procesal que presenta diferencias no sólo en cuanto a la calificación legal -encuadró los hechos bajo dos calificaciones legales que, según las defensas, se excluyen entre sí-, sino también respecto de la disímil valoración de la prueba que efectuaron.

Al respecto, la unificación impuesta por el Tribunal Federal Nro. 5 no implica que las acciones que legitiman a cada querellante se fundan en una.

La regla prevista en los artículos 85 y 416 del CPPN, es una norma que tiende a facilitar el desarrollo del proceso y el ejercicio del derecho de defensa pero, por vía del Código Procesal, no se puede modificar el derecho a accionar que regula el Código Penal. Es decir, cada damnificado mantiene su derecho a la acción, pero por disposición legal, lo debe ejercer a través de un único representante.

Tanto es así que en la actual redacción, que no regía al 3 de noviembre de 2008, esta unificación no se podría haber dispuesto.

Al momento de resolver un planteo de esa parte querellante, este tribunal mantuvo la unificación ya dispuesta, pero adelantó que se permitiría a los integrantes del conglomerado que no coincidieran con quien ejercía la representación, alegar en término, expresando su diferencia.

Es que no se considera que la unificación que impuso el Tribunal Federal Nro. 5, en función del artículo 85 y 416 haya fusionado la pretensión de los damnificados, sino que constituyó una herramienta útil para el desarrollo del debate.

Piénsese al respecto lo que hubiera significado someter a los testigos al interrogatorio de más de cien querellantes.

Dicho esto, corresponde considerar específicamente el alegato de las Dras. Ferrero y Molinari, en atención a que en todo caso, la nulidad planteada por las defensas, no podrá abarcar el tramo que estuvo a cargo del representante del Cels, Dr. Fernández, ya que ninguno de los quejosos ha cuestionado este alegato sino en función de cotejarlo con el vertido por las referidas letradas.

En este último caso, la nulidad no será ya por divergencia de calificación con la del Cels, cuestión expresamente habilitada por el Tribunal, sino por defectos internos de la pretensión de la querella representada por las Dres. Ferrero y Molinari -lo que no se advierte-.

Es por ello que corresponde rechazar la nulidad planteada por los Dres. Blanco, Franco y Corbacho, con relación a la acusación de la querella unificada bajo la representación de Carmen Elina Aguiar de La Pacó (artículos 85, 167 -a contrario sensu- y 416 del CPPN).

G) Nulidad de las acusaciones por violación al principio de congruencia.

En este estadio abordaremos el tratamiento de la nulidad planteada por los Dres. Blanco, Corbacho y Franco durante sus alegatos, con relación a las acusaciones efectuadas por el Sr. Fiscal de Juicio y las querellas de Aguiar de Lapacó y De Pedro, por violación al principio de congruencia.

En síntesis las defensas mencionaron que la calificación legal adoptada por el Sr. Fiscal de primera instancia no era congruente con aquella utilizada por las partes acusadoras -Fiscal de Juicio, aquella formulada por las Dras. Ferrero y Molinari, que integran la querella unificada bajo Aguiar de Lapacó y por el querellante De Pedro- para formular la acusación de los imputados ante esta etapa.

En este orden de ideas, las defensas adujeron con respecto a las acusaciones realizadas por las partes anteriormente señaladas que al calificarse los hechos como "Genocidio", se generaba una modificación sustancial de la plataforma fáctica por la que fuera requerida la elevación a juicio de sus asistidos.

En similar sentido se refirieron los Dres. Franco y Blanco, respecto de la acusación formulada por el querellante De Pedro, por cuanto entendieron que al formularse la acusación por el delito de "sustracción de menores", se estaba vulnerando la descripción de los hechos utilizada en la anterior instancia.

Por último las defensas consideraron que tal modificación infringía los derechos de defensa de sus asistidos, habida cuenta que la calificación resultaba sorpresiva, así como también que sus pupilos no habrían tenido oportunidad de defenderse del hecho que se les atribuía.

Ahora bien, puestos a resolver la cuestión planteada, recordemos que el Dr. Delgado -Agente Fiscal de primera instancia-, en oportunidad de formular el requerimiento de elevación a juicio, encuadró los hechos oportunamente imputados a los acusados Samuel Miara, Raúl González, Eduardo Emilio Kalinek, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Roberto Antonio Rosa, Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Raúl Antonio Guglielminetti, Ricardo Taddei y Juan Carlos Avena, dentro de las figuras contenidas en los artículos 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función de los artículos 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal.

Asimismo, los hechos achacados a los imputados Juan Carlos Avena y Enrique José Del Pino, los encuadró dentro de los artículos 80 inc. 2, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función de los artículos 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal.

A su vez, a los acusados Carlos Alberto Roque Tepedino y Mario Alberto Gomez Arenas, les atribuyó las conductas establecidas en los artículos 80 inc. 2, 144 bis inc. 1, 142 inc. 5 en función de la remisión del último párrafo del 144 bis todos del Código Penal.

Por otra parte, al momento de requerir la elevación a juicio la querella en representación de la asociación de ex detenidos desaparecidos (entre otras) -posteriormente unificada bajo la representación de Aguiar de Lapacó-, encuadró los hechos anteriormente descriptos respecto de Samuel Miara, Raúl González, Eduardo Emilio Kalinek, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Roberto Antonio Rosa, Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Raúl Antonio Guglielminetti, Ricardo Taddei y Juan Carlos Avena, dentro de las figuras establecidas en los artículos 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616-en función de los artículos 142 inc. 1 -ley 20.642- y inc. 5, 144 ter, primer párrafo -ley 14.616-, todos ellos del Código Penal.

Por su parte, el querellante De Pedro en oportunidad de requerir la remisión del sumario a la etapa de plenario respecto de los imputados Avena y Del Pino, encuadró los hechos oportunamente endilgados a los nombrados como constitutivos del delito previsto en el artículo 80 inc. 2 del Código Penal.

Ante esta instancia, el Sr. Fiscal -Dr. Alagia- le atribuyó a Samuel Miara, Raúl González, Eduardo Emilio Kalinek, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Uballes, Luis Juan Donocik, Roberto Antonio Rosa, Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Raúl Antonio Guglielminetti, Ricardo Taddei y Juan Carlos Avena, la comisión de los delitos previstos en el artículo 2 inc. "a", "b" y "c" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y 80, inc. 2 y 6, 144 bis, inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142, inc. 1 y 5 -ley 20.642-, y 144 ter primer párrafo -ley 14.616- del Código Penal en cuanto a las penas del Código Penal.

Por otro lado, el Dr. Alagia al momento de efectuar la acusación de los encausados Carlos Alberto Roque Tepedino y Mario Alberto Gómez Arenas, encuadró las conductas desplegadas por aquellos dentro del artículo 2 inc. "a" y "e" de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y arts. 80, inc. 2 y 6, y 146 -ley 11.179- del Código Penal en cuanto a sus penas.

En oportunidad de realizar la acusación por ante esta instancia las Dras. Ferrero y Molinari -representantes de las organizaciones querellantes que integran el colectivo "Justicia Ya"-, no encontraron coincidencia con las demás querellas que integran la misma unificación, por lo que encuadraron las conductas desplegadas por los acusados en los incisos a), b) y c) del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio.

Lo propio hicieron las Dras. Elizabeth Gómez Alcorta y Valeria Maria Lourdes Thus, en representación del querellante Eduardo Enrique De Pedro, quienes entendieron que los hechos perpetrados por los imputados Tepedino, Gómez Arenas, Del Pino y Avena, encuadraban dentro de la figura de genocidio, prevista en el artículo 2, incisos a) y e) de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio.

Ahora bien, llegado el momento de resolver la cuestión planteada, adelantamos que la solicitud de nulidad no tendrá acogida favorable, por las consideraciones que a continuación expondremos.

En efecto, entendemos que la necesidad de un juicio justo y legítimo conforme a las exigencias de un Estado Constitucional de Derecho, exige indefectiblemente la posibilidad concreta de que el imputado pueda ejercer en plenitud el derecho de defensa en todas las etapas del proceso penal. De allí la idea de debido proceso y de garantías procesales, vistas éstas como límites impuestos al propio Estado bajo la inteligencia última de poner coto a la arbitrariedad en la que pueda incurrir.

En el marco del proceso penal, Binder enseña que "...El derecho de defensa cumple (...) un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal..." (Binder, Alberto, "Introducción al Derecho Procesal Penal", Ed. Ah-Hoc, Buenos Aires, 2 edición actualizada y ampliada, 3 reimpresión, pág. 155).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha postulado que "la garantía constitucional de la defensa en juicio impone la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia" (Fallos 193:35, 176:157, 281:235 y 303:2063).

De ahí en más, "...el debido proceso (...) significa que: a) ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por la ley; b) ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el 'debido'; c) para que sea el 'debido', tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso; d) esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de audiencia (ser oído). En otras palabras, se inserta aquí la plenitud del derecho de defensa..." (Bidart Campos, Germán J, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", editorial Ediar, Buenos Aires, 1992, Tomo I, pág. 465, la cursiva pertenece a la cita).

Para la materialización efectiva del derecho de defensa en juicio, se exige que se otorgue al imputado la oportunidad de expresarse de manera efectiva y real en cualquier momento y etapa del proceso, pudiendo conocer la totalidad de los elementos obrantes en su contra, posibilidad materializada procesalmente en el derecho a ser oído.

Así, el otro aspecto del derecho a ser oído implica, tiene como fin el evitar que con el eventual dictado de la sentencia se genere una sorpresa en el procesado, al expedirse sobre hechos o prueba trascendental que hubiere estado alejada del alcance del mismo, careciendo en consecuencia de la posibilidad de cuestionarla o controlarla. Ello en consonancia con lo esgrimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Sircovich, Jorge Oscar y otros s/ defraudación por desbaratamiento de derechos acordados" de fecha 31 de octubre de 2006, en el cual se remitiera a los fundamentos brindados por el Procurador General.

Es que la garantía aludida "...no tendría sentido si no se previera, también, que la sentencia sólo se debe expedir sobre el hecho y las circunstancias que contiene la acusación, que han sido intimadas al acusado y, por consiguiente, sobre aquellos elementos de la imputación acerca de los cuales él ha tenido oportunidad de ser oído; ello implica vedar que el fallo se extienda a hechos o circunstancias no contenidos en el proceso que garantiza el derecho de audiencia (ne est iudex ultra petita). La regla se expresa como el principio de correlación entre la acusación y la sentencia (...) La base de la interpretación está constituida por la máxima de la inviolabilidad de la defensa. Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato con trascendencia en ella, sobre la cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir (esto es, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente), lesiona el principio estudiado" (Maier, Julio B. J., op.cit, Tomo I, pág. 568, la cursiva pertenece a la cita).

Sin embargo, el ejercicio tendiente a determinar la correlación entre la imputación y el fallo dista de ser una tarea sencilla y mecánica de superposición fáctica a modo de rompecabezas, sino que, por el contrario, requiere de una pauta hermenéutica y normativa que permita determinar su aplicabilidad en cada caso concreto, toda vez que existen determinadas circunstancias que, a pesar de su modificabilidad, no llegan a conmover el principio aludido.

Es lo que sucede, por ejemplo, con el eventual cambio de calificación legal que pudiere acaecer el cual, por aplicación del aforismo latino iura novit curia quedan al exclusivo arbitrio del juez.

En definitiva, "[e]n su correlación con la sentencia, la acusación fija la persona que debe ser juzgada y el hecho por el cual ha de juzgársela. En consecuencia, queda con ella determinado el sujeto pasivo del juicio y el objeto del debate. El primero permanecerá inmutable hasta la decisión final por tratarse de la persona concretamente enjuiciada, no pudiendo sentenciarse a persona distinta, ni dejarse de dictar sentencia con respecto a los que han sido acusados salvo, se entiende, que medie un obstáculo para el ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción (...) Con respecto al hecho imputado en concreto, se dice que la acusación es relativamente inmutable porque los códigos modernos permiten una limitadísima ampliación cuando se refiera a hechos integrativos de una continuidad delictiva o constitutivos de una circunstancia agravante" (Clariá Olmedo, Jorge, "Derecho Procesal Penal", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2001, Tomo III, pág. 33).

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que si bien en orden a la justicia penal, el deber de los magistrados, cualesquiera que fuesen las peticiones de la acusación y la defensa, o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyen la materia del juicio, como natural corolario del principio de congruencia (Fallos 310:2094; 314:333; 315:2969; 319:2959 y 327:1437, entre otros).

Sobre el punto se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Fermín Ramírez vs. Guatemala", en el que se ha establecido que el principio de coherencia o correlación impone que la sentencia sólo pueda versar sobre hechos o circunstancias contempladas en la acusación y que, inclusive, "la calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación" (Sentencia del 20 de junio de 2005, considerando 67).

Por lo tanto, según ese criterio, el pretendido límite asignado a la calificación jurídica y las penas requeridas por el fiscal y las querellas no integra el principio de congruencia.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad invocada por las defensas, con relación a las acusaciones de la Fiscalía y de las partes querellantes mencionadas (artículos 166 y sgtes del CPPN, a contrario sensu).

H) Nulidades relacionadas con las acusaciones por el delito de homicidio calificado.

I- Nulidad por aplicación del procedimiento previsto en el artículo 381 del CPPN.

La Defensa Oficial cuestionó la validez de las acusaciones por los delitos de homicidio calificado en cinco oportunidades, por entender que no se trató de un cambio de calificación, sino lisa y llanamente de una ampliación de acusación.

En ese sentido, señaló que no resultan aplicables las disposiciones del artículo 381 del CPPN, pues no es cierto -según entiende- que se trate de hechos nuevos que hayan surgido de las declaraciones testimoniales o de la de los imputados, prestadas durante el debate.

Sostuvo que los hechos que el Fiscal califica como nuevos, serían los resultantes del Legajo 16 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por lo que no puede decirse que sean sucesos desconocidos hasta ese momento. Agregó que tampoco puede concluirse que sean novedosos por la circunstancia de que distintos testigos hayan mencionado que los "traslados" significaban el homicidio, pues considera que es una hipótesis que se viene manejando desde antes de la sentencia dictada en la causa nro. 13.

Pero, además, añadió que no se trata de un delito continuado, sino de un supuesto de delitos distintos. Ello así, pues explicó que, por un lado, no es cierto que al momento de la detención ya se hubiera decidido la suerte de los detenidos y, por otra parte, porque no existe afectación al mismo bien jurídico.

En consecuencia, solicitó la nulidad de las acusaciones por los delitos de homicidio calificado reiterado en cinco oportunidades, cometidos en perjuicio de Jesús Pedro e Isidoro Oscar Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Cristina Magdalena Carreño Araya y Santiago Bernardo Villanueva, toda vez que al no verificarse los supuestos del artículo 381 del CPPN, se produce una afectación a la garantía del debido proceso.

A su turno, el Dr. Franco realizó un planteo similar, con fundamentos análogos, descartando la presencia de circunstancias nuevas y la existencia de un delito continuado, por lo que requirió la nulidad en idénticos términos.

Estos planteos ya habían sido formulados durante el transcurso del debate en forma inmediatamente posterior a la exposición de la Fiscalía, respecto de los cuales hemos resuelto que la solicitud de ampliación de acusación que efectuara el Sr. Fiscal de Juicio no implica una modificación de la plataforma fáctica, sino una nueva significación jurídica de los hechos.

Ello es así, pues hemos dicho que de lo expresado por el titular de la acción penal -y aún de lo manifestado por la Dra. Corbacho en aquella ocasión-, surge con claridad que las partes advertían, con la prueba producida hasta ese momento, que los hechos podrían sujetarse a una subsunción distinta de la que surge del requerimiento de elevación a juicio.

Admitimos el uso de los presupuestos del artículo 381 del código de forma, puesto que aún si no se advirtiera la presencia de los requisitos establecidos por esa disposición para habilitar la ampliación del requerimiento, lo cierto es que la legislación procesal no prevé ningún otro mecanismo para imponer a las partes la posibilidad de un cambio drástico de la calificación, cual fue la introducción de la figura de homicidio agravado vinculada a los hechos de la causa.

Entonces, y advirtiendo que resultaba imperativo salvaguardar el derecho de defensa en juicio ante un cambio de calificación legal de aquellas características, es que se dispuso intimarlos debidamente y recibirles ampliación de declaración indagatoria, a efectos de que tomen acabado conocimiento de la posición del Ministerio Público en cuanto a la imputación, ofrezcan prueba y, en definitiva, formulen los descargos pertinentes.

Las defensas cuestionaron nuevamente la validez de la acusación, en el entendimiento de que se afecta el debido proceso por no cumplimentarse debidamente con las disposiciones del referido artículo 381. No se hicieron cargo del argumento por el cual, oportunamente, hemos decidido no hacer lugar a la nulidad planteada. Esto es, que se trata siempre de los mismos hechos que fueron elevados a conocimiento del Tribunal, sólo que bajo una distinta subsunción jurídica. Únicamente la Dra. Blanco se limitó a decir que no se trata de un cambio de calificación, sin dar mayores precisiones al respecto.

En este caso, como se verá oportunamente, se trata de la misma plataforma fáctica que fue elevada a juicio. Lo que ocurre es que se valora un tramo de esos hechos que implica, además de privaciones ilegítimas de la libertad e imposición de tormentos, un aporte esencial al delito de homicidio de esas cinco víctimas que se encontraban detenidas.

Entonces, no puede más que concluirse que no se trata de una introducción de hechos nuevos, sino, lisa y llanamente, de una variación o modificación de la adecuación típica.

Dicho eso, es sabido que por imperio del artículo 401 del CPPN, la calificación legal puede ser modificada por el Tribunal, siempre que no resulte sorpresiva para el ejercicio del derecho de defensa. Por el contrario, en el caso de autos, la nueva tipificación de las conductas fue introducida por el titular de la vindicta publica, a la que adhirieron las partes querellantes y respecto de la cual se le dio oportunidad a los imputados de ser oídos, de ofrecer prueba -la que fue debidamente producida- y, finalmente, de oponer las posibles defensas.

Es que debe entenderse que en el proceso penal la pretensión no se formula en un único acto, sino que es evolutiva o progresiva, y su conformación se presenta en un orden escalonado. Es por ello que "... comienza a perfilarse con el requerimiento de investigación (art. 188, CPP Nación), se manifiesta a lo largo de la instrucción mediante la actividad de instar diligencias y culmina, una vez abierto el juicio oral, como pretensión objetiva (hechos objeto del juicio y calificación provisional sometida a debate), definiéndose y produciéndose la calificación definitiva en los alegatos conclusivos" (Ledesma, Ángela E. "Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia" en AA.VV "Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B.J. Miaer", editorial Del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 364).

En esa inteligencia ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ya citado caso "Fermín Ramírez vs. Guatemala", que puede ser modificada la calificación jurídica durante el proceso, tanto por el órgano acusador como por el juzgador, sin que ello importe una afectación al derecho de defensa, cuando los hechos se mantengan inalterados y se observen las garantías procesales previstas para adoptar la nueva subsunción jurídica.-

Precisamente, el modo en que el Tribunal como director del juicio veló por el debido respeto de las garantías procesales previstas en la ley para admitir una nueva calificación, fue recurrir al procedimiento previsto en el artículo 381 del CPPN, aunque lo que ocurra en la especie no se trate técnicamente de una ampliación de la acusación.

Al respecto, ha sostenido la doctrina que frente a los cambios drásticos de calificación -aunque dirigido específicamente a la modificación de la subsunción típica por parte del Tribunal con relación a la contenida en la acusación- que ".. .no basta con la advertencia que debe formular el tribunal en el curso del debate. Si bien en este supuesto -a diferencia de la ampliación fáctica de la acusación- podría no resultar necesario que el tribunal reciba obligatoriamente nueva declaración al imputado, lo que sí se requiere, si es indispensable, es que se conceda al imputado y a su defensa técnica el tiempo necesario para preparar su defensa. En este aspecto, en nuestro ámbito, se debe aplicar analógicamente el art. 381 del CPP Nación" (Bovino, Alberto "Principio de congruencia, derecho de defensa y calificación jurídica. Doctrina de la Corte Interamericana", publicado en "Revista de Derecho Procesal Penal", editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006).

Por consiguiente, no es procedente la nulidad de la acusación bajo el nuevo encuadre jurídico, habida cuenta que los imputados tuvieron oportunidad de defenderse de una calificación que en modo alguno puede ser entendida como sorpresiva. Nótese que ese encuadre jurídico fue introducido durante la recepción de la prueba testimonial, por lo cual luego de la pertinente intimación se ampliaron las declaraciones indagatorias y se convocaron a nuevos testigos solicitados por la asistencia técnica de los encausados. Es por ello, que no hubo menoscabo al derecho de defensa en juicio y a las normas que rigen el debido proceso.

Ello así, pues la Fiscalía admitió su modificación al responder la citación a juicio prevista en el artículo 354 del CPPN, y la reiteró y fundó promediando la prueba en el debate. Luego, se dispuso no recibir nuevos testimonios que se relacionen con los casos en cuestión, hasta tanto les encartados se encontraran debidamente intimados de la imputación y las defensas ofrecieran la prueba que estimaran conducente. Éstas ofrecieron 38 testigos, los que el Tribunal admitió en su totalidad y alegaron sobre su resultado. Por lo demás, los encausados tuvieron ocasión de ejercer el acto de defensa de las indagatorias.

En esa línea, se ha expedido la Corte Suprema al sostener que "el cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole formular sus descargos" (Fallos 319:2959, del voto de los jueces Petracchi y Bossert y, más recientemente, en la ya citado caso "Sircovich").

Es por ello que corresponde no hacer lugar al planteo de nulidad efectuado por los Dres. Blanco y Franco, con relación a la acusación efectuada por las partes, respecto de los cinco hechos que fueron calificados como homicidio agravado (artículos 381 del CPPN y 18 de la CN).

II- Nulidad de la acusación por homicidio con relación al imputado Ricardo Taddei.

De seguido, la Defensa Oficial solicitó la nulidad de las acusaciones respecto del delito de homicidio calificado, emitidas con relación a su ahijado procesal Ricardo Taddei, en el entendimiento de que significaba un exceso en el límite fijado por la extradición oportunamente concedida por el Reino de España y su posterior ampliación.

Básicamente, fundó su cuestionamiento en que no se requirió autorización al gobierno español para ampliar la acusación, agregando que aún en ese supuesto no podría imponérsele una pena de prisión a perpetuidad y que de ningún modo puede modificar dicha situación lo dispuesto por el Estatuto de Roma, conforme lo requerido por el Sr. Fiscal durante su alegato.

En primer lugar, debe señalarse que Ricardo Taddei fue extraditado a la República Argentina por parte de la justicia española, en el marco del tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal entre ambos países (aprobado por ley 23.708).

Asimismo, e independientemente de que el Reino de España haya tomado en consideración que los hechos imputados podrían constituir genocidio y/o crímenes de lesa humanidad -conforme se advierte de la lectura de fojas 56.595/56.606 de la causa nro. 14.216/03-, lo cierto es que el juez instructor al solicitar la extradición lo hizo respecto de los hechos por los que el encartado fue elevado a juicio y respecto de ellos es que fue prestada la cooperación internacional.

No obstante, ya hemos afirmado párrafos atrás, que la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 381 del CPPN en el caso de autos, no implica la introducción de hechos nuevos, ajenos a las requisitorias de elevación a juicio, sino antes bien, es una nueva subsunción de los hechos, es decir, un encuadre jurídico distinto.

Así las cosas, y sin perjuicio de la prohibición establecida en el artículo 10 del tratado bilateral de extradición entre Argentina y España, en cuanto a la imposibilidad de imponer una pena de prisión perpetua, lo cierto es que tanto las acusaciones como el Tribunal se encuentran habilitados para modificar la calificación legal de los hechos con sustento en el artículo 14 de ese instrumento internacional.

La norma citada establece que "cuando la calificación del hecho imputado se modificare durante el procedimiento, la persona entregada no será perseguida o sentenciada sino en la medida en que los elementos constitutivos del delito que correspondan a la nueva calificación hubieran permitido la extradición" (la negrilla nos corresponde).

Entonces, el cambio de calificación legal de los hechos es en principio procedente, encontrando como único límite la imposibilidad de imponer una pena de prisión a perpetuidad, circunstancia de la que nos ocuparemos al analizar las pautas de mensuración de la pena.

Es por ello que no corresponde ahora introducirnos a las cuestiones alegadas por la Fiscalía, relativas a la aplicación del Estatuto para la Corte Penal Internacional, a los efectos de fundar la posibilidad o no de imponer aquella pena y a las críticas esbozadas por la defensa contra esa línea argumental.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la Dra. Blanco, con relación a las acusaciones dirigidas contra Ricardo Taddei en orden a los cinco hechos calificados como homicidio agravado (artículos 10 y 14 de la ley 23.708).

III- Nulidad por indeterminación de la acusación por el delito de homicidio calificado.

Luego, la defensa requirió la nulidad de la acusación por homicidio, por considerar que no se ha determinado la conducta que habrían realizado los imputados.

El cuestionamiento resulta ser análogo a aquel que fuera introducido por esa parte con relación a la indeterminación de los hechos. La defensa se agravió por el modo de imputación que hizo la Fiscalía con relación a la figura de homicidio calificado, el que a su criterio resulta insuficiente para constituir una acusación válida.

Claramente, la defensa desvía su argumentación encuadrándola bajo un planteo de nulidad que, como ya dijimos en aquella ocasión, no puede ser tratada aquí pues son cuestiones que hacen al fondo del asunto, debido a que se discute el modo de imputación de las conductas y, en definitiva, la acreditación de la responsabilidad penal de los imputados.

Precisamente, esos argumentos serán analizados más adelante, por lo que, en lo que aquí interesa, corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la defensa oficial con relación a la acusación efectuada por la Fiscalía, respecto del delito de homicidio calificado (artículos 167 -a contrario sensu- del CPPN y 18 de la CN).

IV- Nulidad de los informes periciales efectuados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Posteriormente, la Dra. Blanco cuestionó la validez de la prueba utilizada por el Sr. Fiscal de Juicio a los efectos de lograr la identificación de los cadáveres.

En ese sentido, sostuvo que los estudios de ADN, las exhumaciones de los cuerpos y demás procedimientos previos a la ampliación de la acusación, son irreproducibles, que se realizaron por una vía paralela al expediente principal y sin control de las defensas, pues fueron llevados a cabo por la Cámara Federal cuando ya se encontraba en trámite la causa nro. 14.216/03 por ante el Juzgado Federal Nro. 3.

Por ello, afirmó que se trata de una prueba colectada ilegalmente y en violación de las garantías del debido proceso y de defensa en juicio.

En primer lugar, debe señalarse que los estudios periciales cuestionados por las defensas fueron llevados a cabo en el marco de las funciones jurisdiccionales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con motivo de la tramitación del Legajo nro. 16 de su registro, caratulado "Hallazgo de cadáveres ocurridos en el mes de diciembre de 1978, recuperados de los cementerios municipales de Gral. Lavalle, Villa Gesell y Gral. Madariaga".

Precisamente, esa actividad de la Cámara se inició con motivo de la solución amistosa suscripta el 15 de noviembre de 1999, por el gobierno argentino con la Sra. Carmen Aguiar de Lapacó, en la que se acordó que el Estado argentino acepta y garantiza el derecho a la verdad que consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas. Asimismo, se convino que esa obligación se mantiene en forma imprescriptible hasta tanto no se alcancen esos resultados y que esas investigaciones serían de competencia exclusiva de las Cámaras Federales (CIDH Informe Nro. 21/00, caso nro. 12.059, del 29 de febrero de 2000).

Entonces, nos encontramos frente a un medio de prueba que fue legítimamente realizado por el Tribunal a cargo de la correspondiente investigación por obligaciones internacionales asumidas por el Estado y que luego fue introducido válidamente al juicio oral llevado a cabo en estas actuaciones.

Por lo demás, el tribunal interviniente en ese expediente no tenía posibilidades de notificar a imputado alguno, pues con anterioridad a ordenar la realización de esos estudios periciales, lo cierto es que no se encontraban individualizadas las víctimas y, menos aún, los autores de los hechos, con lo cual no había para ese entonces sujeto pasivo de imputación.

Además de ello, y no obstante que el referido legajo nro. 16 fue debidamente incorporado por lectura, no puede soslayarse que durante el transcurso del debate se han escuchado los dichos de las licenciadas Patricia Bernardi y Mercedes Salado Puerto, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes relataron las tareas de exhumación e identificación de quienes en vida fueron Jesús Pedro e Isidoro Oscar Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Santiago Bernardo Villanueva y Magdalena Cristina Carreño Araya y quienes pudieron y de hecho lo fueron, interrogados con amplitud por las partes en este debate.

Fue así, a través de las referidas testigos, que las asistencias técnicas pudieron interiorizarse aún más con relación a las tareas de identificación de los cuerpos llevadas a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense y controlar la prueba obtenida.

Al respecto, tiene dicho la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, que no se advierte vulneración del derecho de defensa, si la parte pudo interrogar exhaustivamente a los peritos (in re causa nro. 3623, caratulada "Arena, Augusto Nino s/ recurso de casación", registro nro. 5005.1, rta. el 2 de mayo de 2002).

Sin embargo, la defensa oficial cuestiona recién en esta oportunidad la validez de esos informes periciales, cuando nada ha dicho al tiempo en que aquellas licenciadas prestaron testimonio.

Por otra parte, tampoco debe olvidarse que al hacer aplicación del procedimiento previsto por el artículo 381 del CPPN, el Tribunal les otorgó un plazo prudencial para que ofrezcan prueba con respecto a esos hechos. Bien pudo la defensa solicitar la realización de un nuevo estudio de la especialidad si lo consideraba necesario, mas no lo hizo.

No es posible afirmar, como lo expresó la Dra. Blanco, que se trata de una medida irreproducible, ya que en caso de que las partes lo hubieran requerido, el Tribunal podría haber dispuesto una nueva exhumación de los cuerpos. El que se trate de una medida irreproducible resulta una afirmación dogmática en tanto nada se requirió para -ante la negativa- verificar que esa imposibilidad no es una hipótesis vacía, sino una realidad.

Es que aún si alguno de esos cuerpos hubiera sido cremado y no fuera posible la reproducción de los informes periciales, las defensas podrían incluso haber solicitado el examen de sus resultados por parte de otros peritos, de conformidad con lo previsto en el artículo 258 in fine del CPPN.

Nada de esto fue requerido por la defensa que ahora pretende invalidar lo actuado, sin que se advierta violación a garantía constitucional alguna.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad articulada por la Dra. Blanco, con relación a las tareas desplegadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco del Legajo nro. 16 de la Cámara Federal de esta ciudad, caratulado "Hallazgo de cadáveres ocurridos en el mes de diciembre de 1978, recuperados de los cementerios municipales de Gral. Lavalle, Villa Gesell y Gral. Madariaga", mediante las cuales se logró la identificación de quienes en vida fueron Jesús Pedro e Isidoro Oscar Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Santiago Bernardo Villanueva y Magdalena Cristina Carreño Araya (artículos 258 y cctes. del CPPN).

I) Del cuestionamiento sobre la validez de la declaración testimonial prestada por Omar Eduardo Torres.

En su oportunidad, el Dr. Franco atacó de nulidad absoluta la declaración testimonial de Omar Eduardo Torres, por entender que fue prestada en condiciones prohibidas por la Constitución Nacional. Señaló que el Tribunal le recibió sus dichos juramentados sin haberle advertido que se estaba autoincriminando y que, por tal motivo, sus dichos son de ningún valor (artículos 18 CN y 166 y 167 inc. 3 del CPPN).

Al respecto, es menester aclarar que la declaración testimonial prestada por el nombrado Torres durante el debate, no será utilizada por el Tribunal a los efectos de fundar la materialidad de los hechos, ni la responsabilidad penal de los encausados.

Entonces, al no utilizarla como elemento para reconstruir los hechos, ni para fundar la imputación, ni la responsabilidad, es que no se advierte un perjuicio concreto con relación al encartado Del Pino y su defensa.

Debemos aclarar que prescindimos del testimonio por carecer de datos suficientes para poder juzgar la condición de tercero ajeno al hecho que requiere la calidad de testigo. La amplitud en la producción de la prueba como modo de hacer valer los derechos de las partes en el juicio, importó acceder a escuchar a Torres, quien no era en origen un sujeto alcanzado por las prohibiciones probatorias de los artículos 242 y siguientes del CPPN.

Sólo una vez producido el testimonio y sometidos a la necesidad de medir su alcance, es que estamos en condiciones de realizar el juicio sobre su valor, que como adelantamos en el anterior párrafo, nos lleva a descartarlo.

Por ello, es que el planteo efectuado por el Dr. Franco será rechazado, pues en tales condiciones ese acto no importa una afectación actual y concreta contraria a las garantías constitucionales del enjuiciado.

En definitiva, resolvemos no hacer lugar a la declaración de nulidad solicitada por la defensa de Enrique José Del Pino, con relación a la declaración testimonial prestada por Omar Eduardo Torres (artículos 166 y 167, inciso 3 -a contrario- del CPPN), sin perjuicio de prescindir del medio de prueba por los motivos dados.

J) La situación procesal de Samuel Miara y los planteos nulificantes de la Dra. Corbacho.

I- Nulidad de la detención de Samuel Miara por presunta falta de consentimiento previo para su juzgamiento e inexistencia de consentimiento para que sea juzgado por los hechos por los que fue acusado.

A su turno, la Dra. Valeria Corbacho requirió que se declare la nulidad de la detención de Samuel Miara, y de todo lo actuado en consecuencia, puesto que entendió que no ha mediado consentimiento previo de parte de la República del Paraguay en los términos de artículo 26 del Tratado de Montevideo, para que el nombrado sea sometido a proceso.

Al respecto, sostuvo que el juez instructor detuvo, indagó y procesó al encausado Miara y recién, luego de ello, solicitó el correspondiente consentimiento al país vecino, el que fue concedido el día 27 de noviembre de 2006, es decir más de un año después de su detención.

Por otra parte, y en forma subsidiaria, manifestó que la República del Paraguay no prestó su anuencia para que el nombrado sea juzgado en orden al delito de genocidio, por lo que no podría ser condenado en virtud de tal calificación.

Por último, y también subsidiariamente, señaló que las imputaciones respecto del delito de homicidio calificado que se habría cometido en perjuicio de los hermanos Peña, Villanueva, Serra Silvera y Carreño Araya, exceden el marco por el que fuera prestado el consentimiento para su juzgamiento, ya que sólo se lo ha concedido respecto de la privación de la libertad e imposición de tormentos.

Es por ello que solicitó, en definitiva, que se haga lugar a la nulidad planteada y se absuelva a su asistido. Asimismo, y en caso de que esa cuestión no prospere, requirió que se lo absuelva con relación a los delitos de genocidio y homicidio calificado por los que fuera acusado.

Ahora bien, es preciso destacar que Samuel Miara fue detenido en estas actuaciones el 24 de agosto de 2005, fecha en la que se le recibió declaración indagatoria con relación a 161 hechos, habiendo sido luego procesado en orden a 158 de ellos y dictado su falta de mérito respecto los 3 restantes.

Es dable señalar que el nombrado no se encontraba -por lo menos en ese momento-, sometido voluntariamente a la jurisdicción nacional, pues se hallaba dentro del territorio argentino con motivo del procedimiento de extradición llevado a cabo por el Juzgado Federal Nro. 2, en el marco de la causa nro. 8405/97, en la que a la sazón resultó condenado por la apropiación de los menores Reggiardo Tolosa. Cabe aclarar que al tiempo de su detención en este proceso, se encontraba bajo el régimen de libertad condicional en aquél.

Luego, con fecha 20 de octubre de 2005, el juzgado instructor requirió a la República del Paraguay, el consentimiento para el juzgamiento y eventual imposición de pena de Samuel Miara, con relación a los 161 hechos por los que había sido indagado hasta ese momento.

Es cierto que, como afirmó la defensa, la solicitud de cooperación efectuada por la justicia argentina obtuvo respuesta afirmativa recién el 27 de noviembre de 2006, es decir, más de un año después; sin embargo, ello no invalida lo actuado.

En ese sentido, y más allá de las manifestaciones vertidas por la Cámara Federal en la resolución de fojas 81/82 del incidente de nulidad de Samuel Miara, asiste razón a la defensa respecto de que debe analizarse el alcance de la extradición concedida, a la luz del Tratado sobre Derecho Penal Internacional de 1889 y no de aquel que fuera aprobado por ley 25.302.

Ello es así, pues no sólo fue en marco de ese instrumento internacional en que el juez federal que previno solicitó el respectivo consentimiento, sino porque, además, al resolver la ampliación de la extradición la justicia paraguaya señaló que debe ".. .precisar[se] en primer lugar que el tratado aplicable al caso que nos asiste es el del año 1.889, en razón de ser ésta una ampliación al pedido de extradición del ciudadano argentino Samuel Miara quien fuera extraditado en su momento" (conf. fojas 301/306 de la incidencia mencionada en el párrafo anterior).

Así las cosas, el Tratado de Montevideo de 1889 -aprobado por ley nro. 3.192- establece en su artículo 26 que "[l]os individuos cuya extradición hubiese sido concedida, no podrán ser juzgados ni castigados por delitos políticos anteriores a la extradición, ni por actos conexos por ellos", no obstante agrega que "[p]odrán ser juzgados y penados, previo consentimiento del Estado requerido, acordado con arreglo al presente Tratado, los delitos susceptibles de extradición que no hubiesen dado causa a la ya concedida".

Es cierto que este proceso se inició -cuanto menos en lo que a Samuel Miara se refiere- con anterioridad a la solicitud de ampliación de consentimiento, pues recuérdese que para ese entonces el nombrado ya se hallaba detenido, indagado y procesado por el juez que previno. Sin embargo, no se encuentra afectada la validez de esos actos, pues es fácil advertir que la detención del encausado se trató de una medida preventiva que obedeció al posterior pedido de extradición.

Adviértase que nos hallamos ante un supuesto de hecho que no está expresamente previsto en el instrumento internacional. En el caso, el sujeto cuya extradición interesaba se encontraba bajo el régimen de libertad condicional en territorio argentino, pero ajeno a la jurisdicción nacional para otros hechos distintos de aquellos por los que fue extraditado. Por tal motivo, es el juez nacional el que ordenó la detención del encausado y luego solicitó la correspondiente cooperación internacional.

Es que la propia ley de cooperación internacional en materia penal (ley nro. 24.767), establece respecto de la extradición activa, que para solicitarla el juez argentino deberá librar la correspondiente orden de detención. Entonces, la detención del encausado Miara claramente tuvo por fin neutralizar los riesgos procesales que surgían de la solicitud de extradición de tan graves hechos. Es por ello que la actividad jurisdiccional argentina se ha desarrollado dentro de los límites fijados por los tratados internacionales que regulan la asistencia jurídica con la República del Paraguay.

No obsta lo dicho, la circunstancia de que al tiempo de solicitar la ampliación del consentimiento, el imputado ya se encontraba indagado y procesado por la justicia nacional, pues sin perjuicio de que ello no le causó un agravio concreto al nombrado, lo cierto es que fue subsanado con la posterior aquiescencia del Estado paraguayo.

Así lo ha entendido la justicia del país vecino al resolver la solicitud de extradición, pues sostuvo que "[e]s de suma importancia dejar sentado que el país interesado no ha violado el principio de especialidad esgrimido por la defensa". Esa afirmación no sólo resulta determinante por cuanto señala que ha quedado a salvo la soberanía de ese país, sino también porque fue adoptada con pleno conocimiento de que el imputado había sido indagado y procesado y, más aún, que se encontraba detenido a disposición de la jurisdicción argentina.

Por consiguiente, al no surgir afectación alguna a la soberanía paraguaya y no habiéndose señalado por parte de la defensa una afectación concreta a las garantías del justiciable, se advierte que la nulidad articulada es de aquellas que se persiguen en el único interés de la ley.

Precisamente, se trata de un mero formalismo vacío que no puede fulminar los efectos de un acto jurídico, por cuanto la defensa pretende la invalidez de la detención de su pupilo, fundada en un agravio inexistente o que, cuanto menos, no subsiste a la fecha.

Ya hemos señalado que, de acuerdo a la doctrina de nuestro Alto Tribunal, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley.

Agrega la Corte en el precedente de Fallos 322:507 que, a la luz de esos principios reseñados, el planteo resulta inadmisible ya que, entre otras cosas, "...el recurrente no señala de qué modo los intereses concretos de su pupilo han resultado afectados por los actos que pretende impugnar sobre la base de defectos formales y los derechos que, por razón de ellos, se ha visto privado de ejercer".

Por lo demás, y como bien se ha dicho a lo largo del presente, la situación ya fue analizada por la justicia paraguaya al tiempo de hacer lugar a la ampliación de extradición solicitada. Por ese motivo, este Tribunal no podría ahora volver a atrás respecto de una resolución firme adoptada por el país requerido en pleno ejercicio de sus facultades, pues ello sí implicaría una afectación indebida en la soberanía de esa nación.

Es por ello que, corresponde no hacer lugar a la solicitud de nulidad interpuesta por la Dra. Valeria Corbacho, respecto de la detención de Samuel Miara y de todo lo obrado en consecuencia (artículos 166 y sgtes del CPPN y 26 del Tratado de Montevideo de 1889 -aprobado por ley nro. 3.192-).

Por su parte, tampoco puede ser acogido favorablemente el planteo efectuado con relación a la imputación de los delitos de homicidio calificado.

Ello es así, pues ya hemos referido que la introducción de esa figura no significaba una modificación de la plataforma fáctica, sino simplemente otorgarle una distinta significación jurídica.

En esa inteligencia, el artículo 26 del Tratado de Montevideo se erige como obstáculo para juzgar hechos distintos a los que fueron objeto de extradición, sin contar con el consentimiento previo del estado requerido. De adverso, no existe impedimento para las partes ni para el Tribunal, para darles a los sucesos una subsunción jurídica distinta que sea acorde a las pruebas colectadas durante el debate.

Las limitaciones que podrían presentarse son, por un lado la posible vulneración a la garantía del debido proceso y de defensa en juicio por tratarse de un cambio drástico de calificación -cuestión de la que ya nos ocupamos al tratar la nulidad por aplicación del procedimiento previsto en el artículo 381 del CPPPN-y, por otro lado, que los elementos constitutivos de la nueva figura típica escogida no hubieran permitido la extradición.

Esta última si bien no se encuentra prevista en el tratado analizado, lo cierto es que modificar una calificación legal por otra que habría tornado improcedente la extradición, implicaría desvirtuar el consentimiento dado por el Estado requerido y, eventualmente, afectar su soberanía.

Al respecto, el tratado no prevé un límite máximo con relación a las posibles penas a imponer, sólo exige que no sea menor a dos años u otra equivalente y señala determinados delitos que no son susceptibles de extradición, entre los que no se encuentra la figura seleccionada.

Por lo demás, y en lo que hace a la referida calificación legal, la justicia paraguaya tuvo en cuenta al tiempo de expedirse respecto de la extradición que "[c]onforme a los hechos descriptos, la ley 20.642 de la República Argentina establece que si [de] la privación ilegal de libertad resultare la muerte de la persona ofendida, la pena será de prisión o reclusión perpetua. Los hechos punibles por los cuales se solicita la ampliación de extradición superan el marco establecido por el Tratado aplicable (...) Los hechos punibles por los cuales se solicita la ampliación de extradición han sido declarados de lesa humanidad e imprescriptibles".

Sobre la base de lo expuesto, no cabe más que concluir que la imputación de la figura de homicidio calificado no es ajena a la ampliación del consentimiento otorgado por el estado requerido para juzgar a Samuel Miara, en la medida en que no implica una modificación de los hechos por los cuales fue extraditado desde la República del Paraguay.

Finalmente, en lo que se refiere a idéntico planteo efectuado respecto de la figura penal internacional de genocidio, y más allá de que lo expresado párrafos atrás podría ser prima facie aplicable a ello, lo cierto es que hemos descartado la aplicación de ese tipo penal -por las razones que más adelante desarrollaremos-, por lo que su tratamiento se ha vuelto abstracto.

II- La falta de consentimiento para juzgar a Samuel Miara con relación a los hechos identificados bajo los nros. 13, 14, 17, 18, 39, 43, 44, 52/57, 131, 132, 138, 148, 151, 156, 157, 170, 171 y 174/176.

Por otra parte, y más allá de la extradición a la que se viene haciendo referencia, lo cierto es que con posteridad el juez federal que previno amplió la indagatoria y el procesamiento de Samuel Miara por nuevos hechos, respecto de los cuales jamás solicitó la ampliación del consentimiento al Estado paraguayo.

En esas circunstancias, nos encontramos ante un impedimento para juzgar y, eventualmente, expedirnos por una sentencia condenatoria respecto del nombrado, con relación a los hechos que damnificaron a Lea Edelmira Machado (caso nro. 13), Silvia Liliana Cantis (caso nro. 14), María Rosa Giganti (caso nro. 17), Juan Patricio Maroni (caso nro. 18), Juan Marcos Herman (caso nro. 39), Rolando Víctor Pisoni (caso nro. 43), Irene Inés Bellocchio (caso nro. 44), Norma Lidia Puerto (caso nro. 52), Daniel Jorge Risso (caso nro. 53), Juan Carlos Guarino (caso nro. 54), María Elena Varela (caso nro. 55), Norma Susana Stremiz (caso nro. 56), Osvaldo Manuel Alonso (caso nro. 57), Abel Héctor Mateu (caso nro. 131), Franklin Lucio Goizueta (caso nro. 132), Rebeca Sacolasky (caso nro. 138), Porfirio Fernández (caso nro. 148), Sergio Víctor Cetrángolo (caso nro. 151), Alfredo Amílcar Troitero (caso nro. 156), Marta Elvíra Tilger (caso nro. 157), José Liborio Poblete (caso nro. 170), Gertrudis Marta Hlaczick (caso nro. 171), Hugo Roberto Merola (caso nro. 174), Jorge Alberto Braiza (caso nro. 175) y Adriana Claudia Trillo (caso nro. 176).

Por ese motivo, arribados a este estadio del proceso y de conformidad con los principios de preclusión y progresividad, se impone una solución que desvincule definitivamente al encausado con relación a esos sucesos por los que fue requerida la elevación a juicio y por los que mediara acusación a su respecto.

K) Nulidades en casos particulares.

En este tramo analizaremos las nulidades parciales planteadas por la Dra. Blanco durante su alegato, con relación a las acusaciones formuladas por la querella unificada bajo la representación de Aguiar de Lapacó, en lo que hace a los casos que damnificaron a Pablo Pavich, Fernández Pereyra, Mateu Gallardo y Sergio Víctor Cetrángolo, por los que la mentada parte no requiriera la elevación a juicio respecto del acusado Guglielminetti.

En igual sentido efectuó dicho requerimiento respecto del caso que damnificara a Jorge Allega, por el que dicha parte acusadora no requiriera la elevación a juicio respecto de sus defendidos Pereyra Apestegui y Avena.

Al respecto, debemos decir que no declararemos la nulidad de la acusación formulada por la citada querella, toda vez que delimitaremos su resolución a los casos por los que las partes efectivamente requirieron la elevación a juicio, más allá de lo anteriormente narrado respecto del querellante De Pedro.

Por lo que carece de sentido nulificar un acto al que este Tribunal no tomará en cuenta al momento de dictar sentencia.

Por último resta analizar la nulidad parcial a la que hiciera alusión la Dra. Blanco cuando se refiriera a la incongruencia a la que arribara el Dr. Alagia, en oportunidad de describir los hechos que damnificaron a Pablo Pavich, Marcelo Daelli, Carmen Aguiar de Lapacó, Alejandro Aguiar Arévalo, Alejandra Lapacó, Miguel Ángel Butti Arana, Eduardo Raúl Castaño, Juan Carlos Seoane, Mabel Verónica Maero.

Asimismo, dicha letrada hizo extensivo el planteo respecto de las restantes partes acusadoras con relación a los casos que damnificaron a Carmen Aguiar de Lapacó, Alejandro Aguiar Arévalo, Alejandra Lapacó, Miguel Ángel Butti Arana y Mabel Verónica Maero.

Arribado el estadio de resolver, adelantamos que la pretensión que hiciera la defensa oficial no tendrá acogida favorable.

En efecto, consideramos que la descripción temporal de los hechos a la que arribaran las partes acusadoras en este proceso al momento de requerir la elevación del sumario a juicio, no tiene que ser en un todo coincidente con aquella efectuada en oportunidad de realizar sus respectivas acusaciones por ante esta instancia, siempre que esa modificación no sea sustancial ni más gravosa para los acusados de modo de generarles efectivamente un agravio concreto y actual.

A ello debemos agregar que, en virtud de las pruebas colectadas durante el debate, las partes pudieron haber determinado fehacientemente la ubicación temporal del hecho criminoso.

Creemos entonces que en la especie los cambios propiciados por las partes en cuanto a los períodos de imputación en cada caso concreto -siguiendo el criterio de imputación que más adelante se desarrollará-, no genera perjuicio alguno para los aquí imputados, razón por la cual se descarta que cause la nulidad anteriormente invocada a la luz del artículo 166 del código de rito.

TERCERO: PAUTAS GENERALES DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

A) De la prueba testifical.

Antes de dedicarnos a analizar la prueba rendida en relación con los hechos objeto del proceso, consideramos necesario hacer algunas aclaraciones sobre los parámetros que tuvimos en cuenta al momento de evaluar los diferentes elementos probatorios.

Esta necesidad surge de las muy particulares circunstancias que rodearon este juicio en general y la prueba del debate en particular.

La primera cuestión a tener en cuenta es que los hechos objeto del proceso tuvieron lugar hace más de treinta años. Esta circunstancia, por sí sola, es un factor capaz de perjudicar la posibilidad de conocer la verdad real, pretensión a la que los operadores judiciales no renunciamos, pese a que no ignoramos que la verdad del juicio puede no identificarse con la realidad -con todo lo que ésta pueda tener de relativa- aunque sea el correlato lógico de la prueba rendida.

Otra materia importante con capacidad de dificultar el conocimiento de los hechos y que tuvimos especialmente en cuenta al momento de evaluar los testimonios, es que los damnificados, al vivir los sucesos que relataron, estaban en una situación que pudo haber afectado su percepción.

En principio, casi todos dijeron que les colocaron un "tabique" sobre los ojos para evitar que pudieran ver. También contaron que pese a eso, lograban ver por debajo de la venda aunque con dificultad.

Esta limitación de la vista, no sólo tuvo la consecuencia obvia de que no pudieron ver todo lo que les estaba ocurriendo, sino que además los afectó en otros aspectos. Así, muchos de los testigos expresaron que no guardaban noción correcta del tiempo transcurrido. Esta circunstancia se vio agravada por dos causas. Una de ellas se vincula con la intensidad de lo que les estaba sucediendo, y la otra guarda relación con la imposibilidad de distinguir la noche del día -por tener los ojos tapados- sin acceso a aberturas que permitieran percibir la luz natural. Tanto es esto así que, quienes permanecieron en cautiverio bastante tiempo como para poder aprender a distinguir rutinas y, consecuentemente diferenciar diversos momentos del día, mostraron mejor apreciación del tiempo transcurrido, que aquellos que estuvieron poco tiempo presos.

De este modo, tuvimos en cuenta que, dadas las particulares circunstancias de los hechos en juzgamiento que se desarrollaron en secreto, los testigos también son damnificados de acciones que, por la intensidad inusitada de lo vivido y gravedad del daño que provocaron, tienen que haber generado huellas imborrables en la memoria.

Esto no significa que no hubiera diferencias en los relatos de testigos que refieren haber sufrido los mismos padecimientos, o presenciado un determinado episodio. Se debe aclarar que estas diferencias no son sustanciales y que generalmente se corresponden a diferentes capacidades de apreciación, como por ejemplo el despliegue corporal del testigo, sus conocimientos, su edad, el tiempo que llevaba en cautiverio, etc.

A los condicionamientos impuestos por el excesivo transcurso del tiempo, se le agrega que la gran mayoría de los hechos sometidos a juicio, bajo diferentes circunstancias, fueron objeto de tratamiento en otros procesos judiciales.

En este punto, corresponde aclarar que los sucesos que se juzgan en esta resolución, no fueron atribuídos, en otros procesos judiciales, a los aquí imputados. Es que si así hubiera ocurrido se habría violado la garantía que prohíbe la doble persecución penal.

Más claramente, desde el punto de vista del proceso penal, no es posible considerar que exista un hecho sin un autor, ni un autor que no lo sea de un hecho. De esta forma, cuando el mismo suceso ha sido considerado por otro tribunal, pero en relación a la participación de otra persona, no es lógicamente el mismo hecho. Esta es la razón de que si bien en sentencias anteriores se pudo haber hecho una conceptualización de determinada circunstancia, en uno u otro sentido, hoy, a partir de la prueba rendida en la audiencia, esa circunstancia puede tener otra significación, o considerarse en forma diversa.

Sin embargo, el que una sentencia judicial previa haya declarado la existencia del acontecimiento, impide negar su ocurrencia, salvo una manifiesta contradicción con la prueba producida y recolectada posteriormente. De ahí que la labor del análisis de la prueba se centra, en ese supuesto, en la atribución de autoría.

Inversamente, que un suceso no se hubiera tenido por probado, por ejemplo por insuficiencia probatoria, no descarta su ocurrencia, y hace renacer la necesidad de que la prueba sea útil no sólo para acreditar autoría sino el hecho en sí mismo.

Otra consecuencia de que la materia de juzgamiento haya sido tratada por otros tribunales, y especialmente si -como es el caso- tiene tanta repercusión pública, es que los testigos acceden a conocer distintas versiones, antes de declarar en la audiencia. Esta situación bien puede modificar el recuerdo o evocación del testigo, ya sea porque lo lleve a recordar aspectos que había relegado a un plano no consciente, o porque le aclara percepciones erróneas que pudo haber tenido. Es prudente aclarar que tenemos en cuenta que ningún testigo puede percibir todos y cada uno de los aspectos que componen un suceso -a modo de ejemplo destacamos que hay un límite visual impuesto por la naturaleza de la visión humana-, pese a ello, el testigo conforma en su recuerdo un cuadro integral, que completa con sus conocimientos de las costumbres, o las leyes físicas, etc. los que lo llevan a conclusiones, generalmente acertadas, que ya no distingue del recuerdo.

Además, hemos tenido en cuenta que, justamente porque hubo otros expedientes judiciales y administrativos en las que fueron convocaron, los testigos han sido repetidamente interrogados sobre estos mismos asuntos, circunstancia que también podría haber contribuído a modificar la percepción original.

También se suma que, según ellos mismos explicaron, al momento de prestar declaración en la audiencia, estaban en mejor condición que en la época de los sucesos, gracias al proceso de reconstrucción al que hicieron referencia. Es decir, aquellas reuniones en las que se fueron conociendo y reconociendo, contando sus experiencias y elaborando una verdadera recuperación colectiva del recuerdo. Más aún, cuando se les preguntó específicamente, los testigos explicaron qué habían conocido a través de su percepción, y qué por vía de la reconstrucción aludida.

Esta labor reconstructiva pudo haber creado un discurso uniforme, sin embargo, lejos de ello, en sus declaraciones los testigos al tiempo de dar una visión general sobre el suceso que los afectaba, también refirieron el recuerdo de detalles -la letra y el número asignado a cada preso, el número del candado de los grilletes de los pies, una inscripción en la pared de la celda, las características de la gomaespuma de la leonera, un insulto en particular, un diálogo casual con algún captor o con otro preso- que sólo pueden haberse conocido personalmente, ya que no se repitieron en otros testimonios.

Por las circunstancias que venimos reseñando, en una importante cantidad de casos, contamos con los dichos prestados por el testigo en la audiencia de debate, la declaración que el mismo testigo prestara ante el juez instructor, los dichos que se volcaran en la presentación hecha ante la Secretaría de DerechosHumanos de la Nación, la manifestación que se consignara en la CONADEP, la declaración prestada en el debate de la causa n13/84, la denuncia que diera lugar al habeas corpus, o a la investigación por la privación ilegal de la libertad. Esta profusión de manifestaciones, que se pueden verificar en algunos casos, o que pueden darse en varias y diversas combinaciones, según el caso, pusieron en evidencia -no en relación a todos los hechos- algunas diferencias que relevaron los letrados defensores en sus alegatos.

Además de que como ya se consignara, entre las declaraciones prestadas hace más de treinta años y las más próximas, algunas diferencias provienen justamente de haber prestado declaración reiteradamente, y de haber sido repetidamente interrogado sobre los mismos aspectos. Como a veces se verificaron modificaciones del relato original, hay que tener en cuenta que al momento de brindar las declaraciones más antiguas, el testigo no conocía las otras versiones del mismo asunto que luego sirvieron para resignificarlo. También es del caso tener en cuenta que el transcurso del tiempo hace que se concentre el recuerdo sobre lo que causó más impresión. En el mismo sentido, el mayor o menor aporte de detalles se corresponde con las modificaciones de la memoria en razón del transcurso de tiempo, y de las diferentes situaciones en las que se prestó la declaración. Así mientras las declaraciones que se prestaron ante la CONADEP exhiben suficientes detalles y especificaciones que sirven para dar ideas de contexto, las que se prestaron en causas judiciales previas a la recuperación de la democracia, en algún caso -por lo escuetas- hasta parecen encubrir el hecho de la detención ilegal en sí mismo.

Fueron justamente estas divergencias las que llevaron a otorgar diferente valor probatorio a cada declaración del mismo testigo. En ese camino la prueba que se erigió como el parámetro más útil para describir la realidad fue la que los testigos prestaron en la audiencia. Esta decisión se vincula al hecho de que estos testimonios, en razón de la inmediación probatoria, pudieron ser evaluados personalmente por los jueces, y por tanto permitieron apreciar los énfasis, las inseguridades, es decir todas las vicisitudes que rodean al testimonio y que sirven para darle credibilidad.

Asimismo hubo otra razón para, en caso de discordancias, hacer prevalecer esas declaraciones sobre las otras del mismo testigo, y es que estos dichos pudieron ser cotejados por las partes, permitiendo el pleno ejercicio de la garantía de cotejar los testigos, que consagran los tratados internacionales sobre derechos humanos (C.A.D.H.art.8, 2.f; P.I.D.C.P.art.14.e) y ratifica la doctrina de nuestro más alto Tribunal (B. 1147. XL. "Benítez, Aníbal Leonel s/ lesiones graves", causa N1524C).

Además de revisar lo expresado por el testigo en las diversas declaraciones que rindiera, se procedió a verificar lo declarado por otros damnificados sobre el hecho ajeno. Este cotejo fue útil para sostener cada uno de los relatos, formando un entramado de recuerdos que se fortalece con cada nuevo aporte.

Las diferencias entre estas declaraciones sirven para evidenciar que pese a la reconstrucción colectiva del recuerdo, los declarantes no armaron un discurso único, lo que podría llevar a indicar una finalidad colectiva. Por el contrario, hasta en algunos casos dijeron que no querían arriesgar alguna respuesta por no estar seguros de lo que se les preguntaba; este cuidado al prestar testimonio refuerza la credibilidad del testigo, no sólo porque indica que lo que sí declara es parte de su recuerdo con claridad, sino porque demuestra su buena fe y su intención de no faltar a la verdad.

Desde otro aspecto corresponde aclarar que hubo casos en los que no se contó con declaraciones de las víctimas, o de testigos presenciales que pudieran ser preguntados por las partes, porque no se recibieron declaraciones en el debate. Sin embargo otros tribunales consideraron válidamente esos sucesos con base en declaraciones prestadas ante autoridades judiciales. Esas declaraciones no podrán exhibir el mismo estándar probatorio que una declaración que las partes pudieran cotejar, pero no por ello se pueden descartar como si no hubieran existido. En esas situaciones consideramos que las declaraciones eran útiles, junto con otras probanzas, para tener por acreditado el suceso al que aludían, pero no las valoramos al tiempo de establecer la autoría de esos sucesos. De este modo no se podrá afectar la garantía de rango constitucional vinculada con la facultad de interrogar los testigos de cargo. También debemos aclarar que aún cuando se verificara esta situación, otros medios de prueba, como podría ser lo declarado por otros testigos, que ubicaron el hecho temporo y espacialmente, fueron eficaces para atribuir responsabilidades.

Finalmente, y también como una eventual consecuencia del excesivo lapso entre los hechos y el juicio, evaluamos que los testigos pudieron haber rearmado el recuerdo con base en evocaciones que modificaran la realidad, sin embargo, hay que considerar que el núcleo de cada declaración se mantuvo idéntico en los testimonios que prestaron a lo largo de treinta años, pero además coinciden notablemente entre ellos dando precisiones sobre lugares, eventos, personas, sonidos, sensaciones. Es por eso que, aún con esas modificaciones, sirven para dar a conocer el suceso histórico al que aluden.

B) De la prueba documental.

Sentado lo anterior, realizaremos una breve reflexión en cuanto al valor probatorio de la prueba documental, siguiendo los lineamientos teóricos expuestos anteriormente.

Fundamentalmente, este tipo de prueba se conforma por los diversos legajos CONADEP y SDH aportados, recursos de habeas corpus de la época de los hechos, y los legajos de prueba formados por la Cámara del fuero, en el marco de la causa registrada bajo el nro. 450.

Como ya hemos mencionado, el estándar probatorio que las constancias aunadas a dichos elementos posee no será el mismo, lógicamente, que la prueba testifical rendida en la audiencia. No podrán por sí solas probar la atribución de responsabilidad de un imputado. En cambio, sí serán utilizados como elementos válidos que apoyen otro tipo de prueba. En ningún caso se fundará una responsabilidad con la sola prueba documental.

Lo mismo sucede con la materialidad de los hechos, pues en cada caso puntual la prueba documental será analizada como un elemento de corroboración y constatación de la testifical vertida en el debate. Ello no obsta a que, en contados casos, la materialidad se funde únicamente en prueba documental. Pero se trata de supuestos en los que la contundencia de dichas constancias nos permite adoptar, bajo la óptica de la sana crítica, una decisión en tal sentido.

Mención aparte merece el informe realizado por los damnificados Horacio Guillermo Cid de la Paz y Oscar Alfredo González (ver legajo CONADEP nro. 8153 e Informe de Amnistía Internacional). Los nombrados, al recuperar su libertad y desde el exilio en el Reino de España, confeccionaron un amplio informe haciendo constar una gran cantidad de víctimas, personal del centro, funcionamiento, realizaron planos, entre otros tantos aspectos. Sin embargo, la información allí volcada no pudo ser controlada con las partes perdiendo la inmediatez propia de esta instancia. Por esa razón, su informe será analizado como un elemento más, cuyo valor no podrá exceder del otorgado a otros elementos de prueba que fueron incorporados por lectura. Salvo en los casos en que la veracidad de la información allí expresada sea determinante (ya sea, por ejemplo, por el vínculo familiar con la víctima), en la generalidad los datos mencionados tendrán menor influencia en la decisión final que referencias que hayan sido realizadas testimonialmente en la audiencia. Así, a modo de ejemplo, no se darán por cierta las fechas de detención o traslado indicadas por Cid de la Paz y González, sino que será determinante para limitar los períodos de privación las manifestaciones realizadas por otras víctimas en este debate.

Con esta lógica, es que estudiaremos a continuación los casos traídos a juicio.

CUARTO: EXISTENCIA DEL HECHO DELICTUOSO

En primer lugar, y previo a introducirnos concretamente en los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones, corresponde hacer un somero desarrollo de la coyuntura histórica y del modo en que se implementó el plan de represión por parte del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

A) Contexto histórico: implementación del plan criminal.

El escenario político imperante entre fines de la década del 60 y mediados de la década del 70, estaba caracterizado por una inusitada violencia entre diversas facciones ideológicas que desbordaba el accionar de las fuerzas de seguridad.

Ante esas graves circunstancias, el gobierno constitucional tomó distintas medidas a los efectos de paliar la escalada de violencia generada. Así pues, como quedó reseñado en la causa nro. 13 de la Cámara del fuero, a través de los decretos 261/75, 2770, 2771 y 2772, entre otras cosas, se creó el Consejo de Seguridad Interna y se otorgó la posibilidad de suscribir convenios con las provincias a fin de colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario y, finalmente, se extendió la actuación de las Fuerzas Armadas con el objeto de hacer frente a lo largo de todo el país, a la denominada "lucha antisubversiva".

En ese marco, se dictaron diversos reglamentos administrativos, a saber: la Directiva del Comandante General del Ejército nro. 333, la Orden de Personal nro. 591/75, la Orden de Personal nro. 593/75, las Instrucciones nro. 334, la Directiva del Consejo de Defensa nro. 1/75 y la Directiva del Comandante General del Ejército nro. 404/75, entre otras.

Así las cosas, las Fuerzas Armadas fueron obteniendo gradualmente un mayor control sobre la situación, más allá de que el gobierno constitucional permanecía en funciones, y poco a poco se fue gestando el marco de ese plan criminal que, lamentablemente, luego tendría lugar.

En ese contexto, la situación continuó desarrollándose hasta que el día 24 de marzo de 1976 se produjo una nueva irrupción del orden constitucional, derrocando al gobierno de la entonces Presidente María Estela Martínez de Perón y asumiendo el poder de facto el autollamado "Proceso de Reorganización Nacional".

Una vez en el gobierno, la junta militar -cual poder constituyente-dictó el Estatuto de Reorganización Nacional (publicado en el B.O. del 31 de marzo de 1976) al cual quedó supeditada nuestra norma fundamental y depuso a los poderes democráticamente constituidos tanto nacionales, como provinciales.

Así, se arrogaron funciones que competen a los tres poderes del Estado, rompiendo el equilibrio del sistema republicano y democrático de gobierno, circunstancia que se encuentra expresamente vedada por el artículo 29 de la Constitución Nacional, en cuanto prohíbe otorgar facultades extraordinarias y la suma del poder público, actos que conllevan consigo una nulidad insanable y sujetan a sus responsables a la pena de los infames traidores a la patria.

Luego, con el alegado fin de "aniquilar a la subversión", las acciones emprendidas por las fuerzas estatales se recrudecieron sustancialmente, utilizando métodos que poco apego tenían a las normativas que el último gobierno constitucional había dictado y de los que su ilegitimidad resultaba manifiesta. Se realizaban detenciones de civiles, quienes eran conducidos a centros donde permanecían detenidos clandestinamente en condiciones infrahumanas y sometidos a tormentos, con el supuesto objetivo de extraerles información, para finalmente, y según los designios del plan criminal, ser conducidos al destino final que no era otro que la muerte, o bien, en el mejor de los casos, ser liberados y permanecer bajo una estricta vigilancia por parte de sus captores.

Todo ello se ejecutaba según los lineamientos de los reglamentos del Ejército Argentino: RC-8-1 (Operaciones no convencionales), RC-8-2 (Operaciones contra fuerzas irregulares), RE-9-51 (Instrucción de lucha contra elementos subversivos), RC-9-1 (Operaciones contra elementos subversivos), RC-5-2 (Operaciones sicológicas), RC-8-3 (Operaciones contra la subversión urbana) y RE-10-51 (Instrucción para operaciones de seguridad), entre otros.

En lo que hace a los sitios donde eran alojados los secuestrados, debe señalarse que, con posterioridad al dictado de la sentencia de la causa nro. 13, el General Adel Edgardo Vilas, al prestar declaración indagatoria por ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en el año 1987, aportó copias del Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), documento de carácter secreto que fijó las pautas de actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Puntualmente, en el Apéndice 1 (instrucciones para la detención de personas) al Anexo 3 (detención de personas) de ese documento, se instituye en su punto 7 la posibilidad de establecer Lugares de Reunión de Detenidos -LRD-. Es esta la primera manifestación de los denominados centros clandestinos de detención (contenido también en la Orden de Operaciones 9/77).

Los procedimientos aplicados por las fuerzas estatales en la denominada "lucha antisubversiva", han sido claramente descriptos en la causa nro. 13/84 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. En ella se señaló que:

"1) Los secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad, y si bien, en la mayoría de los casos, se proclamaban genéricamente como pertenecientes a algunas de dichas fuerzas, normalmente adoptaban precauciones para no ser identificados, apareciendo en algunos casos disfrazados con burdas indumentarias o pelucas...".

"2) Otras de las características que tenían esos hechos, era la intervención de un número considerable de personas fuertemente armadas...".

"3) Otras de las características comunes, era que tales operadores ilegales contaban frecuentemente con un aviso previo a la autoridad de la zona en que se producían, advirtiéndose incluso, en algunos casos, el apoyo de tales autoridades al accionar de esos grupos armados".

"El primer aspecto de la cuestión se vincula con la denominada 'AREA LIBRE', que permitía se efectuaran procedimientos sin la interferencia policial, ante la eventualidad de que pudiera ser reclamada para intervenir.".

"4) El cuarto aspecto a considerar con característica común, consiste en que los secuestros ocurrían a la noche, en los domicilio de las víctimas, y siendo acompañados en muchos casos por el saqueo de los bienes de la vivienda.".

"5) El quinto y último aspecto a considerar en cuanto a las características comunes que tenían esos hechos se refiere a que las víctimas eran introducidas en vehículos impidiéndosele ver o comunicarse, y adoptándose medidas para ocultarlas a la vista del público...".

"Las personas secuestradas eran llevadas de inmediato a lugares situados dentro de unidades militares o policiales o que dependían de ellas, que estaban distribuidos en el territorio del país, y cuya existencia era ocultada al conocimiento público...".

"Los principales centros clandestinos de detención se encontraban distribuidos en diversas zonas del país, dependiendo de las Fuerzas Armadas u Organismos de Seguridad." (La Sentencia, dictada por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1987, Segundo, págs. 87 y sgtes).

La tecnología de poder reseñada, la hemos corroborado también en estas actuaciones, en base a los frondosos testimonios colectados durante el debate y, como se verá seguidamente, se condice con la metodología utilizada por los imputados en el marco del circuito represivo aquí investigado.

En ese sentido, luego de haber escuchado a todos los testigos que prestaron declaración en las audiencias de debate, hemos concluido que es posible establecer un protocolo, una rutina de los padecimientos que cada uno de ellos fue sufriendo y que se verificaron reiteradamente.

Así, nos han contado que fueron secuestrados en la mayoría de los casos, en horario nocturno, en sus propios domicilios. Ya en el momento del secuestro sufrieron coacciones, amenazas, golpes, torturas, vejaciones, ellos y los familiares, que estaban circunstancialmente en el lugar.

Estos secuestros los llevaban a cabo grupos numerosos que se imponían no solamente por el uso de armas de fuego, sino por la propia cantidad de personas que integraban la partida. Desde el mismo momento de la detención, en el domicilio, o instantes previos a retirarlos de allí, les vendaban los ojos, de manera que no podían ver el camino que hacían hacia su lugar de detención. Generalmente los ubicaban en el piso de los vehículos en que los trasladaban, y dentro del vehículo recibían golpes y vejaciones de algún tipo.

Al llegar al centro clandestino se les quitaban los efectos personales como relojes, anillos, pulseras, aros, documentos de identidad, se les tomaban los datos y se les decía que habían dejado de llamarse por su nombre para ser identificados por una letra y un número. Si no respondían a esta identificación, los castigaban. Casi sin solución de continuidad, los trasladaban a los lugares conocidos como quirófanos, donde los estaqueaban a una mesa de metal, se les colocaba un cable grueso en un dedo del pie y se los sometía al paso de corrientes eléctrica, al tiempo que se les preguntaba por su actividad política, sindical, en fin, militante. Estas sesiones podían variar en intensidad y duración, dependiendo de quién las comandaba o de lo que se esperaba lograr del cautivo. Si los secuestrados eran parientes o tenían relaciones entre ellos, se torturaba a uno para que el otro percibiera la tortura y de esta forma amedrentarlo, o se los torturaba conjuntamente. Algunos de los detenidos, por haberlo podido ver, contaron que las paredes de estos habitáculos exhibían manchas de sangre.

No era esta la única tortura, hay relatos de haber sufrido y haber presenciado que alguien sufriera colgamientos de las muñecas o de los pies. Algunos testigos cuentan cómo se perseguía a un preso con agua hirviendo. La gran mayoría relata que también se los golpeaba, ya sea con trompadas, con algún artefacto o con cadenazos. Llama la atención la variedad de métodos para infligir dolor y miedo.

Inmediatamente después de la sesión con picana eléctrica, los detenidos eran llevados a las duchas (diferentes según fuera el centro), para que se bañaran, y eliminar así el olor a carne quemada. Después de eso, dependiendo de si, les tocó padecer estos tormentos en el "Atlético", "Banco" o "Olimpo", se los acomodaba en principio, en un lugar común, para transcurrido un tiempo, llevarlos a las celdas donde los alojaban. Ya fuera en el primer lugar -leonera- o en las celdas -tubos- las condiciones eran infrahumanas. No tenían espacio para moverse, en algún caso, permanecían engrillados a las paredes sobre planchas de goma espuma sucias de sangre y orina, sin posibilidad de acceder a ningún sanitario, sin poder hablar, de saber quiénes estaban con ellos. El silencio era la regla. Siempre con los ojos vendados, con la excepción de los presos que integraban el "consejo", que estaban sometidos a servidumbre y obligados a hacer las tareas de mantenimiento del centro, la atención de los otros, y en algún caso, -Acosta- hasta instruir un sumario aprovechando su condición de abogado.

Los testigos coinciden en que sus captores se apropiaban de dinero, electrodomésticos, artículos de valor y hasta ropa, en algún caso. También se adueñaban de vehículos, a los que le modificaban las numeraciones identificatorias y hasta hubo casos, en que llegaron a adueñarse de bienes inmuebles, coaccionando a los propietarios a firmar los instrumentos respectivos.

La permanencia en el centro podía concluir de diversas formas. Una de ellas era el "traslado", en ese caso se les decía que se los llevaría a una granja de rehabilitación, pero los que quedaban en el centro luego encontraban efectos personales de los "trasladados".

Otros fueron liberados. Esta última circunstancia, es relatada por diferentes testigos en forma similar. Salían del centro con los ojos vendados en algún vehículo, de forma que no pudieran advertir dónde estaban y se los dejaba en la vía pública con instrucciones de sacarse las vendas pasado un tiempo.

Hubo, sin embargo, otras dos modalidades, fundamentalmente en el período que coincide con la existencia del centro "Olimpo". La primera consistía en llevar al preso a ver a sus familiares -Zaldarriaga, entre otros-, lo que generaba la expectativa de que iba a ser liberado, sin que esto ocurriera en definitiva.

Otra modalidad fue liberarlos sometidos a una "vigilancia" que ejercían los mismos captores a través de llamadas telefónicas y visitas de control intempestivas, lo que generaba más terror en las víctimas, especialmente si, como era en algunos casos, algún familiar permanecía detenido.

Finalmente, algunos detenidos fueron sacados del centro para indicar los domicilios de sus conocidos y después devueltos a su prisión.

El relato precedente, que es apenas una mera enunciación de algunas de las detalladas historias que se escucharon durante el debate, pretende destacar que lo sufrido por las víctimas no se limita a los concretos actos de tormento, sino que toda la permanencia en el centro clandestino, hasta que pudieron desligarse del contacto de sus captores definitivamente o hasta que fueron "trasladados" y desaparecieron, no puede sino calificarse como un acto cruel, inhumano y degradante.

No sólo sirvieron estos actos para causar terror en las víctimas y obligarlas a delatar a sus compañeros, sino que también lograron provocar un estado de terror en todo el cuerpo social que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, pero que prefería no advertirlo, por miedo a recibir el tratamiento antes relatado.

En este sentido, se advierte la secuencia de las detenciones de varias personas que conformaban un grupo, a partir de la captura de uno de sus integrantes.

Así también los liberados relatan cómo, por la suciedad de las ropas, por las marcas de los golpes, que eran evidentes, por el aspecto general que tenían, la gente los miraba con aprensión, pero en la mayoría de los casos, asumiendo lo que había ocurrido a través del silencio. Nada preguntaban, nada decían.

No sólo sufrieron el terror las víctimas de los centros clandestinos, lo padecieron sus familiares, sus allegados, sus personas queridas y todos los que, de una u otra forma, lo conocieron y no lo evitaron, por la razones que fuera.

La tortura y tormento y las desapariciones no eran simplemente una forma de obtener información para "derrotar a un enemigo" sino que trascendieron ese objetivo para constituirse en una demostración de poder.

Hasta aquí, cuanto hemos podido señalar respecto del patrón seguido por los imputados dentro de la modalidad comisiva establecida luego del debate y es precisamente en este marco en que se ubican los centros clandestinos de detención investigados y que conformaban un único circuito represivo.

B) El circuito represivo conformado por los centros "Atlético", Banco" y "Olimpo".

Corresponde ahora ingresar al tratamiento del centro clandestino de detención (CCD) identificado como "Atlético", "Banco" y "Olimpo" que, según lo acreditado durante el debate, funcionó al menos desde febrero de 1977 hasta enero de 1979, bajo la orbita operacional del entonces General de División Carlos Guillermo Suárez Mason a cargo del Comando del Primer Cuerpo del Ejército correspondiente a la Zona de Defensa I.

Se trata de un único centro que mudó su sede sucesivamente pero que mantuvo en lo sustancial sus guardias, detenidos, modus operandi e, incluso, su mobiliario, pero quedó demostrada también la existencia de modificaciones y de rasgos distintivos de cada uno que serán estudiados a continuación.

Veremos ahora cada centro en particular.

I- "Atlético".

El centro clandestino de detención "Club Atlético" o "Atlético", se ubicó en el inmueble donde anteriormente funcionó la División Suministros de la Policía Federal Argentina, sito en la manzana delimitada por las Avenidas Paseo Colón y San Juan, y las calles Cochabamba y Azopardo (ver dichos de los testigos Villani y Merialdo), jurisdicción del Área 6 de la Subzona Capital Federal de la Zona de Defensa I y en el que prestó funciones personal de la mencionada fuerza de seguridad.

Estuvo en funcionamiento al menos desde el día 16 de febrero del año 1977 (fecha en la que fue conducida detenida Mónica Marisa Córdoba) y hasta el 28 de diciembre de ese mismo año (cfr. declaraciones testimoniales de Villani y Merialdo), cuando debió mudar sus instalaciones para ser demolido tiempo después, debido a que allí se proyectaba -y efectivamente se realizó- el trazado de la Autopista "25 de Mayo".

El centro estuvo a cargo del fallecido Comisario de la Policía Federal Argentina, Antonio Benito Fioravanti, quien era apodado "Coronel", "Tordillo" y/o "De Luca" (ver testimonios de Barrera y Ferrando, Careaga, D'Agostino, Merialdo, Vanrell, Daniel Eduardo Fernández y Diéguez).

Desde la publicación del informe "Nunca Más" elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) se ha podido acreditar que el centro presentaba las siguientes características: "Primer nivel: Salón azulejado, puertas de vidrio, un escritorio grande y otro pequeño; en ellos se identificaba y asignaba un número a cada detenido. Puertas de vidrio. Acceso disimulado al subsuelo".

"Segundo nivel: Sin ventilación ni luz natural. Temperatura entre 40 y 45 grados, en verano. Mucho frío en invierno. Gran humedad. Las paredes y piso rezumaban agua continuamente. La escalera llevaba a una sala provista de una mesa de pong pong que usaban los represores. Al costado, una salita de guardia. Dos celdas para incomunicados. Una sala de torturas y otras para enfermería. Cocina, lavadero y duchas, éstas con una abertura que daba a la superficie externa por donde los guardias observaban el baño de las mujeres. Otro sector para depositar el botín de guerra".

"Celda llamada 'leonera', con tabiques bajos que separaban boxes de 1,60 m por 0,60 m. En un sector, 18 celdas, en otro, 23. Todas de 2 m por 1,60 m y una altura de 3 a 3,50 m. Tres salas de tortura, cada una con una pesada mesa metálica. Colchones pequeños manchados de sangre y transpiración, de goma espuma" (CONADEP, "Nunca Más", Editorial Eudeba, Buenos Aires, año 2006, octava edición, pág. 96).

Mónica Marisa Córdoba describió claramente el primer nivel, pues mientras permaneció "destabicada" pudo ver que allí había una ventanilla con vidrios esmerilados y señaló que existían dos puertas que llevaban a oficinas, en una de ellas era donde les tomaban los datos (en forma coincidente se expresaron Carmen Aguiar y Graciela Funes).

En cuanto al procedimiento que conllevaba generalmente cada una de las detenciones, puede señalarse que las víctimas arribaban "tabicadas" al centro, en vehículos particulares que conducían los secuestradores y ocultos a la vista del público, donde ingresaban a través de un portón. Una vez dentro, los secuestrados eran obligados a descender en forma violenta hasta el segundo nivel a través de una escalera de pequeñas dimensiones, donde se los despojaba de sus ropas y demás efectos personales. Luego, se les asignaba un número y letra a modo de identificación, el cual debían recordar sin excepción, de lo contrario eran fuertemente golpeados y se intentaba, de ese modo, despojarlos de su propia identidad.

Luego, eran conducidos a la sala de torturas, también denominada "quirófano", donde eran sometidos a una sesión de golpes de puños, patadas y cadenas. A su vez, y salvo en contados casos, se los ataba de sus extremidades a una pesada mesa metálica y se los atormentaba mediante la aplicación de picana eléctrica en distintas partes del cuerpo, especialmente en sus pechos, zonas genitales y demás partes sensibles.

Ana María Careaga describió su padecimiento recordando que "enseguida me empezaron a torturar con baldazos de aguar fría, al principio me tapaba la cara con la mano, empezaron a pisarme las muñecas con los brazos hacia atrás, ahí pude ver que tenían uniformes dentro de botas con borceguíes, uniforme azul. Después me llevaron al quirófano, la sala de tortura, me acostaron en una mesa de metal, me ataron y comenzaron a torturarme. La tortura duró muchas horas. Me lastimaban, me llevaban a la enfermería, y me ponían de vuelta en condiciones para torturarme. De hecho, una vez me rompieron el tímpano. Así fue durante muchas horas. En el dedo meñique me habían puesto un anillo de metal para que corriese más electricidad. Me aplicaban picana en las partes más sensibles de mi cuerpo. No grité, tomaba aire, aguantaba, sostenía la respiración, ellos pensaban que era yoga, entonces me taparon la cara con un plástico. En determinados momentos empecé a tener convulsiones, vino alguien que era médico, 'calmate Ana María, se fueron todos, tranquilízate'. Yo sabía que si me tranquilizaba volvían a torturarme. Durante la tortura lo único que uno quiere es morirse. Es la única forma de salir. Yo no decía nada, ellos me decían que sabían que me quería morir, pero que no me iban a dejar, que me iban a seguir torturando. De hecho, me dieron pastillas que decían que eran para el corazón, después supe que era calamina. A veces me desataban, me traían una frazada, me ofrecían mate cocido, cuando decía que sí me lo sacaban y volvían a torturarme".

Una vez pasada la tortura, y dependiendo del estado en que hubieran quedado los secuestrados, eran conducidos a la "enfermería", o bien si se encontraban en condiciones, eran llevados a una celda colectiva identificada como "leonera", donde permanecían en conjunto con otros secuestrados hasta tanto se le asignara una celda.

Marcelo Daelli señaló respecto de la "leonera", que "es una habitación blanca de cal, separada con algunos tabiques incompletos, en donde hay un montón de gente en las mismas condiciones", mientras que Pedro Vanrell agregó que "me colocan el tabique y me llevan a la leonera, que era un lugar de unos seis metros por cuatro metros, más o menos, que estaba dividida con tabiques, tenía de costado dos tabiques y de frente tres. Los tabiques tenían un metro, metro cincuenta de altura, y de ancho sesenta centímetros aproximadamente. Ahí ponían a las personas cuando entraban. Había algunos que de leonera pasaban a celda y otros que permanecían ahí".

Por su parte, Jorge Allega dijo que "había gente que entraba muy sigilosamente para ver si estábamos hablando. Estábamos todos tirados en el piso, muy golpeados, todos teníamos las heridas visibles"

Lo dicho es coincidente con las apreciaciones vertidas en el debate por los testigos Barrera y Ferrando, Córdoba, Daelli, Funes, Diéguez, La Valle, Ferraro y Luis Allega.

Pocos fueron los casos en que un secuestrado era conducido luego de la tortura directamente al "tubo" (eufemismo utilizado para designar a las celdas individuales). Asimismo, una vez allí eran "engrillados" con cadenas en sus pies, y se las sujetaba con candados a los que les asignaba un número que también debía ser recordado por las propias víctimas, bajo amenaza de golpiza.

Estas celdas o "tubos" se encontraban asentadas en un pasillo estrecho, distribuidas en dos hileras enfrentadas entre sí, de un lado las de numeración par y del otro las impares.

Las condiciones de detención eran increíblemente severas, incluso más que en los centros "Banco" y "Olimpo" que lo sucedieron, pues permanecían largos períodos en el "tubo", a puerta cerrada, donde debían continuar con el "tabique" colocado. Los detenidos tenían, por otra parte, prohibido manifestar o exteriorizar cualquier signo de humanidad, no se les permitía llorar, hablar ni entablar ningún tipo de comunicación entre ellos.

Las propias víctimas describieron esta situación de ausencia de exteriorización refiriendo que "no se podía tener ningún tipo de sentimiento, no podía llorar, reír, no podía hacer nada que pudiese perturbar" (declaración de Vanrell) y "la pérdida de la identidad, no se podía hablar, reír ni llorar. No podíamos tener ningún tipo de expresión que tuviera que ver con la condición humana" (dichos de Careaga).

A su vez, la nombrada Careaga detalló en el debate el "tubo", dijo que "arriba de la puerta había un ventiluz, en la puerta había una mirilla, la que levantaban y si estábamos hablando o sin la venda, nos sacaban de la celda para torturar con picana o golpearnos u hostigarnos".

Fueron numerosos los testigos que mencionaron que durante el encierro en los calabozos, escuchaban jugar al ping pong al personal que estaba prestando funciones en el centro (ver en ese sentido, las afirmaciones de Bechis, Careaga y los hermanos Allega). Lo interesante de la cita, y conforme fue corroborado por el Tribunal al tiempo de realizar la inspección ocular dispuesta en instrucción suplementaria, es que las tareas de excavación realizadas en el lugar donde se encontraba emplazado el "Atlético", arrojaron el hallazgo de una pelota de ping pong en el fondo del pozo correspondiente al montacargas.

Por su parte, de las celdas sólo salían contadas veces, entre ellas cuando eran conducidos al baño dos o tres veces al día. Eran llevados en trencito, al estilo "fila india". Al respecto, Delia Barrera y Ferrando sostuvo que en las salidas al baño "íbamos en trencitos, haciendo fila, con los guardias al costado, que nos manoseaban, nos ponían la pata, se aprovechaban, como siempre, de nuestra situación" (ver en igual sentido los testimonios de Diéguez, Funes, Peidró, Rieznik y Jorge Allega).

A su turno, la testigo Ana Careaga dijo en su deposición que "[c]uando nos llevaron a bañarnos, nos llevaban a todos juntos, hombres y mujeres, los baños eran letrinas en el piso, había caños agujerados, que también había en el baño una ventana que daba a un patio interno en la planta baja del lugar. Estando nosotros, miraban, se burlaban. Nosotros teníamos que sacarnos las vendas, decir los números de los grillos, tener los ojos cerrados, nos daban jabón muy áspero, y pedazos de trapos para secarnos entre todos".

Miguel D'Agostino en la oralidad refirió que "el baño podría describirlo como baños a la turca, agujeros en el piso, duchas con caños aéreos con agujeros. Cuando nos bañaban nos sacaban los grillos, nos desvestíamos, grupo de gente, nos desnudábamos, formábamos dos filas, nos sacaban el tabique, mirábamos a la pared con los ojos cerrados, nos tiraban jabón tipo blanco de ropa, teníamos prácticamente un minuto para ducharnos, podía salir helada. Teníamos que secarnos con una misma toalla. Después nos daban ropa, que el grupo de detenido que trabajaba lavaba y acopiaba de manera limpia para entregar cuando salíamos de las duchas".

El centro también contaba con una sala donde había detenidos "destabicados" que conformaban el llamado "consejo" y realizaban tareas de limpieza, de preparación y distribución de comida, atención de la enfermería, escribían a máquina lo que les era ordenado por los secuestradores y demás tareas de asistencia a las restantes víctimas, siempre que les fueran permitidas por quienes estaban a cargo del lugar.

Marcelo Daelli se refirió a la existencia de "algunos detenidos que tenían tareas de colaboración y tenían sus pies libres y, eventualmente, sin venda", mientras que Careaga mencionó como "los destabicados, que eran prisioneros que durante el día no usaban venda, limpiaban, llevaban la gente al baño, repartían la comida".

Las condiciones de alimentación e higiene eran lamentables y degradantes, siempre entendido como mecanismo para despersonalizar a las víctimas que tuvieron estadía en este centro represivo. Al respecto, Luis Allega nos relató en el debate que "los primeros cinco días no me dieron nada, ni agua, ni nada, me decían que no podían, que por la tortura no podían darme. Poquísima cantidad de comida, que podía ser agua con algo hervido adentro, recuerdo un pedacito de cuero, pienso que era mondongo, lo tuve 3 ó 4 días hasta que se ablandó hasta poder comerlo, a veces mate cocido, a veces las cosas en la que nos lo daban tenían emblemas de la Policía Federal".

Los testigos Delia Barrera y Ferrando, Mónica Córdoba, Ricardo Peidró, Pedro Vanrell y Fernando Ulibarri remarcaron la mala situación alimenticia a la que eran sometidos y agregaron que en ocasiones les daban polenta cruda.

Por su parte, Diéguez señaló "yo no pude comer. Era asqueroso. Un guiso, una cosa. Cuando estábamos tirados en la leonera y no lo comías, la comía otro compañero o compañera que querían comer. Se ve que estaban hace mucho tiempo".

Jorge Allega refirió que la comida estaba "podrida, horrible" y que era escasa. En sentido similar declararon Careaga y D'Agostino.

En cuanto a la total falta de higiene, Jorge Allega expresó que el lugar era "absolutamente nauseabundo, un desastre, olor a desinfectante, a sudor, descuidado, estaba todo impregnado de sufrimiento y olor, los colchones podridos", mientras que D'Agostino añadió que "uno perdía noción de lo que es oler bien. Siempre que paso por al lado de un sin techo, huelo casi el mismo olor".

Esta situación no se limitaba sólo al lugar, sino también a la vestimenta que les daban y a los tabiques que utilizaban. Ana Careaga declaró en el debate que muchos de los detenidos se contagiaban conjuntivitis, pues "la venda era un elástico cosido a una tela con algodón, que estaba sucio, ensangrentado, era muy frecuente el contagio" (también declararon sobre ello los testigos Ulibarri, Vanrell y Daelli).

Delia Barrera y Ferrando mencionó que entre fines de octubre o noviembre, hubo un grupo de detenidos a quienes ubicaban en el sector de celdas del fondo, porque estaban contagiados de hepatitis, que no los dejaban salir de ahí y los llevaban con cachiporras para no tocarlos.

A todo ello, se agregaban otras condiciones que -más allá de la tortura en sí misma- hacían del lugar algo completamente inhóspito. Faltaba luz, al extremo de que Susana Diéguez afirmó desconocer si era de día o de noche (en sentido similar el testimonio de Jorge Allega), había una excesiva humedad (cfr. los dichos de Funes, Vanrell y, especialmente D'Agostino, quien dijo que la humedad era agobiante) y las temperaturas variaban notablemente.

En ese sentido, Jorge Allega sostuvo que el lugar era "absolutamente frío y absolutamente caluroso. Cuando caí, nos moríamos de frío. No teníamos ropa, nada (...) En verano hacia un calor terrible, no se respiraba" (en sentido similar se explayó su hermano Luis).

Otro rasgo distintivo era el ensañamiento que tenían quienes estaban a cargo del centro para con los secuestrados judíos, que resultaban más severamente golpeados o eran sometidos a actos sumamente degradantes. Los testigos Careaga y Vanrell dijeron que a una persona que era judía la hacían ladrar como perro. Por su parte la testigo mencionada, añadió que "había un ensañamiento especial contra los judíos, venían, abrían las puertas, nos golpeaban a todos para hacer ejercicios militares, y a veces este trato era reservado únicamente para los ciudadanos judíos. Preguntaban los apellidos, cómo se escribían para saber quién era judío. En una oportunidad trajeron cuatro ciudadanos judíos, los llevaron a la leonera, entraban y les preguntaban si en la Argentina perseguimos a los judíos, si decían que no, les pegaban y les decían que sí, que se persigue judíos, somos nazis. Les preguntaban de vuelta, si decían que sí también les pegaban porque [significaba que] violaban a los derechos humanos".

A su turno, fue también señalado por diversos testigos, que al ser liberados eran sacados del centro abordo de una camioneta o camioncito. En ese sentido, se expidieron Ferraro, Lezcano, Ulibarri, Aguiar Arévalo, Diéguez y Fernández.

Precisamente, la liberación era una forma de vaciar el centro con el objeto de poder recluir allí a nuevas víctimas. Sin embargo, no era la única ni la principal.

Es que, como se verá más adelante, los imputados realizaban una suerte de vaciamiento en conjunto, que denominaban "traslado". Era un procedimiento que, sucintamente, consistía en tomar a las víctimas seleccionadas, a las que se hacía parar en fila, dejando sus pertenencias -incluso sus ropas- bajo el pretexto de que no las necesitarían, e inyectándoles alguna sustancia que aminore sus posibles defensas, para luego subirlos a un camión en el cual eran sacados fuera del centro con dirección al destino final.

Estos "traslados" eran materializados sistemática y periódicamente, a razón de uno o dos por mes, según lo relatado por los testigos Careaga, Villani, Merialdo y Jorge Allega. Este último, si bien dijo que eran bimestrales, aclaró que se hacían más frecuentes cuando el centro de detención se encontraba muy poblado.

En efecto, y en lo que hace específicamente al "Atlético", los testigos Cuellar, Daelli, Peidró, Jorge y Luis Allega, Vanrell, Barrera y Ferrando, D'Agostino y Ulibarri, señalaron al menos seis "traslados" distintos.

Finalmente, los testigos Villani y Merialdo nos ilustraron sobre el modo en que fue realizada la mudanza al centro denominado "Banco".

El primero dijo que "en ese momento hacen un traslado, uno o dos días antes, y a los que quedamos nos trasladaron al Banco, porque el Atlético iba a ser demolido, y según comentarios de algunos de los represores, el objetivo era llevarlo a un campo que estaban construyendo, especialmente proyectado para ello, pero hasta que se terminara ese campo nos llevan al Banco. El campo que se estaba construyendo es lo que se conoció como el Olimpo. Nos trasladan el día de los inocentes".

Luego, Merialdo afirmó que "hasta fines del 77, que nos trasladan al Banco. Referencia anticipada ninguna, simplemente nos dijeron suban, prepárense. Creo que del Atlético al Banco nos llevaron en colectivos, y del Banco al Olimpo en camiones con lonas. Estábamos todos engrillados, nos dijeron bajen y se acabo la historia. No vivimos, la única diferencia tal vez importante con respecto a otros traslados, fue que nos permitieron llevar cosas, ropa, el traslado del exterminio era sin nada".

En definitiva, para el día 28 de diciembre de 1977 se realizó la mudanza y cesaron las actividades del centro clandestino "Atlético".

II- "Banco".

Este centro clandestino de detención se encontraba emplazado en el predio ubicado en la intersección de la Autopista Richieri y Camino de Cintura (Ruta Nacional Nro. 4), en Puente 12 de Ciudad Evita, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, donde actualmente funciona el Destacamento de Infantería de La Matanza de la Policía de esa provincia, por ese entonces jurisdicción del Área 114 de la Subzona 11 de la Zona de Defensa I.

Al respecto, se manifestaron en el debate los testigos Allega, Merialdo, Lozano, Arcondo, Leto y Nora Bernal.

El primero mencionó que "era en la zona oeste, con el tiempo me ubiqué más, se sentían los aviones, el tráfico a Ezeiza, sabíamos que estábamos por la Richieri, había luz".

Mariana Patricia Arcondo sostuvo que "quedaba sobre una autopista, cerca de algún aeropuerto, después lo identifiqué, en ese momento eran esos datos". Similar es lo afirmado por la testigo Nora Bernal, quien advirtió la ubicación del centro debido a que "cuando me llevan me doy cuenta de que el último tramo era una autopista. En el quirófano, por una ventana muy alta, se veía una zona descampada con árboles altos y también era ruta de avión. También ellos mencionaban el puente 12. Así que cuando se hizo la reconstrucción en la CONADEP se llegó a él".

Por su parte, Merialdo, Lozano y Leto sostuvieron que había cerca una ruta, incluso las dos últimas señalaron que se trataba de la Autopista Richieri.

El centro estuvo en funcionamiento desde el día 28 de diciembre del año 1977 y hasta el 16 de agosto de 1978. Se trató de un centro transitorio que fue utilizado una vez abandonado "Atlético" y hasta la finalización de las tareas de "acondicionamiento" del "Olimpo" (cfr. testimonios de Lareu, Taglioni, Cerruti, Caride, Trotta, Fernández Blanco y Villani).

Este centro contó con dos jefes. En primer término mantuvo la dirección del lugar Fioravanti, quien como se dijo tuvo a su cargo la jefatura del "Atlético", para luego, a mediados del año 1978, dejarlo en manos del también fallecido Guillermo Antonio Minicucci, Mayor (R) del Ejército Argentino, a quien se lo identificaba con los seudónimos de "Petiso Rolando" u "Odera" (ver los dichos de Villani, Bernal, Rearte, Almeida, Cerruti, Taglioni, Caride y Fernández Blanco).

También han sido señaladas sus principales características en el informe "Nunca Más" elaborado por la CONADEP. Allí, se dijo que "[e]l edificio reservado a los detenidos clandestinos estaba rodeado por otras construcciones antiguas, pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A partir de una playa de estacionamiento, se ingresaba por un portón de doble hoja de acero, con barrotes en la parte superior. A la izquierda, un pasillo donde daban tres salas de tortura, una de ellas con un bañito anexo. Más allá, la enfermería. A la derecha, las oficinas de inteligencia y el laboratorio fotográfico, luego una 'leonera' o celda colectiva, después de transformada en un taller electrónico. Separadas del sector anterior por una circulación trasversal casi 50 calabozos o 'tubos', muy estrechos, letrinas, baños, pileta, duchas, lavadero y cocina. Había un patio cubierto y otro descubierto, cuyas paredes estaban erizadas de vidrios" (CONADEP, "Nunca Más", Editorial Eudeba, Buenos Aires, año 2006, octava edición, pág. 90).

En cuanto a la descripción del lugar, la testigo Bernal refirió que "había 3 quirófanos, que eran salas de torturas, y después la enfermería, un patio central que es donde estaban la guardias, y después un sector de tubos, que eran los lugares donde estaban alojados la mayor parte de los detenidos". En sentido similar, Lozano afirmó en el debate que "había tubos de un lado y tubos del otro, por la mitad había baños, por la mañana, cuando abrían las puertas, nos llevaban al baño, no podíamos ir cuando quisiéramos, una vez a la mañana y otra vez a la noche. Y a lavarnos los dientes también. Esa era toda la higiene".

El testigo Ghezan, por su parte, señaló que "era una estructura vieja, de muchos años, que fue reacondicionada medianamente con lo que había, celdas, quirófanos, enfermería. El Banco era eso, estructura preexistente".

Respecto al procedimiento de ingreso de detenidos, la metodología era prácticamente la siguiente: en primer lugar eran llevados "tabicados" a la oficina de ingreso, donde eran desnudados, se les asignaba una letra y número para su posterior identificación y eran sometidos a un primer interrogatorio "administrativo". La testigo Bernal expresó que "me entran a una oficina en la que me despojan de todas mis pertenencias personales, me desnudan y me revisan, me dan un numero, que era el I 07, que esa sería mi identificación en el lugar, bajo la prohibición de usar mi nombre, y me entregan la ropa" (cfr. también testimonios de Lozano, Lareu, Rearte, Almeida y Cáceres).

Luego, eran llevados al "quirófano" o sala de torturas que, al igual que en "Atlético", contaba con una mesa metálica donde los secuestrados eran sometidos golpes y generalmente se les aplicaba picana eléctrica.

Con relación a ello, Bernal explicó que de la oficina de ingresos "me llevan a otra [sala] donde solamente hay una mesa metálica, cadenas en cada extremo" y agregó que allí es donde pasan a "torturar a los detenidos. Yo estuve prácticamente aislada en un quirófano, había 3 quirófanos, por eso yo escuchaba constantemente los gritos de las personas que torturaban al lado" (ver también los dichos de Rearte, Lozano, Almeida y Cáceres).

Posteriormente, y dependiendo del estado en que hubieran quedado los detenidos, eran conducidos a la "enfermería" o directamente a las celdas. Las celdas o "tubos" eran calabozos de 80 cm. de ancho y 2 mts. de largo aproximadamente (ver testimonios de Lareu, Cáceres y Cario).

Graciela Irma Trotta añadió que "nos tiraron dentro de una celda muy pequeña, tubo, muy húmeda, con un pedacito de goma espuma, tenía muchas ganas de ir al baño, tenía frío, miedo, estaba encapuchada, engrillada, entonces como no nos sacaban al principio para ir al baño, hacía mis necesidades debajo de esa goma espuma".

En esta sede, al igual que en el "Atlético", había un grupo de detenidos que se encontraban "destabicados", que conformaban el "consejo", quienes se ocupaban de las tareas referidas al tratar el otro centro.

Rufino Jorge Almeida relató en esta instancia que "era un grupo de presos, que estaban destabicados y cumplían tareas dentro del lugar. Algunos cocinaban, el Mogo Zurita reparaba autos, a mí me preguntaron y a los Tello también para ir a arreglar unos muebles, estaba Mario Villani, Jorge Allega, en la parte de enfermería estaba Víctor, Laura Crespo -creo que era odontóloga, repartía remedios-, en limpieza estaba Nucha -nunca pudimos identificarla-, Estela -la chica de Pereyra de apellido, que hacía más enfermería-. Estaba también el hombre que cocinaba. Después estaban el Ratón Laurenzano, el Tano González y Cristoni Cid de la Paz, que ellos ya contribuían en la parte de inteligencia, interrogatorios, salían y operaban con ellos. Hay que distinguir claramente, una cosa las tareas y otra la inteligencia".

El centro estaba equipado, a su vez, con un laboratorio de electrónica (testimonios de Allega y Almeida) y con una oficina de inteligencia en la que habían papeles con listados de personas (dichos de María del Carmen Rezzano). Mario Villani señaló que en esta última oficina había un gran paño rojo con un círculo blanco en el centro y dentro de él, una cruz esvástica.

Por otra parte, el lugar contaba con un patio interno, uno externo y una plazoleta al ingreso (cfr. testimonios de Rezzano, Rearte, Cáceres, Arcondo, Almeida, Bernal y Lareu). El patio interno presentaba un techo que era aparentemente de vidrio, estaba rodeado de pequeñas celdas o calabozos y cuando estaba excedida la capacidad de los "tubos" -circunstancia que era prácticamente habitual- eran alojados allí detenidos en el piso sobre colchonetas, en el mejor de los casos (ver los dichos de Bernal, Lareu, Arcondo, Rearte, Almeida y Cáceres).

Las condiciones de detención eran un poco menos rigurosas que en "Atlético", pero más duras que en el "Olimpo". Jorge Allega señaló que "había más comida, lo recuerdo porque era un cambio increíble, se daba de comer casi normalmente, no se pasaba hambre (...) Había celdas que se abrían todos los días, y otras que aisladas, como de castigo, era otro sector".

A su turno, Fernández Blanco dijo que las condiciones "eran más duras en el Banco, era mucho más precario el lugar, se ve que era el lugar que no había sido acondicionado para eso, era húmedo, frío, sucio, viejo, colchón tirado en el piso, algunas mantas, no había baños, había un baño que tenía un caño con agua fría, no nos bañamos prácticamente en los 20 días, salvo alguna vez. Era como mucho más precario todo, de mucha más tensión. Ahí se escuchaba muchísimo más la tortura, era un lugar de mucha más tensión". Debe recordarse que la testigo de mención estuvo detenida clandestinamente en "Banco" y "Olimpo".

Luego, Graciela Trotta sostuvo que "ahí adentro la cosa era de mucho frío, estuvimos mucho tiempo sin bañarnos, una semana y media o dos, mucho tiempo, el tiempo es eterno ahí adentro, se escuchaba gente que gritaba, cantaba, voces de mando, era una cosa muy loca, no porque estuvieran locos, estaban y están bien convencidos. Era loco para nosotros, de pronto se escuchaba música y de pronto golpes, olor a adrenalina, olor a mugre. Con la comida era un agua a veces con pedazo de pescado, a veces con pedazo de papa, ahí estuvimos en un sector de incomunicados, porque supuestamente después nos iban a mandar a esa famosa granja".

Consideraciones similares fueron vertidas por los testigos Lareu, Lombardo y Rearte, durante sus deposiciones en el debate.

Precisamente, las pésimas condiciones de salubridad hicieron que el contagio de enfermedades fuera moneda corriente. María del Carmen Rezzano nos relató que las "condiciones generales eran infrahumanas, eso a partir de que uno no es nadie cuando entra ahí, no tiene más nombre, las condiciones de salubridad espantosas, en un momento comentaron que hubo una epidemia de hepatitis. Nos sacaron a todos a un patio abierto, para higienizar, y desinfectaron. Nos hicieron bañar un día, con agua fría, con la venda todo" (cfr. testimonios de Caride, Fernández Blanco, Trotta y Cerruti).

A su vez, era frecuente escuchar por parte de los secuestrados, los gritos de dolor que provenían de quienes estaban siendo torturados. Susana Caride remarcó que "se escuchaban los gritos de tortura, se escuchaba la tortura, el terror y los gritos de los carceleros que vivían gritando e insultando a todos" (ver también los dichos de Bernal, Rezzano, Arcondo, Fernández Blanco, Ghezan y Almeida).

Sin embargo, como dijimos, las condiciones de detención no eran tan severas como en "Atlético". Se presentaban situaciones curiosas que en ese centro de detención hubieran resultado inimaginables. Sobre ello, Mario Villani manifestó que "hubo una época en que se nos permitió que los prisioneros, organizados por algunos miembros del Consejo, hiciéramos funciones de teatro, de teatro con guión hecho por los propios prisioneros, en un pasillo de celdas, en un extremo del pasillo había una especie de telón con sabana, se cambiaban los actores, delante se desarrollaba la función. En el otro extremo del pasillo, había un par de bancos de madera, represores. Se abrían las puertas de la celda, y los prisioneros se sentaban en los pasillos, con el tabique sobre la frente, y asistían a la función que consistía en una parodia, la que nos tomábamos a broma, entre comillas, tanto las personalidades de los prisioneros como de los propios represores".

El mismo testigo señaló que el trato que se les daba a las embarazadas era distinto, eran mejor alimentadas y bajo un mayor cuidado.

Por su parte, los testigos Almeida y Rearte declararon que en ocasiones se hacían sesiones de cine en el centro, en las que se exhibieron películas como la pantera rosa y la guerra de las galaxias.

Otro episodio que permitió ciertas "distensiones", fue el Mundial de fútbol de 1978 que fue organizado en nuestro país. Según surge de los testimonios de Villani, Rezzano y Arcondo, entre otros, a los secuestrados se les permitía ver la transmisión de los partidos que jugaba la Argentina.

Como puede verse, son indicadores de una mayor "relajación" en las condiciones de detención. Incluso Jorge Allega indicó que en ocasiones lo llevaban fuera del centro para comprar elementos para el taller de electrónica, que fue con los sujetos apodados "Siri" y "Polaco Grande" y que lo llevaron a comprar a negocios donde había amigos suyos y que de ese modo dio las primeras noticias de su detención, a lo que los secuestradores le restaron importancia diciéndole "mientras no te escapes".

Por otra parte, varios testigos mencionaron en sus declaraciones que en su estadía en el Banco se les permitió realizar llamados telefónicos a sus familiares, tal el caso de Villani, Taglioni, Leto y Cerruti, entre otros.

No obstante, no todo era tan distinto a lo que ocurrió en "Atlético". Aquí también la discriminación era cuestión diaria y había especial saña para con judíos y homosexuales. Así, diversos testimonios explicaron las particulares condiciones a las que fue sometida Rebeca Sacolsky ya que según declarara Isabel Cerruti, "el Turco se ensañó mucho con ella por ser judía y la hacía gritar yo soy delincuente económica, facturo 50 en blanco y 50 en negro" y le hacía cantar el himno argentino para luego recriminarle que no dejaba dormir a sus compañeros. También le hacían gritar "soy una judía hija de puta", según lo relatado por Fernández Blanco (ver además lo declarado por Caride y Ghezan).

Otro tanto fue lo que ocurrió con Cristina Magdalena Carreño Araya, quien por su condición de ciudadana chilena fue duramente castigada noche tras noche (ver testimonio de Cerruti, Fernández Blanco y Ghezan, este último recordó que sus gritos eran una constante y que era una forma más de tortura).

A su vez, han sido varios los testigos que han relatado otras situaciones de mucha tensión, que caracterizaron como terribles y perversas, relacionadas con los feriados nacionales del 20 de junio y 9 de julio, en las que eran obligados a "festejar" cantando el himno en el centro, mientras se encontraban engrillados, para luego darles de beber chocolate caliente (ver testimonios de Rearte, Almeida, Cáceres y Lozano).

Asimismo, en el debate se señaló como otro escenario de estrés, las visitas que hizo el Comandante del Primer Cuerpo de Ejercito. De tal modo, los testigos remarcaron que cuando fue al centro el entonces General Suárez Mason, se cerraron todas las celdas, e inclusive se hizo volver a sus "tubos" a los integrantes del "consejo" (según los dichos de Almeida, Rearte y Caride).

Aquí, al igual que en "Atlético", se produjeron "traslados" como forma alternativa de generar vacancias en el centro, independientemente de la liberación. El mecanismo era prácticamente el mismo y de él han dado cuenta los testigos Bernal y Almeida.

Finalmente, numerosos testigos se explayaron sobre el procedimiento de mudanza al nuevo centro de detención "Olimpo", que tuvo lugar el día 16 de agosto de 1978 y que implicó el vaciamiento definitivo del "Banco".

Así, Isabel Fernández Blanco mencionó que "ahí estuvimos hasta el 16 de agosto, que nos dicen que enrollemos nuestras pertenencias, colchón, mantas, teníamos cada uno un jarrito, y que nos quedemos en esa situación en las celdas. Al rato vienen, nos van engrillando de a dos, un pie cada uno, con unas cadenas con candado, pasa un largo tiempo y nos ponen a todos con nuestras pertenencias en ese hall. Estábamos ahí parados como en fila india, y finalmente nos dicen que nos sentemos, que teníamos para rato y de ahí fuimos cargados en camiones, no sé, iríamos 40 ó 50 personas en ese camión. Me acuerdo que en el fondo de todo estaban Graciela y Jorge, y adelante íbamos Enrique y yo. Iban también, porque le costó subir, Celina Benfield, que iba engrillada con Isabel Cerruti".

Luego, Graciela Trotta en forma coincidente sostuvo que "una noche, nos ponen grillo con grillo, esposa con esposa, nos encapuchan, nos suben a un camión. Yo pensé que nos iban a matar (...) La panza mía estaba terrible, yo pensaba que lo iba a perder. Nos llevaron un tiempo en ese camión, de noche, se escuchaban llantos como muy silenciosos, había mucho olor, la gente se orinaba encima, nos bajaron en un lugar en el que pregunté dónde estamos, me dijeron en el Olimpo, el lugar de los dioses".

En igual sentido prestaron declaración en esta audiencia los testigos Lareu, Taglioni, Cerruti y Caride.

En consecuencia, el día 16 de diciembre de 1978 cesaron las actividades del centro clandestino "Banco".

III- "Olimpo".

Ahora sí, entramos a la última fase del circuito represivo, que tuvo lugar en la sede del centro clandestino de detención "Olimpo" y que se encontraba ubicado en la intersección de la calles Lacarra y Ramón L. Falcón del barrio porteño de Floresta (ver dichos de los testigos Villani, Taglioni, Paladino, Smoli y Braiza), donde funcionó anteriormente la División Mantenimiento de Automotores de la Policía Federal Argentina, bajo la jurisdicción del Área 5 de la Subzona Capital Federal de la Zona de Defensa I.

Concretamente en cuanto a la ubicación, Jorge Paladino dijo que "en ese período que estuve en la cocina, uno de los guardias me dice un día, era la mañana muy temprano, 'tenés que sacar la basura'. Agarro un tacho, se abre un portoncito metálico, 'llevalo y volvé rápido'. Veo que hay un tinglado, autos estacionados, un auto estaba con dos personas durmiendo adentro, miro a lo lejos, y veo un edificio que me parecía muy conocido, la estructura del edificio, los techos de chapa y construcción antigua. Estoy a 4 ó 5 cuadras de mi casa".

Por su parte, Emilia Smoli señaló que ella pudo reconocer la ubicación del lugar y que por ello "obviamente fui para ver, efectivamente, había un portón gris, y que el ruido que hacía ese portón era el que había escuchado yo cuando me llevaron. Me imaginé que era ese lugar; en la calle Lacarra había una confitería, iba ahí para ver si veía a alguien, lo que vi eran autos rojos que entraban y salía, y cada vez que sentía el ruido del portón, no tenía ninguna duda que había estado ahí".

El centro funcionó desde el 16 de agosto de 1978 (ver testimonios de Villani, Merialdo, Lareru, Cerruti, Caride y Fernández Blanco), hasta el mes de enero de 1979, que según los dichos de Villani y Merialdo su cierre habría coincidido con el cambio de comandancia del Primer Cuerpo de Ejército.

Durante su funcionamiento, el centro continuó bajo la dirección de Minicucci (ver los dichos de Villani, Merialdo, Lareu, Taglioni y Paladino).

En las actividades del centro intervenían las mismas fuerzas mencionadas respecto de "Atlético" y "Banco", a lo que se agregó la colaboración de la Gendarmería Nacional para la realización de las guardias tanto internas como externas. El testigo Ghezan nos relató que "la guardia en sí misma la hacían suboficiales de Gendarmería, no sé qué rangos o cómo se llama, muchos de ellos eran de la zona norte del país, Chaco, Formosa", a la vez que Villani afirmó que "una gran cantidad de los que había en el Olimpo eran de Gendarmería, Cortéz, Cardozo" (ver también lo declarado por Merialdo, Cerruti, Taglioni, Caride, Braiza y Fernández Blanco).

Este lugar fue la culminación del circuito represivo que había comenzado en "Atlético" y continuado transitoriamente en "Banco". Tan es así, que no sólo compartía con aquéllos a víctimas y victimarios -al menos en gran parte-, sino que tenía en su interior parte de su mobiliario. Al respecto, Daniel Merialdo declaró que "en agosto del 78, nos cambian al Olimpo. Las puertas del Olimpo eran las mismas del Club Atlético, por lo que deduzco que fuimos al Banco para hacer tiempo para construir ese otro lugar, donde ya estaba estructurado, pensado dónde estaba ubicado el lugar de la tortura, los baños, las celdas, para alojar mucha gente, torturarla y llevárselas en camiones en los traslados".

El centro fue descripto en el informe "Nunca Más" elaborado por la CONADEP del siguiente modo: "[p]ortón de acceso de acero, posiblemente rojo. Un tinglado de chapa de unos 10 metros de altura cubría casi todas las dependencias. Éstas eran nuevas, de unos 3 metros de altura, con techo de cemento, donde estaban dos o tres guardias. Se entraba por la guardia. Los traslados se hacían por una puerta de dos hojas, a la izquierda de ésta había una imagen de la Virgen. Un sector de incomunicados con grandes ventanas ojivales, tapadas con mampostería, dejando libre sólo una parte superior. Salita de torturas, letrinas. Del otro lado otra sala de torturas, una celda, un laboratorio fotográfico y dactiloscópico, una oficina de operaciones especiales. Una cocina y un comedor enfrente. Una enfermería para curaciones y otra para internaciones. Sala de archivo y documentación, otra para rayos X. Tres pasillos con celdas, cada línea de celdas tenía un baño con una cortina como puerta, en la tercera línea había un lavadero y duchas. Un cuarto de guardia con ventana hacia la playa de estacionamiento. Una habitación mayor se usaba para reparar los artículos del hogar, eléctricos y electrónicos robados en los allanamientos" (CONADEP, "Nunca Más", Editorial Eudeba, Buenos Aires, año 2006, octava edición, pág. 83/85).

Los testigos que declararon en el debate aportaron consideraciones similares que confirman la descripción que del lugar efectuara la CONADEP. Así, Isabel Cerruti dijo que "el sector de población era de dos hileras, dos sectores de celdas, celdas enfrentadas con un pasillo en el medio. En el medio de cada sector, de cada fila, en el centro había un baño, dos baños enfrentados, tenían cortinas. Los dos sectores eran así. En el medio de esos dos sectores de celdas había un lavadero, ahí tuvimos oportunidad de ver, porque al final del lavadero estaban las duchas (...) [y que cuando] llegamos a Olimpo, era gigante, con olor a cal fresca, construcción nueva o pintado recientemente.".

Por su lado, Isabel Fernández Blanco expresó que "era un lugar húmedo, se notaba que la construcción era muy nueva, era frío, muchísimo frío (...) eran 10 celdas de cada lado y eran 5 letrinas y continuaban las celdas. En el sector de incomunicados había 5 celdas y el quirófano" y Enrique Ghezan añadió que "vamos a un lugar totalmente preparado para ser centro de detención, lo inauguramos, había estado en obra, había restos de cemento, era recientemente finalizada (...) el Olimpo fue hecho, programado, construido para ser centro de detención. Tenía sector de incomunicados, celdas de población, todo sobre edificios nuevos".

Finalmente, Porfirio Fernández manifestó que "cuando nos llevaban a las duchas yo observaba que era un lugar con techo a dos aguas, pero de zinc, y que tenían una particularidad, parecía un galpón".

El ingreso de detenidos era un procedimiento similar al utilizado en "Atlético" y "Banco". Los secuestrados llegaban "tabicados" al centro, ingresando en vehículos a través de un portón pesado metálico (dichos de Paladino, Smoli y Guillén), que daba a una gran playa de estacionamiento (testimonio de Guillén). Luego, eran llevados a la oficina de ingreso, donde eran interrogados por sus datos y se les asignaba la nueva identidad, consistente en una letra y un número, para posteriormente, ser conducidos al "quirófano".

En este primer tramo del centro, muchos de los testigos -entre ellos Villani, Paladino, Marquat, Braiza y Guillén- mencionaron que había una imagen de la Virgen de Luján. En ese sentido, Julio Lareu expresó que "en el Olimpo [había una] imagen de la Virgen de Luján, una estatuilla, entonces me encargué de hacer el lugar sobre el cual estaba exhibida, y de lustrarla. Era una ironía porque yo no profeso la religión".

Luego, lo que ocurría en la sala de tortura no distaba del trato al que eran sometidos los secuestrados tanto en "Atlético", como en "Banco". Sin embargo, una característica distintiva de este CCD, era que en el "quirófano" había un cartel que rezaba "Bienvenidos al Olimpo de los Dioses" (ver testimonio de Fernández Blanco), lo que es coincidente con los dichos de Elsa Lombardo, en cuanto le dijo uno de los secuestradores que estaban en el "Olimpo, el lugar de los dioses".

Al igual que sus antecesores, el CCD contaba con una "enfermería" con piso de cemento color rojo y paredes sin revocar. En esa sala había medicamentos, material mínimo instrumental y una máquina para tomar agua, como las que suele haber en las heladerías (testimonios de Trotta y Taglioni).

Las celdas o "tubos" eran de mayores dimensiones que las de los otros centros, y podían ser alojadas de a dos personas (ver declaraciones de Lareu y Ponce). Jorge Paladino aportó en el debate la siguiente descripción de los calabozos, dijo que "me arrojan en un cuarto chico y siento que se cierra una puerta metálica. A la mañana veo que es una habitación de uno por dos metros, con dos cuchetas, la puerta tenía una clarabolla en la parte superior".

Otro rasgo distintivo de este centro, es que en los "tubos" las parejas eran alojadas conjuntamente, así según lo afirmado por los testigos Ghezan, Fernández Blanco y Guillén.

Había otra sección de celdas que estaban al lado del "quirófano" o sala de torturas, que correspondía a los incomunicados. Jorge Braiza señaló al respecto que "a todas las personas que detenían, las llevaban a la sala de torturas, y uno escuchaba o veía, sentía todo el acontecimiento de llevar a la persona, atarla. El hecho de poner música. Había una radio, el guardia escuchaba chamamé. Cada vez que torturaban, aumentaban el volumen de la radio. No se escuchaba lo que hablaban, sí los gritos". Sobre este sector se refirieron en sus declaraciones Mario Villani, Enrique Ghezan, Isabel Fernández Blanco y Jorge Paladino, entre otros.

En el centro también había una Oficina de Inteligencia, en donde se reunía información obtenida con motivo de la tortura o de los procedimientos realizados por las "patotas". Susana Caride dijo conocer su existencia debido a que la "sacaban a escribir a máquina y a veces la máquina estaba en la Oficina de Inteligencia, donde al lado estaba el hospital, y ahí nomás enfrente la cocina, comedor y demás, era bastante chico. Se sabía que era la oficina de inteligencia porque ahí había pizarrones con algunas inscripciones de los cuadros como bajaba, de Montoneros, ERP, de cómo bajaban o cómo estaba el organigrama de ellos. En un momento dado, a la noche, estaba Acosta escribiendo, y había un fichero, con nombres, y buscaba el nombre de mi marido. Ahí vi los nombres de Wenceslao Caballero y Rodolfo Walsh y al lado tenían una cruz, no sabía si habían estado ahí. Era una especie de fichero. Yo buscaba el apellido de mi marido, y en el pasaje de eso pase esos dos nombres, a los que conocía".

Mario Villani sostuvo que la referida oficina se dedicaba a desarrollar trabajos de inteligencia sobre lo que señaló como "una supuesta conjura sionista" y que era manejada por el sujeto identificado como Soler. A su vez, declararon sobre ella, los testigos Paladino y Braiza.

También en este CCD había detenidos que pertenecían al llamado "Consejo", que se ocupaban de realizar tareas de limpieza, enfermería, cocina, asistencia a demás víctimas y reparación de elementos que eran apropiados por las "patotas" en los operativos que efectuaban.

Susana Caride nos relató que "había un taller donde se reparaban desde la picana hasta las cosas que se robaban". Mario Villani, por su parte, nos ilustró sobre sus tareas en el taller en cuestión. Así, declaró en el debate que "arreglaba y reparaba los equipos que robaban, los electrodomésticos, e incluso los problemas eléctricos que podrían producirse. Lo que pasa es que la mayor parte de los aparatos que reparé me lo pedían los represores, muchos de ellos se los robaban en los secuestros, pero también podía ser de su propiedad y aprovechaban la mano de obra esclava". Sobre la existencia del taller de reparaciones, también depusieron en esta instancia los testigos Cerruti, Lareu y Ghezan, entre otros.

En cuanto a las demás funciones del "consejo", el testigo Paladino declaró sobre el reparto de comida entre los secuestrados -aclarando que los platos tenían la inscripción de la Policía Federal-, mientras que Villani se refirió a las tareas de lavandería que eran realizadas por Lucía Deon, quien le dejaba en el taller a su hijo de 4 ó 5 años para que jugara o dibujara (Caride, Merialdo, Cerruti, Guillén y Fernández Blanco, también mencionaron a otros tantos menores de edad secuestrados en el centro).

Por otra parte, había un laboratorio de documentación y fotografía, en el que los miembros del "consejo" también realizaban tareas (declaración de Cerruti). Merialdo dijo en el oralidad que "a mí me hicieron sacar fotografías de algunos represores, para que hiciera DNI, las cámaras, por lo que me dijo Colores', eran producto del saqueo. Habían montado un laboratorio y me pedían a mí que saque fotos de los grupos operativos para hacerse sus documentos falsos".

Los integrantes del "consejo" también organizaban funciones de teatro para el resto de los detenidos. Taglioni señaló que "se hacían puestas en escena, donde presos del consejo hacían obras de teatro, y se presentaban algunos espectáculos, en el mismo pasillo donde a cada lado estaban los tubos". Sobre ello también declararon Villani y Guillén.

Era frecuente también la organización de "peñas" o "cantos", en los que los detenidos, sean o no del "consejo", eran puestos en los pasillos a presenciarlos (testimonios de Taglioni, Cerruti, Trotta, Brull, Guillén y Paladino).

El trato para con los detenidos era mejor que el dispensado en "Atlético" y "Banco". Había como un "relajamiento" en las condiciones de detención. Las puertas de las celdas no permanecían todo el tiempo cerradas y las víctimas tenían más posibilidades de hablar entre sí (ver testimonios de Cerruti y Lareu).

Al respecto, Susana Caride declaró "el lugar era más amplio, tuvimos oportunidad de vernos un poco más nosotros y ver a los represores. Sí, fue totalmente distinto, primero porque nos empezamos a ver un poco más cuando nos llevaban a bañarnos (...) Fue más relajado, depende del humor de la patota en su momento. Tal vez podían estar relajados, nos sacaban a la puerta del tubo, podía venir Julián con algún cigarrillo (...) También los que nos cuidaban, que eran gendarmes que venían de la frontera, que apenas hablaban castellano, guaraní, gente humilde, ellos no nos podían torturar, si sacarnos a hacer flexiones". A su turno, Jorge Taglioni, ante estos estrados, calificó la situación como "de bonanza" o "de menos apriete".

Las condiciones de higiene eran mejores a la de los otros CCD, pues a los detenidos se les permitía asearse casi diariamente. Con relación a ello, Jorge Braiza manifestó "casi todos los días nos llevaban a bañar. Se formaba un trencito, una fila india, cada uno agarraba su cepillo de dientes, que lo teníamos dentro del tubo, nos bañábamos en las duchas y al lado había un piletón y también la lavandería. En el piletón nos afeitábamos con una maquina de afeitar 10 ó 15 compañeros, en el momento de las duchas era donde más compañeros veíamos, no estábamos tabicados" (ver a su vez los dichos de Paladino).

Incluso el trato a las mujeres embarazadas era mejor y así puede apreciarse del testimonio de Enrique Ghezan, quien refirió que aquéllas "tenían algún tipo de protección, o mejor comida, mejores condiciones, mi mujer estuvo embarazada, y en algún momento la sacaron a tomar sol, alguna pastilla de vitaminas le dieron" (ver también declaraciones de Villani y Fernández Blanco).

En sentido similar, Graciela Trotta dijo que "dos veces me sacaron del Olimpo para vacunarme a mí y a Lucía. Nos llevaron a un lugar que quedaba cruzando una plaza y era una sala o un hospital. No sé cómo era, iba sin capucha pero me ponían lentes oscuros con cinta adentro, así no veía. Nos vacunaron 2 ó 3 veces, una de las veces, un tal Nito nos llevó a una iglesia, la de Lourdes, que todavía está con la misma Virgen, y él nos hizo ponernos agua bendita. Nos llevó de nuevo al campo, y antes pasamos por una casa con portón blanco, jardín grande, construcción nueva".

Precisamente, la referida testigo mencionó una situación particular con relación al parto y que se sumó al trauma experimentado con motivo de su detención en esas condiciones. Relató la nombrada que "Nito, cuando tuve las contracciones me sacó una foto con una cámara Polaroid y se la quedó él. La mitad de la cabeza afuera de mi hijo, gritando del dolor, con contracciones. Horas antes nos habían puesto a un montón de compañeros en fila y nos dijeron que íbamos a salir en libertad. En ese momento yo rompí bolsa y a partir de ahí los dolores del parto fueron totalmente dolorosos, fue un parto seco, estuve así todo el día, hasta que finalmente en algún momento de la noche, con camisón y un par de botas, en pleno mes de enero, deciden sacarme del campo (...) y me dejaron en un banco de la maternidad Sardá". Lo dicho fue corroborado también por los testimonios de Taglioni, Cerruti, Fernández Blanco y Ghezan.

Sin embargo, el trato para con los secuestrados también se endurecía periódicamente. Así, Mario Villani comentó que después de una de las funciones de teatro mencionadas anteriormente, "se cierran todas las puertas de los tubos, entra un grupo de guardias, sería 4 ó 5, abren una celda, en la cual había una pareja, la hacen salir y los hacen pelear entre ellos duramente. Como no estaban conformes con el nivel de violencia empleado por la pareja, los empezaron a agarrar a cadenazos, los dejan muy mal trechos y los devuelven a las celdas. Imagínense el resto de la población que acaba de asistir a la función de teatro, vueltos a encerrar en las celdas, estaban escuchando los gritos, los golpes, los lamentos de esta escena, y lo mismo sin saber a quién le iba a tocar después".

Asimismo, de los testimonios de Taglioni y Fernández Blanco surge la brutalidad a la que eran sometidos todos los cautivos y, especialmente, José Liborio Poblete. Susana Caride describió el trato sumamente degradante del que era objeto el nombrado. Expresó que "con Poblete fue tan cruel, que le faltaban las dos piernas, lo hemos declarado, la brutalidad con lo que hicieron a Poblete, desde hacerlo caminar con muñones, de subirlo a una pirámide humana y tirarlo, no solamente el goce de ver a una persona en esas condiciones, para ellos el problema es que este chico era chileno".

Luego, Caride, Fernández Blanco y Brull, mencionaron que Daniel Retamar además de ser torturado era sometido sexualmente. La misma Caride especificó que "era un chico de 15 años, lo trajeron al Olimpo, donde fue torturado y violado por Juan Antonio del Cerro".

Otra actitud siniestra y degradante por parte de quienes se desempeñaban en el CCD, era hacer presenciar la celebración de la misa a personas que se encontraban clandestinamente detenidas en las condiciones descriptas (así, los dichos de los testigos Fernández Blanco, Ghezan y Paladino).

Por otra parte, los "traslados" continuaron siendo el mecanismo por excelencia para liberar el cupo de detenidos en el centro y dar muerte a los prisioneros seleccionados. De ellos han dado cuenta Paladino, Braiza, Trillo, Fernández Blanco y Villani, en sus respectivas declaraciones ante esta instancia.

Las testigos Caride y Cerruti expresaron que con motivo del "traslado" del que fue objeto José Poblete, su silla de ruedas había quedado tirada en la playa del "Olimpo".

Finalmente, y con motivo del cierre del centro, se realizó un último "traslado" a principios de enero de 1979, mientras que las demás víctimas fueron llevadas a otro centro clandestino de detención.

Al respecto, Mario Villani señaló que "mi siguiente etapa, mi paseo por los campos fue cuando cierran, cuando se cierra el Olimpo, supuestamente porque el grupo de tareas había estado siempre al mando de la gente de Suárez Mason, y cuando Suárez Mason deja de comandar el Primer Cuerpo, y asume Galtieri, la gente de Olimpo, con Minicucci a la cabeza, se creían que venían las palomas, los mano blandas, y no estaban dispuestos a dejar el campo en manos de las palomas. Entonces vaciaron al Olimpo, hicieron un traslado de prisioneros, traslado que como todos sabemos indicaba la muerte, y a los del Consejo que quedábamos nos llevaron a lo que era División Cuatrerísmo de Quilmes"

Las actividades del "Olimpo" cesaron en el mes de enero de 1979 (declaraciones de Villani y Merialdo), dando por finalizado el circuito represivo.

C) Consideraciones previas al tratamiento individual.

Ahora bien, sentado cuanto precede, corresponde que nos adentremos al tratamiento de cada caso puntual.

Así es que, con excepción de aquellos identificados bajo los nros. 182, 183 y 184, lo cierto es que en el resto de los eventos que fueron traídos a juicio y tal como los describió la acusación, el marco de imputación se encuentra delimitado por lo ocurrido dentro del centro clandestino de detención que sucesivamente funcionó en las sedes del "Atlético", "Banco" y "Olimpo".

Por esa razón, a medida que avancemos en el estudio de cada caso en particular, habremos de evaluar la prueba rendida a efectos de determinar la fecha de ingreso al circuito, los lugares donde permaneció cautivo y la fecha de limitación de ese período. En los casos en que la víctima recuperó su libertad, ésta será la fecha de finalización. En cambio, para aquellos que al día de hoy permanecen desaparecidos, habrán de utilizarse referencias temporales concretas que aporten otros testigos o, incluso, familiares, a los efectos de limitar los períodos en cuestión.

D) Hechos en particular.

Caso nro. 1: Pablo Pavich

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria respecto de los delitos sufridos por el nombrado, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia, con las salvedades que se efectuarán.

Para ello, valoramos los testimonios prestados durante el debate por Ana María Careaga, Jorge Alberto Allega, Miguel Ángel D'Agostino, Julio Eduardo Lareu, Daniel Aldo Merialdo, Isabel Teresa Cerruti, Susana Leonor Caride, Jorge Augusto Taglioni, Graciela Irma Trotta, Isabel Mercedes Fernández Blanco y Carlos Enrique Ghezan, quienes fueron absolutamente contestes entre sí al afirmar la presencia del nombrado privado ilegítimamente de su libertad en "Atlético", "Banco" y "Olimpo", atribuyéndole de manera coincidente apodo, función asignada en el centro y jerarquía dentro de la organización política.

En lo que hace a la alegada contradicción de los testigos al momento de referirse al damnificado, entendemos que dicha circunstancia no puede presentarse como un obstáculo para dar por probados los hechos esgrimidos por la parte acusadora, pues si bien no desconocemos que tanto Cerruti como Merialdo lo identifican con un apodo distinto, lo cierto es que al aportar otras características del nombrado coinciden con el resto de los testigos al referirse a las funciones que tenía asignada dentro del centro clandestino, la pertenencia y el grado dentro de una organización política, y el tiempo que llevaba detenido. Sobre estos aspectos hay coincidencia absoluta entre todos ellos.

En lo que hace al vínculo con el apodo Pascual, lo cierto es que la totalidad de los testigos antes mencionados, con la excepción de aquellos referidos en el párrafo que antecede, lo han identificado de esta forma. A ello le sumamos los listados confeccionados por Cid de la Paz-González y el de Villani. Además, no podemos dejar de valorar lo manifestado por Juan Antonio Del Cerro a fojas 1138 vta. del legajo de prueba nro. 119, lo que termina por conformar un cuadro probatorio suficiente para vincular estos dos elementos.

En base a la prueba testimonial analizada, le daremos, tal como lo hizo la Fiscalía en esta instancia, fecha de ingreso al circuito desde que tenemos acreditada su permanencia a partir de testimonios de víctimas sobrevivientes que así lo corroboren (Careaga, Allega y D'Agostino). Con ello queda descartado el agravio de la Dra. Blanco relativo a la inconsistencia de la delimitación de la fecha de ingreso al centro del nombrado.

En lo que hace a las circunstancias en las que se habría procedido a su detención y los lugares donde estuvo previamente, exceden el marco procesal por el cual se encuentran elevadas las presentes actuaciones y además, la no comprobación de hechos anteriores ajenos a esta causa de ninguna forma puede constituir óbice de verdad.

Por otro lado, y en base a los dichos de Ghezan y Fernández Blanco, tenemos la certeza necesaria para afirmar que el nombrado fue trasladado el día 6 de diciembre del año 1978, de modo que hasta esa fecha se extenderá su privación de libertad. Ello se corrobora además con la información volcada en los listados confeccionados por Cid de la Paz- González y Villani.

A su vez, no puede pasarse por alto la prueba documental que fuera arrimada al sumario, específicamente el legajo de prueba nro. 148 y el legajo CONADEP nro. 6803, todo lo cual apoya aún más lo dicho hasta el momento.

La defensa alega una posible contradicción con las manifestaciones efectuadas en dichos anexos por su hermana y Perigallo, pues ambos indican como fecha de desaparición de Pavich el día 6 de diciembre del año 1978. Mas dicha posibilidad cae de plano al contrastar que esa fecha es la que se prueba, tal como quedara plasmado supra, como día de "traslado" del nombrado, es decir, desde la fecha en la que se carece de noticias de Pavich. Se vislumbran fácilmente los motivos por los cuales los nombrados aportaron ese día.

En definitiva, y por las razones brindadas con anterioridad, es que tenemos por probada la privación ilegítima de la libertad de Pablo Pavich y su cautiverio en los centros clandestinos de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo", desde el mes de junio del año 1977 hasta el 6 de diciembre del año 1978.

Caso nro. 2: Mónica Marisa Córdoba

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria en relación a los delitos sufridos por la nombrada, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Valoramos para ello el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por la damnificada Córdoba lo que, por sí solo, resulta suficiente para acreditar tales extremos. Lógicamente, dicha afirmación puede mantenerse a partir de la veracidad de su testimonio, lo que se apoya en lo circunstanciado, coherente y minucioso de su relato. Corrobora aun más tal tesitura, las coincidencias y correlatos existentes entre sus descripciones y aquellas circunstancias que tuvimos por probadas en la parte general de este apartado. Entre ellas, destacamos lo relativo al camino recorrido hasta llegar al Atlético (Córdoba vivía por la zona y describió minuciosamente el trayecto realizado en el auto), la existencia de una escalera, la metodología de castigo corporal aplicada, la identificación de secuestradores ("Colores"), el detallado relato de la aplicación de picana y la forma en la que la acondicionaron para dicha tortura, la distribución física del lugar (leonera, sala de tortura), la forma en la que fue identificada (letra y número), la extensa mención de víctimas detenidas, la forma en la que era llevada al baño y, finalmente, la metodología de liberación.

Además, destacaremos lo narrado por Córdoba en relación a Adriana Marandet de Ruibal, pues tanto la fecha de detención de esta última, como las circunstancias del procedimiento que, como veremos a continuación se encuentran debidamente acreditadas, son coincidentes con los datos aportados por Mónica Marisa Córdoba.

Por las razones brindadas, es que los argumentos utilizados por la defensora oficial a efectos de contrarrestar la acusación, no pueden erigirse como válidos pues la víctima tan sólo creyó que el lugar de detención quedaba en otro lugar, y eso previo a todo tipo de investigación, ya sea jurisdiccional o no. No dijo que era en otra ciudad, ni en otro barrio, era a 3 cuadras. Pero además dentro de las identificaciones que realizó coinciden, tal como quedara plasmado en los párrafos anteriores, con los aspectos acreditados en la parte general de este apartado.

Estas circunstancias se encuentran a su vez corroboradas con la documental arrimada al sumario, puntualmente el legajo de prueba nro. 264 y legajo CONADEP nro. 4260.

En definitiva, tenemos por probado que Mónica Marisa Córdoba fue privada de su libertad desde el día 16 de febrero del año 1977, alojada en el centro clandestino de detención el "Atlético" y, finalmente, liberada el día 19 de ese mismo mes y año.

Caso nro. 3: Adriana Claudia Marandet

Tenemos la certeza que esta instancia procesal requiere para dar por acreditados los extremos vertidos por el Sr. Fiscal, que fueron similares a los planteados por el Dr. Delgado al momento de requerir la elevación a juicio de la presente causa.

Valoramos principalmente los testimonios prestados Mónica Marisa Córdoba, Ana María Careaga, Jorge Alberto Allega, Marcelo Gustavo Daelli y Adriana Claudia Trillo, quienes fueron coincidentes al afirmar la presencia de Marandet en el Atlético, su apodo y las funciones asignadas dentro del centro.

Además, hemos escuchado el relato de Marcela Hebe Marandet y Beatriz Elena Bobes de Marandet, hermana y madre de la víctima respectivamente, quienes narraron de una forma precisa y circunstanciada los términos del procedimiento mediante el cual detuvieron a la víctima. Además, fueron sumamente esclarecedoras en lo que hace a la descripción del homicidio de Eduardo Ruibal, esposo de Adriana Marandet, lo que resulta absolutamente coincidente con las circunstancias relatadas por la víctima a Mónica Marisa Córdoba al momento de ingresar en el "Atlético".

En lo que hace a la vinculación del apodo con la víctima, fueron contundentes sus familiares al aportarlo, al igual que Córdoba, quien conocía a la víctima con anterioridad por compartir militancia política en la Unión de Estudiantes Secundarios. Córdoba incluso fue sumamente clara y abundó en detalles al hablar de Marandet, dijo concretamente que todas las personas a las que había nombrado durante su declaración eran militantes secundarios de entre 17 y 18 años, circunstancia ésta corroborada por los datos personales que se desprenden de la víctima, aportados por sus familiares en esta audiencia y en el legajo CONADEP, entre las que destacamos su propia partida de nacimiento obrante a fojas 68 de esas actuaciones.

Sobre este último punto se agravió la defensa oficial, argumentando que Careaga ni Allega aportaron la razón de sus dichos, pero lo cierto es que el vínculo entre "Pacha" y el nombre quedó demostrado en el párrafo precedente, por lo que no puede erigirse como obstáculo válido la argumentación defensista, pues se pierde el agravio concreto de cada prueba al analizar el marco probatorio en su totalidad.

Respecto de la fecha en la que se produjo su detención, la misma fue aportada por los familiares que depusieron en el debate y corroborada además por la frondosa prueba documental de la que, a modo de ejemplo, puede mencionarse los siguientes elementos: la autorización para entregar el cadáver de Ruibal firmada por el Coronel Roualdes de fojas 3 del legajo 121, el informe del Cuerpo Médico Forense relativo a la recepción del cuerpo el día 18 de febrero del año 1977 obrante a fojas 212 del legajo mencionado, la constancia de fojas 277 del mismo legajo en la que se asienta la fecha del operativo en la que resultó herido Baigorria (y detenida Marandet) y declaración testimonial de Baigorria de fojas 237/238. Además, esa fue la fecha denunciada en las causas nro. 42.831, 13.061 y en el sumario 553 del Consejo Especial Estable de Guerra. En éste último incluso obran constancias a fojas 1/3 de actas labradas el mismo día del procedimiento.

En relación a la fecha hasta la que se extendió su privación, careciendo de prueba testimonial referida al "traslado" de la nombrada u otros elementos que nos permitan extender el período, habremos de utilizar la fecha de ingreso de la última víctima sobreviviente que la vio, ella esa Ana María Careaga.

A su vez, no podemos pasar por alto que idénticas cuestiones fueron probadas en el marco de la causa nro. 13/84 del registro de la Cámara Federal de esta ciudad en el caso nro. 437 e, inclusive, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del año 1979 (ver caso nro. 2327).

Finalmente, hemos analizado la prueba documental aportada a este legajo -al margen que aquellas constancias que se consideraron más relevantes ya fueran citadas en el desarrollo del caso-, todo lo cual resulta coincidente con las cuestiones hasta aquí mencionadas. Específicamente el legajo de prueba nro. 121, los legajos CONADEP nros. 2894 y 2896, el legajo REDEFA nro. 25, la causa nro. 43831 caratulada "Marandet Adriana Claudia, Privación ilegítima de la libertad a ésta. Denunciante Bobes de Marandet Beatriz Elena" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 4 con fecha 29 de agosto de 1977, el sumario 553 del año 1977 nro. 5005/4 identificado como "Proceso instruido a Eduardo Edelmiro Ruibal y otros acusados de Atentado y Resistencia a la Autoridad, Lesiones, Homicidio, Privación ilegítima de la Libertad y robo" el cual tramitó ante el Consejo de Guerra Especial Estable Nro. 1/1, Juzgado de Instrucción Militar Letra 5N7 y el expediente nro. 12242 caratulado "Marandet Oscar Ramón privación Ilegítima de la Libertad según denuncia de Bobes de Marandet Beatriz Elena" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 13, Secretaría nro. 138.

Como última reflexión en torno a la prueba documental aportada, debe decirse que ni el listado de Villani ni el de Cid de la Paz y González nombran a la víctima. Cuestión lógica, a criterio de este tribunal y a diferencia de lo esgrimido por la Dra. Blanco, si se tiene en consideración las fechas de ingreso de los nombrados al circuito represivo, lo que nos lleva a entender que la víctima que ellos identifican como Pacha en su informe sea otra persona, no identificada en estas actuaciones, y ajena al objeto procesal.

Por todo lo expuesto hasta el momento, es que tenemos por probado que Adriana Claudia Marandet fue privada de su libertad el día 17 de febrero del año 1977, alojada en cautiverio en el "Atlético" hasta, por lo menos, el día 13 de junio de ese mismo año.

Caso nro. 4: Roxana Verónica Giovannoni

Damos por acreditados los extremos fácticos descriptos por el Dr. Alagia en su alegato final, que son idénticos a los expuestos por el Sr. Fiscal de la anterior instancia en su pieza acusatoria.

Para ello, tenemos en especial consideración los testimonios prestados durante el debate por Marco Bechis, Marcelo Gustavo Daelli, Gabriela Beatriz Funes y Ricardo Hugo Peidró, quienes fueron absolutamente contestes al explicar la presencia de Giovannoni en el Atlético, siendo coincidentes al identificarla a través de su apodo, carrera universitaria que cursaba y funciones asignadas en el lugar donde se encontraba cautiva. Los primeros dos aspectos fueron ratificados en el debate por su padre, de modo que en lo atinente a la vinculación no existen resquicios de duda.

Por los argumentos que serán dados al tratar los casos de Funes, Peidró y Daelli, no puede prosperar el agravio introducido por la señora defensora oficial pues los testimonios brindados por los nombrados no serán descalificados como ella lo pretende y en consecuencia se erigen como prueba de utilidad al tratar el presente caso.

Además, llama la atención que la defensora alegue que el testigo Marco Bechis siquiera la había mencionado en su declaración, cuando éste no sólo la refirió como detenida dentro del centro, sino que tuvo contacto con ella a quien, además, conocía con anterioridad. Excepcionalmente, y dada la contundencia de sus palabras, recordaremos la forma en la que se refirió a la nombrada: "Durante la limpieza de las celdas, había prisioneros que baldeaban y daban la comida, entró en la celda Roxana Giovannoni, yo la conocía como Muñeca, una compañera de escuela, de militancia, ella había estado durmiendo un tiempo en mi casa, me levanta la venda... me dijo tres cosas muy contradictorias. La primera, no mientas es buena gente. La segunda me dijo vos viste a Alejo, que era su novio, y lo había visto una semana antes, y él me había comentado que ella estaba secuestrada. Yo le dije que no lo había visto. La tercera parte, contradictoria, fue decirme si lo ves decile que se escape porque lo están buscando en todos lados.Fue el único encuentro que tuve con ella. Nunca tuve rencor porque me haya denunciado. Nunca voy a juzgar que habla bajo tortura, me parece más importante juzgar a los que torturaban.". Automáticamente queda rebatido el argumento introducido por la defensa.

En lo que hace a la detención de la damnificada, su propio padre, Jorge Alberto Giovannoni, prestó declaración en la audiencia de debate y brindó numerosos detalles del procedimiento llevado a cabo en la pizzería sita en la intersección de la avenidas Triunvirato y Olazábal de esta ciudad capital, y ratificó concretamente el día en que se la secuestró. Inclusive la fecha aportada fue la misma que el nombrado indicó en las cercanías de la detención (ver fojas 1/3 de la causa 170, 2/4 de la 11.364, 17 de la 12.963 y 1/3 y 13/16 del legajo de prueba nro. 230).

En relación a la fecha hasta la que se extendió su privación, careciendo de prueba testimonial referida al "traslado" de la nombrada, habremos de utilizar las concretas manifestaciones de la testigo Funes que, el día que ella es privada de su libertad tuvo contacto con Giovannoni y, después, nunca más la vio.

Por último, hemos valorado la prueba documental aportada para este caso concreto, específicamente el legajo de prueba nro. 230, el legajo CONADEP nro. 526, la causa nro. 12.963 caratulada "Giovannoni, Jorge Alberto s/denuncia de privación ilegal de la libertad en perjuicio de Roxana Verónica Giovannoni" del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 20, Secretaría nro. 160, el expediente nro. 37.533 caratulado "Giovannoni, Jorge Alberto s/denuncia de privación ilegítima de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 10, Secretaría nro. 129, la causa nro. 11.364 caratulada "Giovannoni, Jorge Alberto interpone recurso de hábeas corpus en favor de su hija Roxana Verónica Giovannoni" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2, Secretaría nro. 5 y el expediente nro. 170 caratulado "Giovannoni, Roxana Verónica s/recurso de hábeas corpus" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 3, Secretaría nro. 7.

En definitiva, tenemos por probada la privación ilegítima de la libertad de Roxana Verónica Giovannoni desde el día 28 de febrero del año 1977 hasta, al menos, el día 10 de mayo de ese mismo año, y su cautiverio dentro del centro clandestino de detención el "Atlético".

Caso nro. 5: Teresa Alicia Israel

Tenemos suficientemente probadas las circunstancias de hecho relatadas por el Dr. Alagia al momento de formular su acusación final, de idéntico tenor a las descriptas por el Sr. Fiscal de la anterior instancia en su requisitoria inicial.

Resultan de fundamental relevancia los testimonios brindados en esta instancia por Delia Barrera y Ferrando, Ana María Careaga, Jorge Alberto Allega, Fernando José Ángel Ulibarri, Miguel Ángel D'Agostino y Marcelo Gustavo Daelli, todos ellos coincidentes entre sí y suficientes para acreditar la estancia de Israel en el "Atlético" y al referirse a ella a través de su apellido, profesión, actividad concreta, partido político al que asesoraba jurídicamente, tiempo que duró su cautiverio, entre otros aspectos.

En lo que hace a su detención, prestaron declaración testimonial en el debate sus hermanos Mirta y Héctor Eugenio, quienes narraron de una forma detallada las condiciones en las que se llevó adelante el procedimiento en la vivienda familiar, ratificando fecha en la que se produjo y los aspectos destacados a los que hicieron referencia los testigos sobrevivientes (la fecha incluso es la mantenida en las diversas peticiones judiciales presentadas en la cercanía del procedimiento -ver causas 13.149, 1, 2497 y 2544 y fojas 10, 33 y 301, entre tantas otras, del legajo de prueba nro. 120).

En relación a la fecha hasta la que se extendió su privación, careciendo de prueba testimonial referida a la ubicación temporal del "traslado" de la nombrada, habremos de utilizar la fecha de ingreso al circuito represivo de Ulibarri, pues es el único dato certero que al respecto se tiene.

Hemos analizado la prueba documental aportada a este legajo, todo lo cual resulta coincidente con las cuestiones hasta aquí mencionadas. Específicamente el legajo de prueba nro. 120, el legajo CONADEP nro. 1730, el expediente nro. 2544 caratulado "Israel Teresa Alicia s/hábeas corpus", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra "A", la causa nro. 2497 caratulada "Israel, Teresa Alicia s/hábeas corpus" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia letra "A", el expediente nro. 1/78 caratulado "Israel, Teresa Alicia s/hábeas corpus en su favor" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Secretaría nro. 16 y, por último, la causa nro. 13.149/77 caratulada "Berestetzky de Israel, Clara s/interpone recurso de hábeas corpus en favor de Teresa Alicia Israel" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 17, Secretaría nro. 151.

A su vez, no podemos dejar de mencionar que idénticas cuestiones fueron probadas en el marco de la causa nro. 13/84 del registro de la Cámara Federal de esta ciudad en el caso nro. 82.

Por otro lado, y en lo que hace a las pretendidas contradicciones esgrimidas por la Dra. Blanco, lo cierto es que muchas de ellas fueron ya valoradas al momento de evaluar la prueba en el marco de la causa nro. 13/84 arribándose de igual forma a la conclusión descripta en el párrafo que antecede, siendo además que los datos aportados por familiares y víctimas que fueron destacados como incoherentes por la letrada responden a un momento histórico en el que la falta de información concreta lógicamente llevaba a los familiares a mantener hipótesis sin ser corroboradas fehacientemente (nótese incluso que la manifestación del padre de Israel de fojas 792 del legajo de prueba nro. 120 fue rectificada por la propia CONADEP a fojas 834 de ese mismo legajo).

En lo atinente al agravio introducido por la defensora en relación a la información aportada por testigos que en anteriores declaraciones no había sido brindada, habrá de estarse a lo manifestado en el considerando tercero de la presente, a su respecto.

Por todo ello, y valorando la prueba de este caso en una forma global, es que tenemos por probada la privación ilegítima de la libertad de Teresa Alicia Israel desde el día 8 de marzo del año 1977 hasta, por lo menos, la primer semana del mes de noviembre de ese mismo año y su cautiverio dentro del centro clandestino de detención el Atlético.

Casos nros. 6, 7, 8 y 9: Carmen Elina Aguiar, Alejandro Francisco Aguiar Arévalo, Alejandra Lapacó y Miguel Ángel Butti Arana

Tenemos probadas las circunstancias de hecho expuestas por el Sr. Fiscal de juicio en su alegato final, las que fueran relatadas al transcribir el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Sr. Fiscal de la primera instancia.

Valoramos principalmente los testimonios prestados en el desarrollo del debate por Aguiar y Aguiar Arévalo, quienes relataron de una forma precisa y circunstanciada el procedimiento llevado a cabo en la casa de la primera de las nombradas el día 16 de marzo del año 1977, como así también el lugar donde permanecieron privados de su libertad hasta el día 19 de ese mismo mes y las condiciones de su liberación. Además, resultaron absolutamente contestes al detallar la presencia de Lapacó y Butti Arana en el "Atlético".

La defensa atacó una posible contradicción entre el testimonio de Daelli y el de Aguiar, pues el primero afirma no haber tenido contacto con la familia de Alejandra Lapacó una vez liberado, mientras que la restante sostiene lo contrario. Lo cierto es que dicho agravio será analizado con profundidad al tratar el caso del primero, sin perjuicio de lo cual se adelanta que dicho aspecto no resulta suficiente para descalificar su testimonio pues, una valoración global y conjunta de su relato nos permite adoptar una decisión contraria a la pretendida por la defensa.

Por otro lado, y en lo que hace a la falta de peritaje de las heridas de Aguiar Arévalo y la animosidad de su relato, circunstancias éstas que la defensa esgrimió como invalidantes de su testimonio, de ningún modo pueden resultar obstáculos para su valoración, pues de ninguna forma lo tornan por sí solo como inverosímil, sino que, en su caso, exigirán un mayor cuidado al momento de su evaluación en conjunto.

En relación al testimonio de las dos víctimas sobrevivientes, destacamos a la coherencia de su relato con aquel que se viene sosteniendo desde el momento de los hechos (ver fojas 1/4, 9/10, 18/23, 25/26 y 81/84 del legajo de prueba nro. 231, y los recursos de habeas corpus que dieran inicio a las causas identificadas con los nros. 39 y 242).

Por lo demás, resaltamos que los relatos efectuados por Aguiar y Aguiar Arévalo superan holgadamente los estándares probatorios fijados, pues las referencias que realizaron fueron contrastadas y corroboradas con los aspectos generales que se tuvieron por cierto al inicio de este considerando. Sucintamente -por la especial contundencia del cuadro probatorio en su generalidad-, habremos de destacar la descripción del recorrido hasta el lugar, las menciones efectuadas en relación a la distribución física del centro (leonera, oficina de ingreso, escalera, sala de torturas), identificación de captores (Colores, Turco Julián) y la forma en la que fueron identificados (con letra y número, coincidente y correlativo con detenidos ingresados en fecha cercana).

Respecto del cautiverio de Butti Arana y Lapacó dentro del Atlético, resultan fundamentales los dichos de Marcelo Gustavo Daelli quien por haber sido compañero universitario de las víctimas pudo reconocerlas con relativa facilidad. Inclusive el nombrado aclaró que a Lapacó la trasladaron del centro entre el 14 y el 18 de abril del año 1977. Sin embargo, de Butti Arana no aportó la fecha de "traslado", de modo que habremos de limitar su cautiverio hasta la entrada de Daelli pues, si bien existen indicios que nos permitan afirmar que el nombrado fue trasladado junto con su novia en el movimiento que se indica a mediados de abril, lo cierto es que ello no resulta suficiente para fundar una sentencia condenatoria al respecto. De este modo, y no existiendo perjuicio al momento de su determinación, puesto que no incluye el agravante por su duración, es que daremos por cierto que Butti Arana permaneció privado de su libertad hasta, por lo menos, el día 24 de marzo de ese mismo año.

Finalmente, hemos analizado la prueba documental aportada a este legajo, todo lo cual resulta coincidente con las cuestiones hasta aquí mencionadas. Puntualmente, el legajo de prueba nro. 231, los legajos CONADEP nros. 4541, 4708 y 4324, expediente nro. 39/77 caratulado "Lapacó, Carmen Aguiar de s/interpone recurso de hábeas corpus en favor de Alejandra Mónica Lapacó y Marcelo Butti Arana" del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, causa nro. 242/77 del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, Secretaría nro. 13, caratulado "Lapacó, Alejandra y Butti Arana, Marcelo s/recurso de hábeas corpus", expediente nro. 12.592/78 del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 13, Secretaría nro. 138, caratulado "Lapacó, Alejandra Mónica y Butti Arana, Marcelo víctimas de privación ilegítima de la libertad" y por último, la causa nro. 32.818/77 del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 6, Secretaría nro. 118, caratulado "Aguiar de Lapacó, Carmen Elina s/su denuncia de privación ilegal de la libertad".

Por todo lo expuesto, es que tenemos por probado que el día 16 de marzo del año 1977 se produjo la detención ilegal de Carmen Elina Aguiar, Alejandro Francisco Aguiar Arévalo, Alejandra Lapacó y Miguel Ángel Butti Arana, quienes fueron alojados en cautiverio en el centro clandestino de detención el Atlético. Aguiar y Aguiar Arévalo fueron liberados el día 19 de ese mismo mes y año, mientras que de Lapacó y Butti Arana se desconoce su destino, sin perjuicio de lo cual se tiene probado que permanecieron alojados en dicho centro hasta, respectivamente, el 14 o 19 de abril del año 1977 y el 24 de marzo de ese año.

Tan sólo resta destacar que, en relación al planteo nulificante introducido por la Dra. Blanco por violación al principio de congruencia pues en el auto de elevación a juicio se consignó que fueron detenidos en el año 1976. Lo cierto es que en el requerimiento fiscal de elevación a juicio se describió correctamente la fecha de detención y, además, se advierte fácilmente que se debe a un error de tipeo, y no una modificación sustancial de la plataforma fáctica.

Caso nro. 10: María del Carmen Reyes

Hemos acreditado las circunstancias de hecho esgrimidas por el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato final, que fueron de idéntico tenor a las descriptas en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, ya transcriptas en el parágrafo correspondiente.

En primer lugar, y respecto de la fecha en la que se produjo su detención, tenemos en consideración las manifestaciones de su padre en la audiencia que fueron a su vez corroboradas con prueba documental arrimada a la investigación. Destacamos que en el procedimiento realizado a partir del dato extraído a la víctima se produjo la muerte de su pareja, Mario Lerner (a modo de ejemplo, ver nota de la Comisaría 10 de la PFA de fojas 27 y autopsia de fojas 22/25 del legajo 864, el certificado de la morgue judicial de fojas 27 y las actuaciones que tramitaron ante el Consejo Especial Estable de Guerra nro. 1/1 de fojas 50/82 del legajo CONADEP nro. 1472).

En relación a su permanencia en el circuito represivo, valoramos principalmente los dichos vertidos en la audiencia por los testigos Carmen Elina Aguiar de Lapacó y Marcelo Gustavo Daelli, quienes aportaron detalles suficientes y coincidentes (ambos la identificaron como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e, incluso, el último aportó fecha de detención y circunstancias en las que Reyes aportó a sus captores los datos de su pareja), lo que nos otorga la certeza suficiente para afirmar la presencia de Reyes en el "Atlético".

Inclusive Daelli refirió concretamente que la víctima fue trasladada entre el 14 y el 18 de abril, de modo que esa fecha será utilizada a efectos de delimitar su cautiverio.

La defensa pretende desacreditar el testimonio de Daelli al decir que éste al contar lo dicho por el "Turco Julián" se contradice con lo narrado por el padre de la víctima en la audiencia, Carlos Noé Reyes. Sin embargo, a diferencia de lo entendido por la señora Defensora, lo cierto es que de la comida de la que participaron los padres y los suegros de la víctima, no lo hicieron ella y su pareja, y que los padres de Lerner al llegar a su domicilio se anoticiaron de lo sucedido y lo comunicaron a los padres de Reyes. Inclusive, de la prueba documental se desprende puntualmente que la víctima habría sido secuestrada con anterioridad al procedimiento donde se produjo la muerte de Lerner y que Reyes permaneció en el vehículo mientras se llevó adelante dicho accionar (entre los numerosas declaraciones testimoniales prestadas en la documental por testigos presenciales, habremos de remitirnos concretamente a las prestadas por Salvador Iudica y Zulema Bonifacio de la Vega Castellano a fojas 5 y 11, respectivamente, del

legajo COANDEP nro. 1472).

De esta forma no habría ninguna contradicción entre las dos versiones, como lo alega la Dra. Blanco, pues de la comida de esa noche no habían participado las víctimas Reyes y Lerner e, inclusive, se corrobora que la detención de Reyes se produjo con anterioridad a la de su novio, tal como fuera descripto por Daelli en el debate.

A su vez, no podemos dejar de mencionar que similares cuestiones fueron probadas en el marco de la causa nro. 13/84 del registro de la Cámara Federal de esta ciudad en el caso nro. 182 e, inclusive, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del año 1979 (ver caso nro. 4802).

Finalmente, hemos analizado la prueba documental aportada a este sumario, todo lo cual resulta coincidente con las cuestiones hasta aquí mencionadas. Específicamente los legajos de prueba nros. 864 y 334, legajos CONADEP nros. 123 y 1472 y causa nro. 39.556 caratulada "Lerner, Gregorio su querella" que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 3.

Por las razones dadas, es que tenemos por probada la privación ilegítima de la libertad de María del Carmen Reyes y su cautiverio en el centro clandestino de detención el Atlético, desde el día 17 de marzo del año 1977 hasta el 14 o 19 de abril de ese mismo año, que se produjo su "traslado".

Caso nro. 11: Sergio Enrique Nocera

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en relación a los hechos que damnificaran a Nocera.

Resultan de vital importancia para ello las concretas y claras expresiones realizadas por Marcelo Gustavo Daelli en la audiencia oral y pública. De esta forma, teniendo en cuenta que entre ellos existía un conocimiento personal previo a su detención, lo que lógicamente les posibilitó una mejor y más eficaz identificación en cautiverio, a lo que se le suma el detalle aportado por Daelli respecto de las vivencias tenidas con Nocera, consideramos que su testimonio resulta suficiente para tener por probada la permanencia de la víctima en el

"Atlético".

Además, no podemos dejar de considerar que dichas características personales resultan coincidentes con aquellas expresadas por su hermana Dora Carmen Nocera al momento de prestar declaración testimonial en el debate.

En otro sentido, y en base al testimonio prestado en la audiencia por Marcelo Gustavo Daelli, sumado a la existencia de otras constancias documentales que han sido valoradas en cada caso puntual, tenemos por probado que a mediados del mes de marzo del año 1977 se produjo una persecución puntual contra estudiantes pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con militancia política, que tuvo como consecuencia la detención de un grupo de jóvenes entre los que se probó se encontraban, entre otros, Daelli, Nocera, Reyes, Lapacó y Butti Arana, para ser alojados posteriormente en el Atlético.

Dicho extremo se erige como un indicio de gran envergadura que, al ser analizado globalmente, puntualmente junto con la denuncia que da origen al legajo 312 y la declaración de su padre en ese mismo legajo, las constancias de fojas 1 y 29 del legajo CONADEP nro. 54 y las actuaciones del juzgado civil nro. 15 en el expediente 77.094 -ver resolución de fojas 136-, nos permite mantener la fecha de detención tal como fuera descripta en la acusación (que, además, fue la identificada por su hermana al declarar en el debate).

En relación a la fecha hasta la que se limitará la privación de la libertad del damnificado, y a falta de referencias temporales concretas por parte de Daelli, habremos de estar a la fecha de ingreso del nombrado al circuito represivo, esto es, el 24 de marzo del año 1977. Sobre este punto, resultan aplicables en su totalidad las consideraciones efectuadas al tratar el caso de Butti Arana, en lo que atañe a la falta de agravio a partir de esta delimitación.

Por otro lado, respecto de las manifestaciones realizadas por la Dra. Blanco en este caso puntual, relativas a la valoración del testimonio de Daelli, habremos de estar a las consideraciones que se realizarán al tratar su caso puntual.

Todo lo expuesto se corrobora, tal como quedara plasmado, con la prueba documental aportada a la investigación, esto es, el legajo de prueba nro. 312, el legajo CONADEP nro. 54 y el expediente nro. 77.094/91 caratulado "Nocera, Sergio Enrique s/ausencia por desaparición forzada" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nro. 15.

En definitiva, tenemos por probada la privación ilegítima de la libertad de Sergio Enrique Nocera desde el día 18 de marzo del año 1977 y su cautiverio en el centro clandestino de detención el Atlético hasta, por lo menos, el día 24 de ese mismo mes y año.

Casos nros. 12 y 13: Carlos Rodolfo Cuellar y Lea Edelmira Machado

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Cuellar y Machado.

Resulta suficiente para mantener dicha afirmación, el testimonio prestado en la audiencia de debate por Carlos Rodolfo Cuellar, quien aportó un relato circunstanciado, minucioso y detallado de las vicisitudes sufridas por él y su mujer. En consecuencia, valoramos que las apreciaciones realizadas por el nombrado coinciden en un todo con las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en la parte general de este apartado y por esa razón es que podemos afirmar que la pareja conformada por Cuellar y Machado permanecieron privados de su libertad en el "Atlético", aún sin contar con testimonios de otros sobrevivientes que lo corroboren.

Tuvimos en cuenta principalmente los aportes realizados por el testigo en relación al trayecto realizado hasta llegar al centro de detención, la descripción del lugar como un sótano, los ruidos de motores y vehículos que sentía que le permitió ubicar el lugar cerca del puerto, el hecho de haber tomado conocimiento, mientras se encontraba en cautiverio y a través de un detenido que fue sacado varias veces del centro, que el lugar donde se encontraba se asentaba sobre la avenida Alem, la forma en la que se encontraba tabicado y atado con cadenas de pies y manos, el modo en el que fueron identificados (F96 y F97) que resulta correlativo y coincidente la letra en relación a otras víctimas detenidas en fecha cercana (Aguiar Arévalo, Aguiar, Lapacó, Butti Arana, Reyes y Daelli), la descripción realizada del modo en que eran llevados al baño, las identificaciones perpetradas tanto de detenidos como de captores ("Colores", "Pajarito", "Pascua", entre otros) y el lugar en el que fue liberado.

Dichos aspectos han sido valorados tomando en consideración que, tal como refirió el testigo durante su declaración en el debate, en ningún momento pudo observar libremente el lugar donde permaneció detenido. Por ello, esa sumatoria de datos que conforman un cuadro indiciario suficiente para mantener los hechos tal como vienen requeridos, desechan por sí solos el agravio introducido por la defensa oficial en relación a las falencias de descripción física del lugar, circunstancia ésta que resulta esperable si se toma en consideración las particulares circunstancias en las que se encontraba alojado.

Por lo demás, no puede obviarse que los extremos aquí declarados por la víctima resultan absolutamente coincidentes con el contenido del legajo SDH nro. 3780. De la ausencia de recursos judiciales en fecha cercana que nutran lo mantenido hasta el momento, Cuellar ha sido claro al respecto, explicó que ello respondió a una estrategia adoptada por el abogado del partido político al que pertenecía.

En definitiva, y si bien no se pudo contar con el testimonio de Machado en esta audiencia, el contenido de la declaración prestada por Cuellar resulta suficiente para tener por probado que la pareja fue privada de su libertad el día 21 de marzo del año 1977, que permanecieron en cautiverio en el "Atlético" y que recuperaron su libertad, Machado una semana después y Cuellar el día 23 de abril de ese mismo año.

Caso nro. 14: Silvia Liliana Cantis

Previo a comenzar el análisis del caso concreto, habremos de limitar el marco probatorio dentro del cual nos moveremos.

La prueba de que atañe a Cantis consiste únicamente en las constancias del legajo SDH nro. 3075 y de la causa nro. 43.615 caratulada "Cantis, Silvia Liliana s/privación ilegal en su perjuicio, denunciante Cantis, Arnaldo Edgardo" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 4.

El testimonio de la nombrada fue desistido por las partes acusadoras y ninguno de ellos requirió en su momento la incorporación por lectura de su declaración testimonial prestada ante el Sr. Juez instructor a fojas 28.560 y ss. Por ese motivo es que, a diferencia de lo realizado por las acusaciones, en esta resolución no habremos de otorgarle valor de ningún tipo a aquel acto, quedando sujetos únicamente a la evaluación de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior.

Ahora bien, ya sumergidos a tratar el caso concreto, resaltamos que, en base a las constancias documentales, tenemos acreditado que el día 22 de marzo del año 1977 fue privada ilegítimamente de su libertad Silvia Liliana Cantis.

Así lo denunció su padre, Arnaldo Edgardo Cantis el día 26 de ese mismo mes y año ante la Comisaría 33 de la Policía Federal Argentina en el acto que motivara la formación de la causa nro. 43.615 ya mencionada (ver fojas 1/2, después ratificada judicialmente a fojas 13).

La propia víctima incluso a fojas 1/2 del legajo SDH nro. 3075 se manifestó en forma coincidente en cuanto a la fecha, lugar y circunstancias de su detención.

Ahora bien, su testimonio es el único elemento que tenemos para probar, tal como lo pretendieron las acusaciones, su permanencia en el centro clandestino de detención el "Atlético", pues ningún testigo la ha mencionado en la audiencia y su caso no ha sido sometido a conocimiento de otro órgano jurisdiccional.

Sentado ello, y al analizar las afirmaciones que allí realizó, son más las dudas que las certezas en relación al lugar donde estuvo cautiva.

Efectuó menciones en torno a las altas temperaturas del lugar, la humedad que había y la forma en la que fue identificada (con letra y número), que conforman una sumatoria de indicios válidos como tales.

No obstante ello, no realizó ninguna identificación ni de acusado ni de otro damnificado, no describió físicamente el lugar, no hizo mención a los rasgos distintivos del centro que se acreditaron en la parte general de este apartado (por ejemplo, la escalera, o referirse al lugar como un subsuelo). Pero además, en dicha documental consta que identificó el centro a través de una revista que tuvo en sus manos -desconociéndose qué revista y, lógicamente, de qué planos se trata-e, incluso, que en el lugar la hicieron planchar sábanas blancas, color que únicamente ella refirió.

A ello le aunamos el extraño mecanismo de liberación, pues fue sedada y abandonada en la mitad de un campo que luego se enteró se ubicaba en la Provincia de Santa Fe (circunstancia ratificada por su madre al declarar en la causa nro. 43.615).

Por esos motivos, es que el grado de certeza que esta instancia procesal requiere no puede ser alcanzado, de modo que no se puede dar por acreditado el cautiverio de la víctima dentro del circuito represivo. Ello no implica, tal como se dijera anteriormente, negar la existencia propia del hecho, sino que, a las resultas de la presente, no podrá ser objeto de imputación a los acusados, imponiéndose adoptar un temperamento liberatorio sobre el punto.

Caso nro. 15: Marcelo Gustavo Daelli

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria, en lo que hace a los hechos sufridos por Marcelo Gustavo Daelli.

Para ello, resultan de fundamental relevancia las manifestaciones efectuadas por el nombrado durante el desarrollo del juicio oral y público. Las descripciones, detalles y lo circunstanciada de su narración son aspectos que fueron utilizados y valorados en los casos 4, 5, 9, 8, 10 y 11 del presente decisorio. Las coincidencias y veracidad de su testimonio, lo que se constata con las generalidades que se tuvieron por probadas en los inicios de esta consideración, nos llevan a concluir que Daelli estuvo privado ilegítimamente de su libertad en el "Atlético", en el lapso indicado por el nombrado durante su declaración.

No sólo destacamos el sinfín de coincidencias, tales como las identificaciones de víctimas, detenidos, forma de identificación al momento de ingresar, escalera, candados, los números de los candados, el recorrido al llegar al lugar, entre otras tantas cosas, sino que se valora también la pertenencia al grupo descripto al tratar el caso de Nocera.

Dicho cuadro nos lleva a mantener la acusación en sus términos, pues la contundencia de su testimonio destierra la necesidad de ser corroborado con otras víctimas que hayan compartido cautiverio con él y que ratifiquen su presencia.

La defensa intenta atacar la credibilidad del testigo en base a tres aspectos puntuales. Por un lado, la indicación de fechas, después en lo que hace al contacto que tuvo en Superintendencia de Seguridad Federal con Pérez Esquivel y el haber tomado contacto con familiares de Lapacó una vez liberado. Consideramos que las mínimas diferencias que existen entre los comentarios realizados por Pérez Esquivel y la víctima durante el debate de ninguna forma poseen la entidad suficiente como para desvirtuar su testimonio, pues a la vez coinciden al describir el lugar donde estaban, las fechas son posibles, y no se advierten errores con entidad de ningún tipo.

Respecto de la visita a la familia Lapacó, si bien el testigo afirmó no haberla mantenido, no puede perderse de vista que no es lo mismo para la familia recibir noticias de un familiar al que desesperadamente buscan día y noche, que una persona que se libera de tan traumática situación. Lógico es que el recuerdo sea mayor en un caso que en el otro. De esta forma, el afirmar que un hecho no existió, cuando sí podría haber sucedido, a esa distancia de los hechos y con la connotación que podría tener sobre su personalidad, no se erige como un argumento útil a los efectos que pretende la Dra. Blanco.

Finalmente, en relación a las fechas consignadas durante su declaración (al comienzo dijo que su secuestró fue en el año 1976 para luego rectificarse y aclarar que fue al año siguiente), entendemos que al haberse corregido durante su relato de forma espontánea, sumado a que todas las referencias temporales efectuadas en su declaración hicieron mención al año 1977, no puede constituirse como obstáculo válido para desacreditar su testimonio.

Por otro lado, hemos analizado la prueba documental aportada a este sumario, todo lo cual resulta coincidente con las cuestiones hasta aquí mencionadas. Específicamente el legajo de prueba nro. 225 y el legajo CONADEP nro. 7314.

En definitiva, y por las razones dadas, es que se tiene por probado que Marcelo Gustavo Daelli fue privado de su libertad el día 24 de marzo del año 1977, alojado en cautiverio en el Atlético hasta el día 29 de abril de ese mismo año, fecha en la que fue llevado a otro centro de detención ajeno al objeto procesal de esta investigación, para finalmente recuperar su libertad el día 29 de junio del año 1977 luego de haber permanecido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Tan sólo resta mencionar que, sobre este punto, la Dra. Blanco requirió la nulidad por diferencias de fechas pues en el auto se consignó que fue detenido el día 27 de marzo. Lo cierto es que en el requerimiento fiscal de elevación a juicio ya se había consignado que su detención se produjo el 24 y no el 27, de modo que no se advierte violación en consecuencia al principio de congruencia tal como fuera alegado. Inclusive por las diferencias de fechas parecería que ello responde a un error de tipeo.

Caso nro. 16: Guillermo Daniel Cabrera Cerochi

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria en relación a los delitos sufridos por el nombrado, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio y que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Valoramos para ello el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por el propio damnificado lo que, por sí solo, resulta suficiente para acreditar los extremos fácticos en cuestión. Podemos mantener dicha afirmación a partir de la veracidad del testimonio de Cabrera Cerochi, quien aportó vastos detalles y descripciones de sus vivencias, lo que se condice con los aspectos probados en la parte general de este apartado y que nos permiten adoptar tal decisión ante la ausencia de otros testigos que corroboren su presencia dentro del centro.

Le asiste razón a la Sra. Defensora en cuanto a que no se cuenta con declaraciones testimoniales del nombrado en fecha cercana a los hechos y la ausencia de testigos sobrevivientes que hayan compartido cautiverio con el nombrado. Sin embargo, se han valorado los siguientes aspectos de su declaración que resultan suficientes para fundar su materialidad. A saber: las numerosas identificaciones de secuestradores que realizó (entre tantos otros, "Cobani", "Turco Julián", "Padre", "Poca Vida" y "Angelito"), el haber tomado conocimiento que el lugar donde se encontraba alojado se denominaba "Atlético" en el momento de los hechos (recordemos que mientras permanecía en el auto que fue sacado a "marcar" casas de conocidos, dos captores -que identificó como "El Gordo" y "El Rubio"-, mencionaron de tal forma el lugar de detención, lo que Cabrera Cerochi pudo escuchar correctamente), la descripción del ingreso al lugar, la forma en la que fue identificado (M-39) coincidente a su vez la letra con otros detenidos secuestrados en fecha cercana (Giganti y Diéguez), el modo en el que fue acondicionado dentro del centro, la metodología utilizada sobre el testigo para la aplicación de picana eléctrica, la forma en la que era llevado al baño, entre otros tantos aspectos.

En definitiva, y al analizar estas circunstancias conjuntamente con la documental arrimada al sumario -legajo SDH nro. 3161-, tenemos la certeza necesaria para dar por probados los hechos sufridos por Cabrera Cerochi dentro del "Atlético", entre el 1 y el 15 de abril del año 1977.

Casos nros. 17 y 18: María Rosa Giganti y Juan Patricio Maroni

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaron a Giganti y Maroni.

Hemos valorado principalmente el testimonio prestado en la audiencia de debate por María Rosa Giganti, quien aportó un relato circunstanciado, minucioso y detallado de las vicisitudes sufridas por ella y su marido. Consideramos que las apreciaciones realizadas coinciden en un todo con las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en la parte general de este apartado, siendo de una incuestionable veracidad el relato en cuestión, y por todo ello es que podemos afirmar que la pareja conformada por Giganti y Maroni permanecieron privados de su libertad en el Atlético.

Resaltamos principalmente la descripción efectuada del ingreso al lugar (a través de una escalera y luego de pasar por un portón), la forma en la que fue identificada (M-46) coincidente a su vez la letra con otros detenidos secuestrados en fecha próxima (Cabrera Cerochi y Diéguez), la liberación en zona cercana, que el tiempo que tardó es lógico desde el lugar donde se encontraba y fue detenida, la coherencia y correlación en la identificación, y la forma en la que se dirigían a ella dentro del centro.

No pasamos por alto el hecho de que su testimonio coincida en un todo con el relato efectuado por Enriqueta Asunción Rodríguez de Maroni, testigo presencial del secuestro de la pareja, como así también con los dichos vertidos por María Paula Maroni y Mirta Liliana Guarino quienes, cada una en su ámbito de actuación, relataron diversos aspectos de la búsqueda y reconstrucción de los hechos sufridos por Giganti y Maroni.

Puntualmente respecto de la fecha y lugar donde se produjo la detención de la pareja, son numerosas las declaraciones testimoniales obrantes en la prueba documental que verifican los dichos de Rodríguez de Maroni y la víctima (ver, entre otros, en el legajo 548 los dichos de Ángela Dotto de Rodríguez, Alberto Rodolfo Rodríguez, Graciela Josefina Acevedo, Abelardo Alejandro Oporto y Raúl Ricardo Bolognessi, todos ellos obrantes a fojas 52 y ss.). Estos extremos resultan coincidentes con la información volcada en los recursos judiciales interpuestos por la familia en fecha cercana a la producción de los sucesos (ver puntualmente presentaciones que motivaran la formación de las causas 62/83, 13.144 y 38.525).

Como quedara plasmado, la prueba documental aportada a este sumario corrobora aún más lo dicho con anterioridad. Puntualmente, nos referimos al legajo de prueba nro. 548, legajo CONADEP nro. 3914, legajo SDH nro. 3519, causa nro. 38.525 caratulada "Maroni, Juan Patricio, Maroni de Rincón Ma. Beatriz y Rincón Carlos Alberto s/ PIL" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Instrucción nro. 28 y el expediente nro. 41.400 caratulado "Maroni, Juan Patricio s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 7. -

Estos sólidos argumentos nos inclinan para dar por válida la hipótesis acusatoria, entendiendo que resultan suficientes si se tiene en cuenta la mayor exigencia probatoria que recae al carecer de testigos sobrevivientes que corroboren su permanencia en el Atlético. Sobre este último aspecto, tenemos en consideración también la fecha en la que se produjo su detención (principios de abril) pues, como se verá, tenemos por probada la existencia de un gran "traslado" desde el "Atlético" efectuado a mediados de abril del año 1977 y prácticamente no han declarado sobrevivientes de esa época, salvo Daelli y Cabrera Cerochi.

En relación a los agravios introducidos por la defensa en este caso puntual, debe decirse que no extraña a los suscriptos que en un primer momento, tanto de las actuaciones judiciales posteriores y de las primeras declaraciones testimoniales prestadas por la víctima, ella manifestó que creía haber permanecido en cautiverio en "Garage Azopardo", pero dicha circunstancia no obsta a que con el tiempo y a mayor cantidad de datos recolectados pueda rectificar dicha información.

Pero además, y lo que es más importante, es que dicha afirmación supera el control de logicidad, coherencia y corrobación que realizamos los suscriptos con los aspectos que se tuvieron por probados en la parte general de este apartado, tal como quedara plasmado en los párrafos precedentes.

En relación a lo manifestado en la audiencia por Enriqueta Asunción Rodríguez de Maroni en cuanto a que Guglielminetti habría participado de su secuestro en base a haberlo identificado a través de fotografías en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, debe decirse que ello resultó un mero reconocimiento impropio, que no fue reiterado en esta sala, que puede ser verdadero como falso, pero que ello no desecha la hipótesis acusatoria, pues inclusive no prueba su estancia en el Atlético. Más aún tales extremos fueron reiterados en esta sala de audiencias, pero el haber desechado una hipótesis de investigación relativo a la permanencia de Guglielminetti en el "Atlético" no torna de por si falsa dicha afirmación.

Finalmente, y en lo que hace a la fecha hasta la cual se probó la permanencia de los nombrados dentro del centro clandestino de detención, al carecer de testigos presenciales de su cautiverio, no podemos extenderlo a fecha posterior que la liberación de Giganti. Creemos que arrojar una fecha de finalización distinta a ella sería realizar meras conjeturas que exceden el marco de la presente sentencia.

En definitiva, tenemos por probado que el día 5 de abril del año 1977 se produjo la detención y privación ilegal de la libertad del matrimonio de María Rosa Graciela Giganti y Juan Patricio Maroni, que fueron alojados en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", y que Giganti fue liberada ese mismo día, mientras que Maroni permanece desaparecido habiéndose constatado su cautiverio en el centro tan sólo el día de su detención, desconociéndose si éste se extendió aun más.

Caso nro. 19: Daniel Alberto Dinella

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria respecto de los delitos sufridos por Dinella, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Para ello valoramos los testimonios prestados durante el debate por Carlos Rodolfo Cuellar, Delia Barrera y Ferrando, Ana María Careaga, Pedro Miguel Antonio Vanrell, Jorge Alberto Allega, Miguel Ángel D'Agostino, Luis Federico Allega, Marcelo Gustavo Daelli y Daniel Aldo Merialdo, quienes fueron absolutamente contestes entre sí al afirmar la presencia del nombrado privado ilegítimamente de su libertad en el "Atlético".

Las numerosas referencias efectuadas por testigos sobrevivientes, cuyas coincidencias resultan fundamentales -principalmente en relación a la función que tenía asignada dentro del centro, apodo con el que era conocido y militancia política-, nos permiten adoptar una decisión de tal forma aun ante la ausencia de prueba documental que avale tal tesitura.

En lo que hace a la fecha en la que se produjo su secuestro, ante la ausencia de recursos judiciales de fecha cercana u otro elemento de ese tipo, habrá de estarse a la información volcada en el listado de Cid de la Paz y González, esto es abril del año 1977, pues dicho período se corrobora a su vez con la fecha de ingreso de los primeros testigos que lo mencionan (Daelli).

Respecto de la fecha hasta la cual se puede probar su permanencia, habremos de utilizar el día en el que se determinó el ingreso de la última víctima que lo menciona, este es Vanrell, pues dicha información es la que resulta de mayor grado convictivo, pues no se encuentra corroborado con ningún otro dato el listado confeccionado por los sobrevivientes anteriormente mencionados.

Por otro lado, y en lo que hace a los agravios introducidos por la defensa oficial, debe decirse que no creemos que la falta de un dato aportado por la testigo Barrera y Ferrando descalifique por sí solo su testimonio, sino que deberá ser necesariamente evaluado en su totalidad, no pudiendo determinados detalles de su narración empañar o descalificar su relato en un totum. Asimismo, y en relación a la mención efectuada por Cid de la Paz y González en la nota al pie de la página 1 de su informe final, debe decirse que a las claras se observa que se debe a un error material pues, al momento de consignar la totalidad de los datos de las personas con las que compartieron cautiverio, se identificó correctamente el vínculo existente entre "Erico" y "Paty", asignándosele además a Dinella el apodo de "Pascua".

En definitiva, tenemos por probado que Daniel Alberto Dinella permaneció privado ilegítimamente de su libertad entre el mes de abril y, por lo menos, agosto del año 1977, siendo mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", desconociéndose al día de hoy su paradero final.

Caso nro. 20: Marco Bechis

Consideramos que los hechos sufridos por Marco Bechis, objeto de acusación fiscal, se encuentran probados tal como los describiera el representante de la vindicta pública en su requerimiento formal de elevación a juicio.

Valoramos principalmente el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por el propio damnificado lo que, por sí solo, resulta suficiente para acreditar los extremos fácticos en cuestión. Podemos mantener dicha afirmación a partir de la veracidad del testimonio de Bechis, quien aportó vastos detalles y descripciones de sus vivencias, lo que se condice con los aspectos probados en la parte general de este apartado, sumado a las referencias de identificación personal y de otras víctimas que .

Habremos de resaltar puntualmente la identificación realizada de Roxana Verónica Giovanonni a quien le asignó el apodo de "Muñeca", describió las funciones designadas y principalmente, relató el conocimiento previo que tenía con la nombrada, con quien inclusive había compartido vivienda. Todo ello, se suma a las referencias efectuadas en relación a la existencia de una escalera que conducía al subsuelo, la pelota de ping pong, la descripción de la llegada, la máquina de escribir, la picana eléctrica y la forma en la que fue acondicionado para su aplicación, la posterior identificación del centro clandestino donde permaneció alojado en base al informe publicado por Amnistía Internacional y la asignación no sólo de una identificación personal con número y letra sino también de números de candados. También hemos valorado lo narrado en relación a los vínculos que mantuvieron familiares y desconocidos para dar con su paradero, especialmente con Suárez Mason. Este marco le otorga un grado de credibilidad al testigo suficiente para dar por probado el caso en los términos explicados.

Respecto de las fechas en la que se produjo su detención y cautiverio, habremos de dar por ciertas las mencionadas por el testigo en la audiencia pues, además, se encuentran corroboradas por la prueba documental arrimada al sumario. Nos referimos al legajo de prueba nro. 81, puntualmente las constancias de fojas 2 en relación a la fecha de detención (declaración del padre de Bechis aportando información brindada por el Consulado de Italia que fue acercada originariamente por compañeros de estudios del propio damnificado) y respecto del pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional resultan suficientes las constancias de fojas 8/10 (decreto 1097/77 por el que se formaliza su detención), 11 (informe de Superintendencia de Asuntos Judiciales de la P.F.A. que informa de la detención de Bechis) y 164 (nota del Ministerio del Interior de la Nación). Además su relato se verificó también a partir de lo contado en el debate por Pérez Esquivel.

En definitiva, y evaluando conjuntamente la prueba documental aportada a la investigación con el contenido de la declaración testimonial de la víctima, tenemos la certeza suficiente para afirmar que Marco Bechis fue privado de su libertad el día 19 de abril del año 1977, mantenido clandestina e ilegalmente alojado en el centro de detención el "Atlético" hasta el día 25 de ese mismo mes y año, para pasar a ser detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y finalmente expulsado del país.

Caso nro. 21: Susana Isabel Diéguez

Hemos probado los hechos sufridos por Susana Isabel Diéguez, tal como fueran descriptos por el Ministerio Público Fiscal en su requerimiento de elevación a juicio y mantenido en el alegato final por la acusación estatal.

Para aceptar dicha hipótesis valoramos el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por la damnificada, quien efectuó un relato circunstanciado, detallado y absolutamente veraz de su paso por el "Atlético". Ello surge luego de contrastar el contenido de su declaración con los aspectos generales que se tuvieron por probados al comienzo de este apartado. Tuvimos en cuenta también la forma en la que fue identificada, descripciones del lugar e identificación realizada tanto de sus captores como de víctimas.

Destacamos particularmente la identificación del lugar como un subsuelo, la forma en la que fue acondicionada al momento de ser sometida a la picana eléctrica, el modo en la que fue identificada al ingresar (le fue asignada la letra M y el número 108, coincidente con le letra utilizada para otras víctimas que fueron detenidas en ese mismo mes -Cabrera Cerochi y Giganti-), los candados utilizados en las extremidades de la víctima, el modo en el que eran conducidos a los baños (haciendo "trencito" de detenidos).

Tan sólo resta destacar que dichas circunstancias fueron analizadas conjuntamente con la prueba documental aportada para este caso, de la que se corroboran aún más los extremos fácticos destacados con anterioridad. Específicamente, fueron estudiados el legajo de prueba nro. 270, el legajo CONADEP nro. 542 y la causa nro. 16715 caratulado "Diéguez, Susana Isabel s/ denuncia de privación ilegal de la libertad y daño" del registro del Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal y Correccional nro. 13.

Corresponde aclarar que le asiste razón a la señora defensora oficial en cuanto a que existen diferencias entre las declaraciones prestadas en la CONADEP por la víctima y la brindada en este debate. Pero ello de ninguna forma puede tornar inválido su testimonio, sino que debe evaluarse con mayor detenimiento. Y realizado ello, se advierte que no responden a incoherencias o contradicciones las diferencias apuntadas por la defensa, sino que se relacionan con la falta o agregado de datos, y tal extremo se explica a partir de las manifestaciones que vertimos en el considerando tercero.

Distinta es la situación respecto de la declaración testimonial prestada en la causa 16.715 el día de su liberación, pues las contradicciones con aquella son notorias y elementales. Sin embargo, a poco que repasamos su testimonio en esta audiencia, encontraremos que la propia Diéguez brindó una explicación del motivo de ello, lo que desecha de plano la pretensión defensista de inutilizar su testimonio en base a dichos aspectos.

Ahora bien, no puede pasarse por alto que dicha declaración testimonial fue prestada el día 22 de abril del año 1977 y que como Diéguez explicó durante el debate ese acto procesal fue llevado a cabo el mismo día que recuperó su libertad. De esta forma, si bien en el debate declaró que fue liberada el día 23 de abril, lo cierto es que existen constancias que nos permiten afirmar que su liberación se produjo el día anterior, sin que ello implique desechar el testimonio de la nombrada, sino que se realiza en el marco de una evaluación global del testimonio que tantas veces fue mencionada.

Respecto de la fecha en la que se produjo su detención, debe resaltarse que la declarada en el debate coincide con la totalidad de la documental aportada (ver denuncia efectuada por José Diéguez ante la Comisaría 47 de la PFA a fojas 1/2 de la causa 16.715 y ficha de denuncia del legajo CONADEP nro. 542).

En definitiva, y por las manifestaciones realizadas, es que tenemos probada la privación ilegítima de la libertad de Diéguez entre el 19 y el 22 de abril del año 1977 y su alojamiento en el centro clandestino de detención el "Atlético".

Caso nro. 22: Nilda Haydée Orazi

Celebrado el debate, y analizada la prueba arrimada a la investigación en su totalidad, debemos desechar la hipótesis introducida por la acusación pues su descripción no ha alcanzado en los suscriptos el grado de certeza que requiere una sentencia condenatoria.

La damnificada no ha prestado declaración testimonial en el debate ni se cuentan con declaraciones de la instrucción que puedan ser incorporadas por lectura en los términos del artículo 391 del ritual.-

Por esa razón, el único elemento probatorio que sobre el caso se posee es la declaración prestada por Orazi el día 3 de febrero del año 1984 ante la Embajada Argentina del Reino de España y que conforma tanto el legajo de prueba nro. 314 como el legajo CONADEP nro. 3596.-

Si bien en aquella oportunidad aportó concretamente la fecha, lugar y circunstancias de su detención, lo cierto es que la ausencia de referencias determinantes en relación al lugar donde permaneció cautiva nos impide dar por cierto que haya estado en el "Atlético".-

En ese sentido, resaltamos la ausencia de detalles de la distribución del lugar donde permaneció alojada, la falta de identificación de apodos de secuestradores cuya permanencia en el circuito haya sido acreditada (nombró a "Señor Máquina", "El Mosca" y "Oso Blanco") y la ausencia de referencias de damnificados cuya permanencia haya sido probada en esta causa, los particulares mecanismos de tortura que utilizaron sobre ella (fue la única mención a la aplicación de kerosene en las fosas nasales mientras eran sometida a sesión de picana).-

En definitiva, el único testimonio que se cuenta de la nombrada no resulta suficiente ni ha podido ser constatado con los aspectos probados en la parte general de este apartado, no ha explicado los motivos por los cuales identificó al "Atlético" como el lugar donde permaneció cautiva y, como corolario, no ha sido mencionada por ninguno de los testigos que habiendo sido víctima en idéntico rango de fechas que Orazi.

De esta forma, existe un manto de duda que no puede ser obviado en el caso donde siquiera ha podido ser preguntada por las partes ni por el tribunal la propia víctima, perdiendo la inmediatez que debe primar en el debate, con los efectos que ello acarrea. Por esa razón, es que habremos de adoptar un temperamento liberatorio en relación a los imputados que fueran acusados en relación a este caso puntual.

Casos nros. 23 y 24: Gabriela Beatriz Funes y Ricardo Hugo Peidró

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Funes y Peidró.

Resultan suficientes para mantener dicha afirmación los testimonios prestados en la audiencia de debate por ambas víctimas, quienes aportaron un relato circunstanciado, prolijo y detallado de las condiciones de detención y secuestro sufridas. Por ello, sumado a la coherencia y coincidencia del relato con los aspectos probados en la parte general de esta consideración, podemos afirmar que la pareja conformada por Funes y Peidró permanecieron privados de su libertad en el Atlético.

Destacamos particularmente la coherencia y posible corroboración de su testimonio en base a los aspectos que a continuación se enuncian. En ese sentido, hemos valorado la mención de la escalera, la identificación del lugar como un subsuelo, la identificación de víctimas puntuales y la asignación de apodo y función dentro del campo (puntualmente, Giovanonni y Medina, identificados como "Muñeca" y "Gerónimo", con tareas de reparto de comida y en la enfermería respectivamente), la persona por la que fueron puntualmente interrogados al ser detenidos (Alejo Mallea, al igual que otras víctimas secuestradas en fecha cercana, como por ejemplo Marco Bechis), la forma en la que fueron identificados (con letra y nro.), la distribución física del lugar, la mención del personal que actuaba dentro del centro, el camino recorrido hasta llegar al lugar de cautiverio y el tiempo que les demandó desde el lugar donde fueron secuestrados, el modo en el que fueron maniatados al ingresar y la forma en el que eran llevados al baño.

Todo ello es absolutamente conteste con la documental aportada a este sumario, específicamente el legajo de prueba nro. 232 y los legajos CONADEP nros. 6255 y 2604, pues las declaraciones testimoniales anteriores prestadas por las víctimas resultan totalmente coincidentes con las prestadas en esta instancia.

Por otro lado, y en lo que atañe al agravio introducido por la defensa oficial respecto de la poca información aportada sobre el centro de detención y el hecho de que la identificación haya sido en tareas posteriores con otros sobrevivientes, corresponde decir una vez más que la reconstrucción posterior de ninguna forma invalida su testimonio, sino que resultan complementarias, no supletorias, en los términos fijados al tratar las pautas generales de evaluación de la prueba. De hecho el tribunal considera que superan el examen de coherencia y corroboración que le puede ser exigido a un testigo de esta índole, en este caso dos, con las coincidencias ya destacadas con anterioridad.

En definitiva, tenemos probado que el día 10 de mayo del año 1977 fue secuestrada la pareja conformada por Gabriela Beatriz Funes y Ricardo Hugo Peidró, que fueron alojadas en el centro clandestino de detención el "Atlético", lugar desde donde recuperaron su libertad, Funes dos días después mientras que su marido lo hizo el día 27 de ese mismo mes y año.

Caso nro. 25: Pablo Rieznik

Tenemos por probados los hechos sufridos por Pablo Rieznik, tal como fueran descriptos por el Ministerio Público Fiscal en su requerimiento de elevación a juicio y mantenidos en su alegato final.

Para ello valoramos el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por el propio damnificado, quien efectuó un claro y preciso relato de su secuestro y posterior alojamiento en el "Atlético". No sólo sus dichos se corroboran con los aspectos generales que fueron probados, sino también con las manifestaciones efectuadas en la audiencia por Miguel Omar Guagnini, quien realizó descripciones de idéntico tenor a los de Rieznik, en cuanto al secuestro que sufrieron.

Respecto del procedimiento de su detención, debemos decir que se encuentra corroborado también con las declaraciones obrantes en la causa nro. 43.522 que, en fecha cercana a los sucesos, ratifican el procedimiento y la fecha en la que se produjo. Nos referimos al personal de la confitería donde los secuestraron (ver a fojas 11 y 12 los dichos de Gonzalo Álvez Arguellez y Teoblado Julio Villafañe, encargado y camamero del lugar respectivamente).

A su vez resaltamos también que dichos extremos son idénticos a los denunciados a través del diario "Buenos Aires Herald" que, el día 28 de mayo del año 1977 denunciaba los sucesos sufridos por Rieznik, en idénticos términos a los expuestos (ver fojas 6/7 del legajo CONADEP nro. 5725).

De esta forma podemos tener corroborados y apoyados los dichos de Rieznik en cuanto al momento de su detención. En lo que hace a su alojamiento en el Atlético, habremos de destacar la forma en la que fue identificado (con letra y número, que a su vez es correlativo con detenidos secuestrados en fecha cercana, tal es el caso de Jorge Alberto Allega), la referencia efectuada en relación al modo en el que eran llevados al baño, la forma en la que fue maniatado en una cama de metal al serle aplicada picana eléctrica, las menciones realizadas respecto del personal que actuaba en el centro, y la imposición de candados en sus extremidades a fin de limitarle el movimiento.

Sin perjuicio de haber quedado expresado en los pasajes precedentes, es menester destacar que lo referido fue analizado conjuntamente con la prueba documental aportada para este caso, de la que se corroboran aún más los extremos fácticos destacados con anterioridad. Específicamente, el legajo de prueba nro. 335, el legajo CONADEP nro. 5725 y la causa nro. 43.522 caratulada "Rieznik, Pablo s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 27.

En definitiva, tenemos por probado que Rieznik fue detenido ilegalmente y alojado en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", lugar donde permaneció privado de su libertad entre los días 25 y 31 de mayo del año 1977.

Caso nro. 26: María Isabel Valoy

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria respecto de los delitos sufridos por la nombrada dentro del "Atlético", conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Para ello valoramos puntualmente el testimonio prestado en el debate por Ana María Careaga quien aportó numerosos detalles de la víctima, entre los que destacamos la fecha en la que se produjo la detención, sus circunstancias, destino de su hijo y apodo con el que se la conocía. Toda esa información fue posteriormente confirmada y ratificada por los familiares de la víctima, pues tanto Ángel Esteban Valoy, Miguel Omar Guagnini como Nicolás Guagnini se expresaron en un sentido absolutamente conteste con lo resaltado anteriormente.

Sobre este punto existe un agravio introducido por la señora defensora oficial pues ella entiende que Ana María Careaga no aportó los motivos de su identificación. Sin embargo, como bien lo hemos dicho en reiteradas oportunidades a lo largo de esta sentencia, ello por si solo no invalida su testimonio, sino que obliga a una valoración global y en conjunto de sus dichos. En esta línea, es que observamos que Careaga efectivamente aportó vastos detalles sobre la víctima, fue una larga conversación la que mantuvieron, sus anécdotas se verifican (como se verá a continuación) con las circunstancias narradas por sus familiares, de modo que no vemos elementos que permitan darle entidad al agravio introducido por la defensa oficial.

A su vez, no podemos dejar de mencionar que idénticas cuestiones fueron probadas en el marco de la causa nro. 13/84 del registro de la Cámara Federal de esta ciudad en el caso nro. 360.

Debe resaltarse que todo lo dicho hasta el momento se encuentra corroborado además por la prueba documental que fuera anexada a esta investigación. Puntualmente, analizamos los legajos de prueba nros. 126 y 810, los legajos CONADEP nros. 1058 y 5295, la causa nro. 1300 caratulada "Guagnini, Diego Julio habeas corpus a su favor" del Juzgado de Instrucción nro. 1, el expediente nro. 1414 caratulado "NN s/ privación ilegítima de la libertad, damnificados Guagnini, Emilio, Guagnini Diego Julio, Valoy de Guagnini, María Isabel" del Juzgado de Instrucción nro. 1, Secretaría nro. 102, la causa nro. 2826 caratulada "Valoy de Guagnini, María Isabel s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 1, la causa nro. 1793 caratulada "Guagnini Diego, Valoy de Guagnini, María Isabel s/ víctimas de privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 1 y el expediente nro. 13.284 caratulada "Guagnini, Omar Argentino, interpone recurso de habeas corpus en favor de Guagnini, Diego Julio y de Valoy de Guagnini, María Isabel" del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 19.

De la prueba documental enumerada, habremos de destacar las constancias del legajo de prueba nro. 126, puntualmente la declaración testimonial del hermano de la víctima, Ricardo Francisco Valoy (fojas 65/66, originariamente causa 20.550), la presentación de su madre, Ofelia Chocobar de Valoy de fojas 67, el relato efectuado en el habeas corpus que luce a fojas 69/71 y la ficha de denuncia ante la CONADEP de fojas 100 donde se ratifica además el apodo con el que era conocida. Idéntico relato se efectuó en el recurso de habeas corpus obrante a fojas 1/3 de legajo nro. 810 y en aquel que motivara la formación de la causa 1300.

En resumidas cuentas, las versiones brindadas por los familiares en los numerosos reclamos judiciales intentados en fecha cercana a los sucesos, son absolutamente coincidentes con los extremos fácticos que en esta causa se tendrán por probados.

En lo que hace a la fecha de secuestro de la víctima, debemos decir que se encuentra absolutamente probada en base a las declaraciones de los familiares de la víctima que fueron mencionados con anterioridad, sumado a la referencias efectuada en el debate por Careaga en cuanto a que la víctima fue detenida en el mes de mayo de ese año, ratificado en su totalidad con la información volcada en su listado por los sobrevivientes Cid de la Paz y González.

Respecto de la fecha hasta la cual se pudo determinar su permanencia en el Atlético, habremos de utilizar la información aportada por Ana María Careaga. Pero en este caso puntual, su declaración testimonial prestada en esta instancia se ve complementada por aquella prestada a fojas 160 del legajo de prueba nro. 26 (certificación de su declaración completa en el marco de la causa nro. 13/84 -versión completa puede consultarse a fojas 41 del legajo de prueba nro. 158-) pues en esa anterior oportunidad ubicó temporalmente las anécdotas vividas con la víctima, lo que omitió hacer en este debate (lógico y entendible si tenemos en cuenta la prolongación de su declaración y la abundancia de su relato). Por esa razón, es que podemos mantener el cautiverio de la víctima hasta el día 13 de julio de ese mismo año.

En definitiva, es que podemos afirmar que María Isabel Valoy fue privada ilegalmente de su libertad el día 28 de mayo del año 1977, alojada en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" donde permaneció, al menos, hasta el día 13 de julio de ese mismo año, desconociéndose a la actualidad su destino final.

Casos nros. 27 y 28: Electra Irene Lareu y José Rafael Beláustegui Herrera

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Lareu y Beláustegui Herrera.

Hemos valorado principalmente el testimonio prestado en la audiencia de debate por Ana María Careaga, quien aportó valiosos detalles de las circunstancias y características de la pareja dentro del centro de detención el "Atlético". Su relato es absolutamente coincidente con las vivencias narradas por Carmen Vieyra Abreu de Lareu, madre de una de las víctimas, quien ratificó los dos apodos con los que se conocía a su hija y el contacto que mantuvieron con Careaga al momento que ésta recuperó su libertad.

Inclusive los dichos de Careaga, en cuanto a que el matrimonio fue llevado por unos días a Campo de Mayo a visitar a la hermana de Beláustegui Herrera quien se encontraba detenida en ese centro clandestino, encuentra corroboración en base a lo explicado por Matilde Herrera y Rafael Beláustegui desde el mismo momento en que comenzaron a denunciar los hechos sufridos por su familia (ver constancias de fojas 1, 2/3, 6/7 y 24/25, entre muchas otras, del legajo de prueba nro. 252). Pero no sólo ello, sino que además el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, en su sentencia dictada el día 18 de mayo del año pasado en las causas 2023, 2034, 2043 y 2031 tuvo por cierto dicho extremo.

Del momento que se produjo el secuestro dieron cuenta Diana Nora Trifiletti y Carlos Francisco Brazzola, quienes compartían vivienda con las víctimas y ratificaron la fecha de secuestro aportada por sus familiares. Inclusive tenemos la certeza para afirmar, aun cuando excede el marco de la presente, que Brazzola fue alojado en cautiverio en el "Atlético", en base a la coherencia y corroboración de sus dichos (descripción del lugar, identificaciones realizadas y la letra y nro. que le fue asignada al momento de su ingreso).

En definitiva, la prueba testimonial reproducida en este debate se corrobora en su totalidad con la prueba documental aportada. Puntualmente, nos referimos al legajo de prueba nro. 252, legajos CONADEP nros. 5056 y 5055, la causa nro. 13.201 caratulada "Lareu, Electra Irene y Beláustegui, Rafael José s/privación ilegítima de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 29, el habeas corpus nro. 13.662 caratulado "Beláustegui, Rafael José y Lareu, Julio Eduardo s/recurso de hábeas corpus en favor de Electra Irene Lareu y Rafael José Beláustegui (h)" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 26 y el legajo nro. 493.855 del Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría de Desarrollo Humano y Familia- referente a Antonio Belaústegui.

En lo que hace a la fecha hasta la cual permanecieron alojados en el centro clandestino en cuestión, habremos de utilizar la única referencia temporal brindada en el debate por Careaga -en lo que a los damnificados se refiere-, en cuanto explicó que al recuperar ella su libertad la pareja continuaba secuestrada, pues el dato aportado por Cid de la Paz y González en su listado hartamente referido no pudo ser corroborado por otros elementos suficientes para extender aún más la estadía de la pareja.

En definitiva, es que tenemos por probado que Beláustegui Herrera y Lareu fueron secuestrados y privados ilegítimamente de su libertad desde el día 30 de mayo del año 1977 hasta, al menos, el 30 de septiembre de ese mismo año, y mantenidos en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", desconociéndose al día de hoy su paradero.

Casos nros. 29 y 30: Gustavo Alberto Groba y Graciela Nicolía

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Groba y Nicolía.

Valoramos para ello los testimonios prestados en el debate oral y público por los hermanos Luis Federico y Jorge Alberto Allega, quienes aseguraron haber compartido cautiverio dentro del "Atlético" con la pareja de víctimas. La aptitud para generar convencimiento que ello implica se apoya en el grado de relaciones personales que los unían, pues los hermanos Allega eran amigos cercanos de Groba, incluso compañero de estudios universitarios de Luis Federico, lo que otorga mayor grado de veracidad y menor margen de error al contenido de sus declaraciones.

Por lo demás, no podemos obviar que dicho relato fue apoyado en un totum por el testimonio prestado Elena Isabel Nicolía, testigo presencial de la detención de su hermana, que ratifico la fecha en la que se produjo la detención de la pareja.

Hemos analizado también la prueba documental aportada a este sumario, la que resulta absolutamente conteste con la valorada hasta el momento. Puntualmente, nos referimos al legajo de prueba nro. 154 y a los legajos CONADEP nros. 501 y 5216.

Destacaremos puntualmente el listado obrante a fojas 8/9 del legajo de prueba nro. 154, donde la familia consignó la totalidad de presentaciones judiciales, ya sea recursos de habeas corpus o causas por privación ilegítima de la libertad, en la que obtuvieron respuesta negativa en los momentos inmediatos -y no tanto- posteriores. Es menester resaltar que tanto en las presentaciones judiciales referidas como en la diversas declaraciones testimoniales obrantes en dicho legajo (entre otros, Amalia Lía González de Groba -fojas 16- y José Alfredo Groba -fojas 46/47-) se ratificó siempre la hipótesis que hoy trae la acusación.

Por otro lado, y en lo que respecta a la fecha hasta la cual puede afirmarse que la pareja permaneció en el centro, utilizaremos las menciones efectuadas por los hermanos Allega, quienes ubicaron al matrimonio en un "traslado" que se habría sucedido entre fines de junio y principios de julio del año 1977. Por esa razón, es que habremos de estar hasta esa fecha, descartando de este modo la prolongación del cautiverio de más de un mes que haría susceptible de encuadrar este hecho dentro de la figura agravada, cuestión que será analizada infra.

En definitiva, no tenemos la certeza que esta etapa requiere para extender la privación de los nombrados más allá de los 30 días. Las referencias no son así de concretas ni abundantes. No se entiende ni la querella se esmera en hacerlo los motivos por los cuales ven incluido en el presente caso la figura agravada.

Finalmente, y en relación al agravio introducido por la Dra. Blanco en relación a los testimonios de los hermanos Allega (en cuya desacreditación basa el ataque de este caso puntual), habremos de remitirnos a lo que se dirá al tratar los casos puntuales que a los tienen como damnificados.

En definitiva, tenemos la certeza suficiente para afirmar que la pareja de Gustavo Alberto Groba y Graciela Nicolía fue secuestrada el día 3 de junio del año 1977, alojada en el centro clandestino de detención el "Atlético" hasta, por lo menos, una fecha no determinada concretamente pero cercana al final del mes de junio de ese mismo año.

Caso nro. 31: Jorge Alberto Allega

Tenemos por probados los hechos sufridos por Jorge Alberto Allega, tal como fueran descriptos por el Ministerio Público Fiscal en su requerimiento de elevación a juicio y mantenidos en el alegato final por el Dr. Alagia.

Para ello valoramos el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por el propio damnificado, quien efectuó un claro y preciso relato de su secuestro y posterior alojamiento tanto en el "Atlético" como en el "Banco". No sólo sus dichos se corroboran con los aspectos generales que fueron probados en la parte introductoria de este considerando, sino también con las manifestaciones efectuadas en la audiencia de debate por Rufino Jorge Almeida, Luis Federico Allega y Mario César Villani, quienes no sólo afirmaron haber compartido cautiverio con Allega sino también fueron totalmente coherentes y concurrentes al describir las funciones asignadas en el centro a la víctima, el apodo con el que se lo conocía, su profesión, nombre y la existencia de un hermano en las mismas condiciones. El testimonio incorporado por lectura de Juan Carlos Guarino (fojas 21670/86 de los autos principales) resulta abundante y coincidente con ellos.

Además, habremos de resaltar la coherencia del relato de la víctima, la coincidencia de las fechas y detalles con sus anteriores declaraciones, el haber permanecido destabicado lo que le otorgó la capacidad de mayor conocimiento directo del lugar donde estuvo, la innumerable cantidad de identificaciones que realizó, tanto de captores como víctimas, lo que nos descarta de plano cualquier duda que se pueda llegar a plantear sobre el grado de convicción generado en su testimonio (ver, entre tantas otras, las declaraciones obrantes a fojas 8/14, 16/23 y 26/29 del legajo de prueba nro. 180).

Por lo demás, y en lo que hace a las fechas permaneció dentro del circuito represivo, además de contar con la exactitud y precisión de su testimonio en el debate, ellas se ven corroboradas también por los dichos de su madre Blanca Elvira Gómez de Allega (ver recurso de habeas corpus presentado y que motivara la formación de la causa nro. 38.468 y posterior declaración testimonial de fojas 28 de ese expediente) y de José Fraiese, compañero de trabajo de la víctima (ver fojas 32 de la causa referida).

Es menester destacar que dichas circunstancias fueron analizadas conjuntamente con la prueba documental aportada para este caso, de la que se corroboran aún más los extremos fácticos destacados con anterioridad. Específicamente, los legajos de prueba nros. 180 y 234, el legajo CONADEP nro. 7023, el expediente nro. 38.468 caratulado "Allega, Jorge Alberto s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 7, Secretaría nro. 120 y la causa nro. 22.667 caratulada "Allega, Jorge Alberto s/ privación ilegítima de la libertad en su perjuicio" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 8, Secretaría nro. 123.

La defensa oficial se agravia a partir de pequeñas inconsistencias, incorrecciones o ausencia de información que fue enumerando a lo largo de su testimonio. A ello, debe decirse que, sin perjuicio de la apreciación distinta que poseemos los suscriptos respecto de la validez, coherencia y correlato de su testimonio, tan como quedara expuesto en el considerando tercero, la ausencia o el agregado actual de información de ninguna forma invalida el testimonio en su totalidad sino que exige un mayor grado de precaución y mesura al momento de su evaluación. Y bajo esa óptica, la declaración del damnificado supera holgadamente los estándares fijaddos.

En definitiva, tenemos por probado que Jorge Alberto Allega fue privado ilegítimamente de su libertad y mantenido en cautiverio tanto en "Atlético" como en "Banco" desde el día 9 de junio del año 1977 hasta recuperar su libertad el día 10 de julio del año 1978, sin perjuicio de haber permanecido entre fines de septiembre del año 1977 al 13 de abril del año siguiente en otros centros clandestinos de detención ajenos al objeto de este proceso.

Caso nro. 32: José Daniel Tocco

Tenemos por probados los hechos sufridos por José Daniel Tocco, tal como fueran descriptos por el Ministerio Público Fiscal en su requerimiento de elevación a juicio y mantenidos en el alegato final por el Dr. Alagia.

Valoramos los testimonios prestados por Ana María Careaga y Miguel D'Agostino para acreditar la permanencia de Tocco en el "Atlético", quienes eran compañeros de militancia de la víctima, de modo que existía un conocimiento previo que descarta cualquier posibilidad de error. Tales circunstancias resultan suficientes para desechar el agravio introducido por la defensa oficial en cuanto a la ausencia de motivos por los que se produjo la asignación del apodo a la víctima.

Asimismo, Careaga relató que Tocco dentro del centro de detención le contó que su mujer se encontraba embarazada y cercana a dar familia, circunstancia corroborada con la partida de nacimiento obrante a fojas 41 del legajo CONADEP nro. 2334 en el que consta el nacimiento de su hijo el día 17 de julio del año 1977.

En lo que hace a los restantes aspectos motivo de acusación, resulta suficiente el testimonio prestado por Fernando Daniel Tocco Basualdo, quien efectuó referencias absolutamente concordantes con las constancias documentales aportadas a la investigación.

Respecto de la fecha de detención aportada por el testigo, ella resulta absolutamente conteste con la denunciada por sus familiares en fecha próxima al suceso (ver recursos de habeas corpus de fojas 1 de la causa 22.859 y 1/2 de la 34.336 interpuestos por su padre, de nombre Rómulo Remo Tocco).

En relación a la fecha hasta la cual se pudo acreditar la permanencia del nombrado dentro del centro clandestino, habremos de utilizar las concretas referencias efectuadas por el testigo D'Agostino para limitarlo hasta el día 20 de septiembre del año 1977, fecha en la que se produjo su "traslado".

Las afirmaciones realizadas anteriormente, encuentran su correlato y se nutren en la siguiente prueba documental: legajo de prueba nro. 13, el legajo CONADEP nro. 2334, la causa nro. 22.859 caratulado "Rómulo Remo Tocco interpone recurso de hábeas corpus a favor de Tocco José Daniel" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 27, el expediente nro. 34.336, caratulado "Tocco, José Daniel , víctima de privación ilegítima de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 6 y la causa nro. 43.948 caratulada "Tocco, José Daniel s/privación ilegítima de la libertad, denunciante Tocco, Rómulo Remo" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 24.

A su vez, no podemos pasar por alto que idénticas cuestiones fueron probadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del año 1979 (ver caso nro. 3727).

En definitiva, tenemos probado que José Daniel Tocco fue privado ilegítimamente de su libertad el día 12 de junio del año 1977, mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", desde donde fue visto por última vez el día 20 de septiembre de ese mismo año en el que se produjo su "traslado" final.

Caso nro. 33: Ana María Careaga

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria, en lo que hace a los hechos sufridos por Ana María Careaga, tal como fueran descriptos por el Ministerio Público Fiscal a lo largo de las piezas acusatorias pertinentes.

Para ello, resultan de fundamental relevancia las manifestaciones efectuadas por la nombrada durante el desarrollo del juicio oral y público las que, por sí solo, son suficientes para tener probada su estadía dentro del Atlético. Destacamos la coherencia, correlato y corroboración de su testimonio, tomando relevancia las afirmaciones relativas al modo en la que fue identificada al momento de su ingreso (con la letra K, al igual que Tocco, Allega, Fontana, D'Agostino y La Valle, todos detenidos en fecha cercana a Careaga), la descripción del lugar, las innumerables identificaciones tanto de víctimas como de personal actuante que realizó, entre otros tantos aspectos ya mencionados en la parte general de este apartado.

En cuanto a las fechas referidas por la víctima, debe destacarse que ellas resulta totalmente coincidentes con las denunciadas en fecha cercana a los sucesos (ver recursos de habeas corpus interpuestos por la madre de la víctima -Ester Balestrino de Careaga- y que motivaran la formación de las causas 111 y 11.681 que en copias lucen a fojas 3/4 y 5/6 del legajo de prueba nro. 158).

Valoramos también los dichos de Delia Barrera y Ferrando, Osvaldo Juan Francisco La Valle, Jorge Alberto Allega, Fernando José Ángel Ulibarri y Miguel Ángel D'Agostino, todos ellos coincidentes entre sí al afirmar la presencia de la nombrada dentro del centro y al momento de referirse al apodo con el que era conocida, su estado de embarazo, la edad y militancia (circunstancias a su vez ratificadas por la propia damnificada en el debate oral).

Tenemos en cuenta también que este caso fue objeto de valoración de la Cámara Federal de esta ciudad en la causa nro. 13/84, oportunidad en que se tuvo por probados los hechos ya descriptos (caso nro. 83).

Finalmente, hemos analizado la prueba documental aportada a este sumario, todo lo cual resulta coincidente con las cuestiones hasta aquí mencionadas. Específicamente el legajo de prueba nro. 158, el legajo CONADEP nro. 5139 y el expediente nro. 12414 caratulado "Careaga, Ana María s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 12.

Destacamos la reiteración de los términos en los que depuso la víctima a lo largo del tiempo, resaltando que desde el momento en que recuperó la libertad y se presentó ante la CIDH su relato era idéntico al que escuchamos en este debate (ver trámite de los casos 2351 y 3362, según constancias de fojas 22/25, 27/39, 42/46, 47/49, 51/57 y 58/60 del legajo de prueba referido). Asimismo, en este mismo legajo encontramos el informe realizado por personal del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional el día 21 de mayo del año 1985, donde se constató la presencia de lesiones sobre la víctima (fojas 109/110).

En definitiva, tenemos por probada la privación ilegítima de la libertad de Ana María Careaga entre los días 13 de junio y 30 de septiembre del año 1977 y su cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético".

Caso nro. 34: Luis Federico Allega

Tenemos suficientemente acreditados los hechos sufridos por Luis Federico Allega, conforme la descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal al momento de realizar su requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida en el alegato final.

Para ello, resulta fundamental el contenido de la declaración testimonial prestada por el nombrado, corroborada no sólo con las consideraciones generales efectuadas supra sino también con las referencias realizadas por su hermano, Jorge Alberto Allega-

Si bien la defensa se esmera en resaltar determinadas cuestiones que a su criterio constituyen fuertes contradicciones entre los testimonios de los hermanos, debe decirse que pretender un relato idéntico de dos personas distintas sobre un mismo hecho resulta totalmente imposible cuando las percepciones que cada individuo poseen de una vivencia son únicas e irrepetibles. Además, los aspectos mencionados por la defensa de ningún modo resultan contradictorios entre sí, sino que por el contrario responden a diferentes grados de importancia de anécdotas en cada uno de los relatos, o detalles que de ningún modo son excluyentes (recordar lo explicado al fijar las pautas de valoración de la prueba -considerando tercero de la presente-).

Al margen de dichas cuestiones, hemos tenido en consideración los aspectos que a continuación se enunciarán y que nos permiten constatar su testimonio con los aspectos probados en la parte general de este apartado. Nos referimos a la forma en la que fue identificado (con letra y número, siendo aplicable las afirmaciones realizadas en el caso de Careaga respecto de la letra K y la fecha en la que se produjo la detención de la víctima), las numerosas identificaciones tanto de captores como víctimas, el modo en el que fue maniatado al momento de ingresar (candados de pies y manos con números que debía recordar indefectiblemente), la existencia de una escalera, la distribución física del lugar, el camino recorrido hasta llegar al centro y la ubicación realizada en ese mismo momento (lo ubicó cerca de la Facultad de Ingeniería donde él mismo cursaba sus estudios universitarios).

Pero no sólo dicho marco nos convence para adoptar una decisión como la que aquí se hará, sino que el hecho de ser corroborado su relato en base a la prueba documental resulta de fundamental relevancia. Nos referimos al legajo de prueba nro. 537, el legajo CONADEP nro. 6440, el expediente nro. 11.725 del Juzgado en lo Criminal de Instrucción nro. 28, Secretaría 142, caratulado "Allega, Luis Federico s/hábeas corpus" y la causa nro. 21.685 caratulada "Allega Luis s/ denuncia por presunta privación ilegal de la libertad del Juzgado de Instrucción nro. 26.

Del estudio de la prueba documental, puntualmente del relato obrante en el recurso de habeas corques obrante a fojas 1/3 de la causa 11.725 y de la ficha inicial del legajo CONADEP nro. 6440 se desprende que el secuestro de Luis Federico Allega se habría producido el día 14 de junio del año 1977 y no el 13 como declaró en el debate. No obstante ello, a poco que se analiza en conjunto su testimonio con el resto de los elementos, se observa a las claras que el inicio del procedimiento de secuestro y detención se produjo el día 13 en altas horas de la noche, habiendo finalizado pasadas las 0 horas, es decir, en las primeras del día 14.

En conclusión, tenemos probado que Luis Federico Allega fue privado ilegítimamente de su libertad el día 13 de junio del año 1977, mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", lugar desde donde el cual fue liberado el día 8 de julio de ese mismo año.

Caso nro. 35: Liliana Clelia Fontana

Tenemos suficientemente acreditados los hechos sufridos por Liliana Clelia Fontana, en los términos y según la descripción efectuada por el acusador estatal en su alocución final.

Valoramos los testimonios prestados por Delia Barrera y Ferrando, Adolfo Ferraro, Ana María Careaga, Jorge Alberto Allega, Fernando José Ángel Ulibarri, Miguel Ángel D'Agostino y Luis Federico Allega, todos ellos absolutamente contestes y coherentes entre sí al afirmar la presencia de Fontana en el Atlético. Fueron coincidentes al mencionar su apodo, la presencia de su pareja dentro del centro, las funciones asignadas por sus captores y, principalmente, su estado de embarazo.

Además hemos escuchado a sus hermanos Edgardo Rubén y Silvia Graciela, quienes aportaron detalles relativos al momento de su detención y ratificaron en su totalidad los aspectos resaltados por las víctimas que compartieron cautiverio con Fontana.

A su vez, no podemos pasar por alto la documental acompañada al sumario, la que corrobora aún más la afirmación efectuada. Más precisamente, el legajo de prueba nro. 1110, el legajo CONADEP nro. 1967 y la causa nro. 20.448/78, caratulada "Fontana, Clelia Deharbe s/ interpone recurso de habeas corpus a favor de Fontana, Liliana Clelia" del Juzgado Criminal nro. 2 del Departamento Judicial de San Martín.

Destacaremos la denuncia efectuada por su madre Clelia Deharbe de Fontana ante Abuelas de Plaza de Mayo a fojas 17/19 del legajo de prueba nro. 1110, y la descripción efectuada al interponer el recurso de habeas corques que motivara la formación de la causa 20.448, pues en ambas oportunidades como en posteriores declaraciones testimoniales prestadas por familiares, se ratificó la fecha en la que se produjo la detención de Fontana y los otros aspectos ya mencionados.

Por otro lado, y en lo que respecta la fecha hasta la cual fue vista Fontana dentro del centro clandestino en cuestión, debemos mencionar que la última persona que la menciona es Ulibarri, quien permanece en el circuito represivo durante el mes de noviembre del año 1977, de modo que limitaremos su estancia hasta la liberación del nombrado. Todo ello, pues no contamos con elementos que nos permitan sustentar la información volcada por Mario César Villani en su listado (T 26/12) ni por Cid de la Paz y González (OD-EMB dic/77). En definitiva, de lo que se desprende de esta causa, podemos afirmar que cuánto menos estuvo hasta la fecha indicada, sin que ello implique desechar de plano una hipótesis de permanencia mayor.

En otro orden de ideas, y en relación a los agravios introducidos por la defensa oficial, debe decirse que, en lo que hace a las diversas manifestaciones efectuadas por los testigos respecto de la evolución y período en el que se encontraba el embarazo de la víctima, a partir del cual la defensa pretende desacreditar dichos testimonios, resulta casi irrisorio pretender que a simple vista cualquier individuo pueda descifrar exactamente la semana de embarazo en la que se encuentra una persona, por lo que no puede erigirse como obstáculo válido de valoración la falta de acuerdo sobre los meses de embarazo de Fontana.

Asimismo, y en relación a la afirmación efectuada por la Dra. Blanco en cuanto a que Nelva Méndez de Falcone dijo que "Paty" era Patricia Ayerbe, luego de la lectura de las transcripciones de su declaración testimonial en la causa 13/84 no se advierte que ello sea así, pues dijo que era Paté y que fue torturada para saber dónde estaba su novio, mientras que Fontana fue secuestrada con su pareja. Es un error vincular a "Paty" con Ayerbe, tal como lo pretende la defensa.

Por otro lado, y en relación al error resaltado por la defensa en relación al listado de Cid de la Paz y González pues se asigna el apodo Erico a Daniel Alberto Dinella, habremos de estar a lo explicado a su respecto al momento de tratar el caso de este último (nro. 19).

En definitiva, tenemos la certeza necesaria para afirmar que Liliana Clelia Fontana fue privada ilegítimamente de su libertad el día 1 de julio del año 1977, mantenida en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" hasta, por lo menos, mediados de noviembre de ese mismo año. Al día de la fecha, continúa desaparecida.

Caso nro. 36: Miguel Ángel D'Agostino

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria, en lo que hace a los hechos sufridos por Miguel Ángel D'Agostino, tal como fueran descriptos con anterioridad.

Para ello, resultan de fundamental relevancia las manifestaciones efectuadas por el nombrado durante el desarrollo del juicio oral y público las que, por sí solas, son suficientes para tener probada su estadía dentro del "Atlético".

Su testimonio resultó absolutamente coherente, corroborable con los aspectos generales, minucioso y abundó en detalles. Resaltamos los siguientes aspecto, totalmente contestes con las generalidades ya analizadas. A saber: la existencia de un sótano, la escalera, la forma en la que fue identificado (con letra y número, remitiéndonos a lo dicho en el caso de Careaga en relación a la letra K), la forma en la que eran llevados al baño, la alimentación, los candados en sus extremidades y la obligación de recordar los números para poder abrirlos, y, principalmente, la gran cantidad de identificaciones tanto de captores como víctimas que realizó.

No obstante ello, valoramos también los dichos de Delia Barrera y Ferrando y Luis Federico Allega, los que resultan coincidentes con los de la víctima, siendo totalmente contestes al deponer sobre el apodo, edad y militancia del damnificado.

Tenemos en cuenta también que este caso fue objeto de valoración de la Cámara Federal de esta ciudad en la causa nro. 13/84, oportunidad en que se tuvo por probados los hechos ya descriptos (caso nro. 91).

Finalmente, hemos analizado la prueba documental aportada a este sumario, todo lo cual resulta coincidente con las cuestiones hasta aquí mencionadas. Específicamente el legajo de prueba nro. 224, el legajo CONADEP nro. 3901, la causa nro. 2268 caratulada "D' Agostino s/ hábeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia Letra "P", Secretaría nro.16 y el expediente nro. 1125 caratulado "D 'Agostino Ángel Vicente interpone recurso de hábeas corpus a favor de D' Agostino Miguel Ángel" del Juzgado en lo penal nro. 5, Secretaría nro.10.

Puntualmente respecto de la fecha en la que se produjo su secuestro y liberación, se observa una total coincidencia entre las aportadas en el debate por la víctima y las que se desprenden de la prueba documental (ver las declaraciones prestadas por sus padres, Ángel Vicente D'Agostino y Ana Concepción Guastalegname en la causa 13/84 obrantes a fojas 40/45 del legajo de prueba nro. 224 y los recursos de habeas corpus interpuestos a fojas 1/4 de la causa 2268 y 1/2 del expediente 1.125).

En definitiva, tenemos la certeza suficiente para afirmar que Miguel Ángel D'Agostino fue privado ilegítimamente de su libertad el día 2 de julio del año 1977, mantenido bajo cautiverio en el centro clandestino el "Atlético" y, finalmente, liberado el día 30 de septiembre de ese mismo año.

Caso nro. 37: Edith Estela Zeitlin

Tenemos suficientemente acreditados los hechos sufridos por Edith Estela Zeitlin, en los términos y según la descripción efectuada por el acusador estatal en su alocución final.

Valoramos los testimonios prestados por Ana María Careaga y Miguel Ángel D'Agostino, quienes fueron absolutamente contestes y coherentes entre sí al afirmar la presencia de Zeitlin en el Atlético. Si bien no abundaron en detalles, los testigos hicieron referencia a la víctima desde sus primeras declaraciones en fechas cercanas a sus liberaciones, lo que le otorga un mayor grado de certeza a sus dichos.

Ambos refirieron que fue detenida junto con otra persona de apellido Mansilla, circunstancia corroborada a partir de las constancias obrantes a fojas 4/5 del legajo CONADEP nro. 3004.

A su vez, no podemos pasar por alto la documental acompañada al sumario, la que corrobora aún más la afirmación efectuada e inclusive nos aportan datos concretos relativos a los hechos sufridos por la nombrada. Más precisamente, el legajo CONADEP nro. 3004, el legajo de prueba nro. 357, la causa nro. 55 caratulada "Zeitlin s/ hábeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, el expediente nro. 39.019 caratulado "Zeitlin s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro.28 y la causa nro. 45 caratulada "Nisenson de Zeitlin s/ hábeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5.

En lo que hace a la fecha en la cual se produjo el secuestro -motivo de crítica por parte de la defensa oficial-, debemos decir que, una vez más, nos encontramos con procedimiento que comienza en las últimas horas del día y finaliza en los albores del siguiente, de modo que la mención de un día u otro responde, en la mayoría de los casos, a una subjetividad difícil de determinar pero que de ninguna forma torna inválida la elección de una u otra. Nótese en el caso puntual que, según el recurso o la circunstancia en que haga el relato, la madre de la víctima, Sofía Nisenson de Zeitlin, consigna uno u otro día (ver, por ejemplo, los recursos de habeas corpus que motivaran la formación de las causas 45 y 55 por un lado, y por el otro, la denuncia efectuada ante la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos obrante a fojas 8/9 del legajo CONADEP nro. 5893 en la que consta la fecha referida por ella).

Asimismo, y en lo que hace a la fecha hasta la cual permaneció privada de su libertad, ante la ausencia de datos concretos que nos permitan alejarnos del día de su detención, habremos de limitar su período a ese día.

Por esa razón, es que podemos tener por probado que el día 14 de julio del año 1977 se produjo la detención de Edith Estela Zeitlin, que fue mantenida en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" hasta, por lo menos, el día 15 de ese mismo mes y año.

Caso nro. 38: Osvaldo Juan Francisco La Valle

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria en relación a los delitos sufridos por el nombrado, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Valoramos para ello el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por el damnificado La Valle lo que, por sí solo, resulta suficiente para acreditar tales extremos. Lógicamente, dicha afirmación puede mantenerse a partir de la veracidad de su testimonio, lo que se apoya en lo circunstanciado, coherente y minucioso de su relato. Corrobora aun más tal tesitura, las coincidencias y correlatos existentes entre sus descripciones y aquellas circunstancias que tuvimos por probadas en la parte general de este apartado.

Destacamos principalmente lo contado en relación al portón de entrada, la forma en la que le era cubierta la cara, la forma en la que fue identificado (con letra y número, remitiéndonos a lo dicho en el caso de Careaga en relación a la letra K), la existencia de una escalera, la descripción del lugar como un sótano, la referencia a la máquina de escribir, la distribución física del lugar, el modo en el que eran maniatados (encadenados cerrados con candados cuyos números debían recordar), y la identificación de captores que realizó ("Turco Julián", "Colores", "Poca Vida", entre otros).

Dichas circunstancias que fueran recreadas durante el debate, resultan idénticas a las ya resaltadas por la víctima en el legajo SDH nro. 2792, inclusive las fechas que aquí describió.

En relación a la crítica introducida por la Dra. Blanco en cuanto a que la víctima sólo pudo determinar que permaneció en el Atlético en base al testimonio de Cuellar, debe decirse que, por un lado, el relato de La Valle fue sometido a un control de logicidad y corroboración tal como se plasmara en los párrafos que anteceden que es lo que nos permite adoptar una decisión afirmativa al respecto. Por el otro, el agravio de la defensa en relación al testigo Cuellar quedó descartada al momento de tratar el caso nro. 12, de modo que nos remitimos a las consideraciones vertidas oportunamente.

En otro orden de ideas, resta analizar las referencias efectuadas por La Valle respecto de Ana María Careaga, a quien identificó como "Piojo", que estaba embarazada y que pertenecía al Consejo, lo que la defensa atacó por falaz. Sobre este punto, debe decirse que le asiste razón a la Dra. Blanco en cuanto al error de la asignación entre víctima y función en el centro, mas consideramos que ello no desecha de plano la validez del testimonio de La Valle. Por el contrario, entendemos que esa identificación responde a una confusión que, puntualmente con la víctima Fontana, resulta totalmente entendible, pues recordemos que las dos estaban embarazadas e inclusive Delia Barrera y Ferrando relató anécdotas en las que estaban juntas, que las hacían caminar por el pasillo.

En definitiva, tenemos probado que Osvaldo Juan Francisco La Valle fue mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", desde el día 15 de julio del año 1977 en que fue secuestrado hasta el día 5 de octubre de ese mismo año, que fue liberado.

Caso nro. 39: Juan Marcos Herman

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Herman.

Hemos valorado principalmente el testimonio prestado en la audiencia de debate por Miguel Ángel D'Agostino, quien aportó valiosos y vastos detalles de las circunstancias y características de Herman dentro del centro de detención el Atlético.

Hizo referencias a la ciudad de origen, profesión de su padre, estudios universitarios que se encontraba cursando, fecha exacta en la que fue detenido y el día en el que se produjo su ingreso al circuito represivo, edad y religión. Inclusive durante su relato se exhibió la investigación periodística titulada "Juan - Como si nada hubiera sucedido" del director e investigador Carlos Echeverría, en la que se pudo observar al testigo narrando idénticas circunstancias a las contadas durante su deposición.

Destacamos que la totalidad de aspectos contados por D'Agostino se encuentran corroborados a partir de la información volcada por sus familiares en anteriores declaraciones testimoniales, todas ellas obrantes en el legajo de prueba nro. 291 (ver fojas 1/4, 42/45, 75/76 y 318/320 declaraciones de su padre Julio Herman y a fojas 15/17, 28 y 321/323 las de su madre, Matilde Álvarez de Herman). Idéntico es el contenido del legajo CONADEP nro. 3986.

En lo que hace a la fecha en la que se produjo su detención, la aportada por D'Agostino es coincidente con la aportada por los padres de la víctima en las declaraciones ya referidas, de modo que habrá de ser tenida por cierta la del 16 de julio del año 1977. Respecto del día hasta el cual habrá de extenderse su privación, estaremos a la aportada por el testigo D'Agostino, pues es el único elemento con el que se cuenta sobre este aspecto, y el grado de convicción generado por el testimonio del nombrado (en base a las coincidencias destacadas en los párrafos precedentes) hacen que no exista motivo para alejarnos de la fecha aportada.

Hemos valorado también los dichos del testigo Vanrell, quien durante el debate hizo referencia a una persona que había sido detenida en la ciudad de Bariloche, al que vinculó con la Facultad de Ingeniería. Fácilmente se infiere que Vanrell hizo referencia a Herman, pues si bien el nombrado era estudiante de abogacía, tal como surge de la declaración testimonial prestada por Eduardo Luis Arroyo obrante a fojas 324/326 del legajo de prueba indicado, la víctima se encontraba en una lista del centro de estudiantes de esa casa de estudios, donde había sido alumno con anterioridad. Ello, sumado a la particularidad de la ciudad de origen, conforman un cuadro probatorio que nos otorga un grado de certeza apodíctica, tal como esta instancia requiere.

Por esas razones, es que tenemos la certeza necesaria para afirmar que Juan Marcos Herman fue secuestrado el día 16 de julio del año 1977, llevado al centro clandestino de detención el "Atlético" a los dos días, y mantenido en cautiverio en ese lugar hasta, por lo menos, el día 15 de agosto de ese año, sin que se haya tenido noticias posteriores de su paradero.

Caso nro. 40: Eduardo Raúl Castaño

Tenemos suficientemente acreditados los hechos sufridos por Eduardo Raúl Castaño, en los términos y según la descripción efectuada por el acusador estatal en su alocución final.

Valoramos los testimonios prestados por Delia Barrera y Ferrando, Daniel Eduardo Fernández y Pedro Miguel Antonio Vanrell, todos ellos absolutamente contestes y coherentes entre sí al afirmar la presencia de Castaño en el Atlético.

Si bien no hubo acuerdo entre los testigos al momento de aportar características del nombrado, los tres lo ubicaron en el mismo lugar dentro del centro, Fernández lo conocía con anterioridad y Vanrell aportó numerosos detalles, entre los que destacamos el problema para desplazarse que tenía, lo que le valió el apodo de "Rengo". Dicha circunstancia se encuentra corroborada en base a la prueba documental, de donde se desprende que, a consecuencia de una poliomielitis en una pierna tenía parálisis en la extremidad inferior derecha (ver declaraciones testimoniales prestadas por sus progenitores, Nélida Andreani y José Abel Silvestre Castaño a fojas 1/2, 6, 32 y 33, entre otras, del legajo de prueba nro. 229, coincidentes con el contenido del legajo CONADEP nro. 1317).

Las declaraciones en cuestión, sirven además como elemento para probar y dar por cierta la fecha en la que se produjo la detención de Castaño, coincidente no sólo con la mencionada por Vanrell en el debate sino también con los dichos de Guillermo González y Ludovica del Socorro Moreno a fojas 36 y 46 del legajo de prueba referido, ambos empleados del Hospital Francés, quienes ratificaron fecha y lugar donde se produjo la detención del nombrado.

Por otro lado, y en lo que hace a la fecha hasta la cual permaneció en el centro clandestino, debemos mencionar que, ante la falta de datos concretos que nos permitan ubicar la fecha en la que fue trasladado, habremos de limitarnos por las referencias temporales efectuadas por los testigos mencionados al inicio de este caso, de modo que no podrá superar mediados de agosto del año 1977.

Asimismo, y en relación al planteo de violación del principio de congruencia que realizara la señora defensora oficial a partir de la modificación del lugar geográfico donde se produjo la detención de Castaño, debemos decir que, en primer término, la descripción efectuada por la Fiscalía de la primera instancia en ningún momento mencionó el lugar puntual donde se produjo la detención, siendo además que, la fecha en la que se materializó no fue modificada de modo que no se advierte cómo ello puede constituir un agravio para la parte, máxime teniendo en cuenta el criterio de imputación escogido.

Por esos motivos, es que tenemos por probado que Eduardo Castaño permaneció privado de su libertad entre el día 4 de agosto del año 1977 hasta, por lo menos, mediados de ese mismo mes y año, siendo mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético".

Casos nros. 41 y 42: Delia María Barrera y Ferrando y Hugo Alberto Scutari Bellicci

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria en relación a los delitos sufridos por la pareja conformada por Barrera y Ferrando y Scutari Bellicci, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Valoramos para ello el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por la propia damnificada lo que, por sí solo, resulta suficiente para acreditar tales extremos. Lógicamente, dicha afirmación puede mantenerse a partir de la veracidad de su testimonio, lo que se apoya en lo circunstanciado, coherente y minucioso de su relato.

Destacamos las coincidencias y correlatos existentes entre sus descripciones y aquellas circunstancias que tuvimos por probadas en la parte general de este apartado. En este sentido, resaltamos lo contado por la testigo en relación a la forma en la que fue identificada al momento de ingresar (con letra y número, puntualmente le fue asignada la letra H al igual que Scutari Bellicci, Pisoni, Bellocchio, Fernández, Vanrell y Seoane, todos detenidos en fecha cercana a la víctima), las numerosas identificaciones que realizó tanto de secuestradores como de víctimas, la descripción del lugar, la existencia de una escalera, la referencia al sótano, la forma en la que fue maniatada, entre otras tantas características que aportó del centro donde permaneció detenida.

Su testimonio resulta fundamental para probar la privación de su pareja, Scutari Bellicci, pues dada la cercanía que la unía con el nombrado y el grado de detalle con el que depuso sobre la cuestión, no puede caber duda al respecto. En relación a la fecha hasta la cual permaneció detenido Scutari Bellicci, Barrera y Ferrando aportó concretamente el día en el que fue trasladado, describiendo incluso el modo en el que se despidieron.

Estos aspectos, a nuestro entender, cobran mayor relevancia que la ausencia o agregado de información a lo largo de sus declaraciones, de modo que la crítica introducida por la Dra. Blanco, relativa a la modificación de su testimonio, en nada impide que sea valorado positivamente, teniendo en cuenta para ello las consideraciones realizadas en el considerando tercero de esta sentencia.

Valoramos asimismo que la permanencia de los nombrados en el Atlético se corrobora también a partir de los testimonios de Daniel Eduardo Fernández, Jorge Alberto Allega y Miguel Ángel D'Agostino.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que consideraciones como las aquí realizadas fueron ya probadas en el marco de la causa nro. 13/84 por la Cámara Federal de Apelaciones del fuero (ver caso nro. 619), en lo que respecta a los hechos sufridos por Barrera y Ferrando, sin perjuicio de no haberse probado en aquella oportunidad su paso por el Atlético. Sin embargo, las nuevas circunstancias que hemos conocido en este debate, y las razones dadas en los párrafos anteriores, nos permiten alejarnos de las afirmaciones mantenidas por la Cámara Federal en esa causa.

En definitiva, y al analizar estas circunstancias conjuntamente con la documental arrimada al sumario se corroboran aun más los extremos mencionados. Puntualmente, hemos valorado los legajos de prueba nro. 221 y 233, los legajos CONADEP nros. 3219 y 6904, la causa nro. 34.568 caratulada "Scutari, Hugo Alberto s/ Privación Ilegítima de la libertad a éste. Antecedentes remitidos por el Juzgado de Sentencia Letra R" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 3, el expediente nro. 17.503 caratulado "Scutari, Hugo Alberto su Privación Ilegítima de la Libertad. Antecedentes del Juzgado Federal 3, Secretaría nro. 8" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 23, la causa nro. 44.802 caratulada "Scutari, Francisco. Denuncia de Privación Ilegítima de la libertad de su hijo Hugo Alberto Scutari (Antec. Remitidos por el Juzg. de Instrucción nro. 28, Secretaría nro. 142, causa nro. 12.556)" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 24 y el expediente nro. 144 caratulado "Ferrando de Barrera Gutierrez, Dolores interpone recurso de habeas corpus en favor de Delia Maria Barrera y Ferrando" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5.

Puntualmente, los dichos de los familiares de las víctimas en fecha cercana a los sucesos, nos permiten dar por ciertas y corroboran totalmente las aportadas por Barrera y Ferrando. Nos referimos a las declaraciones prestadas por Dominga Bellize de Scutari a fojas 1/2 y 40 del legajo de prueba nro. 221 y Francisco Scutari a fojas 12 y 14 de la causa 44.660.

En conclusión, tenemos probado que el día 5 de agosto del año 1977 fueron privados ilegítimamente de su libertad la pareja conformada por Delia María Barrera y Ferrando y Hugo Alberto Scutari Bellicci, y alojados en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético". La primera recuperó su libertad luego de 92 días de cautiverio, mientras que de Scutari Bellicci se desconoce al dúa de hoy su paradero, teniendo certeza que fue trasladado el día 20 de septiembre de ese mismo año.

Casos nros. 43 y 44: Rolando Víctor Pisoni e Irene Inés Bellocchio

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Pisoni y Bellocchio.

Hemos valorado principalmente el testimonio prestado en la audiencia de debate por Delia María Barrera y Ferrando y Pedro Miguel Antonio Vanrell, quienes aportaron valiosos detalles de las circunstancias de detención y características de la pareja dentro del centro de detención el Atlético.

La primera fue secuestrada el mismo día que las víctimas, aportó exactamente la forma en las que fueron identificados, y compartió celda con la pareja, de modo que tuvo un contacto directo, extenso e irrefutable con ellos.

El caso de Vanrell es distinto, pues si bien no aportó detalles de la relación que tuvo con ellos dentro del centro, sí explicó puntualmente que los conocía con anterioridad, puesto que Bellocchio era compañera de colegio de su hermana, por lo que era habitual encontrársela en su casa.

De este modo, ambos explicaron fundada y acabadamente los motivos de su identificación, y fueron coincidentes al describir a los nombrados por su nombre, el hecho de haber tenido un hijo poco tiempo antes de su detención, y las fechas en las que estuvieron en el centro. Sobre este último aspecto, debe resaltarse que ambos testigos fueron absolutamente coincidentes al ubicarlos en el "traslado" del 20 de septiembre, de modo que será ésta la fecha que se utilizará para finalizar el período de imputación.

Por otro lado, resaltamos que la información en cuestión resulta corroborada también por los datos aportados por los familiares de las víctimas, Aurora María Zucco y Carlos Enrique Pisoni, quienes inclusive relataron las tareas de reconstrucción en el ámbito familiar que realizaron a lo largo del tiempo.

Finalmente, hemos analizado la prueba documental aportada a este sumario, la que resulta absolutamente conteste con la valorada anteriormente (legajos CONADEP nros. 7951 y 444).

Los familiares que depusieron ratificaron la fecha en la que se produjo el secuestro, corroborada además a partir de las constancias de fojas 7/11 y 12/16 del legajo CONADEP nro. 7951 (copia del recurso de habeas corpus interpuesto por Felicidad López de Pisoni y de la carta manuscrita enviada a las autoridades democráticas por la nombrada) y las de fojas 14 y 15 del legajo CONADEP nro.444 (constancias de los recursos judiciales interpuestos por la familia de Bellocchio).

En definitiva, tenemos la certeza necesaria para afirmar que el día 5 de agosto del año 1977 fueron privados ilegítimamente de su libertad la pareja conformada por Pisoni y Bellocchio, quienes fueron mantenidos en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", hasta el día 20 de septiembre de ese mismo año, en que fueron trasladados, desconociéndose al día de hoy su paradero final.

Caso nro. 45: Cecilia Laura Minervini

Tenemos acabadamente probados los extremos fácticos sufridos por Cecilia Laura Minervini, en los términos y según la descripción efectuada por el acusador estatal en su alocución final.

Valoramos para ello los testimonios prestados en el debate por Daniel Eduardo Fernández, Pedro Miguel Antonio Vanrell, Miguel Ángel D'Agostino, Luis Federico Allega y Marcelo Gustavo Daelli, todos ellos absolutamente contestes y coherentes entre sí al afirmar la presencia de Minervini en el "Atlético", siendo coincidentes incluso al momento de aportar el apodo, militancia política, nombre de pila y las funciones asignadas a la víctima dentro del centro.

Asimismo, han sido unánimes al ubicar a Minervini dentro del "traslado" del día 20 de septiembre del año 1977.

Sin perjuicio de que muchos de los datos aportados por los testigos se ratifican a partir de la prueba documental, la defensa se agravió por la ausencia de familiares que declaren sobre el punto. Ante ello, debe decirse que el testigo Vanrell había mantenido una relación amorosa con la víctima fuera del centro y que Fernández la conocía previamente del barrio, de modo que cualquier tipo de agravio sobre el punto queda descartado de plano al momento que se analiza la prueba en su conjunto.

En lo que hace al agravio introducido por la Dra. Blanco en relación a la declaración testimonial prestada por Vanrell en el año 1979, han sido numerosos los testigos que se expidieron sobre el punto, explicando el miedo y la falta de certezas que existía en la época. No resulta exigible, analizando la totalidad de la prueba reproducida en el debate, que una persona recientemente liberada se exponga con libertad y libre consentimiento a prestar declaración testimonial ante autoridades judiciales. Ha quedado demostrado, y así lo relatamos en reiteradas oportunidades a lo largo de la presente, que los damnificados eran sometidos a controles una vez liberados, e inclusive se les daban concretas indicaciones de su imposibilidad de relatar lo vivido.

A su vez, no podemos pasar por alto la documental acompañada al sumario, la que corrobora aún más las afirmaciones efectuadas. Más precisamente, el legajo CONADEP nro. 2676, el legajo de prueba nro. 84, el expediente nro. 153 caratulado "Minervini, Cecilia Laura s/ recurso de hábeas corpus interpuesto en su favor" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, la causa nro. 73 caratulada "Minervini, Cecilia Laura s/ hábeas corpus" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, el expediente nro. 4962 caratulado "Poo de Minvervini, Lidia Rosa s/ querella" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, la causa nro. 12.711 caratulada "Minervini, Cecilia Laura s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 12 y el legajo nro. 66.

Dentro de la documental, resaltamos a continuación las constancias que nos permiten dar por cierta la fecha y lugar en que se produjo la detención de Minervini. Nos referimos, del legajo CONADEP nro. 2676, a la ficha de denuncia de fojas 1/3, la declaración de su madre Lydia Rosa Poo de fojas 4/5, el resumen de gestiones realizadas por familiares tanto ante autoridades judiciales como instituciones internacionales que luce a fojas 9 y la copia del recurso de habeas corpus presentado por la nombrada, glosado a fojas 52/53 (los términos utilizados en dicha presentación se reiteran a fojas 2/4 de la causa 34.678 -legajo 84-, 27 de la causa 35.524 y 49/51 de la 39112).

Por las razones brindadas hasta el momento, es que podemos afirmar que Cecilia Laura Minervini fue privada ilegítimamente de su libertad desde el día 10 de agosto del año 1977 hasta el 20 de septiembre de ese mismo año, fecha en la que fue trasladada sin conocerse al día de hoy su paradero definitivo. Durante ese período, fue mantenida en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético".

Caso nro. 46: Daniel Eduardo Fernández

Damos por acreditados los hechos sufridos por Fernández, tal como fueran recreados por el Ministerio Público Fiscal al momento de efectuar su acusación, tanto en esta instancia como en la instrucción.

Resulta vital para ello el tenor de la declaración testimonial prestada en el debate por el propio damnificado, suficiente para acreditar los extremos alegados. Destacamos las coincidencias de su relato con los aspectos generales que se tuvieron por probados, entre los que destacaremos la forma en la que fue identificado (con letra y número, remitiéndonos a lo expuesto al tratar el caso de Barrera y Ferrando en relación a la letra H), la presencia de una escalera, la descripción del lugar como un sótano, la gran cantidad de identificaciones realizadas, tanto de captores ("Colores", "Turco Julián", "Poca Vida", "Kung Fu", entre otros) como víctimas a modo de ejemplo, Vanrell, Barrera y Ferrando y Seoane), el lugar y modo en el que fue liberado, la forma en la que era maniatado, la concreta referencia realizada en torno al tacho de basura con inscripciones de la Policía Federal Argentina, entre otras tantas cosas.

A su vez, valoramos el relato de Pedro Miguel Antonio Vanrell, quien compartió cautiverio con Fernández, y resultaron absolutamente contestes y coherentes entre sí al narrar las circunstancias de su detención, teniendo en consideración que entre ellos tuvieron contacto directo al momento de compartir celda en el centro clandestino.

Respecto de su secuestro, Mónica Cristina Fernández -su hermana-prestó declaración durante el juicio oral y narró idénticas circunstancias a las descriptas por la víctima, ratificando horario y fecha de su detención. Este último aspecto además resulta coincidente con el relato efectuado por el padre de la víctima en fecha cercana a su detención, según consta en los reclamos judiciales intentados (ver recurso de habeas corpus que motivara la formación de la causa 33.322).

En definitiva, y al analizar estas circunstancias conjuntamente con la documental arrimada al sumario -legajo CONADEP nro. 1131 y la causa nro. 33.322 caratulada "Fernández, Daniel Eduardo s/privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 6-, tenemos la certeza necesaria para dar por probados los hechos sufridos por Fernández dentro del Atlético.

La defensa se agravia a partir de las fechas aportadas por el testigo. Sin embargo, nos parece fundamental resaltar que la fecha en la que se produjo su detención se corrobora, como quedara plasmado, no sólo con sus dichos sino con los de su hermana y con las constancias documentales ya referidas. De este modo, si bien en un principio de su declaración equivocó el mes en que se produjo, no cabe duda que ello respondió, justamente, a un error, pues incluso contó que su cumpleaños lo pasó privado de su libertad.

Por esas razones, es que podemos afirmar que Daniel Eduardo Fernández fue privado ilegítimamente de su libertad el día 13 de agosto del año 1977, alojado en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" para, finalmente, ser liberado el día 13 de septiembre de ese mismo año.

Caso nro. 47: Pedro Miguel Antonio Vanrell

Tenemos la certeza suficiente para dar por probados los extremos alegados por el Ministerio Público Fiscal en relación a los delitos sufridos por Pedro Miguel Antonio Vanrell.

Consideramos fundamental para ello el contenido de la declaración testimonial prestada por la víctima durante el juicio oral, suficiente para acreditar los extremos alegados. Valoramos no sólo la concomitancia y reiteración de su relato con los aspectos generales que se tuvieron por probados supra, sino además las identificaciones realizadas tanto de sus captores ("Turco Julián", "Cobani", "Dr. K", "Poca Vida", "Kung Fu") como de víctimas (Pisoni, Castaño, Seoane, Minervini) y las coincidencias -destacadas en el caso precedente- con el testimonio de Daniel Eduardo Fernández.

Brevemente, destacamos lo narrado por el testigo en relación al modo en el que fue identificado a su ingreso (ver, en relación a la letra H y la fecha en la que fue secuestrado, lo manifestado al tratar el caso de Barrera y Ferrando), la existencia de una escalera, la descripción del lugar como un sótano, las referencias físicas del centro, entre otros tantos aspectos que, a lo largo de las declaraciones presenciadas en el debate, fueron reiteradas una y otra vez. Dichos motivos, sumado a los criterios generales de evaluación de testimonios (ver considerando tercero), nos permiten desechar las críticas introducidas por la defensa oficial.

En definitiva, y al evaluar estas circunstancias conjuntamente con la documental arrimada al sumario -legajo CONADEP 1132, las actuaciones complementarias de la causa nro. 9.482, caratulada "Solicitud de paradero de Pedro Vanrell (causa Israel)" del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 y el legajo de prueba nro. 84, no quedan resquicios en el caso concreto.

Dentro de las actuaciones que complementan a la causa 9482, destacamos el expediente nro. 1620, de donde se desprende que el padre de la víctima, en fecha cercana al secuestro de su hijo, se presentó en la Comisaría 1 de la Policía Federal Argentina requiriendo se asiente en los libros correspondientes la "solicitud de paradero" de Vanrell. La fecha y el relato allí efectuado coincide totalmente con aquel realizado en el expediente de exposiciones nro. 1629 (ver fojas 1) también por el padre de la víctima, de modo que siendo los datos aportados en aquella oportunidad idénticos a los mencionados por la víctima al momento de prestar declaración testimonial en el debate, habremos de dar por cierta la fecha de detención del día 19 de agosto del año 1977.

Consideramos que la modificación del día, en relación a la acusación formulada en la instrucción, de ningún modo produce afectación al principio de congruencia pues, incluso, es menor el lapso que se imputa y, en atención al criterio de imputación utilizado (que se verá a posteriori), no produce agravio de ningún tipo.

En definitiva, tenemos probado que Pedro Miguel Antonio Vanrell fue secuestrado el día 19 de agosto del año 1977, alojado en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" para, finalmente, ser liberado el día 23 de septiembre de ese mismo año.

Caso nro. 48: Juan Carlos Seoane

Tenemos suficientemente acreditados los hechos sufridos por Juan Carlos Seoane, en los términos y según la descripción efectuada por el acusador estatal en su alocución final.

Si bien es cierto que no pudimos contar con el testimonio de la víctima durante el desarrollo del debate oral, no lo es menos que la prueba documental arrimada la investigación resulta de relevancia para poder sustentar dicha afirmación. En efecto, del legajo de prueba nro. 84 y de las constancias obrantes en la causa nro. 11.963 caratulada "Seoane, Juan Carlos s/privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 28 se desprenden vastos elementos para mantener tal extremo.

Evaluamos puntualmente la denuncia efectuada por el padre de la víctima el día 8 de septiembre del año 1977, ante la Comisaría 37 de la Policía Federal Argentina, donde ratificó la fecha y hora en la que se produjo la detención de su hijo. Su relato fue corroborado también por los dichos de la madre de Seoane, Beatriz Asunción Bezzi quien se expidió en idénticos términos que los de su marido (ver fojas 4/5 y 8/9 de la causa 11.963).

La propia víctima incluso ratificó la fecha en la que se produjo su secuestro en la declaración testimonial obrante a fojas 172/177 del legajo de prueba nro. 84, donde también realizó identificaciones de víctimas y secuestradores, describió el lugar donde estuvo detenido consignando la existencia de una escalera y sótano, la forma en la que fue identificado e, incluso, ratificó el apodo con el que era conocido.

Además, valoramos los testimonios prestados por Daniel Eduardo Fernández y Pedro Miguel Antonio Vanrell, quienes compartieron cautiverio en el Atlético con Seoane y fueron contestes al afirmar su presencia dentro del centro clandestino de detención, destacando ambos el apodo con el que era conocido, y explicando que tuvieron contacto directo con él pues compartieron celda.

En definitiva, teniendo en consideración que el procedimiento se inició el día 6 de septiembre del año 1977 aproximadamente a las 23:30 horas, y que la Fiscalía indicó, tal como lo hizo la propia víctima, que su detención se produjo el día 7, habremos de utilizar esta última fecha para dar inicio al período de privación ilegal de Seoane. En relación al agravio introducido por la defensa oficial, en cuanto a que la modificación de esa fecha (recordemos que la acusación en la instrucción consignó que su detención se produjo el 17 de agosto de ese mismo año) lesiona el principio de congruencia, habremos de estar a lo tantas veces explicado a lo largo de la presente, en cuanto a que la modificación in favor rei del lapso de privación y el modo de imputación elegido, no producen agravio de ningún tipo a los acusados.

Dicha modificación le otorga coherencia a la afirmación efectuada por la víctima en la declaración referida, en cuanto a que su detención se produjo dos semanas después que la de Fernández, aspecto que fue atacado por la defensa oficial y que perdió vigencia en la actualidad.

En consecuencia, tendremos probado que Juan Carlos Seoane fue privado ilegítimamente de su libertad el día 7 de diciembre del año 1977, mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" hasta el día 3 de diciembre de ese mismo año, fecha en que fue liberado.

Casos nros. 49, 50 y 51: David Daniel Vázquez, Rubén Orlando Córdoba y Ángel Reartes.

Consideramos que los hechos que habrían damnificado a Vázquez, Córdoba y Reartes, en los términos en que fue descripto por las partes acusadoras, no pudieron ser acreditados por los argumentos que a continuación se enumerarán.

En primer término, resaltamos que ni Córdoba ni Reartes prestaron declaración testimonial en el debate, y que ningún sobreviviente mencionó haber compartido cautiverio con las víctimas.

Por esa razón, el único elemento de prueba válido que fue acercado a la investigación es el legajo de prueba nro. 67. Si bien en dichas actuaciones obran numerosas constancias relativas a un doble homicidio sucedido el día 6 de septiembre del año 1977 en el domicilio de la calle Muñecas 857 de esta ciudad, habremos de limitar el estudio a las declaraciones que las supuestas víctimas prestaron en esa instancia.

La Fiscalía, al realizar este ejercicio, resaltó la mención que realizaron Córdoba y Reartes de la existencia de una escalera y una persona de apodo "Kung Fu" como personal del lugar. Ello, con el objeto de fundar su acusación.

No obstante, creemos que existen numerosos elementos para desechar la hipótesis en cuestión.

Veamos.

De la lectura de las declaraciones prestadas por Córdoba a fojas 77/78, 88 y 418/419, se desprende que efectivamente fue detenido el día 6 de septiembre del año 1977 al presentarse en la Comisaría 27 de la Policía Federal Argentina para averiguar en relación a un procedimiento realizado horas antes en su hogar. Pero además, allí manifestó que al momento de ser trasladado al lugar que la acusación identificó como el "Atlético", escuchó que sus captores dijeron que iban a tomar la Panamericana o Richieri, no recordando qué acceso concretamente. No sólo ello, sino que al llegar al lugar efectivamente bajó una escalera y que por eso suponía que era un sótano el lugar donde estuvo, pero también afirmó que esa escalera era del tipo "caracol". También es cierto que contó que le fueron asignados números de candados que debía recordar al momento de ir al baño, pero no lo es menos que en ningún momento refirió que se le haya asignado una forma de identificación que reemplace su nombre, como quedó probado que era la metodología del circuito. Y sí, efectivamente mencionó el apodo "Kung Fu", pero ningún otro. Ni secuestradores ni víctimas.

Por su parte, Reartes prestó declaración en similares términos que Córdoba al relatar los padecimientos físicos sufridos, pero no aportó detalles que puedan resultar de interés en relación a su permanencia en el "Atlético".

Por esos motivos, creemos que el grado de certeza propio de esta instancia no fue alcanzado en lo que respecta al hecho en cuestión, sino que por el contrario existe en los suscriptos un manto de duda que no puede ser resuelto de forma gravosa para los sometidos a proceso.

En definitiva, al carecer de elementos probatorios suficientes, es que habremos de descartar la petición acusatoria efectuada, imponiéndose la adopción de un temperamento liberatorio en relación a aquellos imputados que fueron acusados por estos sucesos.

Casos nros. 52 y 53: Norma Lidia Puerto y Daniel Jorge Risso

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Puerto y Risso.

Hemos valorado principalmente el testimonio prestado en la audiencia de debate por Delia María Barrera y Ferrando quien aportó valiosos detalles en relación a las condiciones de cautiverio del matrimonio de Puerto y Risso, narrando una anécdota concreta que ubicó a finales del mes de septiembre del año 1977.

Sus dichos se complementan con lo narrado por Edgardo Rubén Fontana y Gerardo Silva, quienes aportaron, cada uno a su forma, elementos que nos permite tener por acreditada la estancia de la pareja dentro del Atlético. El primero de los nombrados mantuvo una entrevista con los sobrevivientes Cid de la Paz y González, e identificó al matrimonio como alojado en el "Atlético", a los que conocía con anterioridad, pues mantenía una fuerte relación de amistad y compartían numerosas actividades.

En cambio, el testimonio de Silva se puede evaluar en base a la coherencia y la corroboración de su contenido, circunstancia que, analizada como un indicio dentro del marco probatorio se erige como prueba válida de la estancia del matrimonio dentro del "Atlético".

Todo ello resulta absolutamente coincidente con los datos aportados por los hijos de las víctimas, Pablo Martín y Julieta Risso, quienes en esta audiencia contaron las tareas de reconstrucción llevadas adelante por sus familiares, ratificaron la fecha en la que se produjo el secuestro, el apodo que tenían sus padres, entre otros aspectos que nos permite corroborar y otorgar validez al resto de los testimonios.

Hemos analizado la prueba documental aportada a este sumario, la que resulta absolutamente conteste con la valorada anteriormente. Puntualmente, los legajos CONADEP nros. 1339 y 1340, como así también las actuaciones de la causa nro. 14.182 caratulada "Puerto Norma y Rizzo Daniel s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 25.

En lo que hace a este último expediente, resaltamos que se trata de testimonios del habeas corpus nro. 168/78 interpuesto por el padre de una de las víctimas, Juan Carlos Puerto, en fecha cercana a los hechos y en el que se ratificó la fecha en la que se produjo la detención del matrimonio, corroborándose además la presencia de ellos en una fiesta de cumpleaños. Esa versión es mantenida en las denuncias efectuadas ya en período democrático ante la CONADEP.

En definitiva, siendo que la referencia de Barrera y Ferrando es la única anécdota concreta que nos permite ubicar temporalmente al matrimonio, es que habremos de tener por probado que entre el día 11 de septiembre del año 1977 hasta, por lo menos, fines de ese mismo mes y año, el matrimonio conformado por Puerto y Risso estuvo privado ilegítimamente de su libertad alojado en el centro clandestino de detención el Atlético, desconociéndose en la actualidad su paradero final.

Casos nros. 54 y 55: Juan Carlos Guarino y María Elena Varela.

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Guarino y Varela.

Si bien no pudimos recrear sus testimonios en la audiencia de debate, resultan suficientes para mantener dicha afirmación las declaraciones prestadas por Jorge Alberto Allega, Isabel Teresa Cerruti, Isabel Mercedes Fernández Blanco y Mario César Villani, quienes detallaron todos la presencia de la pareja en el centro de detención el Banco, mientras que los últimos dos también los identificaron en el Olimpo.

Fueron contestes al describir los apodos con los que eran conocidos, las funciones asignadas por el personal a cargo del centro, el tiempo que permanecieron secuestrados, entre otros aspectos.

Ahora bien, no obstante ello, lo cierto es que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 391 del ritual se dispuso la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales prestadas por Guarino por ante el juez instructor que lucen a fojas 21670/86 de los autos principales.

En aquella oportunidad, al igual que en el relato que conforma el legajo SDH nro. 3256 y que fue ratificado judicialmente en la declaración incorporada por lectura, Guarino hizo un relato minucioso de los centros clandestinos que aquí interesan. Describió el funcionamiento, aportó numerosos nombres del personal del centro y víctimas, fue claro y preciso al relatar el proceso de secuestro y detención, los lugares donde fue alojado con anterioridad a su ingreso al circuito represivo aquí investigado, entre otros factores que nos permiten tomar una decisión afirmativa sobre el caso del matrimonio. Consideramos de fundamental importancia además el hecho de que ambos han permanecido destabicados, con la posibilidad de utilizar sus sentidos en el máximo de sus posibilidades, de allí la importancia y abundancia descriptiva en sus declaraciones testimoniales.

En lo que hace a la fecha en la que se produjo su ingreso y salida del circuito represivo, ha sido especialmente claro al momento de aportarlos, y además se ven corroborados por los datos aportados por Jorge Alberto Allega en su declaración testimonial en el debate, con quien recordemos ingresaron juntos en el Banco.

En lo que hace a las críticas introducidas por la Dra. Blanco, debemos decir que, en primer lugar, el hecho de que los responsables de su caso hayan sido los integrantes del GT2 de ningún modo obsta ni desplaza la responsabilidad por los hechos de sus consortes, por los motivos y el criterio de imputación que será desarrollado en el acápite correspondiente. Por otro lado, destacamos que a fojas 19 del legajo SDH ya mencionado, Guarino expresamente mencionó que su mujer se encontraba asignada a tareas dentro de la lavandería, de modo que la suspicaz crítica realizada por la defensa oficial carece de asidero a poco que se estudia la prueba documental.

En definitiva, tenemos por probado que el matrimonio de Varela y Guarino ingresó al circuito represivo en el mes de abril del año 1978, habiendo pasado previamente por una serie de centros clandestinos de detención ajenos a esta investigación y que por ello exceden el marco de la presente, mantenidos en cautiverio en el "Banco" y el "Olimpo", para finalmente ser liberados, el 21 de septiembre de ese mismo año Varela y en el mes de enero del año 1979 Guarino.

Casos nros. 56 y 57: Norma Susana Stremiz y Osvaldo Manuel Alonso

Consideramos que los hechos que damnificaron a Stremiz y Alonso, tal como fueron traídos a conocimiento de los suscriptos por la acusación, no podrán ser acreditados por los argumentos a detallar.

En primer lugar, destacamos que ninguno fue identificado por otro damnificado privado de su libertad en fecha cercana a los mencionados. A ello, se agrega que no fue arrimada a la investigación legajo CONADEP ni legajo de prueba que diera cuenta de reclamos, declaraciones o trámites realizados al momento de los hechos. Siquiera se han aportado recursos judiciales que le otorguen fecha cierta de detención.

Es decir, el único elemento y novedoso con el que se cuenta es su testimonio. Si bien dicha circunstancia no genera per se ni automáticamente que se deseche la hipótesis de acusación, sí obliga a extremar los recaudos al momento de su estudio.

Sobre el punto, entendemos que le asiste razón a la señora Defensora Oficial en relación a las contradicciones que resaltó entre los relatos efectuados por cada uno de las víctimas. Ambos narraron de forma disímil las circunstancias de su detención y el alojamiento en celdas.

No obstante ello, no es tal extremo el que nos inclina por resolver como se dejará sentado infra, sino que son una serie de elementos de su declaración que, al ser conjugados con la totalidad de la prueba de la causa y la sistematicidad acreditada, no nos permiten arribar a una decisión condenatoria sobre el punto. En ese sentido, ambos han relatado que al ser ingresados al lugar donde permanecieron cautivos fueron identificados con una letra y un número; sin embargo, ésta no pudo ser corroborada por otras víctimas que les fuera asignada en fecha cercana manteniendo un orden y correlatividad que sí se presentó en numerosas ocasiones. Por otro lado, hemos evaluado la carencia de menciones a otras víctimas cuyo cautiverio haya sido acreditado en este debate, o al menos referidas por otros testigos (sólo mencionaron a la "Negrita de Santa Fe" y "Roxy"). Lo mismo sucede en relación a sus captores, pues no han podido aportar ningún apodo de los responsables de su privación.-

Finalmente, destacamos que ninguno ha aportado concreta y fehacientemente los motivos por los cuales identificaron el centro de detención el "Atlético" como el lugar donde permanecieron alojados sino que, por el contrario, exteriorizaron más dudas que certezas. Alonso no ha podido graficar el lugar donde estuvo. Stremiz refirió haber visto un plano en una exposición de obras de arte. Ello no resulta suficiente para fundar una sentencia condenatoria. Recordemos incluso que el motivo de su confusión se originó en la mención por parte de Alonso de una chicharra en la entrada del lugar. Fue el único testigo que hizo referencia a ello.

Concretamente, entendemos que los elementos resaltados en los últimos párrafos, además de la ausencia de otros testimonios que corroboren su permanencia en el "Atlético" y la falta de reclamos en fecha cercana que permita constatar las fechas aportadas por los testigos, se erige como un obstáculo de duda que no puede ser superado en esta instancia. Por esa razón, se impone resolver en favor de los acusados y adoptar en consecuencia un temperamento liberatorio respecto de aquellas personas que fueron acusadas por los hechos que damnificaron a Stremiz y Alonso.-

Casos nros. 58, 59 y 72: Lisa Levenstein, León Gajnaj y Salomón Gajnaj.

Tenemos probadas las circunstancias de hecho expuestas por el Sr. Fiscal de juicio en su alegato final, las que fueran relatadas al transcribir el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Sr. Fiscal de la primera instancia, en lo que hace a los hechos sufridos por el matrimonio de Lisa Levenstein y Salomón Gajnaj y de su hijo, León Gajnaj.

Valoramos principalmente los testimonios prestados en el desarrollo del debate por Mario César Villani y Nora Beatriz Bernal, quienes refirieron haber compartido cautiverio con León Gajnaj. Incluso Bernal, quien tenía una relación de amistad previa con la víctima, explicó que estuvieron también secuestrados en el "Atlético" los padres del nombrado, pues la víctima se lo contó personalmente mientras se encontraban cautivos.

Si bien la acusación inicial describe que León Gajnaj habría permanecido en cautiverio hasta llegar al Olimpo, consideramos acertada la modificación realizada por el Sr. Fiscal de Juicio en su alegato final puesto que de la prueba recolectada durante el debate, se probó la estancia del nombrado en el "Atlético" y en el "Banco" y el "traslado" final desde este último centro clandestino. Específicamente fue el testigo Villani quien explicó minuciosamente la época en la que León Gajnaj dejó de ser visto en el centro. Ello se condice totalmente con la información volcada en el listado por Cid de la Paz y González, quienes ubicaron en mayo del año 1978 el "traslado" de Gajnaj.

No obstante ello, no podemos dejar de resaltar que la testigo Bernal, al referirse a la víctima, ubicó su "traslado" en el mes de febrero del año referido. Sin embargo, a poco que analizamos su testimonio se desprende con cierta facilidad que dicha afirmación responde a un error en el relato. Partimos de la base que, si consideramos que Gajnaj fue trasladado en la fecha indicada por Bernal, resulta imposible que hayan compartido anécdotas y momentos puntuales durante la segunda detención de la víctima. Por ello, se observa que al pretender dar un dato certero de su amigo, hoy desaparecido, equivocó el mes aportado. Su disparador lógico es previo a la detención, pero fue la segunda y no la primera como consignó-

Ahora bien, probada la materialidad del caso de León Gajnaj, resta analizar los hechos sufridos por sus padres. Para ello, y no habiendo podido escuchar sus testimonios en el debate, serán valoradas las declaraciones prestadas en anteriores instancias. Pero previo a ello, destacamos que las afirmaciones realizadas por Cid de la Paz y González (en cuanto a que los padres de León habían sido también detenidos), el relato de Bernal y Villani, como así también las consideraciones vertidas por la por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del año 1979 (ver caso 3649) son indicios suficientes para mantener la presencia de los nombrados dentro del centro clandestino de detención el Atlético.

Además, destacamos que circunstancias idénticas a las enumeradas fueron probadas en la causa nro. 13/84 por la Cámara Federal de Apelaciones de esta Ciudad (casos nros. 620, 622 y 621).

Todo ello, sumado a la prueba documental aportada la investigación, nos permite tener por acreditados los extremos alegados por la parte acusadora. Específicamente, hemos analizado y resulta absolutamente conteste con las afirmaciones precedentes, los siguientes: el legajo de prueba nro. 26, el legajo CONADEP nro. 1328, la causa nro. 33.964 caratulada "Gajnaj, León s/ privación ilegítima de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 6 y el expediente nro. 22.760 caratulado "Gajnaj, León s/ privación ilegítima de la libertad" del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N 26.

Resaltamos principalmente el recurso de habeas corpus presentado el día 20 de marzo del año 1979 por Lisa Levenstein y la declaración testimonial prestada a causa de ello (ver fojas 1/5, 13, 11 y 18 de la causa 33.964) y la vía intentada el día 6 de junio del año 1979 (ver constancia de fojas 21/35). Además destacamos el manuscrito titulado "Testimonio complementario por desaparición de León Gajnaj" suscripto por los padres de la víctima, de fojas 8/15 del legajo de prueba nro. 26. Dichos aspectos fueron volcados por Lisa Levenstein y Salomón Gajnaj en las declaraciones testimoniales obrantes a fojas 44/46, 48/50 y 232 233 del legajo referido. En todos los actos ratificaron la fecha en la que se produjeron las detenciones, las fechas de liberaciones, los contactos telefónicos mantenidos con su hijo luego de ser liberados y los encuentros personales que tuvieron dentro del centro clandestino con su hijo León Gajnaj. Si bien podría resultar tautológico, lo cierto es que al haber probado la estancia del nombrado en el "Atlético", automáticamente tenemos la certeza necesaria para expedirnos en idéntico sentido respecto de sus padres. No obstante ello, destacamos además que el contenido de sus declaraciones supera un examen de razonabilidad y corroboración en base a determinados aspectos generales que se tuvieron por probados, destacando principalmente el modo en el que fueron identificados, la descripción física del lugar, las identificaciones realizadas, entre tantos otros.

Asimismo, hemos advertido que, en los relatos efectuados por los familiares de León Gajnaj, se consignó indistintamente como fecha de secuestro el 19 y el 20 de octubre del año 1977, existiendo consenso al decir que el procedimiento habría comenzado en horas de la noche del día 19. De ese modo, y teniendo en consideración que la acusación inicial contenía la hipótesis de detención del día 20 de octubre, habremos de mantener dicha fecha para evitar reproches defensistas, pues no se advierte agravio en la modificación o no del día.

En definitiva, tenemos por probado que el día 20 de octubre del año 1977 fueron privados ilegítimamente de su libertad el matrimonio de Lisa Levenstein y Salomón Gajnaj, como así también su hijo León, y alojados en el centro clandestino de detención el "Atlético". La pareja recuperó su libertad, el día 28 de octubre y el 28 de noviembre de ese mismo año, respectivamente, mientras que su hijo León permaneció en cautiverio para ser objeto de mudanza al centro clandestino el "Banco", desde donde fue finalmente trasladado en el mes de mayo del año 1978, sin que se tengan noticias de su paradero al día de la fecha.

Caso nro. 60: Alejandro Víctor Pina

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria respecto de los delitos sufridos por el nombrado dentro del Atlético, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Para ello valoramos puntualmente los testimonios prestados en el debate por Marcos Jorge Lezcano y Adolfo Ferraro, quienes aportaron numerosos detalles de la víctima, entre los que destacamos la claridad y precisión con la que se refirieron a la profesión del padre de la víctima y lugar de trabajo, además del particular sufrimiento físico al que se encontraba sometido Pina.

Por otro lado, el testimonio de los nombrados resulta fundamental también para corroborar el tiempo hasta el cual permaneció alojado en dicho centro clandestino, pues Lezcano concretamente afirmó que el día previo a su liberación tuvo contacto directo con Pina. Es decir, al 27 de noviembre del año 1977 aún permanecía en el centro.

Esa información fue volcada también por los familiares (ver testimonio de su padrastro, Julio Reynaldo Etchepare, de fojas 2/3 del legajo de prueba nro. 235 y recurso de habeas corpus interpuesto el día 26 de marzo del año 1979, que motivara la formación de la causa 14.505).

Además, y en lo que hace a la fecha en la que se produjo su detención, destacamos que tanto en las ocasiones referidas como en el recurso de habeas corpus interpuesto la semana siguiente a su detención (causa 10.742) y al momento de acercarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver caso 6420), el día aportado fue el mismo una y otra vez.

En definitiva, como se fuera adelantando en los párrafos precedentes, consideramos que los extremos alegados por las partes acusadoras se encuentran a su vez corroborados por la prueba documental aportada. Específicamente, el legajo de prueba nro. 235, el legajo CONADEP nro. 605, la causa nro. 10.742 caratulada "Pina Alejandro s/ hábeas corpus" del Juzgado de Sentencia Letra "D" y el expediente nro. 14.505 caratulado "Pina Alejandro s/ hábeas corpus" del Juzgado Nacional en lo Criminal de instrucción nro. 21, Secretaría nro. 164.

Por los motivos dados hasta el momento, es que tenemos probado que Alejandro Víctor Pina fue privado ilegítimamente de su libertad el día 26 de octubre del año 1977, alojado en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" hasta, por lo menos, el día 27 de noviembre de ese mismo año, fecha en la que se tiene la última noticia de la víctima.

Casos nros. 61 y 62: Mirta González y Juan Carlos Fernández

Tenemos la certeza que esta instancia procesal requiere para dar por probados los hechos sufridos por la pareja de González y Fernández, según la descripción realizada por el Ministerio Público Fiscal ya transcripta al momento de citar el requerimiento de elevación a juicio.

Hemos valorado, en lo que hace a la fecha en la que se produjo la detención y para acreditar el vínculo sentimental que unía a las víctimas, los dichos de Cándida Aguirre de fojas 2/4 del legajo CONADEP nro. 4528 y de Úrsula Fernández de fojas 2 del legajo CONADEP nro. 4536 (madre de González y hermana de Fernández, respectivamente), quienes fueron absolutamente contestes al relatar los sucesos del secuestro el día 26 de octubre del año 1977, el lugar donde se produjo y el hecho de que las víctimas eran pareja.

La última de las nombradas también realizó idéntica narración al momento de interponer los diversos recursos judiciales que, sin perjuicio de carecer de las copias de dichas actuaciones -pues no fueron aportadas ni solicitadas por las partes-, se pueden constatar los recursos propiamente dichos a fojas 5/6 y 7 del legajo de prueba nro. 97.

Respecto de su ingreso y permanencia dentro del circuito represivo, hemos de destacar que, en relación a Fernández, fueron numerosos los testigos que lo ubicaron dentro de los diferentes centros clandestinos, y resultaron todos ellos coincidentes al mencionar su provincia de origen, apodo y fuerza política de pertenencia, aspectos que a su vez se encuentran debidamente corroborados por las menciones efectuadas por su hermana que ya fueron destacadas. Nos referimos a Daniel Aldo Merialdo, Susana Leonor Caride, Graciela Irma Trotta, Isabel Mercedes Fernández Blanco, Carlos Enrique Ghezan, Julio Fernando Rearte y Mario César Villani.

El último de los nombrados incluso se expidió con mayor detalle al confeccionar su listado, al igual que en el que realizaron Cid de la Paz y González. Ambos ubicaron temporalmente el "traslado" del nombrado en el mes de enero del año 1979. Sin embargo, la última víctima sobreviviente que en el debate aportó referencias temporales concretas al respecto fue Susana Leonor Caride, quien indicó que, cuando ella recupera su libertad, Fernández aún continuaba dentro del centro. Por dichos motivos, es que habremos de utilizar su fecha de liberación para delimitar el lapso de imputación de la víctima que aquí analizamos, pues no podemos otorgar, con la certeza que esta etapa requiere, una fecha exacta y puntual de "traslado".

Respecto de Mirta González, fueron María del Carmen Rezzano, Mariana Patricia Arcondo, Hebe Margarita Cáceres y Mario César Villani quienes refirieron haber compartido cautiverio con la víctima. Todos le asignaron el apodo de "Verónica", a excepción de Villani, quien se refirió a ella como "Nucha". Sin embargo, en su listado indicó correctamente que se la denominaba "Verónica", y a su vez coincide con el listado confeccionado por Cid de la Paz y González, donde también le asignaron ese apodo. Incluso en este último se hizo constar que a su ingreso fue identificada como X-33, lo que resulta absolutamente coherente y coincidente con las víctimas ingresadas en fecha cercana a quienes también se les asignó la letra X (Levenstein, Lezcano, Ferraro, Martino, Alvarado, Barracosa, Migliari, Ulibarri, Copetti, Gajnaj, Cid de la Paz, Chavarino Cortés y Villani).

Si bien hay imprecisiones, el tiempo transcurrido, el poco protagonismo que tuvo la mencionada en el marco, es razonable que se le haya desdibujado las consideraciones realizadas. De allí que se valore aún más el listado confeccionado por Villani, y sus corroboraciones, de modo que habremos de limitar su imputación a principios del mes de marzo del año 1978.

Tenemos probado que González no era "Nucha", entendemos que existió una confusión por parte del testigo, si tenemos también en consideración lo dicho por Rufino Jorge Almeida en cuanto a que "Nucha" estaba en el Consejo y que no pudo ser identificada.

Por lo demás, y con los alcances fijados en el considerando tercero, no puede dejar de resaltarse que extremos como los aquí referidos fueron probados en el marco de la causa nro. 13/84 por la Cámara Federal (casos nros. 623 y 624).

Todo ello se corrobora también en base a la prueba documental arrimada al sumario, que fuera mencionada en los párrafos precedentes.

En definitiva, tenemos probado que la pareja de González y Fernández fue secuestrada el día 26 de octubre del año 1977, mantenida en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético", posteriormente en el "Banco", lugar desde donde Mirta González fue trasladada a principios del mes de marzo del año 1978. En cambio Fernández, también permaneció alojado en el "Olimpo" hasta, por lo menos, el día 23 de diciembre del año 1978, sin que se volviera a tener noticias de su paradero.

Caso nro. 63: Mirta Edith Trajtenberg

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria respecto de los delitos sufridos por la nombrada dentro de los centros clandestinos de detención el "Atlético" y el "Banco", conforme la descripción efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Para ello valoramos puntualmente los testimonios prestados en el debate por Jorge Alberto Allega, Daniel Aldo Merialdo y Mario César Villani, quienes coincidieron en la descripción (magullada luego de una importante sesión de tortura, con cicatrices en el cuello, entre otras cosas) y referencias de la jerarquía política de la víctima. Todos ellos afirmaron haberla visto en el "Banco". El señor Villani agregó que en el "Atlético" también pudo observar la presencia de la nombrada. Fueron contestes al exteriorizar la forma de identificación de la señora Trajtemberg, el apodo con el que era conocido.

Estos aspectos se encuentran corroborados también a partir del contenido de la declaración indagatoria de Juan Antonio Del Cerro (ver certificación obrante a fojas 30 del legajo de prueba nro. 135 y declaración completa obrante a fojas 1140 del legajo de prueba nro. 119), quien ratificó apodo, cargo en la organización y daños sufridos al momento de su detención.

Sobre este momento puntual, específicamente del secuestro de la víctima, si bien no se pudo determinar la fecha exacta en la que ese procedimiento se llevó adelante, existen indicios suficientes para ubicarlo en el mes de noviembre del año 1977. Nos referimos a los listados de Villani, Cid de la Paz y González, conjuntamente con la declaración testimonial prestada por el padre de la víctima, Benjamín Trajtemberg, a fojas 27/28 del legajo de prueba nro. 135, el certificado obrante a fojas 22 del legajo CONADEP nro. 20, y demás constancias documentales obrantes en el legajo de prueba mencionado. Por ello, es que habremos de dar por cierto que la privación dio comienzo en el mes indicado.

Respecto de su permanencia en el circuito, debemos destacar que existen sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada que ubicaron a la nombrada en dicho centro. Del propio informe publicado por Cid de la Paz y González se hace referencia a un traslado temporal de Trajtemberg a ese centro. Por esa razón, y no pudiendo determinar con la certeza que esta instancia requiere el destino dado a la víctima luego del 13 de abril del año 1978 -fecha de ingreso del último testigo que afirmó haberla visto dentro del "Banco"-, habremos de limitar la hipótesis acusatoria a esa fecha, que conforma el período en el que efectivamente existen testigos que la ubican dentro del circuito represivo aquí investigado.

En otro orden de ideas, no podemos dejar de mencionar que la privación ilegal de la libertad de la víctima se tuvo por probada en el marco de la causa nro. 13/84 por la Cámara Federal de esta ciudad (caso nro. 627).

En definitiva, y en base a la documental mencionada en los párrafos anteriores, tenemos la certeza suficiente para afirmar que Trajtemberg permaneció privada ilegítimamente de su libertad desde el mes de noviembre del año 1977 hasta, por lo menos, el día 13 de abril del año 1978, y alojada en los centros clandestino de detención el "Atlético" y "Banco".

Casos nros. 64 y 66: Marcos Jorge Lezcano y Donato Martino

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por la Fiscalía en esta instancia, ya explicados al momento de transcribir la pieza acusatoria, en lo que hace a los hechos que damnificaran a Lezcano y Martino.

Resulta suficiente para mantener dicha afirmación el testimonio prestado en la audiencia de debate por el señor Lezcano, quien aportó numerosos detalles no sólo de las condiciones de detención y alojamiento -absolutamente coincidentes con las probadas en la parte general de este apartado-, sino también de las personas con las que compartió cautiverio, la forma con la que fue identificado, la periodicidad de la alimentación, la existencia de la leonera, el personal que prestaba funciones allí, la arenga previa a la liberación, y el lugar en que fue dejado al recuperar la libertad.

Además, aportó las fechas en las que se produjo tanto el secuestro como su liberación y la de su compañero, que coinciden con las alegadas por el acusador estatal.

Por otro lado, y en base al testimonio prestado en la audiencia por Marcos Jorge Lezcano y Adolfo Ferraro, y anteriores declaraciones obrantes en el legajo de prueba nro. 228 de Donato Martino (fojas 14 y 34/36), Alberto Rubén Alvaro (fojas 9/10 y 24/26), Haydée Marta Barracosa (fojas 53/56) y Antonio Migliari (fojas 18/19 y 49/51), tenemos por probado que los nombrados, en su calidad de empleados de la Dirección de Talleres del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un reclamo gremial en busca de un aumento salarial que, como consecuencia, trajo aparejada la persecución de los nombrados por el aparato represivo estatal. Como analizaremos a lo largo del tratamiento de cada caso en particular, entre el 3 y el 4 de noviembre del año 1977 fueron detenidos los empleados referidos y alojados, como veremos, en el centro clandestino de detención el "Atlético". Existió un móvil puntual para aprehender a los nombrados, que conforman un grupo determinado en el colectivo de víctimas aquí investigadas.

Dicha circunstancia se erige como un indicio que deberá ser estudiado en cada caso puntual con el resto de la prueba recolectada.

Todo ello, al ser estudiado conjuntamente con el testimonio brindado en esta instancia por Adolfo Ferraro y Fernando José Angel Ulibarri, como así también el de Susana Ivonne Copetti de fojas 5/7 y 18/21 del legajo de prueba nro. 220, nos permite afirmar que los nombrados permanecieron privados de su libertad en el centro de detención el Atlético.

A su vez, las afirmaciones realizadas se encuentran corroboradas con la prueba documental aportada a este sumario, puntualmente el legajo de prueba nro. 228, los legajos CONADEP nros. 1485 y 1482 y la causa nro. 12.608 caratulada "Lezcano Marcos s/ privación ilegal de la libertad" del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro.13.

En definitiva, tenemos probada la privación ilegítima de la libertad de Lezcano y Martino desde el día 3 de noviembre del año 1977 hasta el día 21 o 22 de ese mismo mes y año el primero y hasta el 8 de noviembre de ese año el segundo, habiendo sido alojados en el centro clandestino el "Atlético".

Caso nro. 65: Adolfo Ferraro

Tenemos probada la hipótesis acusatoria en relación a los delitos sufridos por el nombrado, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia, con las salvedades que se mencionarán.

Valoramos para ello el contenido de la declaración testimonial prestada en el debate por el damnificado Ferraro lo que, por sí solo, resulta suficiente para acreditar tales extremos. Lógicamente, dicha afirmación puede mantenerse a partir de la veracidad de su testimonio, lo que se apoya en lo circunstanciado, coherente y minucioso de su relato. Corrobora aun más tal tesitura, las coincidencias y correlatos existentes entre sus descripciones y aquellas circunstancias que tuvimos por probadas en la parte general de este apartado, además de las circunstancias probadas al tratar los casos nros. 64 y 66, en lo que hace a la pertenencia de la víctima al grupo de trabajadores municipales (y lógicamente las declaraciones allí mencionadas).

Por lo demás, hemos tenido en cuenta también los dichos de Marcos Jorge Lezcano y Fernando José Ángel Ulibarri, quienes dieron cuenta de la presencia de la víctima dentro del centro el Atlético, como así también los dichos de Susana Ivonne Copetti obrantes a fojas 5/7 y 18/21 del legajo de prueba nro. 220.

En lo que hace a las fechas en las que se produjeron tanto su secuestro como liberación, si bien durante el debate no pudo aportarlas con exactitud afirmó haber sido detenido una hora antes que Lezcano y liberados juntos. Por ello, habremos de estar a las fechas ya probadas al tratar el caso respectivo.

En definitiva, y al analizar estas circunstancias conjuntamente con la documental arrimada al sumario -legajo de prueba nro. 228, el legajo CONADEP nro. 1486 y las constancias correspondientes al caso nro. 247 caratulado "Milka, Amada Romano y otros..." que tramita en la causa n 4012 "Riveros, Santiago Omar y otros s/privación ilegal de la libertad...etc", del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 2 de San Martín-, tenemos la certeza necesaria para dar por probados los hechos alegados.

Por ello, habremos de considerar probado que Ferraro fue privado ilegítimamente de su libertad el día 3 de noviembre de 1977 mantenido en cautiverio en el centro clandestino de detención el "Atlético" hasta el día 21 o 22 de ese mismo mes y año en que fue liberado.

No escapa a los suscriptos que, conforme el requerimiento de elevación a juicio, el nombrado habría sido privado de su libertad el día 3 de octubre del año 1976, alojado en "El Campito" y, luego de un mes, trasladado al "Atlético" donde habría permanecido en cautiverio dos días. Sin embargo, la Fiscalía al momento de su alegato no trajo a colación dicha detención, sin aportar razones de ello. No obstante, lo cierto es que consideramos acertada la decisión del acusador pues, de una atenta compulsa de los dichos del nombrado prestados en el debate, complementados con la prueba documental, se observa claramente que, como quedara sentado con anterioridad, el relato efectuado en relación a la segunda detención fue absolutamente coherente y cargada de detalles, mientras que no sucede lo mismo con la primera, pues no hizo menciones plausibles de ser corroboradas con otras constancias más que lo manifestado al testigo por el Turco Julián. Por esa razón, es que no habremos de incluir dentro del marco de imputación tales sucesos.

Caso nro. 67: Alberto Rubén Álvaro

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria respecto de los delitos sufridos por el nombrado dentro del Atlético, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Para ello valoramos puntualmente los testimonios prestados en el debate por Marcos Jorge Lezcano, Adolfo Ferraro y Fernando José Ángel Ulibarri, quienes aportaron concretas referencias de la víctima. Resaltamos el contenido de la declaración de los primeros dos de los nombrados, quienes eran compañeros de trabajo de la víctima, de modo que su veracidad y contundencia no podría ser siquiera atacada, tomando aún mayor envergadura entendiendo su secuestro según la detención grupal descripta al tratar los casos nros. 44 y 46.

En lo que hace a las fechas en las que se produjo su liberación, debe resaltarse que, según lo declarado por la víctima a fojas 9/10 y 24/26 del legajo de prueba nro. 228 y por Ferraro y Lezcano durante el debate, los tres fueron liberados juntos, de modo que habrá de estarse a la fecha que fue probada a su respecto. En relación a su detención, tanto en esa declaraciones como en las obrantes en el legajo CONADEP nro. 7269, describió que el hecho sucedió el día 4 de noviembre del año 1977.

En consecuencia, y valorando también la documental ya mencionada (legajo CONADEP nro. 7269 y legajo de prueba nro. 228), es que tenemos por probado que Álvaro fue privado de su libertad el día 4 de noviembre del año 1977, que recuperó su libertad el día 21 o 22 de ese mismo mes y año, habiendo sido alojado durante ese período en el centro clandestino de detención el "Atlético".

Casos nros. 68 y 69: Haydée Marta Barracosa y Antonio Atilio Migliari

Tenemos por probada la hipótesis acusatoria en relación a los delitos sufridos por la pareja conformada por Barracosa y Migliari, conforme la descripción ya efectuada al transcribir el requerimiento de elevación a juicio que fuera mantenida por el Sr. Fiscal de Juicio ante esta instancia.

Si bien no pudimos contar con el testimonio de los nombrados, lo cierto es que ello no obstaculiza la reconstrucción de los hechos que los damnificaron, pues la información aportada durante el debate por los testigos Adolfo Ferraro, Marcos Jorge Lezcano y Fernando José Ángel Ulibarri y la prueba documental aportada -específicamente el legajo CONADEP nro. 6964-resulta suficiente para afirmar que la pareja estuvo secuestrada en el "Atlético", en las condiciones ya descriptas.

Hemos valorado, al igual que en los casos anteriores, la detención grupal por los motivos y en los términos que ya fueran descriptos al analizar los casos nros. 44 y 46.

En lo que hace a las fechas durante las cuales se sucedieron estos hechos, las víctimas, al momento de prestar declaración testimonial en el legajo de prueba nro. 228 (Barracosa a fojas 53/56 y Migliari a fojas 18/19 y 49/51), fueron absolutamente contestes entre sí al describir situación de detención y libración. No puede soslayarse, con la valoración propia de la prueba documental, que los nombrados aportaron numerosas identificaciones de víctimas y secuestradores, describieron el lugar, la forma en la que fueron identificados, todos estas cuestiones coinciden en su totalidad con las circunstancias que se tuvieron por probadas en la parte general de este apartado.

En definitiva, tenemos probado que el matrimonio de Migliari y Barracosa fue privado de su libertad el día 4 de noviembre del año 1977, alojados en el centro clandestino de detención el "Atlético", y liberados luego de 22 días de cautiverio.

Casos nros. 70 y 71: Fernando José Ángel Ulibarri y Susana Ivonne Copetti

Tenemos suficientemente acreditados los extremos alegados por el Ministerio Público Fiscal, en lo que hace a los hechos sufridos por el matrimonio de Ulibarri y Copetti, en los términos ya transcriptos al momento de referirnos al requerimiento de elevación a juicio.

Resulta fundamental para ello el contenido de la declaración testimonial prestada en esta instancia por Fernando José Ángel Ulibarri, quien aportó vastos detalles del lugar donde estuvo alojado, las personas con las que compartió cautiverio ("Gerónimo", "Tano", "Paty" y grupo de municipales), sus captores (mencionó al "Turco Julián" y "Colores"), los diversos roles asignados dentro del centro tanto a detenidos como captores, la forma en la que fueron identificados (con la letra X, al igual que Lezcano, Ferraro, Alvaro, Barracosa, Migliari, Gajnaj, Cid de la Paz, Chavarino Cortés y Villani, todos detenidos durante el mes de noviembre), la mención de la escalera a la entrada, la descripción del camino realizado hasta llegar al lugar, el procedimiento de tortura específico (picana, leonera y advertencia de no ingerir agua), el tabicamiento, la descripción de los "traslados" y las palabras con las que se engañaba a quienes eran designados, la cercanía del lugar respecto de dónde se produjo su liberación, el vaciamiento del hogar y la forma de alimentación.

Estos extremos se encuentran absolutamente corroborados con los aspectos probados en la parte general de este apartado, y resultan suficientes para desterrar cualquier tipo de duda que pueda surgir a partir de la ausencia de testimonios que ratifiquen su presencia dentro del centro el "Atlético".

Sin embargo, la defensa oficial atacó su testimonio en base a determinadas incoherencias en las que habría incurrido el testigo. No obstante ello, y al margen de las consideraciones generales realizadas en el considerando tercero de esta sentencia, en relación a la valoración de testigos, lo cierto es que Ulibarri, mientras depuso en el tribunal, advirtió en reiteradas oportunidades que en relación a los nombres de víctimas, de capt