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10dic04
Carta de AI Londres sobre el descuartizamiento de un preso en la cárcel de Mendoza.
Ref.: AMR 13/13/2004
Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza
Sr. Julio Cobos
Mendoza
ArgentinaSr. Gobernador:
La situación de extrema gravedad que prevalece en las cárceles de la provincia y la última información relacionada con la muerte del preso Sergio Norberto Salinas en la Penitenciaria de Mendoza, cuyo cuerpo descuartizado fue encontrado el pasado 4 de diciembre nos impulsa a dirigirle una vez más nuestras preocupaciones. En esta comunicación, la cuarta de este año, Amnistía Internacional le reitera su preocupación sobre esta seria situación y sobre las difíciles circunstancias que están atravesando los defensores de derechos humanos en la Provincia de Mendoza, confiando recibir una respuesta del Sr. Gobernador.
Según la información recibida, guardias penitenciarios encontraron el 4 de diciembre de 2004 en el pasillo del pabellón número siete de la Penitenciaria de Mendoza el torso de un hombre. En otros sitios dentro del pabellón encontraron la cabeza y los miembros. El fallecido fue identificado como Sergio Norberto Salinas quien cumplía una condena de cinco años.
Amnistía International ha presentado con creciente preocupación tanto a las autoridades provinciales, como a las federales la información y denuncias recibidas respecto a las condiciones carcelarias y el trato a los presos en las cárceles de la Provincia de Mendoza que constituyen trato cruel, inhumano y degradante. En su comunicación del 22 de octubre de 2004, Amnistía Internacional puso de presente a las autoridades el alto número de muertes ocurridas en la Penitenciaria de Mendoza solicitando información sobre las investigaciones adelantas y sus resultados. Desde la fecha de esa comunicación hasta hoy, esa cifra ha aumentado a 17 presos muertos en circunstancias que continúan sin ser investigadas. En este contexto Amnistía Internacional se permite hacer hincapié en la Medidas Provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH), que en su Resolución de fecha 22 de noviembre de 2004, requirió al Estado argentino que, entre otros, investigue las muertes, identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes. Igualmente la CIDH requiere al Estado que adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André de Lavalle.
Desde nuestra última comunicación del 22 de octubre de 2004 (Ref.TG AMR 13/010/2004), Amnistía Internacional ha registrado con creciente preocupación las declaraciones públicas de autoridades provinciales que menoscaban la labor de los abogados defensores de derechos humanos que realizan su legítimo trabajo jurídico a favor de los familiares de los presos. Amnistía Internacional se permite recordar al Sr. Gobernador que el Estado argentino aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, lo cual no sólo supuso el reconocimiento de la labor de éstos sino también un compromiso de garantizar que pueden desempeñarla sin injerencias, obstáculos o temor de represalias.
Igualmente, el gobierno argentino junto con los gobiernos de la región, reconoció la importancia de los individuos, grupos y organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos cuando la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó en junio de 1999 la resolución titulada "Defensores de los Derechos Humanos en las Américas. En esta resolución los gobiernos de la región declararon su intención de poner en práctica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos identifica actividades concretas que son esenciales para la labor de los defensores, entre ellas el derecho a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos, el derecho a presentar críticas y denunciar el incumplimiento de las normas de derechos humanos por los gobiernos. En este contexto Amnistía Internacional se permite enfatizar que las declaraciones infundadas o vagas de carácter difamatorio que puedan ser efectuadas por personas en posición de autoridad para denigrar a los defensores crean un clima de hostilidad oficial y pública hacia las cuestiones relacionada con los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos corren graves riesgos en el curso de su labor. Las declaraciones peyorativas que puedan formular sobre ellos los representantes de los gobiernos hacen que esos riesgos se acrecienten. Los sectores de los medios de comunicación que apoyan o fomentan estas acusaciones comparten la responsabilidad de sus efectos.
Amnistía International se permite solicitar información de parte del Sr. Gobernador sobre los pasos tomados por las autoridades de la Provincia de Mendoza para implementar las medidas provisionales requeridas por la CIDH, incluyendo la investigación sobre las muertes; las iniciativas puestas en práctica o para llevarse a cabo en el futuro cercano destinadas a corregir el deterioro de las condiciones de detención de los presos de la Provincia y las medidas que están tomando las autoridades provinciales para proteger y promover la labor de los abogados que trabajan sobre la defensa de los derechos humanos de la provincia.
Copia de esta comunicación esta siendo enviada a los Sres. Ministros de la Nación de Justicia y de Relaciones Exteriores y al Sr. Procurador Penitenciario Nacional. Amnistía Internacional se permite informarle que está haciendo público el texto de esta comunicación.
Atentamente,
Londres 10 de diciembre de 2004
Guadalupe Marengo, Directora de Programa Adjunta
Programa Regional para América.
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