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23abr13


Fundamentos del fallo del 15feb13 en el juicio Base Naval II


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/// del Plata, 23 de abril de 2013.

Y VISTOS:

Para exponer los fundamentos dictados el pasado 15 de febrero de 2013, en la causa N 2333 y sus acumuladas 2334 y 2335, seguidas contra ALFREDO MANUEL ARRILLAGA, argentino, con domicilio en calle Arcos Nro. 2145, piso 6 "B", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, nacido el 2 de junio de 1933, en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, estado civil casado, profesión General de Brigada retirado del Ejército Argentino, hijo de Alfredo Alejandro (fallecido) y de Juana Secundina Saldias (fallecida); JUSTO ALBERTO IGNACIO ORTIZ, argentino, con domicilio en calle de los Pájaros sin número, paraje El Rincón, Merlo, provincia de San Luis, nacido el 31 de julio de 1932, en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, estado civil casado, profesión Oficial de la Armada Argentina retirado con el grado de Capitán de Navío, hijo de Justo Pastor Florencio (fallecido) y de Clotilde Sara Cerisola (fallecida); JUAN JOSÉ LOMBARDO, argentino, con domicilio en calle Las Praderas Nro. 75, Open Door, Lujan, provincia de Buenos Aires, nacido el 19 de marzo de 1927, estado civil casado con Martha Iturralde, profesión Oficial de la Armada Argentina retirado con el grado de Vicealmirante, hijo de Juan Pío (fallecido) y de Águeda Gómez (fallecida); RAFAEL ALBERTO GUIÑAZU, argentino, con domicilio en calle Garay Nro 272, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, fecha de nacimiento 27 de diciembre de 1932, profesión Oficial superior de la Armada Argentina, retirado con el grado de Capitán de Navío y abogado, hijo de Domingo (fallecido) y de Ana María López González (fallecida); RAÚL ALBERTO MARINO, argentino, nacido el 21 de julio de 1930 en Capital Federal, estado civil casado, profesión retirado de la Armada Argentina con el grado de Contraalmirante, con domicilio en calle Rodríguez Peña Nro. 1744, 2do piso "A" de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Pedro Enrique (fallecido) y de Amalia Margarita Cipollini (fallecida); ROBERTO LUIS PERTUSIO, argentino, nacido el 6 de diciembre de 1933 en Capital Federal, profesión marino retirado con el grado de Contralmirante, estado civil casado, domiciliado en avenida Libertador General San Martín Nro. 2354, piso 9 Dpto. "D", Olivos, provincia de Buenos Aires., hijo de Luis talo (fallecido) y de Clara Marvaldi (fallecida); MARIO JOSÉ OSVALDO FÓRBICE, argentino, con domicilio en calle Migueletes Nro. 812, piso 6to, dpto "A", ciudad Autónoma de Buenos Aires, nacido el 19 de agosto de 1929, en Rosario provincia de Santa Fe, estado civil casado, de profesión Oficial Superior de la Armada Argentina, retirado con el grado de Capitán de Navio, Infante de Marina, hijo de Luis Blas (fallecido) y de Anunciada Barbera (fallecida); JOSÉ OMAR LODIGIANI, argentino, nacido el 8 de febrero de 1931 en Ensenada, provincia de Buenos Aires, hijo de José Luis (fallecido) y de María Luisa Brega (fallecida), de estado civil casado, profesión Personal Retirado de la Armada Argentina con el cargo de Capitán de Navio (R), con domicilio principal en la calle Soldado de la Independencia Nro. 1248, piso 7 "B", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; JUAN EDUARDO MOSQUEDA, argentino, nacido el 6 de septiembre de 1932 en Puerto Bermejo, provincia del Chaco, estado civil casado, profesión Prefecto General de la Prefectura Naval Argentina, con domicilio en la calle Luis María Campos Nro. 1053, piso 9no. "F", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Juan Wenceslao (fallecido) y de Quintina Diez (fallecida); ÁNGEL NARCISO RACEDO, argentino, nacido el 5 de febrero de 1940, en Capital Federal hijo de Narciso Eusebio y Magdalena de Barberis, estado civil casado, profesión Retirado de la Armada Argentina con el cargo Suboficial Mayor, con domicilio principal en calle Roca Nro, 240 de la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires; ARIEL MACEDONIO SILVA, argentino, nacido el 18 de marzo de 1940, en Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, hijo de Juan Macedonio y de Blanca Lidia Jazzo, estado civil casado, profesión Prefecto Mayor de la Prefectura Naval Argentina, con domicilio en calle Gral. Hornos Nro. 548 , 6 "J", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; JULIO CÉSAR FULGENCIO FALCKE, argentino, nacido el 25 de octubre de 1941 en Colon, provincia de Entre Ríos, hijo de Ernesto Agustín (fallecido) y de Julia Mir (fallecida), de estado civil casado, profesión Retirado de la Armada Argentina con el grado de Capitán de Navio, con domicilio principal en la avenida Cramer Nro. 2943, 4 "A", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; JUAN CARLOS GUYOT, argentino, nacido el 18 de julio de 1951 en Capital Federal, hijo de Juan Carlos (fallecido) y de María Inés Terán, de estado civil casado, profesión abogado, con domicilio principal en la calle Montevideo Nro. 2308, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires; de la cual

RESULTA:

El Señor Fiscal de Instrucción, Dr. Adrián Guillermo Péres, a fojas 9736I9881vta. requirió la elevación a juicio de los imputados mencionados, en relación a los hechos que a continuación se detallan:

- Causa N 4447: Alfredo Nicolás Battaglia (Caso N 61); José María Musmeci (Caso N 13); Julio Víctor Lencina (Caso N 54); Justo Alberto Álvarez (Caso N 3); Jorge Pablovsky (Caso N 5); Jorge Luis Celentano (Caso N 6); Pablo Lerner (Caso N 7); Oscar Rudnik (Caso N 9); Pedro Catalano (Caso N 10); Miguel Ángel Erreguerena (Caso N 75); Jorge Nicoló (Caso N 8); Guillermo Cángaro (Caso N 86); Graciela Datto (Caso N 11); Héctor Ferrecio (Caso N 12); Alberto Pellegrini (Caso N 16); René Enrique Sánchez (Caso N 26); Pablo Mancini (Caso N 28); Lidia Elena Renzi (Caso N 30); Nora Inés Vacca (Caso N 29); Alejandro Sánchez (Caso N 31); Liliana Retegui (Caso N 21); Patricia Lazzeri (Caso N 22); Liliana Iorio (Caso N 23); Nancy Carricabur (Caso N 24); Stella Maris Nicuez (Caso N 25); Omar Marocchi (Caso N 34); Susana Valor (Caso N 35); Carlos Alberto Mujica (Caso N 36); Norma Olivieri Huder de Prado (Caso N 94); Osvaldo Isidoro Duran (Caso N 65); Elena Ferreiro (Caso N 39); Gabriel Ricardo Della Valle (Caso N 18); Eduardo Pediconi (Caso N 19); Patricia Gaitán (Caso N 38); Sergio Adrián López (Caso N 40); Patricia Molinari (Caso N 17); Alberto José Martínez (Caso N 102); Alberto Dubas (Caso N 37); Argentino Ponciano Ortiz (Caso N 41); María Susana Barciulli (Caso N 42); Mónica Roldan (Caso N 43); Susana Pegoraro (Caso N 44); Susana Rosa Jacué (Caso N 78); María Cristina Garófoli (Caso N 98); Víctor Saturnino Correa Ayesa (Caso N 90); Eduardo Cagnola (Caso N 63); Laura Adhelma Godoy de De Angelli (Caso N 52); Lucía Perrier de Furrer (Caso N 84); Néstor Furrer Hurstiz (Caso N 85); María Cristina García Suárez (Caso N 100); Mirta Noemí Libran Tirao (Caso N 101); Patricia Carlota Valera (Caso N 91); Jorge Martín Aguilera Prycznicz (Caso N 83); Juan Miguel Satragno (Caso N 99); Silvia Siscar (Caso N 105); Ana María Torti (Caso N 67).-

- Causa N 5113: Irene Delfina Molinari (Caso N 14); Marcos Daniel Chueque (Caso N 15); Rosa Ana Frigerio (Caso N 27); Liliana Pereyra (Caso N 47); Patricia Mancuzzo (Caso N 49); Fernando Yudi (Caso N 58); Waiter Claudio Rosenfeld (Caso N 64) y Roberto Frigerio (Caso s/n).-

- Causa N 5180: Silvia Ibáñez de Barboza (Caso N 87); Juan Manuel Barboza (Caso N 88); José Adhemar Changazzo Riquiflor (Caso N 95); Saturnino Vicente Ianni Vázquez (Caso N 104) y Eduardo Caballero (Caso N 115).-

De acuerdo a las constancias colectadas en la instrucción, en lo pertinente, atribuyó a los imputados los siguientes hechos:

a) a Alfredo Manuel Arrillaga (Jefe de Operaciones de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 desde el 8I12I74 hasta 4I12I77) en la calidad COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Justo Alberto Álvarez (caso 3), Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87) y de Juan Manuel Barboza (Caso 88) calificándolos como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS (3 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338- 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal) y COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de José Adhemar Changazzo Riquiflor (Caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (Caso 104) y de Eduardo Caballero (Caso 115), a los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS, IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS y HOMICIDIO CALIFICADO (3 hechos) que concurren materialmente entre sí y con los tres hechos mencionados en el párrafo precedente (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

b) a Justo Alberto Ignacio Ortiz (Subjefe de la Base Naval Mar del Plata desde el 18I2I75 hasta el 1I2I77) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), Pablo Lerner (caso 7), José Ángel Nicoló (caso 8), Osear Rudnik (caso 9), Pedro Catalano (caso 10), Graciela Datto (caso 11), Héctor Ferrecio (caso 12), José María Musmesci (caso 13), Alberto Pellegrini (Caso 16), Patricia Molinari (Caso 17), Gabriel Ricardo Della Valle (caso 18), Eduardo Pediconi (caso 19), Enrique René Sánchez (caso 26), Rosa Ana Frigerio (Caso 27), Pablo José Mancini (caso 28), Nora Inés Vacca (caso 29), Lidia Elena Renzi (caso 30), Alejandro Sánchez (caso 31), Omar Marocchi (caso 34), Susana Valor (caso 35), Carlos Mujica (caso 36), Alberto Dubas (caso 37), Patricia Gaitán (caso 38), Elena Alicia Ferreiro (caso 39), Adrián Sergio López (caso 40), Julio César Lencina (caso 54), Fernando Yudi (Caso 58), Alfredo Battaglia (caso 61), Osvaldo Isidoro Duran (caso 65), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Norma Susana Olivieri Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102) y Roberto Frigerio a los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, (36 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).-

c) a Juan José Lombardo (Jefe de la Base Naval de Mar del Plata y Comandante de la Fuerza de Submarinos desde el 3I2I77 hasta el 5I1I78) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Argentino Ponciano Ortiz (Caso 41), María Susana Barciulli (caso 42), Mónica Roldan (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Patricia Mancuzo (Caso 49), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), Walter Claudio Rosenfeld (Caso 64), Silvia Ibáñez de Barboza (Caso 87) y Juan Manuel Barboza (Caso 88), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS (10 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

Asimismo, los hechos cometidos en perjuicio de Rosa Ana Frigerio (Caso 27), Liliana Pereyra (Caso 47), Fernando Yudi (Caso 58), José Adhemar Changazo Riquiflor (Caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (Caso 104) y de Eduardo Caballero (Caso 115), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS, IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS y HOMICIDIO CALIFICADO (6 hechos), que concurren materialmente entre sí, y con los diez hechos, mencionados en el párrafo que antecede (arts, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal), en calidad de PARTÍCIPE NECESARIO respecto del homicidio calificado de Liliana Pereyra y como COAUTOR en los restantes hechos.-

d) a Rafael Alberto Guiñazú (Subjefe de la Base Naval de Mar del Plata entre enero del 77 y enero del 78) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Irene Delfina Molinari (Caso 14), Marcos Daniel Chueque (Caso 15), Nancy Carricabur (Caso 24), Stella Maris Nicuez (Caso 25, Argentino Ortiz (Caso 41), María Barciulli (Caso 42), Mónica Roldan (Caso 43), Susana Pegoraro (Caso 44), Eduardo Cagnola (Caso 48), Patricia Mancuzo (Caso 49), Laura Godoy (Caso 52), Walter Claudio Rosenfeld (Caso 64), Osvaldo Isidoro Durán (Caso 65), Miguel Ángel Erreguerena (Caso 75), Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (Caso 83), Lucia Perrier de Furrer (Caso 84), Néstor Furrer (Caso 85); Guillermo Cángaro (Caso 86), Silvia Ibáñez de Barboza (Caso 87), Juan Manuel Barboza (Caso 88), Patricia Carlota Valera (Caso 91), Norma Susana Olivieri Huder de Prado (Caso 95), Juan Miguel Satragno (Caso 99), María Cristina García Suárez (Caso 100), Mirta Noemí Librán Tirao (Caso 101), Alberto José Martínez (Caso 102), Silvia Siscar (Caso 105) y Roberto Frigerio, los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL

DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS (28 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

Asimismo, COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Liliana Retegui (Caso 21), Patricia Lazzeri (Caso 22), Liliana lorio (Caso 23), Rosa Ana Frigerio (Caso 27), Liliana Pereyra (Caso 47), Fernando Yudi (Caso 58), José Adhemar Changazo Riquiflor (Caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (Caso 104) y de Eduardo Caballero (Caso 115), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS, IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS y HOMICIDIO CALIFICADO (6 hechos), que concurren materialmente entre sí, y con los 28 hechos mencionados en el párrafo precedente (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

e) a Raúl Alberto Marino (Jefe de la Base Naval de Mar del Plata desde el 31I1I78 hasta el 11I2I80) en calidad de COAUTOR por los hechos que cometiera en perjuicio de Irene Delfina Molinari (Caso 14), Marcos Daniel Chueque (Caso 15), Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (Caso 83), Lucia Perrier de Furrer (Caso 84), Néstor Furrer (Caso 85), Patricia Carlota Valera (Caso 91), Juan Miguel Satragno (Caso 99), María Cristina García Suárez (Caso 100), Mirta Noemi Libran Tirao (Caso 101) y Silvia Siscar (Caso 105), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS (10 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338- 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

Asimismo, como COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Liliana Pereyra (Caso 47), los calificándolos como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS y HOMICIDIO CALIFICADO, en concurso real con los 10 hechos mencionados en el párrafo precedente (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts, 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

f) a Roberto Luis Pertusio (Subjefe de la Base Naval de Mar del Plata desde el 7I2I78 hasta el 2I4I79) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Irene Delfina Molinari (Caso 14), Marcos Daniel Chueque (Caso 15), Nora Vacca (Caso 29), Lidia Renzi (Caso 30), Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (Caso 83), Lucia Perrier de Furrer (Caso 84), Néstor Furrer (Caso 85), Patricia Carlota Valera (Caso 91), Juan Miguel Satragno (Caso 99), María Cristina García Suárez (Caso 100), Mirta Noemí Librán Tirao (Caso 101) y Silvia Siscar (Caso 105), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS (12 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

Asimismo, COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Rosa Ana Frigerio (Caso 27), Liliana Pereyra (Caso 47) y Fernando Yudi (Caso 58) los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS y HOMICIDIO CALIFICADO (3 hechos) que concurren materialmente entre sí y con los 12 hechos mencionados en el párrafo precedente (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).-

g) a Mario José Osvaldo Fórbice (Jefe de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina -ESIM- Mar del Plata desde el 4I2I76 hasta el 15I2I78) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Graciela Datto (caso 11), Héctor Ferrecio (caso 12), Alberto Pellegrini (Caso 16), Enrique René Sánchez (caso 26), Pablo José Mancini (caso 28), Alejando Sánchez (Caso 31), Carlos Mujica (Caso 36), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61) los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS (10 hechos), que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

Asimismo, haber participado de los hechos cometidos en perjuicio de Fernando Yudi (Caso 58) calificados como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS y HOMICIDIO CALIFICADO en concurso real, con los 10 hechos mencionados en el párrafo que antecede (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal), debiendo responder como COAUTOR respecto de las privaciones ilegales de libertad y la imposición de tormentos, y como PARTÍCIPE NECESARIO del homicidio.

h) a José Omar Lodigiani (Jefe de la Agrupación de Buzos Tácticos de la Base Naval de Mar del Plata desde el 3I2I77 hasta el 30I1I78) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), María Susana Barciulli (caso 42), Mónica Roldán (caso 43), Liliana Pereyra (Caso 47), Eduardo Cagnola (caso 48), Patricia Mancuzo (Caso 49), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), Walter Claudio Rosenfeld (Caso 64), Silvia Ibáñez de Barboza (Caso 87) y Juan Manuel Barboza (Caso 88), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, (10 hechos), que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

Asimismo, COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Rosa Ana Frigerio (Caso 27), de Fernando Yudi (Caso 58), José Adhemar Changazo Riquiflor (Caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (Caso 104) y de Eduardo Caballero (Caso 115) calificándolos como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS y HOMICIDIO CALIFICADO (8 hechos -en puridad son 5-) que concurren materialmente entre sí y con los 10 hechos mencionados en el párrafo que antecede (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

i) a Juan Eduardo Mosqueda (Jefe de la Prefectura Naval Mar del Plata desde el 5I2I75 hasta el 7I1I77) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), José María Musmesci (caso 13), Julio César Lencina (caso 54) y Alfredo Battaglia (caso 61), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEPIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, (6 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

j) a Narciso Ángel Racedo (Suboficial de Inteligencia de Marina de la Base Naval de Mar del Plata desde el 15I2I75 hasta el 21I2I77) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de José Ángel Nicoló (caso 8), Graciela Datto (caso 11), Alberto Pellegrini (caso 16), Enrique René Sánchez (caso 26), Alejandro Sánchez (caso 31) y Osvaldo Isidoro Duran (caso 65) los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, (6 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

k) a Ariel Macedonio Silva (Subprefecto Jefe de la Sección Informaciones de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina) en calidad de COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Justo Alberto Áivarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), José María Musmeci (caso 13), Julio César Lencina (caso 54) y de Alfredo Battaglia (caso 61), los que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, (6 hechos) que concurren materialmente entre sí (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).-

l) a Julio César Fulgencio Falcke (Jefe de Contrainteligencia de la Base Naval de Mar del Plata desde el 3I2I76 hasta el 20I2I78) en calidad de COAUTOR del hecho cometido en perjuicio de José Ángel Nicoló (caso 8), el que calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, en concurso real (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, y art. 55 del Código Penal).

Asimismo, el nombrado deberá responder también como COAUTOR de los hechos cometidos en perjuicio de Patricia Molinari (Caso 17), Omar Marocchi (Caso 34), Susana Valor (Caso 35), Miguel Ángel Erreguerena (Caso 75) y de Guillermo Cángaro (Caso 86), los calificó como PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS, (5 hechos) que concurren materialmente entre sí y con aquél mencionado en el párrafo que antecede (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338- y art. 55 del Código Penal).

m) a Juan Carlos Guyot (Abogado Auditor, Ayudante del Jefe de Personal de la Fuerza de Tareas N 6) en calidad de PARTICIPE SECUNDARIO, por la PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de la que resultara víctima Rosa Ana Frigerio (caso 27) (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 21.338- y art. 55 del Código Penal).

A fs. 8966I9090vta. La Asamblea Permamente por los Derechos Humanos, representada por el Dr. César Sivo requirió la elevación a juicio en lo pertinente respecto de:

- Alfredo Manuel ARRILLAGA:

En causa n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS del que resultó víctima Justo Alberto Álvarez (caso 3) en concurso real (art. 144 ter. Párrafos 1 y 2 - ley 14,616 (arts. 118 C. Nac art. 144 bis inc. 1 yúltimo párrafo -ley 14.616 -en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338, (art.

45 y 55 del C.P.).

En autos n 5180 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS Juan Manuel Barboza (caso 88), en concurso real, los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., arts. 80 inc. 6 art. 144 ter. Párrafos 1 y 2 - ley 14.616-, 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616 -en función del art. 142 incs. 1 y 5- ley 21.338- 45 y 55 del C.P.)

- Juan José LOMBARDO

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de María Susana Barciulli (caso 42), Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), Mónica Roldán (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), en concurso real (6 hechos), todo los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac, art. 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5-ley 21.338-, 144ter. párrafos 1 y 2- ley 14.616-, 45 y 55 CP).

En autos n 5180 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115), y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Silvia Ibáñez de Barbozá (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, respecto de Juan Manuel Barboza (caso 88), en concurso real, todo los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., arts. 80 inc. 6, art. 144 bis inc, 1 y último párrafo-ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5113 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de Rosa Ana Frigerio (caso 27) y Fernando Francisco Yudi (caso 58), y como PARTICIPE NECESARIO del delito de HOMICIDIO CALIFICADO de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), y como COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Francisco Yudi (caso 58), Lilaiana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49) en concurso real, todos los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrarfo - ley 14.616 - y 80 inc. 6 del CP).

- Roberto Luis PERTUSIO

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, respecto de Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91) María Cristina García Suárez (caso 100), Mirta Noemí Libran Tirao (caso 101), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105), Nora Vacca (caso 29) y Lidia Renzi (caso 30) en concurso real, y concurriendo materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac art. 144 ter. Párrafos 1 y 2 - ley 14.616, art. 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 45 y 55 del C.P.), y ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA (art. 166 inc. 2, y 167 inc. 2 CP, según ley 20.642).

En autos n 5113 por ser COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Francisco Yudi (caso 58) y Liliana del Carmen Pereyra (caso 47) PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Franciso Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Marcos Daniel Chueque (caso 15), e Irene Delfina Molinari (caso 14), IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Marcos Daniel Chueque (caso 15) e Irene Delfina Molinari (caso 14), en concurso real, todos los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 - ley 20.642 -, 144 ter 1 y 2 párrafo -ley 14.616- y 45 y 55 del CP).

- Justo Alberto Ignacio ORTIZ

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en relación a Omar Marocchi (caso 34), Susana Valor (caso 35), Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), Pablo Lerner (caso 7), José Ángel Nicoló (caso 8), Oscar Rudnik (caso 9), Pedro Catalano (caso 10), José María Musmesi (caso 13), Alejandro Sánchez (caso 31), Carlos Mujica (caso 36), Alberto Dubas (caso 37), Enrique Sánchez (caso 26) Pablo Manzini (caso 28), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Héctor Ferreccio (caso 12), Patricia Molinari (caso 17), Patricia Gaitán (caso 38), Elena Alicia Ferreiro (caso 39), Adrián Sergio López (caso 40), Gabriel Ricardo Della Valle (caso 18), Eduardo Pediconi (caso 19), Lidia Elena Renzi (caso 30), Nora Inés Vacca (caso 29), Graciela Datto (caso 11), Osvaldo Isidoro Duran (caso 65), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Norma Susana Olivieri Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Omar Marocchi (caso 34), Susana Valor (caso 35), Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), Pablo Lerner (caso 7), José Ángel Nicoló (caso 8), Oscar Rudnik (caso 9), Pedro Catalano (caso 10), José María Musmesi (caso 13), Alejandro Sánchez (caso 31), Carlos Mujica (caso 36), Alberto Dubas (caso 37), Enrique Sánchez (caso 26) Pablo Manzini (caso 28), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Héctor Ferrecio (caso 12), Patricia Molinari (caso 17), Patricia Gaitán (caso 38), Elena Alicia Ferreiro (caso 39), Adrián Sergio López (caso 40), Gabriel Ricardo Della Valle (caso 18), Eduardo Pediconi (caso 19), Lidia Elena Renzi (caso 30), Nora Inés Vacca (caso 29), Graciela Datto (caso 11), Osvaldo Isidoro Duran (caso 65), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Norma Susana Huder Olivieri de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), todos en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5113 por ser COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Roberto Luis Frigerio (caso s/n), Fernando Franciso Yudi (caso 58), en concurso real (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642-, 45 y 55 del CP).

- Mario José Osvaldo FÓRBICE

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Graciela Datto (caso11), Héctor Ferrecio (caso 12) Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Enrique Sánchez (caso 26) Pablo Mancini (caso 28) Alejandro Sánchez (caso 31) Carlos Mujica (caso 36) Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de Graciela Datto (caso 11), Héctor Ferrecio (caso 12) Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Enrique Sánchez (caso 26), Pablo Mancini (caso 28) Alejandro Sánchez (caso 31), Carlos Mujica (caso 36), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), en concurso real, los cuales a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., arts. 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616-, en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y2 ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5113 por ser COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Fernando Francisco Yudi (caso 58), y PARTICIPE NECESARIO del delito de HOMICIDIO CALIFICADO del nombrado, en concurso real (arts. 118 C. Nac., 80 inc 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642-, 45 y 55 del CP.).

- Rafael Alberto GUIÑAZU

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de Liliana Retegui (caso 21), Patricia Lazzeri (caso 22), Liliana lorio (caso 23), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de María Susana Barciulli (caso 42), Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), Mónica Roldán (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Liliana Retegui (caso 21), Patricia Lazzeri (caso 22), Liliana lorio (caso 23), Nancy Carricavur (caso 24), Stellá Maris Nicuez (caso 25), Osvaldo Isidoro Durán (caso 65), Norma Susana Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91) Mirta Noemí Librán Tirao (caso 101), María Cristina García Suárez (caso 100), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de María Susana Barciulli (caso 42), Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), Mónica Roldán (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Liliana Retegui (caso 21), Patricia Lazzeri (caso 22), Liliana lorio (caso 23), Nancy Carricavur (caso 24), Stellá Maris Nicuez (caso 25) Osvaldo Isidoro Durán (caso 65), Norma Susana Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91), Mirta Noemí Libran Tirao (caso 101), María Cristina García Suárez (caso 100), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. Párrafos 1 y 2 -ley 14.616-, 45 y 55 CP).

En autos n 5180 por resulta COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de José Adhemar Changazo Ríquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de Juan Manuel Barboza en concurso real; todos los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, art. 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. Párrafos 1 y 2 -ley 14.616-, 45 y 55 CP).

En autos n 5113 por resulta COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Franciso Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Roberto Luis Frígerio (caso s/n), Fernando Franciso Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld, (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), Marcos Daniel Chueque (caso 15), Irene Delfina Molinari (caso 14), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), Marcos Daniel Chueque (caso 15), Irene Delfina Molinari (caso 14), en concurso real, todos los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 de la CN., 45, 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter, párrafos primero y segundo -ley 14.616- y 55 del CP).

- Raúl Alberto MARINO

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105), María Cristina García Suárez (caso 100), Mirta Noemí Libran Tirao (caso 101), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5113 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMIDICIO CALIFICADO de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Marcos Daniel Chueque (caso 15), Irene Delfina Molinari (caso 14), en concurso real, todos los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (art. 118 de la CN., 45, 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter. párrafos primero y segundo - ley 14.616-y 55 del CP).

- Juan Eduardo MOSQUEDA

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS de los que resultaron víctimas Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), José María Musmesci (caso 13), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

- Jose Omar LODIGIANI

En autos n 4477 por resulta COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), María Susana Barciulli (caso 42), Mónica Roldán (caso 43), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5180 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, respecto de Juan Manuel Barboza (caso 88), en concurso real, todo los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616-, 45 y 55 CP).

En autos n 5113 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fenando Franciso Yudi (caso 58), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Franciso Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), en concurso real, todos los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 de la CN., arts. 45, 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo - ley 14.616 - en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter. párrafos primero y segundo - ley 14.616- y 55 del CP).

- Ariel Macedonio SILVA

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Cetentano (caso 6), José María Musmesci (caso 13), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis. Inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

- Julio César Fulgencio FALCKE

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de Patricia Molinari (caso 17), Omar Marocchi (caso 34), Susana Valor (caso 35), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), José Ángel Nicoló (caso 8), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de José Ángel Nicoló (caso, 8) en

concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. -1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642-144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

- Ángel Narciso RACEDO

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de José Ángel Nicoló (caso 8), Graciela Datto (caso 11) Osvaldo Isidoro Durán (caso 65), Enrique René Sánchez (caso 26), Alejandro Sánchez (caso 31), Alberto Pellegrini (caso 16), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS del que resultaron víctimas José Ángel Nicoló (caso 8), Graciela Datto (caso 11) Osvaldo Isidoro Durán (caso 65), Enrique René Sánchez (caso 26), en concurso real todos los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y ultimo párrafo -ley 14.616-16 en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

- Juan Carlos GUYOT

En autos n 5113 por resultar PARTICIPE SECUNDARIO del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de Rosa Ana Frigerio -caso 27-(arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642-, 45 y 55 del C.P.).

A fs. 9091/9202 la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires requirió la elevación a juicio en lo pertinente respecto de:

- Alfredo Manuel ARRILLAGA:

En autos n 4447 por ser COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Justo Alberto Álvarez (caso 3), Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS a Justo Alberto Álvarez (caso 3) Juan Manuel Barboza (caso 88), en concurso real, los que concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis ínc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5180 se tiene por ser COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS del que resultó víctima Juan Manuel Barboza (caso 88), en concurso real, los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6 , 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616-, 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 45 y 55 del C.P.).

- Juan José LOMBARDO

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de María Susana Barciulli (caso 42), Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), Mónica Roldán (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, respecto de María Susana Barciulli (caso 42), Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), Mónica Roldán (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), en concurso real, todo los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 CP).

En autos n 5180 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, respecto de Juan Manuel Barboza (caso 88), en

concurso real, todo los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616-en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y 2ley 14.616- 45 y 55 CP).

En autos n 5113 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de Rosa Ana Frigerio (caso 27) y Fernando Francisco Yudi (caso 58), y como PARTICIPE NECESARIO DEL HOMICIDIO de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47) y COAUTOR de los delitos PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Franciso Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49); e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADA POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49) en concurso real, concurriendo a su vez materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 55, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642-, 144 ter 1 y 2 párrafo ley 14.616-, y 80 inc. 6 del CP).

- Roberto Luis PERTUSIO

En autos causa n 4447 resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91), María Cristina García Suárez (caso 100), Mirta Noemí Libran Tirao (caso 101), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105) en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616-, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5113 por ser COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Francisco Yudi (caso 58) y Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Franciso Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Marcos Daniel Chueque (caso 15), Irene Delfina Molinari (caso 14), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Marcos Daniel Chueque (caso 15), Irene Delfina Molinari (caso 14), en concurso real, todos los cuales concurren materialmente entre sí ( arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642-, 144 ter 1 y 2 párrafo -ley 14.616- 45 y 55 del CP).

- Justo Alberto Ignacio ORTIZ

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en relación a Omar Marocchi (caso 34), Susana Valor (caso 35), Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), Pablo Lerner (caso 7), José Ángel Nicoló (caso 8), Oscar Rudnik (caso 9), Pedro Catalano (caso 10), José María Musmeci (caso 13), Alejandro Sánchez (caso 31), Carlos Mujica (caso 36), Alberto Dubas (caso 37), Enrique Sánchez (caso 26) Pablo Manzini (caso 28), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Héctor Ferrecio (caso 12), Patricia Molinari (caso 17), Patricia Gaitán (caso 38), Elena Alicia Ferreiro (caso 39), Adrián Sergio López (caso 40), Gabriel Ricardo Della Valle (caso 18), Eduardo Pediconi (caso 19), Liliana Elena Renzi (caso 30), Nora Inés Vacca (caso 29), Graciela Datto (caso 11), Osvaldo Isidoro Duran (caso 65), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Norma Susana Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de Omar Marocchi (caso 34), Susana Valor (caso 35), Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), Pablo Lerner (caso 7), José Ángel Nicoló (caso 8), Oscar Rudnik (caso 9), Pedro Catalano (caso 10), José María Musmeci (caso 13), Alejandro Sánchez (caso 31), Carlos Mujica (caso 36), Alberto Dubas (caso 37), Enrique Sánchez (caso 26) Pablo Manzini (caso 28), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Héctor Ferrecio (caso 12), Patricia Molinari (caso 17), Patricia Gaitán (caso 38), Elena Alicia Ferreiro (caso 39), Adrián Sergio López (caso 40), Gabriel Ricardo Della Valle (caso 18), Eduardo Pediconi (caso 19), Lidia Elena Renzi (caso 30), Nora Inés Vacca (caso 29), Graciela Datto (caso 11), Osvaldo Isidoro Durán (caso 65), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Norma Susana Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), en concurso real todos los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616-, 45 y 55 del C.P.) y ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO CON ARMAS Y EN POBLADO Y EN BANDA (arts. 166 inc. 2, y 167 inc 2 CP, según ley 20.642).

En autos n 5113 por ser COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Roberto Luis Frigerio (caso s/n), Fernando Franciso Yudi (caso 58), en concurso real (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642- 45 y 55 del CP).

- Mario José Osvaldo FÓRBICE

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Graciela Datto (caso11), Héctor Ferrecio (caso 12), Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Enrique Sánchez (caso 26), Pablo Mancini (caso 28), Alejandro Sánchez (caso 31), Carlos Mujica (caso 36) Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de Graciela Datto (caso 11), Héctor Ferrecio (caso 12) Alberto Jorge Pellegrini (caso 16), Enrique Sánchez (caso 26) Pablo Mancini (caso 28) Alejandro Sánchez (caso 31) Carlos Mujica (caso 36), Julio César Lencina (caso 54), en concurso real los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 - ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y2 - ley 14.616- 45 y 55 del C.P.)

En autos n 5113 por ser COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Franciso Yudi (caso 58), y PARTICIPE NECESARIO del delito de HOMICIDIO CALIFICADO de Franciso Yudi (caso 58), en concurso real (arts. 118 C. Nac., 80 inc 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642- 45 y 55 del CP.).

- Rafael Alberto GUIÑAZU:

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de Liliana Retegui (caso 21), Patricia Lazzeri (caso 22), Liliana lorio (caso 23), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS de María Susana Barciulli (caso 42), Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), Mónica Roldán (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angeli (caso 52), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Liliana Retegui (caso 21), Patricia Lazzeri (caso 22), Liliana lorio (caso 23), Nancy Carricavur (caso 24), Stella Maris Nicuez (caso 25) Osvaldo Isidoro Durán (caso 65), Norma Susana Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), Jorge Martín Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91), Mirta Noemí Libran Tirao (caso 101), María Cristina García Suárez (caso 100), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de María Susana Barciulli (caso 42), Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), Mónica Roldán (caso 43), Susana Beatriz Pegoraro (caso 44), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), Liliana Retegui (caso 21), Patricia Lazzeri (caso 22), Liliana Iorio (caso 23), Nancy Carricavur (caso 24), Stella Maris Nicuez (caso 25) Osvaldo Isidoro Durán (caso 65), Norma Susana Huder de Prado (caso 94), Alberto José Martínez (caso 102), Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91) Mirta Noemí Libran Tirao (caso 101), María Cristina García Suárez (caso 100), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 CP).

En autos n 5180 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de José Adhemar Changazo Riquíflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de Juan Manuel Barboza en concurso real, todos los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616-en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 CP).

En autos n 5113 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Francisco Yudi (caso 58), y Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Roberto Luis Frigerio (caso s/n), Fernando Francisco Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), Marcos Daniel Chueque (caso 15), e Irene Delfina Molinari (caso 14), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS respecto de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), Marcos Daniel Chueque (caso 15), e Irene Delfina Molinari (caso 14), en concurso real, todos los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 de la CN., 45, 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter. párrafos primero y segundo -ley 14.616- y 55 del CP).

- Raúl Alberto MARINO

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105), María Cristina García Suárez (caso 100), Mirta Noemí Librán Tirao (caso 101), en concurso real, e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Jorge Martín Aguilera Pryczynicz (caso 83), Lucía Perrier de Furrer (caso 84), Néstor Valentín Furrer Hurvitz (caso 85), Patricia Carlota Valera (caso 91), Juan Miguel Satragno (caso 99), Silvia Siscar (caso 105), María Cristina García Suárez (caso 100), Mirta Noemí Librán Tirao (caso 101), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616-, 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5113 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Marcos Daniel Chueque (caso 15), e Irene Delfina Molinari (caso 14), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Marcos Daniel Chueque (caso 15), e Irene Delfina Molinari (caso 14), en concurso real, todos los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 de la CN., 45, 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 - ley 20.642, 144 ter. párrafos primero y segundo -ley 14.616- y 55 del CP).

- Juan Eduardo MOSQUEDA

En autos n4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Justo

Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), José María Musmeci (caso 13), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), en concurso real todos los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis ínc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.)

- José Omar LODIGIANI

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), María Susana Barciulli (caso 42), Mónica Roldán (caso 43), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Argentino Ponciano Ortiz (caso 41), María Susana Barciulli (caso 42), Mónica Roldán (caso 43), Eduardo Cagnola (caso 48), Laura Adhelma Godoy de De Angelli (caso 52), en concurso real, todos los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

En autos n 5180 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Silvia Ibáñez de Barboza (caso 87), Juan Manuel Barboza (caso 88), José Adhemar Changazo Riquiflor (caso 95), Saturnino Vicente lanni Vázquez (caso 104) y Eduardo Caballero (caso 115) e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS, respecto de Juan Manuel Barboza (caso 88), en concurso real, todo los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 CP).

En autos n 5113 por resultar COAUTOR de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Francisco Yudi (caso 58), PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS respecto de Rosa Ana Frigerio (caso 27), Fernando Francisco Yudi (caso 58), Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS de Liliana del Carmen Pereyra (caso 47), Walter Claudio Rosenfeld (caso 64), Patricia Elizabeth Marcuzzo (caso 49), Marcos Daniel Chueque (caso 15), e Irene Delfina Molinari (caso 14), en concurso real, todos los cuales concurren a su vez materialmente entre sí (arts. 118 de la CN., 45, 80 inc. 6, 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter. párrafos primero y segundo - ley 14.616- y 55 del CP).

- Ariel Macedonio SILVA

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de Justo Alberto Álvarez (caso 3), Jorge Pablovsky (caso 5), Jorge Luis Celentano (caso 6), José María Musmeci (caso 13), Julio César Lencina (caso 54), Alfredo Battaglia (caso 61), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616-en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

- Julio César Fulgencio FALCKE

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de Patricia Molinari (caso 17), Omar Marocchi (caso 34), Susana Valor (caso 35), Miguel Ángel Erreguerena (caso 75), Guillermo Cángaro (caso 86), José Ángel Nicoló (caso 8), en concurso real, e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS del que resultó víctima José Ángel Nicoló (caso 8) en concurso real, todos los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

- Ángel Narciso RACEDO

En autos n 4447 por resultar COAUTOR de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de José Ángel Nicoló (caso 8), Graciela Datto (caso 11), Osvaldo Isidoro Duran (caso 65), Enrique René Sánchez (caso 26), Alejandro Sánchez (caso 31), Alberto Pellegrini (caso 16), e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS POR HABER SIDO COMETIDOS EN PERJUICIO DE PERSEGUIDOS POLÍTICOS en perjuicio de José Ángel Nicoló (caso 8), Graciela Datto (caso 11), Osvaldo Isidoro Duran (caso 65), Enrique René Sánchez (caso 26), en concurso real, los que a su vez concurren materialmente entre sí (arts. 118 C. Nac. , 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642- 144 ter. párrafos 1 y 2 -ley 14.616- 45 y 55 del C.P.).

- Juan Carlos GUYOT

En autos n 5113 por resultar PARTICIPE SECUNDARIO de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE AGRAVADA POR MEDIAR VIOLENCIA Y AMENAZAS en perjuicio de Rosa Ana Frigerio -caso 27- (arts. 118 C. Nac., 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 incs. 1 y 5 -ley 20.642, 45 y 55 del C.P.).

Por su parte la Dra. Gloria del Carmen León en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación en su escrito de fs. 9336/9341 y su ampliación de fs. 9507/9528 requirió la elevación a juicio de los siguientes imputados Pedro Alberto BARDA, Juan Carlos MALUGANI, Justo Alberto Ignacio ORTIZ, Alfredo Manuel ARRILLAGA, Roberto Luis PERTUSIO, Rafael Alberto GUIÑAZU y Pedro Luis BUSTAMANTE por los siguientes hechos

CAUSA N 4447

Los HOMICIDIOS de Liliana Beatriz Retegui, Patricia Emilia Lazzerí, Liliana María Iorio, Omar Tristán Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Omar Marocchi, Susana Valor, Norma Huder de Prado, Elena Ferreiro, Ricardo Della Valle, Eduardo Pediconi, Patricia Gaítan, Sergio Adrián Lopez, Patricia Molinari, Alberto José Martínez, Alberto D 'uv as, Argentino Ponciano Ortiz, Susana Pegoraro, Susana Rosa Jacue, María Cristina Garofoli, Víctor Saturnino Correa Ayesa, Eduardo Cagnola, Laura Adhelma Godoy, Lucia Perrier, Néstor Furrer Hurvitz, María Cristina García Suárez, Mirta Libran Tirao, Patricia Carlota Valera, Jorge Martín Aguilera Prycznycz, Juan Miguel Satragno, Silvia Siscar, Ana María Torti. LA PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD que sufrieran Liliana Beatriz Retegui, Patricia Emilia Lazzeri, Liliana María Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, Stella Maris Nícuez, Nancy Ethel Carricavur, Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Omar Marocchi, Susana Valor, Norma Huder de Prado, Elena Ferreriro, Ricardo Della Valle, Eduardo Pediconi, Patricia Gaitan, Sergio Adrián López, Patricia Molinari, Alberto José Martínez, Alberto Dubas, Argentino Ponciano Ortiz, Susana Pegoraro, Susana Rosa Jacue, Marta Cristina Garofoli, Víctor Saturnino Correa Ayesa, Eduardo Cagnola, Laura Adhelma Godoy, Lucia Perrier, Néstor Ferrer Hurstiz, María Cristina García Suárez, Mirta Libran Tirao, Patricia Carlota Valera, Jorge Martín Aguilera Prycznicz, Juan Miguel Satragno, Silvia Síscar, Ana María Torti, Alfredo Nicolás Battaglia, José María Musmeci, Julio Víctor Lencina, Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, Pablo Lerner, Oscar Rudnik, Guillermo Cangaro, Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Pellegrini, René Enrique Sánchez, Pablo Mancíni, Alejandro Sánchez, Carlos Alberto Mujica, Osvaldo Isidoro Duran, María Susana Barciulli, Mónica Roldan.

La IMPOSICIÓN DE TORMENTOS que sufrieran Liliana Beatriz Retegui, Patricia Emilia Lazzeri, Liliana María Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, Stella Maris Nicuez, Nancy Ethel Carricavur, Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Omar Marocchi, Susana Valor, Norma Olivieri Huder De Prado, Elena Ferreriro, Ricardo Della Valle, Eduardo Pediconi, Patricia Gaitan, Sergio Adrián López, Patricia Molinari, Alberto José Martínez, Alberto Dubas, Argentino Ponciano Ortiz, Susana Pegoraro, Susana Rosa Jacue, María Cristina Garofoli, Víctor Saturnino Correa Ayesa, Eduardo Cagnola, Laura Adhelma Godoy, Lucia Perrier, Néstor Ferrer Hurstíz, María Cristina García Suárez, Mirta Libran Tirao, Patricia Carlota Valera, Jorge Martín Aguilera Prycznicz, Juan Miguel Satragno, Silvia Siscar, Ana María Torti, Alfredo Nicolás Battaglia, José María Musmeci, Julio Víctor Lencínas, Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, Pablo Lerner, Oscar Rudnik, Guillermo Cangaro, Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Pellegrini, René Enrique Sánchez, Pablo Mancini, Alejandro Sánchez, Carlos Alberto Mujica, Osvaldo Isidoro Duran, María Susana Barciulli, Mónica Roldan. El ROBO en los casos ROLDAN - GARAGUSO.

CAUSA N 5113

El HOMICIDIO de Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Roberto José Frigerio, Liliana Pereyra, Walter Claudio Rosenfeld, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Marcos Daniel Chueque. LA PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS de: Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Roberto José Frigerio, Liliana Pereyra, Walter Claudio Rosenfeld, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Marcos Daniel Chueque, Irene Delfina Molinari.

CAUSA N 5080

La PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS y el HOMICIDIO de Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibañez De Barboza, Juan Manuel Barboza, José Changazzo Riquiflor y Vicente Ianni Vázquez.

CAUSA N 5033:

La PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS de Luis Salvador Regine, Margarita Isabel Segura.

Siendo el turno de las defensas, el Dr. German Corti en representación del imputado Mosqueda, a fs. 10.226/10.246vta. manifestó su oposición a la elevación a juico y solicitó la nulidad de los requerimientos contenidos en la causa. Asimismo solicitó se declare extinguida la acción penal por amnistía; por prescripción; y/o por insubsistencia de la misma a la luz del Pacto de San José de Costa Rica e hizo reserva del caso federal.

Por su parte el Dr. Sergio Fernández, en representación del imputado Guyot en su escrito de fs. 10.248/10.261, manifestó la oposición a la elevación a juicio en orden a la imputación que se le endilga a su defendido, solicitó se haga lugar al sobreseimiento parcial de la presente a Guyot e hizo reserva de recurrir en casación y del caso federal.

En su oprtunidad el Dr. Carlos Meira, en representación del imputado Alfredo Manuel Arrillaga, a fs. 10.281/10.284, manifestó su oposición a la elevación a juicio respecto a sus defendidos.

El Dr. Luis Velazco en representación de Rafael Alberto Guiñazu, a fs. 10.289/10.296vta., manifestó su oposición a la elavción a juicio de su defendido y solicitó su desvinculación del proceso.

La Dra. Paula Muniagurría, Defensora Oficial, en representación de los siguientes imputados: Roberto Luis Pertusio; Juan José Lombardo; Mario José Osvaldo Fórbice; Justo Alberto Ignacio Ortiz; Raúl Alberto Marino; José Omar Lodigiani; Julio César Falcke; Narciso Ángel Racedo y Ariel Macedonio Silva a fs. 10.264/10.273, formuló su oposición a la elevación a juicio por excepción de falta de acción y prescripción. Solicitó se declare la nulidad de las piezas procesales emanadas de las querellas y de la fiscalía, obrantes a fs. 8960/8965 y ampliatoria de fs. 9507/9528; 8966/9090; 9091/9202 y 9736/9881, por no contar con la fundamentación exigida por ley y solicitó el sobreseimiento de sus defendidos.

Finalmente el Sr. Juez de Primera Instancia en su auto de clausura obrante a fs. 10758/10801vta. dispuso en lo pertinente:

    "1) NO HACER LUGAR a la oposición a la elevación a juicio formulada por los Dres. Germán Corti, en relación a su defendido Juan Eduardo Mosqueda, por el Dr. Sergio Fernández, respecto de Juan Carlos Guyot, por la Dra. Paula Susana Muniagurria en relación a Ias conductas atribuidas a Roberto Luis Pertusio, Juan José Lombardo, Mario José Osvaldo Fórbice, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Raúl Alberto Marino, José Omar Lodigiani, Ariel Macedonio Silva, Narciso Ángel Racedo y Julio César F. Falcke (actualmente asistido por su defensor de confianza Dr. Ibáñez); por el Dr. Carlos H. Meira en relación a sus defendidos Alfredo Manuel Arrillaga y Aldo Carlos Máspero, por el Dr. Luis Velasco en relación a Rafael Alberto Guiñazu y por el Dr. Manuel M. Bailleau respecto de la conducta atribuida a Alberto Pedro Barda.

    2) NO HACER LUGAR a los pedidos de sobreseimiento formulados por las defensas técnicas de los encartados Juan Eduardo Mosqueda, Juan Carlos Guyot, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Máspero, Alberto Pedro Barda, Rafael Alberto Guiñazu, Roberto Luis Pertusio, Juan José Lombardo, Mario José Osvaldo Fórbice, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Raúl Alberto Marino, José Omar Lodigiani, Ariel Macedonio Silva, Julio César F. Falcke, y Narciso Ángel Racedo.

    3) DECLARAR CLAUSURADA PARCIALMENTE LA INSTRUCCIÓN del presente sumario y ELEVAR PARCIALMENTE LA PRESENTE CAUSA N 4447, así como sus conexas N 5113 y 5180, PARA SU TRATAMIENTO EN JUICIO ORAL y PUBLICO AL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE ESTA CIUDAD, conforme las disposiciones del art. 351 del C.P.P.N. respecto de los siguientes coimputados y con relación a los hechos detallados a continuación:

    a) ALBERTO PEDRO BARDA, argentino, sin sobrenombres ni apodos, LE. N 5.343.839, Cl (PF) N 6.913.783, hijo de Antonio Barda Ramírez y de Lidia Florentina Mendivil, casado, profesión Oficial del Ejército Argentino retirado con el grado de Coronel, nacido el 5 de mayo de 1928 y ddo. Av. Del Libertador N 4496 1er. piso "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos que concurren materialmente entre sí en perjuicio de Justo Alberto Álvarez, Jorge Pavlosky, Jorge Luis Celentano, Pgblo lerner, José Ángel Nicolo, Oscar Rudnik, Pedro Catalano, Graciela Datto, Héctor Ferrecio, José María Musmeci, Alberto Pellegrini, Patricia Molinari, Gabriel Ricardo Della Valle, Eduardo Pediconi, Enrique René Sánchez, Pablo José Mancini, Nora Inés Vacca, Liliana Elena Renzi, Alejandro Sánchez, Omar Marocchi, Susana Valor, Carlos Mujica, Alberto D'uva, Patricia Gaitan, Elena Alicia Ferreiro, adrián Sergio López, Argentino Ponciano Ortiz, María Susana Barciuili, Mónica Roldan, Susana Beatriz Pecoraro, Eduardo Cagnola, Julio César Lencina, Laura Adhelma Godoy de De Angelli, Alfredo Battaglia, Osvaldo Isidoro Duran, Miguel Ángel Erreguerena, Guillermo Cangaro, Norma Susana Olivieri Huder de Prado, Alberto Jose Martínez, Susana Rosa Jacue, Víctor Saturnino Correa Ayesa, Patricia Marcuzzo, Walter Claudio Rosenfeld, Rosa Ana Frigerio, Roberto Frigerio, Liliana Pereyra, Fernando Yudi, Silvia Ibáñez de Barboza, Juan Manuel Barboza, Eduardo Alberto Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Vicente Saturnino lanni Vázquez, y por el homicidio calificado de Susana Rosa Jacue, Víctor Saturnino Correa Ayesa, Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 ;y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 insc. 6to;, del Código Penal).

    b-) ALFREDO MANUEL ARRILLAGA, argentino, sin sobrenombres ni apodos, hijo de Alfredo Alejandro (f) y de Juana Secundina Saldias (f), casado, profesión Oficial del Ejército Argentino retirado con el grado de General de Brigada, nacido en San Nicolás de los Arroyos, Pcia. De Buenos Aires el 2 de junio de 1933 y domiciliado en calle Arcos N 2145 6to. Piso, "B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,con relación a los hechos encuadrados en la figura de privación Ilegal cíe la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Vicente Saturnino lanni Vázquez, José Adhemar Changazzo Riquifior, Eduardo Alberto Caballero y Silvia Ibáñez de Barboza; por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre sí, de los que resultaran victimas Justo Alberto Álvarez y Juan Manual Barboza, y por el homicidio calificado de los que resultaran víctimas los mencionados Eduardo Alberto Caballero, José Changazzo Riquiflor y Vicente lanni Vázquez en concurso real y en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 irc. 6to. del Código Penal).

    c-) JUSTO ALBERTO IGNACIO ORTIZ, argentino, sin sobrenombres ni apodos, D.N.I. N 5.140.812, Cl (PF) N 2.969.633, hijo de Justo Pastor Florencio f y dé Clotilde Sara Cerisola (f)- casado, profesión Oficial de la Armada Argentina retirado con el grado de Capitán de Navío, nacido en Mercedes, Pcia. de Buenas Aires el 31 de julio de 1933 y domiciliado en calle Los Pájaros s/n del Paraje eI Rincón, Merlo, Pcia. de San Luis, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi y Roberto Frigerio; por la privación Ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de ios que resultaran victimas Justo Alberto Álvarez, Jorge Pavlosky, Jorge Luis Celentano, Pablo Lerner, José Ángel Nicolo, Oscar Rudnik, Pedro Catalano, Graciela Datto, Héctor Férrecio, José María Musmeci, Alberto Pellegrini, Patricia Molinari, Gabriel Ricardo Della Valle, Eduardo Pediconi, Enrique René Sánchez, Pablo José Mancini, Nora Inés Vacca, Lidia Elena Renzi, Alejandro Sánchez, Omar Marocchi, Susana Valor, Carlos Mujica, Alberto D'uva, Patricia Gaitan, Elena Alicia Ferreiro, Adrián Sergio López, Julio César Lencina, Alfredo Battaglia, Osvaldo Isidoro Duran, Miguel Ángel Erreguerena, Guillermo Cangaro, Norma Olivieri Huder de Prado, Alberto José Martínez, todo ello en concurso real y en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 del Código Penal).

    d-) ROBERTO LUIS PERTUSIO, argentino, sin sobrenombres ni apodos, casado, nacido en Capital Federal el 6/12/1933, DNI N 4.109.370, hijo de Luis ítalo (f) y de Ciara Marvaldi (f), de profesión marino retirado con el grado de contralmirante, domiciliado en Av. Del Libertador N 2354, piso 9 departamento "D", Olivos, provincia de Bs. As., con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación Ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Rosa Ana Frigerio y Fernando Yudi, por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e Imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran victimas Nora Inés Vacca, Lidia Elena Renzi, Jorge Martin Aguilera Prycznicz, Lucia Perrier de Furrer, Néstor Furrer, Patricia Carlota Valera, Juan Miguel Satragno, Marta Cristina García Suiarez, Mirta Noemí Libran Tirao, Silvia Siscar, Irene Delfina Molinari, Marcos Daniel Chueque, Liliana del Carmen Pereyra y por EL homicidio calificado de los que resultaran víctimas los mencionados Rosa Ana Frigerio, Liliana del Carmen Pereyra y Fernando Yudi, todo ello en concurso real y en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 inc. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55, 80 inc. 6to.t 166 inc. 2do. primer supuesto y 167 inc. 2do. -ley 20.642- del Código Penal).

    e-) JUAN JOSÉ LOMBARDO, argentino, sin sobrenombres ni apodos, identificado con D.N.L N 4.223.999, hijo de Juan Pió if) y Águeda Gómez (f), casado, nacido el 19 de marzo de 1927, de profesión Oficial Superior de la Armada Argentina retirado con el grado de Vicealmirantes y con domicilio en calle Las Praderas N 75 de Open Door, de la localidad de Lujan, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibs.ñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Ríquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre sí, de los que resultaran victimas Argentino Poncíano Ortiz, Maria Susana Barciulli, Mónica Roldan, Susana Beatriz Pegoraro, Laura Adhelma Godoy de De Angelí, Liliana del Carmen Pereyra, Walter Claudio Rosenfeld, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Juan Manuel Barboza, Eduardo Cagnola y el homicidio calificado en perjuicio de Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Liliana del Carmen Pereyra, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez en calidad de coautor y como partícipe necesario en relación a Pereyra (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 inc. 1 ley 20.642-, 144 ter. párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6to, del Código Penal).

    f-) RAFAEL ALBERTO GUIÑAZU, argentino, sin sobrenombres ni apodos, identificado con D.N.I. N 6.851.179, nacido el 27 de diciembre de 1932, casado, de profesión Oficial Superior de la Armada Argentina retirado con el grado de Capitán de Navío y abogado, hijo de Domingo (f) y de Ana María López González (f) y con domicilio en calle Garay N 272 de Mar del Plata, con relación a los hechos constitutivas de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Roberto Frigerio, Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Silvia Ibáñez de Barborza, José Adhemar Changazzo Riquiflor, Eduardo Alberto Caballero y Saturnino Vicente lanni Vázquez, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e Imposición de tormentos agravados, por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre sí, de los que resultaran victimas Nancy Carricabur, StelIa Maris Nicuez, Argentino Ponciano Ortiz, María Barciulli, Mónica Rodan, Susana Pegoraro, Eduardo Cagnola, Laura Godoy, Osvaldo Isidoro Duran, Miguel Ángel Erreguerena, Jorge Martín Aguilera Prycznicz, Lucia Perrier de Furrer, Néstor Furrer, Guillermo Cangaro, Patricia Carlota Valera, Norma Susana Olivieri Hqder de Prado, Juan Miguel Satragno, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Libran Tirao, Albergo José Martínez, Silvia Siscar, Liliana Retegui, Patrica Lazzeri, Liliana lorio, Irene Delfina Molinari, Marcos Daniel Chueque, Patricia; Elizabeth Marcuzzo, Walter Claudio Rosenfeld, Liliana del Carmen Pereyra y Juan Manuel Barboza, y por el homicidio calificado de Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana lorio, Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Liliana Pereyra, Eduardo Caballero, José A. Changazzo Riquiflor y Saturnino V. lanni Vázquez, en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 incs. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo-ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

    g-) RAÚL ALBERTO MARINO, argentino, sin sobrenombres ni apodos, identificado con LE. N 5.129.705, nacido el 21/7/1930 en Capital Federal, casado, de profesión Oficial Superior de la Armada Argentina retirado con el grado de Contralmirante, hijo de Pedro Enrique (f) y de Amalia Margarita Cipollini (f) y con domicilio en calle Rodríguez Peña N 1744 2do, piso "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre si, de los que resultaran victimas Jorge Martín Aguilera Prycznick, Lucia Perrier de Furrer, Néstor Furrer, Patricia Carlota Valera, Juan Miguel Satragno, Maria Cristina Garcia Suárez, Mirta Noemí Libran Tirao, Silvia Sisear, Irene Delfina Molinari, Marcos Daniel Chueque y Liliana del Carmen Pereyra y por el homicidio calificado de Liliana del Carmen Pereyra, en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.816- en función del 142 incs. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc, 6 del Código Penal).

    h-) MARIO JOSÉ OSVALDO FÓRBICE, argentino sin sobrenombres ni apodos, identificado con L.E. N 5.125.117, nacido el 19 de agosto de 1929 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, casado, hijo de Balas (f) y de Anunciada Barbera (f), de profesión Oficial Superior de la Armada Argentina retirado con el grado de Capitán de Navío, Infante de Marina y con domicilio en calle Migueletes N 812 6to. piso "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de Fernando Yudi, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre si, de los que resultaran victimas Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Pellegrini, Enrique René Sánchez Pablo José Mancini, Alejandro Sánchez, Carlos Mujica, Julio César Lencina y Alfredo Battaglia, en calidad de coautor y por el homicidio calificado de Fernando Yudi en calidad de partícipe necesario (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 incs. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14,616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

    i-) JOSÉ OMAR LODIGIANI, argentino, sin sobrenombres con apodo "Lolo", identificado con L.E. N 5,131.476, nacido el 8/2/1931 en Ensenada, Pcia. de Buenos Aires, casado, de profesión Oficial Superior de la Armada Argentina retirado con el grado de Capitán de Navío, hijo de José Luis (f) y de María Luisa Brega (f) y con domicilio en calle Soldado de la Independencia N 1248 7 "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblementee agravada por mediar violencia y amenazas de Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente lanni Vázquez y Silvia Ibáñez de Barboza, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición cíe tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre si, de los que resultaran victimas Argentino Ponciano Ortiz, María Susana Barciulli, Mónica Roldan, Eduardo Cagnola, Laura Adhelma Godoy de De Angelli, Liliana del Carmen Pereyra, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Walter Claudio Rosenfeld y Juan Manuel Barboza, y por el homicidio calificado de Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez (ais. 144 bis inc. 1 y último párrafo; -ley 14.616- en función del 142 incs. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

    j-) JUAN EDUARDO MOSQUEDA, argentino, sin sobrenombres ni apodos, identificado con D.N.I. N 5.792.005, nacido el 6/9/1932 en Puerto Bermejo. Pcia. de Chaco, casado, de profesión Prefecto General retirado de la Prefectura Naval Argentina, hijo de Juan Wenceslao (f) y de Quintina Diez f) y con domicilio en Luis María Campos N 1053 9 "F" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de Privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre si, de Ios que resultaran victimas Justo Alberto Álvarez, Jorge Pavlosky, Jorge Luis Celentano, José María Musmeci, Julio César Lencina y Alfredo Battaglia en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 incs. 1 ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo-ley 14.616-, arts. 55 del Código Penal).

    k-) ARIEL MACEDONlO SILVA, argentino, sin sobrenombres ni apodos, identificado con D.N.I. N 5.702.324, nacido el 18/3/1940 en Paso de los Libres, Pcia. de Corrientes, casado, de profesión Prefecto Mayor retirado de la Prefectura Naval Argentina, hijo de Juan Macedonio (f) y de Blanca Lidia Jasso (f) y con domicilio en calle Gral. Hornos N 548 6 "J" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de Privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre si, de los que resultaran victimas que concurren materialmente entre si, eje los que resultaran victimas Justo Alberto Álvarez, Jorge Pavlosky, Jorge Luis Celentano, José María Musmeci, Julio César Lencina y Alfredo Battaglia en calidad ,de coautor (arts. bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 incs. 1 -ley 20.642-, ter párrafos primero y segundo-ley 14.616-, asta. 55 del Código Penal).

    I-) ÁNGEL NARCISO RACEDO, argentino, sin sobrenombre ni apodos, identificado con D.N.I. N 5.482.637, nacido el 5/2/1940, en Capital Federal, casado, profesión Suboficial Mayor retirado de la Armada Argentina, hijo de Narciso Eusebio y de Magdalena Débarberis (f) y con domicilio en calle Roca N 240 de Punta Alta, Pcia. de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Alberto Pellegrini y Alejandro Sánchez, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre si, de los que resultaran victimas que concurren materialmente entre si, de los que resultaran victimas José Ángel Nicolo, Graciela Datto, fmrique René Sánchez y Osvaldo Isidoro Duran, en calidad de coautor (arts. 144 bis inc, 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 incs, 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo-ley 14,616-, arts. 55 del Código Penal).

    II-) JULIO CÉSAR FULGENCIO FALCKE, argentino, sin sobrenombres ni apodos, identificado con D.N.l. N 6.191.64.3, nacido el 25/10/1941 en Colon, Pcia. de Entre Ríos, casado, de profesión retirado de la Armada Argentina con el grado de Capitán de Navío, hijo de Ernesto Agustín (f) y de Julia Mir (f) y con domicilio en calle Av. Cramer N 2943 4 "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la

    figura de Privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de las victimas José Ángel Nicolo, Patricia Molinari, Omar Marocchi, Susana Valor, Miguel Ángel Erreguerena y Guillermo Cangaro e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos en perjuicio de José Ángel Nicolo que concurren materialmente entre si en, calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142 incs. 1 -ley 20.642-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.'316-, arts. 55 del Código Penal).

    m-) ALDO CARLOS MÁSPERO, argentino, apodado "Lalo", identificado con D.N.L N 4.797.098, nacido el 8/01/1930 en Sanford, Pcia. de Santa Fe, casado, de profesión profesor de la Escuela Superior de Guerra- hijo de Luis y de Lucia Dogliani y con domicilio en calle Gallo N 606, Torre II, 4 piso, Dto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravado por mediar violencia y amenazas de Ana María Torti y Maria Cristina Garofoli, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que concurren materialmente entre si, de los que resultaran victimas Jorge Martin Aguilera Prycznick, Lucía Perrier de Furrer, Néstor Furrer, Patricia Carlota Valera, Juan Miguel Satragro, Maria Cristina García Suaréz, Mirta Noemí Libran Tírao, Silvia Siscar, Irene Delfina Molinari, Marcos Daniel Chueque y Liliana del Carmen Pereyra y el homicidio calificado en perjuicio de Ana Maria Torti, Maria Cristina Garofoli y Liliana del Carmen Pereyra, en calidad de coautor (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616-en función del 142 incs. 1 -ley 20.642-, 144 tér párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc. 6 del Código Penal).

    n-) JUAN CARLOS GUYOT, con relación a los hechos constitutivos de la figura de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de la que resultara victima Rosa Ana Frigerio en calidad de participe secundario (arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616r en función del 142 incs. 1 -ley 20.642- del Código Penal)....

    6-) DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los REQUERIMIENTOS DE ELEVACIÓN A JUICIO formulados por el Fiscal Federal actuante a fs. 9736/9881 y por la parte querellante Sra. Sara Derotier de Cobacho en representación de la Secretaría DDHH Provincia de Buenos Aires a fs. 9091/9202 respecto de los siguientes coimputados y hecho:

    a-) ALFREDO MANUEL ARRILLAGA, con relación a les hechos encuadrados en la figura de imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, de los que resultaran victimas Vicente Saturnino lanni Vázquez, José Adhemar Changazo Riquiflor; Eduardo Alberto Caballero y Silvia Ibáñez de Barboza (arts. 168, 169, 170 inc. 1, del Código Procedimiento Penal) -ver requerimiento elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881.

    b-) JUSTO ALBERTO IGNACIO ORTIZ, con relación a bs hechos constitutivos de imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran victimas Rosa Ana Frigerio, Roberto Frigerio y Fernando Yudi -ver requerimiento elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881 -.

    c-) ROBERTO LUIS PERTUSIO, con relación a los hechos constitutivos de la figura de imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran victimas Roberto Frigerio y Fernando Yudi. -ver requerimiento elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881-.

    d-) RAFAEL ALBERTO GUIÑAZU, con relación a los hechos constitutivos de la figura de imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, de los que resultaran victimas Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Roberto Frigerio, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez (arts. 144 bis Inc. 1 y último párrafo -ley 14-616- en función del 142 incs. 1 y 5 -ley 21.338-, 144 ter párrafos primero y segundo -ley 14.616-, arts. 55 y 80 inc, 6 del Código Penal), -ver requerimiento elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881-.

    e-) MARIO JOSÉ OSVALDO FÓRBICE, con relación a la imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, del que resultara victima Fernando Yudi. -ver requerimiento elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881-.

    f-) JOSÉ OMAR LODIGIANI, con relación a la imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, de los que resultaran victimas Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, Joses Adhemar Changazo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez. , (ver requerimiento, elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881), y Marcos Daniel Chueque e Irene Delfina Molinari (ver requerimiento elevación a juicio del querellante Sara Derotier de Cóbacho en representación de la Secretaría SDHH Provincia de Buenos Aires de fs.de fs. 9091/9202).

    g-) ÁNGEL NARCISO RACEDO, con relación a los hechos constitutivos; de imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, de los que resultaran victimas Pellegrini Alberto y Sánchez Alejandro, -ver requerimiento elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881-.

    h-) ALDO CARLOS MÁSPERO con relación a los hephos constitutivos de la figura de imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, de los que resultaran victimas Ana Maña Torti y María Cristina Garofoli. -ver requerimiento elevación a juicio fiscal de fs. 9736/9881.

    DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO formulado por la querellante Dra. Gloria León en representación de la Secretaría de DDHH de la Nación obrante a fs. 9336/9341 y su ampliación de fs. 9507/9528, con relación a los hechos constitutivos de la figura de homicidio de los que fueran victimas Lidia Renzi, Nora Vacca, Omar Marocchi, Susana Valor, Norma Olivieri Huder de Prado, Elena Ferreiro, Ricardo Deila Valle, Eduardo Pediconi, Patricia Gaitán, Sergio López, Alberto D'ifiva, (consignado Dubas), Argentino Ortlz, Alberto Martínez, Eduardo Cagnola, Laura Godoy de De Angelí, Lucia Perrier de Furrer, Néstor Furrer, María Cristina García Suárez, Mirta Libran Tirao, Patricia Valera, Jorge Aguilera Prycznicz, Juan Satragno, Silvia Sisear, Roberto Frigerio, Walter Rosenfeld, Patricia Marcuzzo, Marcos Chueque, Silvia Ibáñez de Barboza, Manuel Barboza y Patricia Molinari.

    DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO formulado por la querellante Dra. Gloría León en representación de la Secretaría de DDHH de la Nación obrante a fs. 9336/9341 y su ampliación de fs. 9507/9528 en lo que respecta a la imputación formulada al encartado PEDRO LUISBUSTAMANTE...".

    Ya en el debate, y luego de culminada la recepción de la prueba testimonial e incorporada la instrumental y documental, hizo uso de la palabra en primer término, el Sr. Fiscal General doctor Guillermo Friele y la señora Fiscal "Ad Hoc" doctora María de las Mercedes Soiza Reilly, quienes alegaron sucintamente:

    "Casos en el que resultaran víctimas Alfredo Nicolás Battaglia, José María Musmeci, Julio Víctor Lencina, Justo Alberto Alvarez, Jorge Fernando Pablovsky y Jorge Luis Celentano, casos N 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

    Alfredo Nicolás Battaglia, a quien llamaban "Tito", se desempeñaba como abogado laboralista y militaba en el Partido Comunista Argentino, fue privado ilegítimamente de su libertad el día 24 de marzo de 1976, alrededor de las 6-00 horas, en su domicilio sito en la calle Jujuy 1714, piso 9, departamento "A", de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de tareas integrado por miembros de la FUERTAR 6. Estos sujetos, que ingresaron violentamente a su departamento, fuertemente armados; procedieron a encapucharlo, atarle las manos, colocarle un bozal, y subirlo a un camión, con el cuál, luego de realizar un recorrido por diversos lugares, fue trasladado a la sede de la Prefectura Naval de Mar del Plata y alojado en un calabozo ubicado en el interior de esa dependencia.

    En este lugar, debió permanecer varios días encapuchado y con las manos atadas hacia arriba, de manera que sus brazos quedaran inmovilizados; además fue objeto de violentos interrogatorios, golpes y amenazas constantes; a la vez que no le permitían dormir ni asearse.

    Cabe destacar, que desde Prefectura fue trasladado, por períodos cortos de tiempo, a otros espacios clandestinos que posteriormente reconoció como la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la Base Naval Mar del Plata.

    En la ESIM estuvo alrededor de tres días, en un espacio subterráneo al cual se accedía bajando unos diez o doce escalones. Allí, además de ser golpeado, amenazado y sometido a diversas torturas psicológicas, fue obligado a estar parado durante todo este período, se le impidió dormir y acceder a un baño para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

    En la Base Naval, fue alojado en un aula donde había más personas en la misma situación que él. Lugar en que continuó siendo sometido a los mismos tormentos y a las condiciones inhumanas de detención antes mencionadas, a lo que debemos sumar la sujeción que le efectuaron con una soga al cuello, abarcando miembros superiores e inferiores, que le provocaba al moverse asfixia.

    Además, fue sometido a simulacros de fusilamiento que le practicaron tanto en ese lugar como en un traslado que le hicieron encapuchado a la playa del Club Náutico.

    Su cautiverio continuó nuevamente en la Prefectura hasta que el día 8 de abril de 1976, fue trasladado hacia el centro clandestino denominado "La Cueva", ubicado dentro del predio de la Base Aérea de Mar del Plata.

    Luego fue conducido a la Comisaría Cuarta, previo paso por la Unidad Penal de Sierra Chica. De esa seccional fue retirado el día 7 de mayo de 1976, para ser llevado nuevamente a la Base Aérea, desde donde abordó un avión con destino a Morón y, de ahí, fue trasladado a la unidad carcelaria de Villa Devoto.

    Finalmente, fue conducido a la Unidad 9 de La Plata, desde donde recuperó su libertad el día 29 de septiembre de 1977.

    José María Musmeci, agente marítimo y militante del Peronismo de Base, fue privado ilegítimamente de su libertad y alojado en la delegación Mar del Plata de la Prefectura Naval Argentina.

    La víctima se entregó en dicha dependencia la mañana del 30 de marzo de 1976, con motivo de que cinco días antes, un grupo de tareas de la FUERTAR 6, integrado por personal de la Prefectura Naval y de la Base Naval de Mar del Plata, habían realizado tres allanamientos en domicilios vinculados a él, a fin de detenerlo. Cabe destacar que tanto los allanamientos, como la "detención" de Musmeci, se realizaron sin la exhibición de ninguna orden emanada de Juez.

    Durante el primer tramo de su cautiverio, la víctima fue alojada en uno de los calabozos que posee la Prefectura.

    En este lugar, fue interrogado en varias oportunidades a través de las rejas de la celda, acerca de su militancia y la de su ex pareja Nora Vaca -víctima de esta causa y desaparecida en un procedimiento ilegal comandado por miembros de la FUERTAR 6, como se analizará más adelante-; también fue golpeado ferozmente por un miembro de dicha fuerza a quien identificó como Vicente Benítez.

    Desde la Prefectura, fue trasladado esposado y encapuchado en diversas oportunidades a la Base de Mar del Plata, para seguir siendo interrogado y recibir atención médica.

    A principios de mayo de 1976, Musmeci fue nuevamente trasladado al predio de la Base Naval de Mar del Plata, donde continuó su cautiverio ilegal hasta el 5 de septiembre de 1976.

    En un primer momento, lo llevaron a un aula, donde permaneció encapuchado; fue víctima de tormentos mediante ataduras conjuntas en el cuello junto otros cautivos, de forma tal que, si alguno se movía, se ahorcaban entre todos. Otro método de tortura a que fue sometido consistió en ser atado en posición de "semi cuclillas" con una soga al cuello.

    También fue víctima de simulacros de fusilamiento e interrogatorios violentos, donde fue torturado mediante golpes, amenazas y torturas psicológicas, como ser mostrarle fotos de sus seres queridos.

    El 18 de junio de 1976, Musmeci fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y llevado hacia otro sector de la Base Naval.

    Lo ubicaron en una celda, de pequeñas dimensiones que por la descripción física que dio, se trataban de los calabozos ubicados cercanos a la cocina.

    Si bien en esta etapa, la violencia física mermó al no haber sufrido nuevos interrogatorios ni golpes, las amenazas y los tormentos persistieron. Por ejemplo, debió soportar que en las noches le abran las ventanas para que pase frío, que le escupan la comida o que lo demonicen llamándolo "montonero".

    Con fecha 5 de septiembre de 1976, fue conducido desde la Base Naval hacia la Base Aérea, donde luego de permanecer unas horas, se lo trasladó en un avión a la ciudad de La Plata, donde fue alojado en la Unidad Carcelaria N 9, pabellón 4, hasta el día 15 de febrero de 1977, fecha en la que recuperó finalmente su libertad.

    Julio Víctor Lencina, secretario del Gremio de los Marítimos de Mar del Plata, fue privado ilegítimamente de su libertad por un grupo de tareas de la FUERTAR 6 vestidos con uniforme de la Marina, el día 26 de marzo de 1976, en la sede de dicho gremio, ubicado sobre la calle Edison, entre San Salvador y Vértiz, de la ciudad de Mar del Plata.

    Allí fue encapuchado, atado y llevado a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, siendo alojado en una sala ubicada a unos diez metros del faro en Mar del Plata, lugar en que fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, consistentes en golpes, amenazas, violentos interrogatorios, torturas psicológicas, alojamiento en un lugar no adecuado, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio por estar con los ojos vendados, con restricciones de contacto con los demás cautivos, y con prohibición de atender adecuadamente sus necesidades fisiológicas.

    Dos días después, fue llevado al predio de la Base Naval de Mar del Plata y alojado en una especie de salón donde había más personas en la misma situación que él. En este lugar, permaneció atado y encapuchado; fue objeto de violentos interrogatorios, golpes y amenazas constantes, a la vez que no le permitía dormir ni asearse. Sumado a ello, fue sujetado con una soga al cuello, abarcando miembros superiores e inferiores, lo que le provocaba al moverse asfixia; y le practicaron simulacros de fusilamiento en ese lugar y cuando lo llevaron encapuchado, cerca de la playa del Club Náutico.

    A los dos o tres días, lo trasladaron a las instalaciones de la Prefectura Naval, donde fue alojado en uno de los tres calabozos allí existentes. En este lugar, debió permanecer varios días atado y encapuchado, a la vez que fue objeto de golpes, amenazas constantes y torturas psicológicas, siendo obligado a soportar música a alto volumen durante el período.

    El día 8 de abril de 1976 fue llevado al centro clandestino denominado "La Cueva", ubicado dentro del predio de la Base Aérea de Mar del Plata; luego, conducido a la Comisaría Cuarta, previo paso por la Unidad Penal de Sierra Chica. De esa seccional fue retirado el día 7 de mayo de 1976, para ser llevado nuevamente a la Base Aérea, desde donde abordó un avión con destino a Morón. De allí, fue trasladado a la unidad carcelaria de Villa Devoto. El 27 de septiembre de 1976, fue conducido a la Unidad 9 de La Plata, recuperando finalmente su libertad el día 29 de septiembre de 1977.

    Justo Alberto Alvarez, fue privado ilegítimamente de su libertad el día 27 de marzo de 1976, aproximadamente a las 20 horas, en el domicilio de sus padres, sito en Machado y Castelli, de la ciudad de Quequén, por un grupo operativo perteneciente al Ejército, quienes actuaban de modo coordinado con miembros de la FUERTAR 6. Los integrantes de los grupos operativos irrumpieron violentamente en el inmueble, portando armas, destruyendo la puerta de entrada y, sin exhibir ningún tipo de orden, secuestraron a la víctima.

    En este mismo operativo también fue privado ilegítimamente de su libertad Jorge Horacio Lamas quien, si bien, no forma parte del objeto de este proceso, su mención contextualiza los hechos materia de imputación.

    En un primer momento, Alvarez fue llevado a la Comisaría de la playa de Quequén, desde donde lo derivaron a la Comisaría 1, de la ciudad de Necochea. Estando en esta última Comisaría, fue encapuchado y trasladado a las instalaciones del GADA 601, donde permaneció en una especie de galpón por un lapso aproximado de dos días, hasta que lo llevaron encapuchado a la Base Naval de Mar del Plata.

    En esta primera estadía en la Base Naval, fue alojado en una de las aulas existentes en este predio, donde fue sometido a amenazas y a distintos tipos de tormentos y condiciones inhumanas de detención. Allí estuvo encapuchado constantemente. De día era obligado a permanecer parado, mientras que de noche debía dormir en el piso; tampoco le permitían satisfacer adecuadamente sus necesidades fisiológicas. En este contexto represivo le propinaron torturas físicas para que aporte detalles de su militancia política y gremial, le practicaron submarino seco y le aplicaron picana eléctrica.

    Aproximadamente, quince días después, fue llevado a la sede de la Prefectura Naval, donde permaneció cautivo por un espacio de diez a quince días.

    Los primeros tres o cuatro días en Prefectura, fue alojado en una especie de galpón, donde estuvo encapuchado y fue sometido a interrogatorios referidos a su militancia, oportunidad en que le propinaron torturas físicas: submarino seco y picana eléctrica. Luego, fue llevado al sector de calabozos que tiene esta sede, siéndole asignado uno de ellos. Aquí le sacaron la capucha, aunque los interrogatorios referidos a su militancia no mermaron.

    Posteriormente, fue trasladado a distintos espacios, los cuales no pudo identificar por estar encapuchado, siendo regresado luego a la Base Naval Mar del Plata. En este tramo del cautiverio en la Base Naval, fue introducido en uno de los tres calabozos existentes dentro de este predio, donde permaneció por un espacio de veinte a treinta días. Allí fue objeto de tratos denigrantes, como ser atendido por un veterinario tras sufrir una infección como consecuencia de las torturas que le habían practicado. También fue amenazado y sometido a tormentos. En las noches le abrían las ventanas para que sufra el frío; los conscriptos le escupían la comida y lo llamaban "guerrillero" y "subversivo".

    Desde allí, fue trasladado nuevamente a los calabozos de la Prefectura Naval, donde ya había estado cautivo, oportunidad en que continuó siendo maltratado.

    De la Prefectura fue llevado a la Base Naval una vez más, donde lo subieron a un colectivo y lo llevaron al aeropuerto de Mar del Plata; conduciéndolo, finalmente, a la Unidad Carcelaria N 9 de la ciudad de La Plata, recuperando su libertad en abril de 1977, concretamente durante la Semana Santa.

    Jorge Fernando Pablovsky fue privado ilegalmente de su libertad el día 29 de marzo de 1976, alrededor de las 3:30 horas, por un grupo de tareas perteneciente a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, que irrumpió violentamente en su domicilio. Uno de los captores le colocó un revolver en la cabeza y fue sacado del lugar.

    El operativo fue de gran magnitud, fuera del inmueble había muchos soldados armados que lo apuntaban. Inmediatamente, lo encapucharon, lo subieron a un vehículo, y lo llevaron al predio del Golf Club de Mar del Plata, donde le realizaron un simulacro de fusilamiento y lo amenazaron.

    Seguidamente, fue llevado a la Base Naval de Mar del Plata, y alojado en un aula. Allí, fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, como permanecer encapuchado y atado de frente a una pared; golpeado; amenazado; sometido a violentos interrogatorios; torturas psicológicas; sujeción de una soga al cuello, abarcando miembros superiores e inferiores, que le provocaba asfixia al moverse; alojado en un lugar no adecuado, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio por estar con los ojos vendados, con restricciones de contacto con los demás cautivos y con prohibición de atender adecuadamente sus necesidades fisiológicas.

    Más tarde, fue trasladado a una celda en la sede de la Prefectura Naval, donde debió soportar amenazas constantes y torturas psicológicas. Asimismo, fue torturado salvajemente mediante golpes, lo que ocasionó que tuvieran que derivarlo nuevamente a la Base Naval para que reciba atención médica.

    En este segundo período de la Base, permaneció en el sector de los calabozos, cercanos al comedor de conscriptos. Si bien la violencia física mermó en este período, al no haber sufrido nuevos interrogatorios ni golpes, las amenazas y los tormentos persistieron, ya que debió soportar el frío cuando en las noches abrían las ventanas, que le digan que nunca quedaría en libertad por ser un ideólogo, o que diversas personas como conscriptos, le escupan la comida o lo demonicen al llamarlo despectivamente "montonero".

    Luego, fue conducido al GADA 601, custodiado por la Marina y trasladado en avión a la Unidad Carcelaria N 9 de La Plata, siendo alojado en los pabellones 12, 13 y 14, recuperando su libertad en el mes de enero de 1977.

    Jorge Luis Celentano. Se encuentra acreditado que Jorge Luis Celentano -dirigente gremial- fue privado ilegítimamente de su libertad por un grupo de tareas de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, integrado por miembros de Prefectura Naval, el día 3 de mayo de 1976, alrededor de las 10:00 horas, en la sede de la Junta Nacional de Granos de Mar del Plata, la cual funcionaba dentro del predio del puerto de dicha ciudad.

    En esa oportunidad, los captores sin exhibir ningún tipo de orden, obligaron a subir a la víctima a un vehículo Ford Falcon, y lo trasladaron al edificio de la Prefectura Naval, donde estuvo aproximadamente un mes y medio.

    Fue llevado en un primer momento a una oficina de pequeñas dimensiones, donde estuvo alrededor de dos horas, siendo alojado luego en uno de los calabozos existentes en el lugar, donde permaneció en pésimas condiciones de higiene durante toda la estadía. Allí fue objeto de interrogatorios relacionados con su militancia y las actividades que desarrollaba.

    Posteriormente, lo retiraron de este calabozo, lo encapucharon y lo subieron violentamente a un camión de la Marina, en el que fue trasladado a la Base Naval e introducido en un pequeño calabozo que se encontraba en la zona del comedor de conscriptos, donde estuvo otro mes y medio.

    En este lugar, continuó siendo objeto de tormentos, como estar encapuchado, soportar el frío cuando en las noches le abrían las ventanas, que le practiquen torturas psicológicas, tales como manifestarle que otros detenidos como él estaban siendo interrogados en la playa de la base, que le escupan la comida, o lo demonicen al decirle "subversivo lacra".

    Más tarde, Celentano fue trasladado a la Comisaría de Madariaga, en donde permaneció aproximadamente una semana, para ser luego derivado a la ciudad de La Plata, y de allí a la Unidad Penal de Devoto, recuperando posteriormente la libertad el día 24 de agosto de 1976 en el Palacio de Tribunales de Capital Federal, sito en Talcahuano 550.

    Pablo José Lerner. Fue privado ilegítimamente de su libertad el día 28 de mayo de 1976, en horas de la madrugada, cuando miembros de un grupo de tareas de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, quienes se encontraban fuertemente armados, ingresaron en su domicilio, sito en calle Maipú N 3248 de Mar del Plata, y sin exhibir ningún tipo de orden, lo encapucharon y lo hicieron salir del inmueble, procediendo a revisar el lugar. Seguidamente, lo subieron violentamente a un camión, y lo trasladaron al predio de la Base Naval, alojándolo en el polígono de tiro de este lugar.

    Allí, estuvo siempre encapuchado y sentado, debiendo soportar amenazas y otros tratos degradantes por parte de las personas que lo custodiaban. Transcurridos seis días en estas condiciones, fue llevado a una sala, donde lo interrogaron acerca de la militancia política que había desarrollado, siendo atado de pies y manos a una camilla, rociado con un líquido y torturado con una picana eléctrica durante varias horas, lo que le valió la parálisis de uno de sus brazos, que tardó casi cien días en curarse.

    Luego de esta sesión de torturas, fue llevado nuevamente al polígono, donde permaneció siete días más, siendo luego derivado a otro sector de la Base Naval: a los calabozos cercanos al comedor de conscriptos.

    Si bien la violencia física mermó en este período, al no haber sufrido nuevos interrogatorios con torturas, las amenazas y los tormentos persistieron, ya que debió soportar el frío cuando en las noches le habrían las ventanas, o que diversas personas como conscriptos, le escupan la comida o lo estigmaticen con el mote de "guerrillero".

    El día 7 de septiembre de 1976, Lerner fue trasladado a la Base Aérea, previo paso por el GADA 601, desde donde fue conducido en un avión del Servicio Penitenciario Federal a la Unidad Carcelaria N 9 de La Plata, desde donde fue liberado para la Navidad del año 1977.

    Casos en los que resultaron victimas: Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Miguel Angel Erreguerena, Guillermo Eduardo Cángaro y Patricia Molinari. Casos: 8, 9, 10, 14 y 15.

    Se encuentra acreditado que Patricia Yolanda Molinari -de 20 años de edad-, fue privada ilegalmente de su libertad, el día 5 de Julio de 1976, a las 17 horas, momento en que se encontraba en el interior de la Escuela de Artes Visuales, sita en la calle Funes, entre 9 de Julio y Tres de Febrero, de la ciudad de Mar del Plata.

    Allí se hizo presente un grupo de personas, vestidas de civil y armadas quienes sin exhibir ningún tipo de orden legal la sacaron de la clase que presenciaba, con la excusa de realizarle algunas preguntas; la obligaron a colocarse en el asiento trasero de un Ford Falcon, la encapucharon y la trasladaron al centro clandestino de detención ubicado en el predio de la Base Naval Mar del Plata, concretamente al edificio de la Agrupación Buzos Tácticos. Los captores pertenecían a los grupos de tareas que actuaban bajo las órdenes de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada Argentina.

    Una vez cautiva, fue sometida a tormentos e inhumanas condiciones de detención que consistieron en golpes y amenazas, torturas físicas, perdida sensorial del tiempo y del espacio, obligada a permanecer con los ojos vendados, prohibición de responder a sus necesidades fisiológicas adecuadamente, obligada a mantenerse de pie por un tiempo prolongado y a bañarse delante de hombres que la miraban como así también sometida a simulacros de fusilamiento.

    La víctima tuvo que soportar sesiones de picana eléctrica, mientras era sometida a interrogatorios. En algunas oportunidades, en presencia de Miguel Erreguerena, su pareja de entonces. Los tormentos a los que fue sometida se suscitaron debido a su condición de militante política.

    La víctima fue sometida a ultrajes sexuales, abusada y violada dentro del cautiverio por personal de la Marina, provocándole lesiones físicas y psíquicas irreparables. Si bien estos hechos no forman parte de la plataforma fáctica de este juicio, son nombrados para contextualizar lo ocurrido.

    Recién luego de casi un mes de ilegal cautiverio, el día 18 de agosto de 1976, fue puesta a disposición del PENy continuó secuestrada en las instalaciones de la Base Naval.

    El día 30 de agosto de 1976, fue trasladada al Penal de Olmos durante un mes y luego fue llevada a la cárcel de Devoto, permaneciendo detenida hasta recuperar su libertad. En total estuvo, ilegalmente, detenida 2 años y 8 meses.

    Guillermo Eduardo Cángaro, de 19 años de edad, fue privado ilegalmente de su libertad el día 5 de Julio de 1976 a las 17 horas, del interior de la Escuela de Artes Visuales, sita en la calle Funes, entre Nueve de Julio y Tres de Febrero, de la ciudad de Mar del Plata, oportunidad en que se presentó un grupo de personas vestidas de civil, pertenecientes a la Fuerza de Tareas N 6 de la Armada Argentina, quienes sin exhibir orden legal sacaron a la víctima por la fuerza del establecimiento y lo introdujeron en un automóvil marca Ford Falcón, de color verde, que aguardaba en la puerta. Fue trasladado encapuchado y maniatado en el asiento trasero del automóvil, al predio de la Base Naval Mar del Plata.

    Alojado en varios espacios clandestinos, fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención. Al respecto, cabe afirmar que el nombrado sufrió golpes y amenazas, torturas físicas, permaneció encapuchado y maniatado en distintos lugares no aptos para el alojamiento de detenidos, sin vestimenta adecuada debido al clima, pérdida sensorial del tiempo y del espacio por permanecer con los ojos vendados, prohibición de comunicarse y de responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas y obligado a presenciar el padecimiento de otros cautivos. También fue sometido, en tres oportunidades a simulacros de fusilamiento.

    Con fecha 30 de agosto de 1976, fue trasladado a la Comisaría segunda, por un mes, pasando luego por las unidades de Azul, Sierra Chica y Caseros hasta que recuperó su libertad y pudo salir del país. Permaneció en cautiverio 1 años y 7 meses y, finalmente fue liberado.

    Miguel Angel Erreguerena, de 24 años de edad, fue privado ilegalmente de su libertad el día 6 de julio de 1976, en la intersección de las calles Uriburu y San Juan, de la ciudad de Mar del Plata, cuando fue interceptado por un grupo de tres personas armadas, vestidas de civil, pertenecientes a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina -sin descartar la intervención de otra fuerza armada o de seguridad-, quienes sin exhibir orden legal alguna y mediante el uso de violencia lo redujeron a golpes, lo encapucharon y lo subieron a un automóvil Chevrolet de color verde.

    Fue colocado en el piso del asiento trasero y trasladado hacia el predio de la Base Naval Mar del Plata, donde fue alojado clandestinamente en el Edificio de la Agrupación Buzos Tácticos. Allí fue sometido a tormentos y a inhumanas condiciones de detención, que consistieron en: pasajes de corriente eléctrica, maniobras de ahogamientos con una almohada, golpes y patadas; alojado en un lugar no adecuado, sentados contra la pared, con prohibición de comunicarse, con pérdida sensorial de tiempo y espacio, obligado a escuchar gritos y lamentos de los torturados, en especial de su compañera -cuando era violada-, con escasas posibilidades de higiene.

    Dentro del predio naval, fue trasladado, algunas noches, a una carpa de lona ubicada en la playa, siendo época de invierno y durmiendo sobre la arena mojada con escasa vestimenta.

    Fue puesto a disposición del PEN el 18 de agosto de 1976 y continuó detenido ilegalmente en las instalaciones de la Base Naval hasta el 30 de agosto de 1976, fecha en la que fue llevado a los penales de Azul, Sierra Chica, Rawson y La Plata, hasta que le concedieron su libertad, bajo vigilancia, en julio de 1980.

    Graciela Dato, de 19 años de edad, fue privada ilegalmente de su libertad el día 24 de julio de de 1976, alrededor de las 12:00 horas, en su lugar de trabajo, en un taller de cerámica denominado "Luís Maneta e Hijos " ubicado en la calle Vieytes -entre Santa Fe y Corrientes-, de la ciudad de Mar del Plata.

    En esta ocasión se acercó el dueño del lugar quien le solicitó que la acompañara al sector de ventas, donde la esperaban cuatro hombres vestidos de civil, que portaban armas largas. Se presentaron como miembros de la Policía Federal Argentina; sin exhibir ningún tipo de orden legal, la encapucharon y la colocaron en un automóvil particular Ford Falcón.

    Fue trasladada al centro clandestino ubicado dentro del predio de la Base Naval, siendo alojada en la construcción clandestina destinada a la Agrupación Buzos Tácticos. Los captores pertenecían a los grupos de tareas dependientes de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina.

    Allí fue sometida a tormentos e inhumanas condiciones de detención que consistieron en permanecer en un lugar no apto para detenidos, sufrir golpes con elementos contundentes, interrogatorio y soportar de pie frente a una pared durante prolongados períodos de tiempo.

    Permaneció todo el tiempo que duró su cautiverio atada, con un número que la identificaba y encapuchada, lo que le hizo perder la ubicación témporo espacial. No se le permitió comunicarse con otros detenidos ni satisfacer adecuadamente sus necesidades fisiológicas.

    Como consecuencia de las condiciones de detención tuvo que ser derivada al hospital regional donde fue atendida por un cuadro pulmonar producto de las desatenciones que padecía estando cautiva.

    Permaneció secuestrada en la Base Naval alrededor de un mes, y fue trasladada a la ESIM, donde la mantuvieron cautiva dos meses más.

    En la ESIM fue sometida a tormentos y condiciones inhumanas de detención, que consistieron en: golpes y amenazas; alojamiento en un lugar no adecuado, con los ojos vendados, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio, con imposibilidad de comunicarse con otros, sentada con las manos atadas sobre una mesa, lo que le ocasionó lesiones en sus miembros inferiores, obligada a soportar música a alto volumen en forma permanente y con incertidumbre acerca de su destino. También allí fue sometida a un interrogatorio en donde le solicitaron datos acerca de su militancia política en la agrupación política Montoneros.

    Su detención ilegal continuó en la Comisaría 4ta, en el Penal de Olmos, en el Penal de Devoto y en Coordinación Federal, hasta el día 2 de diciembre 1977, cuando fue liberada.

    Héctor Alberto Ferrecio, fue privado ilegalmente de su libertad el día 24 de julio de 1976, en horas de la mañana, del domicilio de sus padres, ubicado en la calle Mitre 1756, de la ciudad de Mar del Plata, por tres personas vestidas de civil y armadas que se movilizaban en un Ford Falcón, perteneciente a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina.

    El grupo de tareas ingresó al lugar violentamente, redujo a Ferrecio, lo encapuchó y lo sacó del lugar colocándolo en el piso del asiento trasero del vehículo.

    Fue trasladado al espacio clandestino ubicado en el predio de la Base Naval Mar del Plata y alojado en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, donde fue sometido a interrogatorios, tormentos y condiciones inhumanas de detención que consistieron en: golpes y amenazas, simulacros de fusilamiento, permanecer en un lugar no apto para detenidos, encapuchado y con las manos atadas, de pie por prolongados lapsos de tiempo y sin mantener comunicación con el resto de los secuestrados.

    Luego de treinta días aproximadamente fue trasladado al espacio clandestino que funcionó en la ESIM, donde continuó su cautiverio por sesenta días más. En este lugar, también, fue sometido a tormentos y condiciones inhumanas de detención consistentes en: ser golpeado y amenazado, permanecer con los ojos vendados, con pérdida sensorial del tiempo y del espacio, con imposibilidad de comunicarse con otros cautivos, sentado en forma permanente con las manos atadas sobre una mesa, lo que le ocasionó lesiones en sus miembros inferiores, obligado a soportar música a fuerte volumen las 24 horas del día y con incertidumbre acerca de su destino próximo.

    En ese lugar le impidieron dormir por largos lapsos de tiempo, ya que si intentaba hacerlo era castigado.

    Su cautiverio ilegal continuó, siendo derivado a la Comisaría 4ta, a Sierra Chica y a la Unidad Penal N 9 de la Plata. En el mes de noviembre de 1977, fue liberado.

    Casos en que resultan víctimas José Angel Nicoló, Oscar Rudnick, Pedro Catalano y Alberto Jorge Pelegrini; casos N 11, 12, 13 y 16.

    Oscar Rudnick y Pedro Norberto Catalano, fueron privados ilegítimamente de su libertad, el día 10 de junio de 1976, en horas del mediodía, en el taller de Planograff propiedad de Rudnick, ubicado en la calle Rivadavia, entre Salta y Jujuy, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de tareas de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, quienes se encontraban uniformados pero sin identificación y fuertemente armados, los que irrumpieron violentamente en el lugar -sin exhibir ningún tipo de orden legal-. Rápidamente redujeron a las víctimas, las maniataron, las encapucharon, y las introdujeron en distintos vehículos; trasladándolos al espacio clandestino ubicado en el polígono de tiro, dentro la Base Naval Mar del Plata.

    Mientras esto sucedía, otras personas que componían el grupo operativo, buscaban material en la imprenta que los comprometiera con la agrupación política Montoneros.

    Dentro de la Base Naval, fueron sometidos a la imposición de tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en: ser interrogados violentamente debido a la militancia política que tenían en la JUP, sometidos a golpes y amenazas, a simulacros de fusilamiento, a permanecer esposados y encapuchados, en lugares no aptos para la detención de personas, expuestos al frío sin vestimenta adecuada, sin comunicación con los cautivos, con incertidumbre acerca de su destino y sin posibilidad de responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas. Además, le impidieron dormir por varios días, y fueron obligados a permanecer de pie durante prolongados lapsos de tiempo.

    Catalano permaneció en cautiverio entre siete y diez días aproximadamente, mientras que Rudnick, hasta el 25 de junio de 1976. Ambos fueron liberados.

    José Angel Nicoló, fue privado ilegítimamente de su libertad, el día 7 de julio de 1976, alrededor de las 16 horas, del local comercial llamado "Casa Boldrini" ubicado en la intersección de las calles Figueroa Alcorta y 12 de Octubre, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de tareas perteneciente a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, integrado por unas cinco personas, vestidas de civil y fuertemente armadas.

    Los captores, ingresaron al local comercial, le solicitaron la exhibición de documentos a los presentes, y tras dar con las víctimas, lo redujeron y sacaron del lugar. Una vez afuera, fue encapuchado e introducido, mediante golpes, a un automóvil Ford Falcon, de color celeste, con el cual fue trasladado hacia la Base Naval Mar del Plata. Allí, fue alojado en tres espacios clandestinos: en una carpa ubicada en la playa de ese predio, en el polígono de tiro, y en un lugar cerrado donde había un pasillo y una habitación.

    En estos lugares, padeció tormentos y condiciones inhumanas de detención, las que consistieron en golpes; simulacros de fusilamientos, ser obligado a permanecer encapuchado y maniatado; ser atado junto a otros compañeros para dormir; sometido a violentos interrogatorios en torno a su militancia política en la Juventud Peronista; permanecer a la intemperie con condiciones climáticas extremas y sin abrigo; y negarle la posibilidad de atender sus necesidades fisiológicas adecuadamente.

    El cautiverio de la víctima, se prolongó hasta el día 15 de julio de 1976, fecha en que fue liberado.

    Caso en el que resultó victima Jorge Alberto Pellegrini.

    Se ha acreditado a lo largo del debate, que el día 5 de agosto de 1976, siendo las 20 horas, Jorge Alberto Pellegrini, de 19 años de edad, se hizo presente en la Base Naval Mar del Plata, junto a su padre, debido a que durante ese mediodía, integrantes de la Marina, allanaron ilegalmente distintos domicilios en su búsqueda y, personal actuante, dio la orden de que se haga presente en la Base Naval Mar del Plata.

    Al llegar al predio naval, luego de ser anunciada su presencia, dos personas vestidas de civil -entre las que se encontraba Angel Narciso Racedo- se acercaron y lo trasladaron a la parte posterior del predio, donde lo encapucharon e introdujeron en un automóvil Renault Break color amarillo, en el cual lo trasladaron a un espacio que estaba ubicado dentro de la misma Base Naval.

    Al descender, lo subieron por una escalera externa, dejándolo sentado en una silla de mimbre tipo playera, en un salón de grandes dimensiones; lugar que posteriormente reconocería como el primer piso de la Agrupación de Buzos Tácticos.

    En ese lugar, debió soportar tormentos y condiciones inhumanas de detención, permanecer encapuchado y maniatado; en un lugar no apto para detenidos, debió dormir en el suelo; con prohibición de responder a sus necesidades fisiológicas adecuadamente, y debiendo escuchar los padecimientos de sus compañeros luego de la tortura, con la consecuente aflicción psicológica que genera percibir cómo eran brutalmente tratados quienes se encontraban en similares condiciones.

    Luego de veinte días de cautiverio dentro de la Base Naval, lo introdujeron en un colectivo y lo trasladaron al espacio clandestino que funcionó en la sala de comunicaciones de la ESIM.

    Allí debió soportar condiciones inhumanas de detención y tormentos. Estuvo todo el tiempo encapuchado, atado de pies y manos, y sentado en una silla con las manos sobre una mesa, lo que le provocó lesiones en sus extremidades; fue obligado a escuchar música a alto volumen de forma constante y sin posibilidad de contacto con sus compañeros de cautiverio.

    A los quince días de estar en esa sala, lo trasladaron nuevamente a la Base Naval de Mar del Plata, oportunidad en que fue colocado en una celda de estrechas dimensiones, donde permanecería por escasas horas.

    Posteriormente, fue llevado a la Base Aérea, obligado a abordar un avión, y llevado a la Base Naval de Puerto Belgrano, donde permaneció en ilegal cautiverio dentro de un camarote de un barco, por alrededor de tres meses más. Fue liberado el 28 de diciembre de 1976.

    Caso en el que fuera víctima Enrique René Sánchez.

    Se encuentra acreditado que el nombrado, de 23 años de edad, fue privado ilegítimamente de su libertad, el día 20 de agosto de 1976, siendo las 8:00 horas, mientras se encontraba en el interior de su domicilio sito en la calle 12 de Octubre N 10.018 de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de cuatro personas armadas y vestidas de civil, todos encapuchados con pasamontañas, a excepción de quien comandaba el operativo, una persona del sexo masculino, alta, de cabellos rubios, de ojos celestes, de alrededor de 40 años de edad.

    Estas personas pertenecían a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina y el operativo fue realizado en el marco de operaciones militares y de seguridad realizadas contra la llamada "subversión", en coordinación con las fuerzas del Ejército.

    Estas personas irrumpieron violentamente en el domicilio, encapucharon a la víctima y lo subieron dentro de un automóvil que aguardaba en la puerta, junto a varios vehículos más. Inmediatamente, fue trasladado al espacio clandestino de la Agrupación Buzos Tácticos, ubicado dentro del predio de la "Base Naval de Mar del Plata".

    En ese lugar, la víctima fue sometida a todo tipo de tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en permanecer en un lugar no apto para el alojamiento de detenidos, encapuchado, con los pies y las manos atadas; sometido a golpes y amenazas, debiendo soportar el hostigamiento constante por parte de quienes lo tenían cautivo, con imposibilidad de comunicarse con otros cautivos y prohibición de responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas.

    Asimismo, fue sometido a feroces torturas mediante la aplicación de picana, mientras era interrogado respecto de su militancia política en el Partido Peronista.

    Permaneció alrededor de un mes en esas condiciones, para luego ser trasladado dentro de un camión, junto a otros secuestrados de ese centro clandestino de detención y llevado a lo que se llamó la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina -ESIM-, concretamente, fue alojado en la "sala de comunicaciones".

    En la ESIM también fue sometido a la aplicación de tormentos y condiciones inhumanas de detención, estas consistieron en permanecer todo el tiempo sentado en una silla, con las manos sobre la mesa, con los ojos vendados y encapuchado, obligado a escuchar música permanentemente y sometido a golpes constantes infringidos por los guardias de ese lugar, circunstancia que le produjo una lesión auditiva permanente en unos de sus oídos.

    Allí permaneció hasta el 18 de diciembre de 1976, fecha en que nuevamente fue llevado a la Base Naval de Mar del Plata, por el espacio de 9 días más, esto es hasta el 27 de diciembre de ese mismo año, cuando lo trasladaron en una camioneta y lo liberaron a las pocas cuadras de ese predio naval.

    Pablo José Galileo Mancini, de 23 años de edad, fue privado ilegalmente de su libertad, el 8 de septiembre de 1976, alrededor de las 23:30 horas, del domicilio ubicado en la calle Libertad 3286, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de personas vestidas de civil y fuertemente armadas, que se presentaron como miembros de "Coordinación Federal" pero, en verdad, formaban parte de los grupos de tareas a cargo del Comando de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, encomendados a realizar operaciones militares y de seguridad en contra de la llamada subversión, en coordinación con la fuerza del Ejército. Sin exhibir orden de allanamiento, ni de detención requisaron ilegal e íntegramente la vivienda de Mancini y procedieron a su detención ilegal.

    Aún cuando no integre el objeto procesal de este debate, resulta de importancia destacar, a los efectos de contextualizar el hecho, que en el interior de la vivienda también se encontraba José Luis Anselmo, quien fue sacado del lugar junto a Mancini. Ambos fueron encapuchados e introducidos en distintos automóviles marca Ford Falcón, que aguardaban a la salida de la vivienda. Fueron llevados al centro clandestino de detención ubicado en el interior del predio de la Base Naval de Mar del Plata, concretamente al edificio perteneciente a la Agrupación Buzos Tácticos.

    Durante el tiempo en que estuvo privado de su libertad dentro de la Base Naval, Mancini fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, las que consistieron en: permanecer durante todo el día sentado en un silla, esposado y atado, siendo hostigado por parte de los guardias, con pérdida sensorial del tiempo y del espacio, falta de atención médica y sin posibilidad de atender adecuadamente sus necesidades fisiológicas.

    La víctima fue sometida sistemáticamente a torturas físicas, consistentes en la aplicación de golpes y descargas eléctricas mediante la utilización de picana, mientras era interrogado respecto de su militancia política dentro de la Juventud Universitaria Peronista.

    Luego de veinte días de cautiverio, fue trasladado, dentro de un camión junto a otros secuestrados, al Centro Clandestino de Detención ubicado en la ESIM, cerca de El Faro, concretamente a la sala de operaciones de ese lugar. Allí permaneció hasta el día 15 de diciembre de 1976, fecha en que nuevamente fue llevado a la Base Naval de Mar del Plata.

    En el período que estuvo en la ESIM, esta víctima padeció tormentos y condiciones inhumanas de detención; debió permanecer durante todo el día sentado con la capucha puesta, esposado y con los pies atados; careció de toda asistencia médica; tuvo que presenciar la violación de una compañera detenida sin poder oponer resistencia alguna y fue sometido a simulacros de fusilamiento.

    Finalmente, el día 24 de diciembre de ese año, Pablo Mancini fue introducido en un automóvil y liberado en la calle 37 y Florencio Sánchez, de esta ciudad.

    Alejandro Sánchez, de 19 años de edad, fue privado ilegalmente de su libertad el día 17 de septiembre de 1976, del domicilio donde residía ubicado en la calle Magallanes de esta ciudad de Mar del Plata, por un grupo de tres o cuatro personas fuertemente armadas, pertenecientes a los grupos de tareas de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina.

    Uno de los integrantes del operativo se identificó como "Comisario Pepe". Lo encapucharon e introdujeron dentro de un automóvil marca Peugeot 504, que aguardaba en la puerta del lugar, y lo trasladaron hacia el espacio clandestino de la Agrupación Buzos Tácticos, ubicado dentro del predio de la Base Naval de Mar del Plata.

    Allí fue sometido a la imposición de tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en: permanecer todo el tiempo encapuchado y maniatado, en una celda de escasas dimensiones, en un lugar no apto para el alojamiento de personas; sometido a maniobras de ahogamiento con una almohada; sometido a golpes y descargas eléctricas mediante picana e interrogado por su militancia en la agrupación política Montoneros.

    Luego de un período en la Base Naval, fue trasladado en un camión, junto a otros compañeros, al Centro Clandestino de Detención ubicado en el interior del predio de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, ESIM, concretamente a la sala de comunicaciones.

    En ese lugar, Sánchez debió permanecer en una habitación atado de pies y manos, vendado, sentado en una silla con las manos sobre una mesa, debiendo soportar música a alto volumen de manera constante, sometido a fuertes golpizas, sin posibilidad de atender adecuadamente sus necesidades fisiológicas.

    Finalmente, fue trasladado nuevamente a la Base Naval y liberado el 19 de diciembre de 1976.

    Casos en donde resultaron víctimas Rosa Ana Frigerio y Fernando Francisco Yudi.

    Rosa Ana Frigerio. Se ha acreditado plenamente que la nombrada, de 20 años de edad, fue privada ilegítimamente de su libertad, el día 25 de agosto de 1976, alrededor de las 16:00 horas, en el domicilio, sito en la calle Olavarría 4521, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, quienes se encontraban armados, vestidos de civil y, por supuesto, sin exhibir orden de detención o allanamiento alguno.

    Estas personas las subieron a una ambulancia, ya que la víctima se encontraba enyesada desde el pecho hasta las rodillas, y la trasladaron a la Base Naval de Mar del Plata.

    Allí, fue alojada en uno de los calabozos existentes en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, donde debió padecer violencia y amenazas, entre otros tormentos.

    Finalmente, el día 8 de marzo de 1977, fue asesinada por personal de las Fuerzas Armadas.

    Fernando Francisco Yudi, a quien llamaban "Tato", fue privado ilegítimamente de la libertad el día 15 de septiembre de 1976, siendo aproximadamente las cinco horas, en el interior de su domicilio sito en la calle Rivadavia 3139, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo armado de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, que sin exhibir orden de detención alguna, lo secuestró.

    Si bien los captores informaron que lo llevarían al GADA 601, se ha comprobado fehacientemente que la víctima estuvo cautiva, desde los primeros días del secuestro, en los espacios clandestinos que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina.

    En la ESIM permaneció varios días en una sala, atado, encapuchado y sentado en una mesa de madera alta, tal cual todos los relatos de las víctimas que hemos analizado previamente a este caso.

    Por su parte, en la Base Naval fue alojado en el edificio correspondiente a la Agrupación Buzos Tácticos, al igual que ocurrió con Rosa Ana Frigerio y tantas otras víctimas que han pasado por este debate.

    De esta forma, atravesó su cautiverio la víctima hasta que el día 8 de marzo de 1977 fue muerto por parte del personal de las Fuerzas Armadas en una estancia ubicada en el Barrio Santa Celina.

    Casos en donde resultan víctimas Nora Inés Vacca y Lidia Elena Renzi.

    Las nombradas, ambas de 24 años de edad, fueron secuestradas el 16 de septiembre de 1976, siendo alrededor de las 20 horas, en el departamento donde residían, sito en la calle Ayacucho 5849, de la ciudad de Mar del Plata, por integrantes de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, quienes sin exhibir orden legal emanada de un juez, las redujeron, las encapucharon y las trasladaron al espacio clandestino ubicado dentro del predio de la Base Naval.

    Allí, ambas fueron sometidas a tormentos y condiciones inhumanas de detención, debiendo soportar todo tipo de actos denigrantes, consistentes en amenazas permanentes contra su vida, golpes constantes e interrogatorios violentos, tendientes a quebrantar su resistencia moral y obtener información sobre sus compañeros de militancia en la agrupación política Montoneros.

    Lidia Renzi y Nora Inés Vacca permanecen aún desaparecidas.

    Caso en que resultara víctima Alberto D'uva.

    Se encuentra fehacientemente acreditado en este proceso que Alberto D'uva, de 25 años de edad, fue secuestrado el día 17 de septiembre de 1976, siendo aproximadamente alrededor de las 15 hs, del domicilio donde residía. Esto es en ubicado en el inmueble ubicado en la calle La Rioja 2744, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de personas pertenecientes a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina. Estos, sin exhibir ningún tipo de orden de detención ni de allanamiento, lo redujeron y trasladaron al centro clandestino ubicado dentro del predio de la Base Naval de Mar del Plata, concretamente, al edificio de la Agrupación Buzos Tácticos.

    En este lugar, la víctima fue sometida a tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en: permanecer encapuchado y maniatado, hacinado junto a otros compañeros en un lugar no propicio para la detención de personas; con pérdida sensorial del tiempo y el espacio, y con imposibilidad de atender adecuadamente sus necesidades fisiológicas.

    Además, en este contexto, fue brutalmente maltratado y herido en sus piernas, a raíz de los violentos interrogatorios a los que fue sometido; interrogatorios a los que fue sometido, por qué? Por su militancia en la agrupación política Montoneros. A pesar de su mal estado de salud, no recibió asistencia médica.

    Alberto D'uva, aun hoy permanece desaparecido.

    Casos donde resultaran víctimas Omar Alejandro Marocchi y Susana Haydeé Valor.

    Se encuentra fehacientemente acreditado que Omar Alejandro Marocchi y Susana Haydeé Valor, de 19 y 25 años de edad, respectivamente, fueron privados ilegítimamente de su libertad el día 18 de septiembre de 1976, a las 18:30 horas aproximadamente, del inmueble ubicado en la Calle 88 -actualmente Alejandro Korn- N 953, de la ciudad de Mar del Plata, por personas armadas pertenecientes a la FUERTAR 6; quienes, sin exhibir orden de detención, sin exhibir orden de allanamiento alguna emanada de una autoridad competente, trasladaron a los nombrados a uno de los espacios clandestinos ubicados dentro de la Base Naval de Mar del Plata.

    Una vez allí debieron soportar todo tipo de actos denigrantes, consistentes en amenazas permanentes contra su vida, siendo sometidos también a constantes golpes e interrogatorios violentos, tendientes a quebrar su resistencia moral y obtener información sobre sus compañeros de militancia.

    Susana Valor fue secuestrada estando embarazada de tres meses y en la actualidad, tanto Omar como ella se encuentran desaparecidos.

    Casos en los que resultaron víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana María Iorio, Nancy Ethel Carricavur y Stella Maris Nicuez, casos N 27, 28, 29, 30 y 31.

    Se encuentra fehacientemente acreditado que Liliana Beatriz Retegui, de 22 años de edad; Patricia Emilia Lazzeri, de 21 años de edad; Liliana María Iorio, de 22 años de edad; Nancy Ethel Carricavur, de 19 años de edad y Stella Maris Nicuez, de 22 años de edad, fueron privadas ilegítimamente de su libertad el día 19 de septiembre de 1976, siendo aproximadamente las 2 de la madrugada, Cuando un numeroso grupo de personas vestidas de civil y fuertemente armadas, pertenecientes a la FUERTAR 6 ingresaron al inmueble sito en la calle Don Bosco 865, de la ciudad de Mar del Plata, y sin exhibir orden legal irrumpieron violentamente en las habitaciones del lugar, en donde las víctimas residían.

    Tras requisar el inmueble, las trasladaron al centro clandestino de detención ubicado dentro del predio de la Base Naval, más concretamente al edificio Agrupación Buzos Tácticos, donde fueron sometidas a tormentos y a condiciones inhumanas de detención consistentes en permanecer en un lugar no apto para el alojamiento de personas, encapuchadas y maniatadas, con pérdida sensorial del tiempo y del espacio por estar con los ojos vendados, con números identificatorios, con restricciones de contacto con los demás cautivos, sometidas a golpes e interrogatorios, a simulacros de fusilamiento y a padecimientos psicológicos al percibir que el resto de los cautivos eran maltratados.

    En el caso de Iorio, Retegui y Lazzeri, los tormentos se acrecentaron debido a su militancia política en la Agrupación Montoneros. Es por este motivo que las tres fueron sometidas a torturas mediante la aplicación de picana eléctrica.

    Por su parte, Carricavur y Nicuez fueron liberadas el 25 de septiembre de 1976.

    Liliana Beatriz Retegui, Patricia Lazzeri y Liliana María Iorio no tuvieron la misma suerte, ellas fueron asesinadas por integrantes de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, ese mismo día.

    Caso donde resultara víctima Carlos Alberto Mujica.

    Se encuentra fehacientemente acreditado que el nombrado, de 21 años de edad, fue privado ilegítimamente de su libertad el día 23 de septiembre de 1976, alrededor de la medianoche, cuando, en momentos en que circulaba con su motocicleta por la vía pública, en el cruce de las calles Belgrano e Italia de la ciudad de Mar del Plata, fue interceptado por un hombre armado y vestido de civil que lo apuntó con un arma de fuego.

    Ese hombre formaba parte de un grupo de captores que aguardaba en automóviles en las inmediaciones del lugar y eran parte de la FUERTAR 6, de la Armada Argentina.

    Seguidamente, fue obligado a abandonar la motocicleta en el lugar y colocado en el asiento trasero de uno de esos vehículos, encapuchado y atado, mediante el uso de violencia. Al ingresar al vehículo, notó que allí se encontraba una persona más en las mismas condiciones.

    Fue trasladado hacia el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, ubicado dentro del predio de la Base Naval, donde fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención consistentes en: permanecer en un lugar no apto para el alojamiento de personas, sentado en una silla frente a la pared, encapuchado y maniatado, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio, con restricciones de contacto con los demás cautivos, sometido a golpes e interrogatorios y a padecimientos psicológicos al percibir que el resto de los cautivos eran sometidos a tormentos continuos.

    Además, le aplicaron feroces torturas mediante el paso de electricidad con picana, mientras era interrogado por su militancia política en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista.

    Permaneció en las instalaciones de la Base Naval hasta mediados del mes de noviembre de 1976, para luego ser llevado dentro de una camioneta, junto a otros secuestrados, al centro clandestino ubicado en el interior del predio del ESIM, cerca del faro.

    En dicho lugar también fue sometido a la aplicación de tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes, en este caso, en: permanecer todo el tiempo sentado en una silla, con las manos puestas sobre una mesa, con los ojos vendados y encapuchado, obligado a escuchar música permanentemente y sometido a golpes constantes infringidos por los guardias del lugar.

    Permaneció en este espacio hasta principios del mes de diciembre del mismo año, cuando nuevamente fue llevado a la Base Naval de Mar del Plata hasta que, el 21 de diciembre, fue liberado.

    Casos en donde resultan víctimas: Norma Susana Huder de Prado, Elena Alicia Ferreiro, Gabriel Ricardo Della Valle, Eduardo Pediconi, Patricia Gaitán, Alberto José Martínez y Adrián Sergio López Vacca.

    Norma Susana Huder de Prado, de 19 años de edad, militante del PST, fue privada ilegítimamente de su libertad el día 13 de octubre de 1976, alrededor de las 17 horas, del domicilio ubicado en la calle Gascón 1809, 1 "E" de la ciudad de Mar del Plata por un grupo de tres personas que se identificaron como policías, vestidos de civil, pertenecientes a la Fuerza de Tareas N 6 de la Armada Argentina.

    Los captores arribaron aproximadamente a las 13 horas a dicho domicilio y, como la víctima no se encontraba en el lugar, esperaron su llegada, circunstancia en la que aprovecharon y procedieron a revisar todo el inmueble. Aproximadamente 4 horas después, Norma Huder fue privada ilegítimamente de su libertad y trasladada al Centro Clandestino de Detención Base Naval Mar del Plata, más concretamente al edificio de la Agrupación Buzos Tácticos.

    En este lugar fue sometida a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, consistentes en golpes, amenazas, alojamiento en un lugar no adecuado, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio por estar con los ojos vendados, con restricciones de contacto con los demás cautivos y con prohibición de atender adecuadamente sus necesidades fisiológicas. Norma aún se encuentra desaparecida.

    Casos de Elena Ferreiro y Alberto José Martínez.

    Elena Ferreiro, de 21 años de edad, y Alberto José Martínez, conocido como "Javier", de 23 años de edad, fueron privados ilegalmente de su libertad el día 28 de octubre del año 1976, entre las 6:30 y las 7 horas, en la intersección de las calles San Luis y San Martín de esta ciudad. En esa oportunidad, personal de la Marina que se desplazaba en al menos dos vehículos, los interceptó mientras se encontraban junto a otro compañero del Partido Socialista de los Trabajadores, Gustavo Stati, y los trasladaron por la fuerza a la Base Naval de Mar del Plata, concretamente al edificio de la Agrupación Buzos Tácticos. El personal de la Marina pertenecía a la Fuerza de Tareas 6 de la Armada Argentina.

    En este lugar, es decir en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, las víctimas fueron sometidas a tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en golpes, amenazas, alojamiento en un lugar no adecuado, siendo obligados a permanecer sentados en sillas de playa ubicadas frente a una pared y escuchando música a alto volumen en forma permanente, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio por estar con los ojos vendados y con restricciones de contacto con los restantes cautivos. Metodología esta que fuera usada para intimidar a las víctimas incrementando su estado de indefensión.

    Debe remarcarse que tanto Elena Ferreiro como Alberto José Martínez, en la actualidad, se encuentran desaparecidos.

    Gabriel Ricardo Della Valle, de 20 años de edad, y Eduardo Pediconi, de 23 años de edad, fueron privados ilegítimamente de su libertad el día 28 de octubre de 1976, siendo aproximadamente las 6:30 horas, en el interior del domicilio sito en la calle Misiones 2622, de la ciudad de Mar del Plata, propiedad del hermano de la víctima Della Valle. En esa oportunidad, un grupo de personas armadas vestidas de civil, irrumpió en dicho inmueble y, agresivamente, tras identificar a las personas que allí se encontraban, se llevaron a Gabriel y a Eduardo siendo ambos encapuchados e introducidos en un automóvil, para luego ser conducidos a los espacios clandestinos de detención que funcionaron dentro de la Base Naval Mar del Plata. El grupo de tareas que participó en este operativo respondía a las órdenes de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada Argentina.

    En el centro clandestino de detención, las víctimas fueron sometidas a tormentos y a deplorables condiciones de detención, que consistieron en golpes, amenazas, alojamiento en un lugar no adecuado, siendo obligados a permanecer sentados en sillas de playa ubicados frente a una pared y escuchando música a alto volumen -esto en forma permanente-, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio por estar con los ojos vendados y con restricciones de contacto con los restantes cautivos. Además fueron obligados a presenciar el padecimiento de las torturas físicas de sus compañeros de militancia y los reiterados apremios a que eran sometidos.

    Ocho días después de ser aprehendidos recuperaron su libertad. Patricia Gaitán, de 19 años de edad, militante delPSTconocida como "Pato", fue privada ilegítimamente de su libertad el día 28 de octubre de 1976 en las inmediaciones del local partidario de dicho partido político, ubicado en 25 de Mayo entre las calles Catamarca e Independencia de esta ciudad, y llevada al Centro Clandestino de Detención que funcionó en el predio de la Base Naval, más concretamente -como estamos haciendo referencia en todos estos casos- la Agrupación Buzos Tácticos. Al igual que en el resto de los casos, miembros de los grupos de tareas comandados por la FUERTAR 6 de la Armada Argentina estaban siguiendo de cerca los movimientos de los miembros del PST y concretando detenciones masivas del grupo instalado en esta ciudad.

    Clandestinamente cautiva, la víctima fue sometida a tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en golpes, amenazas, alojamiento en un lugar no adecuado, siendo obligada a permanecer sentada en una silla de playa ubicada frente a una pared y escuchando música a alto volumen en forma permanente, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio por estar con los ojos vendados y con restricciones de contacto con los restantes cautivos. Debe remarcarse que, en la actualidad, Patricia Gaitán se encuentra desaparecida.

    Adrián Sergio López Vacca, de 24 años de edad, militante del PST, fue privado ilegítimamente de su libertad el día 8 de noviembre de 1976, alrededor de las 14:30 horas, del domicilio ubicado en la calle Dellepiane 1785 de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de, al menos, cinco personas vestidas de civil.

    En esa oportunidad, los captores se presentaron como policías, e ingresaron al domicilio donde se encontraba la víctima junto a su esposa e hijo menor de tan solo diez días de vida; los identificaron y se llevaron a la víctima al Centro Clandestino de Detención ubicado en el edificio de la "Agrupacion Buzos Tácticos" de la Base Naval.

    Al igual que en los casos anteriores, quienes sincronizaron estas detenciones lo hicieron con la información que era obtenida mediante los interrogatorios clandestinos realizados en el predio naval. Quienes actuaron en los secuestros fueron los grupos de tareas dependientes de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina.

    Estando cautivo fue sometido a tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en golpes, amenazas, alojamiento en un lugar no adecuado, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio por estar con los ojos vendados, con restricciones de contacto con los restantes cautivos y con prohibición de atender adecuadamente sus necesidades fisiológicas.

    Tras su paso por este deplorable cautiverio, Adrián Sergio López aún se encuentra desaparecido.

    Caso donde resultó víctima Osvaldo Isidoro Durán.

    Osvaldo Isidoro Durán, de 24 años de edad, fue privado ilegítimamente de su libertad el día 16 de octubre de 1976, alrededor de las 12:30 horas, cuando llegaba a su domicilio sito en la calle Joaquín V. González 2042, de esta ciudad.

    En esa oportunidad, uno de los integrantes del grupo de tareas de la FUERTAR 6 que participó del operativo, lo apuntó con un arma en la cabeza y lo obligó a ingresar a su habitación, la cual ya había sido revisada.

    Posteriormente, fue subido, encapuchado y atado de manos, a un Ford Falcon, trasladándolo al predio clandestino de Base Naval Mar del Plata.

    Allí fue llevado a una sala, donde comenzaron a interrogarlo acerca de su militancia, y la sus compañeros de estudios universitarios.

    El interrogatorio se fue poniendo cada vez más violento, golpearon su cuerpo, lo desnudaron y le aplicaron picana eléctrica en los genitales, las encías, las tetillas y el ano, lo que le ocasionó mucha taquicardia, debiendo finalizar la sesión de torturas.

    Inmediatamente, fue llevado a una sala de grandes dimensiones, la cual se encontraba en el primer piso del edificio correspondiente a la Agrupación Buzos Tácticos, lugar en el que, luego de ser revisado por un médico a causa del pésimo estado en que había quedado, le colocaron algo debajo de la lengua que lo adormeció.

    Al otro día, fue llevado nuevamente a la sala de interrogatorios donde reiteraron las preguntas referentes a la militancia y volvieron a golpearlo; llevándolo luego una vez más a la sala común antes descripta.

    En este lugar, fue sentado en una silla de playa contra una ventana que tenía los vidrios pintados de color negro, y lo obligaron a permanecer callado, encapuchado, esposado y escuchando música que se repetía día y noche.

    Posteriormente, Durán fue llevado a otro espacio clandestino ubicado dentro de este mismo edificio. Lo colocaron en un calabozo de pequeñas dimensiones, donde permaneció hasta el día 28 de noviembre de ese mismo año, fecha en que fue liberado sobre la calle Jujuy, entre Rawson y Garay de la ciudad de Mar del Plata.

    Caso en que resultó víctima Roberto José Frigerio.

    Se encuentra acreditado que Roberto José Frigerio, de 23 años de e dad, fue ilegítimamente privado de su libertad el primero de diciembre de 1976, alrededor de las 19:00 horas, en su domicilio sito en calle República del Líbano 1357 de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de tareas de la FUERTAR 6, quienes, sin exhibir orden de detención alguna, lo trasladaron a la Base Naval de Mar del Plata, más concretamente, al edificio correspondiente a la Agrupación Buzos Tácticos.

    Durante su cautiverio, en dicho espacio clandestino de detención, sufrió todo tipo de amenazas, y constantes golpes, a la vez que le realizaron violentos interrogatorios orientados a obtener información referida a su militancia en la Agrupación Política Montoneros, y la de su hermana Rosa Ana, quien también, como ya lo hemos referenciado, estaba secuestrada en ese lugar.

    Actualmente, Roberto Frigerio permanece desaparecido.

    Caso en el que resultara víctima Argentino Ponciano Ortiz.

    Argentino Ponciano Ortiz, de 36 años de edad, fue privado ilegalmente de su libertad el día 3 de febrero de 1977, siendo las 17 horas, mientras se encontraba en su domicilio sito en la calle 59 y 108, de la ciudad de Mar del Plata; por un grupo de personas, todas vestidas de civil y fuertemente armadas, que arribaron al lugar en varios vehículos marca Ford Falcon, todos pertenecientes a la FUERTAR 6.

    Ingresaron a la finca, y sin exhibir orden legal de detención, a los golpes redujeron a la víctima y la encapucharon, a la vez que era sometida a diversos interrogatorios.

    Luego de requisar el lugar, lo introdujeron en uno de los vehículos que aguardaba en la puerta de la vivienda.

    Seguidamente, fue trasladado hacia la finca ubicada en la calle 51 entre 156 y 158 también de esta ciudad, donde habitaban su ex mujer y sus hijos; oportunidad en que revisaron todas las instalaciones e interrogaron a sus habitantes, incluso a sus hijos menores de edad.

    Una vez finalizado el procedimiento, lo condujeron al Centro Clandestino de Detención ubicado en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, de la Base Naval.

    Allí fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención consistentes en la aplicación de golpes y amenazas, permanecer atado y encapuchado, con pérdida sensorial del tiempo y espacio, en un lugar no apropiado para el alojamiento de detenidos, con restricciones de contacto con los restantes cautivos y sin asistencia médica adecuada.

    Asimismo, la víctima fue sometida a sesiones de torturas físicas consistentes en la aplicación de electricidad mediante picana, mientras era interrogado por su militancia en la Agrupación política Montoneros, lo que le provocó lesiones en sus piernas, condición que le imposibilitaba caminar con normalidad.

    Argentino Ponciano Ortiz, actualmente, permanece desaparecido.

    Caso que resultara víctima María Susana Barciulli.

    María Susana Barciulli, de 24 años de edad, fue privada ilegítimamente de su libertad en horas de la madrugada, entre los días 4 y 11 de febrero de 1977, mientras se encontraba junto a su marido, José Luis Soler y a su pequeño hijo, en el interior del domicilio sito en la calle 160 y 47, de esta ciudad, en el marco de un operativo llevado a cabo por un numeroso grupo personas, vestidas de civil, fuertemente armadas, que se presentaron como miembros de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina.

    Inmediatamente, la encapucharon e introdujeron en una camioneta, a la espera de su esposo, quien fue conducido hasta la casa de su madre con el objeto de dejar al menor con sus abuelos.

    Si bien José Luis Soler no forma parte del objeto procesal de este juicio, es mencionado a los efectos de contextualizar el hecho acaecido.

    Ambos, fueron conducidos al centro clandestino que funcionó dentro del edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, que como ya sabemos, está ubicado en el predio de la Base Naval de Mar del Plata.

    Allí, fue sometida Barciulli a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, consistentes en golpes y amenazas, alojamiento en un lugar no adecuado, con pérdida sensorial del tiempo y espacio por permanecer atada y la mayor parte del tiempo con los ojos vendados, obligada a permanecer sentada en una silla dentro de una celda de estrechas dimensiones, con restricciones de movimiento e impedimento de contacto con los restantes cautivos, con incertidumbre acerca de su destino, sin recibir atención médica alguna debido a su mal estado de salud.

    Asimismo, la víctima fue sometida a torturas físicas, consistentes en la aplicación de picana eléctrica, mientras era interrogada por su militancia política dentro de la Juventud Universitaria Peronista.

    María Susana Barciulli fue liberada luego de siete días de cautiverio.

    Caso en el que resultó víctima Mónica Silvia Roldán.

    Mónica Silvia Roldan, de 25 años de edad, fue privada ilegítimamente de su libertad el 5 de mayo de 1977, alrededor de las 22 horas, al ser detenida en el domicilio de sus padres -ubicado en la calle Entre Ríos 4446, de la ciudad de Mar del Plata- por un grupo conformado por diez hombres armados y vestidos de civil, quienes se hicieron presentes en el lugar y la obligaron a subirse a un automóvil marca Ford Falcon, color bordó, con el que realizaban el operativo. Los miembros de este grupo de tareas eran parte de la FUERTAR 6, de la Armada Argentina.

    Emprendieron viaje y se detuvieron durante el trayecto para cambiarla de vehículo. Allí fue encapuchada e introducida en la parte de atrás de una camioneta de color blanco. El recorrido finalizó en la Base Naval Mar del Plata.

    Al llegar fue atada de manos y subida por una escalera al espacio clandestino ubicado en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos. En este lugar fue sometida a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, consistentes en: ser interrogada, golpeada y amenazada, y en permanecer todo el tiempo esposada, encapuchada y sentada en una silla de mimbre dentro de una pequeña celda, con el pesar psicológico de desconocer cuál sería su destino, máxime, teniendo en cuenta que su hermano -junto a su cuñada- habían sido secuestrados y nunca más había tenido noticia ellos.

    La víctima militaba en el Partido Comunista y, luego de la desaparición de su hermano, era una activa organizadora de los familiares de aquellos detenidos desaparecidos que no sabían a quien recurrir, y su tarea se desempeñaba en la Catedral de Mar del Plata. Luego de estar secuestrada 26 horas, fue liberada.

    Casos en que resultaron víctimas Susana Pegoraro, Liliana Pereyra, Eduardo Alberto Cagnola, Elizabeth Marcuzzo y Walter Rosenfeld.

    Caso en que resultara victima Susana Beatriz Pegoraro.

    Susana Beatriz Pegoraro, de 20 años de edad, fue secuestrada el 18 de junio de 1977, en la Estación Constitución, Capital Federal, por un grupo de personas pertenecientes a la Marina, que la trasladaron al centro clandestino ubicado en el interior de la ESMA.

    Aún cuando no integre el objeto procesal de este debate, resulta de importancia destacar, a los efectos de contextualizar el hecho, que la víctima fue secuestrada junto con su padre, Juan Pegoraro, quien también fue trasladado a la ESMA y en la actualidad se encuentra desaparecido.

    A los pocos días de estar en la ESMA, Susana fue llevada a Mar del Plata, al espacio clandestino ubicado en el edificio de la Agrupación de Buzos Tácticos, dentro del predio de Naval. Allí fue sometida a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, siendo ferozmente torturada, sin reparar en su estado de gravidez. Al igual que en el resto de los casos, fue obligada a permanecer sentada en una silla, esposada y encapuchada, en un lugar no apto para la permanencia de detenidos; fue sometida a constantes golpes e interrogatorios violentos mediante la aplicación de descargas eléctricas con picana, tendientes a quebrantar su resistencia moral y obtener información sobre sus compañeros de militancia de la agrupación política Montoneros.

    En octubre de 1977, Susana fue trasladada nuevamente hacia el centro clandestino ubicado dentro de la ESMA, a los fines de dar a luz. Entre octubre y noviembre de 1977, luego del parto, se produjo la apropiación ilegal de su hija y nunca más se tuvo noticias acerca del paradero de Susana Pegoraro. En la actualidad, se encuentra desaparecida.

    Liliana Carmen Pereyra, de 21 años de edad, y Eduardo Alberto Cagnola, de 23 años de edad, fueron privados ilegalmente de su libertad el día 5 de octubre de 1977 a las 20 y 30 horas, de la pensión donde residían, sita en la calle Catamarca 2254, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de personas pertenecientes a la FUERTAR 6, de la Armada Argentina que -sin exhibir orden de detención legal emanada de un juez- los redujeron violentamente, los esposaron y los introdujeron en un automóvil que aguardaba en la puerta del lugar. Fueron trasladados al edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, ubicado dentro del predio de la Base Naval Mar del Plata; allí fueron sometidos a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, siendo ferozmente torturados sin reparar en el estado de gravidez de Liliana.

    Como en el resto de los casos, fueron obligados a permanecer sentados en una silla, esposados y encapuchados, en un lugar no apto para la permanencia de detenidos. Fueron sometidos a constantes golpes e interrogatorios violentos, tendientes a quebrantar su resistencia moral y obtener información sobre sus compañeros de militancia de la aprobación política Montoneros.

    En el mes de noviembre de 1977, Liliana Pereyra fue trasladada hacia el centro clandestino ubicado dentro de la ESMA, a los fines de dar a luz, pues su embarazo estaba avanzado. En febrero de 1978, luego del parto, se produjo la apropiación ilegal de su hijo y el traslado de Liliana, nuevamente, hacia el predio de la Base Naval Mar del Plata. Finalmente, fue asesinada el 15 de julio de 1978 por integrantes de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina y su cuerpo inhumado en el Cementerio Parque como NN. Eduardo Alberto Cagnola, aún permanece desaparecido.

    Caso en el que resultaran víctimas Elizabeth Patricia Marcuzzo y Walter Claudio Rosenfeld.

    Elizabeth Patricia Marcuzzo y Walter Claudio Rosenfeld, ambos de 21 años de edad, fueron secuestrados entre los días 19 y 20 de octubre de 1977, por integrantes de la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, del inmueble ubicado en la calle Almirante Brown N 2951, piso 9, departamento "F", de la ciudad de Mar del Plata.

    Los jóvenes fueron sacados del lugar mediante violencia y el lugar fue destruido; ambos llevados al edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, ubicado dentro del predio de la Base Naval de Mar del Plata.

    Cautivos, fueron sometidos a la imposición de tormentos y a condiciones inhumanas de detención, siendo ferozmente torturados; como en el resto de los casos, fueron sometidos a permanecer sentados en una silla, esposados y encapuchados, con pérdida sensorial del tiempo y del espacio, en un lugar no apto para la permanencia de detenidos, además de ser golpeados y sometidos a interrogatorios violentos, tendientes a quebrantar su resistencia moral y obtener información sobre sus compañeros de militancia en la agrupación política Montoneros .

    Patricia Marcuzzo fue trasladada a la ESMA en el mes de noviembre de 1977, por su estado de embarazo, y meses después, el 15 abril de 1978, daría a luz a Sebastián Rosenfeld, quien posteriormente sería restituido a su familia.

    En cambio, Walter Rosenfeld fue trasladado al centro clandestino de detención denominado "La Cacha", entre los meses de marzo y abril de 1978. En la actualidad, ambos permanecen desaparecidos.

    Laura Adhelma Godoy, de 20 años de edad, fue privada ilegítimamente de su libertad el día 28 de noviembre de 1977, alrededor de las 6 y 30 horas, cuando se dirigía desde su domicilio, sito en Alejandro Korn 743 de la ciudad de Mar del Plata, hacia el Hospital Interzonal de esa ciudad, por un grupo de tareas perteneciente a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina, siendo trasladada al predio de la Base Naval Mar del Plata y alojada en el edificio correspondiente a la Agrupación Buzos Tácticos.

    En este lugar, la víctima, quien se encontraba cursando un embarazo de 2 meses y medio de gestación, fue sometida a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, consistentes en golpes, torturas propinadas con picana eléctrica, amenazas, simulacros de fusilamiento y otros tratos degradantes, tendientes a quebrar su resistencia moral y obtener información sobre sus compañeros de militancia.

    En la actualidad, Laura Adhelma Godoy se encuentra desaparecida, y nada se sabe acerca de su hijo/hija, de quien se presume debió nacer en cautiverio.

    Grupo de casos donde las víctimas pertenecieron al Partido Comunista Marxista Leninista Argentino.

    Eduardo Alberto Caballero, de 28 años de edad, fue privado ilegalmente de su libertad mediante violencia y amenazas, el día 2 de septiembre de 1977, a las 3:00 de la madrugada, en momentos en que arribaba a la puerta del domicilio de sus padres, ubicado en la calle Santiago del Estero 2142 de la ciudad de Mar del Plata.

    Allí, fue reducido por un nutrido grupo de personas armadas y vestidas de civil, pertenecientes a fuerzas coordinadas del Ejército y la Armada.

    Estas personas, momentos antes, habían allanado, sin exhibir orden legal alguna, el domicilio propiedad de los padres de la víctima, ubicado en la Planta Baja, departamento 2 de ese edificio.

    Posteriormente, fue colocado en un automóvil de color blanco, sin identificación, y trasladado al predio clandestino ubicado en la Base Naval Mar del Plata, siendo alojado en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, donde fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención.

    En cautiverio, el nombrado sufrió las mismas condiciones que le fueron impuestas al resto de los secuestrados y, por estar contemporáneamente alojado con otros cautivos del mismo partido, ellas consistieron en: ser sometido a interrogatorios que versaron sobre su militancia política, amenazado y golpeado, encapuchado y esposado sentado frente a la pared, con prohibición de comunicarse con el resto de los cautivos y con dificultades para responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas.

    Eduardo Alberto Caballero fue asesinado junto a José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, por sus captores el 17 de noviembre de 1977; homicidio que fuera simulado como ocurrido en un supuesto enfrentamiento interno, en el interior de un domicilio ubicado en la calle Puán 1943 de esta ciudad.

    Posteriormente, su cuerpo fue inhumado como NN en el Cementerio Parque local. El cuerpo hallado no solo reviste importancia por la evidencia física que presentaba -varios disparos de arma de fuego producidos en estado de indefensión de la víctima- sino, además, a los fines de la determinación temporal del período en que Caballero fue mantenido en cautiverio.

    Saturnino Vicente lanni Vázquez, a quien todos conocían como "El Petiso" de 40 años de edad, fue privado ilegalmente de su libertad el día 6 de septiembre de 1977, en horas de la mañana, en la finca ubicada en el campo de la familia Bourg, de la localidad de General Pirán, provincia de Buenos Aires.

    Ese día, se suscitó un operativo en el que participó un numeroso grupo de personas vestidas de civil y con armas de grueso calibre, que se desplazaban en varios autos y camionetas no identificables.

    Rodearon el lugar e irrumpieron en el domicilio, reduciendo a los ocupantes mediante el uso de violencia y amenazas, sometiendo a los familiares a interrogatorios y requisando todas las instalaciones.

    Posteriormente, Ianni Vázquez fue trasladado al predio de la Base Naval Mar del Plata, concretamente, al edificio destinado a la Agrupación Buzos Tácticos.

    En cautiverio, fue sometido a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, por su condición de militante del PCML, que consistieron en interrogatorios, golpes y amenazas, torturas físicas, padecer en un lugar no apto para detenidos, encapuchado y maniatado con imposibilidad de comunicarse con el resto de los cautivos y prohibición de atender a sus necesidades fisiológicas adecuadamente.

    Se encuentra acreditado que el día 17 de noviembre de 1977, Ianni Vázquez, junto a Eduardo Caballero y José Changazzo, fueron asesinados en manos de sus captores y sus cuerpos hallados en el interior de un domicilio ubicado en la calle Puán 1943, de esta ciudad. Posteriormente, fue inhumado como NN en el Cementerio Parque.

    Los restos hallados no solo revisten importancia por la evidencia física que presentaban, varios disparos de arma de fuego producidos en estado de indefensión de la víctima, sino, además, a los fines de la determinación temporal del período en que Ianni Vázquez fue mantenido en cautiverio.

    Caso en el que resultaron víctimas Silvia Elvira Ibañez de Barboza, Juan Manuel Barboza y José Adhemar Changazzo Riquiflor.

    José Adhemar Changazzo Riquiflor a quien conocían como "Josecito", de 28 años de edad y Juan Manuel Barboza a quien llamaban "Cacho", de 29 años de edad, fueron privados ilegalmente de su libertad el día 9 de septiembre de 1977, alrededor de las 17:00 horas, en el marco de un operativo llevado a cabo por las fuerzas conjuntas realizado en el domicilio sito en la calle Ortiz de Zarate 6260, de la Ciudad de Mar del Plata.

    Allí se hizo presente un numeroso grupo de personas armadas y vestidas de civil, quienes sin exhibir ningún tipo de orden legal, procedieron a reducir y someter a golpes a las víctimas.

    En momentos en que acaecía el secuestro, se hizo presente en la finca Luis Alberto Martínez quien, si bien no forma parte de la plataforma fáctica de este debate, lo cierto es que resulta útil mencionarlo para contextualizar los hechos. Este también fue reducido, privado ilegalmente de su libertad, trasladado a la Agrupación Buzos Tácticos de la Base Naval Mar del Plata y liberado la noche de ese mismo día.

    Silvia Elvira Ibáñez de Barboza de 27 años de edad, el día 9 de septiembre de 1977, alrededor de las 19 horas, fue secuestrada en la intersección de la avenida Peralta Ramos y la calle Ortiz de Zárate, de esta ciudad.

    En momentos en que descendía del colectivo fue abordada por una facción del mismo grupo de personas que secuestró a Juan Manuel Barboza minutos antes en el operativo ilegal montado en su domicilio.

    Junto a ella se encontraba Carlos Manuel Barboza, de 1 año de edad, quien, una vez detenida su madre, fue dejado con unos vecinos.

    Las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino ubicado en el predio de la Base Naval Mar del Plata Agrupación Buzos Tácticos, donde fueron sometidos a tormentos y a condiciones inhumanas de detención.

    Como en otros casos, cabe afirmar que los nombrados sufrieron las condiciones que le fueran impuestas al resto de los cautivo que permanecieron secuestrados en el mismo período, a saber: interrogados, sometidos a golpes y amenazas, a torturas físicas, a permanecer en un lugar no apto para detenidos, encapuchados y maniatados, con pérdida de contacto con el mundo exterior y prohibición de responder a sus necesidades fisiológicas adecuadamente.

    Silvia Elvira Ibáñez de Barboza y Juan Manuel Barboza, aun permanecen desaparecidos.

    En este juicio se acreditó que el día 17 de noviembre de 1977, José Adhemar Changazzo Riquiflor, junto con Ianni Vázquez y Eduardo Caballero, fue asesinado en manos de sus captores y su cuerpo hallado en el interior del domicilio ubicado en la calle Puán.

    Casos en que resultaron víctimas Lucía Perrierre de Furrer, Néstor Valentín Furrer Hursvitz y Jorge Martín Aguilera Pryczynicz; casos 58, 59 y 63.

    Se encuentra probado que Néstor Valentín Ferrer, de 29 años, Lucía Perrierre de Ferrer, de 22 años, y Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, de 27 años de edad, fueron privados ilegítimamente de su libertad el 2 de febrero de 1978 en horas de la noche, en un domicilio que habitaban juntos, ubicado en la Ciudad de Necochea, por un grupo de tareas perteneciente a la FUERTAR 6 de la Armada Argentina.

    Las víctimas fueron trasladadas hacia el espacio clandestino de la Agrupación Buzos Tácticos, ubicado dentro de la Base Naval MDP.

    Si bien no integra el objeto procesal de estas actuaciones, con el objeto de contextualizar lo ocurrido, cabe explicitar que, en el marco del mismo operativo, fueron privadas de su libertad dos niñas menores -Alejandra y Natalia-, hijas del matrimonio Furrer, las que fueron trasladadas con sus padres hacia la ciudad de Mar del Plata y abandonadas en una zona costera la noche del 4 de febrero de 1978.

    Los cautivos, como dijimos, fueron trasladados a la Agrupación Buzos Tácticos y, en el interior del espacio clandestino, fueron sometidos a tormentos y condiciones inhumanas de detención por su condición de perseguidos políticos, que consistieron en: prácticas de interrogatorio, golpes y amenazas; torturas físicas; permanencia en un lugar no apto para detenidos, encapuchados y maniatados, con pérdida de contacto con el mundo exterior, imposibilidad de comunicarse con el resto de los cautivos y con prohibición de responder a sus necesidades fisiológicas adecuadamente.

    Posteriormente, las tres víctimas fueron trasladadas desde la Base Naval hacia el centro clandestino llamado "La Cacha" en lo que se denominó el "Traslado de Mar del Plata", aproximadamente, entre los meses de marzo y abril de 1978; permaneciendo allí hasta el 10 o 17 de agosto de 1978, cuando fueron trasladados de este último centro clandestino con destino desconocido.

    Néstor Valentín Furrer, Lucía Perrierre de Furrer y Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, se encuentran desaparecidos.

    Casos en que resultaron víctimas María Cristina García Suárez, Mirta Librán Tirao y Patricia Carlota Valera.

    Se encuentra probado que María Cristina García Suárez, -a quien llamaban "la Gringa"-, de 23 años de edad; Mirta Librán Tirao -a quien llamaban "Monona"-, de 30 años, y Patricia Carlota Valera -a quien llamaban "Pato" -, de 29 años de edad, fueron privadas ilegalmente de su libertad en el transcurso del día 4 de febrero de 1978, del domicilio que habitaban, sito en la calle 22 N 3815, en la localidad de Necochea, Provincia de Buenos Aires.

    En el lugar se hizo presente un grupo de personas armadas y vestidas de civil, pertenecientes a la Fuerza de Tareas N 6, quienes, sin identificarse ni exhibir ningún tipo de orden legal, irrumpieron violentamente en el domicilio capturando a las mujeres, maniatándolas y encapuchándolas.

    Si bien no integra el objeto procesal de estas actuaciones, con el fin de contextualizar lo ocurrido, resulta necesario explicitar que, en el marco del mismo operativo, fueron privados de su libertad los menores Santiago y Ana Kraiselburd y Selva Victoria Bon, hijos de Patricia Valera y María Cristina García Suárez, respectivamente.

    Las mujeres fueron trasladadas al centro clandestino de detención ubicado en el predio de la Base Naval Mar del Plata -Agrupación Buzos Tácticos-, donde fueron sometidas a tormentos y a condiciones inhumanas de detención, debido a su militancia en el Partido Comunista Marxista Leninista.

    Patricia Valera y su hijo, Santiago Kraiselburd, permanecieron dentro de las instalaciones de la Base Naval hasta que fueron trasladados al centro clandestino ESMA, donde se encontraba secuestrado Oscar Dionisio Ríos, líder del PCML y pareja de la víctima. Luego de permanecer en este centro clandestino, Santiago Kraiselburd, fue abandonado en las inmediaciones del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires y Patricia Valera, fue llevada, nuevamente, a la Base Naval Mar del Plata, hasta fines de julio de 1978, y trasladada al centro clandestino conocido como "La Cacha". Actualmente, Patricia Valera se encuentra desaparecida.

    María Cristina García Suárez permaneció en las instalaciones de la Base Naval hasta el mes de marzo o abril de 1978, en que fue trasladada al centro clandestino conocido como "La Cacha". La nombrada, también se encuentra desaparecida. Su hija fue abandonada en el Hospital Interzonal de la ciudad de Mar del Plata junto a Ana Kraiselburd.

    Mirta Noemí Librán Tirao permaneció cautiva en las instalaciones del centro clandestino ubicado dentro de la Base Naval Mar del Plata y, en la actualidad, se encuentra desaparecida.

    Los hechos de Mar de Ajó, casos en que resultaron víctimas Silvia del Rosario Siscar y Juan Miguel Satragno.

    Silvia del Rosario Siscar, de 27 años de edad, y Juan Miguel Satragno, de 34 años de edad, militantes del PCML, fueron privados ilegalmente de su libertad el día 26 de febrero de 1978, alrededor de las 12 horas, del inmueble ubicado en el Complejo Valencia, sito en la intersección de las calles Rivadavia y Libres del Sur, de la localidad de Mar de Ajó, por un grupo de alrededor de dieciséis personas vestidas de civil y armadas pertenecientes a la FUERTAR 6, que se trasladaban en vehículos sin identificación.

    Tras rodear el lugar, en el marco de un gran operativo, el grupo ingresó al departamento por la fuerza, sin ningún tipo de orden legal, los redujo y sometió a golpes a las víctimas. Por este hecho, Juan Miguel Satragno, resultó herido.

    Permanecieron en el lugar un prolongado período de tiempo y luego se retiraron llevando consigo a las víctimas.

    Juan Miguel Satragno y Silvia del Rosario Siscar fueron trasladados desde la localidad de Mar de Ajó hacia el centro clandestino de detención ubicado dentro del predio de la Base Naval Mar del Plata, Agrupación Buzos Tácticos.

    En este lugar, fueron sometidos a tormentos e inhumanas condiciones de detención debido a su condición de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista Argentino, que consistieron en ser sometidos a interrogatorios, amenazados y golpeados, en permanecer encapuchados y esposados sentados frente a la pared; incomunicados entre sí y con dificultades para responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas.

    Finalmente, entre los meses de marzo y abril, Silvia del Rosario Siscar fue trasladada al centro clandestino de detención denominado "La Cacha" . Mientras que de Satragno, no se tuvieron más noticias.

    Ambos se encuentran desaparecidos.

    Casos en los que resultaran víctimas Irene Delfina Molinari y Marcos Daniel Chueque

    Irene Delfina Molinari, de 24 años de edad y Marcos Daniel Chueque, de 25 años, fueron privados ilegítimamente de su libertad, el día 27 de junio de 1978, en horas de la mañana, de la vivienda sita en la calle 9 de Julio 2621, de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de entre 6 y 7 personas vestidas de civil y fuertemente armadas, pertenecientes a la FUERTAR 6.

    Estos, sin exhibir orden judicial alguna, en un primer momento redujeron a Irene, y esperaron el arribo de Marcos, mientras varios integrantes del grupo de tareas se dispusieron a revisar el domicilio.

    Al llegar Marcos Chueque también fue reducido y ferozmente golpeado, luego los encapucharon y esposaron a ambos, introduciéndolos en dos automóviles distintos, y trasladados hacia la Base Naval Mar del Plata, siendo alojados en la edificación destinada a la Agrupación Buzos Tácticos.

    Allí, fueron sometidos a la imposición de tormentos y condiciones inhumanas de detención, consistentes en: permanecer en estrechas celdas, sentados en una silla, esposados y encapuchados, con impedimento de comunicarse entre los cautivos, con pérdida sensorial del tiempo y espacio, con números identificatorios colocados, torturados mediante la aplicación de picana eléctrica, interrogados acerca de su militancia política; y sin respetar los niveles básicos de intimidad, incluso cuando iban al baño.

    Irene Delfina Molinari, luego de doce horas de permanecer secuestrada, fue liberada, mientras que Marcos Daniel Chueque continúa desaparecido."(SIC.)

Luego de analizar el plexo probatorio, concluyeron requiriendo:

I) Se condene a Alfredo Manuel Arrillaga a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes, cometidos en forma reiterada -cuatro hechos: casos Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente Ianni Vázquez y Eduardo Caballero-, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada -dos hechos: casos Justo Alberto Álvarez y Juan Manuel Barboza-; que, a su vez, concursan realmente con el de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, cometidos en forma reiterada -tres hechos: casos José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente Ianni Vázquez y Eduardo Caballero-; de conformidad a lo establecidos en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo -ley 14.616-, en función del 142, incisos 1 y 5 -ley 20.642- y 144 ter, primer y segundo párrafo -de acuerdo al texto de la Ley 14.616-, todos del Código Penal.

II) Se condene a Justo Alberto Ignacio Ortiz -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes, cometidos en forma reiterada -tres hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Francisco Yudi y Roberto José Frigerio-, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos -un hecho: caso Eduardo Pediconi-, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, estos cometidos en forma reiterada -veintiocho hechos: casos Battaglia, Musmeci, Lencina, Justo Álvarez, Pablovsky, Celentano, Lerner, Guillermo Cángaro, Patricia Molinari, Erreguerena, Datto, Ferrecio, Alberto Jorge Pellegrini, Enrique René Sánchez, Mancini, Renzi, Vacca, Alejandro Enrique Sánchez, Alberto D'Uva, Omar Alejandro Marocchi, Susana Valor, Carlos Alberto Mujica, Norma Susana Olivieri Huder de Prado, Osvaldo Isidoro Durán, Elena Alicia Ferreiro, Patricia Gaitán, Alberto José Martínez y Adrián Sergio López-; los que, a su vez, concursan materialmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada -cuatro hechos: casos Nicoló, Rudnik, Pedro Catalano y Gabriel Ricardo Della Valle-; de conformidad a lo establecidos en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, todos del Código Penal.

III) Se condene a Roberto Luis Pertusio -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada -dos hechos: casos Rosa Ana Frigerio y Fernando Yudi-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, este último delito cometido en forma reiterada -doce hechos: casos Renzi, Vacca, Liliana del Carmen Pereyra, Perrierre de Furrer, Néstor Furrer, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Librán Tirao, Patricia Carlota Valera, Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, Juan Miguel Satragno, Silvia Siscar y Marcos Daniel Chueque-: que, a su vez, concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho: Irene Delfina Molinari-; todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas, cometido en forma reiterada -tres hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Liliana del Carmen Pereyra y Fernando Yudi-; de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, todos del Código Penal.

IV) Se condene a Juan José Lombardo -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, este último cometido en forma reiterada -seis hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente Ianni Vázquez-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada -ocho hechos: casos Argentino Ponciano Ortiz, Susana Beatriz Pegoraro, Laura Adhelma Godoy de De Ángelli, Liliana del Carmen Pereyra, Walter Claudio Rosenfeld, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Juan Manuel Barboza y Eduardo Cagnola-; que, a su vez, concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -dos hechos: casos María Susana Barciulli y Mónica Roldán-, todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, cometido en forma reiterada -cinco hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente Ianni Vázquez-; y por su carácter de participe necesario penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas -esto cometido en un hecho, el caso de Liliana del Carmen Pereyra-; de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, todos del Código Penal.

V) Se condene a Rafael Alberto Guiñazú -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, cometido en forma reiterada -siete hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Roberto Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente Ianni Vázquez-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada -veintidós hechos: casos Argentino Ortiz, Susana Pegoraro, Eduardo Cagnola, Laura Godoy, Osvaldo Durán, Miguel Ángel Erreguerena, Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, Lucía Perrierre de Furrer, Néstor Furrer, Guillermo Cángaro, Patricia Carlota Valera, Norma Susana Olivieri Huder de Prado, Juan Miguel Satragno, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Librán Tirao, Alberto José Martínez, Silvia Siscar, Marcos Daniel Chueque, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Walter Claudio Rosenfeld, Liliana del Carmen Pereyra y Juan Manuel Barboza-; que concursan, además, en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada -seis hechos: casos María Barciulli, Mónica Roldán, Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio e Irene Molinari-, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos, cometido en forma reiterada -dos hechos: casos Nancy Carricavur y Stella Maris Nicuez-; todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas, cometido en forma reiterada -nueve hechos: casos Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Liliana Pereyra, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente Ianni Vázquez-; todo ello de conformidad a los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, del Código Penal.

VI) Se condene a Raúl Alberto Marino -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, todos estos cometidos en forma reiterada -diez hechos: casos Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, Lucía Perrierre de Furrer, Néstor Furrer, Patricia Carlota Valera, Juan Miguel Satragno, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Librán Tirao, Silvia Siscar, Marcos Daniel Chueque y Liliana del Carmen Pereyra- que, a su vez, concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho: caso Irene Delfina Molinari-; todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas, -un hecho: caso Liliana del Carmen Pereyra-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, todos del Código Penal.

VII) Se condene a Mario José Osvaldo Fórbice -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes -un hecho: caso Fernando Yudi-, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada -nueve hechos: casos Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Pellegrini, Enrique René Sánchez, Pablo José Mancini, Alejandro Enrique Sánchez, Carlos Alberto Mujica, Julio Víctor Lencina y Alfredo Nicolás Battaglia-; y en su carácter de participe necesario penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas -un hecho: caso Fernando Yudi-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1) y último párrafo, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, todos del Código Penal.

VIII) Se condene a José Omar Lodigiani -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, cometido en forma reiterada -seis hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente Ianni Vázquez-, que concursan en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada -siete hechos: casos Argentino Ponciano Ortiz, Eduardo Cagnola, Laura Adhelma Godoy de De Ángelli, Liliana del Carmen Pereyra, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Walter Claudio Rosenfeld y Juan Manuel Barboza-, que concursa, a su vez, en forma real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada -dos hechos: casos María Barciulli, y Mónica Roldán-; todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas, cometido en forma reiterada -cinco hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente Ianni Vázquez-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, todos del Código Penal.

IX) Se condene a Juan Eduardo Mosqueda -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada -seis hechos: casos Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, José María Musmeci, Julio César Lencina y Alfredo Battaglia-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, del Código Penal.

X) Se condene a Ariel Macedonio Silva -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, todos ellos cometidos en forma reiterada -seis hechos: casos Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, José María Musmeci, Julio César Lencina y Alfredo Battaglia-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, del Código Penal.

XI) Se condene a Ángel Narciso Racedo -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada -dos hechos: casos Alberto Jorge Pellegrini y Alejandro Enrique Sánchez-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, todos ellos cometidos en forma reiterada -tres hechos: casos Graciela Datto, Enrique René Sánchez y Osvaldo Isidoro Duran-; que, a su vez, concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho: caso José Ángel Nicoló-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, del Código Penal.

XII) Se condene a Julio César Fulgencio Falcke -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes, cometido en forma reiterada -cinco hechos: casos Patricia Molinari, Omar Alejandro Marocchi, Susana Valor, Miguel Ángel Erreguerena y Guillermo Eduardo Cángaro-, que concursa en forma real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho: caso José Ángel Nicoló-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, y 144 ter, primer y segundo párrafo, del Código Penal.

XIII) Se condene a Juan Carlos Guyot -de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate- a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, diez años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, demás accesorias legales y costas por considerarlo participe secundario penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de mas de un mes -un hecho: caso Rosa Ana Frigerio-; todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 12, 19, 20 bis, 46, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del 142, incisos 1 y 5, todos del Código Penal.

XIV) Se revoque la prisión domiciliaria que gozan en la actualidad los imputados Arrillaga, Ortiz, Lombardo, Guiñazú, Marino, Pertusio, Fórbice, Lodigiani, Mosqueda, Racedo, Silva y Falcke.

XV) Se comunique la sentencia condenatoria al Ministerio de Defensa de la Nación, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración de los acusados Arrillaga, Ortiz, Pertusio, Lombardo, Guiñazú, Marino, Fórbice, Lodigiani, Racedo, y Falcke, de conformidad a lo previsto en el decreto Ley 19101, de Personal Militar, concretamente los artículos 20, inciso 6), y 80.

XVI) Se comunique la sentencia condenatoria al Ministerio de Seguridad de la Nación, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración de los acusados Mosqueda y Silva, de conformidad a lo previsto en la Ley N 18.398 y sus modificatorias, Ley General de la Prefectura Naval Argentina, artículos 63, inciso f), 65 y 71, inciso e).

XVII) Se comunique la sentencia condenatoria impuesta a Juan Carlos Guyot al Colegio Público de Abogados, a los efectos que se estime corresponder.

XVIII) Se ponga a disposición del Ministerio Público Fiscal copias certificadas de las partes pertinentes, que serán oportunamente individualizadas, para efectuar las presentaciones penales que correspondan respecto de los delitos de acción penal pública, entre los que se encuentran los denunciados por la víctima Patricia Molinari -los cuales son considerados delitos dependientes de instancia privada, pero que, con la propia denuncia verbalizada en este juicio, se han transformado en delitos de acción pública-, que han surgido palmariamente en el presente debate.

Las partes querellantes, en lo referente a la materialidad de los sucesos aquí investigados, adhirieron en un todo a lo expresado por la Fiscalía General.

Luego fue el turno de la Dra. Luciana Sharry en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quien al culminar su exposición solicitó:

I) Se condene a Alfredo Manuel Arrillaga -de las demás condiciones personales obrantes en la causa- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada en cuatro hechos -Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente lanni Vázquez y Eduardo Caballero-, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada en dos hechos -casos Justo Alberto Álvarez y Juan Manuel Barboza- que, a su vez, concursa realmente con el de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, cometidos en forma reiterada en tres hechos -casos José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente lanni Vázquez y Eduardo Caballero-, artículos 2, 12, 19? 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo -Ley 14.616- en función del 142, incisos 1 y 5 -Ley 20.642- y 144 ter, primer y segundo párrafo -Ley 14.616- del Código Penal.

II) Se condene a Justo Alberto Ignacio Ortiz -de las demás condiciones personales obrantes en la causa- a la pena de veinticinco años de prisión , inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada en tres hechos -casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi y Roberto José Frigerio-, en concurso real con ei de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas e imposición de tormentos en un hecho -caso Eduardo Pediconi en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en veintiocho hechos -Alfredo Nicolás Battaglia, José María Musmeci, Julio Víctor Lencina, Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, Pablo Lerner, Guillermo Eduardo Cángaro, Patricia Molinari, Miguel Ángel Erreguerena, Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Jorge Pellegrini, Enrique René Sánchez, Pablo Mancini, Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Alejandro Enrique Sánchez, Alberto D'Uva, Omar Alejandro Marocchi, Susana Valor, Carlos Alberto Mujica, Norma Susana Huder de Prado, Osvaldo Isidoro Duran, Elena Alicia Ferreiro, Patricia Gaitán, Alberto José Martínez, y Adrián Sergio López- que, a su vez, concursa materialmente con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada en cuatro hechos -casos José Ángel Nicoló, Oscar Rudnick, Pedro Catalano y Gabriel Ricardo Della Valle-, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1) y último párrafo -Ley 14.616- en función del 142, incisos 1) y 5) -Ley 20.642- y 144 ter, primero y segundo párrafo -Ley 14.616- del Código Penal.

III) Condene a Roberto Luis Pertusio -de las demás condiciones personales obrantes en la causa- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en dos hechos -casos Rosa Ana Frigerio y Fernando Yudi-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada en doce hechos -casos Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Liliana del Carmen Pereyra, Lucía Perriere de Furrer, Néstor Furrer, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Libran Tirao, Patricia Carlota Valera, Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, Juan Miguel Satragno, Silvia Siscar y Marcos Daniel Chueque- que, a su vez, concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en un hecho -caso Irene Delfina Molinari-, todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, cometido en forma reiterada en tres hechos -casos Rosa Ana Frigerio, Liliana del Carmen Pereyra y Fernando Yudi-, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1) y último párrafo -Ley 14.616- en función del 142, incisos 1) y 5) -Ley 20.642-y 144 ter, primer y segundo párrafo -Ley 14.616- del Código Penal.

IV) Se condene a Juan José Lombardo -de las demás condiciones personales obrantes en la causa- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración, más de un mes, cometido en forma reiterada en seis hechos -casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada en ocho hechos -Argentino Ponciano Ortiz, Susana Beatriz Pegoraro, Laura Adhelma Godoy de De Ángelli, Liliana del Carmen Pereyra, Walter Claudio Rosenfeld, Patricia Elizabeth Marcuzzo, Juan Manuel Barboza, y Eduardo Cagnola que, a su vez, concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos reiterada en seis hechos -casos Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, José María Musmeci, Julio Víctor Lencina y Alfredo Nicolás Battaglia-, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo -ley 14.616- en función del 142, incisos 1) y 5) -Ley 20.642-, y 144 ter, primero y segundo párrafo -ley 14.616-del Código Penal.

V) Condene a Ángel Narciso Racedo -de las demás condiciones personales obrantes en la causa- a la pena de veinticinco años de prisión , inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada en dos hechos -casos Alberto Jorge Pellegrini y Alejandro Enrique Sánchez-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración, más de un mes, e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada en tres hechos -casos Graciela Datto, Enrique René Sánchez y Osvaldo Isidoro Duran- que, a su vez, concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, un hecho, -caso José Ángel Nicoló-, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1) y último párrafo -Ley 14.616- en función del 142, incisos 1) y 5) -Ley 20.642-, y 144 ter, primero y segundo párrafo -Ley 14.616- del Código Penal.

VI) Se condene a Julio César Fulgencio Falcke -de las demás condiciones personales obrantes en la causa- a la pena de veinticinco años de prisión , inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes cometido en forma reiterada en cinco hechos -casos Patricia Molinari, Omar Alejandro Marocchi, Susana Valor, Miguel Ángel Erreguerena y Guillermo Eduardo Cángaro-, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en un hecho-caso José Ángel Nicoló-, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo -Ley 14.616- en función del 142, incisos 1 y 5 -Ley 20.642-, y 144 ter, primero y segundo párrafo -Ley 14.616- del Código Penal.

VII) Se condene a Juan Carlos Guyot -de las demás condiciones personales obrantes en la causa- a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, diez años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, demás accesorias legales y costas por considerarlo partícipe secundario penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes en un hecho -caso Rosa Ana Frigerio-, artículos 2, 12, 19, 20 bis, 46, 144 bis, inciso 1 y último párrafo -Ley 14.616- en función del 142, incisos 1 y 5 -Ley 20.642.

VIII) Se revoque la prisión domiciliaria que gozan en la actualidad los imputados Arrillaga, Ortiz, Lombardo, Guiñazú, Marino, Pertusio, Fórbice, Lodigiani, Mosqueda, Racedo, Silva y Falcke, y se disponga el alojamiento de ios mismos en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

IX) Se califique a los hechos que han sido probados en este debate como de Lesa Humanidad, cometidos en el marco de un genocidio.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación, representada por la Dra. Gloria del Carmen León, solicitó:

I) Se condene a Alfredo Manuel Arrillaga, y por las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, por su duración de más de un mes cometidos en forma reiterada, cuatro hechos, casos Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente lanni Vázquez y Eduardo Caballero, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, dos hechos, casos Justo Alberto Ortiz y Juan Manuel Barboza, que a su vez concursa realmente con el de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, cometidos en forma reiterada, tres hechos, casos José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente lanni Vázquez y Eduardo Caballero, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1, último párrafo, por la ley 14.616, en función del artículo142, incisos 1 y 5, Ley 20.642, y 144 ter, primero y segundo párrafo, ley 14.616 del Código Penal.

II) Se condene a Justo Alberto Ignacio Ortiz, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes, cometidos en forma reiterada, tres hechos, casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Francisco Yudi y Roberto José Frigerio, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos, un hecho, caso Eduardo Pediconi, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, veintiocho hechos, casos Alfredo Nicolás Battaglia, José María Musmeci, Julio Víctor Lencina, Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky Jorge Luis Celentano, Pablo Lerner, Guillermo Eduardo Cángaro, Patricia Molinari, Miguel Ángel Erreguerena, Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Jorge Pellegrini, Enrique René Sánchez, Pablo Mancini, Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Alejandro Enrique Sánchez, Alberto D'Uva, Omar Alejandro Marocchi, Norma Susana Huder de Prado, Osvaldo Isidoro Duran, Elena Alicia Ferreiro, Patricia Gaitán, Alberto José Martínez y Adrián Sergio López que, a su vez, concursa materialmente con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, cuatro hechos, casos José Ángel Nicoló, Oscar Rudnik, Pedro Catalano y Gabriel Ricardo Della Valle, artículos 2, 12,19,45, 55,144 bis, inciso 1 y último párrafo, Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642, y 144 ter, primero y segundo párrafo, Ley 14.616, del Código Penal.

III) Se condene a Roberto Luis Pertusio, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada, dos hechos, casos Rosa Ana Frigerio y Fernando Yudi, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, doce hechos, casos Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Liliana del Carmen Pereyra, Lucia Perrier de Furrer, Néstor Furrer, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Libran Tirao, Patricia Carlota Valera, Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, Juan Miguel Satragno, Silvia Siscar y Marcos Daniel Chueque, que a su vez concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, un hecho, caso Irene Delfina Molinari todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas, cometido en forma reiterada, tres hechos, casos Rosa Ana Frigerio, Liliana del Carmen Pereyra y Fernando Francisco Yudi, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis inciso 1, último párrafo, Ley 14.616, en función del 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642 y 144 ter, primero y segundo párrafo, Ley 14.616 del Código Penal.

IV) Se condene a Juan José Lombardo, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada, seis hechos, casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Francisco Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, ocho hechos, casos Argentino Ponciano Ortiz, Susana Beatriz Pegoraro, Laura Adhelma Godoy de De Ángelli, Liliana Carmen Pereyra, Walter Claudio Rosenfeld, Elizabeth Patricia Marcuzzo, Juan Manuel Barboza y Eduardo Cagnola que, a su vez, concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, dos hechos, casos María Susana Barciulli y Mónica Roldán, todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con ei concurso premeditado de dos o más personas, cometido en forma reiterada, cinco hechos, casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, y por su carácter de participe necesario penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, 1 hecho, caso Liliana Carmen Pereyra, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642 y 144 ter, primero y segundo párrafo Ley 14.616, del Código Penal.

V) Se condene a Rafael Alberto Guiñazú, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada, siete hechos, casos Rosa Ana Frigerio, Roberto José Frigerio, Fernando Francisco Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáftez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, veintidós hechos, casos Argentino Poncíano Ortiz, Susana Beatriz Pegoraro, Eduardo Cagnola, Laura Godoy, Osvaldo Isidoro Durán, Miguel Ángel Erreguerena, Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, Lucía Perrierre de Furrer, Néstor Furrer Guillermo Cángaro, Patricia Carlota Valera, Norma Susana Olivieri Huder de Prado, Juan Miguel Satragno, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Libran Tirao, Alberto José Martínez, Silvia Rosario Siscar, Marcos Daniel Chueque, Elizabeth Patricia Marcuzzo, Walter Claudio Rosenfeld, Liliana del Carmen Pereyra y Juan Manuel Barboza, que concurre en forma real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada, seis hechos, casos María Susana Barciulli, Mónica Roldán, Liliana Beatriz Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana María lorio e Irene Molinari, en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos, cometido en forma reiterada, dos hechos, casos Nancy Carricavur y Stella Maris Nicuez, todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, cometido en forma reiterada, nueve hechos, casos Liliana Beatriz Retegui, Patricia Emilia Lazzeri, Liliana María lorio, Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Liliana Pereyra, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642 y 144 ter, primero y segundo párrafo, Ley 14.616 del Código Penal.

VI) Se condene a Raúl Alberto Marino, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, diez hechos, casos Jorge Martín Aguilera Pryczynicz, Lucía Perrierre de Furrer, Néstor Furrer, Patricia Carlota Valera, Juan Miguel Satragno, María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Libran Tirao, Silvia Siscar, Marcos Daniel Chueque y Liliana Carmen Pereyra que, a su vez, concursa realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, un (1) hecho, caso Irene Delfina Molinari, todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, un hecho, caso Liliana Carmen Pereyra, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo. Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642, y 144 ter, primero y segundo párrafo, conforme Ley 14.616, del Código Penal.

VII) Se condene a Mario José Osvaldo Fórbice, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, un hecho, Fernando Yudi, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, nueve hechos, casos Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Jorge Pellegrini, Enrique René Sánchez, Pablo José Galileo Mancini, Alejandro Enrique Sánchez, Carlos Alberto Mujica, Julio Víctor Lencina y Alfredo Nicolás Battaglia y en su carácter de partícipe necesario penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, un hecho, caso Fernando Yudi, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5 Ley 20.642 y 144 ter, primero y segundo párrafo, conforme Ley 14.616 del Código Penal.

VIII) Se condene a José Omar Lodigiani, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada, seis hechos, casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Alberto Caballero, Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, que concursan en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, siete hechos, casos Argentino Ponciano Ortiz, Eduardo Cagnola, Laura Adhelma Godoy de De Ángeli, Liliana Carmen Pereyra, Elizabeth Patricia Marcuzzo, Walter Ricardo Rosenfeld y Juan Manuel Barboza, que concursa en forma real con la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometido en forma reiterada, dos hechos, casos María Susana Barciulli y Mónica Roldan, todos los cuales concursan en forma real con el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, cometido en forma reiterada, cinco hechos, casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez, artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80, incisos 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y última párrafo, Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642 y artículo 144 ter, primer y segundo párrafo, Ley 14.616 del Código Penal.

IX) Se condene a Juan Eduardo Mosqueda, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, seis hechos, casos Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, José María Musmeci, Julio César Lencina y Alfredo Battaglia, artículos 2, 12,19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, ley 20.642, y 144 ter primero y segundo párrafo conforme a ley 14.616, del Código Penal.

X) Se condene a Ariel Macedonio Silva, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, seis hechos, casos Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky, Jorge Luis Celentano, José María Musmeci, Julio César Lencina y Alfredo Battaglia, artículos 2, 12,19, 45, 55t 144 bis, inciso 1) y último párrafo, Ley 14.616 en función del artículo 142T incisos 1 y 5, Ley 20.642 y 144 ter, primero y segundo párrafo Ley 14.616 del Código Penal.

XI) Se condene a Ángel Narciso Racedo, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada; dos hechos, casos Alberto Jorge Pellegrini y Alejandro Enrique Sánchez, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, cometidos en forma reiterada, tres hechos, casos Graciela Datto, Enrique René Sánchez y Osvaldo Isidoro Durán, que a su vez concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, un hecho, caso José Ángel Nicoló (artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642 y artículo 144 ter primero y segundo párrafo, Ley 14.616 del Código Penal).

XII) Se condene a Julio César Fulgencio Falcke, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, cometido en forma reiterada, cinco hechos, casos Patricia Molinari, Omar Alejandro Marocchi, Susana Valor, Miguel Ángel Erreguerena y Guillermo Eduardo Cángaro, que concursa en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, un hecho, caso José Ángel Nicoló (artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, conforme a Ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, Ley 20.642, y artículo 144 ter, primero y segundo párrafo, Ley 14.616, del Código Penal).

XIII) Se condene a Juan Carlos Guyot, de las demás condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de quince años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, más diez años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, demás accesorias legales y costas por considerarlo partícipe primario penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes y por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, un hecho, caso Rosa Ana Frigerio (artículos 2, 12, 19, 20 bis, 45, 144 bis, inciso 3 y último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142 incisos 1 y 5 y 144 ter, primero y segundo párrafo, de la ley 14.616, conforme a la ley 20.642, del Código Penal.)

XIV) Se revoque la prisión domiciliaria que gozan en la actualidad los imputados Arrillaga, Ortiz, Lombardo, Guiñazú, Marino, Pertusio, Fórbice, Lodigiani, Mosqueda, Racedo, Silva y Falcke, y se disponga el alojamiento de los mismos en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

XV) Se califique a los hechos que probados en este debate como delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco de un genocidio.

XVI) Se ponga, además, a disposición del Ministerio Público Fiscal de esta causa las copias certificadas de la misma, a fin de que formule las presentaciones penales correspondientes.

Siendo el turno de la APDH y sus unificadas (Abuelas de Plaza de Mayo) en primer término expuso el Dr. César Sivo, continuando la Dra. Murgier y Zabala Rodriguez para concluir nuevamente el Dr. Sivo quién solicitó:

I) Se condene a Alfredo Manuel Arrillaga a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por su duración -de más de un mes-, cometidos en forma reiterada -cuatro hechos: casos Silvia Ibáñez de Barboza, José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente lanni Vázquez y Eduardo Caballero-; en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por su duración -de más de un mes-, e imposición de tormentos, agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos cometidos en forma reiterada -dos hechos: casos Justo Alberto Áivarez y Juan Manuel Barboza-; que, a su vez, concurren realmente con el de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas cometidos en forma reiterada -tres hechos: casos José Adhemar Changazzo Riquiflor, Saturnino Vicente lanni Vázquez y Eduardo Caballero-. Artículos 2, 12, 19, 45, 55, 80 incisos 2 y 6, 144 bis inciso 1 y último párrafo -Ley 14.616-, en función del 142 incisos 1 y 5 -Ley 20.642- y 144 ter primer y segundo párrafos -Ley 14.616-, del Código Penal.

II) Se condene a Justo Alberto Ignacio Ortiz -de las demás condiciones personales-a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por su duración -de más de un mes- cometidos en forma retirada -tres hechos: casos Rosa Ana Frigerio, Fernando Francisco Yudi y Roberto José Frigerio-; en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza e imposición de tormentos -un hecho: Pediconi-; en concurso real con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración -de más de un mes-, e imposición de tormentos, agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos cometidos en forma reiterada -veintiocho hechos: casos Battaglia, Musmeci, Lencina, Álvarez, Pablovsky, Celentano, Lerner, Cángaro, Molinari, Erreguerena, Datto, Ferrecio, Pellegrini, Sánchez, Mancini, Renzi, Vacca, Sánchez, Alberto D'Uva, Marocchi, Valor, Mujica, Olivieri Huder de Prado, Isidoro Durán, Alicia Ferreiro, Patricia Gaitán, Alberto José Martínez y Adrián Sergio López-; que, a su vez, concurren realmente con el de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravadas por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos cometidos en forma reiterada -cuatro hechos: casos José Ángel Nicoló, Oscar Rudnick, Pedro Catalano y Gabriel Ricardo Della Valle-. Artículos 2, 12, 19, 45, 55, 144 bis inciso 1 y último párrafo -Ley 14.616-, en función del 142 incisos 1 y 5 -Ley 20.642-, 144 ter primer y segundo párrafo -Ley 14.616-.

III) Se condene a Roberto Luís Pertusio -de las demás condiciones personales- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias legales, y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia, amenaza y por su duración -de más de un mes-, cometido en forma retirada -dos hechos: Frigerio y Yudi-; en concurso en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza por su duración -de más de un mes-, e imposición de tormentos, agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos cometido en forma reiterada -doce hechos: la enunciación también la pongo a disposición del Tribunal-; que concurren realmente con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho-; que concurren también en forma real con dos homicidios doblemente agravados por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas cometidos en forma reiterada -tres hechos: casos Frigerio, Carmen Pereyra y Fernando Yudi.

IV) Se condene a Juan José Lombardo a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por su duración -de más de un mes -seis hechos-, que concurren en forma real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por su duración -de más de un mes-, e imposición de tormentos, agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos cometidos en forma reiterada -ocho hechos-; que concurren, a su vez, con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos, agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -dos hechos-; que concurren en forma real con homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas cometidos en forma reiterada -cinco hechos. También como autor del homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas -un hecho: en el caso de Liliana Carmen Pereyra-.

V) Se condene a Rafael Alberto Guiñazú -también con demás condiciones ya filiado en autos- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-, -siete hechos-; que concurren en forma real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-, e imposición de tormentos, agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -veintidós hechos-; que concurren en forma real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravado por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -seis hechos-; en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos -dos hechos-; y en el que concurren, además, con el homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas cometido en forma reiterada -nueve hechos: Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Liliana Pereyra, Eduardo Caballero, José Adhemar Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente lanni Vázquez-.

VI) Se condene a Raúl Alberto Marino a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por su duración -de más de un mes-, imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -diez hechos-; que concurren con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos, agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho-; que concurren en forma real con el homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas -un hecho: el caso de Liliana Carmen Pereyra-.

VII) Se condene a Mario José Osvaldo Fórbice a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-; en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-; e imposición de tormentos, agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada -nueve hechos-; y por su carácter de autor de homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas -un hecho: el caso de Fernando Yudi.

VIII) Se condene a José Omar Lodigíani a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes- -seis hechos-; que concurren con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-; e imposición de tormentos, agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -siete hechos-; que concurren con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos político -dos hechos-; que concurren, a su vez, con el homicidio doblemente agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas -cinco hechos: casos Frigerio, Yudi, Caballero, Changazzo Riquiflor y Saturnino Vicente Ianni Vázquez.

IX) Se condene a Juan Eduardo Mosqueda a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-; e imposición de tormentos, agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -seis hechos-.

X) Se condene a Ariel Macedonio Silva -de las demás condiciones personales también ya mencionadas- a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-; e imposición de tormentos, agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -seis hechos-.

XI) Se condene a Ángel Narciso Racedo a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes- -dos hechos-; que concurren en forma real con la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes- e imposición de tormentos, agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -tres hechos-; que, a su vez, concurren en forma real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos, agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho-.

XII) Se condene a Julio César Fulgencio Falcke a la pena de veinticinco años prisión, inhabilitación absoluta y perpetua demás accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes-, cometidos en forma reiterada -cinco hechos-; que concurren en forma real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; e imposición de tormentos, agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos -un hecho-.

XIII) Se condene a Juan Carlos Guyot, a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, y diez años de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado, demás accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración -de más de un mes- -un hecho-.

XIV) Se revoque la prisión domiciliaria de que gozan en la actualidad los imputados Arrillaga, Ortiz, Lombardo, Guiñazú, Marino, Pertusio, Fórbice, Lodigiani, Mosqueda, Racedo, Silva y Falcke.

XV) Se ordene la detención del imputado Guyot.

XVI) Se proceda a comunicar la sentencia en relación a los encartados a los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación para que, respectivamente, en función del decreto 19101, artículos 20, incisos 6 y 80 y Ley 18398 y sus modificatorias 63 inciso f) y 65, procedan a la degradación, destitución y baja por exoneración.

XVII) Se giren copias de las piezas pertinentes al Juzgado Federal que corresponda de Mar del Plata, a los fines que se forme causa penal para la investigación de los delitos denunciados como robo calamitoso.

XVIII) Se giren copias de las piezas pertinentes al Juzgado Federal que corresponda de la ciudad de Mar del Plata, a los fines que se forme causa penal para la investigación de los delitos denunciados de supresión de identidad, sustracción y ocultamiento de menores.

XIX) Se giren copias de las piezas pertinentes al Juzgado Federal que corresponda de la ciudad de Mar del Plata, a los fines que se materialice la investigación por todos aquellos casos de violencia de género y aquellos denunciados de abuso sexual.

XX) Se giren copias de las piezas pertinentes al Juzgado Federal que corresponda, de la ciudad de Mar del Plata, a los fines que se materialice la investigación de los delitos denunciados de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios con nuevas víctimas, que surgieron también de este debate.

XXI) Se giren las copias al Juzgado Federal correspondiente de la ciudad de Mar del Plata, para que forme causa penal a los fines de determinar la responsabilidad penal de Juan Carlos Guyot por la participación en los hechos criminales que resultaran víctimas Della Valle. Pediconi, Carricavur, Nicuez, lorio, Lazzeri, Retegui, Sánchez, Mancini, Vacca, Marocchi, Valor, Mujica, Sánchez, Renzi Martínez, Norma Susana Olivieri Huder de Prado, Osvaldo Duran, Sergio López, Patricia Gaitán, Carlos Pellegrini, D'Uva, Ferreiro, Cángaro, Valente, Erreguerena y Molinari.

XXII) Se remitan copias certificadas de las piezas pertinentes al Juzgado Federal de La Plata, a los fines de que procedan a instruir las actuaciones correspondientes en relación a la participación que le cupo a Juan Carlos Guyot en la denominada Fuerza de Tareas 5.6, que corresponda, según la división territorial, operaba en dicha jurisdicción.

XXIII) Se remitan copias al Juzgado Federal de Bahía Blanca a cargo transitoriamente del doctor Tenton a efectos de que también se investigue la responsabilidad del imputado Guyot en su vinculación con el comando de operaciones navales.

XXIV) En virtud de la declaración del contenido de la testigo Martí, se ordene la remisión de las partes pertinentes al Juzgado de la doctora Servini de Cubría, para que se vea si también el imputado Pertusio tiene vinculación con el sistema de financiamiento ilegal para los acusados de la Marina en relación a la empresa American Data.

XXV) Por último, se formen causas penales en función de todas las personas que fueron mencionadas, que surgen también del proceso, remitiendo los testimonios que correspondan al Juzgado Federal de la ciudad de Mar del Plata a esos efectos.

Habiendo concluido los alegatos acusatorios, en primer término se expidieron los representantes de la Defensa Pública Oficial a cargo del Dr. Daniel Vazquez y la Dra. Paula Muniagurría en representación de los imputados Justo Alberto Ignacio Ortiz, Roberto Luis Pertusio, Juan José Lombardo, Mario Osvaldo Fórbice, Ariel Macedonio Silva, Julio César Fulgencio Falcke, Raúl Alberto Marino y Ángel Narciso Racedo.

Sucintamente, como planteos generales solicitaron, se decrete la extinción de la acción por haber operado la prescripción y subsidiariamente se sobresea a sus defendidos conforme la garantía del plazo razonable de duración del proceso. Citaron reconocida doctrina y fallos de la C.S.J.N., en apoyo de su postura. También requirieron para los casos de Lombardo y Marino -sin desconocer la doctrina emanada del precedente Mazzeo-, ello es cosa juzgada, ambos fueron oportunamente sobreseídos por los hechos del que resultaron víctimas Yudi, Rosa Frigerio, Marcuzzo, Rosenfeld, Chueque e Irene Molinari.

Subsidiariamente, solicitaron la libre absolución de sus defendidos, por entender que de la reglamentación naval no se deriva la responsabilidad penal de sus asistidos, ya que la terminología empleada en esa "Fuerza de Tareas, Grupos de Tareas" era conocida desde tiempo atrás, más precisamente los términos fueron acuñados en la segunda guerra mundial. Agregaron que se había dado una interpretación diferente a la diversa normativa (Reglamento Orgánico de la Base Naval, Placintara); que éstos existen en el país desde los gobiernos democráticos. Que estas agrupaciones cumplían funciones regulares, sin haberse probado que se apartaron de la reglamentación y que cumplieron tareas encubiertas en la lucha antisubversiva.

Sin discutir la materialidad ilícita de los sucesos en examen, puntualizaron que no es de estricta aplicación el "Placintara" ya que los intervinientes en algunos de los procedimientos de detención no iban uniformados, como tampoco fueron realizados en horas de la madrugada, sin saberse fehacientemente si intervino la "Fuertar 6", como tampoco si los detenidos fueron alojados en dependencias de la Base Naval. Que cada hecho debía probarse en forma particular y no con criterios generalistas.

Algunos testigos depusieron sobre hechos propios, tal el caso de los integrantes de la Base Naval, que habrían pertenecido a la Fuerza de Tareas N 6, entendiendo que podrían ser pasibles de las sanciones del art. 277 del CP, les alcanzan las limitaciones del art. 18 de la CN.

Siguiendo con el tema de los deponentes, en muchos sucesos, sólo enunciaron los que otros les habían contado, por lo que no eran testigos directos del suceso, además de relativizar la fuerza convictiva de los testimonios. Destacaron que no en todos los casos fueron torturas, si no las dolencias lógicas por el cautiverio.

Destacaron la invalidez de las declaraciones prestadas en el marco del juicio por la verdad, por no haber sido un proceso contradictorio, sino meramente declarativo; como tampoco resulta válida la invocación de la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal.

Refutaron el valor probatorio de la prueba incorporada como art. 388 del rito penal, en los finales de las audiencias de debate, los que -a entender de la defensa- no se tratan de informes por carecerse de los requisitos mínimos exigibles para corroborarse su legitimidad; extendiendo la crítica también a los legajos Conadep y los informes de la Dipba.

Criticaron también el haberse meritado como prueba, las calificaciones de los legajos efectuadas a subalternos, agregando que las expresiones plasmandas no están probadas que sean por la "lucha contra la subversión", mencionando el del Legajo de Ortiz, de donde no surge ninguna calificación por esta mención. Que ninguno de sus asistidos fueron vistos por las víctimas en la Base Naval y sus dependencias.

Descartaron la aplicación del agravante de la privación ilegal de la libertad, requerida por el señor Fiscal General, de "más de un mes" por ser violatoria del principio de congruencia, como también la "alevosía" como agravante del homicidio, no estaban incluidos en el proceso, además de calificarlas de intempestiva.

En razón de ello, solicitaron se absuelva libremente en orden a la acusación formulada a: Justo Alberto Ignacio Ortiz, Roberto Luis Pertusio, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Julio César Falcke, Ángel Narciso Racedo, Mario Fórbice, y Ariel Macedonio Silva, y se disponga la inmediata libertad de los nombrados.

Subsidiariamente solicitaron se mantengan las morigeraciones dispuestas respecto de la privación de libertad manteniéndose la modalidad de arresto domiciliario.

Efectuaron las reservas de recurrir en casación.

A su turno, la doctora Natalia Castro, defensora Pública Oficial, en la representación de Lodigiani y Guiñazú, expresó en primer término que adhería a sus colegas de la defensa pública, en cuanto a los planteos la extinción de la acción penal por prescripción y la aplicación de la garantía de la duración del plazo razonable. Compartió también el planteo de sus colegas defensistas, en cuanto a los informes: los agregados a último momento (del Ministerio de Defensa), como también los legajos Conadep, Dipba, informes de Prefectura y su valoración. Adhirió también al planteo acerca de la ilegitimidad e inconstitucionalidad de las reglas prácticas de la CFCP 1/12, importando -a su entender- que resulta un retroceso para el derecho procesal. Citó en apoyo de su postura, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, normativa internacional y nacional, y reconocida doctrina. Peticionó se absuelva a sus asistidos.

Extendió un planteo más al de sus colegas: en cuanto solicitó se declare la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 25.779, y en consecuencia la insubsistencia de la acción penal, por la vigencia ultraactiva de las leyes 23492 y 23521; y en consecuencia requirió también sus absoluciones.

Como sus colegas de la Defensa Pública, compartió las críticas a las declaraciones testimoniales y el valor probatorio que a éstas debe dárseles. Ninguno de los testigos vieron a sus defendidos en la Base Naval, menos aún en Buzos Tácticos. Señaló contradicciones entre las diversas deposiciones y que éstas no se condicen con esa edificación. Agregó que muchos de los deponentes sólo fueron testigos de oídas y no percibieron en forma personal los sucesos.

También expresó que el edificio de Buzos Tácticos no estaba construido en esa época en la Base Naval de Mar del Plata: estuvo en Chapadmalal desde marzo a junio del 76 y después del 78 en Ushuaia y otros lugares, que como es una "Agrupación" se debe probar la responsabilidad de cada uno de los integrantes. Además existen dudas en cuanto a que sus asistidos hayan facilitado ese espacio.

Refutó además la prueba de cargo utilizada por el señor Fiscal y las querellas. En punto a ello, requirió también la absolución para Lodigiani y Guiñazú.

Entendió que existe falta de correspondencia entre el requerimiento fiscal de elevación a juicio, y el alegato fiscal de acusación, la aplicación del agravante de la privación ilegal de la libertad, requerida por el señor Fiscal General, de "más de un mes" por ser violatoria del principio de congruencia, como también la "alevosía" como agravante del homicidio, no estaban incluidos en el proceso, además de calificarlas de intempestiva.

Finalmente, y para el caso de existir una hipotética condena, solicitó se declare la inconstitucionalidad o anticonvencionalidad de la pena perpetua por violación de los principios de culpabilidad, humanidad de las penas, intrascendencia de las penas a terceras personas, progresividad. Citó en apoyo de su postura, normativa de tratados internacionales, reconocida doctrina y fallos de la C.S.J.N.. Abogó porque se mantenga el régimen de prisión domiciliaria para ambos defendidos.

Hizo reserva de recurrir en casación, por la vía extraordinaria y ante los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Siendo el turno del Dr. Sergio Fernandez, en representación del imputado Juan Carlos Guyot, en su alegato solicitó se decrete la extinción de la acción penal por haber operado la prescripción, ya sea por la cuestión genérica planteada por los colegas de la Defensa o por el pedido de este Defensor de que no se interprete este hecho individual y solitario que se le atribuye a Guyot como delito de lesa humanidad.

En forma subsidiaria, adhirió al planteo de las defensas públicas, requiriendo que se sobresea a Juan Carlos Guyot, conforme a la garantía del plazo razonable duración del proceso.

También adhirió al planteo de la colega defensora, en cuanto solicitó se declare la inconstitucionalidad de la Ley 25779, por violación al principio republicano de la división de poderes y a las garantías constitucionales de ley penal más benigna, siendo de aplicación a juicio de reproche las disposiciones de las Leyes 23492 y 23521, en un principio, con respecto a estos puntos y más concretamente, con respecto a la situación personal de Guyot.

Luego de efectuar un breve relato de la llegada del proceso al juicio oral por el suceso de Rosa Ana Frigerio en el que se le imputa una participación secundaria, destacó la reducción de los casos imputados a su defendido quien fue sobreseído en todos los demás, con el consentimiento de las mismas partes presentes en el debate.

Criticó también el material probatorio en contra de su asistido, en especial no haberse valorado por parte de las acusadoras el testimonio del guardiamarina Fernández, como tampoco el testimonio de Guerra, y refutando el de Hoffman. Guyot no manejaba información, estaba ajeno a las atrocidades cometidas. Destacó el comportamiento incuestionable de Guyot de estar a derecho. No hubo -a su entender- un solo testimonio en contra de su ahijado procesal.

Manifestó que la Fuerza de Tareas es una estructura, cuya composición varía según el trabajo a cumplir, y que abarca un área geográfica determinada pero que el haber integrado la Fuerza de Tareas con fines estrictamente jurídicos no implica la participación del mismo en conductas ilícitas.

Entendiendo que existió absoluta falta de acreditación de los elementos del tipo objetivo, como así también del aspecto subjetivo en orden al delito de privación ilegal de la libertad, en el caso de Rosa Ana Frigerio, la libre absolución de su defendido.

Subsidiariamente, requirió su absolución, por haber actuado al amparo de la causa de justificación de la obediencia debida (art. 34 inciso 5 del Código Penal).

También peticionó se absuelva al doctor Guyot, en relación al pedido de inhabilitación del artículo 20 bis del Código Penal, por violación al principio de correlación y a la privación del derecho de defensa del juicio y, a su vez, con motivo de no haberse acreditado abuso alguno del desempeño de sus funciones.

Como planteo subsidiario a éste, impetró se determine la pena de acuerdo a lo solicitado, fijándose el máximo de la misma en tres años de prisión y que, a su vez, y aún no coincidiendo el Excelentísimo Tribunal con esta argumentación que diera oportunamente en relación a este tópico, una aplicación de los artículos 26, 40 y 41 del Código Penal, sea de ejecución condicional.

Por último, pidió que no se haga lugar a la aplicación de la figura agravada requerida, por no haberse acreditado participación de su asistido en tales términos.

Finalmente, solicitó no se haga lugar al pedido de detención formulado por la querella de la APDH, como así tampoco a la orden de formación de nuevas causas penales.

Hizo reserva de recurrir ante la Casación.

El Dr. Saint Jean en representación del imputado Juan Eduardo Mosqueda inició su alegato aduciendo la ilegalidad del proceso, la prescripción e insubsistencia de la acción, con variadas citas jurisprudenciales y dogmáticas.

Manifestó que la Prefectura Naval Argentina nunca fue un centro clandestino de detención, no figura en el informe actualizado "Nunca Más", de la Conadep, como tampoco en el listado de la causa 13.

Puso especial énfasis en que los que estuvieron detenidos en dicha dependencia fueron entregados, todos ellos, a la autoridad que los retiraba bajo recibos firmados, anotados en el Libro de Guardia los datos de cada uno de ellos y que salían conducidos por la fuerza militar, encapuchados porque los encapuchaba la fuerza militar.

Que a los detenidos a disposición del PEN se les daba entrada en el Libro de Detenidos de la Prefectura como es el caso de Celentano.

Analizó los testimonios de Musmeci, Alvaerz, Lencina, Jorge Pablovsky, Alimontas, entre otros, poneindo de manifiesto que los detenidos allí, recibían un trato digno.

Afirmó que la Prefectura tenía dependencia funcional de la Armada pero negó la participación de la misma en los operativos que esta última realizaba y que la actividad de inteligencia que se desarrollaba en Prefectura era lícita, necesaria y obligatoria.

Luego de efectuar un raconto de la historia de vida y su currículum, concluyó solicitando la absolución de su defendido de todos los hechos que se le imputan.

Requirió la extracción de copias y la formación de causa penal para el testigo Justo Álvarez, por la presunta comisión del delito de falso testimonio, en razón de las contradicciones en que incurrió.

Peticionó la declaración de prescripción de todos los hechos que se le imputan, y subsidiariamente, la insubsistencia de la acción penal, en virtud de lo dispuesto por el art. 18 de la C.N. y el art. 24 del Estatuto de Roma.

En subsidio, se declare extinguida la acción penal por insubsistencia y en consecuencia, también la libre absolución de Mosqueda.

Hizo reserva de recurrir ante los tribunales superiores.

Por último el Dr. Carlos Meira, en representación del imputado Alfredo Manuel Arrillaga en su alegato adhirió a los planteos de prescripción de la acción penal efectuados.

Manifestó que la Fuertar 6 dependía del Comando de Operaciones Navales y no de la Subzona 15; citando al señor Fiscal General, expresó que los detenidos por operativos del Fuertar 6 eran alojados en los trés ámbitos exclusivos de la marina a saber, la Base Naval, la ESIM y la Prefectura Naval.

Realizó una breve descripción de la estructura de la subzona, del rol que cumplía su defendido dentro de ésta y su participación en el caso de Justo Álvarez.

Por último, hizo consideraciones respecto al pedido de revocación del arresto domiciliario de su defendido, solicitado por las acusadoras, ante una eventual condena.

Hizo reserva de recurrir en Casación y por la vía federal.

Llegado el momento de las réplicas y dúplicas el Sr. Fiscal General realizo su exposición en relación a los siguientes puntos:1) Violación a la garantía de plazo razonable. 2.) Violación a la garantía de prohibición del doble juzgamiento. 3) Inconstitucionalidad de la Ley 25769. 4) Inconstitucionalidad de la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal. 5) Reducción de garantías y derecho penal del enemigo. Solicitó el rechazo de todas ellas, remitiéndose a lo referido en el momento de su alegato, como a las respuestas aquí brindadas.

Adhiriendo las querellas a lo manifestado por Sr. Fiscal y preguntadas las defensas el Dr. Daniel Vazquez hizo uso de la palabra en primer término manteniendo los planteos, continuando el Dr. Saint Jean, luego el Dr. Sergio Fernandez sin nada que agregar a lo ya expresado; culminando la Dra. Benavidez -por la defensa de Guiñazú y Lodigiani-, manteniendo su postura.

Y CONSIDERANDO:

I. PLANTEOS DE LAS DEFENSAS

1. Prescripción de la acción penal y Plazo razonable

La doctora Muniagurría, defensora de los imputados Pertusio, Ortiz, Racedo, Falcke, Silva, Marino, Lombardo y Fórbice, sin cuestionar la vigencia de ius cogens en tanto sistema de Derecho Internacional, ni la entidad de la categoría de delitos de lesa humanidad, requirió en su alegato se decrete la extinción de la acción penal por haber operado la prescripción. Basó su planteo -al que adhirieron las demás defensas, doctores Castro, Fernández, Meira y Saint Jean- en que la norma del ius cogens, que establece la imprescriptibilidad en materia de delitos de lesa humanidad, es posterior en el tiempo a los hechos investigados -años 1976, '77 y '78-, de modo que su aplicación supone contravención al principio de irretroactividad de la ley penal y, consiguientemente, también, entonces, al de legalidad.

Expresó que ello acarreaba, necesariamente, un rechazo a las interpretaciones a las que ha dado lugar la aplicación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que fuera aprobada por Ley 24.584 y a la cual se le otorgara la jerarquía constitucional recién mediante Ley 25.778, publicada en el boletín oficial en fecha 3 de septiembre de 2003 y, consecuentemente, también a la interpelación a los criterios derivados de la doctrina judicial "Arancibia Clavel" y "Simón" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello, en tanto han dado lugar a la formulación de un nuevo paradigma, al tiempo que disponen la aplicación a hechos anteriores de normas posteriores que implican un régimen perjudicial para el imputado, es decir, la aplicación retroactiva de una ley más gravosa a sus defendidos.

Agregó que acerca de la costumbre y la existencia de la norma de ius cogens, seguramente el argumento más fuerte que se ha utilizado, ha consistido en afirmar -justamente- la existencia, al momento de la comisión de los hechos investigados, de una norma internacional de ius cogens, cuyo contenido dispondría la imprescriptibilidad de los delitos calificados como de lesa humanidad.

Que la apelación a la costumbre internacional y a un contenido específico del ius cogens -desconectados de una legislación doméstica legitimante de esa semántica y contenidos- supone la apelación a una ontología de principios metanormativos ajena a la racionalidad del sistema penal.

Citó reconocida doctrina en su apoyo (Alf Ross, año 1963, "Sobre el derecho y la justicia", Eudeba, página 254, Carlos Nino "Introducción al análisis del Derecho, Astrea, página 142, Ricardo Llurs, "Fuentes del Derecho", en "El Derecho y la Justicia", edición de Laporta y de Garzón Valdés, Madrid, Trotta, 1996, páginas 182/183, entre otros), la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 63) en cuanto define al ius cogens.

En cuanto a la "imprescriptibilidad", hizo hincapié en el caso del Brigadier Agosti en la causa 13/84, cuando se hizo lugar al planteo de la defensa en materia de prescripción sobre algunos de los hechos que se le imputaban.

En el caso de la costumbre, el conflicto estaría dado no sólo por el carácter previo de toda ley penal, sino por la posible insuficiencia de la norma penal internacional para ser considerada a la luz de la norma del artículo 18 Constitución Nacional. Citando a Fayt en su apoyo, la ley debe ser cierta - exhaustiva y no general-, estricta -no analógica- y escrita -no consuetudinaria, y que las normas y principios penales internacionales a los que se apela, no tenían, además, al momento en que los hechos objeto del proceso habrían sido cometidos o en el inmediatamente posterior, el grado de certeza, de formulación escrita y de carácter previo, que son los requisitos exigidos mencionados precedentemente.

A su entender, esa argumentación llevaba al análisis del segundo de los argumentos enunciados, el que afirma que la aplicación retroactiva de la ley penal estaría legitimada por la entidad de los delitos investigados.

En lo referente a este punto, señaló que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad fue ratificada recién en el año 1995 y elevada a rango constitucional en el año 2003, por lo que a la fecha del acaecimiento de los hechos investigados, tal cuerpo normativo no existía hacia el interior de nuestro sistema nacional. Para ello, debía tenerse en cuenta que del texto del artículo 18 de la Constitución Nacional deriva la prohibición absoluta a la aplicación retroactiva de todo empeoramiento del régimen de prescripción de la acción penal, cuya contracara es la ultra actividad de la ley penal más benigna. El mismo Derecho Internacional de los Derechos Humanos fue el que después de la reforma constitucional de 1994 la convirtió en principio constitucional merced a los textos de los artículos 15.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 Convención Americana de Derechos Humanos.

El referido principio y la interpretación que pretende la defensa respecto del mismo, se reforzaba por el propio Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme el texto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (art. 7, y cláusula de reserva al art. 15 puntos "1 y 2", art. 4); figura que resulta un baremo pertinente al caso en tanto se erige en paradigma de tratamiento de delitos de lesa humanidad. Mencionó en apoyo de su postura, el Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 28).

Postuló que la afectación de las garantías constitucionales de sus defendidos, se revelaba mediante la contradicción al principio de igualdad, y que en relación al argumento de la obligatoriedad de los compromisos internacionales, no resultaba apto en términos constitucionales. Los argumentos que otorgan supremacía a la norma internacional por sobre el derecho interno -monismo internacional-, contrariaban nuestra tradición jurídico política pluralista. Citó nuevamente doctrina en su apoyo (Juan Antonio Travieso -Garantías fundamentales de los Derechos Humanos, Hammurabi, página 397), y el art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Por tanto, y a criterio de esta defensa, resultaba pertinente que se declare la prescripción de la acción penal de los delitos imputados a sus defendidos, conforme al artículo 62 inciso 2) del Código Penal.

En forma subsidiaria, solicitó la exoneración de sus defendidos por haberse superado el tope que la razonabilidad impone a la duración del proceso penal, ello conforme la garantía de la norma del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con cita de doctrina en apoyo de su postura (Pastor), a su entender, correspondía la aplicación de la garantía genérica del plazo razonable de duración del proceso. Que los límites que el Estado constitucional de Derecho se autoimpone no son únicamente instrumentales, materiales y formales -prohibición de las penas degradantes, etcétera-, sino también temporales, puesto que más allá de un determinado tiempo, el ejercicio del poder estatal dejaba de pertenecer al catálogo de recursos legítimos con los cuales el Estado cuenta para intentar resolver, de algún modo, los conflictos políticos y sociales.

Finalmente hizo reserva de ocurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal mediante el recurso previsto en el artículo 456 del Código de Procedimiento Penal de la Nación.

Ante los planteos formulados por las defensas, el Sr. Fiscal General, Dr. Guillermo Friele, rechazó los planteos formulados en todos sus términos, de conformidad a los fundamentos rendidos en su alegato acusatorio y en la réplica respectiva. Respecto a la violación al plazo razonable, la defensa no invocó la norma en cuestión (art. 207 del CPPN), citando en apoyo de su postura fallos de la Cámara Federal de Casación Penal, y de Tribunales Internacionales.

Las querellas particulares, adhirieron a los argumentos del señor Fiscal General, en cuanto al rechazo de los planteos defensistas.

Las defensas públicas y particulares que adhirieron al planteo, se mantuvieron en su postura.

Similares planteos fueron efectuados con anterioridad, en las causa n 2286 "BARDA", donde este Tribunal Oral se ha expedido respecto, postulando el rechazo de todos ellos.

Aunque con algunas variantes en cuanto a la consideración del "ius cogens" y del reconocimiento a los crímenes de "lesa humanidad", en el planteo defensista referido a la prescripción de la acción penal para perseguir este tipo de delitos, no se presentaron otros argumentos de fondo al ya impetrado, y en consecuencia, resulta útil la remisión a lo expresado en la causa referida.

La cuestión ya fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos señalados por la propia defensa, y en esta ocasión, no se han agregados otras razones o argumentos que no hayan sido objeto de estudio por parte del máximo tribunal. Así pues, resultan de aplicación al caso los fundamentos vertidos por la mayoría, en el precedente "Simón, Julio; Del Cerro, Juan Antonio, s/ sustracción de menores de 10 años" (S.1767.XXXVIII), sentando así el criterio jurisprudencial respecto a la prescripción de la acción impetrada.

La circunstancia de que dicha jurisprudencia sea aplicable al caso, no deviene de una norma legal que obliga al tribunal a fallar en tal sentido, sin embargo, el deber de seguimiento de sus fallos tiene su justificación en que aquella. La Corte Suprema es la última exponente de las controversias de constitucionalidad en el orden interno; en consecuencia, para apartarse de sus decisiones deben desarrollarse posiciones que no fueron contempladas en la ocasión de tratar el tema, circunstancias novedosas u omitidas en dicho pronunciamiento, situación ésta que no se advierte en la presente.

Conforme lo expone el constitucionalista Gregorio Badeni: "...En varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia estableció que su doctrina jurisprudencial debe ser acatada por los tribunales inferiores, sean nacionales o provinciales, cuando deciden casos análogos o similares. Se trata de un deber impuesto por el carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes que tiene la Corte Suprema. También por razones de celeridad y economía procesal que tornan conveniente todo dispendio de la actividad jurisdiccional. Si un juez inferior está en desacuerdo con dicha doctrina, puede dejar a salvo su opinión contraria, pero tiene el deber funcional de ajustarse a ella. Sin embargo, los jueces inferiores pueden apartarse de la doctrina forjada por la Corte Suprema, si median motivos valederos para justificar tal decisión, debido a la presencia en el caso concreto de razones fácticas o jurídicas que son novedosas o diferentes a las que fueran ponderadas por el Alto Tribunal al establecer su doctrina (Fallos CS 25:364; 212:51 y 160; 256:208; 312:2294 y 3201; 323:555, -entre muchos otros-)..." ("Tratado de Derecho Constitucional" T II. Pág. 1776. Edit. La Ley. Año 2006).

No obstante lo expuesto, en concordancia con el principio republicano de fundamentación de las sentencias, ingresaremos a su análisis, dando respuesta así a los planteos de la Defensa Pública Oficial.

Uno de los puntos de su objeción se centró no ya en la negación de una norma internacional de ius cogens, ni la entidad de delitos de lesa humanidad, sino en su aplicación para los hechos investigados en razón del tiempo en que se sucedieron -años 1976, '77 y '78-; esa aplicación supone contravención al principio de irretroactividad de la ley penal y, consiguientemente, también, entonces, al de legalidad.

Entendemos pues, que los delitos de lesa humanidad, y su imprescriptibilidad tenían plena vigencia al momento de su comisión, por lo tanto no existe violación al principio de irretroactividad de la ley penal, y por ende al de legalidad. El marco legal existente, compuesto por las normas del Derecho Internacional -toda vez que los actos ofenden al Derecho de Gentes-, fue acogido por nuestro país desde el inicio de su formación, ayudando a la comunidad internacional a configurar esas normas supranacionales e imperativas, conocidas como ius cogens.

El tribunal ha sosteniendo en la causa "BARDA", que: "...Tal derecho de gentes, conforme numerosos fallos de nuestro superior tribunal ("Priebke", "Arancibia Clavel", "Simón", entre otros), se encuentra receptado en el Art. 118 de la Constitución Nacional, y en antigua legislación vigente. Así el art. 21, de la ley 48, en cuanto establece el orden de aplicación de las normas, prescribe: "...Art. 21. Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento en el orden de prelación establecido.. " conforme fuera puesto de manifiesto en pronunciamiento similar efectuado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, en la causa "Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/privación ilegal de la libertad", Sentencia n 412/08....".

Así la adopción efectuada por la República Argentina, de la Convención Sobre la Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, mediante la ley 24.584, viene a ratificar la vigencia de esos postulados que ya resultaban operativos desde antaño en la comunidad internacional previo a la sanción de la Convención, y que en el plano legal interno regían por la estricta vigencia del art. 118 de la Constitución Nacional, que reza: "Art. 118. - Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio." -el resaltado nos pertenece-.

Y resulta ilustrativo al respecto transcribir unos párrafos del fallo de la CSJN "Arancibia Clavel": "...28. Que esta convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario. De esta manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos...29. Que en rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la convención de 1968 era ius cogens, cuya función primordial "es proteger a los Estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de Estados en su conjunto, para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal" (Fallos: 318:2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné O'Connor).

Con lo dicho surge claro que: "...delitos como el presente, sin hesitación alguna, se encuentran entre los que la Constitución Nacional en su Art. 118, previó como susceptibles de ser juzgados no importa su lugar de comisión, surge de manera evidente de la propia dinámica constitucional, dado que los que en ocasión de redactarse la norma (1853-60) podían ser considerados como delitos universales (piratería, esclavitud), pero el constituyente a los fines de no quedar atado históricamente a determinadas conductas delictivas, y permitir así una interpretación dinámica y flexible de la carta magna, dejó librado a la comunidad internacional la actualización de aquellos actos lesivos a la humanidad, que componía el derecho de gentes, resultando hoy estipulados convencionalmente el homicidio, la tortura, la privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada de personas, entre otros, cometidos dentro de un marco especial que se observa cumplido en la presente encuesta..." (Causa "BARDA" cit).

Desde esta perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención, también esta costumbre era materia común del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno.

Ello quedó debidamente demostrado en el fallo "Arancibia Clavel" emitido por la CSJN, el 24 de agosto de 2004, en la causa n 259, el que por la claridad de sus conceptos corresponde sea transcripta la parte pertinente: "...26. Que el Preámbulo de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad señala que una de las razones del establecimiento de la regla de la imprescriptibilidad fue la "grave preocupación en la opinión pública mundial" suscitada por la aplicación a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios, "pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes". A ello se agrega el texto del art. IV, de conformidad con el cual los Estados Partes "se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los arts. I y II de la presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida". Tales formulaciones, si bien no resultan categóricas con respecto a la retroactividad de la convención, indican la necesidad de un examen de la cuestión de la prescripción diferenciada, según se trate o no de un delito de lesa humanidad. -27. Que la convención citada, constituye la culminación de un largo proceso que comenzó en los primeros años de la década de 1960 cuando la prescripción amenazaba con convertirse en fuente de impunidad de los crímenes practicados durante la segunda guerra mundial, puesto que se acercaban los veinte años de la comisión de esos crímenes. -28. Que esta convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario. De esta manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos. - 29. Que en rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la convención de 1968 era ius cogens...Desde esta perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención, también esta costumbre era materia común del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno..."

En igual sentido se ha expedido la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en el caso "Rei, Víctor Enrique s/ recurso de casación", al decir que: "...La calificación de delitos de lesa humanidad, está sujeta a los principios del ius cogens del derecho internacional y no hay prescripción para los delitos de esa laya." (causa 10.896, registro n 13534.4 del 10/6/2010).

No es ocioso recordar también que el Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prescribe que: "1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado...". El texto fue ratificado mediante la ley 19.665, en el año 1975, habiendo entrado en vigor en 1982, por ende vigente a la época de los sucesos. Que dicha norma debe interpretarse armónicamente con el art. 27 de la Constitución Nacional, que establece como único requisito para la firma de tratados internacionales que los mismos "...estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.". Por ello, los artículos citados conjugados con los arts. 31, y, los actuales, 75 inc. 22 y 118 de dicho texto, otorgan el marco necesario para sostener que las normas de derecho internacional integran nuestro orden jurídico.

Por todo lo expuesto, y dado que la vigencia a ese momento de la normativa internacional imperante, permite sostener la validez de la tipicidad de las conductas y de la imprescriptibilidad de las mismas, corresponde pues, rechazar el planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa pública oficial.

En lo referente al planteo subsidiario de acerca de haberse superado el tope que la razonabilidad impone a la duración del proceso penal, conforme la garantía que establece el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es dable referir que sin perjuicio que la norma citada no fija un plazo de duración específico, como las demás incorporadas al art. 75 inc. 22 de la C.N. (art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 25 segundo párrafo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), ni tampoco la de derecho interno, dado el carácter de imprescriptibles de los delitos de lesa humanidad por el cual se juzgara a los imputados, y conforme los argumentos antes expuestos, no corresponde tampoco hacer lugar al planteo formulado por la doctora Muniagurría con la adhesión de las demás defensas.

2. Cosa juzgada

La Defensa Pública oficial interpuso a favor de sus pupilos Raúl Alberto Marino y Juan José Lombardo, la excepción de cosa juzgada en orden a los hechos que tuvieron por víctimas a Rosa Ana Frigerio, Fernando Yudi, Elizabeth Patricia Marcuzzo, Walter Claudio Rosenfeld, Marcos Chueque e Irene Delfina Molinari.

Ello así, ya que conforme surge de las constancias obrantes en el legajo, por aquellos hechos fueron objeto de juzgamiento tiempo atrás ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, proceso penal éste en el que se decretó su sobreseimiento, en atención al dictado del Decreto 1002/89, por el que fueron indultados. Dicho indulto implicó el dictado del sobreseimiento por parte de la mencionada cámara, el cual recurrido por vía extraordinaria por el Sr. Fiscal de esa instancia, tuvo su tratamiento en la Corte Suprema de Justicia.

Ese máximo tribunal, el 19 de septiembre de 2000, resolvió que si bien el decreto por el cual fueron indultados era inconstitucional, expresó que esa decisión no alcanzaba a la cosa juzgada formal, no conmoviendo ello el pronunciamiento liberatorio arribado, al entender los miembros de esa instancia que no podía revocarse tal resolución sin afectar la seguridad jurídica que ampara a los ciudadanos.

Sin perjuicio de ello, y ya en el año 2007, el Juez Federal Subrogante de Bahía Blanca, anuló los indultos y los sobreseimientos que a su respecto se dictaron, circunstancia esta por la cual arribó el caso a esta instancia.

Concedida la palabra al Sr. Fiscal General que actuó en el debate, manifestó que el planteo ya fue resuelto por la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando el precedente "Mazzeo", por lo que entendía que debía ser rechazado.

Planteado en tales términos la cuestión a decidir, conforme las constancias obrantes en el legajo agregadas debidamente al debate, contamos con que el Decreto 1002/89, del Poder Ejecutivo Nacional, dictado el 7 de octubre de 1989, indultó a altos jefes militares que no fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en las causas particulares que se indicaron. En el listado Anexo a tal instrumento figura el nombre de las personas que por su vinculación a la causa n 11/86, del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, quedaron comprendidos en esa norma, entre ellos Vlte. (R.) Juan José Lombardo y Clte. (R.) Raúl Alberto Marino -además de aparecer mencionado el Clte. (R.) Juan Carlos Malugani-.

El indulto decretado fue objetado tanto por un particular ofendido, como por el Fiscal General, quien obtuvo la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, empero ante el recurso extraordinario interpuesto por los procesados, entre ellos los aquí nombrados Lombardo y Marino, la Corte Suprema resolvió, el 14 de octubre de 1992: "...5)...corresponde que éste Tribunal se pronuncie sobre la validez constitucional del decreto 1002/89 en cuanto indulta a los procesados en autos y, en tal sentido, reafirmar que resulta indudable la facultad constitucional del titular del Poder Ejecutivo Nacional para indultar a personas sometidas a proceso...Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General se hace lugar al recurso extraordinario de fs....y se revoca la sentencia...devuélvase para que, por quien corresponda se dicte nueva sentencia conforme a derecho..." (F 315:2421).

La Corte Suprema volvió a tratar el presente supuesto el 19 de septiembre de 2000 (C.347.XXXIV.), ante la interposición de un recurso extraordinario presentado por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca "...que resolvió no hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1002/89 y sobreseyó definitivamente en la causa y respecto de los procesados en autos...contraalmirante Juan José Lombardo...y Raúl Alberto Marino...en consideración al indulto decretado por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de los nombrados..." En esa nueva oportunidad consideró: "...5) Que si bien es cierto que el planteo de inconstitucionalidad del decreto 1002/89 fue realizado en estas actuaciones con anterioridad a aquel pronunciamiento, en modo alguno facultaba al a quo para dictar su sentencia -el 10 de febrero de 1998- en torno a dicha cuestión ignorando los efectos jurídicos del fallo de esta Corte, ni justificaba que el recurrente pretendiera una nueva decisión sobre la base de que era distinta la composición del Tribunal...6) Que en estas condiciones, resulta inadmisible que en esta misma causa se pronunciara una nueva sentencia sobre el mismo planteo y que el apelante intente su revisión, puesto que con ello no sólo se desconoció la obligatoriedad del fallo de esta Corte y de los límites a que estaba sujeta la jurisdicción del a quo., sino que se afectó la cosa juzgada emanada de esa decisión, lo que autoriza en consecuencia, a declarar su nulidad en razón de la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional...Por ello...se resuelve: 1)...decretar la nulidad del pronunciamiento de fs..en lo vinculado a la constitucionalidad del decreto 1002/89 del Poder Ejecutivo Nacional...2) Confirmar la sentencia impugnada en cuanto sobreseyó definitivamente en la causa y respecto de los imputados..".

Sin perjuicio de lo actuado, una parte damnificada volvió a reeditar el planteo de inconstitucionalidad de los indultos promovidos por el Decreto 1002/89, en atención a lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Simón, Julio Héctor y otros" (S.1767.XXXVIII.); lo que motivó que el Sr. Juez Federal ad hoc, de Bahía Blanca, dispusiera el 14 de junio de 2007, declarar la nulidad del Decreto 1002/89 en cuanto dispuso el indulto de los entonces Vicealmirante (R) Juan José Lombardo y Contraalmirante (R) Raúl Alberto Marino, entre otros imputados, aceptando la inhibición formulada por el Juzgado Federal n 3, de esta ciudad.

Pues bien tal decisorio adoptado no fue objeto de recurso alguno, conforme las constancias, oportunamente, arribadas al legajo.

Ante este planteo presentado por la Defensa, en cuanto a que se estaría conculcando la garantía de la cosa juzgada a sus asistidos Lombardo y Marino, corresponde expresar que atento el nuevo paradigma fijado por la Corte Suprema de Justicia, en los autos "Mazzeo, Julio Lilo y otros s/rec. de casación e inconstitucionalidad" (M.2333.XLII), de fecha 13 de julio de 2007, del cual las partes mencionaron conocer, es dable señalar que: "...32)...al momento de la promulgación del decreto 1002/89 existía un doble orden de prohibiciones de alto contenido institucional que rechazaba toda idea de impunidad respecto de los Estados Nacionales.un sistema internacional imperativo que era reconocido por todas las naciones civilizadas y.un sistema internacional de protección de los derechos humanos constituido, entre otros, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De este modo, la decisión de cerrar los procesos criminales cercenó las obligaciones internacionales destinadas a comprobar los delitos denunciados, de identificar a sus autores, cómplices y encubridores, y de imposición de las sanciones correspondientes..."

Ahora bien, la Corte en dicho fallo, sin desconocer que dicha garantía se encuentra establecida en el art. 8 inc. 4 del Pacto de San José de Costa Rica, y en el 14, inc. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo que la misma no es absoluta y está sujeta a ciertas excepciones, expresando que: "...33)...es conocido el principio conforme con el cual son revisables las sentencias fraudulentas o dictadas en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación. Y no puede invocarse tal garantía cuando "...no ha habido un auténtico y verdadero proceso judicial, ni puede aceptarse que, habiendo sido establecida la institución de la cosa juzgada para asegurarse derechos legítimamente adquiridos, cubra también aquellos supuestos en (que) los que se reconoce que ha mediado sólo un remedo de juicio ..." (Fallos:279:54, entre otros)...".

Tras manifestar que "...en el derecho humanitario internacional los principios de interpretación axiológicos adquieren plena preeminencia..." hizo expresa cita del precedente "Almonacid" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Serie C N 154, del 26 de septiembre de 2006, en su apartado 154, en cuanto: "...En lo que toca al principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido.no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal;...iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada "aparente" o "fraudulenta"..podrán ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana, desplazan la protección del ne bis in idem..."

Así pues, en el caso presente que compete a Juan José Lombardo y Raúl Marino, el sobreseimiento en el cual pretenden escudarse, fue dictado, no tras una investigación exhaustiva que no permitió comprobar la responsabilidad de los nombrados en los hechos denunciados, en la cual las partes tuvieron oportunidad de exhibir las pruebas que sustentaran sus posturas, sino que se basó en un decreto del Poder Ejecutivo dictado en contravención al mandato internacional en materia de Derechos Humanos, amnistiándolos cuando no resultó competencia de ese poder dar por finalizado el entuerto.

Al respecto, tal como lo señalan Marcelo Sancinetti y Marcelo Ferrante, en "El derecho penal en la protección de los derechos humanos" la Corte Suprema de Justicia, ya en oportunidad de tratar el tema al resolver en lo que se dio a llamar El Juicio a las Juntas, el 30 de diciembre de 1986, señaló: "...Que las decisiones judiciales que se hubiesen dictado con fundamento en la llamada ley 22.924 (ley de autoamnistía) no alcanzan entonces el carácter de cosa juzgada. Esta institución como todas las instituciones legales debe organizarse sobre bases compatibles con los derechos y garantías constitucionales. Su validez requiere su compatibilidad con la garantía de la defensa en juicio, por lo que no toda sentencia judicial puede reconocérsele fuerza de resolución inmutable, sino sólo a las que han sido precedidas de un procedimientos contradictorio (Fallos, 238:18; 255:162;258:220;281:421), no pudiendo tenerse por tales a aquellas donde la parte contraria, el interés social -que se expresa a través del ministerio público- no han tenido auténtica ocasión de ser oídos, posibilidad que la citada norma de facto está precisamente -entre otras cosas- destinada a impedir. La posibilidad de un debido proceso del que pueda surgir una decisión con valor de cosa juzgada, falta además, cuando no se da una cabal independencia y corrección en el actuar de los magistrados (doct. De Fallos 281:421). Es por ello que la Corte en numerosas ocasiones no reconoció tal inmutabilidad a decisiones judiciales; así decidió que la admisión genérica de la cosa juzgada no significa que su reconocimiento no pueda condicionarse a la inexistencia de dolo en la causa en que expidió la sentencia (Fallos 254:320;278:85). Es de recordar en esta ocasión la doctrina del Tribunal que consideró que, si bien la posible condena del inocente conmueve a la comunidad entera, en sus valores más sustanciales y profundos -Fallos 257:132- esto ocurre también con la absolución técnica de quienes han cometido un delito, en los supuestos en que la solución alcanzada puede adolecer de deficiencias susceptibles de afectar una irreprochable administración de justicia. Tal circunstancia compromete principios institucionales básicos, porque el consenso colectivo en la vigencia y eficacia de la ley penal es recaudo de la paz y el orden públicos, que en definitiva reposan en el imperio de la justicia (Fallos, 260:114; conf. Fallos, 280:297)..." (Edit. Hammurabi. Año 1999, pág. 289 y sgte.).

De este párrafo se pueden extraer las conclusiones que permiten desechar la revisión intentada por la defensa pública, dado que si bien es distinta la situación -una amnistía corresponde a la producida por un gobierno constitucional, en cambio la otra es una autoamnistía (impuesta oportunamente por la ley 22.924) emanada del propio gobierno de facto- lo cierto es que privado de los efectos específicos tales amnistías, para que existiese una legítima barrera que impida el juzgamiento de estas conductas, debió haber existido un pronunciamiento absolutorio tras el pertinente juicio, circunstancia esta que no se observó en el caso traído a resolver. Aún más, el representante del Ministerio Público Fiscal, en aquellas oportunidades fue quien interpuso los recursos pertinentes para impedir una solución como la que finalmente se adoptó, con lo cual quedó demostrado que existía en ese momento, la plena intención de concurrir al juicio para decidir acerca de la ilicitud o no de las conductas endilgadas a sus pupilos.

Y en este precedente "Mazzeo", invocado por las partes, la Corte Suprema mantiene en lo sustancial el criterio sustentado en aquél otro fallo citado. En efecto, para el mantenimiento de la garantía de la cosa juzgada exige ciertas condiciones en el momento de arribarse a ese pronunciamiento, caso contrario cede ante "...la exigencia de la justicia, el derecho de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana...".

Sin perjuicio de lo expuesto hasta el presente, que por sí solo alcanzaría para tener por fundado el rechazo de la excepción interpuesta, corresponde señalar que la parte defensora no ha presentado argumentos novedosos u otras razones a la cuestión que el máximo tribunal no haya previsto, con lo cual ella se entiende zanjada con el precedente que tanto la defensa en su propia interposición, como el Sr. Fiscal General en la replica ofrecida, han hecho mención, rechazando así la excepción traída a estudio.

II. CUESTIONES DE VALORACIÓN PROBATORIA INTRODUCIDAS POR LA DEFENSA OFICIAL

Planteo la defensa la regla de exclusión probatoria, con respecto a las actuaciones incorporadas al debate producidas en el marco del llamado "Juicio por la Verdad". Sobre el particular tuvo en cuenta que el juicio por la verdad no era en puridad un proceso jurisdiccional, sino un modelo de justicia transicional que buscaba la reconstrucción histórica de la memoria -realizó cita doctrinales en aval de su alegato-.

En esa inteligencia, expresó que no cabe duda que la verdad constituye la télesis del proceso penal, pero, según lo dijo, no se trata de una verdad caótica, sino reglada, limitada por normas procesales que, a través de la instauración de exigencias legales, demarcan los criterios de legitimidad de las decisiones.

En el Juicio por la Verdad, por no ser un proceso jurisdiccional y contradictorio, no se respetaron las reglas del debido proceso en cuanto a la introducción de la prueba; el problema no sería relevante si no fuera porque estos elementos recopilados allí, hoy terminan siendo traídos como prueba instructoria o anticipada y, aún cuando no son muchas las piezas, han quedado impresas en el pensamiento de los jueces del tribunal, ya que algunas se han oralizado, dando cuenta su contenido de la irregularidad procesal.

Por ello y las razones de mérito que dejó expresadas, solicitó que aquellas constancias que sean producto del desarrollo del "Juicio por la Verdad" no sean consideradas al momento de emitir el fallo.

Conocido el planteo, corresponde el rechazo de la pretensión de la parte toda vez que, conforme se extrae del texto de nuestra norma procesal, queda autorizada la lectura de las actas de otros procesos (art. 392 del Código Procesal Penal de la Nación) y sobre ese particular, no establece la norma ninguna distinción en punto al tribunal en que se desarrollaron los actos que se protocolizan en esas instrumentales.

En este sentido, autorizada doctrina ha expresado que se trata de la lectura de pruebas documentales, emanadas de autoridad judicial aunque no sean jueces penales -v. gr.: civiles-, quedando comprendidas en ellas, incluso, las actas correspondientes a procedimientos administrativos (vide Claria Olmedo "Tratado de Derecho Procesal Penal" EDIAR-1968-To. VII).

De esta manera, la particular naturaleza del juicio por la verdad, como lo destaca la defensa, no deja de ser una actuación jurisdiccional implementada en la necesidad de sufragar el legítimo interés de las víctimas de los hechos ocurridos durante el llamado "Terrorismo de Estado" cuyo conocimiento se vio frustrado por las llamadas leyes de obediencia debida y punto final.

Este impedimento, determinante de aquellas actuaciones -llevada adelante por jueces designados de acuerdo con la constitución y al amparo de un determinado procedimiento encarado conforme el sentido que tenía esos juicios- fue sobrellevado por el cambio de la legislación y de la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal que revirtió esa realidad, en consonancia con los dictados de los organismos internacionales y los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de Derecho Humanos.

Por tanto, no se advierte ilegitimidad en esas actuaciones, y la naturaleza que revistió su instrumentación en un primer momento no quita el carácter jurisdiccional a ellas.

Además su producción fue propuesta por las partes, quienes pudieron controlar su incorporación y alegar sobre el mérito de ellas, razón por la cual, no se advierte desde esta perspectiva vulneración alguna a los principios en los que se afirma el proceso penal.

De esta manera, su introducción al juicio, en los términos del art. 392 del Código Procesal Penal de la Nación, no queda excluida por cuanto es la misma norma procesal quien expresamente lo habilita y, como piezas documentales, cuya producción la parte controló y sobre la que pudo alegar, pueden ser valoras sin perjuicio de la eficacia que a las evidencias que de ellas pueda extraerse le confiera el tribunal, razón por la cual no les es aplicable la regla de exclusión y, las razones de mérito, en todo caso, serán examinadas al momento de decidir si aportan o no información de utilidad para la reconstrucción de los hechos y/o su conocimiento en su correlato con los demás elementos de juicio introducidos en el debate.

III. BREVE INTRODUCCIÓN

En los procesos cuyo objeto lo constituye el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en nuestro país en el período que abarcó los años 1976-1983, se torna insorteable la necesidad de contextualizar los sucesos investigados con la conflictiva situación sociopolítica que asoló a la República Argentina en el etapa anterior a la década del '70 y que tuvo su punto culminante el 24 de marzo de 1976 cuando los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas derrocaron a las autoridades democráticas e impusieron un gobierno de facto al margen de todo orden constitucional.

Razones históricas, procesales y de una mejor comprensión de la decisión a la que arribó el tribunal, aconsejan encarar el análisis desde esa perspectiva a los efectos de percibir en toda su dimensión la entidad y motivaciones que derivaron en las maniobras delictivas que se tuvieron por probadas en el veredicto que hoy se fundamenta y la responsabilidad que se adjudicó en ellas a quienes resultaron alcanzados por el reproche penal atribuido.

La referencia histórica al escenario que vivió nuestro país en esa época encuentra su razón de ser en el hecho que, desde que los acontecimientos materia de juzgamiento tuvieron ocurrencia, han transcurrido más de treinta años, con todos los obstáculos que para su correcta dilucidación dicha particularidad representa, no obstante que muchos de los datos a los que se hará mención infra revisten, en el inconciente colectivo, el carácter de hecho notorio.

A su vez, en el orden de la ley penal sustantiva, uno de los agravantes de los delitos de aplicación de tormentos que sufrieron algunas de las víctimas -la condición de perseguido político- encuentra su génesis en la represión encarada desde el estado de los diversos movimientos de ésa índole que actuaron durante ese tramo de la vida del país.

Y quizá uno de los argumentos de mayor peso que abonan el temperamento adoptado se vincule con la particularidad que los hechos cuya materialidad ilícita se describirá en el apartado correspondiente de la sentencia, se encuentran insertos en un plan sistemático de represión al margen de la ley conducido por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder instaurando el tristemente celebre "Proceso de Reorganización Nacional" a partir del 24 de marzo de 1976.

1. Acerca del contexto socio-político en el que acontecieron los hechos y los antecedentes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Como se dejó en claro en los alegatos de las partes acusadoras y las defensas, resulta de particular importancia para deslindar las pertinentes responsabilidades, el análisis de la normativa desplegada por el Ejército, la Armada y la Prefectura Naval Argentina para encarar la lucha contra la subversión en su ámbito de decisión, el cual se desarrollará con mayor extensión en el apartado correspondiente y cada vez que para la correcta interpretación de la decisión a la que arribó en Tribunal se haga imprescindible su cita.

Ello puede derivar en una tediosa tarea para el lector, mas lo cierto es que las particulares características de la normativa en razón de la terminología empleada y la decisiva influencia que ellas determinan en la participación de los diversos actores, justifican su análisis por separado sin perjuicio de su puntual referencia en cada uno de los casos.

Retomando entonces el hilo argumental, una de las fuentes a la que acudiremos en la tarea propuesta se trata de la sentencia pronunciada en la causa 13/84 por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cuyas cuestiones de hecho y la mecánica evidenciada para su ejecución que allí se tuvieron por ciertos fueron confirmados, con el alcance de su decisión, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En efecto, allí se demostró la aparición y progresivo desarrollo del fenómeno terrorista expuesto principalmente mediante la perpetración de ataques organizados a blancos civiles y militares, cuanto así también por la masiva acción de propaganda que utilizaron.

Al tratar las cuestiones de hecho N 1 y 2 la Cámara Federal sostuvo que: "El fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en el ámbito nacional con anterioridad a la década de 1970, pero es este año el que marca el comienzo de un período que se caracterizó por la generalización y gravedad de la agresión terrorista evidenciadas, no sólo por la pluralidad de bandas que aparecieron en la escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron e incluso por la espectacularidadde muchas de ellas" ( Fallos 309, Tomo I, página 71).

En tren de caracterizar la composición y estructura de estos movimientos expresaron que: "La actividad descripta fue producto de la actuación de una pluralidad de grupos subversivos que en total contaban con un número de algunos miles de integrantes, siendo sus características más importantes su organización de tipo militar que incluyó la creación de normas u organismos de tipo disciplinario, su estructura celular, la posesión de un considerable arsenal que utilizaban en sus acciones, y abundantes recursos económicos, productos principal de delitos cometidos." (Fallos 309, Tomo I, página 85).

Y en lo referente a las metas que anhelaban refirieron que: "El objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, algunas de las cuales incluso intentó, como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán ya mencionados, la obtención del dominio sobre un territorio, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional." (Fallos 309. T I, capítulo V, cuestiones de hecho Nros. 8 y 22. Pág. 93).

El funcionamiento de estos grupos, cuyos principales exponentes - por su mayor cantidad de componentes, organización y disposición de medios económicos y técnicos-fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, se evidenció a lo largo del país, observándose principalmente su presencia en zonas urbanas y, en el plano rural, centró su curso de acción en el territorio de la provincia de Tucumán.

A tal punto llegó la importancia de estos movimientos que el conflicto protagonizado en numerosos atentados y enfrentamientos con las fuerzas legales fue conceptualizado por los magistrados bajo la denominación de "guerra revolucionaria", llegando a sostenerse que "... la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido..." (Fallos 309, Tomo II, Pág.1533)

La grave situación sociopolítica que atravesaba el país y la consecuente necesidad de tomar algún temperamento al respecto ante la incapacidad que revelaban las fuerzas de seguridad y policiales para prevenir tales hechos provocó, por parte de las autoridades democráticas, una profusa actividad normativa y legislativa para afrontar la coyuntural situación existente por aquél entonces, determinando, luego de infructuosas disposiciones encaminadas a la neutralización del conflicto social en ciernes -sanción de leyes de fondo y forma incluidas-, la declaración del estado de sitio en todo el territorio del país, mediante el decreto 1368/74.

Como primera medida, teniendo en consideración que por aquél entonces las principales manifestaciones subversivas rurales acontecían en el territorio de Tucumán, mediante la sanción del decreto 261/75 se dispuso la intervención del ejército en los siguientes términos: "Art. 1.- El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar al accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán.".

A esa normativa le siguió la promulgación de los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975 que fueron incorporados al debate en legal forma (artículo 392 del C.P.P.N.).

Por el primero de ellos se constituyó el Consejo de Seguridad Interna, el cual quedó conformado por todos los ministros del Poder Ejecutivo y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas bajo la dirección del Presidente de la Nación, y cuyas atribuciones se fijaron de la siguiente manera: "Artículo 2-Compete al Consejo de Seguridad Interna:

    a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;

    b) La ejecución de toda tarea que en orden a ello el presidente de la Nación le imponga.".

Mediante el artículo tercero de esa norma se creó el Consejo de Defensa, presidido por el Ministro de Defensa e integrado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, quedando a su cargo:

    a) Asesorar al Presidente de la Nación en todo lo concerniente a la lucha contra la subversión;

    b) Proponer al Presidente de la Nación las medidas necesarias a adoptar, en los distintos ámbitos del quehacer nacional para la lucha contra la subversión;

    c) Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución de medidas de interés para la lucha contra la subversión;

    d) Conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión:

    e) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales para la lucha contra la subversión".

Para el cumplimiento de lo enunciado en el punto e) se dispuso que la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedaran subordinados al Consejo (artículo 5), temperamento ampliado, aunque bajo control operacional, a los organismos policiales y penitenciarios provinciales en el artículo primero del decreto 2771 mediante la suscripción de los respectivos convenios.

A su vez, con el dictado del decreto 2772 se estableció "...la necesidad de reglar la intervención de las Fuerzas Armadas en la ejecución de operaciones militares y de seguridad, a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país..." quedando sujeto su accionar al Comando Superior del Presidente de la Nación que debía ser ejercido a través del Consejo de Defensa.

Dispuesta entonces la participación de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y demás organismos convocados, el Consejo de Defensa emitió la directiva 1/75 cuyo objeto consistía en instrumentar su funcionamiento para llevar adelante la "lucha antisubversiva".

En dicho documento se establecieron como zonas prioritarias de acción las comprendidas por Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal y La Plata -punto 3, acápite "ideas rectoras"-, poniendo en cabeza del Ejército la responsabilidad primaria de su dirección y ejecución en todo el país y dejando bajo su órbita el control operacional de la Policía Federal y provinciales y el Servicio Penitenciario Federal.

Específicamente en lo referente a la actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se les otorgó la "...más amplia libertad de acción para intervenir en todas aquellas situaciones en que se aprecie puedan existir connotaciones subversivas..." debiendo evitarse "...participar directamente en hechos de índole político, gremial, etc., así como comprometerse en acciones de neta ingerencia policial..." (vide acápite "c", puntos 1 y 2 de la directiva 1/75).

La misión particular encomendada al Ejército en el marco de esta normativa fue descripta en los siguientes términos:

    "a) Ejército:

    Operar ofensivamente, a partir de la recepción de la presente Directiva, contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FFAA, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado.

    Además:

    1) Tendrá responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional.
    2) Conducirá con responsabilidad primaria, el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión a fin de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a disposición.
    3) Ejercerá el control operacional sobre:

      a) Policía Federal Argentina.
      b) Servicio Penitenciario Nacional.
      c) Elementos de policía y penitenciarios provinciales.

    4) Ejercerá control funcional sobre SIDE.
    5) Preverá:

      a) El apoyo a los servicios públicos esenciales.
      b) la protección de objetivos.
      c) El alistamiento de efectivos equivalentes a una Br I como reserva estratégica.

    6) Establecer la VF necesaria a fin de lograr el aislamiento de la subversión, del apoyo exterior".

Como lo determinó en el punto 8, para el cumplimiento de sus disposiciones se mantuvo la segmentación territorial prevista en el Plan de Capacidades (MI) 72 para cada fuerza, que se componía, en la órbita castrense, de la siguiente manera: existían cuatro zonas ( I, II, III y V) coincidentes con la división de los Cuerpos del Ejército, divididas a su vez en Subzonas y Áreas, dentro de las cuales, en cada Comandante o Jefe, según el caso, reposaba el mando directo en esos ámbitos -control operacional sobre las fuerzas de seguridad y penitenciarias incluido- para la ejecución de la lucha contra la subversión.

Ya en el ámbito castrense, como contribuyente a la citada normativa, el Comandante General del Ejército emitió la directiva n 404/75 por intermedio de la cual se fijaron las zonas prioritarias de acción - manteniendo la división territorial en cuatro zonas de defensa (n 1, 2, 3 y 5), subzonas, áreas y subáreas de conformidad al Plan de Capacidades para el año 1972 y tal cual lo dispuso la directiva 1/75 en su punto octavo-, las estrategias a implementar caracterizadas "por la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia, sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones, y mediante operaciones psicológicas" para lograr "a) Disminuir significativamente el accionar subversivo para fines del año 1975, b) Transformar la subversión en un problema de naturaleza policial para fines de 1976 y c) Aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977".

Lo propio realizaron la Armada y la Fuerza Aérea Argentina mediante las directivas 1/75S COAR, el Plan de Capacidades - PLACINTARA 75-, directiva "Benjamín Matienzo75", directiva "Cooperación" y la directiva "Orientación - actualización del plan de capacidades marco interno 1975", entre otras tantas.

Como fácilmente puede apreciarse, la actuación de las Fuerzas Armadas en la LCS no se encontró desprovista de un complejo entramado normativo que debía guiar su accionar. Sin embargo, como lo veremos a lo largo de la sentencia, sus disposiciones fueron en la mayoría de los casos "letra muerta" frente a procedimientos divorciados del respeto a los más esenciales derechos de las personas.

2. La doctrina de la "LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN"

Si algo nos enseñó la historia reciente es que el golpe de estado que sufrió el país no fue producto de una generación espontánea, sino que, muy por el contrario, la logística empleada y los resultados producidos el 24 de marzo de 1976 denotan una concepción previa, incluso, al año 1975, cuyos horizontes no solo apuntaban a erradicar la subversión sino que se constituyó en el medio "oficial" para instalar en el seno de la sociedad su propia filosofía a cualquier costo.

Necesariamente debe establecerse entonces cual era la conceptualizacion del "enemigo" profesada por quienes tenían a su cargo la represión del fenómeno insurreccional y las operaciones que consecuentemente debían llevarse a cabo con el objetivo de aniquilarla en todas sus formas.

Un somero repaso de algunas disposiciones contenidas en el reglamento RC-9-1 denominado "Operaciones contra Elementos Subversivos" -que constituyó una especie de "manual antisubversivo" para la época-, permitirá comprender cabalmente el concepto que profesaban los jefes de las Fuerzas Armadas a sus integrantes acerca de la "subversión".

Así bajo el título "Introducción", más precisamente en el punto IV, se puede leer que "Es imprescindible tener en cuenta que se trata de una lucha política e ideológica en la cual la imaginación y la claridad de las ideas, proporcionarán el vigor necesario aún a la fuerza misma".

Su definición se encuentra receptada, en los siguientes términos, en el artículo 1.001: "Se entenderá por tal -se refiere a la subversión-, a la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los principios morales y las estructuras que conforman la vida de un pueblo con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferente.... Es una forma de reacción de esencia político-ideológica, dirigida a vulnerar el orden político-administrativo existente, que se apoya en la explotación de insatisfacciones e injusticias, reales o figuradas, de orden político, social o económico" (página 1).

En lo referente a la actitud que tiene que asumir el ejército frente a los denominados "elementos subversivos" , en el artículo 4.003 se pregona que se debe "Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. El logro de la adhesión de la población, aspecto fundamental en el ambiente operacional subversivo, se consigue no sólo guardándole todas las consideraciones, sino también infundiéndole respeto. El ciudadano debe saber que las fuerzas armadas no molestan a quien cumple la ley y es honesto, pero aplican todo su poder de combate contra los enemigos del país. Respecto a éstos y de los proclives a serlo, es necesario que comprendan que es más conveniente apoyar a las fuerzas legales que oponérseles. Se debe tener presente que los agitadores o subversivos potenciales, pueden abandonar posturas pasivas y adoptar procederes activos, sino perciben una firme actitud que les inspire respeto y temor. La acción militar es siempre violenta, pero debe tener su justificación y el apoyo de operaciones sicológicas. Para graduar la violencia, están las fuerzas de seguridad y policiales".

Íntimamente vinculado con ese aspecto, culmina diciendo a manera de lema que "El concepto rector será que el delincuente subversivo que empuña armas debe ser aniquilado, dado que cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones contra esos delincuentes, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones".

Por si quedaba alguna duda respecto al alcance de la expresión "aniquilar" otorgada por los jefes de la Fuerza que tenía a su cargo con responsabilidad primaria la lucha contra la subversión, el repaso del último fragmento transcripto resulta harto elocuente para despejar la incógnita y nos exime de mayores comentarios al respecto.

3. La planificación e instauración del autodenominado "PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL": EL PLAN EJÉRCITO.

Si bien la situación socio-política del país en el año 1976 resultaba el escenario propicio para la toma del poder por parte de los Jefes Militares, el objetivo propuesto necesitaba de una planificación a gran escala para ser conseguido.

Precisamente esa organización predispuesta hoy puede ser conocida y se trata del denominado "Plan del Ejército" contribuyente al plan de seguridad nacional, que ha sido incorporado al debate en legal forma.

Del cuerpo del documento y sus anexos, cuyas partes más representativas se transcribirán infra, surge de manera diáfana la logística e infraestructura empleada para tomar, mediante la vía de hecho, el gobierno de la Nación.

Vale destacar como premisa y reafirmando lo que venimos sosteniendo en cuanto a que la "lucha contra la subversión" resultó la excusa oficial para instalarse en el poder y conducir a piacere el destino de los argentinos, que aparece en el punto 6 del documento el ítem titulado "ENCUBRIMIENTO", expresándose a renglón seguido que "En la medida de lo posible, todas las tareas de planeamiento y previsiones a adoptar emergentes del presente plan, se encubrirán bajo las previsiones y actividades de la lucha contra la subversión".

Solapado entonces el golpe de estado bajo el ropaje de la lucha contra la subversión, en la ejecución del plan se consideraban como "fuerzas amigas" a la Armada y la Fuerza Aérea, quienes debían realizar las operaciones necesarias para asegurar, conjuntamente con el Ejército, la destitución del Gobierno en todo el ámbito del país y facilitar la asunción del gobierno militar mediante: "La detención del PEN y las autoridades nacionales, provinciales y municipales que sean necesarias; la detención de personas del ámbito político, económico y gremial que deban ser juzgadas; la protección de objetivos y el apoyo del mantenimiento de los servicios públicos esenciales que se determine..." entre otras.

Respecto de las Policías Federales y Provinciales disponía que "a partir del día D a la hora H, personal superior de las FFAA procederán a hacerse cargo de las jefaturas correspondientes. A partir de ese momento los efectivos policiales contribuirán en el accionar de las FF AA mediante: el mantenimiento del orden, el cierre y custodia de sedes pertenecientes a entidades políticas y sindicales...., toda otra acción que les impongan los comandos jurisdiccionales.".

El concepto de la operación consistía en la destitución del gobierno en todo el ámbito nacional, asegurando que sus miembros queden a disposición de las futuras autoridades; realizar todas las acciones que faciliten la constitución y funcionamiento del nuevo gobierno militar; asegurar el orden y funcionamiento del país a partir del día D y sostener y asegurar el cumplimiento de las medidas que adopte el gobierno militar.

La acción a realizar debía desarrollarse mediante la siguiente secuencia:

    "Fase I: PREPARACIÓN.

    Concepto: En esta fase se realizarán las acciones necesarias para asegurar la ejecución del plan. Comprende desde la fecha de emisión del presente documento hasta el día D a la hora H-2. Abarcará inicialmente las tareas de planeamiento hasta el nivel CUB (inclusive) y toda otra medida preparatoria que haga al mejor cumplimiento de la ejecución.

    A partir de la comunicación del día P (Preaviso), se llevará a cabo el planeamiento a nivel CUC y se iniciarán el alistamiento y los movimientos imprescindibles expresamente autorizados por el CGE, los que deberán encubrirse en la lucha contra la subversión.

    Fase II: EJECUCIÓN.

    Concepto: se iniciará el día D a la hora H-2 con los desplazamientos previos y despliegues necesarios que aseguren el cumplimiento de las secciones previstas, y se extenderá como mínimo hasta el día D 3 (inclusive).

    Comprenderá:

    - Detención del PEN y de aquellas autoridades nacionales, provinciales y municipales que se determine;
    - Detención de dirigentes políticos, gremiales, funcionarios públicos y sedes sindicales;
    - Control y/o protección de sedes diplomáticas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires;
    - Protección de objetivos y apoyo al mantenimiento de los servicios públicos esenciales que se determine;
    - Control de grandes centros urbanos, vigilancia de fronteras y cierre de aeropuertos, aeródromos y pistas que se determinen;
    - Control exterior de establecimientos carcelarios;
    - Protección de residencias de personal superior y subalterno que se determine.

    Fase III: CONSOLIDACIÓN.

    Concepto: en esta fase se iniciará con orden, se mantendrán las medidas militares necesarias para contribuir a asegurar el funcionamiento y el orden del país, siendo reducida en la medida que la situación lo permita.

De particular relevancia resultan los anexos II y III, consistentes en la información de inteligencia acerca de los "enemigos" y los procedimientos de detención de personas previstos en el plan.

En efecto, en el primero de ellos se patentiza la significación del oponente, su composición, clasificación y las prioridades otorgadas en consecuencia.

Así, eran consideradas bajo tal rótulo todas las organizaciones o elementos integrados a ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opusieran a la toma del poder y/u obstaculizaran el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecerse.

Según el grado de participación que presentaran -actual o futura-, se subdividían en oponente activo o potencial, con diferentes grados de prioridad conforme su actuación en cada nivel.

Dentro de la enunciación que surge de la documental en estudio, interesa la situación en que se encontraba la organización político militar Montoneros, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista Marxista Leninista, por resultar representativos de los casos que damnificaron a las víctimas de autos a excepción de Alfredo Nicolás Battaglia, Julio Víctor Lencina, José María Musmeci, Jorge Fernando Pavlovski, Jorge Luis Celentano y Justo Alberto Álvarez, respecto de los cuales su situación se vincula directamente a la orden emanada de la Junta de Comandantes de Gobierno para detener a las personalidades gremiales o sindicales el día 24 de marzo de 1976 como se verá oportunamente.

Todas eran consideradas como de prioridad I -oponente activo-, diferenciándose su grado de participación en razón de su diferente composición y finalidades.

La OPM montoneros -consignada como segunda en importancia- era considerada como prioridad I por actuar permanentemente y con la casi totalidad de su estructura orgánica en acciones armadas o apoyo directo a las mismas.

Por su lado, el PCML y PST eran consignados como organización política de idéntica prioridad debido a que muy probablemente mantuvieran y hasta pudieran llegar a incrementar su acostumbrada apoyatura a los medios de lucha armada de la subversión.

A la persecución de los integrantes de las agrupaciones detalladas en dicho anexo les seguía, como consecuencia inexorable, su "detención".

Aquellos que fueran apresados por participar en hechos subversivos, si los delitos eran de competencia de los Consejos de Guerra Especiales Estables, debían ser colocados a disposición del PEN y sometidos a su jurisdicción con los elementos probatorios que existieren en su contra, mientras que a los que no estuvieran comprendidos, debía aplicárseles el régimen establecido en la directiva del Comandante General del Ejército n 404/75 -PON 212/75-.

Respecto de los detenidos a consecuencia de la aplicación del Plan Ejército, debían ser puestos a disposición del PEN y si existieran elementos probatorios en su contra respecto de la posible comisión de delitos con anterioridad o al momento de su detención, poner en conocimiento del juez competente a los fines de la instrucción del debido proceso.

Si fueran arrestados concomitantemente con hechos subversivos, considerados aquí aquellas personas que por su actividad afectan la seguridad y/o tranquilidad pública sin que se las pueda calificar de subversivas, correspondía su puesta a disposición del PEN.

Y residualmente, para aquellos considerados delincuentes comunes, correspondía su puesta a disposición de la justicia ordinaria (ver directiva del Comandante General del Ejército n 217/76).

Este amplio marco normativo y de acción sintetizado en sus aspectos esenciales significó el plafón imprescindible que posibilitó la fractura institucional sufrida por nuestro país a manos de los altos Jefes Militares de las Fuerzas Armadas.

4. La asunción de las autoridades de facto y el comienzo de las masivas violaciones a los derechos humanos

Resulta un hecho notorio a esta altura de la historia que el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de estado mediante el cual los Comandantes en Jefe, a la par de destituir a las autoridades elegidas democráticamente, se arrogaron la suma del poder público, dando comienzo, de tal forma, a una etapa negra en la historia de nuestro país caracterizada por la desaparición forzada de personas que habían sido privadas clandestinamente de su libertad, sin que se vuelva a tener noticia alguna de ellas.

El plan criminal puesto en marcha por los integrantes de las más altas esferas de las Fuerzas Armadas quedó sintetizado de manera inmejorable y paradigmática en el capítulo séptimo de la sentencia de la Cámara Federal en los siguientes términos: "Según ha quedado acreditado en la causa, en una fecha cercana al 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas derrocaron a las autoridades constitucionales y se hicieron cargo del gobierno, algunos de los procesados en su calidad de Comandantes en Jefe de sus respectivas Fuerzas, ordenaron una manera de luchar contra la subversión terrorista que básicamente consistía en: a) capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia; b) conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares o bajo su dependencia; c) una vez allí, interrogarlos bajo tormentos, a fin de obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas, con el objeto de quebrar su resistencia moral; e) efectuar todo lo descripto anteriormente en la clandestinidad más absoluta, para lo cual los secuestradores debían ocultar su identidad; realizar los operativos preferentemente en horas de la noche, las víctimas debían permanecer totalmente incomunicadas, con los ojos vendados y se debía negar a cualquier autoridad, familiar o allegado, la existencia del secuestrado y la de eventuales lugares de alojamiento; f) amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o bien eliminado físicamente.". (Fallos 309, tomo II, páginas 1584-1585).

La mecánica de los hechos narrados en el párrafo que antecede obedecía a un conjunto de características comunes que se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) Los secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad, y, si bien en la mayoría de los casos se proclamaban genéricamente como pertenecientes a alguna de dichas fuerzas, normalmente adoptaban precauciones para no ser identificados, apareciendo en algunos casos disfrazados con burdas indumentarias o pelucas; b) Intervenían un número considerable de personas fuertemente armadas; c) Tales operaciones ilegales contaban frecuentemente con un aviso previo a la autoridad de la zona en que se producían, advirtiéndose incluso, en algunos casos, el apoyo de tales autoridades al accionar de esos grupos armados; d) Los secuestros ocurrían durante la noche, en los domicilios de las víctimas, y siendo acompañados en muchos casos por el saqueo de los bienes de la vivienda y e) Las víctimas eran introducidas en vehículos impidiéndoseles ver o comunicarse, y adoptándose medidas para ocultarlas a la vista del público. (Cfr. Fallos 309, tomo I, páginas 111-155).

Distinta fue la suerte que corrieron las víctimas del denominado terrorismo de estado y pueden esquematizarse en tres alternativas: "a) algunas, después de un lapso en estas condiciones, fueron puestas en libertad, adoptándose medidas, en esos casos, para que no revelaran lo que les había ocurrido. De lo dicho surge que las personas privadas de su libertad fueron en mayor o menor medida amenazadas con el propósito de ocultar y preservar en la clandestinidad el accionar ilegítimo de esos grupos y la existencia de los centros de detención. b) Otras, después de un tiempo, fueron sometidas a proceso o puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ocultándose el período de cautiverio c) Sin embargo, la mayoría de las personas ilegalmente privadas de su libertad, permanecen sin que se conozca su actual paradero o destino." (Fallos 309, tomo I, capítulo XV. Pág. 233/43).

Ahora bien, con el designio de esconder a los ojos de la sociedad la sistemática eliminación de las personas que eran consideradas "el enemigo", las autoridades de facto recurrieron a una sucesión de mentiras que, frente a la incontrastable realidad, debió mutar su explicación hasta llegar a un punto que, por burda e insólita, se hacia insostenible.

En efecto, innumerables fueron las acciones que interpusieron los familiares de las personas que habían sido secuestradas en pos de una respuesta positiva acerca del paradero de su ser querido, no sólo ante las autoridades judiciales, sino también en el Ministerio del Interior y en ocasión de la visita "in loco" a nuestro país efectuada por los representantes de la Organización de los Estados Americanos y, frente a dichos reclamos y los persistentes pedidos de informes de los diversos organismos, las autoridades de facto fueron variando el discurso en forma irracional hasta llegar al absurdo.

Así pasaron de una primera etapa en la cual lisa y llanamente se negaba toda vinculación y conocimiento del destino de los secuestrados, a otra en la cual, frente a lo innegable de la situación, se brindaba información reticente e inexacta, acudiendo en algunos casos a la ficción de la puesta en "libertad por falta de mérito" o fraguando enfrentamientos en las cuales las víctimas eran ejecutadas a quemarropa para, finalmente, reconocer implícitamente varios de los Comandantes en Jefe la irregular situación que acontecía.

Basta recordar un extracto de la sentencia de la "causa 13" que resulta emblemático para graficar el cuadro existente en aquel entonces respecto de los familiares y que también es patrimonio común del presente proceso como se verá oportunamente: "El 28 de agosto de 1979, el Poder Ejecutivo de facto dictó la ley 22.062, por la que se concedieran facilidades a los familiares de personas desaparecidas para obtener beneficios previsionales subordinados a la muerte de aquéllas. El 6 de setiembre del mismo año se modificó el régimen de ausencia con presunción de fallecimiento para personas que hubieran desaparecido entre el 6 de noviembre de 1974 y la fecha de promulgación de la ley. La vinculación de esta ley con el tema que estamos tratando resulta de las declaraciones indagatorias de los coprocesados Lambruschini (fs. 1866 vta.), Lami Dozo (fs.1687 vta.), Graffigna (fs. 1675) y Viola (fs. 1511 vta.) quienes relatan que había sido requerida por el doctor Mario Amadeo a fin de aliviar la presión internacional respecto de la violación de derechos humanos en nuestro país. Los antecedentes remitidos por el Ministerio del Interior donde constan memorandum internos de los que surgen que con ellas se atendía a "remediar la situación sentimental-afectiva de un grupo numeroso de personas que viven en estado de angustia y sosobra por la falta de toda noticia concreta con relación a sus familiares. No obstante se advertía los riesgos que ello implicaba para el gobierno pues "no se podrá impedir que se produzca toda clase de prueba sobre la desaparición y las circunstancias que la rodearon", "se investigará la posible privación ilegítima de la libertad, secuestro o presunto homicidio", "se producirá una verdadera avalancha de casos en pocos días y una publicidad enorme de los mismos a través de la publicación de los edictos que la ley prevé (v. fs. 3015, 3017 del cuaderno de prueba de la Fiscalía). El memorandum aparece firmado por el entonces Ministro del Interior General Albano Harguindeguy." (ver Fallos 309, tomo I, capítulo XVI. Pág. 255/6).

Tan evidente resultaba la situación descripta pese a los esfuerzos estatales por caracterizarlas como propaganda en contra de la "Nación Argentina" que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a las innumerables denuncias recibidas, resolvió enviar representantes a efectuar un visita in loco al país durante los días 6 al 20 de septiembre de 1979.

En el informe final confeccionado los integrantes de la comisión -luego de efectuar entrevistas con autoridades públicas, con ex-presidentes de la república, con personalidades de entidades religiosas, con representantes de entidades de Derechos Humanos y organizaciones políticas, de recibir denuncias y visitar centros de detención emplazados en nuestro país, entre otros métodos de investigación utilizados-, se arribaron a conclusiones cuya transcripción aparece necesaria y por demás elocuente de la situación vivida por aquel entonces.

Reza el informe en su tramo final que:

    "1. A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979--numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En particular, la Comisión considera que esas violaciones han afectado:

    a) al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundadamente que han muerto;

    b) al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena; esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opción previsto en el Artículo 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad personal, lo que constituye una verdadera pena;

    c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes;

    d) al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad y orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas.

    2. Con respecto a otros derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión señala que si bien su falta de observancia no ha revestido la gravedad de los anteriores, las limitaciones a que se encuentran sujetos afectan también la plena vigencia de los derechos humanos en la República Argentina. En relación a estos derechos la Comisión observa lo siguiente:

    a) que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información se ha visto limitado, en diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos legales de excepción que han contribuido a crear, incluso, un clima de incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de comunicación;

    b) que los derechos laborales se han visto afectados por las normas dictadas al efecto y por la aplicación de las mismas, situación que ha incidido particularmente en el derecho de asociación sindical debido a actos de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales que vulneran derechos de la clase trabajadora;

    c) que los derechos políticos se encuentran suspendidos;

    d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad religiosa y de cultos; aunque la Comisión sí pudo comprobar que los Testigos de Jehová tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y que, si bien no existe una política oficial antisemita, en la práctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos judíos.

    3. Asimismo, la Comisión considera que las entidades de defensa de los derechos humanos han encontrado y encuentran injustificados obstáculos para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando.

    4. La Comisión observa que con posterioridad a su visita a la República Argentina, en el mes de septiembre de 1979, han disminuido las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal y al derecho de justicia y proceso regular y que, particularmente desde el mes de octubre de este año, no ha registrado denuncias por nuevos desaparecimientos de personas."

Cabe reparar en el acierto y veracidad de las conclusiones arribadas a poco que se las enlaza con las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el marco del denominado "juicio a las juntas" a las que hizo referencia, particularmente en lo concerniente a los medios y formas en las cuales se perpetraban las violaciones a los Derechos Humanos que comprobó la comisión.

5. La Subzona Militar N 15 y la relación con a Armada.

Hasta aquí se han enumerado y transcripto las fuentes objetivas y reglamentaciones que nos permiten conocer las circunstancias generales que se produjeron en el país al momento de la materialización de los hechos objeto de juzgamiento en la presente causa, debiendo proseguir el análisis con las circunstancias particulares que se tuvieron por probadas en el veredicto que hoy se funda.

Como se dijo precedentemente, el Comandante General del Ejército emitió la directiva n 404/75 por intermedio de la cual se fijaron las zonas prioritarias de acción para la LCS y se mantuvo la división territorial en cuatro zonas de defensa (n 1, 2, 3 y 5), subzonas, áreas y subáreas de conformidad al Plan de Capacidades de la fuerza para el año 1972.

En lo que aquí interesa, la ciudad de Mar del Plata integraba la Zona de Defensa n 1 a cargo del primer Cuerpo del Ejército. A su vez, la Subzona Militar n 15, abarcaba los partidos de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano.

Su Comando se encontraba en cabeza del Jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601) con asiento en Camet, y ésta se encontraba conformada, además del jefe de la agrupación, por un segundo Jefe -que era jefe de la plana mayor-, la plana mayor -compuesta por una sección personal o s1, una sección inteligencia o s2, una sección operaciones o s3 y una sección logística o s4, todas con sus respectivos jefes- y demás cuadros inferiores.

La existencia de la estructura mencionada se encuentra evidenciada por varios elementos de prueba incorporados al debate.

Uno de ellos se trata del acta firmada por el Coronel Pedro A. Barda a Ernesto Salvador Aguinaga el 20 de septiembre de 1977 frente a la solicitud de continuar explotando el campo propiedad de la familia Bourg.

De su transcripción se extrae que en el "Comando Sub Zona 15. En Mar del Plata, cuartel de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (Comando de Subzona Militar 15) a los veinte días del mes de septiembre del año mil novecientos setenta y siete, el señor ERNESTO SALVADOR AGUINAGA, LE 5.324.521, domiciliado en Gral. Roca 558 de Gral Pirán, Pdo. De Mar Chiquita, se hace presente en ésta, al solo efecto de solicitar continuar explotando una parcela de terreno arrendada en el Pdo. De Pirán, por ser dicho terreno parte de una propiedad de un supuesto delincuente subversivo (RAUL BOURG). Asimismo, se deja constancia que la relación con el dueño del campo arrendado es solamente de carácter comercial y su conocimiento del mismo es por vecindad. Por la presente el Comando de la Subzona Militar 15 autoriza al señor ERNESTO SALVADOR AGUINAGA a continuar la explotación de la parcela que arrendó al señor RAUL BOURG, debiendo ante cualquier situación pedir referencia de la presente autorización al citado Comando Militar, sito en CAMET - MAR DEL PLATA AGRUPACIÓN DE ARTILLERÍA DE DEFENSA AÉREA 601... Firmado: Alberto Pedro Barda - Coronel - Jefe de Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601." -el resaltado nos pertenece-.

El organigrama descripto también fue referenciado por el imputado Arrillaga al momento de ejercer su defensa material en el transcurso de la instrucción, incorporada al debate en los términos del art. 378 del ritual.

Allí dio cuenta de su esquematización y la jefatura en cabeza de Barda, el cual, para la conducción, administración y gobierno del organismo, contaba con una plana mayor dirigida en aquél entonces por el Teniente Coronel Jorge Luis Costa.

Sostuvo también, en lo que interesa en este pasaje de la sentencia, que la Plana Mayor estaba organizada con un Jefe de quien dependían directamente el Jefe I de Personal, el Jefe II de Inteligencia, el Jefe III de Operaciones y el Jefe IV de logística.

Cabe destacar, por otra parte, que la enunciada es la estructura que surge del tomo I del RC-3-1 referente a la Organización de los Estados Mayores -Fs. 310-.

En la citada reglamentación -sobre la que volveremos al analizar la responsabilidad de Arrillaga- se especifican las atribuciones y obligaciones del segundo Jefe de la Unidad y de los integrantes de la Plana Mayor, siendo sucintamente las siguientes:

    - Segundo Jefe de la Unidad: jefe de la plana mayor, coordinación de la plana mayor, relaciones de ejército y oficiales de enlace.
    - Ayudante y jefe de personal (s1): compuesto por un oficial, encargado del mantenimiento de los efectos; administración del personal; mantenimiento de la moral; disciplina, ley y orden; administración interna y varios.
    - Oficial de inteligencia (s2): un oficial, encargado de inteligencia, contrainteligencia, cartografía y varios.
    - Jefe de operaciones e instrucción (s3): un jefe y un s3 aéreo auxiliar; organización, instrucción, operaciones, planes, asuntos civiles y varios.
    - Oficial de logística (s4): un oficial; abastecimiento; transporte, sanidad, otros servicios y varios.

Con esa estructura primaria, la subzona 15 comprendía las áreas n 15.1 -que abarcaba los municipios de General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano- y la n 15.2 -comprensiva de los partidos de Gral. Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita y Balcarce- las cuales estaban a cargo de los Grupos de Artillería de Defensa Aérea n 601 y 602 respectivamente.

En la casi totalidad de las reglamentaciones incorporadas a la causa, se encuentra un anexo especial destinado a reglar las relaciones jurisdiccionales entre las Fuerzas Armadas.

Corresponde aquí el análisis de aquellas que se refieran a las relaciones entre el Ejército y la Armada.

En esa inteligencia, conforme el Plan Ejército, las operaciones destinadas a la detención de distintas personalidades del quehacer nacional -incluido el PEN- debían cristalizarse de manera conjunta por las tres fuerzas -Armada, Fuerza Aérea y Ejército-(introducción citada, punto 1. B.1).

Dentro del anexo 3, Detención de Personas, y bajo el título de "instrucciones de coordinación", se establecía que, de acuerdo a las características de las zonas, los "equipos especiales" -encargados de cumplimentar las diligencias- podrían integrarse con efectivos de las otras fuerzas armadas, temperamento que en lo posible debía ser la norma, al amparo del concepto de operaciones conjuntas.

Empero, en algunos pasajes de cada reglamentación no se excluía la posibilidad de que las comisiones encargadas de la detención de personas se integraran exclusivamente con miembros de la fuerza que tuviera su base o asiento en un determinado ámbito territorial.

Así las cosas, el informe que precede a los anexos del Plan Ejército, al tratar las acciones de coordinación, alude al mantenimiento de las jurisdicciones establecidas en el Plan de Capacidades (MI) con las modificaciones allí consignadas, en tanto en el resto del país se establecían:

    "....Las que surjan de los acuerdos que se realicen con las otras FFAA, para las misiones impuestas por el presente plan...."

Esto no excluía que:

    "......a. En caso de que una fuerza requiera el empleo en su jurisdicción de efectivos de otra fuerza la responsabilidad del planeamiento y conducción de las operaciones será de las que ejerza el comando de la jurisdicción...."

De tal forma, no se excluía la actuación de otra fuerza que no fuera el Ejército en aquellos lugares en los que ésa fuerza tuvieran su asiento -no obstante la responsabilidad primaria reconocida a aquél en la lucha antisubversiva-.

En consonancia con ese dato, la normativa del Placintara 75, Plan de Capacidades de la Marina, Anexo D -jurisdicciones y acuerdos- punto 1.2.2 dejaba bajo la jurisdicción de la Armada -entre otras-:

    "...las Bases, establecimientos, cuarteles y edificios pertenecientes a la Armada u ocupados por ella y las zonas adyacentes que sean necesarias para su defensa, cuyas áreas serán delimitadas por el Comando General de la Armada, previo acuerdo con el Comando de la jurisdicción vecina."

Adviértase que en el marco de esta reglamentación, en concordancia con la normativa del plan Ejército, surgía del acápite "Instrucciones de Coordinación" "1. Coordinación entre FF.AA." que:

    "....1.4. En caso de que una Fuerza prevea para determinada situaciones requerir el empleo en su jurisdicción de efectivos de otras, la responsabilidad en la coordinación del planeamiento y conducción de las operaciones será de aquélla fuerza que ejerza el Comando de la jurisdicción. Esta tendrá el Control Operacional de los efectivos agregados, siendo la subordinación temporaria...."

Por ello, más allá de la tendencia de un actuar mancomunado, cada fuerza contaba con la posibilidad de accionar libremente dentro de su jurisdicción en el cumplimiento de la meta en común, en el caso, bien la toma del poder mediante la vía de hecho o la lucha contra la subversión (v. gr.: Plan Ejército Anexo 3, "Instrucciones de coordinación" apartado e; vide Placintara citado).

En efecto, la noticia de tal actuación mancomunada se extrae de diversos elementos documentales entre los que se pueden mencionar los informes remitidos por la ex-DIPBA.

Verbigracia, aquél que da cuenta de la detención de Margarita Ferré, sindicada como perteneciente a la OPM Montoneros, el 14 de junio de 1976, protagonizado por personal de la DIPBA y fuerzas del Ejército.

O el fechado el 28 de septiembre de 1976 en el cual se pone de relieve que a consecuencia de un operativo realizado por fuerzas de la policía provincial, ejército, marina y aeronáutica se secuestró documentación perteneciente a dicho organización política militar -Cfr. en ambos casos, documentación remitida por la Comisión Provincial por la Memoria, reservada en secretaría-

Pero ello no significó la ausencia de acciones independientes por cada una de fuerzas en su ámbito de jurisdicción y responsabilidad.

No perdemos de vista lo expresado por el Jefe de la Base Naval de Mar del Plata, Capitán de Navío Juan Carlos Malugani, en la declaración prestada en el año 1984 referente a que "desde principios hasta fines del año 1976 se desempeñó como comandante de la fuerza de submarinos con asiento en esta ciudad y a los fines de la guerra antisubversiva como comandante de la Fuerza de Tarea n 6 habiendo asimismo una dependencia funcional en la Subzona Militar 15 con asiento en el GADA 601 a la que se suministraba información de todo lo actuado, al igual que a la autoridad naval".

Sin embargo, como surge del tenor del propio relato y de conformidad al análisis conglobado de la normativa, a nuestro entender se trataba de una relación de coordinación necesaria para la obtención de un objetivo en común, que podía implicar, en los casos de operaciones conjuntas, una subordinación momentánea pero no absoluta como lo sugirieron las partes acusadores en sus alegatos.

Precisamente a ellas se refería la directiva antisubversiva COAR n I/75 "s" al establecer que "EL COMANDANTE DE OPERACIONES NAVALES mantendrá coordinación directa con los Comandantes de Zona de Defensa (Comandantes de Cuerpo de Ejército) y Los Comandantes de Fuerzas de Tareas mantendrán coordinación directa con los niveles equivalentes a Comandantes de Subzonas y/o Areas correspondientes." -ver punto 5 "Comando y comunicaciones"-.

Con ése alcance, es que entendemos debe ser comprendida la convocatoria realizada por el Jefe de la Subzona Militar 15 -a la cual concurrieron los representantes de todos los servicios de inteligencia- donde se evidencia la problemática surgida a partir de la superposición de órdenes por parte de los comandos naturales y la autoridad militar, dirimida por el Comandante del Primer Cuerpo del Ejército en el sentido que debía centralizarse la responsabilidad en la jefatura de la Subzona y con noticia a los responsables de cada fuerza.

En síntesis, con los elementos arrimados a la causa han quedado evidenciados ambos extremos. Por un lado, que la regla en todas las normativas consistía en la realización de operativos conjuntos y, por el otro, que la excepción -en la reglamentación pero no en los hechos aquí inspeccionados- era la materialización independiente del procedimiento por parte de una de las fuerzas armadas, precisamente, aquella que tenía jurisdicción sobre el lugar geográfico.

6. Organización de la Armada en Mar Del Plata: PLAN DE CAPACIDADES PLACINTARA

Probada la existencia de la subzona militar 15 y su relación con la Armada, corresponde describir la organización de la fuerza en su ámbito de competencia.

Para ello debemos recurrir a la reglamentación emitida por el Comandante de Operaciones Navales para implementar los recursos de la fuerza en la lucha contra la subversión.

En esa inteligencia, la primera resolución contribuyente a la orden 1/75 del Consejo de Defensa resultó la directiva antisubversiva n I/75 "s".

En sus aspectos más salientes, la pieza suscripta por el hoy extinto Almirante Emilio Eduardo Massera disponía que, para la ejecución de la operación asignada, la fuerza a su cargo debía conducir y ejecutar ofensivas contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y, fuera de ella, en apoyo de otras FF. AA. o, cuando fuere el caso, mediante acciones militares o de las fuerzas policiales y de seguridad -punto 3.a.1-.

También debía satisfacer con prioridad los requerimientos operacionales que le formulara la Fuerza Ejército a través de los enlaces regionales y proporcionarle apoyo de inteligencia a ese nivel para posibilitarle la conducción centralizada del esfuerzo de inteligencia -punto 3.a. 2 y 3-.

Y, en rasgos generales, las acciones debían tender a: 1) obtener una clara información sobre los elementos subversivos clandestinos en los diversos ambientes -políticos, administrativos, etc.-, 2) crear una situación de inestabilidad permanente en dichas organizaciones, 3) desalentar el apoyo que pudieran recibir de la población a su causa y 4) aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre ellas -punto 6-.

A su vez, como lo preveía la citada directiva en su punto 4, se promulgó el Plan de Capacidades PLACINTARA C.O.N. n 1 "s" 75 con la específica misión de "operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras FF. AA., detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del estado" -vide punto 2-.

En el anexo "d" se fijan las jurisdicciones de las tres fuerzas armadas sustancialmente en los siguientes términos:

    1) Ejercito: todo el territorio nacional, excluidas las áreas asignadas a la armada y fuerza aérea, y las dependencias que sean del ejército.

    2) Armada: los mares adyacentes y bases establecimientos, cuarteles pertenecientes a la armada u ocupados por ella y las zonas adyacentes que sean necesarias para su defensa y buques, etc.

    3) Fuerza Aérea: el espacio aéreo; las bases, establecimientos, cuarteles y dependencias que le pertenezcan u ocupadas por ella y las zonas adyacentes para su defensa; las aeronaves públicas y privadas argentinas y extranjeras en su jurisdicción; los aeropuertos y aeródromos públicos o privados, etc.

Como zonas de prioridad urbana para la LCS se indicaban las ciudades de Zarate, Ensenada, Berisso, Mar del Plata, Bahía Blanca, Punta Alta, Trelew y Rawson, quedando las policías federales y provinciales bajo control operacional del respectivo comando de fuerza de tareas -pag. b/9-.

Lo mismo ocurría con la Prefectura Naval Argentina y los efectivos que no estuvieran bajo control de la Fuerza de Tareas, quedaban bajo el del Comando del Ejército.

Para el cometido perseguido se organizó la estructura de la Armada en todo el país en 11 Fuerzas de Tareas con específicas misiones y áreas de interés, dividiéndose el curso de acción en dos fases sucesivas -ver cuerpo del plan y apéndice 1 al anexo "a" y anexo "b"-.

La primera de ellas - de vigencia permanente y en ejecución con la puesta en vigor del plan- comprendía la realización de operaciones defensivas para asegurar las instalaciones, material y personal de la institución y de acciones ofensivas para destruir al oponente subversivo que atacara a las instalaciones navales, se encuentre el enemigo dentro o fuera de los límites de las propias jurisdicciones.

Y la fase II -que incluía a la primera- consistía en la ejecución de operaciones ofensivas para destruir al oponente subversivo que actúe en las zonas de responsabilidad naval o en la zona donde se ordene.

Las Fuerzas de Tareas debían estar compuestas, conforme lo normado en el punto 2.3 del anexo "b", por:

    "2.3.1 Fuerzas organizadas y adiestradas para efectuar, cuando se ordene, operaciones terrestres ofensivas. Estas fuerzas estarán materializadas, en general por los efectivos para seguridad que asigna el B.N. "C" ni 27/74, los que cumplirán sus tareas normales de seguridad, mientras no se disponga lo contrario.

    2.3.2 Fuerzas organizadas y adiestradas para efectuar, cuando se ordene, tareas de seguridad. Los efectivos de estas fuerzas deberán ser, como mínimo iguales a los de seguridad que el B.N. "C" ni 27/74 asigna para los destinos de cada FF. TT. De tal manera que cuando las fuerzas indicadas en 2.3.1 sean destinadas a operaciones ofensivas, las fuerzas indicadas en 2.3.2 efectúen las de seguridad.".

7. LA FUERZA DE TAREAS 6

No obstante el carácter general de la publicación a la que hacemos mención, particularmente corresponde analizar la estructura de la Fuerza de Tareas 6 -o FUERTAR 6- por ser la unidad que tuvo actuación en el ámbito territorial donde ocurrieron los sucesos en infracción a la ley penal juzgados.

Su existencia se encuentra debidamente probada no sólo por las referencias que al respecto surgen de la reglamentación aludida, sino también por la contundencia de los diversos elementos probatorios adunados a la causa, extremo que ni siquiera fue cuestionado por las defensas.

Los legajos de conceptos de la gran mayoría de los imputados-sobre los que volveremos al tratar su responsabilidad penal- dan cuenta de las actividades que realizaron en el Estado Mayor de la Fuerza de Tareas 6.

En correlato con los elementos referenciados, en innumerables memorandos emanados de la Prefectura Naval Argentina existen noticias respecto de la actuación de miembros de la Fuerza de Tareas 6 en la Ciudad de Mar del Plata durante el año 1976.

Verbigracia, aquel que lleva el n 8499 IFI N 26 "ESyC"/76 determina como "asunto" el informar acerca del golpe proporcionado contra la organización Montoneros y la detención de sus principales responsables.

Sobre el punto refiere que "Los efectivos que aún continúan, a cargo de la Fuertar 6 con participación de personal de esta Sección; han permitido la detención de numerosas personas y secuestros de elementos y documentación de vital importancia, perteneciente a la organización aludida.".

En ese mismo sentido, de la documental identificada como 8499 IFI n 30 "Esc/976" de fecha 30 de septiembre se desprende que "...efectivos de la FUERTAR SEIS han mantenido un constante operar contra la subversión y en forma especial, hacia la OPM MONTONEROS, que ha permitido desbaratar todas sus estructuras en el llamado destacamento Tres, incautarse de importante documentación y detener a los principales responsables de los distintos ámbitos. A los ya mencionados Departamentos de Identificación, al de prensa y Propaganda y a todo el aparato político, debe sumarse ahora la Secretaría de Informaciones e inteligencia, allanada y desbaratada el día viernes 15 del corriente, que funcionaba a cargo de la miliciana (a) "YIYA "; dicha Secretaría contaba con valiosa información de las mas relevantes personalidades de ésta ciudad y de la zona, como así también un relevamiento de los principales centros industriales, de las guarniciones militares con asiento en esta ciudad, comisarías, medios de comunicaciones, asistenciales, etc., documentación que se encuentra en estudio y clasificación en la FUERTAR SEIS".

Lo propio surge del memorando 8499 IFI n 10 "S"/77, entre otros tantos incorporados a la causa y cuyo desarrollo se presenta como superabundante frente a la contundencia de la prueba detallada en este acápite -ver documentación remitida por la Comisión Provincial por la Memoria reservada en secretaría-.

Entonces, acreditada su existencia no sólo por las disposiciones normativas vigentes a la época sino por su efectivo funcionamiento como dan cuenta las evidencias reproducidas precedentemente, ella se encontraba constituida por la Fuerza Submarinos, Agrupación de Buzos Tácticos, Agrupación de Comandos Anfibios, Escuela de Submarinos, Escuela Antisubmarina, Escuela de Buceo, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Prefectura de Mar del Plata, Prefectura de Quequén, Subprefectura de General Lavalle y dependencias con asiento en Mar del Plata y Zonas de Influencia. -ver pagina 4 del plan de capacidades-.

En el apéndice al anexo "a" se fijan las áreas de interés primarias y secundarias, como así también las fuerzas de tareas responsables de cada una y las divisiones de inteligencia que intervendrían.

A la FUERTAR n 6 correspondía la ciudad de Mar del Plata como área de interés primaria y las ciudades de Necochea y Azul como secundarias. A su vez, como "agencias de colección" se encontraba la división contrainteligencia de la Base Naval de Mar del Plata y como secciones o divisiones de inteligencia de otras unidades que se subordinen, funcionaban la división de contrainteligencia ARAZ y las secciones de inteligencia de la PNA de M.d.P. y Necochea.

Para el logro del cometido propuesto le correspondía, entre otras, la ejecución de las siguientes operaciones: movilización; administración y control del personal detenido; organización de la justicia especial para las operaciones; adoctrinamiento del personal propio; captación de la opinión pública externa; inteligencia sobre el oponente interno; empleo de la propaganda y el rumor; contrainfiltración; contraespionaje; contrasabotaje; contrasubversión, acciones secretas ofensivas; seguridad, control y rechazo en instalaciones y personal propios; protección de objetivos; control de la población; bloqueos de puertos en zona de interés; incursiones y ataques navales; respuestas a acciones sorpresivas del oponente subversivo; represión; conquista y ocupación de zonas y objetivos; ataque terrestre a las fuerzas regulares e irregulares del oponente subversivo; control del tránsito marítimo, fluvial y terrestre en zonas de interés; sostén logístico naval, aeronaval y terrestre; transporte marítimo, aéreo terrestres y fluvial y requisición -ver PLACINTARA, punto f del cuerpo del plan-.

Desarrollaremos a continuación -sin perjuicio de las específicas menciones que se efectúen en el desarrollo de la sentencia- aquellas que revisten mayor importancia por ajustarse, en sus aspectos esenciales, a las maniobras juzgadas y que tuvieron como protagonistas a integrantes de la Marina.

En esa inteligencia, la acción de represión podía estar a cargo de las fuerzas policiales o militares según el caso -diferenciándose el nivel de actuación conforme la ineficacia que revelara la primera de ellas y la violencia que caracterizaba la actuación de las fuerzas armadas- y tenía como objetivo anular cualquier tipo de conmoción interior.

Debía ser ordenada por el Comandante de Operaciones Navales o el Comandante de la Fuerza de Tareas en caso de urgencia y estaba precedida por una advertencia a la población con miras a la disuasión -punto 11, anexo c-.

Sin duda, las más importantes se referían a la conquista y ocupación de zonas y objetivos y al ataque a las fuerzas regulares e irregulares del oponente subversivo -puntos 12 y 13 del anexo c-.

Por la claridad que expresa su articulado, procederemos a su textual transcripción.

    "12. Conquista y ocupación de zonas y objetivos.

    Consistirá en operaciones ofensivas terrestres de carácter limitado, tendientes a la ocupación de zonas y/u objetivos, ya sea para ser utilizados por fuerzas propias o para negárselos al oponente subversivo. De acuerdo con la situación, implicará desde la ocupación de la zonas y/u objetivos ocupados sin oposición, hasta el empeñamiento de las fuerzas necesarias para desalojar o destruir al oponente subversivo mediante el ataque terrestre con apoyo aeronaval y eventualmente naval, y el posterior control de la población y protección de los objetivos.

    13. Ataque a las fuerzas regulares e irregulares del oponente subversivo.

    Esta acción constituye la fase culminante y decisiva para lograr la destrucción del oponente subversivo.

    Su ejecución será necesariamente coordinada en tiempo y lugar con otras fuerzas amigas, y conducida centralizadamente por este Comando.

    Abarcará todos los tipos de operaciones ofensivas contra fuerzas regulares e irregulares del oponente subversivo, y exigirá el empleo integral del poder naval apto para su empleo en operaciones terrestre.

    En los casos en que el oponente subversivo incite a la participación de grupos de la población en acciones que afecten las operaciones de las fuerzas propias, también quedará implícita en esta acción la represión de la población que participe en dicho hechos.

    13.1. Las acciones ofensivas contra fuerzas regulares consistirá en la maniobra para ocupar posiciones relativas favorables sobre aquellas, su posterior ataque y explotación del éxito obtenido, hasta lograr el total aniquilamiento del poder combativo del oponente.

    13.2. Las acciones ofensivas contra fuerzas irregulares consistirá en la localización de las mismas, la búsqueda y mantenimiento del contacto con dichas fuerzas, y el ataque continuo hasta su eliminación total.

    Las acciones precedentes (punto 12 y 13) no podrán separarse nunca con nitidez, debiendo estar en condiciones de afrontar simultáneamente ambos tipos de lucha.

    En todos los casos, el combate no cesará hasta el total y definitivo aniquilamiento del oponente subversivo."-el destacado nos pertenece-.

Bajo esas directrices, el ejercicio consistente en el "control de población" se refería a la implementación de efectivos policiales bajo control operacional o de fuerzas militares actuando en forma separada o conjunta para realizar actividades de investigación y detención de elementos subversivos, bloqueos de calles, control de vehículos y zonas, entre otras, adoptando como modalidad específica de esa acción estratégica, las operaciones de hostigamiento. -ver punto 4 del anexo c-.

Las instrucciones para su ejecución, se encuentran plasmadas metódicamente en el apéndice 3 al anexo "c".

Su propósito consistía en localizar e investigar las personas que participan en la subversión interna, el terrorismo y delitos conexos o que tengan vinculación con los mismos, mediante la localización del armamento, propaganda y documentos de importancia y la obtención de inteligencia.

Ésta última asumía un rol esencial, debiendo ser lo más completa posible para evitar que se malogre la operación y se produzcan efectos negativos en la población.

Los allanamientos que componía la operación debían realizarse utilizando patrullas cuyas integraciones variarían según el caso y, preferentemente, en las primeras horas del día.

La patrulla tipo, debía estar compuesta por un Jefe, un segundo Jefe, una fracción de choque de cuatro hombres, una fracción de seguridad de ocho hombres y dos más como personal policial o de seguridad.

Debían transportarse en vehículos rápidos y portando megáfonos y equipos radioeléctricos, como así también granadas de guerra y de gases lacrimógenos.

Específicamente respecto al procedimiento, prescribía que sea efectuado por las fuerzas policiales, obrando los efectivos militares como apoyo, y una vez asegurado el lugar y detenidos sus ocupantes, proceder a la requisa del domicilio por intermedio de la fracción de choque.

Su actuación debía ceñirse al registro de sótanos, baldosas flojas en habitaciones, cajones, coches, entre otros sitios y siempre en busca de libros y publicaciones "comunistas y extremistas", de documentos de identidad verdaderos o falsos, sellos de organizaciones subversivas, armas, municiones, correspondencia, etc. -cfr. punto 2.6.10 y 2.6.11 del anexo c-.

En cuanto a los aprehendidos, correspondía su momentánea identificación y labrado del acta pertinente, evitando su interrogatorio en presencia de vecinos y asegurando su incomunicación en todo momento.

Luego de su traslado a las dependencias militares, daba comienzo la "investigación militar", etapa que comprendía el interrogatorio, el análisis del material capturado, la identificación fehaciente de los detenidos, registro dactiloscópico y la obtención de fotografías.

Y como consecuencia del resultado que arrojara, correspondía a cada detenido un diverso tratamiento: a) si el delito o presunto delito era de competencia penal, debía ponerse al detenido a disposición de la justicia; b) si era de competencia militar, debía ponerse al detenido a disposición de los tribunales militares correspondientes; c) cuando no existieran pruebas, pero por antecedentes e inteligencia resultare conveniente, debían ponerse a disposición del PEN y d) cuando resulte que no existió causa que justifique su detención, correspondía su puesta en libertad -cfr. PLACINTARA, apéndice 1 al anexo f, punto 2.6-.

IV. CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN: características generales

El plan criminal descripto incluía necesariamente dentro de sus eslabones aquél que les permitiese a los encargados de ejecutarlo una indemnidad al momento de interrogar bajo tormentos a quienes eran detenidos en los procedimientos que los sindicaban como "blancos" afines a la ideología subversiva con el objeto de obtener información.

Sin duda, el elemento tristemente "novedoso" -en el peor de los sentidos- de la sistemática represión que sumergió en sombras a nuestro país durante esa época respecto de otras dictaduras instaladas anteriormente en otras naciones, lo constituyó la clandestinidad que procuraron sus mentores para alcanzar el siniestro cometido.

Esa condición, dentro de toda la mecánica ilegal empleada por las fuerzas armadas, asumió diversas manifestaciones.

El catálogo abarca desde el modo en el cual se realizaban los procedimientos -nocturnidad, con capuchas o pelucas para impedir la identificación de los captores, etc.-, pasando por la negación de las autoridades militares a los familiares acerca del destino de sus seres queridos, hasta llegar al ocultamiento a las autoridades judiciales acerca de la detención de las personas, entre otras tantas.

Particularmente, corresponde tratar en este capítulo de la sentencia aquél que se vincula con los Centros Clandestinos de Detención utilizados durante los años 1976/1983.

En ese sentido, constituyeron una pieza fundamental de la mecánica represiva pues allí se desarrollaba el segundo eslabón del periplo que debían padecer los secuestrados y su desarrollo tendría incidencia vital en la suerte que correrían sus vidas. Allí principiaba su desaparición, que podía asumir carácter transitorio en caso que luego fueran "blanqueados" mediante la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o permanente, como ocurre en la actualidad, al desconocer el paradero de gran cantidad de personas que fueron ilegalmente cautivas.

Dichos ámbitos físicos los constituyeron las dependencias de las distintas fuerzas militares y de seguridad que fueron destinados ex profeso por quienes tenían jurisdicción sobre ellos, caracterizados en su mayoría por la dualidad de aparentar legalidad y normalidad en los procederes que allí se efectuaban, encubriendo, de tal modo, la faceta patentizada por la nota de clandestinidad que supuso la ilegal detención de quienes fueron allí alojados.

Esa modalidad suponía obrar sobre seguro, por cuanto el desconocimiento y la negación a las autoridades que debían velar por la legalidad de la detención de los prisioneros, cuando se arbitraban los mecanismos constitucionales establecidos al efecto -hábeas corpus- imposibilitaban cualquier forma de control, dejando a merced de la voluntad del verdugo de turno la suerte de las personas allí alojadas.

Sobre este aspecto la Comisión Interamericana expresó en el informe citado precedentemente que "De acuerdo con los testimonios recibidos, sólo una mínima parte de los aprehendidos fueron durante esta etapa regularizados, es decir, sometidos a proceso o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, generalmente, se les trasladó a lugares clandestinos de reclusión. Durante su observación in loco, la CIDH entrevistó en las cárceles a algunas personas que afirmaron haber padecido esta situación, quienes manifestaron haber estado recluidos, en lugares que no pudieron identificar, con personas que actualmente figuran como desaparecidas." ver informe de CIDH, la negrita nos pertenece).

Su implementación, bajo el eufemismo de llamarlos "Lugares de Reunión de Detenidos", estaba prevista en la mayoría de las instrucciones castrenses dictadas en forma previa, concomitante y posterior a la instauración del régimen de facto.

En ese sentido, el citado Plan Ejército, en el anexo 3 punto d, establecía que "Cada Cte. establecerá en su jurisdicción lugares de alojamiento de detenidos, debiendo hacerlo sobre las siguientes bases: A) las personas de significativo grado de peligrosidad serán alojadas en Unidades Penitenciarias de la jurisdicción. B) el resto de las personas serán alojadas en dependencias militares y agrupadas según el trato que cada Cte. Cuerpo e II MM estime se le debe dar al detenido.".

Por su parte, ya en el ámbito de la Armada, el Placintara disponía que los detenidos debían permanecer en jurisdicción militar el tiempo mínimo necesario para la obtención de inteligencia y que si la situación no aconsejaba su concentración en comisarías ni en la jurisdicción militar de la zona urbana, se habilitarían locales en lugares retirados que permitieran el cumplimiento de la etapa de investigación militar -ver apéndice 1 al anexo f, puntos 2.4.1 y 2.4.4-.

Claro está que, al igual que ocurrió en la mayoría de las disposiciones incorporadas en los documentos redactados por las autoridades militares, sólo establecieron un paraguas de formalidad legal que en los hechos no fue tal sino, precisamente, todo lo contrario.

Las instalaciones de la Base Naval de esta ciudad -como se verá al detallar los testimonios rendidos en el debate y demás medidas probatorias producidas, tanto aquí como en la materialidad ilícita de los casos traídos a juicio- fueron privilegiados testigos de privaciones de la libertad con imposición de tratos vejatorios en sus más insospechadas formas, aplicados en ocasión de los interrogatorios practicados y con el designio de obtener información para luego transformarla en inteligencia "de combate".

Cabe reparar que, en esa tarea, las autoridades militares no trepidaron en medios a su alcance para llevar a límites insoportables el desprecio por la vida humana, por cuanto no fueron ajenos a la estadía en ese centro clandestino de detención, procedimientos lacerantes de los valores más elementales inherentes a los individuos.

La cosificación -otorgándoles números a los detenidos en lugar de llamarlos por sus circunstancias personales-, la tortura física y psíquica de la que eran objeto, la incertidumbre acerca del destino que correrían sus vidas, las precarias y humillantes condiciones de alojamiento, el apartamiento de sus seres queridos y el ocultamiento a éstos acerca de su paradero en ocasión de contestar los requerimientos que les eran cursados fueron, entre tantas otras, las inhumanas condiciones que reinaron en los denominados "Lugares de Reunión de Detenidos" o "LRD" a lo largo del territorio del país.

Acerca de este extremo, los miembros de la CONADEP expresaron que "Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier ser humano. Por que ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado". (informe CONADEP, pág. 60).

1. Base Naval de Mar del Plata

Retomando el discurso, quedó probado con los elementos vertidos en el juicio oral celebrado en la causa que, dentro de la denominada Subzona Militar 15, la Base Naval de Mar del Plata cumplió ese nefasto rol.

Ese extremo, que no ha sido cuestionado ni siquiera por las defensas de los encausados, se encuentra avalado por las plurales evidencias incorporadas al debate que nos despejan cualquier resquicio de duda al respecto y que a continuación corresponde detallar.

En primer lugar, es del caso recordar que ello se encuentra acreditado en la sentencia pronunciada en la denominada "causa 13".

En aquella oportunidad, los Magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, al enumerar los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita y dependencia de la Armada, se refirieron a ella en los siguientes términos: "2) BASE NAVAL MAR DEL PLATA Dependiente de la Armada, se halla probado que la misma fue utilizada como centro clandestino de detención.

Deben mencionarse en primer lugar los dichos de Roberto Frigerio y Antonieta Contessi de Frigerio, quienes en la audiencia expresaron que fueron a la base a fin de obtener noticias sobre su hija Rosa Ana Frigerio, logrando contactarse con el Teniente Auditor Gullo y el Capitán Bertuccio, que les informaron que la misma se encontraba detenida en esa unidad, lo que es avalado por el informe glosado a fs. 13 del recurso de habeas corpus N 767 del Juzgado Federal de Mar del Plata, en el que el Capitán de Navio Juan José Lombardo afirma que Rosa Ana Frigerio se hallaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, dichos testigos agregan que mantuvieron una entrevista posterior con los aludidos Lombardo y Bertuccio, en la que ratificaron la anterior información, hallándose acreditada dicha entrevista por la copia de la citación obrante a fs. 18 de la causa mencionada.

Idéntico caso fue el de Fernando Francisco Yudy, quien permaneció en cautiverio en el sitio en cuestión, extremo que se encuentra probado por los dichos de su madre Ilda Ana Daseville de Larrain, quien ante el Tribunal dijo haber concurrido a la Base donde un segundo Jefe de apellido Ortiz le explicó que su hijo se hallaba detenido allí, a lo que debe agregarse las cartas cuyas copias obran a fs. 143 y 145 del expediente n 930 del Juzgado Federal N 1 de Mar del Plata, firmado por el Comandante Juan Carlos Malugani y por el Capitán de Navio Juan José Lombardo, en las que se aclara que Yudy se encontraba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por hallarse incurso en actividades subversivas.

Finalmente, se cuenta con los reconocimientos practicados en el lugar, con intervención de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, por Gabriel Della Valle, Alberto Jorge Pellegrini, Alfredo Nicolás Battaglia, Irma Delfina Molinari, Rafael Alfredo Molinas, y María Susana Barciuti, quienes realizaron los dos croquis y se hallaron presentes durante la obtención de las cuarenta y dos fotografías en las que se aprecia el lugar, todo lo cual se halla fotocopiado en el anexo N 16 que corre por cuerda al presente."-fallos 309, tomo I, págs. 195/6.-

Otro elemento que da cuenta del funcionamiento de la Base Naval como centro clandestino de detención se extrae del informe confeccionado por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas citado anteriormente -informe CONADEP, pág. 90/91- en tanto se refiere a ella en los siguientes términos "Base Naval Mar del Plata (LRD). Ubicación: Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Descripción: Las personas secuestradas eran alojadas en su mayoría en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos en las dependencias correspondientes a la actual Armería, Adiestramiento y otras oficinas de uso no determinado. El edificio de la Agrupación es de planta baja y primer piso, ubicado casi sobre la playa".

A ello se suma como elemento probatorio, los reconocimientos oculares realizados en las dependencias de la Base Naval, por el juzgado instructor de Mar del Plata, junto con los testigos Hoffman y Nicuez (ver. Fs 1510/11 y 1565/vta.), las fotografías de las instalaciones tomadas en la Base Naval (agregadas a fs. 1539/60 y 1581/4), la inspección ocular realizada por la CONADEP, el 28 de junio de 1984 (fs. 1733/1830) y las inspecciones judiciales llevadas a cabo por este tribunal, el 17 y 18 de agosto de 2011, tanto en las instalaciones de la Base Naval de Mar del Plata, como en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y Prefectura Naval Argentina -lugares destinados a los mismos fines durante la lucha contra la subversión, que operaban bajo la dependencia de la Armada-

Plurales también han sido los testimonios incorporados por lectura, en algunos casos y reproducidos en la audiencia de debate, que dan cuenta de la presencia de detenidos en las instalaciones de la Base Naval de esta ciudad.

Asimismo, conforme a lo normado en los artículos 356 y 357 del Código Procesal Penal de la Nación, este tribunal admitió la producción y recepción de diversos testimonios como prueba anticipada, ofrecidos en el marco de la causa n 2286, a fin de evitar la evenual re-victimización de testigos -víctimas sobrevientes o familiares directos- comunes con el presente proceso.

Respecto a la existencia de detenidos en la Base se pronunció Miguel Ángel Mittidieri, en su declaración, habiéndose dispuesto su incorporación por lectura (art. 392 del C.P.P.N.) Refirió que fue convocado para hacer el servicio militar por la Marina, primero reclutado en el Centro de Formación para Conscriptos de la Base Naval de Puerto Belgrano, el 25 de febrero de 1975 y dado de baja el 21 de mayo de 1976. En Puerto Belgrano permaneció un mes y medio y fue trasladado a la Base Naval Mar del Plata cumpliendo funciones en la División Comunicaciones, Sección Tercera, como Operador Radio teletipista.

Expresó que el 24 de marzo de 1976 el panorama había cambiado en la Base cuando volvió de efectuar una diligencia encomendada por el Capitán Ortiz. El cuerpo de marinería e infantería había sido trasladado a Miramar y Balcarce y se había traído gente de Puerto Belgrano. Se vivía un clima de guerra, personal con armas, con cascos, etc., se había declarado el acuartelamiento -que cree duró una semana- y no entraba ni salía nadie de la unidad militar.

Durante el primer día de esa semana, esto es el 24 de marzo a la noche, cumplía funciones en el cuarto piso del edificio de la Base Naval Mar del Plata - sede de la División Comunicaciones - desde el cual se escuchaban claramente los disparos que provenían del puerto.

Al día siguiente, mientras hacía la cola con todos los conscriptos para desayunar al lado del comedor, observó que debajo de un pino muy grande existía había una gran cantidad de personas maniatadas, muchas de ellas a medio vestir, descalzas, en pijamas, sentadas y arrodilladas en el pasto.

Fue en ese instante cuando un oficial o suboficial le requirió que "paseara" a un preso o detenido por el patio principal porque estaba acalambrado.

Expresó que la persona estaba maniatada y tenía en la cabeza puesto lo que en la jerga denominaban "bolso naval" - bolso azul que se llevaba para accesorios personales- de manera tal que no podía observar el sitio en el que estaba, y le preguntó donde se encontraba, a lo cual guardó silencio porque la consigna era que no hablaran, ya que si se trataba de "extremistas" podían identificarlos y tomar represalias para con ellos o sus familiares.

Dijo también que en los días subsiguientes pudo observar que se seguía con las personas detenidas, en menor cantidad, pero siempre bajo ese famoso pino. No recordó si estaban encapuchadas o no, pero sí que estaban maniatadas y que estuvieron en paños menores muchos de ellos puesto que eran todos hombres y no había mujeres.

Respecto del primer día -24 de marzo- relató que había más de cien personas todas amontonadas, el segundo día menos y así sucesivamente hasta que después no pudo saber qué pasó con esas personas por ser un simple conscripto sin acceso a esa información.

No supo quien estaba a cargo de esas personas abajo del árbol, ni recordó quien era el Jefe de la Base.

Sí ubicó al Capitán de Fragata Ortiz como Segundo Jefe, recordando su oficina dentro de un pasillo muy largo que era en el edificio principal de la Base. Había que transitar un camino largo para llegar y desde ahí no se veía el pino con los detenidos. Para salir de esa oficina no era necesario pasar por delante del pino debido a que tenía dos salidas, una principal a la Base y otra accesoria, y en ninguna de las dos era necesario efectuar ese trayecto.

Durante esa primera semana, como se quedaba a pernoctar en la Base, salía al balcón que había en el cuarto piso de la unidad donde prestaba servicios. Allí pudo observar en una, dos o tres oportunidades que, por la noche, había personas que eran subidas a dos ómnibus pintados de verde que prestaban servicio en la Base sin saber su destino.

Expresó que, en esa época, aparecieron muchas personas extrañas de civil, no conocidas por el dicente y que se movían ampliamente dentro de la misma, pudiendo afirmar que ninguno de los oficiales o suboficiales con los cuales se relacionaba estaban en esas comisiones.

Nunca observó un polígono de arma corta y a él lo llevaron en una oportunidad para que practicara obligatoriamente en el ESIM. Adujo la existencia de calabozos donde se alojaban los conscriptos castigados, no pudiendo observar allí personas detenidas.

A su turno se escuchó en el debate al Sr. Américo Omar Marocchi, quien efectúo un pormenorizado relato de la situación vivida por su hijo Omar Alejandro.

En efecto, el nombrado refirió que su hijo vino a esta ciudad en el año 1976 a estudiar la carrera de arquitectura y la última vez que estuvieron con él junto a su señora fue el día 5 de septiembre de ese año. El 21 de septiembre regresó a Mar del Plata con su esposa para convencerlo de que se fuera al exterior, y en esa oportunidad se enteró por los dichos de la propietaria del inmueble que alquilaban, la Sra. Petrone, que a su hijo y su compañera se los habían llevado los militares el 18 de septiembre aproximadamente a las 18:15 o 18:30, aduciendo que eran "subversivos".

A través de un contacto en la Base Aérea de Tandil, lograron contactarse con el Comodoro Agustoni, pasaron a su despacho y Agustoni se encontraba en compañía de un primer teniente Cerrutti, jefe de inteligencia de la Unidad. Comenzaron a conversar de una forma tranquila, le narró lo que había acontecido y su esposa le manifestó que a su hijo se lo habían llevado el 18 de septiembre en compañía de Susana Valor; inmediatamente Cerrutti pegó un salto y dijo "disculpe Señor Comodoro, me tengo que retirar", le conversó el oído y se retiró mientras ellos se quedaron con Agustoni, quien los autorizó a llevarse las cosas de la casa que habitaba su hijo.

El día 23, en horas de la mañana, pasaron por el domicilio donde residía su hijo y la Sra. de Petrone le comentó que el día anterior habían estado los militares y se llevaron todas las cosas, las que se repartían como buitres. De inmediato se dirigió a la Base Aérea y le comunicó al Comodoro Agustoni lo acontecido y el teniente Cerrutti le expresó "yo diría que lo fuera a ver al Teniente Falcké" que era del Servicio de Inteligencia de la Marina.

Se presentaron en la Base Naval, y se anunciaron en la entrada, que venían a ver al Teniente Falcke de parte del Teniente Cerruti. Entraron con el coche y se presentó una persona diciendo que era el Teniente Falcke; Marocchi dijo que era oficial superior de la Fuerza Aérea y le contestó que lo estaba esperando. Su señora estaba nerviosa, le dio una foto de su hijo y empezaron a conversar.

A él se acercó un oficial que le dijo "señor puede pasar a una sala" y lo condujo a un cuarto iluminado como si fuese un estrado con fotos. Lo dejaron solo y recorrió el lugar en forma tranquila, controló que no estaba ni su hijo ni Susana entre las fotos y salió del lugar. Una vez afuera el oficial que lo había acompañado le preguntó por qué habían ido allí, a lo que contestó que fueron porque de la Base Aérea el primer teniente Cerrutti le dijo que lo viniera a ver a ellos ya que habían hecho el operativo, ante lo cual su interlocutor no le contestó nada.

Se acercó a su mujer, quien estaba prácticamente discutiendo con Falcke, diciéndole que se habían llevado a su hijo y éste no respondía nada.

Luego de ello venían dos veces por semana a la Base a verlos a Cerrutti y Agustoni y también fueron a verlo a Barda, que era Jefe de la Subzona 15 del Ejército. Barda los atendió perfectamente, sería a fines de septiembre, y lo empiezan a ver en forma continua a todos. Conversaba primero con Cerrutti y a veces no había necesidad de verlo a Agustoni. Cerrutti conversaba en forma particular con el dicente y le prometía que en seis meses o más tardar un año entregarían a su hijo.

Pasado el tiempo, el trato que tenían con Barda cambió porque habían matado un oficial de apellido Tolosa frente a una confitería por la estación de ferrocarril. No era el Barda que le había manifestado en una oportunidad que le iba a entregar al hijo. Ahora, le decía a su mujer que "estos chicos no cambian de idea".

En una de las visitas a principios del año 1977, cuando entran a ver a Barda, salió y se sorprendió: Falcke salía de su despacho, le dijeron "Buen día" y siguió sin decirles ninguna palabra.

En una ocasión se le acercó un señor de apellido Abrano y le dijo "Señor Marocchi, le tengo que dar una noticia, a su hijo y a Susana los han matado", le preguntó de dónde sacó eso, y le contestó que dos médicos del Ejército se lo habían dicho; a los dos años este señor falleció, quiso saber quiénes eran los médicos pero no se lo dijo.

Todos apuntaban directamente que había sido la marina la que protagonizó el procedimiento de detención de su hijo: por la descripción que habían hecho los vecinos era fácil reconocerlo a Falcke: el camperón, la mediana estatura, los bigotes, no tenía tanto cabellos, cuando lo vieron dijeron "ésta es la persona", y no es casualidad que de la Base Aérea lo habían mandado a hablar con esa persona y nadie se lo negó tampoco.

Su señora un día le dirigió una nota el Jefe de la Base Naval, que en ese momento era el capitán de navío Malugani, comentándole lo acontecido, que a su hijo se lo habían llevado las fuerzas conjuntas que eran de la marina y éste le contestó que efectivamente ellos habían hecho el segundo procedimiento, es decir, retirar las cosas del domicilio para que no fueran usadas por otros "subversivos" y estaban reconociendo, que si los vecinos y dueños de casa dijeron que la misma persona era en los dos procedimientos, lógicamente fue la marina.

Estaba convencido que le iban a devolver a su hijo ya que Cerrutti y Barda reconocían que estaba detenido pero nunca le dijeron donde, nunca tuvieron noticias.

El funcionamiento de las dependencias de la Base Naval de Mar del Plata como centro clandestino de detención, también fue corroborado con los testimonios recibidos durante la audiencia de debate de la presente causa.

Convocado a prestar declaración en el debate Luis María Muñoz, refirió que ingresó en febrero de 1975 como conscripto en la Marina para hacer el servicio militar obligatorio, pasando por distintos destinos hasta que fue designado para cumplir funciones en la Base Naval de Mar del Plata, ingresando como furrier en el departamento de arsenal, en el mes de abril y hasta mediados de junio, fecha en la que se fue de baja.

El 24 de marzo de 1976, a las 2 o las 4 de la mañana, le dijeron que se debía presentar en la Base a las 6 de mañana. Cuando llegó, la Base estaba bastante vacía ya que en aquél momento la Marina se hizo cargo de todos los municipios costeros -habían mandado tropas a Miramar, Necochea y Villa Gesell-.

Memoró, sobre este punto, que las fuerzas armadas habían tomado los camiones de Gas del Estado, Luz y Fuerza y Entel para hacer los traslados de personal y que éstos se identificaban cada dos horas, modificándose su individualización para saber que los camiones pertenecían a las fuerzas de seguridad. En las guardias externas estaban todas las identificaciones de los camiones y así salían las unidades cargadas de conscriptos para un lado y para otro.

Cuando llegó a la guardia externa de la Base se entrevistó con el Oficial de Servicio y, al no tener un área asignada allí -por depender de la oficina de reclutamiento-, éste lo mandó en una comisión con una ambulancia, a la calle Rawson entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, no recordando específicamente cual fue su misión allí.

Ese mismo día, el oficial de servicio le entregó un casco, un FAL y dos cargadores, lo subieron a un camión y fueron a la LU9 que estaba en la casa del puente a secuestrar los equipos de radio; luego regresaron a la Base.

Una vez aquí, el oficial de guardia le dijo que buscara ubicación y, como el dicente tenía unos compañeros que trabajaban en las calderas, se instaló allí, debiendo reportarse todos los días con el oficial de servicio.

Al no contar con una ubicación física en la Base, se desplazaba con libertad por muchos lugares.

Pudo observar los entrenamientos que se realizaban en la playa de la Base; los comandos anfibios se ejercitaban en una playa ubicada entre la escollera y el casino de oficiales. Recordó que vinieron dos helicópteros para hacer las prácticas y el personal se tiraba al mar con equipos de hombre rana, después los levantaba una lancha y finalizaba el adiestramiento colocando explosivos en la arena.

Expresó que entrando al edificio principal de la Base, estaba el hall de distribución, después el comedor, a la izquierda había un pasillo que daba adonde se ubicaban las oficinas de los jefes, donde el dicente tenía su oficina tiempo antes, cuando era asistente del Capitán Martínez y una puerta tapada con papel, donde se encontraban los detenidos.

De allí sacaban gente al baño con las manos atadas, encapuchados, los hacían dar vueltas y refiere que en una ocasión que entró a limpiar, abrió la puerta y vio mucha gente, no pudiendo precisar si entre ellas había mujeres, pero si hombres. Estaban tirados en el suelo de manera transversal a la pared, boca abajo, encapuchados y con las manos atrás.

Manifestó que cuando entró al lugar con el escobillón había dos suboficiales y uno de ellos le preguntó que hacía ahí, a lo que respondió que iba a limpiar, y le contestaron que se retirara del lugar.

Expresó también que los jefes tenían la oficina en un pasillo y los detenidos se encontraban -desde ese lugar- a una distancia de aproximadamente cinco metros.

Se pronunció acerca de la existencia de dos calabozos donde también había presos: una vez pasó por la puerta para ir a la despensa y en una sola celda había tres o cuatro muchachos a cara descubierta; uno le gritó "che colimba tráenos algo para comer que tenemos hambre".

Prosiguió su relato con la referencia a otro episodio que le tocó vivir en la semana del 24 de marzo de 1976: una noche como a las 2 de la mañana le ordenan que esperara que viniera un camión con prisioneros que había que recibir. Llegó el camión, lo pusieron de culata y empezaron a bajar gente. Entre ellas se encontraban dos mujeres en camisón, una de cabello rubio con un bebé en brazos, otra morocha medio petisita, las dos eran jóvenes no tenían más de 30 años. Había una niña rubiecita, de 4 o 5 años con un camisón blanco que se metía el dedo en la boca y se puso a su lado. Después vino un soldado, la agarró y la llevó junto con las mujeres.

El resto de los civiles que descendieron del camión estaban todos encapuchados y los hombres en pijama, calzoncillos o musculosa, se encontraban cerca del pino, los mareaban y los metían en el lugar asignado para los detenidos, al que hizo referencia en el transcurso de su deposición.

Expresó que en algunas ocasiones, encontrándose en el sector de las calderas, venía gente de uniforme diciéndole que habían llegado de hacer "operativos" y que prendiera la caldera. Dentro de ese grupo siempre iban un soldado de uniforme verde y un oficial mayor - le decían "Montgomery"- que portaba generalmente una ametralladora y estaba a cargo del personal que componía la comisión.

A esa misma gente, cuando se fue de baja, los vio haciendo un operativo en las calles Independencia entre Gascón y Falucho, al lado del San Vicente. Refirió que nunca los observó de civil, con excepción del Teniente Carrilaf, al cual veía seguido y andaba sin uniforme por la Base.

Recordó que otra noche lo despertaron y lo mandaron a la enfermería para cuidar un prisionero: era un hombre morocho, de pelo corto, tenía tela adhesiva en los ojos y estaba vendado, con el torso desnudo, estaba herido y se encontraba fajado en el estómago. En una breve conversación le manifestó que tenía frío, razón por la cual lo tapó con una frazada, pero instantes después llegó un teniente -que era oficial de servicio- y le cuestionó su comportamiento, aduciendo que si él estuviera detenido esa persona no hubiera tenido ningún tipo de contemplación.

Tiempo después se enteró, a través del "Juicio por la Verdad", que ese hombre -de quien no logró conocer su identidad- había sido intervenido quirúrgicamente en el hospital y personal de la Armada lo había llevado a la Base.

No conoció al imputado Pertusio, pero si a Guiñazú, y con relación a Ortiz, sostuvo que creía que era el jefe de operaciones y se lo cruzó muchas veces por la Base, aunque no tenía trato con él; recordó que el día del golpe de estado estaba en la guardia y Ortiz, junto con otros oficiales, bajaban la escalera pudiendo escuchar, de boca del nombrado, que "los primeros pasos se dieron bien".

Como conscripto no tenía contacto con los prisioneros -a excepción de los sucesos relatados-, no le dieron instrucciones respecto a como comportarse con los detenidos y no lo llevaban a los operativos pues los que participaban de esa tarea pertenecían a los comandos anfibios.

Vio que había camiones tradicionales verdes, algunos eran de la Base Naval identificados con el "ancla", otros no tenían identificación de la marina, con lonas en la parte trasera, también colectivos verdes con la inscripción "ARA" que iban y venían de la Infantería. Además de estos vehículos, vio que entraban los jeep o los falcon de Prefectura, con su respectiva identificación.

Con relación a la vestimenta, refirió que los que salían de tropa usaban uniforme de combate verde, como los de comandos anfibios, mientras que él usaba la vestimenta gris y el gabán azul.

Refirió que Buzos Tácticos estaba al costado del edificio principal, era un galpón verde que se veía desde la entrada. Respecto de la vegetación, sobre la derecha del edificio central había una hilera de árboles frondosos y hacia la izquierda, una cancha de fútbol.

La enfermería estaba ubicada en la parte de atrás donde estaban los submarinos, tenía dos entradas, buzos tácticos a la derecha y si no por la entrada principal que daba a donde estaban los submarinos.

Lo único que recordó que estuviera en construcción desde antes del 24 de marzo, era la parte del diente de submarinos; en mayo se fue de baja y supo que después construyeron en la parte de adelante un edificio largo y que después lo demolieron.

También memoró el polígono de tiro, que estaba sobre la playa pero no lo usaban nunca, porque las prácticas de tiro se realizaban en la zona del faro.

Cabe destacar que Sivia Cristina Delpino, conforme surge de las correspondientes actuaciones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas cuya incorporación por lectura fue ordenada oportunamente (art.392 del C.P.P.N), manifestó que trabajó como empleada administrativa en la Base Naval de Mar del Plata desde el 4 de diciembre de 1969 hasta diciembre de 1977, fecha en la cual fue cesanteada.

El Capitán Lombardo, a cargo de la Base en ese momento, le expresó que la declaraban prescindible porque transmitía información sobre los extremistas fuera de la Base.

Mientras la nombrada se desempeñaba en la dependencia Servicios Terrestres, pudo observar la construcción de lo que se denominó Torre II, pues las instalaciones se hallaban enfrentadas. Manifestó que en repetidas oportunidades vio a quien estaba a cargo de esa construcción, el arquitecto Oscar Murabito, y que fue en julio de 1976 cuando se realizaron las obras referidas.

Este lugar, expresó Delpino, funcionaba como centro de torturas y detención; en la planta baja estaba la sala de castigos y en el primer piso, las celdas. Había una escalera exterior, que estimaba que era metálica, y los baños aún no estaban terminados. El lugar donde estaban las celdas no constaba de ventanas; sí las había en la planta baja.

Recordó asimismo que existía una ducha sobre la playa, en una casilla, a escasos metros del edificio referido.

En una oportunidad, subió al primer piso, y allí observó las celdas construidas a lo largo del local: eran muy pequeñas y sólo tenían reposeras de playa.

Explicó que como los detenidos se sacaban al exterior, a un costado hacia la salida de la Base, logró comprobar su existencia, y que se encontraban encapuchados y esposados.

También vio en varias oportunidades el traslado hacia el edificio de detenidos encapuchados y con ropas de personas jóvenes -vaqueros, zapatillas-, con manchas de sangre.

Además, recibió el comentario de un Suboficial que efectuaba guardias, acerca de que a los detenidos se los mantenía encapuchados, que se les daba la comida a distintos horarios para desorientarlos, y que había música constantemente.

A principios de 1977 la dicente fue trasladada al Departamento Sanidad. En una ocasión, unas dos semanas antes de la Navidad, el marinero de primera enfermero Omar Secundino Oyola -posteriormente desaparecido-, la invitó a ver a una detenida que había sido llevada a la Enfermería. Era una mujer de aproximadamente 35 años, vendada, que se hallaba con una mano esposada a la camilla, quien en una sesión de picana se había caído de la mesa de mármol en la que la torturaban, lo que había provocado que se tragara la prótesis dental. Estimaba que se trataba de una colaboradora, pues recibía un trato mejor que el resto de los detenidos, y daba muestras de conocer perfectamente a Oyola.

Rememoró también que el nombrado le refirió que había conseguido reunir por unos minutos a un matrimonio que había sido secuestrado -porteros de un edificio sito en Avenida Colón entre Arenales y Lamadrid- con su hija de 15 años.

Los detenidos, continúo relatando en su exposición, salían de la Base en autos comunes, como un Fiat 1600 blanco, que pertenecía al Suboficial Juan Carlos Vega -a quien indica como Jefe de la pesada y principal torturador-, y un Renault 12 break, y eran llevados en la parte posterior.

El capitán Pizarro y el Dr. Carrilaf de Sanidad concurrían frecuentemente a la Torre II a aliviar a los detenidos.

Mas a partir de los relatos de los sobrevivientes y testimonios del personal que revistó en la Base Naval durante los años 76/78, es dable sostener que los ámbitos físicos destinados al alojamiento de detenidos fueron diferentes según iba transcurrinedo el tiempo, sino que también fueron afectadas a esos fines las instalaciones de la Escuela de Buceo, el Polígono de tiro, la enfermería e iclusive las viejas carpas de playa ubicadas sobre la costa, aunque el ámbito preponderante se trató del edificio de Buzos Tácticos como lo veremos.

a) Agrupación Buzos Tácticos

La Agrupación Buzos Tácticos, estaba ubicada físicamente dentro de la Base Naval y en la época de los hechos aquí examinados, estuvo a cargo de Rafael Alberto Guiñazú y José Omar Lodigiani.

Del relato de los testigos que han comparecido a este debate y de aquellos cuyos testimonios se han incorporado por lectura (conforme lo normado en los arts. 391 y 392 del C.P.P.N), se determinó que la agrupación funcionaba en un edificio semiconstruído, de planta baja y primer piso, ubicado cerca de la playa.

Desde el exterior, sobre la loza superior del edificio semi-construído, se colocaron bolsas de arena como "fortificando" el lugar, y se apostó personal uniformado con armas largas; rondado el edificio también circulaba personal armado.

A la planta alta se accedía por una escalera externa, recta y de cemento, sin descartar la posibilidad de hayan existido, tal como alegara la parte acusadora, dos escaleras -una interna y otra externa, que permitían la doble circulación y el control extremo sobre los detenidos-.

Se corroboró que en la planta baja funcionaba la sala de tortura, en una especie de habitación con una mesa alta donde los detenidos eran interrogados en forma violenta, bajo la aplicación de tormentos, mientras se les exhibía documentos y fotografías obtenidas a partir de los allanamientos en los domicilios de las víctimas.

En la planta alta, había dos lugares claramente demarcados: por un lado, un amplio sector, donde se alojaban entre 20 y 30 detenidos, quienes se encontraban encapuchados, maniatados y sentados en sillas de mimbre (estilo playa) orientadas hacia la pared; la habitación contaba con ventanas que fueron cubiertas con papel y/o pintadas. En otro sector, se distribuían varios calabozos -alrededor de 10-, con puertas metal y mirillas, de reducidas dimensiones.

La comida era servida en bandejas de metal compartimentadas, con utensilios que llevaban grabado el logo de la Marina -algunas veces limados y en otras no-.

Según los testimonios, existían, al menos, dos baños, uno ubicado en el interior -planta alta-, cuya puerta de acceso tenía una mirilla desde donde las víctimas eran vigiladas, acosadas y maltratadas, mientras que el otro era externo.

Todos los testigos dieron cuenta de los olores característicos del puerto que les fue posible percibir dentro del espacio clandestino, en razón su su ubicación próxima a la costa, el frío, el ruido del mar y los sonidos de las sirenas de los barcos.

El funcionamiento del lugar, fue descripto por la mayoría de ellos de manera similar, las custodias estaban a cargo de suboficiales de la Marina, en cambio las sesiones de tortura y los interrogatorios eran practicados por personal con mayor instrucción, o personal de inteligencia. También se corroboró la presencia en el lugar de un capellán, quien se acercaba a los cautivos para ofrecer sus servicios espirituales y facilitar la confesión.

Numerosos fueron los testimonios recibidos en audiencia o incorporados por lectura, que acreditaron el funcionamiento de este edificio como centro de alojamiento de detenidos.

En la declaración testimonial prestada en el debate, el Sr. Carlos Daniel Suárez refirió que a partir del año 1970, estuvo en la Base Naval de Mar del Plata en donde hizo un curso de Medicina del Buceo.

En marzo del año 1976 estuvo dentro de la Base Naval de Mar del Plata trabajando como médico de la Escuela de Buceo, en la cual brindaba cursos de esa especialidad para buzos de profundidad y de rescate, como así también atendía los enfermos provenientes de ése establecimeinto.

Relató que todo el sistema dependía de la base: Escuela de Submarinos, Escuela de Buceo, Infantes de Marina, Comandos Anfibios; todo estaba centrado en el Almirante, Jefe de la Base; en el año 1976 estuvo Lombardo y después Malugani, pero el testigo expresó que no tuvo relación con ellos ya que en ese entonces su rango era teniente.

Narró que en 1978 estuvo en la Base Naval por un período de seis o siete meses y fue durante ese año -luego dice que más precisamente sucedió en 1979-, que se fue enterando de cosas, por comentarios de compañeros, de médicos, que había presos políticos donde estaban los Buzos Tácticos, aclarando que a él, como médico, nunca lo citaron para hacer controles o pertenecer al grupo de tareas.

Mencionó que, ese mismo año, comenzó a percibir que en Buzos Tácticos había presos políticos, pero no los pudo ver, refiriendo que había un médico, el Dr. Carrilaf, alias "el negro", que era voluntario en el grupo de tareas "que ponían presos a estos presos políticos" (sic), desconociendo a los oficiales y suboficiales que lo integraban como así también quienes lo comandaban, pero que en ese entonces los jefes de Buzos Tácticos fueron Guiñazú y Lodigiani, los que, a su entender, no podían desconocer lo que sucedía allí.

Describió que frente a la Escuela de Buceo se ubicaba el edificio ocupado por Buzos Tácticos.

Mencionó que los doctores Sosa Amaya, el médico civil Gazzolo, y Fraschina fueron médicos que trabajaron en la Enfermería de la Base Naval, que además había bioquímicos, odontólogos, como así también médicos que hacían el curso de buceo que él dictaba. Podía moverse en la base libremente, no había zonas restringidas, pero aclaró que su actividad se centraba en la Escuela.

A su turno, Pablo José Arias, cuya declaración se encuentra incorporada por lectura a la presente (art. 392 del código de rito), manifestó que desde 1968 estaba asociado al club de buceo CASE, como así también al Club Naútico de Mar del Plata, por lo que tenía acceso a la Base Naval. A raíz de ello, tenía conocimiento de cómo era la entrada de la base, la Escuela de Buceo, y Buzos Tácticos; sabía acerca de la actividad del personal militar, y si estaban armados en la guardia.

Expresó que estaba relacionado con la Escuela de Buceo, porque allí había realizado 2 cursos deportivos. Oportunamente había sido identificado en una oficina de la Armada, Servicio de Inteligencia Naval (SIN), a los efectos de ingresar a la base.

En 1976 Arias cursaba la carrera de Biología, y el Instituto de Estudios de Problemas del Mar organizó un curso de buceo destinado a profesionales y estudiantes universitarios. El ciclo comenzó a fines de marzo, abril y culminó en octubre, noviembre de 1976; hubo una primera fase en pileta cubierta y luego los 4 seleccionados empezaron el curso teórico-práctico en la Base Naval, en junio de 1976. Las clases teóricas eran los días viernes de 17:30 a 20:30 hs., y las prácticas, los sábados de 8:30 a 12:30.

Durante el curso, la situación en el país se tornó difícil. Arias expresó que comenzó a observar ciertas circunstancias en la Base, como por ejemplo, que el personal estaba muy armado. Indicó que la Escuela de Buceo estaba enfrente de la Agrupación Buzos Tácticos, y que esta dependencia estaba modificada, pues se había construido: había una losa de hormigón, y sobre la losa, existían bolsas de arena y ametralladoras pesadas o soldados armados, de vigilancia. Asimismo, señaló que a diferencia de lo que había acontecido en etapas anteriores, en las que a los civiles los dejaban circular libremente, empezaron a agruparlos en la guardia externa, y los hacían acompañar por personal militar para concurrir al sitio donde se dictaban los cursos. Advirtió, en ese entonces, que había cantidad de autos civiles nuevos, estacionados frente a la Escuela de Buceo, y que muchos vehículos muy nuevos lucían patentes muy viejas. En definitiva, concluyó que se percibía un clima particular.

En cuanto a la existencia de personas detenidas en la Base Naval de Mar del Plata, Arias narró que durante el curso realizaban ejercicios físicos alrededor de la pista de aterrizaje. Agregó que una mañana ingresaron a la escuela, y cuando debían salir a la calle, el testigo egresó primero y observó un camión grande pintado de verde -no recordando si tenía identificación-, que tenía la caja abierta; sobre ese camión había un grupo de personas encapuchadas y esposadas o atadas con las manos atrás, que estaban en pleno descenso; mientras que los que ya habían bajado, estaban siendo custodiados por personal militar. No percibió que entre ellos hubiera alguna mujer. Además destacó la presencia de un jeep con una ametralladora pesada, que vigilaba la escena.

Frente a esta imagen, el testigo refirió haberse paralizado, situación que no se extendió por mucho tiempo, pues el director de la Escuela de Buceo, capitán Blanco Azcárate, visiblemente alterado, a los gritos, y junto con el personal militar de esa dependencia, los hizo ingresar a la escuela, cerrando personalmente la puerta y las cortinas, y manifestando algo así como que "la situación no era para que la vieran civiles" (sic).

Este suceso -observar personas encapuchadas y atadas, frente a la escuela de buceo, en la calle doble- le ocurrió en dos oportunidades, que presentaron similitudes. En la primera ocasión, explicó el declarante, vio un grupo muy numeroso de personas, con gente arriba y abajo del camión; la siguiente vez, presenció un episodio parecido, pero con menor despliegue, en el que había gente encapuchada y maniatada.

De igual modo mencionó que las clases teóricas eran dictadas por oficiales de la Armada-Blanco Azcárate (Director), Falcke, Suárez (médico), un bioquímico- y las prácticas eran supervisadas por suboficiales-Pedernera y Tosetti-; con estos últimos tuvieron más relación, y fueron quienes le dijeron que no anduviera en cosas raras.

Destacó que un sábado, cuando se encontraba corriendo alrededor de la pista de aviación, cerca del alambrado perimetral que daba a la costanera, miró hacia adentro de la base y vió a unos 200 metros una escena que le llamó la atención: una persona con uniforme militar, con un fusil sobre la cintura, empujando a otra persona; siguió trotando mientras pensaba que esa situación era extraña porque no había armas dentro de la base; volvió entonces a apreciar la escena, y percibió que la persona que iba adelante-no uniformada- estaba encapuchada y con las manos atrás, inmovilizadas. Creyó, por su perfil, que se trataba de una mujer.

Cronológicamente sucedió, en primer lugar, la situación que involucró el camión, luego aconteció el segundo episodio, y posteriormente lo que observó mientras iba corriendo.

Con respecto a su situación personal, expresó que Blanco Azcárate y otros profesores del curso le cuestionaban que lo hiciera, pues el dicente ya sabía bucear; posteriormente supo por comentarios de los suboficiales que su perfil -joven universitario, con barba, que vivía solo y con conexiones con la familia Iorio- había generado sospechas, las cuales provocaron su investigación.

Precisó que en septiembre de 1976 allanaron su domicilio, situación respecto de la cual había sido alertada por un suboficial. Con ellos-los suboficiales-hablaban algunas cosas, pero en relación con otros temas había un acuerdo tácito de no preguntar, aunque era obvio, manifestó Arias "que había detenidos, que había lucha antisubversiva" (sic).

Otro episodio particular le sucedió con María Inés lorio, compañera de la facultad y del curso de buceo, probablemente en octubre. Relató que estaban juntos en el pasillo de la Escuela de Buceo, cuando un militar de esa dependencia la llamó por teléfono y la amenazó de muerte.

Previo el ingreso a las clases, reiteró el testigo que los hacían esperar en la guardia externa, situación que le permitió advertir la entrada de gente de civil, e incluso en una oportunidad vio un grupo que se trasladaba en los referidos autos nuevos con patentes viejas. Se sorprendió que un día viernes a las 17 hs., al momento de reportarse en la guardia, un suboficial le dijo que entregara las armas, pese a que el dicente estaba vestido de civil.

Explicó que decidió volver a vivir con sus padres, para que, en el caso de que le sucediera algo, alguien lo supiera; expresó que dormía con miedo, vestido, que decidió un día irse del país. A tal efecto, se dirigió a la empresa Aerolíneas Argentinas y allí se cruzó con un grupo de personas de civil que había visto anteriormente en la base.

En la audiencia, Arias también narró un hecho sucedido en relación con Rosa Ana Frigerio y brindó los nombres de las personas que hicieron el curso de buceo, además de Iorio y el deponente.

El testigo observó en la guardia externa de la Base Naval, al abrirse una puerta, un cúmulo de cosas: camas, sábanas, muebles; manifestó que parecía que hubiesen saqueado una casa y las hubiesen llevado allí.

Exhibidas fotos obrantes en los presentes autos, el testigo indicó el club náutico, la playa, el embarcadero-que era de los scouts navales-, el depósito de tanques, combustibles. También señaló la ubicación de la explanada, la calle doble, la lambertiana y las instalaciones de Buzos Tácticos, las cuales tenían una rampa en la parte de atrás y un portón de metal, especificando el lugar donde aconteció el suceso que involucró al camión del cual descendían los encapuchados, y el segundo hecho referido. Continúo explicando el lugar donde estaba el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), la guardia externa-donde vio las cosas amontonadas-, y el Casino de Oficiales-situado frente a la pista de aviación, no muy lejano del sitio donde vio los detenidos, estimó que la distancia sería de 70 u 80 metros-.

Distinguió la guardia interna, donde estaba el SIN, y la guardia externa; desde ninguna de ellas estimó que hubiese visión del ámbito donde el testigo observó a los detenidos, como así tampoco desde el casino de oficiales. Agregó que para acceder a este sitio, desde la guardia externa, no era necesario pasar por el lugar donde vio a los detenidos.

Destacó que en 1976 notó a la Escuela de Buceo y Buzos Tácticos muy cambiados. Esta última dependencia era un galpón simple de chapa, que tenía un gran portón de metal, comunicado a la rampa; cuando la observó en el año mencionado, estaba en construcción, tenía una losa de hormigón, sobre la que había bolsas de arena y una notoria cantidad de militares parapetados con armas; las paredes estaban revocadas y existía una escalera externa de acceso al edificio. Manifestó que la parte de atrás de Buzos Tácticos lindaba con la playa, allí el oleaje era mínimo porque no era playa abierta, estaba reparado. Al no haber mucho tránsito, se oía el oleaje.

No recordó haber visto otras fuerzas militares en la Base, al momento de realizar el curso de buceo en 1976. En cuanto a los autos, vió vehículos militares pintados de verdes, un Falcón celeste metalizado, la ambulancia de la base, camionetas pick up.

De mismo modo, el testigo Alberto Jorge Pellegrini, en la audiencia celebrada el 18 de octubre de 2010, relató que el día 5 de agosto de 1976, después del allanamiento efectuado en su domicilio y también en la vivienda donde residían sus padres, a las 20 horas se presentó en la Base Naval junto a su progenitor. Toda la parte vidriada estaba cubierta con bolsas de arena y, cuando estacionaron el automóvil, de la guardia se comunicaron refiriendo que estaba Pellegrini; llegaron dos personas de más de 40 años vestidas de civil en el mismo Renault 12 que estaba afuera de su casa, y le dijeron a su padre "usted me lo deja yo se lo voy a entregar en las mismas condiciones".

En cuanto pisó fuera de la garita de guardia, le pusieron una capucha en la cabeza, lo subieron al rodado transitando unos 200 metros sobre piedras, lo hicieron bajar, ascendieron una escalera de cemento -como de obra que estaba al exterior- y entraron a una sala en la que había silencio y se escuchaba sólo el ruido de un tambor de 200 litros que usaban para calentar el ambiente.

Se lo entregaron a otra persona y le dijeron que lo tratara bien; lo sentaron en una silla de mimbre playera, le ataron las manos y en el lugar se escuchaba alguna tos y el ruido del tambor. No pasó mucho tiempo y lo pusieron en una colchoneta esperando algo hasta que se quedó dormido.

Al otro día empezó una especie de rutina, y ahí se dio cuenta que había varias personas allí detenidas. Los hacían parar para sentarse como indios en el piso, una silla de un lado y otra de otro y con una manta se tapaba a los costados, sólo podían ver la pared. Traían mate cocido con pan en las bandejas y así en las otras comidas. Después, cada tanto, le levantaban la capucha y le preguntaban por algunas fotos, pero el dicente no conocía a nadie. En otra oportunidad lo llevaron a bañarse y lo mojaron con agua fría en la playa.

Describió su traslado a la ESIM a los 20 días y las condiciones deplorables de vida a la que fue sometido allí.

Prosiguió su exposición refiriendo que a los quince días lo volvieron a llevar a la Base Naval, lo subieron devuelta por esas mismas escaleras externas, pero había cambiado el paisaje porque en el mismo lugar se habían construido celdas.

Recordó que no tenían más de un metro de ancho y dos de largo, la puerta era de metal que se usaba para los cuartos de los patios de las casas y estaban recién hechas porque los revoques de las paredes estaban frescos. Le trajeron una bandeja para almorzar y un rato después lo subieron a un colectivo y lo trasladaron a la Base Aérea.

Relató que a raíz de su detención perdió el año en la facultad, por ello en marzo del año 1977, su padre fue al GADA a ver a Barda y éste le firmó un certificado donde consiganba las fechas de detención y que no estaba vinculado con la subversión.

Refirió que participó en los reconocimientos efectuados por la CONADEP en la Base Naval y ESIM, los reconoció como los lugares donde estuvo e inclusive se reconstruyeron algunos planos porque los lugares habían sido modificados; aún permanecía la escalera exterior y tenía los peldaños que había dicho que tenía y la descripción del lugar coincidía con lo que había relatado. La escalera era externa porque se sentía el viento, no estaba terminada, era la estructura de hormigón de una escalera. Se accedía de la escalera y se entraba a un gran salón, siempre lo llevaban a la izquierda y ahí estaban los cubículos, después lo llevaban a una batería de baños donde estaban los conscriptos.

A su turno, el señor Osvaldo Isidoro Durán, depuso en el debate el día 19 de octubre también de 2010, y en lo pertinente dijo que fue detenido por personal de la Base Naval de Mar del Plata el 16 de octubre de 1976, apenas comenzada la jornada, porque eran las 12:30 más o menos; cuando llegó a su casa, lo introdujeron en la parte trasera del Falcón, lo echaron en el piso, le ataron las manos atrás con una cuerda y le colocaron una capucha; el coche salió para Avenida Constitución, hicieron maniobras para confundirlo, pero igual mentalmente siguió el recorrido, después de tomar distintas calles, tomaron por Colón, fueron a la costa y bajaron en la Base Naval.

Cuando se estaban acercando hubo una comunicación radial desde el auto diciendo "llevamos un paquete"; no hablaron entre ellos, más que esta frase; doblaron a la izquierda; por la distancia no era la ESIM; a la izquierda por la costa lo que había era la Base Naval.

Era evidente que habían tenido contacto con la guardia de la Base, ingresaron al predio y doblaron hacia la derecha, hacia el extremo sur de la Base Naval; lo bajaron, lo llevaron por un camino de tierra, mirando hacia abajo aun con la capucha, y vio que a la derecha había un pino; de ahí lo condujeron a una sala, en la línea en que lo habían bajado. La habitación en la que lo bajaron olía asépticamente, era olor a acaroina, o algo similar; lo sentaron en una estructura que no sabía de que material era; le dijeron: "en ese lugar donde estás sentado ha habido muchos oficiales montoneros sentados, ellos colaboraron con nosotros y ahora están afuera del país, así que te pido que colabores con nosotros".

Apareció el interrogador malo, y había por lo menos 3 personas más; seguía encapuchado, pero le habían liberado las manos; allí fue interrogado, golpeado y sometido a torturas (lo ataron, le aplicaron picana, le apagaron 1 ó 2 cigarrillos en el pecho). Estaba muy aterrado y empezó con taquicardia, una de las personas lo revisó, seguro había 2 personas: un verdugo tierno y un verdugo malo, lo hicieron vestirse y salir de ese lugar; todos los movimientos los hizo hacia la izquierda; a la izquierda había unas escaleras externas, un descanso; nuevamente a la izquierda, subió, dobló a la derecha, ingresó a un lugar y es conducido a un sitio amplio, donde había otras personas detenidas; lo sentaron en una silla playera contra una pared, y le pusieron las esposas de metal, siguió con la capucha puesta. Al rato, se presentó una persona, que le toma el pulso, y dice "a este me lo acuestan ya".

Prosiguió su relato diciendo que escuchó ruidos de ollas y olor a comida, lo que le hizo pensar que iban a comer los otros compañeros que estaban allí; lo acostaron y le ponen algo debajo de la lengua, seguramente un tranquilizante, y se quedó dormido. En ese lugar había de 5 a 9 personas, lo que reconoció por las toses, por algunos movimientos. Los guardias les impedían hablar entre ellos, había un guardia que pasaba, se escuchaban sus pasos detrás de la silla en la que se sentó.

Un día, después de la sesión de tortura lo volvieron a subir, creyendo que lo llevan a la sala grande, pero fue a un lugar separado; levantando la cabeza pudo ver que estaba frente a una ventana con vidrios pintados de color negro.

En un momento dado, lo sacaron de allí y lo llevaron a una celda muy pequeña, con aspecto de haber sido construida recientemente, con los ladrillos sin revoque; comió en esa oportunidad con bandejas compartimentadas, con un jarro en que traían el agua, además tenía una cuchara; no recordó si fue en ese lugar o en la celda a la que fue después, cuando observó que el jarro tenía un escudo de la Armada, que decía "Armada Argentina". En la celda se quedó sentado en la silla de playa, esposado y encapuchado, y no fue interrogado de nuevo. En este lugar se pasaba música continuamente de día y noche.

Refirió que conocía bastante la Base Naval, ya que entró por primera vez cuando tenía 1 año de edad y hasta los 15 años pasaba el día con su papá en la Base cuando hacía las guardias, de ahí que conocía los ruidos, los olores, silbatos. Sabía que estaba en la Base Naval porque podía escuchar las bocinas de los barcos muy cerca, por el olor típico del puerto, porque vió el jarro y porque a veces veía parte de la pierna de los guardias, y era el uniforme de la infantería de marina.

Relató que el baño era externo, estaba a la izquierda, los llevaban a bañarse y levantaban la mano para ir a hacer sus necesidades, lo llevaban solo, y las duchas las establecían ellos. En el baño los observaban por la mirilla de la puerta; la ropa que le daban no era la propia y limpiaba la que se quitaba.

Que en razón de su estado físico y mental, pensó en alguna técnica para que lo mataran o que lo sacaran de ese lugar. Es así que al mes de estar en esta situación, empezó a simular desmayos, gritar y tirarse contra la puerta; es cuando vino el médico y le tomó el pulso, viéndole el uniforme gris con camisa celeste, que era como el que usaba su padre cuando trabajaba en la Base, entonces el declarante le dijo al médico que conocía ese uniforme y esta persona le contestó que se olvide que lo vió.

Finalmente fue liberado el 28 de noviembre del mismo año.

Acerca del lugar preciso de su detención, supo después el testigo que era donde hoy está Buzos Tácticos, por lo que le han referido; puede reconocer el edificio de afuera, hoy está tapado por los árboles.

A pedido de uno los fiscales (Dr. Portela) se le prestó lectura la su declaración testimonial brindada ante el juzgado instructor obrante a fs. 1442, en cuanto refiere a que junto a su celda otras similares.

En referencia a los calabozos, manifestó que en los pisos no había baldosas, estaba el fino de cemento; que la celda no estaba revocada, y estaba hecha con ladrillos de bloque; refirió que en una oportunidad se levantó la capucha y por un huequito de la pared, vio un árbol y también el exterior de la Base Naval, como así también los movimientos de coches.

No supo si frente a su celda había otra celda, como tampoco si más allá de la suya, hubiese otras; sabe que la suya estaba en segunda instancia a la izquierda, y que había olor de construcción reciente, recordando que esto fue en octubre de 1976; el baño fue siempre el mismo: saliendo de su celda, estaba a la derecha, era externo, había que cruzar una puerta de chapa, tenía una ducha en la pared, no recordando otros detalles, como tampoco si había inodoro o letrina; sí que había un lavatorio, pero no sabe si tenía espejos; tuvo la impresión que era un pared sin revocar.

Afirmó también la existencia de detenidos en la base naval, el testigo el Enrique René Sánchez, quien manifestó en la audiencia que el 16 de agosto de 1976 -en realidad se trató de una confusión pues se detención se produjo el día 20 como lo veremos al analizar su caso- a las 8 hs. se presentaron en su domicilio sito en calle 12 de octubre 10.118 de Mar del Plata, personas con pasamontañas que se identificaron como pertenecientes a coordinación federal, las que seguidamente le expresaron que se lo llevarían para hacerle unas preguntas. Acto seguido, lo subieron al auto, le pusieron una capucha y lo trasladaron a lo que luego supo que era la Base, en donde lo ataron de pies y manos.

En ese sitio, pudo percibir, por las toses, que había varias personas. Lo dejaron sobre el piso hasta que por la noche lo bajaron por una escalerita interna de entre 4 a 15 escalones, hasta un cuarto en el cual le sacaron la capucha, quedándose sólo con vendas.

Luego de acostarlo en una camilla, lo ataron de pies y manos, lo desvistieron, y le empezaron a sacar las vendas a efectos de que pudiera manifestar si reconocía a alguien de una serie de fotos que le exhibieron. Luego de ello comenzaron a picanearlo y retornó posteriormente al mismo sitio donde había estado originariamente, instalación que refirió pudo haber tenido las dimensiones de la sala de audiencias del tribunal, y que era como un salón grande, en el que habría 15 o 20 personas.

Sánchez estuvo allí alojado por el término de un mes; luego fue trasladado a la zona del faro, sitio en el cual estuvo detenido aproximadamente hasta el 18 de diciembre, fecha en la cual lo transportaron a un cuarto de dimensiones muy pequeñas- 2 mts por 2 mts, o 2 mts por 1mt-, en el cual le servían la comida en bandeja, hasta que finalmente le otorgaron la libertad el 27 de diciembre de 1976.

Previo a su liberación, le sacaron la capucha y las vendas, circunstancia que le permitió advertir que lo subían a una camioneta, como las que se usaban habitualmente en la Base: abierta atrás, y que tenía el escudo; y además, que egresaba del establecimiento referido, al cual también identificó por unos calabozos que un conocido le había dicho que había construido en la Base Naval, como asñi también por el ruido del mar.

Añadió que entre el 18 y 27 de diciembre había observado que el jarro de aluminio y la cuchara ostentaban el escudito, y destacó que en ese sitio había un baño en la arena, que tenía una mirilla.

Agregó que antes de las sesiones de tortura en la Base, le dijeron que iba a venir el cura, quien le decía que no tenía nada que ver en esto, y que obtendría la libertad al instante si le confesaba las personas que conocía; en otra oportunidad le manifestaron: "...ahora vas a ir con el cura o el padre...", y lo llevaron a picana.

Prestada lectura a la declaración judicial efectuada oportunamente por Sánchez obrante a fs.1457/8, evocó que tomó conocimiento, a través de dichos de su madre, que la nombrada realizó numerosas gestiones tendentes a lograr su ubicación. Acompañada del Dr. Cavallo, recurrió al Mayor Vega, quien al día siguiente les informó que el dicente estaba en la Base Naval, y que no se podía hacer nada al respecto; agregó el declarante que su esposa Acuña -presente al momento de su detención, en ese momento trabajaba en la casa de la familia Di Scala en el puerto, al lado de la casa del Mayor Vega- lo reconoció como uno de los secuestradores.

Carlos Alberto Mujica manifestó en su declaración que fue secuestrado el 23 de septiembre de 1976, aproximadamente a la medianoche, en las cercanías de la casa de sus padres, siendo liberado el 21 de diciembre de ese mismo año.

Detalló las circunstancias de su detención: se encontraba conduciendo una moto cuando fue interceptado por una persona armada, quien lo introdujo en un auto, y lo arrojó al piso; comenzaron entonces a formularle preguntas, dieron vueltas en el vehículo -en el cual creyó que había otra persona detenida-, hasta llegar a un sitio donde pasaron un guardaganado, y luego subieron por una escalera larga, sin descanso, a un primer piso.

En ese momento ya estaba esposado o atado, y encapuchado, y allí lo sentaron en una silla de paja, frente a la pared; en un lugar había un vidrio pintado, con un marco fijo.

Manifestó que por los murmullos percibía que había mucha gente, y que incluso logró identificar a un compañero, Alberto Dubas. En este sitio sucio, que tenía el piso desparejo, de porlan, estuvo unos cuantos días.

A efectos de interrogarlo, Mujica precisó que lo trasladaban a otro lugar, bajando las escaleras. Manifestó que había un baño externo, precario, viejo, hacia la derecha en la planta alta, que tenía una puerta de madera con una mirilla, y que en esa misma línea había calabozos individuales, en uno de los cuales lo mantuvieron detenido un tiempo, sentado en sillas de pajas. Expresó que una noche lo subieron a una camioneta, lo arrojaron al piso y lo llevaron al Faro o la ESIM.

En los últimos días de diciembre, con anterioridad a su liberación, manifestó que lo volvieron a llevar a la Base, y fue allí, estando detenido en un calabozo, cuando se encontró con Rosa Ana Frigerio.

Explicitó las personas que identificó en el Faro y las condiciones de su cautiverio en este sitio.

El testigo expresó que en el primer momento que estuvo en la Base fue interrogado y sometido a tortura; que en una de las sesiones lo sentaron en la mesa, se sacó la capucha y miró hacia el frente: había una pared y a la izquierda una cortina pesada que caía del techo al piso, la cual tenía un agujero, y desde ese orificio, expresó Mujica, lo estaba mirando Liliana Retegui.

A partir de este día cambió el tenor del interrogatorio, tornándose más pesado, más duro. A Retegui la conocía de las peñas de la Facultad de Turismo, también allí conoció a Carolina, novia de Dubas, y a Fernado Yuri; agregó que, además, cuando Fernando Yuri era novio de Retegui, alquilaron juntos un departamento en Güemes y Colón, en el cual vivieron los cuatro (con María Rosa Di Clementi, su ex esposa).

Relató que lo torturaron media docena de veces, en las cuales lo golpearon y lo picanearon con un aparato tipo valija con perillas que se regulaba y pasaba electricidad. Expresó que creía que lo interrogaron siempre acostado, a veces vestido y otras desnudo; y que en esas sesiones lo interrogaban más de dos personas, sobre dónde tenía el embute, y por compañeros, algunos conocidos y otros que no.

Con posterioridad supo que lo habían llevado a la Base Naval, dato que confirmó el día que lo sacaron de allí a efectos de que identificara casas, pues partieron de la costa, tomaron la loma de calle Roca y lo dejaron incorporarse; lo llevaron a la casa de Alejandro Logoluso y de otro compañero que vivía cerca de su hogar.

Expresó que otros elementos que le permitían afirmar que estuvo detenido en la Base Naval fueron: que le daban de comer con una cuchara que tenía el sello de la Armada, y en bandeja de la Armada; que le proporcionaron aspirinaval en una ocasión, y un toallón con el sello de la Armada para secarse; además de los ruidos de barcos, sirenas, y el olor a mar característico cuando uno está cerca de la costa.

En el lugar había un personaje, un cura, que no sabía si era realmente un religioso, quien lo consolaba, le decía que se portara bien y que en un tiempo más iba a ir a la cárcel.

Por su parte, el señor Ernesto Miguel Prandina, prestó declaración a través del sistema de videoconferencia, en la audiencia del 14 de junio de 2012, y manifestó que militaba en el PST, tenían una "célula" o grupo de actuación y que el 13 de octubre del año '76, a la madrugada, fue secuestrado en su domicilio por hombres armados sin uniformes, que dijeron pertenecer a la "Policía Federal" y el que comandaba el procedimiento se identificó como "Oficial Maidana".

Lo metieron en un Ford Falcon verde que estaba en la puerta, le colocaron la capucha cuando empezaron a andar, lo golpearon y le pusieron el pie encima; vivían cerca del puerto de Mar del Plata, en el barrio "El Martillo"; aproximadamente el vehículo circuló unos 30 minutos, llegaron a un lugar donde detuvieron el rodado, las personas se identificaron en la puerta diciendo "traemos un paquete" y después de esa entrada circularon unos 5 minutos; era un lugar grande y cuando lo bajaron del Falcon fue a la sala de torturas directamente, le preguntaban nombres, lugares, teléfonos, todos relacionados con su actividad política; permaneció detenido en un edificio donde había otras personas en la misma situación.

Señaló que posteriormente consiguió identificar la construcción donde estuvieron secuestrados porque tuvo oportunidad de verlo cuando trabajaba en el puerto. Describió que quedaba ubicado atrás del edificio principal de la Base Naval de Mar del Plata, el edificio no tenía revoque, era de dos pisos y también recordó una escalera. La planta alta tenía una sala grande donde había cerca de 20 personas secuestradas, dormían en el suelo, de pie o sentados en sillas de mimbre, había también pequeños calabozos, no pudo precisar cuántos, estuvo en un calabozo un tiempo.

En la planta baja funcionaba la sala de torturas, con azulejos, el baño y un escritorio, después desapareció esa construcción. Conocía a "Norma Huder" porque era una persona importante dentro de la "organización" de Mar del Plata y se cruzó con ella en una sesión de tortura, estaba en una situación lamentable.

Las torturas consistían en picana, ahogamientos en seco y golpes; había una mesa de mármol que mojaban con agua, los ataban con unas cuerdas de goma y les aplicaban electricidad.

La tortura psicológica era constante, cuando alguien era trasladado sonaba un timbre, no se sabía cuándo era la hora de cada uno; también simulacros de fusilamiento, estaban permanentemente con capuchas, les decían que eran para su propia seguridad, hasta para comer, no podían mirar, estaba prohibido, durante el secuestro no sabían cuando era día o noche y eran custodiados, por lo que supieron, por suboficiales de la Base, militares de carrera.

Pudo afirmar que estuvo en la Base porque durante su cautiverio se escuchaba claramente los ruidos del puerto, las sirenas de los barcos, el agua; además para comer les daban utensilios que tenían las siglas ARA, en algunos casos borrados, de aluminio, típicamente militares, a veces en platos, a veces en bandejas.

En determinado momento, fue retirado para identificar una persona en el centro, era la tarde, había mucho sol y cuando estaba saliendo, consiguió ver la entrada de la Base, si bien estaba con capucha, ésta permitía ver algo.

Cada vez que querían ir al baño tenían que pedir autorización al guardia, éste los acompañaba hasta adentro del baño, cerraba la puerta que tenía un visor y recién allí se podían sacar la capucha; también refirió que siempre sonaba una música.

En un determinado momento uno de los jefes de ese grupo se identificó con el nombre de "Néstor", y le permitió verlo, conocerlo, se presentó como si fuera un defensor de un tribunal que se había constituido en ese ámbito, alguien también oficiaba como un acusador. Posteriormente, consiguió identificarlo como "Julio César Falcke", reconociendo que fue una de las personas que lo secuestró y lo torturó durante 45 días. Finalmente, fue liberado el 27 de noviembre de 1976.

Graciela Beatriz Datto, en el testimonio brindado ante el Tribunal, relató que fue secuestrada el día 24 de julio de 1976 del taller de cerámica en donde trabajaba, por personal que se presentó como Policía Federal. La subieron a un auto, cree que era un falcon, la encapucharon. La capucha era una bolsa que se traslucía, según relata la testigo tenía una insignia o letras no sabe si de la Armada o de la Base Naval.

El trayecto realizado fue corto, por la capucha pudo ver cuando ingresaban en la Base Naval. Manifestó que, al bajarla del auto, la ingresaron en lo que supuso era una oficina ubicada en la planta baja, no recuerda si le hicieron preguntas, pero sí que la golpearon con lo que le parecía era un llavero pesado.

La hicieron ascender una escalera que cuando empezó a subir le daba la impresión que la luz bajaba, no sabe si porque la escalera estaba adentro, o estaba cubierta con un techo. Al subir la dejaron parada, lo único que vio por debajo de la bolsa fue el piso, que parecía un piso en construcción o cemento alisado, con fisuras. En el lugar donde permaneció alojada en el primer piso, le pareció que era un lugar en construcción, era una escalera como de cemento igual que el piso que refirió antes. Tuvo la impresión que el lugar era como un galpón, un lugar grande y cerrado, donde había mucha gente pero distanciada entre sí; se oían toses y movimientos. Durante la noche les tiraban unos colchones para dormir, y debían hacerlo con las manos atadas.

La rutina mientras estuvo detenida en la Base era bajar la escalera para ir al baño, para ser interrogada y en una oportunidad la desnudaron y la pusieron en una mesa, la testigo presume que la iban a picanear, pero algo sucedió que se detuvieron y la hicieron vestirse. Para ir al baño debían salir al exterior, por lo que recordó, cree que sólo tenía un inodoro y la puerta que debía permanecer abierta mientras hacían sus necesidades, siendo permanentemente vigilados. Según recuerda la testigo era constante el subir y bajar las escaleras de los guardias, que todos los días estaban interrogando o torturando a alguien. Declaró haber visto que los guardias tenían un casco blanco con las letras "PM".

Manifestó que en esas condiciones transcurrió aproximadamente un mes. Recuerda que un día la llevan al Hospital Regional, ya que en consecuencia de estar parada con los dedos apoyados en la pared, padeciendo mucho frío, sufrió una especie de bronco espasmo. Deduce que la llevaron al hospital por el trayecto, la avenida Juan B. Justo, allí la atienden, le dan una inyección que la relajó, le toman la presión y le pusieron diarios adentro de la rop; la persona que la atendió que no supo si era médico o enfermero, pero le dijo que tenía que tener el pecho caliente. Cuando la llevan de vuelta a la Base, le sacan los diarios y la vuelven a dejar parada.

Refirió que durante su permanencia en la Base pudo encontrarse con su esposo, también se encontró con Patricia Molinari, y por la voz cree haber reconocido a "Cacho" Alberto Pellegrini. La testigo percibió que en el lugar donde se encontraba alojada había más gente, pero no los pudo identificar, sólo recordó una chica que estaba amamantando, supuso que era Susana, esposa de Oliva. Mencionó en su testimonio al Comisario Pepe, como una persona mayor que ella, y que era muy violenta.

También declaró en audiencia Héctor Alberto Ferrecio, quien manifestó que fue detenido el 24 de julio de 1976 en la casa de sus padres y trasladado a la Base Naval por un período de treinta días. Lo subieron a un auto, que a la cuadra aproximadamente dobló hacia la costa, ahí lo tiraron en el suelo del auto y le colocaron una capucha. Era una bolsa con una piolita, que se traslucía un poco, pudiendo apreciar que tenía la insignia de la Armada a la inversa.

Al llegar a la Base lo llevaron a un ámbito donde lo interrogaron, después lo trasladaron a un lugar donde permaneció dos días, lo hicieron sentar en el suelo contra una pared. En un momento le cambiaron la capucha, sacándole la bolsa y poniéndole una más gruesa por la que no podía ver nada.

En la Base los hacían parar, a veces poner las manos en la pared, o permanecer sentados, dependía de la guardia. Durante la noche les tiraban colchones para dormir, que eran retirados en la mañana, en todo momento tuvo las manos atadas adelante, en su caso con sogas.

El tiempo que estuvo cautivo allí, pasó por distintos lugares, diferentes dependencias dentro de la misma Base, lo sabe ya que los traslados eran cortos, el trecho más largo en el que fue trasladado fue cuando lo llevaron a la ESIM.

Permaneció en un lugar que era como una especie de galpón, tinglado, con sonidos pero breve, y después en otro espacio que era una construcción en el primer piso. Recordó en su testimonio, que en algún momento permaneció sentado en sillas de playa, cree que en el primer lugar donde lo alojaron. También supuso que en el primer día de su detención, estando en la planta baja, pudo escuchar a su esposa y a Patricia Molinari conversando, posteriormente escuchó, pero no los vio a Cángaro, Erreguerena y Valente, en el ámbito ubicado en el primer piso que era un lugar como en construcción.

Mencionó que el lugar donde estuvo en la planta baja tenía pisos de cerámicos o baldozas, presume que estaba contra la pared y que había una ventana.

La certeza de que era la Base Naval, según su declaración, era por la cercanía del mar y las sillas de playa en las que permaneció sentado. El testigo presume que, en los distintos lugares que estuvo en la Base, había muchas personas en las mismas condiciones que él.

Respecto de la comida, declaró que comían en una especie de bandejas con lugar para un plato, un vaso y un pan, la traían y comían sentados en el suelo contra la pared, se podían levantar un poco la capucha, pero comía con las manos atadas.

Entre las personas que estaban a cargo, recordó a una en particular, que se encargaba de interrogar y era muy violenta, que lo llamaban el "Comisario Pepe".

Brindo su testimonio en la audiencia Miguel Ángel Erreguerena, quien fue detenido el 6 de julio de 1976 en calle Luro y San Juan, puntualmente en tienda "Los Gallegos", por 3 personas de civil, que se le abalanzaron, le tiraron un trapo de piso en la cabeza, lo subieron a un auto, lo golperoan con la culata de un arma con la que lo apuntaban y lo trasladaron a lo que luego supo era la Base Naval de Mar del Plata.

Lo bajaron del auto, lo golpearon y lo llevaron a un lugar donde descendieron una escalera, le colocaron una capucha, y a la tardecita del día siguiente, lo llevaron a lo que vendría a ser la radio estación, se lo empotró a una mesa, lo ataron de pies y manos, encapuchado, y lo torturaron con picana. Durante la sesión de tortura e interrogatorios, destacó que sonaba una música muy fuerte.

Cuando terminó la sesión de tortura en la radio estación lo llevaron nuevamente a la caseta, la escalera y con el mar al lado. En la carpa estaba solo, pero se escuchan las toses, los llantos, los gritos, donde mayor cantidad de personas se concentró en ese hangar de dos pisos, estaban tapiados e incomunicados.

Posteriormente, fueron trasladados a ése lugar, puestos en el suelo contra la pared, con las esposas atrás; ese lugar tenía una escalera con un descanso y un baño externo, cada vez que iban al baño los bajaban por ahí.

Luego los llevaron a otro lugar, por 1 día o dos, un lugar de tropa o instrucción, de ahí a otro lugar, que era un galpón donde daba el sol, porque en el lugar donde había un primer piso empezaron a constituir calabozos, diminutos, chicos, para una persona.

Relató que un día le sacaron las esposas y la capucha y lo condujeron ante una persona se presentó como juez y su secretario, recordó que era una sala, cree que tenía un pizarrón, como una sala de instrucción, un salón amplio y largo, dentro de la Base Naval. Habían iniciado una causa "legal", por asociación ilícita y propaganda contra el gobierno, les tomaron declaración, les volvieron a poner las capuchas y los llevaron. En el marco de esas actuaciones lo condenaron a 3 años y le dieron la libertad condicional a los 8 meses, que no se efectivizó porque estuvo a disposición del PEN.

Pudo determinar que estuvo en la Base Naval, porque en la cátedra de pintura del colegio de Artes Audiovisuales los habían llevado a pintar la Base y era la que apadrinaba a la escuela de artes; además hizo el servicio militar en el GADA. También refirió que cuando pedía papel para ir al baño le daban "la gaceta marinera", y estando encapuchado por la trama de la capucha podía ver algo; además estaban cerca del mar y se escuchaba la sirena de los barcos, las comidas venía en las bandejas de acero inoxidable con cuencos, tipo la bandeja universitaria o de la marina.

La sala de instrucción a la que hizo referencia es la más difícil de describir porque no sabe dónde está ubicada, era en planta baja, estuvieron muy poco tiempo y se veían bancos y mesas tenía una puerta doble verde, pasillo cubiertocomo un aula.

El 30 de agosto los sacaron de la base en un colectivo con identificación de la Base Naval, sin capucha, los trasladaron a diversos centros de detención y en el año 80 le concedieron la libertad vigilada.

En el transcuso del debate Gladys Virginia Garmendia, expuso que fue detenida por segunda vez en el mes de octubre de 1976, permaneció en cuativerio en la Base Naval durante 33 días y finalmente fue liberada a fines del mes de noviembre de ese año.

Pudo reconocer que estuvo en la Base porque había un baño, cuyo acceso daba a una puerta de salida de ese lugar, era un primer piso donde había una escalera que bajaba a la planta baja donde se efectuaban los interrogatorios, un día esa puerta quedó abierta y por la mirilla grande que tenía la puerta del baño -donde las personas que los cuidaban los observaban y ridiculizaban, incluso con connotaciones sexuales- pudo ver los silos, los vio pequeños; después con los años, con motivo de su ejercicio docente, llevó a sus alumnos a recorrer la Base Naval y advirtió la misma perspectiva.

Recordó que el lugar donde estuvieron detenidos era muy espacioso, probablemente como la sala de audiencias, había varias personas encapuchadas y esposadas, sentadas en sillas de playas, a una distancia aproximada de 3 metros unas de otras.

Refirió que en otro sector habían varios calabozos, de 1.5 x 2.5, con una puerta metálica y una mirilla, después una especie de pasillo que conducía al baño y la antesala del ése lugar donde había una puerta que daba a la escalera; cuando estuvo alojada en el calabozo escucho que en la celda contigua estaba "Norma", una chica del partido que había sido amiga suya y hoy se encuentra desaparecida.

En cierta oportunidad la sacaron de la celda para ir a presenciar un procedimiento que nunca entendió bien, la metieron en un auto y la llevaron al centro de la ciudad, vio el momento en que detuvieron a Javier, Elena Ferreiro y Gustavo Stati -los dos primeros, víctimas en esta causa que al día de la fecha continúan desaparecidas-.

En el sitio donde estuvo detenida había música permanente y fuerte, pero cuando se acababa el cassette, podía escuchar el sonido del mar, el ruido de las olas; había pocos momentos de silencio.

En su deposición, Liliana Noemí Gardella manifestó que fue secuestrada el 25 de noviembre del '77 en la estación de trenes de Mar del Plata, con mucha violencia, por un grupo de civiles; la metieron adentro de un auto, escuchó que en el trayecto los captores se comunicaban por radio y la llevaron a un lugar que al momento de ingresar se dio cuenta que era la Base Naval, porque levantó la cabeza y vio la garita de la Base y gente uniformada como marineros.

Ni bien ingresó se dio cuenta que era la Base Naval: sentía ruidos y la sirenas de los barcos, el agua; desde que ingresó a la Base hasta llegar al lugar donde estuvo alojada, transitó varios metros, un recorrido largo. Permaneció alojada en las dependencias de la Base durante 7 u 8 días.

Describió que el lugar de detención era un edificio cuadrado, se ve desde la costanera, está la garita de entrada y al fondo está la construcción cuadrada, que en aquél momento tenía una planta alta, donde estaban los secuestrados, a la que se accedía por afuera. Era el lugar concreto de detención, también habían construido varios cubículos y en el extremo izquierdo había un sólo baño, allí se cruzó con Liliana Pereyra, que tenía una estado avanzado de embarazo.

Cuando la llevaban al baño, no tenían ni capucha ni los ojos vendados, en esa ocasión pudo ver una habitación; el baño era grande, con un inodoro, un lavatorio, tenía una ducha sin bañera y en la puerta había una mirilla por donde las observaban todo el tiempo; para comer, pasaban la bandeja de aluminio por debajo de la puerta, de las que se utilizaban en ese momento en las fuerzas armadas, con 3 ó 4 molduras.

Del otro lado se ubicaba una gran habitación donde pudo ver más personas detenidas; los interrogatorios eran abajo: había una sala de torturas con una cama, y había varias oficinas organizadas, evidentemente estaban mezclados los lugares que ellos destinaban a esas tareas de "apriete" de los detenidos para averiguar cosas, y otras oficinas destinadas al funcionamiento normal. En planta baja vio a Laura Godoy, sentada en una de esas oficinas.

Respecto a las condiciones de detención en ese cubículo, estaban sentados en una silla, de espaldas a la puerta y, a la hora de dormir, supuestamente, retiraban la silla y los hacían acostar en una colchoneta. En esas sillas no estaban encapuchados, en la Base no los tenían con capucha. Expresó que una noche la ataron toda como si fuera un "embutido" y le dijeron que era para que se preparara, porque a la mañana siguiente la iban a interrogar acerca de todo lo que sabía.

La llevaban por una escalera externa hacia la planta baja, en la sala de tortura la interrogaban y le aplicaban la picana, era con mucha más violencia y gritos; en la planta alta no escuchaba gemidos de otras personas, ni gritos, la gente que pudo ver ahí, estaba vencida, muy agobiada.

Respecto a la custodia, las puertas tenían mirillas y tenía idea que si hacían un mínimo movimiento, alguien que los vigilaba lo advertía y les llamaba la atención. En la Base vio personal uniformado y vestido de civil.

Gabriel Della Valle, declaró que fue secuestrado el día 28 de octubre de 1976, cuando se encontraba en compañía de Eduardo Pediconi y permaneció detenido entre 7 u 8 días en la Base Naval.

Ambos fueron subidos a un automóvil falcon, y vendados sus ojos durante el trayecto. Al llegar al lugar de destino, el testigo menciona que quienes los transportaban se anuncian por un intercomunicador, escuchando que dicen "vamos a entrar con dos paquetes", les abren una puerta e ingresan.

Al bajarlos del auto los hacen subir por una escalera, lo sientan en una silla de mimbre, típica de playa, contra la pared. Debían dormir sentados, en una sola oportunidad recuerda que los hicieron acostar para ello.

Pudo percibir que en aquél lugar había constantemente un grabador o algo que emitía música. Tuvo la certeza que se encontraba en un lugar cerca del puerto, ya que un día pudo escuchar la propaganda de la lancha "Anamora", que salía del puerto de Mar del Plata a hacer paseos, y tenía parlantes por los cuales hacía propagandas.

Describe en su declaración ante el Tribunal, que estaba en un lugar grande, como un salón que estaba en construcción por el revoque, aunque no veía con seguridad. Allí habría unas veinte personas aproximadamente. Sentía que estaban pegados al mar por el sonido de olitas, la brisa del mar.

El tiempo que estuvo en cautiverio permaneció encapuchado, con venda en los ojos, y esposado. Cuando le traían la comida le permitían levantarse la capucha, él trataba de mirar por debajo de la venda en esas ocasiones.

En relación a las comidas, atestiguó que le llamaba la atención la calidad de los alimentos y que era surtida, tenía hasta fruta y se la llevaban en bandejas de metal.

En el lugar donde se encontraba detenido podía escuchar gritos, de esta forma pudo saber que Elena Ferreiro y Javier Martínez se encontraban allí. También mencionó a Patricia Gaitán.

En su testimonio recuerda que el baño del lugar estaba "pelado", sin nada de material a la vista y sin ningún arreglo. En dicho lugar había un caño de fibrocemento que daba al exterior, mediante el cual el podía observar si era de día o de noche, era la única manera que tenía de ubicarse en el tiempo. El baño tenía un agujero en el piso y un caño con agua helada para bañarse, la puerta tenía una ventanita por la que de vez en cuando alguien miraba.

En la oportunidad que lo llevaron a interrogar, declaró que debió bajar por una escalera, la misma por la que había subido, que se encontraba en el exterior del edificio. Lo interpelaron en un cuarto donde le quitaron la venda y pudo ver que había dos personas. En alguna oportunidad recuerda que le llevaron fotos para que reconociera personas.

Declaró el testigo que había un cuartito pegado al salón donde se encontraban prisioneros, cercano a la escalera por donde lo hacían bajar. Lo llevaron ahí en una ocasión, donde una persona que dijo ser médico le preguntó si tenía alguna enfermedad y lo revisó.

Estando cautivo recibió la visita de una persona que dijo ser cura, y le mencionó que podía confesarse para liberar su alma en caso de que lo mataran.

En igual sentido declaró Eduardo Nicolás Pediconi, quien fue detenido circunstancialmente junto con Gabriel Della Valle, pero que según su testimonio, lo buscaban a aquél. Los subieron a un vehículo -Ford Falcon- y los encapucharon. Permaneció detenido durante seis días aproximadamente.

Relató que las personas que los detuvieron se comunicaban por un handy, según su percepción. Al detener el vehículo, sintió que pedían que les abriera, escuchó que alguien decía "aquí tigre", y que se abría un portón. Luego hicieron un recorrido de cinco minutos, hasta detenerse finalmente.

El testigo recuerda que cuando los bajaron del auto, tuvieron que caminar por la arena, escuchaba el ruido del mar y olía el mar, lo que le hacía presumir que estaba en la Base Naval o algún lugar similar. Lo hicieron subir por una escalera, que aparentaba ser externa y recta, aunque no lo pudo confirmar.

Durante su detención permaneció sentado en una silla de playa, mirando frente a la pared, eso lo supo ya que cuando lo sentaron sus pies golpearon la pared. En determinado momento ponían colchones en el piso para hacerlos dormir. Estaba siempre encapuchado y esposado. Sentía que en el lugar donde se encontraba detenido, había más personas, pero no los dejaban hablar, incluso sintió voces de mujeres.

Se pudo bañar en una sola oportunidad, mientras lo hacía, tenían al guardia vigilando, mirando, el baño estaba dentro del mismo edificio, no tenían que salir al exterior. Cuando iba al baño podía percibir que había más sillas, y que el suelo del lugar donde se encontraban -que no eran celdas- era de cemento áspero.

El testigo declaró que le llamaba la atención la bandeja métalica, con divisiones, donde le llevaban la comida. En el lugar de cautiverio había música permanente, tipo de música funcional, que se oía muy fuerte.

Destacó en su testimonio que, por debajo de la capucha, pudo observar que los guardias llevaban uniforme, conformado por pantalón azul y zapatos negros. Años después, tomó conocimiento que eran los uniformes de la Base Naval.

Conforme lo declarado por el testigo, al momento de su detención él estaba seguro que se encontraba en la Base Naval, pero no lo confirmar visualmente. Finalmente, al regresar a la Base en el año 1985, con motivo su trabajo como mecánico en los talleres de submarinos, al caminar libremente por el predio, percibió los mismos ruidos y olores.

b) Escuela de Buceo

Con las pruebas recabadas, también se encuentrada acreditado en autos que esta dependencia fue destinada al alojamiento de detenidos. Según las descripciones de los testigos, era un espacio amplio, ubicado en planta baja, con un pizarrón y pupitres distribuidos en el lugar. Afuera había un baño, con las características propias de una escuela.

En este lugar, los prisioneros fueron atados en forma conjunta con una misma soga, golpeadas, sometidas a simulacros de fusilamiento, encapuchadas y obligadas a permanecer paradas o en cuclillas durante períodos prolongados de tiempo.

Entre las víctimas de la presente encuesta, que lograron identificar que estuvieron alojados en esta dependencia, prestó testimonio José María Musmeci. Manifestó que fue detenido el 30 de marzo de 1976 y permaneció alojado, en un primer momento, en prefectura, después, entre mayo y septiembre, en las instalaciones de la Base Naval.

La mayor parte de su cautiverio estuvo detenido en Prefectura, junto con Pablovsky, pero los llevaban, siempre encapuchados, con cierta periodicidad hasta la Base Naval para revisaciones médicas e interrogatorios, luego volvían a Prefectura; hasta que después de dos meses, los trasladaron y alojaron directamente en la Base Naval, pudiendo aseverar que se trataba de la base porque la distancia era muy corta y conocían el camino.

En principio, permanecieron en un lugar que identificó como aulas, porque al caminar se chocaban permanentemente con el pizarrón y con bancos de aulas, que hacían ruido, cuando los dejaban sentarse, apoyaban la cabeza en los pupitres, y como las capuchas eran unos bolsos, a través de las costuras podía ver algo, estaban encapuchados, no recordó si estaban esposados o atados, y permanecían en cuclillas contra la pared durante horas. En el aula dormían donde caían, salían a un baño, cree que estaba muy cerca del aula, y era un baño como de colegio.

Advirtió que en el lugar había muchas personas en similar situación, entre 20 y 30 detenidos, los ataban a todos con una misma cuerda al cuello y comenzaban a moverse hasta que se ahorcaban entre ellos, ya que al no poder ver, cada uno se movían en direcciones contrarias.

Situaba estas aulas a nivel del mar -no estaban en un piso superior o inferior-, a veces los sacaban y llevaban a bañarse a las duchas con agua fría en la playa, sólo en esa oportunidad se quitaban las capuchas, y en algunos momentos se las levantaban para comer y podía ver por abajo.

Las esposas en el aula no eran permanentes, sino aleatorias; para los interrogatorios lo llevaban a otras aulas, eran caminatas cortas pero siempre dentro del mismo edificio, recordó archivos metálicos, carpetas y esas cosas, ahí les sacaban las capuchas, pudo ver a los que lo interrogaban, uno era el bueno y otro el malo, no tenían uniformes.

Relató que fue sometido a violentos interrogatorios a fin de establecer bien su filiación política, incluso lo golpeaban donde tenía una infección y dolía, le exhibían fotos de su familia, le hicieron simulacros de fusilamiento; también memoró un lugar al que bajaban por una escalera pronunciada para algunas revisaciones, desnudos y los hacían pasar en fila india, era denigrante y doloroso. Todo ello configuraba también un maltrato psicológico, el trato fue espantoso.

Esto duró más o menos un mes o un mes y medio -30 o 40 días-, luego lo pasaron a unos calabozos.

A su turno, Julio Alberto Lencina, Secretario del Gremio de los Marítimos de Mar del Plata, declaró que fue detenido el 26 de marzo en el mismo Sindicato y trasladado, encapuchado y maniatado, hasta la ESIM; a los 2 ó 4 días, los sacaron y los llevaron en un camión, en iguales condiciones, a la Base Naval.

Recordó que, en el trayecto, uno de los captores hablaba por la radio a la Base y decía "voy acá, trasportista n..., transportando un buitre..., dos buitres..."

Relató, sucintamente, que estuvo alojado en dependencias de la Base Naval durante unos días, sin poder precisar cuántos, en un lugar que describió como cuadrado, sin puertas, había un pizarrón, señaló que era una escuela, estaban encapuchados, atados de pies, manos y cuello, por lo que si se movían, se ahorcaban, ahí se encontró con el hoy fallecido, doctor Battaglia.

Los carceleros se divertían con ellos, de repente pasaban dos o tres guardias caminando, les pegaban patadas y les pedían cualquier cosa "cantá el himno nacional...", ridiculizándolos.

El tratamiento en la Prefectura y, más enfatizado aun, en la Base Naval, consistía principalmente en la tortura, de carácter psicológica y de "aprietes", eran sometidos a interrogatorios, en su caso, dirigido a conocer que tipo de relación tenía con Battaglia. Agregó que también los sacaban a la madrugada y les hacían simulacros de fusilamiento, oportunidad en que sintió el olor a playa. Evocó en su testimonio aun tal Alfonso, que les agarraba la soga del cuello y decía "a éste lo matamos mañana".

También escuchaba padecimientos de otras personas y acostumbraban a poner la música de la radio con un volumen elevado.

Por otro lado, alegó que durante unos días, permaneció alojado en unos calabozos, lo tiraron en una celda, donde estuvo con Tito (Battaglia), Molina y José María Musmeci.

En este espacio, también estuvieron detenidos y dieron cuenta de sus características, Justo Alberto Álvarez y Jorge Fernando Pablovsky.

c) Polígono de Tiro

Se corroboró también que en este espacio se alojaron algunos de los detenidos. Se encuentra ubicado próximo a la playa y para acceder se debe descender por una escalera recta, de cemento. Al ingreso podía percibirse una luz fuerte, que irradiaba calor -muchos testigos lo identificaron como un reflector-.

Una parte de este lugar estaba techada, otra estaba al aire libre. En alguna parte también había placas acústicas sobre las paredes.

Los cautivos fueron colocados en el piso, encapuchados y maniatados.

Las características espaciales del lugar y su funcionamiento, se encontró debidamente acreditado con los testimonios de algunas víctimas sobrevivientes.

Así, el 12 de octubre de 2010 prestó declaración Pablo José Lerner (incorporada como prueba anticipada, conforme lo dispuesto por el art. 356 y 357 del C.P.P.N.) quien en lo sustancial, relató que dos meses después del golpe de estado fuerzas militares allanaron su domicilio y se lo llevaron expresándole a su madre que lo conducían a la Base Naval y que si tenía alguna implicancia política lo derivarían a una Unidad carcelaria.

Por el recorrido realizado, el ruido del mar, las cucharas con que comían y los propios dichos de algunos conscriptos, supo que estaba allí, más precisamente en el polígono de tiro. Permaneció atado y encapuchado por 15 días y en una ocasión lo llevaron a la playa porque iban a usar el lugar.

Al sexto día, de noche, lo sacaron del polígono - al que se accedía por una escalera en sentido descendente - y lo subieron a un auto, dieron unas vueltas pero no salieron de la Base Naval.

En aquella ocasión lo acostaron en una camilla y le aplicaron una sesión de picana eléctrica al tiempo que le dirigían preguntas sobre su actividad política. Había un tono de burla de la gente que estaba ahí, que eran unas cuantas personas. Estaban los "buenos" y los "malos" y un médico que en un momento sacó un estetoscopio.

No logró especificar la duración de la sesión pero la describió como intensa, contradictoria y diferente con relación a otras que escuchó por parte de otras víctimas, a punto tal de quedar con el brazo derecho paralizado durante cien días a consecuencia de la tortura infligida.

Después de los quince días que estuvo allí lo pasaron a unos calabozos - había tres -que por comentario de colimbas y oficiales eran los que se usaban para castigo de los conscriptos o suboficiales. Allí el trato era distinto, estaban sin capuchas, no era tan "áspero" como en el polígono, y según información de conscriptos y por comentarios de Hoffman, había gente en situación de detención mucho peor que la de ellos -en referencia a él, José María Musmeci y Jorge Pavlosky- en otra parte de la Base.

Un médico que los revisaba a diario le dijo una noche "...mira Lerner, si vos supieras las cosas que se discuten de vos en el casino de oficiales, no te reirías, algunos plantean que había que darte una patada y mandarte a la calle y otros plantean que habría que atarte una piedra y tirarte al mar".

El último día que estuvo en la Base Naval salió sin capucha y ahí la pudo observar. Lo trasladaron a él y varias personas más al GADA 601 y luego a un camión colectivo con rumbo a la Base Aérea. Allí los hicieron ascender a un avión -que después supo era un Hércules- y viajaron un trecho hasta que personal del servicio penitenciario federal los derivó a la Unidad Penal n 9 de La Plata, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto nro. 3810/77, en la causa que se siguió por decreto Nro. 1704. Tiempo después fue puesto en libertad.

Su testimonio, ajeno a cualquier tipo de sospecha o suspicacia no obstante tratarse de una víctima, se vio corroborado por un elemento de fuste al momento de meritar su eficacia y al que hizo alusión durante su relato.

Nos referimos concretamente a la certificación expedida a requerimiento del nombrado para el cobro de los haberes que percibía como trabajador de la Municipalidad de General Pueyrredón. En esa documental -incorporada al debate en legal forma; art. 392 del C.P.P.N.- la autoridad militar da cuenta, lisa y llanamente, de su estado de detención en las instalaciones de la Base Naval de Mar del Plata por el mes de septiembre de 1976.

La pieza, suscripta por el Teniente de Fragata Juan Carlos Guyot, no deja margen de duda en tanto refiere que "En virtud de encontrarse el firmante de la presente, Pablo José Lerner, detenido en la Base Naval Mar del Plata, dejo constancia que la firma que antecede pertenece al mismo y fue puesta en mi presencia.-Mar del Plata 1 de septiembre de 1.976." La veracidad de la documentación, por su parte, se vio avalada por el trámite otorgado a su reverso por la Municipalidad, en tanto le otorgó certeza con prescindencia de la protocolización por escribano público al haber sido certificado por personal de la Marina.

José Ángel Nicoló, relató fue detenido el 7 de julio de 1976, por un grupo de tareas en un negocio de su propiedad, le pusieron una capucha por seguridad y lo llevaron en un Falcon celeste desvencijado; en el trayecto comenzaron a patearlo y preguntarle por "Sanjurjo", fue un recorrido corto ya que el negocio estaba por la zona del puerto y tenía antecedentes de que podía estar en la Base Naval, por referencias de Rudnik.

Allí le ataron sus manos atrás con un cinturón de cuero, lo trasladan a un lugar cerrado que podía ser una oficina, donde fue interrogado con bastante violencia; el interrogatorio lo comandó una persona que le decían "Comisario", continuaron los golpes y las torturas. El lugar tenía piso de mosaico, lo sentaron en una silla y percibió que había mobiliario.

Luego fue trasladado en un vehículo militar, hicieron un trayecto corto que duró unos segundos, en silencio absoluto, escuchó los quejidos y la respiración agitada al lado suyo, suponiendo que era la persona que lo estaba interrogando; bajaron una escalera recta de cemento rústico y el piso del lugar donde estaban, que le pareció chico, también era de cemento, lo colocaron contra una pared y percibió una luz fuerte y que irradiaba calor, se dio cuenta que era una reflector, calculó que serían entre 5 y 6 personas; allí a posteriori, dedujo por haber hecho el servicio militar y haber estado en un polígono, que era una construcción de esas características, del lado donde se cuelgan los blancos.

Ese lugar era cerrado, no sintió corriente de aire; estuvieron parados mucho tiempo en una especie de pasillo, los hacen levantar la capucha mirando contra la pared y les dieron comida. A a la hora, los condujeron a una habitación, un cuarto chico, donde los fotografíaron; en ese momento les sacaron las capuchas y les desataron las manos que tenía sujetas por la espalda con el cinturón.

Refirió que desde allí, lo condujeron hasta la playa, donde permaneció durante muchos días en unas carpas.

Finalmente fue liberado el 23 de julio, pero antes de largarlo "César" le advirtió que no podía salir de la ciudad, y si lo hacía debía avisar a un teléfono, cuyo número le proporcionó y vio que en la anotación decía "COIN" -Contra Inteligencia Naval-.

También corroboran su funcionamiento, los relatos de Oscar Rudnik, Pedro Catalano, Luis María Muñoz y Gustavo Adolfo Hoffman (a estos dos últimos testimonios nos remitimos, a fin de evitar reiteraciones).

d) Enfermería

Dentro del edificio de Sanidad, fueron colocados detenidos afectados físicamente como consecuencias de las torturas, o como en el caso de Rosa Ana Frigerio, por haber sido secuestrada con un yeso que abarcaba casi todo su cuerpo.

Se verificó también la existencia de un quirófano, donde atento a la gravedad de las heridas que presentaron algunos cautivos ocasionó que sean operados en ese recinto (confrontar el relato del testigo Pizzarro).-

Se recibió declaración testimonial al Sr. Gustavo Adolfo Hoffman, odontólogo de la Base Naval entre los años 1975/1976.

El nombrado narró que ingresó al establecimiento en el mes de febrero del año 1975 y prestó funciones en la enfermería bajo las órdenes del Dr. Braschi, debiendo atender al personal de la Base Naval que presentara inconvenientes concernientes a su especialidad. A diferencia de su Jefe y otros médicos como el Dr. Parola y Carrilaf, su situación era particular ya que se trataba de personal sin carrera militar y asimilado a ellos.

Cada veinte días tenía una guardia de oficial de servicio no militar que duraba veinticuatro horas y consistía en ser responsable que todo funcionara bien dentro del predio: el agua caliente, la comida, si se rompía algo arreglarlo, etc. El sistema implementado consistía en que como responsable debía resolver el problema que se presentara y entregarlo al Segundo Jefe de la Base que en el año 75 era el Capitán Martínez y en el año 76 el Capitán Ortiz.

Duraban veinticuatro horas y los cambios de guardia se realizaban en el despacho de Ortiz, al cual vio tres o cuatro veces, como así también cuando le presentó la baja. No había un trayecto fijo, se recorría la Base o se iba a dormir pero siempre tenían que estar listos si lo necesitaban.

Relató que en el tiempo que permaneció en la Base vio personas detenidas.

La primera vez fue en mayo o junio de 1976, estando de guardia fue a controlar la comida de los conscriptos y el cocinero, que era un suboficial, le dijo "tenemos visitas", le contestó "cómo que tenemos visitas?" y le respondió "sí ahí": se dirigió a la cocina donde había un recoveco con tres calabozos -que según le dijeron era de mucho tiempo cuando sancionaban a los conscriptos-, se asomó y vio a tres muchachos (Lerner, Pablovsky y Lencina), en buen estado y a cara descubierta, uno en cada calabozo. Al preguntarles qué les pasaba le contestaron que estaban detenidos, uno le dijo que era un sindicalista y otro le dijo que era de la Juventud Peronista, pero conversaron pocas palabras.

Posteriormente, cuando se enteraron que era odontólogo, le pidieron cepillos de diente, los cuales les llevó junto a algunos libros. Le dijeron que estaban detenidos a disposición del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo y que les habían dicho que pronto los soltaban.

Refirió que ya cuando se había ido de baja, una noche esterilizando el instrumental, entró alguien en la sala de espera de su consultorio y le dijo "no se acuerda de mí?", expresándole "yo estuve preso en la Base, me soltaron". La razón de su vista era agradecerle por el trato recibido y le comentó que se iba a Brasil porque estaba asustado y tenía miedo, pero no logró recordar su nombre.

En la segunda oportunidad, aproximadamente en el mes de julio, recorriendo la Base mientras estaba de guardia, divisó un edificio que estaba en construcción con una guardia armada; se acercó para ver qué pasaba y le dicen "hay detenidos", se asomó y había un espacio grande con diez o doce personas que no estaban atadas, sentadas en sillas tipo rústicas y dispuestas en círculo con capuchas que tenían número.

Cuando entregó la guardia se enteró que una de las funciones era ver que los detenidos estuvieran bien de salud, que les diera de comer, que se pudieran bañar y tenían que anotar en el parte las novedades. Esa referencia creyó que cuando hizo la entrega de la guardia se la hizo el Segundo Jefe de la Base que era el Capitán Ortiz.

El lugar estaba yendo hacia el fondo de la Base, cerca de la dársena de submarinos, era un edificio en construcción con cemento a la vista, algo cuadrado y como que iba a continuar a un primer piso que estaba sin hacer. Estaba la puerta principal y había una escalera que iba hacia la parte de arriba, era exterior, se veía de afuera. La planta baja tendría diez metros por ocho y entrando a mano izquierda había tres o cuatros calabozos con puertas de metal que estaban vacíos. Afuera había un cuarto precario con ducha eléctrica donde se bañaban los detenidos.

A la siguiente guardia volvió a pasar por allí, incluso a uno por uno les preguntaba si se querían bañar, y le decía a la guardia que tal número se quería bañar y el dicente se iba. Esto se lo reportaba al Segundo Jefe y éste no le decía nada.

Después de eso, en las dos guardias más que hizo, iba directamente allí y seguía habiendo gente detenida, no pudo afirmar si eran las mismas personas, pero sí que estaban dispuestas de la misma forma y en idéntica cantidad.

Algunos detenidos le expresaban que tenían dolor de cabeza, a ver si le conseguía algún analgésico. Uno de ellos le preguntó por un nombre femenino, el dicente le contestó que no sabía, les preguntó uno por uno a los detenidos y una chica le dijo que era ella; le avisó a quien le había preguntado y le solicitó si podía verla, fue a consultar con un militar de carrera y les abrieron un calabozo, los pusieron ahí, espió por la mirilla y vio que se levantaron la capucha y se besaron.

Refirió también que el personal subalterno estaba a cargo de la guardia allí, no pudiendo recordar los nombres porque no los conocía, pero estaban con uniforme de combate medio verde y armados.

El último episodio que vivió y que lo decidió a pedir la baja, fue que en una oportunidad divisó a una mujer que manejaba un aparato de audiometría que le llamó la atención, se acercó y le dijo que era fonoaudióloga y que estaba haciendo fono audiometría al personal. En ese momento entraron por la otra punta de la enfermería personal armado que traían en una camilla a una persona de civil, y la mujer le preguntó si se trataba de un guerrillero, a lo que contestó que no sabía y le empezó a preguntar si en la Base había gente detenida. Terminó la conversación y se metió en su consultorio a trabajar. Después le llegó una sanción de arresto de tres días que le aplicó Ortiz y cuando fue a hablar por este hecho le refirió que había estado hablando con un civil y que divulgó un "secreto militar"; le explicó lo que había pasado y éste se enojó porque las sanciones militares no se discuten y le cortó la comunicación.

A raíz de ello, en septiembre u octubre del año 1976 pidió la baja que le fue comunicada a los veinte días por parte del Segundo Comandante.

Con relación al golpe de estado, refirió que todos hablaban que "se venía", que era como un "prode".

El día veintitrés les dijeron que fueran a sus casas a buscar ropa porque a partir de allí quedarían acuartelados. Esa noche llegó a la Base, cenó y se fue a dormir, pero pudo apreciar que había muchos vehículos que entraban y salían con personal armado. Estaban las guardias militares de siempre, lo que sí había más movimiento.

Luego del 24 de marzo, mientras duró el acuartelamiento, percibió a toda hora la circulación de vehículos con personal armado, camionetas tipo pick up, ómnibus, coches particulares y vehículos de obras sanitarias.

A las personas que se encontraban en los calabozos los vio una vez sola, cuando volvió ya no estaban. Posteriormente vio la gente encapuchada, la primera vez también se sorprendió y cuando lo comentó le dijeron que la función era cuidar que tengan comida, que se puedan bañar.

Un día estaba en el consultorio, golpearon la puerta y había dos o tres militares armados con una persona encapuchada; le dijeron que tenía un detenido con dolor de muela y le preguntaron si era necesario que se quedaran, a lo que respondió que no. Cerró la puerta, le sacó la capucha, lo atendió y le sacó la muela. Si bien en una primera instancia no logró recordar su nombre, habiéndosele leído en el transcurso del debate su declaración prestada en el marco del Juicio por la Verdad, sostuvo que a quien le había sacado la capucha era una persona de apellido Pavlosky.

Mencionó que durante su estadía conoció a Astiz, que era de menor grado y se sentaba en la misma mesa; estaba como submarinista y tenía el grado de guardia marina o de teniente de corbeta.

Memoró también que allí había un lugar para polígono, era abierto y fue una vez sola vez.

Alguna vez conversó sobre la gente que estaba detenida con su jefe directo y las órdenes específicas las recibía del Segundo Jefe. No había una orden específica, sino que estuvieran bien tratados dentro de esa situación.

No escuchó hablar en la Base que hubiese grupos de tareas, ese término lo aprehendió después cuando se empezó a hablar en los diarios.

Conoció al Capitán Pertusio. Era un oficial de jerarquía de la Base, Jefe de los Buzos Tácticos y, con respecto a los detenidos, por su escalafón debería saber lo que pasaba allí.

También dieron cuenta de que en la enfermería se alojaron personas detenidas, Patricia Molinari, José María Musmeci, Justo Alberto Álvarez, Miguel Ángel Domingo Parola y Rómulo Rodolfo Braschi.-

e) Calabozos

Están ubicados al lado de la cocina, cerca del comedor de conscriptos, en diagonal a la Enfermería y, para ingresar a ellos, las victimas debían descender unos escalones. Su ubicación pudo comprobarse durante la inspección ocular realizada oportunamente por este tribunal, ya que este espacio no sufrió modificaciones.

Estaban conformados por tres reductos de escasas dimensiones, protegidos con rejas. En su interior, había una cama, estilo cucheta, que ocupaba la mayor parte del lugar.

Los detenidos permanecieron encapuchados de manera alternada, fueron custodiados por conscriptos y suboficiales.

José María Musmeci, relató en su testimonio que, después de estar alojado en las aulas -correspondientes al edificio de la Escuela de Buceo-, fue trasladado a unos calabozos dentro de la Base Naval.

Era tres celdas, muy pequeñas, de reducidas dimensiones, que tenían una cucheta y casi no entraban parados; daban a un estrecho pasillo.

Allí estuvo detenido junto con Pablovsky, después conocieron a Lerner que estaba en otra de las celdas, y también a un sindicalista "Celentano", que era de la Junta Nacional de Granos, al que nunca más vio, pero que estuvo con ellos en ese lugar.

Estando alojado en las celdas, tenía más diálogo con algunos oficiales, además recibió una única visita de su familia que le trajeron ropa -porque tenía puesta la misma desde el principio-, fue en un patio cubierto, un lugar interno, muy cerca de las celdas.

Durante la visita, él declarante le habían quitado las esposas y su familia estaba custodiada, con custodia reforzada armada, con armas largas.

Mencionó que Jorge (Pablovsky) y Lerner también recibieron más de una visita.

Recordó que había un oficial odontólogo Hoffman, que tuvo una actitud muy humanitaria, era un guardiamarina, muy joven, a él lo intervino en su consultorio por que tenía una infección en la boca provocada por el uso de la capucha. Posteriormente, se presentó personalmente en su consultorio para agradecerle por el buen trato recibido.

La existencia de este espacio clandestino fue confirmada con los testimonios de Jorge Pablovsky, Justo Alberto Álvarez, Luis Alberto Fernández, Luis María Muñoz, Gustavo Hoffman y Pablo Lerner, a cuyos testimonios nos remitimos, en lo pertinente, a fin de evitar innecesarias repeticiones.

f) Las carpas en la playa

El predio naval tenía una playa privada a la que accedía sólo el personal militar, allí habían varias carpas de lona donde fueron alojadas algunas víctimas.

Tenían aspecto viejo, había un asiento de madera, tenían una especie de vestuario interior pero sin cortina. Los cautivos eran colocados en la arena fría, expuestos a los cambios climáticos, atados sin posibilidad de movimiento.

Aquellos que estuvieron detenidos en este espacio, recordaron que fue en época invernal, alguno de ellos, dijeron haber permanecido una semana, sin abrigo, con poca ropa, golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento y a hostigamientos psicológicos.

Retomando el relato de José Ángel Nicoló, señaló en su testimonio que luego de ser fotografiados en el polígono de tiro, los condujeron hasta un lugar donde sintió que pisaban arena, caminaron más de 100 mts. por la arena y recordó que hacía mucho frío. Caminando en dirección a ese lugar, pasaron por un sector donde escuchaba una puerta metálica, y los pusieron a él y otros 6 ó 7 detenidos en una carpa de playa, que tenía un asiento de madera como si fuera el vestuario de la carpa, pero sin cortina, con la guardia delante de ellos.

Transcurrieron toda la noche sin mantas y con la arena fría, hasta el otro día en que los trasladaron a un lugar cerrado, allí se sentía olor a comida, estaría cerca de algún comedor, no les dieron agua ni cubiertos, pero después los volvieron a llevar a las carpas. Permanecieron ahí hasta el día lunes 12, mas el 9 de julio, estando en las carpas escuchó un acto que celebró la armada, y esa misma noche recibió una manta, los días subsiguientes le dieron una manta más y un colchón.

Refirió que en una oportunidad escuchó que despegaba un avión, como una de las farazadas tenia un agujero se sacó la capucha y vio la baliza y el espejo de agua; sentían los autos que entraban al club náutico.

Por las noches los sacaban de las carpas y los llevaban a un lugar cerrado donde había colchones, los ubican a cada uno en una cama, para dormir les ataban los pies a todos en una especie de hilera, con la misma soga.

Graciela Datto, también relató en la audiencia que, mientras estaba detenida en la Base, la llevaron a bañarse en una sola oportunidad, la condujeron del brazo y caminó por la arena hasta llegar a una casilla. Allí le sacaron la capucha, porque sentía el agua correr por su cabeza, por las ranuras de la casilla vio ojos que la observaban, antes de terminar de bañarse le volvieron a poner la capucha.

Del mismo modo, Héctor Alberto Ferrecio, manifestó que en al Base Naval una única vez lo llevaron a bañarse a una casilla, donde le quitaron la capucha, presentía que era de noche, y pudo percibir que caminaba sobre la arena para llegar allí. Era una ducha de playa, y estuvieron permanentemente vigilándolo.

El testigo Miguel Ángel Erreguerena, mencionó en el debate que, al terminar la sesión de tortura en la radio estación, lo llevaron nuevamente a la caseta, la escalera y con el mar al lado. En la carpa estaba solo, pero se escuchan las toses, los llantos, los gritos, supo que donde mayor cantidad de personas se concentró era en ese hangar de dos pisos, donde estaban tapiados e incomunicados -haciendo alución al edificio de Buzos Tácticos-.

También dieron cuenta de la utilización de las carpas ubicadas sobre la playa, para albergar transitoriamente a las víctimas, el testimonio de Ricardo Alfredo Valente y Guillermo Eduardo Cángaro.

2. Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM)

Tal como hemos referido, el circuito represivo de la Armada en la ciudad de Mar del Plata, incluía otros ámbitos destinados al alojamiento de detenidos, donde permanecieron en cautiverio, al margen de la legalidad, personas que resultaron víctimas de los hechos integran el objeto de la presente.

Así, con los numerosos testimonios recogidos en el debate y la documentación incorporada, se halla debidamente acreditado que las instalaciones de la ESIM integraron el circuito clandestino que operó la Armada en esta ciudad, en la lucha contra la subversión.

En principio, dicho predio resultó identificado como centro clandestino de detención en el Informe final de la CONADEP, del que se desprende que se trataba de un CCD ubicado en el Area FT6 (fuerza de tareas N 6), de la Subzona militar 15, que operó a tales fines durante el período comprendido entre 1976 y 1979.

Se encuentra incorporado como prueba el Agregado III, caratulado "Procedimiento realizado en la Esim Mar Del Plata", correspondiente a la causa n21/85, iniciada el 12/8/85, ante el Juzgado de Instrucción Militar n 1 de la Armada Argentina (n de instrucción 1389 "S/ Denuncias de Battaglia Alfredo Nicolás y Otros - Juz. Fed. Mar Del Plata, Sec.4-).

En este cuerpo probatorio, lucen agregadas cinco actas labradas con motivo de la inspección ocular realizada por la CONADEP, en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, el 26 y 27 de junio de 1984, junto con los testigos Alfredo Nicolás Battaglia, Adolfo Molina, Fernando Héctor Grümblatt y Jorge Alberto Pellegrini (ver fs. 2/10)

Como resultado de las citadas diligencias, cabe destacar que "...A escasos metros (de la playa) se inspecciona el polvorín, lugar en el que se alojaban detenidos... y a la derecha la puerta conduce a la sala que se habría usado como lugar de tortura (foto 9)"

También se inspeccionó la Central de Comunicaciones, oportunidad en que el testigo Pellegrini "...reconoce el camino de pedregullo y el tipo de árboles que rodea el recinto...Indica haber ingresado por una puerta amplia, ya que entraron 2 personas al mismo tiempo (fotos 13 y 14). Señala que inmediatamente a la derecha del ingreso existe un baño (fotos 13, 14 y 16). ...en los 2 ambientes a los que se ingresa desde el hall de entrada, por una puerta que se halla a la derecha en la actualidad están las instalaciones de comunicaciones... Reconoce asimismo los paneles acústicos que cubren las paredes..."

Agrega Pellegrini que "...en ese momento el piso de madera se encontraba recubierto con un aislante de goma y el mobiliario había sido cambiado, pero la estructura no había sido modificada como tampoco el revestimiento acústico de las paredes."

También reconoció inmediatamente el local en el que estuvo detenido, el local contiguo al que lo llevaban a comer, que las puertas eran anchas y "...las mesas de madera que se hallan hoy en el Casino de Aspirantes". Se describe como un lugar grande, donde hay radios, radares y que aún conserva los paneles acústicos, a los que todos los testigos hicieron referencia en el debate.

Los testigos manifestaron que no se verificaron mayores reformas en el establecimiento desde la época en que estuvieron detenidos.

Asimismo, se incorporaron los planos de la ESIM, confeccionados con motivo de la inspección correspondientes a la zona "El Polvorín" y "Centro de Comunicaciones" -fs. 11- y las fotografías del polvorín, puesto de guardia, Central de Comunicaciones, baño, entre otras -ver fs. 12/20-.

Es preciso señalar que, si bien Battaglia alegó no poder reconocer los lugares recorridos como sitios probables de su ilegal detención, en razón de corto tiempo que permaneció allí alojado, y en forma interrumpida entre el 24/3/76 y 13/4/76, lo cierto es que de la completa lectura del acta y al observar las vistas fotográficas que la ilustraron, surge que la inspección ocular no se realizó por la totalidad del predio.

Así, en ocasión de regresar el 18 de febrero de 2002, a efectos de desarrollar similar diligencia con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, visitó todas las instalaciones, y se consignó en el acta pertinente que: "...el Dr. Battaglia reconoce una escalera exterior de mampostería a cuyos lados se erige un paredón continuo de ladrillo de unos cuarenta centímetros de altura, por la que habría sido llevado a una construcción y alojado en un cuarto amplio. Que la misma tiene sentido descendente en orientación al este y se ubica en el sector posterior del predio. Que al inicio de la misma se observa un cartel que dice "Teatro de los sueños" y al llegar al final de dicha escalera se observa un edificio sobre cuyas paredes se encuentra un escenario de madera construido a un metro cincuenta sobre el nivel del suelo. Que en la pared de fondo del escenario se percibe el relleno de los que anteriormente fueron ventanas y se ubica una puerta de dos hojas que permite el acceso al edificio. Que facilitado el acceso al mismo, se encuentran diversos ambientes, dos de los cuales se tratan de cuartos de seis metros por cuatro, con dos ventanas al exterior anuladas por la colocación de ladrillos huecos y con un cielorraso alto de dos metros con cincuenta centímetros de altura, aproximadamente. Que seguidamente el Dr. Battaglia observa detalladamente el lugar manifestando que por las características, podría tratarse del salón amplio en el que estuviera detenido pero sin poder asegurarlo completamente..."(ver fs. 1393/98).

Este reconocimiento tardío concuerda con lo aseverado en el año 1986 en ocasión de prestar declaración ante la Cámara Federal de Capital Federal, en la Causa n 13, cuando expuso la circunstancia ya apuntada de que desde el edificio de la Prefectura Naval era sacado para ser interrogado en la ESIM, circunstancias estas que han llevado a conformar la certeza de su detención en esa Escuela.

Del acta protocolizada con motivo de la inspección ocular del tribunal, se desprende una descripción de las características generlales del predio y la ubicación de las instalaciones, consignando que "...se trata de una contrucción de cuatro ambientes y un baño, ubicada a unos cuarenta metros de la base del faro en dirección oeste, en la que funcionara una sala de radio o comunicaciones. Que uno de los ambientes es identificado como el cuarto donde estaban alojados, en cuyas paredes se observan paneles acústicos de color blanco con orificios y su piso es de madera flotante que provoca un particular sonido de eco al caminar, circunstancia que es percibida y reconocida por los tetigos...".

A partir de los reconocimientos e inspecciones judiciales citados, dentro de las instalaciones de la Escuela de Infantería de Marina pudieron identificarse dos espacios donde permanecían alojados los detenidos. El primero era la Sala de Comunicaciones y armas, situada en el predio donde funciona el Faro y, el segundo el Polvorín, que fue identificado en la inspección de la CONADEP aludido, pero que en la actualidad se encuentra tapado.

Sumado a la documentación recaba, resultan relevantes los testimonios de las víctimas sobrevivientes que lograron identificar la ESIM como el lugar donde estuvieron cautivos y dan cuenta de las inhumanas condiciones de detención en las que se encontraban; asimismo, muchos de ellos maniestaron que habían permanecido alojados con antelación en la Base Naval de Mar del Plata desde donde fueron trasladados en colectivos o camiones, lo que confluye a demostrar la dependencia funcional de este organismo con la Base Naval.

Entre ellos, cabe destacar el testimonio de Enrique René Sánchez, quien fue detenido el 20 de agosto de 1976, por fuerzas que se identificaron como coordinación federal y le dijeron que lo llevaban un rato para tomarle declaración.

En el trayecto escuchó que los captores se preguntaban si lo llevaban a La Cueva o a la Base, posteriormente se enteró que estaba en la Base Naval. Allí lo ataron de pies y manos, le pusieron la capucha y un pasamontaña, fue interrogado y torturado, durante un mes.

Un día lo cargaron en un camión o camioneta y lo llevaron a otro lugar, que por el recorrido que hizo el vehículo, supo que estaba en la zona del Faro; los sentaron en sillas, con las manos sobre unos mesones grandes de madera, escuhó que había otras personas a su alrededor, había turnos y cambio de guardias, llegaron a hablar con los guardias, incluso les ponían sobrenombres, como el "Gran Jefe", que los hacía levantar de donde estaban sentados y los hacían rezar el Padrenuestro, y el "Monstruo".

Conoció a 2 o 3 personas que habían permanecido cautivos con el testigo: Alejandro Sánchez (Pajarito), Carlos Mujica (El Zorba), al testigo le pusieron como apodo "Santiaguito", estaba también Alberto Cortéz (Gardelito); también había algunas mujeres, que no recordó.

Refirió que ahí estuvo aproximadamente hasta el 18 de diciembre, cuando lo regresaron a la Base Naval, a un cuarto de 2 por 2 -ó por 1-, hasta el 27 de diciembre de 1976 que recuperó su libertad.

También Alberto Cortez, manifestó que lo secuestraron el 19 de agosto del 76, primero lo condujeron a la Base Naval, donde permaneció detenido 15 días y de la Base lo trasladaron al Faro en una combi junto con 4, 5 ó 6 personas más.

Al arribar, los bajaron del vehículo a trompadas y patadas, ahí estuvo 100 días sentado en una silla, atado de pies y manos con sogas, vendado y encapuchado; a raíz de ello empezaron sus problemas de salud, tenía los tobillos muy hinchados, inflamados por la falta de irrigación sanguínea.

Supo que se encontraban en la sala de radio del Faro, porque tocaban las paredes y había unos paneles con agujeritos, siempre lo comentaban entre los detenidos.

Con relación a las condiciones de detención también señaló que podían iban al baño que estaba a 8 ó 10 mts., con los ojos tapados, las vendas y la capucha sin ver nada, "tenían perfecta locomoción en el espacio, iban al baño como si vieran..." Destacó que en el Faro había música estridente, que aturdía, sonaba todo el día.

Expresó que los secuestradores tuvieron con ellos un trato más respetuoso que en la Base y que la tortura era psicológica. La tortura física siempre fue en la Base, cuando estaba en el Faro, los regresaban esporádicamente a la Base para torturarlos arriba de un elástico, desnudos, con picana.

No obstante, relató que en el Faro pudo ver la violación de una compañera estando encapuchado, él estaba sentado con la cabeza recostada sobre la mesa, la capucha se le abrió y vio el episodio, agregó que varias veces intentaron violar a sus compañeras.

Recordó a compañeros con quienes compartió el cautiverio en el Faro, incluso inventaron códigos para poder hablar entre ellos, a Mancini le decían "Tordo", a Alejandro Sánchez "Pajarito", a Julia Barber "July", a René Sánchez "Santiago", a Carlos Mujica "Zorba" y al deponente le decían "Pancho"; además recuerda un compañero hoy muerto que le decían "Tato".

Pudo aseverar que estuvo allí alojado, porque en cierta ocasión un guardia le tiró en la cara "vos me vas a matar", le levantó la capucha y ahí pudo ver el Faro, por la ventana, a una distancia de 15 metros. Posteriormente participó en el reconocimiento ocular realizado en el juicio por la verdad, junto con Mancini, y destacó que en dicha oportunidad también reconoció el faro.

En su declaración, Pablo José Galileo Mancini, expuso que fue secuestrado el 8 de septiembre del 1976, y estuvo detenido durante en la Base Naval durante 20 días, aproximadamente, donde fue sometido a torturas y violentos interrogatorios. Hasta que en determinado momento lo subieron a un camión, en la parte de atrás, tapado con mantas, junto con varias personas, salieron de la Base Naval, hicieron un trayecto corto, de 10 minutos, y lo trasladaron a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina.

Agregó que logró identificar dichas instalaciones en el reconocimiento judicial realizado en el juicio por la verdad, aclarando que no advirtieron modificaciones excepto en la puerta del baño -la que incluso estaba marcada-, y que ahora abría hacia el otro lado, también estaban los paneles acústicos de la sala de radio.

Expresó que el lugar era un rectángulo y en las paredes estaban colocados a un metro de altura esos paneles acústicos utilizados para el sonido, como sala de grabación, era una radio abandonada.

Relató que las condiciones de detención eran más severas, en la Base Naval estaban con la capucha y las esposas, pero en la Esim con tapones en los oídos, algodones en los ojos, una venda, capucha con un número, atados los pies y esposados.

Había dos mesas a lo largo contra las paredes y los prisioneros se encontraban sentados, no eran mucho más que diez en ese lugar, estaban cinco de un lado y cinco del otro, las espaldas muy cerca formando un corredor, sonaba la misma música permanente, durante todo el día con un tocadiscos que tendría un par de long play. En cierta oportunidad se rompió el aparato de música y escuchó claramente el grito de una chica que no era del grupo en el que estaban ellos, por lo que dedujo que dentro de la Esim había otro lugar con detenidos.

Algunos detenidos ya estaban de antes, permanecían sentados en la misma silla ininterrumpidamente, durmiendo y despiertos, después de 20 días le trajeron un colchón para que duerman 5 primero y 5 después, en turnos de 4 horas cada uno, tal es así que se había acostumbrado a dormir en la silla y no en el colchón.

Allí permaneció durante la mayor parte de su cautiverio, hasta el 15 de diciembre; ese lugar funcionaba como una especie de depósito donde los tenían hasta tanto se resolviera la situación de cada uno.

Algunas guardias eran más tensas y otras no tanto, eran todos suboficiales, entre ellos se llamaban con apodos como "gran jefe", "gran valor", otro que era correntino "sapucay". Cuando mataron a Cativa Tolosa en Mar del Plata a principios de octubre, lo que supieron por las manifestaciones de los guardias, se endureció la vigilancia.

Los guardias les decían "mientras estén encapuchados tienen más posibilidad de vivir"; a veces cuando cambiaba la guardia los golpeban sin motivo y los amenazaban. Recordó que una noche fue terrible, los esposaron con manos atrás -antes estaban esposados adelante-, algunos tendidos en el suelo sobre los colchones y otros sentados, violaron a una compañera de ellos ahí, a escasos metros del resto.

En este lugar, a pesar que prácticamente no hablaban entre ellos, aveces podían comunicarse, pudo saber con quién estaba, se pasaban nombres, algún teléfono, porque el que salía tenía que avisar a las familias que estaban vivos, fue conociendo a Alberto Cortés, a Carlos Mujica, René Sánchez, Alejandro Sánchez, Julia Barbers y Fernando Yudi que le decían "Tato"; con este grupo es con el que más tiempo permaneció detenido.

Allí escucho lo de "los vuelos de la muerte", los amenazaban diciendo que comieran bien "...porque hoy es tu última comida, vas a viajar en avión y te vas a bajar sin paracaídas".

El día 15 de diciembre los cargaron a todos, vaciaron ese lugar, y los llevaron de regreso a la Base Naval, donde permaneció hasta el 24 de diciembre, que fue dejado en libertad.

Carlos Alberto Mujica, relató en su declaración que fue secuestrado el 23 de septiembre de 1976 y liberado el 21 de diciembre de ese mismo año.

Permaneció detenido en la Base Naval de Mar del Plata, hasta que una noche en el mes de noviembre, lo cargaron en una camioneta, una estanciera, tirado en el piso y lo llevaron al Faro o la ESIM, donde estuvo un tiempo, hasta que volvieron a llevarlo a la Base, en el mes de diciembre.

Cuando lo trasladaron a la ESIM, el trato fue considerablemente mejor, estaban en una habitación encapuchados, con algodones en los ojos, sentados junto a una mesa alta de madera, gruesa, era más alta que una común; estas mesas tenían agujeros similares a las clavijas de los equipos de telefonía, que el testigo reconoció porque trabajaba en ENTEL; en un extremo había un tocadisco que siempre tenía música fuerte, y había paneles acústicos; a la noche se podían acostar.

Los guardias les permitían conversar entre ellos, conocerse, había hombres y mujeres. En el Faro compartió cautiverio con René Sánchez, Alberto Cortez, Pablo Mancini, Fernando Yudi, Alejandro Sánchez Pajarito) y una chica que se llamaba Julia.

Notó que algunas guardias eran más benévolas que otras, ellos decían que eran gendarmes, algunos les ofrecían algo para comer; al lado de la sala de detención había un baño con un botiquín, era un baño viejo pero bien hecho, con azulejos amarillos, de la década del 50, de vidrio allí se duchaban, hacían sus necesidades, y sólo ahí estuvo con su visual libre, pero no vio más que el baño.

Agregó que en el Faro había sobrenombres para todos, para ellos y para los guardias.

Allí no había sala de interrogatorios, en el mismo lugar donde le cortaban el pelo -sin la capucha- le hacían un par de preguntas, los interrogadores sólo estaban un momento con ellos, los interrogaban y los devolvían, además de quienes los interrogaban estaban los que custodiaban.

En su declaración, Julio Lencina manifestó que lo detuvieron el 26 de marzo en el Gremio de los Marítimos de Mar del Plata, era Secretario del sindicato, lo encapucharon lo maniataron y lo trasladaron al Faro, donde estaba la Escuela de Infantería de la Marina, donde permaneció un día y medio.

Cuando arribaron a la ESIM, lo bajaron, junto con otros compañeros, y por debajo de su capucha pudo visualizar algo, había mucha gente, como 20 ó 30 personas de Mar del Plata y otros lugares, escuchaba todo incluso oyó voces de mujer, los ponían mirando contra la pared y si se movían les pegaban en la cabeza con el fusil; dormían sentados en el suelo contra la pared; este lugar estaría a 10 metros del faro.

La tortura era psicológica, por ejemplo haciéndoles saber que habían hecho explotar una bomba en sus respectivos domicilios; también agregó que el día y medio que estuvieron en la ESIM no fueron al baño ni les dieron de comer, solo les trajeron en un jarro enlozado, cree que un poco de polenta hervida y un vaso de agua.

Estaban en el lugar donde hacían los primeros interrogatorios, le preguntaron donde estaban las armas de la CGT, iban los de Prefectura y de la Base a interrogarlos; entre los suboficiales que participaban estaba Maroli, que respondía a Mosqueda y también a Silva, ambos de Prefectura.

En la ESIM, además de los de Prefectura, fue en el único lugar donde lo hicieron sentar en una silla, había un escritorio y personas de otro índole -no militares-, habían agarrado su billetera, tenía la tarjeta del Secretario Martelo, el abogado del gremio, entre otros, y le pareció que lo estaban investigando: dónde se movía y qué hacía.

Describió que la ESIM era como un sótano, una planta baja, porque recordó que tuvo que subir unas escaleras para ser cargado en el camión, a los 2 ó 4 días de estar secuetrado, para ser conducido a las dependencias de la Base Naval.

En su testimonio Graciela Datto, narró que en julio de 1976 fue secuestrada, le pusieron una bolsa en la cabeza medio transparente y la llevaron a la Base Naval, luego fue trasladada a la Esim. Relató que en la ESIM estuvo dos meses sentada, con las manos arriba de una mesa larga, atadas de pies y manos; había música permanentemente y mezclado con la música, se escuchaba una banda que ensayaba; el baño estaba cerca, ahí los dejaban bañarse, lavarse los dientes y no fueron sometidos a interrogatorios.

Cuando arribaron a la Esim, en el traslado, le habían atado las manos a la espalda muy ajustado, un guardia la apartó, le dijo que le iban a sacar la capucha que no podía abrir los ojos y le pusieron algodón con vendas y cinta adhesiva , arriba la capucha .

Había guardias más tolerantes que otras: cuando bajaban la cabeza les daban un garrotazo.

Hizo referencia a un triste episodio que sufrió en la ESIM, estaba sentada y tuvo una hemorragia, la llevaron al baño para que se lave, calculó que era un aborto espontáneo, fue revisada por un médico a quien le manifestó que desconocía que estaba embarazada. Le dijo que no daba más de las piernas, las tenía muy hinchadas, el doble o triple, de estar sentada, y este médico le dijo a los guardias que la pongan con los pies hacia arriba, pero duró hasta que cambió esa guardia.

Supo que era la ESIM porque se lo dijo un guardia.

Después de ser trasladada a distintas dependencias, fue liberada en diciembre del mismo año.

Héctor Ferrecio, esposo de la víctima anterior, fue detenido y llevado a un lugar que reconoció como la Base Naval, donde estuvo 30 días, después lo llevaron a la Esim, donde permaneció en cautiverio otros 60 días más. Posteriormente fue alojado transitoriamente en distintas dependencias policiales y penitenciarias, hasta que recuperó su libertad en diciembre ó noviembre de 1977.

Cuando lo trasladan de la Base a la Esim, hicieron una especie de relevamiento, lo hacen subir a un micro, entre los asientos del micro había otras personas, estaba seguro que no era un trayecto dentro de la Base, porque el recorrido era más largo.

Relató que en la Esim estaban las 24 horas sentados en el mismo lugar, se levantaban solo para ir al baño, estaban sentados con las manos sobre una mesa, inclusive dormían en esa posición, estaba atado de pies y manos, cinta adhesiva en los ojos, algodón en las orejas y capucha, los 2 ó 3 primeros días que estuvo en la Esim no lo dejaban dormir y si se dormía lo golpeaban, después se durmió sobre la mesa, agregó que de estar sentados tanto tiempo, tenía los pies y laspiernas tan hinchadas, que se le rompió el pantalón.

A la noche le ponían unos colchones y los retiraban por la mañana, se daba cuenta de la cantidad de gente por el movimiento de los colchones, eran varios sin poder precisar cuántos, no era algo que llevara demasiado tiempo, 5 ó 10 minutos, pero no siempre había la misma cantidad de gente.

Sonaba una música en forma permanentemente, el sonido era muy fuerte; a la noche por ahí no estaba la música y se podía dormir, era una tortura psicológica desde todo punto de vista, todo era bajo amenaza de muerte.

En su declaración manifestó que en la Esim estuvo Pellegrini, también estuvo junto a su esposa Graciela y una tarde noche cayó otra mujer que no pudo saber quién era ni de dónde venía, pero estaba muy trastornada.

En este lugar no fueron sometidos a interrogatorios, al menos en su caso. Mas explicó que un día se presentó en la Esim una persona de la Justicia Federal -después conoció que era de apelliddo Fiore-, lo llevaron ante el Secretario del Juez, le sacaron la capucha y lo desataron, le pidieron los datos personales y le hicieron firmar una declaración ya redactada sin ver su contenido; tiempo después se enteró que tenía un defensor, la doctora Teodori.

Por último, Alberto Pellegrini expresó ante el tribunal que estando detenido en la Base Naval, después de unos 20 días, lo levantaron, siempre encapuchado y lo trasladaron a la ESIM en un colectivo; lo sentaron en el piso entre los asientos, junto con otras personas, que no eran menos de 8. Supo que estuvo en la ESIM porque siempre vivió en Mar del Plata y si se sale de la base en dirección a la izquierda, sabe que está la ESIM.

Cuando llegaron allí, lo primero que hicieron fue esposarle manos y piernas, a la capucha se sumó algodones en los ojos, adheridos con cintas adhesivas; lo sientan delante de una mesa más alta, tipo pupitre, las manos no se podían bajar de la mesa; fueron bastantes duras las condiciones, había que dormir sentado, fue asistido por un médico porque se sentía mal, dijo que tenía flebitis, le dio una medicación y que pusiera las piernas en alto, pusieron un banquito, hasta que cambió la guardia y se lo sacaron.

Era particular la acústica en ese sitio, siempre había música, el mismo disco, reconocieron que el lugar era una sala de radio con paneles acústicos; también recordó que aveces ensayaba una banda. Este dato coincide con el reconocimietno efectuado por la CONADEP, al que hemos aludido, en el que se verificó que el lugar de ensayo se encontraba enfrente de la Central de Comunicaciones.

Sin perjuicio de las condiciones en las que se encontraban, les daban cepillos para lavarse los dientes a la mañana, les cortaban el pelo, le sacaron la capucha pero no los algodones de los ojos, que le supuraron, también lespermitían bañarse e higienizarse en un baño, la ducha era del estilo de una casa; allí había detenidas entre 8 y 12 personas.

Estuvo alojado ahí durante unos 15 días, hasta que un día lo sacaron, lo llevaron hasta la entrada, le quitaron la capucha y los algodones de los ojos, para fotografiarlo, de frente y de perfil; lo subieron a un auto y lo regrersaron a la Base Naval.

Finalmente adujo que participó en el reconocimientos de la Base Naval y ESIM realizado por la CONADEP.

Por otra parte, corrobora los dichos de las víctimas, el testimono de Fernando Héctor Grümblatt, quien en el mes de febrero de 1978 ingresó a la ESIM, en el Faro Punta Mogotes; durante ese año empezó a recibir instrucción militar y como alumnos comenzaron a hacer guardias en distintos lugares.

Sus superiores les informaron que al costado de donde hacían las guardias, había personas civiles detenidas llamados "elementos subversivos" y les dieron la orden de disparar a las personas que salían de ese lugar sin autorización o llevando de rehén a un militar; sus guardias eran siempre de noche, y entre los alumnos comentaban cómo podían tener civiles detenidos en un lugar militar.

Al lugar donde le habían señalado que estaban los detenidos, ingresó por curiosidad en el año '78 y cuando bajó no había nadie, sólo observaron que había celdas.

Relató que al año siguiente ya no hizo guardias (los alumnos de 2 año no hacían guardias), pero se sentía música en el lugar, una sola vez vio una persona detenida: estaban en el patio y vio salir de un vehículo a un oficial, el Teniente de Corbeta Alemano, que arrastraba a una joven de los pelos llevándola hacia ese lugar, e inmediatamente sacaron a todos los alumnos de ese lugar.

Recordó al Oficial Iocca, que decía que ponía en "caja" a las personas detenidas en el pozo; poner en "caja" significaba que les pegaban y maltrataban.

Físicamente dentro de la Esim, refirió que como lugar destinado al alojamiento de detenidos, además de ese "pozo", en el año 77 ó 76 estaba la famosa "sala de armas" y la "sala de comunicaciones" frente al Faro; la "Sala de Comunicaciones" sólo la conoció por fuera, estaba cerrado, la "Sala de Armas" se veía como una casa grande, con varias divisiones que parecían celdas.

El "pozo" era una construcción subterránea donde había una escalera que bajaba, había un pasillo y 8 ó 12 celdas, no recuerda bien; la frase para todas las personas detenidas ahí era "vos estas en caja" y en realidad era el maltrato para arrancarle confesiones.

Expuso que en la Esim se hacía un curso de cabo a principal, ellos eran los que generalmente se manejaban con los detenidos: les llevaban comida, andaban sin armamento, ellos eran los que entraban a ese lugar.

Señaló que había una conexión con la Base, que traían detenidos de la Base Naval en botes de goma hacia la Esim y los dejaban en esos "pozos", esto se lo comentó "Hugo Edgardo Sargioto".

Jerárquicamente el superior de Salomone era el de la Base Naval, pero la ESIM dependía del Comando de Infantería de Marina, de Puerto Belgrano. Operativamente se relacionaba con la Base Naval, fuerza aérea, ejército: GADA 601, o la Base Naval, podían pedir apoyo ante determinada situación.

La ESIM usaba camionetas Dodge de color verde para las patrullas y había autos particulares.

Se le exhibieon al testigo las fotografías digitalizadas de la inspección ocular realizada en el mes de agosto de 2011, por lo que aclaró que ese camino no estaba, que "el pozo" estaba sobre la izquierda al fondo, la sala de comunicaciones estaba a la derecha del Faro y la sala de armas al fondo. En el Faro señaló un quincho (sala de comunicaciones) que estaba pegado a la playa del Faro; manifestando que el lugar estaba muy cambiado, que hay construcciones que antes no estaban.

A la luz de la prueba rendida, no queda lugar a duda que las dependencias de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, con las características físicas y con una modalidad de funcionamiento ya descriptas, operaron como centro de detenidos en forma clandestina, bajo la órbita de la Armada Argentina, en dependencia funcional con la Base Naval de Mar del Plata.

3. Prefectura Naval Argentina

En el marco del Plan de Capacidades (PLACINTARA C.O.N. N 1 "S" 75) ya reseñado, se establece que la FUERTAR 6, estaría constituida por la Fuerza Submarinos, Agrupación de Buzos Tácticos, Agrupación de Comandos Anfibios, Escuela de Submarinos, Escuela Antisubmarina, Escuela de Buceo, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Prefectura Naval de Mar del Plata, Prefectura de Quequén, Subprefectura de General Lavalle y dependencias con asiento en Mar del Plata y Zonas de Influencia. -ver pagina 4 del Plan de Capacidades-.

En el apéndice 1 al anexo "A" se fijaron las áreas de interés primarias y secundarias, como así también las fuerzas de tareas responsables de cada una y las divisiones de inteligencia que intervendrían.

A la FUERTAR N 6 correspondía la ciudad de Mar del Plata como área de interés primaria y las ciudades de Necochea y Azul como secundarias. A su vez, como "agencias de colección" se encontraba la división contrainteligencia de la Base Naval de Mar del Plata y como secciones o divisiones de inteligencia de otras unidades que se subordinen, funcionaban la división de contrainteligencia ARAZ y las secciones de inteligencia de la Prefectura Naval de Mar del Plata y Necochea.

En el anexo "b", se establece la subordinación de la Prefectura Naval, ya que el apoyo a las autoridades nacionales y/o provinciales que lo requieran se hará efectivo siempre bajo control operacional del Comando Militar de la jurisdicción (6.1), labrándose los acuerdos respectivos.

"Los efectivos de la Prefectura Naval Argentina que no formen parte de la organización de las Fuerzas de Tarea de la Armada quedarán bajo control operacional del Comando de la Fuerza de Ejército de la jurisdicción vecina" (6.2)

El Prefecto Nacional Naval dispondrá que las unidades de su fuerza que deban quedar bajo control operacional de Comandos de la Fuerza Ejército labren con éste los acuerdos correspondientes, y los elevará a aprobación de este Comando (6.5).

Conforme las disposiciones del "Manual Orgánico de las Secciones de Informaciones", esta sección se encuentra a cargo del Jefe de la Sección Informaciones y corresponde, en primer lugar, asistir al Prefecto Nacional Naval por intermedio del SIPNA y al titular en el área de Inteligencia (Tareas de Inteligencia y Contrainteligencia).

Entre las tareas particulares asignadas se consigna: efectuar el enlace con las FFAA y de Seguridad, reparticiones policiales y demás organismos del Estado, ejecutar los planes de inteligencia y contrainteligencia, el cumplimiento de los requerimientos informativos que le formule el Prefecto Nacional (Servicio de Inteligencia), el titular de la dependencia, los organismos integrantes de la Comunidad Informativa y organismos de la repartición.

Dependerá de la Jefatura del Organismo y/o Dependencia donde funcione la Sección, funcionalmente del Jefe del Servicio de Inteligencia.

En el capítulo 4, art. 0401, detalla específicamente las tareas de la subsección Colección de Informaciones, que consiste en: "... 1) efectuar colección de informaciones referentes a actividades de carácter político, subversivo, estudiantil, religioso y extranjera..." -el resaltado nos pertenece-.

En el art. 0403, describe las tareas de la subsección Planes: "...1) Asistir al Jefe de la Sección en el mantenimiento, actualización y cumplimiento de los Planes: ACOPIO INFORMATIVO DE PUERTOS ARGENTINOS, PLACINTARA (AREA DE INTELIGENCIA)..." -el resaltado nos pertenece-; y el art. 0404, refiere a la subsección Documentación, ".. .2) Participar en la confección de los informes que deben ser evacuados por la Sección y los pedidos que se formulen, relacionados con antecedentes."

Por otro lado, el "Manual Orgánico de Prefectura", con relación a la Sección Investigaciones, dispone en el art. 405 que tendrá como tarea "...5) Intervenir en la prevención y/o represión de los delitos y contravenciones y demás operativos de seguridad que disponga el Jefe de la Dependencia; 6) llevar los registros y mantenerlos actualizados de las solicitudes de secuestro, capturas, comparendos y demás recomendaciones publicadas en los boletines policiales ...(ilegible) u otras fuerzas de seguridad o policiales...."

Por último obra como "Anexo I", el Organigrama de la Prefectura Naval Mar del Plata, como dato relevante cabe detacar que en su art. 0302. 2. establece que corresponde al Jefe de Servicio de la Sección Guardia y Patrullajes "...10) Entender e instruir convenientemente al personal a sus órdenes del modo de operar de los grupos subversivos."

Así, se encuentra deidamente probado que la División de Contrainteligencia de la Base Naval de Mar del Plata funcionaba como una "agencia de colección" de información y la sección de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata, fue llamada a colaborar en forma subordinada a la Fuerza de Tareas 6 de la Armada, facilitando información a los enlaces de la comunidad informativa.

En cumplimiento de la normativa citada, la Sección Informaciones de Prefectura Naval Argentina Mar del Plata, como unidad de inteligencia subordinada a la FUERTAR 6, elaboró numerosos memorandos, que dan cuenta de las tareas de inteligencia efectuadas por dicha fuerza.

Se encuentran incorporados por lectura a la presente causa, treinta y dos (32) documentos de este tenor, producidos entre el 31/7/75 y 27/6/79, la mayoría susciptos por el Subprefecto Ariel Macedonio Silva, como Jefe de la Sección Informaciones y Juan Eduardo Mosqueda, como Jefe de la Prefectura Naval de Mar del Plata, que recogen información relativa a quienes resultaron víctimas en este proceso, a su activividad política, sindical, estudiantil o religiosa; a operativos de allanamiento efectuados en distintos domicilios y procedimientos de secuestro, tanto de personas con antecedentes, como de bienes muebles de las propiedades requisadas, recortes periodísticos, aparición de cadáveres de miembros de grupos subversivos, gestiones de familiares de desaparecidos, entre otros.

Nótese, también que se indica en cada documento la fuente que proporciona la información palsmada, sea propia, periodística, comunidad informativa o FUERTAR 6.

El contenido de los memorandos y su valor probatorio será analizado en la materialidad de cada hecho, a cuyo particular examen nos remitimos.

El peritaje caligráfico, practicado por al Lic. Viviana Marum, miembro oficial del Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corroboró la autenticidad de las firmas de los dos imputados, al arribar a la conclusión de que "...corresponden al puño y letra de Ariel Macedonio Silva, las firmas que se le atribuyen, insertas en la siguiente documentación...", haciendo alusión a los memorandos de PNA que enumera detalladamente. En idéntico sentido, se expidió respecto a la rúbrica de Juan Eduardo Mosqueda, plasmada en los documentos acompañados (ver informe pericial de fs. 15.042/47).

Sumado a ello se encuentra incorporada el acta de inspección ocular efectuada por el tribunal en el marco de este proceso, el 17 y 18 de agosto de 2011, donde se constató la existencia de los calabozos, la proximidad de éstos con la sala de comunicaciones y con los despachos de los altos mandos de la dependencia.

Asimismo, la existencia y funcionamiento de las instalaciones de Prefectura Naval Mar del Plata, como centro de detención ilegal, fueron acreditadas con los testimonios de las víctimas que estuvieron detenidos allí transitoriamente.

Dio cuenta de su detención en esta dependencia Alfredo Nicolás Battaglia, ya falllecido, en su presentación efectuada ante la CONADEP el 10 de mayo de 1984, ratificada ante el Juzgado de Instrucción n 1, del Departamento de Justicia Militar de la Dirección General de Personal Naval, el 10 de marzo de 1986, y sus declaraciones brindadas en la causa 13/84, de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, caratulada "Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del Decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional", y en la causa n 2086 y su acumulada n 2277, caratulada "Molina, Gregorio Rafael", de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal, testimonio que fue incorporado al debate en los términos de los arts.388 y 392 del CPPN.

Allí efectuó el relato del derrotero al que fue sometido y los padecimientos que sufrió. Expresó que un grupo de personas de las Fuerzas Armadas, irrumpió en su domicilio sin orden de allanamiento, y sacado, con el pijama que vestía, en forma violenta, fue golpeado, atados sus brazos en la espalda, encapuchado y subido a un camión, tirado al piso, apuntado con un fusil en su espalda.

Hizo un largo recorrido, para luego ser llevado a un lugar de detención, que resultó ser el edificio de Prefectura Naval Argentina, ubicado en el puerto local.

Al ser dejado en el calabozo de Prefectura, una de las personas que lo llevaba lo alertó de que si cuando regresaba lo encontraba en una posición distinta a la que lo dejaba -boca abajo, encapuchado, manos atadas a la espalda- sería fusilado.

Recordó que pocas horas después fue llevado a una oficina donde varios militares lo interrogaron por sus datos personales, partido político de pertenencia, la posición política de ese partido. Pusieron la radio bien fuerte, se escuchaban las marchas militares y en ese momento se enteró que se había producido el derrocamiento del gobierno constitucional.

Luego de muchas horas -puede ser al día siguiente- fue nuevamente interrogado por dos militares. Allí permaneció encapuchado por un lapso de siete días.

Denunció que durante el transcurso de esa semana fue repetidamente sacado de ese lugar de detención y trasladado a la Base Naval, a la ESIM y otros lugares, realizándose ellos siempre en camiones, para ser interrogado.

Refirió que los continuos cambios de lugar de detención, a donde fue trasladado, correspondían a una especie de tortura, ya que procuraban impedir que se durmiera, siendo además obligado a estar atado con las manos arriba durante siete días y con una correa que lo atravesaba hacia adentro y le impedía bajar las manos, resultando un sufrimiento permanente.

Estuvo sin comer y dormir todo ese tiempo, sin que lo dejaran ir al baño. En los primeros días de abril, le permitieron cambiarse con ropa propia -en su caso, la habían llevado en un bolso al momento de la detención-, sacándole la capucha, que era una bolsa de las que se utilizaban para llevar los implementos del rancho. El pijama fue devuelto a su esposa en el estado en que estaba.

Estuvo incomunicado en la celda de Prefectura hasta el día 8 de abril de 1976, oportunidad en que vio al Dr. Héctor Alfredo Mazza y al escribano Rodolfo Lorenzo Morsella, quienes habían obtenido un permiso para que firmara una sustitución de poder, para que otros abogados continuaran los asuntos judiciales. Para obtener este permiso realizaron gestiones el Colegio de Abogados, su esposa, socios y amigos personales.

En la declaración prestada por Jorge Fernando Pablovsky en el Juicio por la Verdad, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, incorporada conforme lo dispuesto en el art. 391, inc. 3 del C.P.P.N. (glosada a fs. 40/47 del legajo de prueba n 5), manifestó que fue detenido en marzo de 1976, por personas que luego identificó en la Base Naval y que eran de inteligencia de la Marina.

Lo encapucharon, esposaron y trasladaron a la Base, después de un cierto tiempo, no pudo precisar la cantidad de días, lo ataron de otra manera y fue trasladado a Prefectura. Recordó que llevaron una bolsa con su apellido escrito, que guardaba algunas de sus pertenencias.

Allí fue alojado en celdas, donde le sacaron por primera vez la capucha y lo desataron. Había otros detenidos con quienes pudo dialogar, entre los que se encontraba Battaglia, Lencina, Musmeci y poco después llegó Sotelo.

Su familia supo que estaba alojado en Prefectura, a través de los dichos de la esposa de Lencina, e insistieron hasta que les permitieron llevarle comida, en tres o cuatro oportunidades.

Eran vigilados por suboficiales de esa fuerza, con quienes dialogaban e incluso les facilitaban algún material de lectura. También fueron custodiados por marineros, entre los que memoró a Benitez. Con relación al trato recibido, declaró que en una oportunidad fue esposado a una columna y golpeado a garrotazos por este último suboficial. Con motivo de los golpes, el jefe de Inteligencia de Prefectura, Silva, llamó al médico de la Base Naval para que lo revisara, diciéndole que se hicieran cargo del declarante, porque él (Silva) no se iba a hacer cargo en el estado que había quedado.

En Prefectura les decían que los tenían detenidos ahí por disposición de la Marina. Posteriormente, fue conducido otra vez a la Base.

Julio Víctor Lencina, expuso en la audiencia de debate que fue detenido el día 26 de marzo de 1976 en la sede del Gremio de Marítimos de Mar del Plata, donde él era Secretario. Luego de haber pasado por otros lugares de detención fue llevado, junto con Battaglia, a la Prefectura Naval Argentina. El testigo afirma haber reconocido que lo trasladaron a ese lugar por el recorrido realizado, ya que era un recorrido que realizaba frecuentemente.

Asimismo, el testigo aseguró haber realizado en una hoja el dibujo de Prefectura porque lo conocía desde cuando hicieron los cimientos: antiguamente en la entrada general del edificio había un mostrador y atrás estaban los calabozos. Relató que había dos calabozos pequeños, casi individuales, y uno un poco más grande. Allí permaneció detenido hasta el 10 ó 12 de abril junto con Battaglia, Molina -el de Miramar-, que era Presidente del Concejo Deliberante por el Partido Peronista, que también estuvo con él en La Cueva, José María Musmeci quien era despachante marítimo y Pablovsky.

Conforme surge de su testimonio "...el tratamiento generalmente en la Prefectura y más en la Base, era principalmente la tortura, más psicológica y de "aprietes"; estaban atados de pies y manos y encapuchados y los tiraban en una celda...". Lencina compartió la celda con uno de los polizones ugandeses con quien pudo conversar. En las celdas era en el único lugar donde le quitaban las capuchas, pero se las hacían poner cuando iba alguien. Menciona que en la celda había un camastro que tenía un colchón y había una ventanita por la que veía a los que pasaban.

Como hechos destacables dentro de Prefectura, recordó que el día antes de ser trasladado de allí un guardia le sacó la capucha y le entregó un pantalón ya que el suyo estaba todo manchado con sangre, en el comedor de los marineros, le dio un plato con albóndigas con arroz y un vaso rosado con vino blanco.

Asimismo, memoró que ese día lo sacaron a Tito -Battaglia- y lo llevaron a firmar un poder para entregarle a la señora y al socio, para poder continuar con su trabajo. El poder según comenta el testigo fue firmado donde termina el pasillo, saliendo de la celda, donde está el mostrador grande, y había una oficina a la derecha y otra un poquito más adentro donde estaba Silva, todo eso era Informaciones. Su esposa supo que estaba detenido en Prefectura, ya que le entregaron un bolso con la ropa de él que estaba sucia, le informaron que él se encontraba en buenas condiciones.

En su testimonio mencionó a Mosqueda como Jefe de la Prefectura Naval, y a Silva como Jefe de Informaciones en dicha fuerza, a éste último lo recordó porque lo conocía por ser vecino suyo y porque sus hijas iban al mismo colegio. También recordó a Maroli un suboficial, que le preguntaba por las armas de la CGT. Las preguntas cuando estuvo alojado en Prefectura se las hacían en la celda, cuando estaba atado.

El día que los iban a trasladar a la Base, al declarante y Battaglia los sacaron sin capucha, caminando por afuera por el lateral de la Prefectura hacia unas oficinas donde había dos policías de la Comisaría 3 que estaban sentados con una máquina de escribir, con una planilla, les hicieron unas preguntas y les hicieron firmar esa planilla.

Justo Alberto Álvarez, declaró que fue detenido el día 27 de marzo de 1976 en su domicilio en Quequén por personas que se identificaron como pertenecientes al Ejército.

Durante el período que permaneció privado de la libertad estuvo alojado en la sede de la Prefectura Naval entre diez y quince días, donde le sacaron la capucha. Allí estuvo con Lencina, Zavaleta - era el hijo de un dirigente portuario-, Molina. Al ser trasladado a Prefectura el testigo declaró que le hicieron el submarino seco y lo interrogaron, permaneció encapuchado entre tres y cuatro días en un lugar que era como un galpón, y después lo trasladaron a las celdas. Los calabozos eran tres, con un bañito enfrente, cuyas medidas serían de 3x3 estimativamente y tenían tres colchones en el piso. Recordó que había un oficial en una oficina que le realizaba los interrogatorios, para llegar a dicha dependencia cruzaban un patio, lo llevaban encapuchado.

En Prefectura estuvo una segunda vez durante su cautiverio, habiendo recibido la visita de su esposa y su madre, quienes se habían enterado que estaba allí por la familia de Molina.

En su testimonio, José María Musmeci relató ante el tribunal que fue detenido el 30 de marzo de 1976. Conforme a su relato él se entregó en la sede de la Prefectura Naval Argentina, más precisamente en la guardia, lugar que describe como más pequeño. Se hizo presente allí en compañía de su padre, un líder de los pescadores tradicionales de embarcaciones pequeñas donde él trabajaba y un líder de la Cooperativa de Pesca, José Francisco Lecuna (fonético).

Con relación a las características del edificio de Prefectura, expresa en su testimonio que todo era como un par de bloques, la guardia, el edificio central y oficinas en galería, en el edificio central había un corredor interno con circulación cuadrada que iba a distintos lugares. Según su declaración mirando de la calle a la puerta principal a la derecha estaba la oficina del jefe Mosqueda, cree que se subía unos pocos escalones, un poco más adentro estaba el pasillo con circulación rectangular, e inmediatamente se entraba a otro pasillo donde estaban las celdas, contiguo a la sala de radio, la sala donde se comía, y al fondo de ese pasillo una conexión con el resto, se salía al aire libre.

Allí permaneció privado de la libertad en una pequeña celda, aproximadamente, dos meses junto a Pablovsky, según su testimonio puede haber sido entre marzo y mayo de 1976. El testigo tuvo la impresión que no había camas en las celdas, estaban en colchones. Declaró que eran sólo tres celdas pero los iban pasando, además desde las celdas, haciendo un recorrido en "L" estaba la "Sala de Comunicaciones", por lo que escuchaban las comunicaciones de los barcos con Prefectura. Las celdas, entre sí, tenían la separación del ancho de una cama, se hablaban perfectamente de celda a celda, en ocasiones las compartían. Había un único pasillo para las celdas que podían ver cuando salían al baño, cree que en las puertas había una reja, no una ventanita, no recordó que estuvieran con esposas.

Por dichas celdas, conforme declara el testigo, pasaron muchas personas, entre ellas contraventores, recuerda a uno que era gerente de una pesquera que había tenido problemas con una importación; también estaban unos polizontes ugandeses -que le ayudó a recordar Lencina-; entre los detenidos menciona al abogado Battaglia, Lencina, Molina que era una persona mayor, y un chico de Miramar que no era Álvarez .

Respecto a las condiciones de detención en Prefectura podían dormir, ir a baño cuando pedían y les daban de comer, menciona que hubo un conflicto en razón de que se negaban con Pablosky a lavar los platos porque decían que eran "presos políticos" y los golpearon a los dos mucho.

Manifestó que no fue trasladado para ser interrogado dentro del predio de la Prefectura, que en alguna instancia se presentaban en la celda donde estaba alojado a hacerle alguna pregunta en relación a su militancia, a gente conocida, o a algunos hechos en particular. Conforme surge de su declaración, en dicho lugar no se encontraba encapuchado, en consecuencia pudo identificar a personas que conocía por su trabajo en el puerto que pertenecían a la Prefectura Naval, entre ellos mencionó a Mosqueda, quien era el Jefe, a Silva que era un oficial, Vicente Benítez que era una de las personas "manos sueltas" que golpeaba a los detenidos en el lugar, un prefecto Bustamante que tuvo buen trato con ellos, quien le informó sobre un incidente con el barco donde su padre era patrón y que no había pasado a mayores.

Su familia nunca supo oficialmente que él se encontraba detenido allí, sólo por algún conscripto solidario que les informaba. El día que se entregó solicitó que le emitieran un certificado en el cual constaba su detención, pero en la actualidad el mencionado documento no obra en su poder.

En el año 1978, previo al mundial, personal de la Prefectura Naval se hizo presente en su casa, dentro de un auto le sugirieron que hiciera "un viajecito", una de las personas que concurrió en aquella oportunidad, según el testigo, se jactaba de pertenecer a Inteligencia y de haber participado del operativo de allanamiento en su casa.

Jorge Luis Celentano, manifestó que fue detenido el 3 de mayo de 1976, era empleado de la Junta Nacional de Granos, de donde fue secuestrado por cinco personas que portaban uniforme verde -el testigo cree que pertenecían a la Prefectura Naval- y se desplazaban en un automóvil falcon. La Junta Nacional de Granos quedaba en el mismo Puerto, entrando al puerto, hay una curva que va al fondo donde están Prefectura y Aduana, el chalet que está en el primer lugar era la Junta Nacional de Granos que hoy no existe más.

Prefectura se encontraba en el mismo edificio donde funciona en la actualidad; las celdas estaban ubicadas, de la entrada principal que tiene una mampara muy grande, un hall, una pared y atrás de esta pared estaban los calabozos; no supo quiénes eran las autoridades de Prefectura en esa época.

Él fue alojado en un calabozo, en las celdas había más gente, estaba "Molina" un señor de Miramar, también de un sindicato, en otra celda "Sotelo" de otro sindicato y dos muchachos que eran maquinistas navales que se llamaban "Jorge" -Pablovsky- y "José María" -Musmeci-; a él se lo llevaron de la Junta Nacional de Granos con dos compañeros más Zabaleta y Palma.

Hablaban de calabozo a calabozo, estos tenían una puertita, por medio de la cual se intercambiaban revistas con los guardiamarinas. Recordó que un día un guardia abrió la puerta de la celda donde se encontraba Pablovsky, a fines de intercambiar revistas, y éste salió de la celda, en ese momento se escuchó una voz que provenía del piso de arriba quejándose por lo ocurrido, en consecuencia Pablovsky recibió una fuerte golpiza.

No supo el testigo qué había arriba de los calabozos en Prefectura, supone que los dormitorios o el casino de oficiales, de donde salió esa voz gritando desaforado. Mencionó en su testimonio que en Prefectura no estuvo encapuchado, allí permaneció un mes y días. Durante su cautiverio allí no se pudo bañar y fue interrogado una sola vez por un suboficial que pertenecía a Investigaciones.

Cuando lo trasladaron a la Base fue la primera vez que le pusieron la capucha. Por su trabajo en el puerto conocía personas que trabajaban en Prefectura, mayormente oficiales, uno de ellos le informó a su familia que se encontraba detenido allí, no de manera oficial, sino como un favor. Cuando su familia se hizo presente en la sede de Prefectura le negaron que él se encontrara allí alojado.

Ahora bien, a partir de un razonado examen de los elementos de prueba desarrollados en el presente capítulo, es dable concluir que el edificio de Prefectura Naval de Mar del Plata, funcionó como un centro de detención clandestino, que operaba bajo la órbita de la Armada Argentina en esta ciudad.

V. HECHOS EN PERJUICIO DE SINDICALISTAS - GREMIALISTAS

1. Consideraciones generales

Los hechos que a continuación se desarrollaran, que involucran a Alfredo Nicolás Battaglia, José María Musmeci, Julio Lencina, Jorge Fernando Pablovsky, Jorge Luis Celentano y Justo Alberto Álvarez, tienen la particularidad de haber sido perpetrados contra personas en atención a sus actividades gremiales, y se encuentran inmersos en lo que se llamó el "Plan Ejército", -documento este incorporado oportunamente al debate- el cual ha sido objeto de previo análisis.

A partir de la decisión de tomar el poder de las instituciones de la república por la vía de hecho, quedó plasmado que debería procederse a "La detención del PEN y las autoridades nacionales, provinciales y municipales que sean necesarias; la detención de personas del ámbito político, económico y gremial que deban ser juzgadas; la protección de objetivos y el apoyo del mantenimiento de los servicios públicos esenciales que se determine...", para tener éxito en su misión.

Ello así, los sucesos se desarrollaron en las primeras horas y días de producido el golpe de estado que puso en marcha el llamado "Proceso de Reorganización Nacional", dando inicio al plan oportunamente trazado, lo cual pone de manifiesto la metodología que se empleó, con mayor asiduidad, desde aquel acontecimiento.

2. Hechos en perjuicio de Alfredo Nicolás BATTAGLIA

2.A. Conducta atribuida

Con los elementos colectados a lo largo del debate quedó acreditado que Alfredo Nicolás Battaglia, quien se desempeñó como abogado, fue ilegalmente detenido en su domicilio de calle Jujuy 1714, piso 9, depto. "A", de la ciudad de Mar del Plata, el 24 de marzo de 1976, a las 03.00 horas, por un grupo de personas, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, especialmente la marina, quienes lo encapucharon, le ataron las manos a la espalda, le colocaron un bozal en el cuello y lo obligaron a subir a un camión, siendo trasladado hasta las instalaciones de la Prefectura Naval Argentina, en el puerto de la ciudad.

Permaneció en ese establecimiento encapuchado, y al segundo día de su detención fue conducido a una oficina para ser interrogado bajo amenazas y malos tratos físicos. Recibió la visita del escribano Morsella, quien concurrió merced a una gestión efectuada por el Colegio de Abogados de la ciudad, para que firmase un poder de gestión de los asuntos judiciales que llevaba a efectos de no perjudicar a sus clientes.

Durante su cautiverio en la Prefectura Naval Argentina, Delegación Mar del Plata, fue llevado a la Base Naval y a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), ambas de esta ciudad. Ya en el primer lugar referido, se incrementaron los interrogatorios bajo golpes, al igual que los traslados que sufrió, y fue sometido a simulacro de fusilamiento en diversas oportunidades. En la ESIM también fue torturado física y psíquicamente.

El 8 de abril de 1976 fue conducido a la Base Aérea de Mar del Plata y con posterioridad, a la Comisaría Cuarta, previo paso por la Unidad Penal de Sierra Chica. De la mentada dependencia policial fue retirado el 7 de mayo de 1976, fecha en la cual regresó a la Base Aérea para ser trasladado a la Unidad Carcelaria de Villa Devoto, en la Capital Federal. Finalmente, fue alojado en la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció detenido hasta el 29 de septiembre de 1977, día en que fue liberado.

Por tales ilícitos respondieron Mario Osvaldo Forbice, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva.

2.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Elementos que coadyuvaron a la creación de tal certeza, ya que no pudo ser escuchado en el debate al haber fallecido, conforme el certificado de defunción acercado al legajo, resultaron su presentación efectuada ante la CONADEP el 10 de mayo de 1984, ratificada ante el Juzgado de Instrucción n 1, del Departamento de Justicia Militar de la Dirección General de Personal Naval, el 10 de marzo de 1986, y sus declaraciones brindadas en la causa 13/84, de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, caratulada "Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del Decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional", y en la causa n 2086 y su acumulada n 2277, caratulada "Molina, Gregorio Rafael", de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal, testimonio que fue incorporado al debate en los términos de los arts.388 y 392 del CPPN.

Allí efectuó el relato del derrotero al que fue sometido y los padecimientos que sufrió. Expresó que el día y hora indicados un grupo de personas de las Fuerzas Armadas, irrumpió en su domicilio sin orden de allanamiento, y sacado, con el pijama que vestía, en forma violenta de allí fue golpeado, atados sus brazos en la espalda y encapuchado. Refirió que ese grupo exhibió armas largas y cortas desenfundadas.

Fue subido a un camión y tirado al piso, apuntado con un fusil en su espalda.

Hizo un largo itinerario hasta otro domicilio, para luego ser llevado a un lugar de detención, que resultó ser el edificio de Prefectura Naval Argentina, ubicado en el puerto local.

Al ser dejado en el calabozo de Prefectura, una de las personas que lo llevaba lo alertó de que si cuando regresaba lo encontraba en una posición distinta a la que lo dejaba -boca abajo, encapuchado, manos atadas a la espalda- sería fusilado.

Rememoró que a las pocas horas fue llevado a una oficina donde varios militares lo interrogaron por sus datos personales, partido político de pertenencia, la posición política de ese partido. Pusieron la radio bien fuerte, se escuchaban las marchas militares y en ese momento se enteró que se había producido el derrocamiento del gobierno constitucional.

Luego de muchas horas-puede ser al día siguiente-fue nuevamente interrogado por dos militares. En la Prefectura permaneció encapuchado por un lapso de siete días.

Denunció que durante el transcurso de esa semana fue repetidamente sacado de ese lugar de detención y trasladado a la Base Naval, a la ESIM y otros lugares, realizándose ellos siempre en camiones, para ser interrogado.

En una oportunidad permaneció en un galpón amplio, donde había muchas personas, y a las cuales se las numeraba. A él le correspondió el número 13, estimando que no habría más de 20 personas en ese lugar, en ese momento. En dicho sitio, rememoró, se hicieron simulacros de fusilamiento en varias oportunidades, a veces en lugares exteriores y otras en el interior, los cuales describió.

Expresó, sin poder precisar el lugar exacto donde sucediera, que fue alojado en una amplia habitación, en la que lo colocaron en distintas posiciones: de rodillas en pisos de granito (atado, en pijamas y con capucha), o parados en el interior de caireles. También señaló que lo pusieron durante horas en una especie de pozo, ya que recordó haber bajado escalones.

Expuso que los continuos cambios de lugares de detención a los que fue sometido correspondían a una especie de tortura, ya que procuraban impedir que se durmiera, siendo además obligado a estar atado con las manos arriba durante siete días y con una correa que lo atravesaba hacia adentro y le impedía bajar las manos, resultando un sufrimiento permanente.

Estuvo sin comer y dormir todo ese tiempo, sin que lo dejaran ir al baño. En los primeros días de abril, le permitieron cambiarse con ropa propia-en su caso, la habían llevado en un bolso al momento de la detención-, sacándole la capucha, que era una bolsa de las que se utilizaban para llevar los implementos del rancho. El pijama fue devuelto a su esposa en el estado en que estaba.

Estuvo incomunicado en la celda de Prefectura hasta el día 8 de abril de 1976, oportunidad en que vio al Dr. Héctor Alfredo Mazza y al escribano Rodolfo Lorenzo Morsella, quienes habían obtenido un permiso para que firmara una sustitución de poder, para que otros abogados continuaran los asuntos judiciales. Para obtener este permiso realizaron gestiones el Colegio de Abogados, su esposa, socios y amigos personales.

Ese mismo día fue trasladado a la Base Aérea de la ciudad (nuevamente encapuchado, atado y amenazado), conjuntamente con Julio Lencinas y con Rafael Molina.

Fue alojado en "el radar", ubicado en la parte posterior de la Base y cercano a la pista de aterrizaje, detallando en su denuncia las condiciones de esa detención.

De allí fueron trasladados al Penal de Sierra Chica, en un avión especialmente fletado. A los tres detenidos en la Base Aérea, se agregaron otros 4; uno era el hijo del Dr. Serra y otros de Necochea. Estuvieron una sola noche en ese penal.

Al día siguiente regresaron nuevamente a Mar del Plata, por vía terrestre, alojados en la Comisaría 4ta., lugar donde había numerosos presos políticos de Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell. Expresó las condiciones en las cuales lo mantuvieron detenido, y recordó que de ahí fue trasladado en avión a la unidad penitenciaria de Devoto, describiendo también como fue su cautiverio en ese sitio, donde se encontró sometido al régimen de máxima peligrosidad.

Por último, fue llevado a Unidad 9 de La Plata, bajo el mismo régimen de peligrosidad, hasta que recuperó su libertad el 29 de septiembre de 1977.

En cuanto a su situación legal, explicó que el decreto que ordenó su detención era el n 110/76, dictado con posterioridad a haberse producido aquélla, el 14 de abril de ese año, y se ordenó su libertad por decreto 2881/77, dictado el 21 o 22 de septiembre de 1977, pese a que se hizo efectiva el 29 de ese mes y año.

Expresó que el Cnel. Barda informó a su esposa y a otras personas que había sido condenado a 2 años, y que estaba esforzándose para que se le redujera esa condena. Días antes que se conociera ese decreto de liberación, el coronel le informó a su esposa que "había firmado su libertad". Manifestó que era de conocimiento público que quien ordenaba efectivamente la libertad era el militar que estaba a cargo de la zona; con su consentimiento recién se firmaba el decreto PEN.

Acerca de los establecimientos en los cuales estuvo detenido, en lo que a este proceso interesa, se ha debidamente acreditado su estancia en la Prefectura Naval, en la Base Naval y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM).

Respecto de su detención en el edificio de la Prefectura Naval en esta ciudad dan cuenta los distintos testimonios brindados por otros apresados en actuaciones judiciales. Rafael Adolfo Molina, con quien compartió celda, prestó declaración en Miramar ante la Delegación Mar del Plata, de la CONADEP, el 8 de mayo de 1984, ante el Juzgado de Instrucción n 1, del Departamento de Justicia Militar, de la Dirección General del Personal Naval, el 14 de marzo de 1986, y en el debate oral y público celebrado en el marco de los autos n 2278 del registro de este tribunal, sosteniendo esa versión. Julio Lencina, José María Musmeci y Jorge Pablovsky, también fueron contestes en afirmar que permanecieron cautivos en dicho establecimiento junto con el abogado.

Incluso la declaración de Molina resulta de manera especial relevante dado que, además de compartir el cautiverio con Battaglia en la sede de la Prefectura Naval y en la Base Aeronáutica, comparte con aquél la metodología utilizada por las fuerzas armadas ese día de la toma de poder. En efecto, en la declaración brindada ante la CONADEP puso de manifiesto que fue detenido de manera violenta el 24 de marzo de 1976 a las 03.00 hs., siendo encapuchado y atadas sus manos en la espalda.

Las similitudes existentes entre ambas detenciones lejos están de ser meras casualidades para testimoniar acerca de lo organizado y planificado que estuvo esa toma de las instituciones constitucionales.

Eso mismo testimonió en el juicio Rubén Alimontas, quien fuera arrestado el 24 de marzo de 1976 en la ciudad de Miramar, y permaneció detenido en la Prefectura de esta ciudad en compañía de Battaglia y de Molina.

A ellas se anuda la declaración brindada por la esposa de la víctima, Elba Esther María Rossi, prestada en el transcurso del debate. Refirió que tomó contacto con la esposa de otro de los detenidos, Julio Lencina, quien fue la que lo anotició del lugar de cautiverio. Ratificó también las circunstancias y condiciones que rodearon el apresamiento de Battaglia en su domicilio, describiendo que siete personas armadas irrumpieron en su departamento sin exhibir orden de allanamiento alguna, en horas de la madrugada mientras se encontraba ella, su esposo y sus hijos durmiendo. Recordó que llamaron a la puerta de su vivienda y atendió Battaglia, quien se encontró con el portero del edificio acompañado por estas personas armadas, las que revisaron la vivienda en búsqueda de armas. De inmediato lo detuvieron y le colocaron una capucha, previo a subirlo al ascensor por el cual lo llevaron. Relató también que su extinto esposo era abogado laboralista, que militaba en el Partido Comunista.

También se escuchó durante las audiencias celebradas a Oscar Antonio Huerta, quien era, en esa época, vicepresidente primero del Colegio de Abogados de la Ciudad y relató que cuando desaparecía un abogado iba a verlo al Cnel. Barda y, en el caso de Battaglia, fue él quien le confirmó que se encontraba detenido en la Prefectura Naval. Realizó pues las gestiones para que pudiese concurrir un escribano para que otorgue el detenido un poder a otro colega para continuar atendiendo los asuntos jurídicos. Es así que concurrió con el Dr. Héctor Alfredo Mazza el día 2 de abril de 1976 hasta dicho establecimiento, pero no pudieron contactarse, aclarando que días después, el 8 de ese mes, el escribano Rodolfo Lorenzo Morsella, logró verlo y obtener la firma necesaria.

Esta versión brindada coincide con la aportada el 10 de marzo de 1986, ante el Juzgado de Instrucción Militar, donde explicó que enterado de la detención de Battaglia, fue a verlo al Cnel. Barda, quien desconocía esa situación, empero se comprometió a realizar gestiones para dar con su paradero. Al día siguiente, el coronel le informó que se encontraba detenido por las fuerzas de la Marina, y le gestionó una autorización para que concurriese a verlo a la Prefectura Naval de Mar del Plata.

En similares términos y en el mismo sumario n 1389, del Juzgado de Instrucción Militar n 1, el 10 de marzo de 1986, Héctor Alfredo Mazza se pronunció en cuanto a que concurrió a la sede de la Prefectura Naval de Mar del Plata, a los fines que Battaglia firmase un poder ante el escribano Morsella, lo que así hizo, viéndolo "...que se encontraba vestido de pijama, totalmente sucio con barba de quince días y los pelos para arriba...".

Así contamos con la escritura n 240, suscripta por el nombrado ante el Escribano Rodolfo Morsella, el 8 de abril de 1976, en la Prefectura Naval Argentina, Puerto Mar del Plata, mediante la cual Battaglia sustituye a favor de Héctor Alfredo Mazza, Juvel Danilo Daguerre y Lucía Marta Sclai, el mandato que le fue conferido por sus clientes, a fin que intervengan en los asuntos judiciales en trámites. Tal instrumento fue reconocido por el escribano, el 10 de marzo de 1986, en la declaración que prestó en el ya referido sumario n 1396, e incorporado al debate, obrando a fs. 738/9 del legajo principal.

También su estancia en la Base Naval en calidad de detenido se encuentra debidamente acreditada. A sus afirmaciones vertidas en la presentación ante la CONADEP ratificada ante el Juzgado Militar, en cuanto a que mientras permaneció detenido en la Prefectura Naval era repetidamente sacado y trasladado a la Base Naval y la ESIM, se le suman el reconocimiento de la Base en la zona portuaria de la ciudad que, con aquélla comisión, efectuó el 28 de junio de 1984. Allí, conforme expresa el acta labrada al respecto, recordó "...como lugar de permanencia transitorio como detenido secuestrado, una instalación que se describe como un gran galpón, con doble puerta corrediza, techo de chapa, utilizado actualmente como taller mecánico, y que se encuentra ubicado detrás de la Escuela de Oficiales de la Base...".

Este reconocimiento oportunamente realizado refuerza los dichos vertidos durante la audiencia de Julio Víctor Lencina, quien expresó haber sido detenido para la misma época que Battaglia y alojado en la ESIM, para luego ser trasladado a la Base Naval de la ciudad, en la cual se encontró con aquél y con Molina. Rememoró que estuvo cautivo en un ambiente con otras personas en la misma situación y escuchó que ante la pregunta que le formularon a un sujeto acerca de quién era, éste contestó "Tito", apodo con el que conocía a Battaglia. Así también expresó que en los interrogatorios a los cuales fue sometido se lo indagaba acerca de la existencia de algún tipo de relación con el causante.

En el proceso seguido ante el Juzgado de Instrucción de la Armada, "Proceso n 21, Letra DGPN, JCJ, n 21/85 "S", iniciado el 12 de agosto de 1985, Instruido: Expte. 1389 -S/Denuncia de Bataglia, Alfredo Nicolás y otros" al cual veníamos haciendo referencia, fue informado, por el Ministerio del Interior de la Nación, que la Dirección General de Seguridad Interior de ese ministerio, registra, en relación a quien nos ocupa, el Decreto de

Arresto n 110 de fecha 14/4/76 y Decreto de Cese n 2881 del 22/9/77.

Sin perjuicio de ellos, como se observa de lo actuado, la detención y posterior soltura de Battaglia se concretó en fecha anterior y posterior, respectivamente, de aquellas que figuran en los decretos del caso, aspecto este sobre el que se volverá más adelante.

Respecto de su cautiverio en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, (ESIM) existen elementos indiciarios concordantes que permiten tener por acreditado tal extremo. Al momento de efectuarse un reconocimiento de dicho predio con la comisión enviada por la CONADEP, el 27 de junio de 1984, Battaglia no logró reconocer como sitio probable donde estuvo detenido ese recinto (ver fs. 4 del expediente del Juzgado de Instrucción Militar al que se viene haciendo referencia),pero lo cierto es que de la completa lectura de dicha acta y al observar las vistas fotográficas que la ilustraron, surge que la inspección ocular no se realizó por la totalidad del predio; recién en ocasión de regresar el 18 de febrero de 2002, a efectos de desarrollar similar diligencia con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, visitó todas las instalaciones, y se consignó en el acta pertinente que: "...el Dr. Battaglia reconoce una escalera exterior de mampostería a cuyos lados se erige un paredón continuo de ladrillo de unos cuarenta centímetros de altura, por la que habría sido llevado a una construcción y alojado en un cuarto amplio. Que la misma tiene sentido descendente en orientación al este y se ubica en el sector posterior del predio. Que al inicio de la misma se observa un cartel que dice "Teatro de los sueños"y al llegar al final de dicha escalera se observa un edificio sobre cuyas paredes se encuentra un escenario de madera construido a un metro cincuenta sobre el nivel del suelo. Que en la pared de fondo del escenario se percibe el relleno de los que anteriormente fueron ventanas y se ubica una puerta de dos hojas que permite el acceso al edificio. Que facilitado el acceso al mismo, se encuentran diversos ambientes, dos de los cuales se tratan de cuartos de seis metros por cuatro, con dos ventanas al exterior anuladas por la colocación de ladrillos huecos y con un cielorraso alto de dos metros con cincuenta centímetros de altura, aproximadamente. Que seguidamente el Dr. Battaglia observa detalladamente el lugar manifestando que por las características, podría tratarse del salón amplio en el que estuviera detenido pero sin poder asegurarlo completamente..."

Este reconocimiento tardío concuerda con lo aseverado en el año 1986 en ocasión de prestar declaración ante la Cámara Federal de Capital Federal, en la Causa n 13, cuando expuso la circunstancia ya apuntada de que desde el edificio de la Prefectura Naval era sacado para ser interrogado en la ESIM, circunstancias estas que han llevado a conformar la certeza de su detención en esa Escuela.

Es que esta situación resulta concordante también con lo expuesto por quienes se encontraban en similar situación en esa época.

Conforme lo expusiera la víctima y los distintos testimonios recogidos durante la audiencia, a los cuales ya se ha hecho expresa referencia, se verificaron los tormentos recibidos durante su cautiverio. Encapuchado al momento de ser detenido, circunstancia ratificada por los dichos de Elba Esther María Rossi, las ataduras con las cuales fue contenido pese a encontrarse en pijama y encarcelado en un establecimiento militar, y los simulacros de fusilamiento a los que se lo sometió, constituyen ese trato cruel y degradante que la ley tipifica.

El uso de la capucha en aquellos detenidos cuando eran trasladados a la Base Naval representó una modalidad de trato rutinaria y un evidente mecanismo de tormento a partir de las graves consecuencias que acarrea para la persona vivir en la incertidumbre de lo que ocurre a su alrededor, en la ignorancia de quienes lo rodean, dónde está, o cuál ha de ser su futuro y/o destino, acrecentando, de esa manera, el temor generado ya, por la restricción irregular de la libertad producida por agentes que integran las fuerzas armadas del estado cuya función es la protección de la Nación, sus Instituciones y sus habitantes con apego a la Constitución y las leyes.

Lo expuesto sin dejar de advertir, como contrapartida, el mecanismo dirigido a amedrentar a la víctima que esa actuación representa para quien la pone en práctica.

Así también, se acreditó los motivos de la detención que sufriera con la información proporcionada por la Comisión provincial por la memoria, agregada debidamente al debate, en la cual remitieron los antecedentes que respecto de Battaglia obraban en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Allí se consignó que la ficha correspondiente, identificada como Mesa D(s) Legajo n 6183, iniciada el 2 de noviembre de 1976, se encontraba detenido a disposición del PEN y figuraba en su dorso "Mesa "Ds" Carp. Varios Leg. 2703 Dec. n 110 del 14-4-76 por activista del PC,.". Así también aportaron, de la Central de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, una carpeta 6, Legajo 125, caratulada "Actividades Comunistas en Mar del Plata", en el cual obra un informe en torno a un procedimiento realizado por la Policía Federal en domicilios de dos dirigentes comunistas en esta ciudad, en la cual Battaglia, figura como integrante de la célula "Tribunales" de ese grupo.

Además, obra secuestrado en autos, el "Memorando X. (IMP) n 6 "ESyC"/971." producido por la Prefectura Mar del Plata (Sección informaciones) de fecha 24 de marzo de 1971, con destino a la Prefectura de Zona Atlántico, Sección informaciones, en el cual se anoticia que "...Se ha confirmado que el conocido activista del comunismo local, abogado Alfredo Nicolás Bataglia, ha firmado y distribuido a la prensa local, un comunicado anunciando que "la Junta Local" del denominado "Movimiento Nacional de los Argentinos" tiene dispuesto por decisión de "La Junta Central" del mencionado movimiento realizar un acto público el día 26 (viernes) del corriente a las 2030, en dependencias del "Teatro Diagonal"..." .

Estos documentos que demuestran que, primero, la detención y, luego, los tormentos a los que fue sometido obedecieron a su actuación política -acerca de la cual venía siendo controlado desde hacía varios años-.

A ese informe se le suma otro contemporáneo a la época de su detención, redactado y firmado por los hoy condenados Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva.

En efecto, en el Memorando 8499. IFI. N 17"R"/976, producido en la Prefectura de Mar del Plata, (Sección Informaciones), dirigida al Señor Jefe de la Sección Informaciones de la Prefectura de Zona Atlántica, con fecha del 19 de abril de 1976, informaron: "...Adjunto al presente elevo en dos fojas, información referente al panorama general observado en esta ciudad, luego de los sucesos del día 24/3, y dos nóminas de detenidos por las fuerzas armadas y su situación actual...". En dicho informe, al que se acompañó una anexo y que claramente se individualiza en su primer hoja con la leyenda "(Corresponde al Mem. 8499. IFI N 17"R"/76)", producido el 25 de marzo de 1976, relatan los acontecimientos acaecidos del día anterior. En lo que a este caso respecta informaron "...Los operativos en esta ciudad comenzaron a partir de aproximadamente las 22 horas del día 23,...esos operativos se intensificaron en horas de la madrugada, con allanamientos de domicilios, sedes sindicales, etc..Como consecuencia de esos procedimientos, se produjeron detenciones de personas cuyos antecedentes y actuación política gremial fueron analizadas previamente; esas detenciones tenían como primer objetivo, neutralizar una posible reacción de los sectores mas afectados, el político y el gremial, quitándoles a sus personalidades más representativas. Esas detenciones también contemplaron a elementos con antecedentes izquierdistas o subversivos...." Y en el listado anexo de detenidos, individualizado con el n 40, figura "Bataglia, Alfredo Nicolás: ...Abogado. Detenido el 23-3-76- Comunista, a disposición del P.E.N."

Así estos elementos permiten acreditar que los tormentos recibidos por la víctima tuvieron su origen en la filiación política que ostentaba públicamente y en su calidad de abogado defensor de los gremios.

Agravante de la duración por más de un mes en la privación ilegal de la libertad.

Corresponde analizar en este caso, el planteo formulado por la Defensa de Justo Alberto Ignacio Ortiz, y Ariel Macedonio Silva, respecto a la falta de congruencia advertida entre el requerimiento de elevación a juicio y el alegato de cierre acusatorio producido por el Sr. Fiscal General, que han hecho extensivo a otros casos y otros imputados que se analizarán más adelante en la presente sentencia.

Veamos, los Sres. Defensores Oficiales, quienes además realizaron el planteo por sus pupilos Mario Osvaldo Fórbice, Ángel Narciso Racedo, Roberto Luís Pertusio, Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino, en oportunidad de pronunciar su alegato de cierre, sostuvieron que se había violado el llamado principio de congruencia entre el requerimiento de elevación a juicio con el cual se abrió el debate y la final acusación del Sr. Fiscal General en varios de los casos mencionados, dado que de manera intempestiva propuso la agravante a la privación ilegítima de la libertad por su duración más de un mes.

Expresó que de esa manera el acto con el cual se inició esta etapa oral del proceso careció de límites precisos acerca de los cuales poder defenderse; y señaló, con cita doctrinaria, que "...entre los recaudos se requiere cuál es el preciso iter criminis que supuestamente realizó, en que fechas, oportunidad y circunstancias se habría desarrollado el mismo. Es obligatorio puntualizar todos los elementos concomitantes, anteriores y subsiguientes de modo integral, pues para que la imputación así lo sea, debe contener todos los elementos materiales que caracterizan al hecho..." (sic).

Tal orfandad, al no ser mencionada que corresponde aplicar la figura agravada por la duración de la privación ilegal de la libertad por más de un mes, sostiene que cambió la figura acuñada.

El Sr. Fiscal General, de manera previa en ocasión de formular su alegato acusatorio, explicó las razones por las cuales pese a no haber venido requerido a juicio los hechos endilgados por la agravante en cuestión, mencionó que sin perjuicio de no haber sido utilizada la norma, si surge de manera clara la descripción de la plataforma fáctica de las privaciones ilegales de la libertad que superaron en los casos cuestionados, más de un mes de duración.

Entendió que encontrándose descripta en la conducta dicha circunstancia, la calificación legal que le otorgó el fiscal de la instancia anterior no dejó de ser provisoria, no habiéndose vulnerado la congruencia entre los hechos objeto de la imputación por los que fueran requeridos, lo debatido en el proceso, y la actividad acusatoria sostenida.

Tras este planteo formulado es preciso señalar que si bien es cierto que la significación jurídica de mentas no quedó comprendida en el requerimiento de elevación a juicio y/o auto de clausura, no lo es menos que el dato fáctico en el que se afirma la agravante sí integró la imputación por la que fueron intimados los ahora condenados.

Toda vez que la acusación se conecta con los hechos y no con categorías jurídicas, y que la tipificación seleccionada no se desentiende de los hechos conocidos ni los altera, no se advierte en el caso que haya mediado una afectación concreta al principio de congruencia pues, insistiendo en ese dato, el suceso ha sido siempre el mismo y a él han podido responder los procesados -defensa material- y elaborar su estrategia técnica los defensores de confianza.

La incorporación de la significación jurídica agravada introducida en la instancia del art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación, con esos antecedentes, fue tempestiva y no alteró la esencia de los hechos, por lo tanto, corresponde desechar la descalificación propiciada.

3. Hechos en perjuicio de José María MUSMECI

3.A. Conducta atribuida

Se probó en autos que José María Musmeci fue detenido de manera ilegítima el 30 de marzo de 1976, alojado en la Prefectura Naval y en la Base Naval, ambas de esta ciudad, siendo objeto de torturas en los interrogatorios a los que fue sometido, a raíz de sus actividades gremiales, permaneciendo cautivo hasta el 15 de febrero de 1977.

Por dichos ilícitos se condenó a Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva.

3.B. Prueba de la materialidad de los hechos

José María Musmeci fue detenido el 30 de marzo de 1976, cuando se presentó en la sede de la Prefectura Naval de esta ciudad, sin que se le explicaran los motivos por los cuales así se procedió.

Dicho accionar se motivó en que desde el 24 de marzo de 1976 había sido allanada en dos oportunidades la vivienda de sus progenitores, no encontrándose él en el lugar. En la primera intromisión, realizada por personal vestido con ropa militar, respecto del cual no pudo precisar a qué fuerza pertenecía, se encontraban en la casa su madre, su hermano menor y un tío. Dicha fuerza regresó dos días después, por lo que sabido que era que lo estaban buscando y habiendo tomado conocimiento que un chico de apellido Báez, a quien también aparentemente perseguían, fue hallado muerto en la ruta, es que decidió comparecer a la sede de la Prefectura a entregarse. Así llegó a ese establecimiento acompañado de su padre, de un líder de los pescadores tradicionales de embarcaciones pequeñas y de José Lecuna, líder de la Cooperativa de Pesca.

Permaneció allí detenido por un lapso de dos meses aproximadamente, tiempo en el cual lo llevaban a la Base Naval para ser interrogado y/o examinado por médicos. Dichos traslados lo realizaron colocándole una capucha que le obstaculizó la visión, pero atento que era conocedor de la zona y que la distancia era breve, estuvo seguro de que fue trasladado a esa dependencia de la Armada.

En Prefectura vio a Jorge Pablovsky, Alfredo Battaglia y Julio Lencina; de quienes expresó que a Battaglia no lo conocía de manera personal empero sabía que era un líder del Partido Comunista en Mar del Plata; a Lencina lo conocía muy poco antes, tenía conocimiento que era un líder sindical; y si bien con Pablovsky tenían poca vinculación previa se conocían, sabía que era un motorista naval, y manifestó que desconocía que tuviera militancia política. Así también mencionó a Rafael Molina como alojado en ese establecimiento.

Evocó que todos estaban alojados en esas celdas, las cuales eran tres y muy pequeñas; y por ellas en el tiempo que duró su aprehensión pasó mucha gente imputadas de contravenciones. Le hizo recordar Lencina, en un encuentro posterior que tuvieron, que compartieron esas celdas con polizontes ugandeses.

En Prefectura habrá estado del 30 de marzo a los primeros días de mayo, y en ese lapso, tal como quedó asentado en párrafos precedentes, lo estuvieron trasladando hasta la Base para ser interrogado.

Tras dos meses de permanencia en la sede de la fuerza de seguridad fue llevado a la Base Naval ya de manera permanente, sitio en el que estuvo encapuchado en unas aulas. Refirió que en el edificio de la Prefectura no se le colocó capucha. Expresó a que pese a estar encapuchado reconoció el lugar donde estuvo detenido e hizo referencia a dos circunstancias por las cuales aseguró ello. Comprobó dicha suposición toda vez fue llevado a ducharse a la playa y, cuando le daban de comer, pudo levantarse la capucha y observar algunas cosas a su alrededor que le confirmaron el sitio donde estaba alojado.

En este trasladado a la Base Naval, el cual se tornó definitivo, permaneció encapuchado, alojado en un aula con diez o quince personas más, atadas sus manos en la espalda y en cuclillas. Se acreditó que sufrió golpizas, y un trato denigrante. Refirió que todos los detenidos estaban atados con una misma soga al cuello y los hacían caminar en círculos. Allí, conforme lo expresara, percibió que se encontraba en su misma situación Jorge Pablovsky.

En esa etapa expresó que mientras fue interrogado, era golpeado; además se le mostraban fotos de familiares o personas allegadas, con amenazas de que les podía ocurrir algo malo. Durante su estancia fue sacado de la Base para que reconozca un domicilio, y expresó que como no pudo hacerlo, uno de los agresores que lo llevaba cautivo le dijo "llegó tu hora" y, tras ello, le efectuaron un simulacro de fusilamiento con ráfagas de ametralladora a su alrededor.

En cuanto a las razones de su detención y a los interrogatorios que sufrió, expresó que tenía una militancia en el Peronismo de Base.

En junio de ese año fue trasladado de ese sector de aulas, hasta unas celdas o calabozos ubicados en otro lugar de la Base Naval, en el cual compartió cautiverio con Pablo Lerner, Jorge Pablovsky y Jorge Luís Celentano.

De este tramo de su cautiverio memoró que fue atendido por el odontólogo de la Marina, de apellido Hoffman, con motivo de una infección en una muela, de quien remarcó haber tenido una actitud contemplativa de su situación y un trato humanitario, que lo llevó a verlo una vez obtenida su libertad para agradecerle.

Su privación de la libertad culminó recién el 15 de febrero de 1977, cuando fue liberado desde la Unidad 9 de La Plata, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Este traslado se hizo vía aérea, decolando el vuelo desde la Base Aeronáutica de la ciudad, el cual compartió con Alberto Álvarez, habiendo viajado esposados juntos.

Elementos que fueron tenidos en cuenta a la hora de sostener la veracidad del suceso, resultaron en primer lugar, la verosimilitud de su relato, que en la audiencia celebrada en el presente juicio expuso su caso, manteniendo la misma versión, sostenida a través de los años, que brindó en el año 2001, al ser citado a declarar en lo que se dio a llamar el Juicio por la Verdad.

Así también numerosas personas que resultaron víctimas en similares circunstancias al presente hecho, dieron fe de la presencia de Musmeci en esas dependencias.

Tal como sucediera en los casos que anteriormente se trataron, y a los fines de no resultar reiterativo, sintéticamente hemos de exponer que Jorge Pablovsky reconoció haber compartido cautiverio con Musmeci en Prefectura y en la Base Naval, conforme las declaraciones incorporadas al debate, atento su fallecimiento.

Pablo José Lerner también se refirió a esta persona cuando estuvo detenido en las celdas de la Base.

Julio Víctor Lencina hizo mención de que con el causante compartió cautiverio en la sede de la Prefectura.

Justo Alberto Álvarez, en su relato de los padecimientos sufridos, fue conteste con los dichos de Musmeci, en cuanto a que fueron trasladados vía aérea desde Mar del Plata, hasta La Plata, en el mismo vuelo.

Jorge Luís Celentano, confirmó que Musmeci estuvo en la sede de la Prefectura; al igual que las declaraciones, incorporadas por lectura, de Alfredo Nicolás Battaglia, quien lo sitúa en ese recinto.

Rafael Adolfo Molina, en la declaración que realizara en la causa n 5147, el 16 de octubre de 1986, mediante la cual ratificó su denuncia ante la CONADEP el 8 de mayo de 1984, cuya incorporación fue legalmente provista, también conoció a Musmeci en la prisión de la Prefectura Naval de Mar del Plata.

Por su parte, también contamos con las versiones brindadas en la audiencia de Avelina Kohan de Pablovsky y de Daniel Rodolfo Pablovsky. La madre de Jorge expresó que tomó conocimiento en la época de ocurrencia de los hechos, que su hijo se encontraba detenido en Prefectura con Musmeci. En cambio Daniel aportó que Musmeci le fue referido por su hermano Jorge, como una de las personas con quien compartió cautiverio, empero no pudo precisar en que lugar; hizo referencia a que pudieron haber sido trasladado vía aérea juntos, a La Plata.

Resultó un elemento de importancia al momento de conformar la certidumbre del suceso, la declaración que prestó en audiencia, Elvio Manuel Figueroa. Este sujeto, quien es personal retirado de la Prefectura Naval Argentina, sostuvo que se desempeñó en la sede de esta ciudad, como encargado de la confección de los legajos del personal de Prefectura de Mar del Plata y de Quequén, con el grado de ayudante de primera, cuando se produjo el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Recordó que dicha sede -en la cual prestaba servicios desde enero de 1952- fue utilizada en los primeros momentos de acaecido ese hecho para alojar personas que personal de la Armada Argentina llevaba detenidas. Expresó que la metodología de esta fuerza armada, era dejar las personas detenidas para su custodia y luego llevarlos a interrogar a otras dependencias. Afirmó que no se inscribían estos sujetos en los libros de detenidos, porque se consideró que se encontraban allí por disposición de esa fuerza de la cual dependían, "...porque era algo exclusivo de la Armada..." expresó.

Dichos detenidos eran trasladados por camionetas marca Ford, modelo F 100, pertenecientes a la Base Naval, que iban custodiados por un grupo de personas uniformadas que llevaban en una de dichas camionetas, sobre un trípode, una ametralladora antiaérea 12.70. Expresó que los introducían a los detenidos por el acceso vehicular que tiene la sede.

En cuanto a la presencia de detenidos expresó no haber visto personas encapuchadas en la Prefectura, y que eran custodiados por personal de Marina junto con algún hombre de la Prefectura.

No supo decir si las personas que traía marina compartieron celdas con los de Prefectura; empero aclaró que ese era el único lugar para alojar detenidos. Manifestó que no recordaba la presencia de familiares de esos detenidos; expresó que era resorte de la armada si podían verlos o no los familiares. Sostuvo que el detenido estaba poco tiempo en Prefectura, lo traían -supuso- para que descansara, se sentara o durmiera y después se lo llevaban para la Base Naval. A esta suposición arribó porque el movimiento de los detenidos era fluido, aunque manifestó no haberlos visto golpeados.

Expresó que conforme pudo suponer de esa época, las personas que llevaba detenidas la Armada Argentina estarían vinculadas con accionar subversivo u personas que pudiesen aportar datos sobre ellos, pero aclaró que nunca estableció comunicación con esos detenidos.

Respecto de José María Musmeci, manifestó que cree que era agente o trabajaba para una agencia marítima. Dijo que estuvo detenido en Prefectura, creyendo que lo había llevado la Marina. Expresó que el sujeto tendría algo más de veinte años de edad en esos momentos, y tiene noción por comentarios que recibió que conformaba un grupo de muchachos que se había arrogado el hundimiento de un buque pesquero habiendo colocado un artefacto explosivo: No puede precisar si este comentario se hizo en el ámbito universitario o tal vez el propio Musmeci lo hizo, quizá para darse "dique".

Así tales testimonios concordantes con la versión brindada por el damnificado permiten aseverar la existencia del hecho; pero existen elementos documentales producidos en la época que también acreditan su materialidad.

En efecto en el Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, agregado a fs. 7452/55 del expediente principal, luce la ficha preparada por la DIPBA en la cual se lee "Estudiantil General Pueyrredón" Legajo N 44 TOMO I, GA 8-2--72 Apellido: MUSMECI Nombres JOSE MARIA,...Matrícula n 10591548...Domicilio OHIGGINS N 1185 Localidad MAR DEL PLATA Profesión EMPLEADO DE COMERCIO. En el dorso dirige la información a la Mesa "Ds" Carp. Varios 2703- Tomo IV -fs. 1-; Mesa "D" Varios 2709 Tomo 5 Fs. 447 última información carpeta alfabetizada.

Así pues buscado el legajo correspondiente, caratulado "Policía de la Provincia de Buenos Aires, S.I.P.B.A. Archivo y Fichero. Legajo N 44, Tomo 2", bajo el título "Informes Hechos Estudiantes Mar del Plata" fue agregado un profuso informe acerca de un hecho acaecido en la Universidad de Mar del Plata en diciembre de 1971, en el cual perdió la vida Silvia Filler. Del mismo surge que la noche del 8 de diciembre de ese año fue detenido Musmeci, "como resultado de un dispositivo especial.en prevención de disturbios...que no acataron la orden policial sobre dispersión o también por intentar formar grandes grupos... A todos estos se les labró infracción al Art. 57 del Decreto 24.333/56 recuperando su libertad esa misma noche. Es de hacer notar, que no se pudo determinar responsabilidad o participación en hechos concretos, por lo tanto será apresurado calificarlos como elementos agitadores o perturbadores..." .

Se incorporó también de esa misma dependencia policial el Legajo 2703 de la Mesa "Ds" DETENIDOS A DISPOSICION DEL P.E.N. (Poder Ejecutivo Nacional), del cual surge que José María Musmeci, fue detenido el 18 de junio de 1976, mediante decreto del PEN N 9833, de fecha 18/06/76, alojado en la Prefectura Mar del Plata, por "Milit Peronismo Base Habría integr FAP Sindic Autor Buque Mikynai", por disposición del Ejército Argentino, liberado mediante decreto 291/77.

Ello implica que la génesis de su detención se motivó en que era considerado un integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), militante del Peronismo de Base, y presunto autor de un atentado sufrido por el Buque Mikynai.

A fs. 180/1 de la causa n 5148, que fuera oportunamente agregada al debate, luce el decreto del Poder Ejecutivo Nacional n 983, del 18 de junio de 1976, mediante el cual el detenido pasa a estar a disposición de ese poder.

Así también, en el ya analizado Memorando 8499, IFI n 17 "R" /76, de la Prefectura Naval de Mar del Plata, de fecha 19 de abril de 1976, bajo el Asunto: elevar panorama gral de la ciudad luego del 24/3 y dos nóminas de detenidos por las fuerzas armadas y su situación actual, con la firma del Subprefecto Ariel Macedonio Silva y del Prefecto Principal Juan Eduardo Mosqueda se informa: "...Se produjeron detenciones de personas cuyos antecedentes y actuación política gremial fue analizada previamente. Esas detenciones tenían como primer objetivo neutralizar la reacción de los sectores más afectados: el político y el gremial, quitándoles a sus personalidades más representativas. Esas detenciones también contemplaron a elementos con antecedentes izquierdistas y/o subversivos. Destacan que como el proceso previo a la toma del poder por las FFAA fue "cantado", muchas de esas personalidades no fueron halladas y especialmente los sindicalistas fueron presentándose en días subsiguientes...".

En la nómina de las personas detenidas y la situación al tiempo de confeccionarse dicho informe, individualizado con el número 11 surge: "...JOSÉ MARÍA MUSMECI: agente marítimo, detenido el 25/3/76. Vinculado al peronismo de base, continúa detenido..."

De dicho organismo se obtuvo asimismo el Memorando 8499, IFI n 7 "S" /979, fechado en Mar del Plata, el 10 de abril de 1979. De este surge: "...Información: se tomó conocimiento de que José María MUSMECI se encuentra realizando activas gestiones para obtener legalmente la habilitación como Agente Marítimo, para actuar en jurisdicción del Puerto de Mar del Plata..." Datos de identidad del causante y antecedentes: José María MUSMECI, argentino, nacido el 20-09-1952 en Mar del Plata, hijo de Salvador Luciano y de María Luisa Scarpel, casado con Liliana Edith Peinado, domiciliado en O'Higgins 1185 de Mar del Plata, DNI 10.591.458, CI:25050515. Registra: 8-12-1971 detenido por la Policía de la Provincia de Bs. As. de Mar del Plata, a raíz de los disturbios estudiantiles por la muerte de la estudiante Silvia Filler, se labraron actuaciones por inf. Art. 57 del Dto. 24.333/56, recuperando posteriormente su libertad.- 30-3-76: detenido por estar considerado activo militante del Peronismo de Base e integrante de las F.A.P.- 18-6-76: mediante Decreto N 938 de la fecha consignada es puesto a disposición del PEN y alojado en la Unidad Carcelaria N 9 de La Plata. 16-2-77 recupera la libertad. En sep./74 fue investigado a raíz del atentado explosivo al B/F "MIKYN" por manifestaciones que vertiera el causante en una confitería céntrica, el resultado fue negativo...".

La profusa colección de datos acerca del damnificado, todas estas constancias reunidas, nos llevó a tener por probada la materialidad del plural accionar ilícito, como así también las respectivas agravantes, que tuvo por víctima a José María Musmeci, y a que respondieran por dichas conductas, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva y Justo Alberto Ignacio Ortiz.

4. Hechos en perjuicio de Julio Víctor LENCINA

4.A. Conducta atribuida

Se probó en autos que Julio Víctor Lencina fue detenido de manera ilegítima el 26 de marzo de 1976, alojado en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Prefectura Naval y en la Base Naval, todas de esta ciudad, siendo objeto de torturas en los interrogatorios a los que fue sometido, a raíz de sus actividades gremiales, permaneciendo cautivo en la Unidad n 9, de La Plata, hasta el 1 de octubre de 1977.

Por dichos ilícitos se condenó a Mario José Osvaldo Fórbice, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva.

4.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Con los elementos colectados durante el debate celebrado se acreditó que la víctima, Julio Víctor Lencina, fue secuestrado el 26 de marzo de 1976, a las 10.00 hs., aproximadamente, de la sede del SOMU (Sindicato Obrero Marítimos Unidos), gremio del cual era su secretario general, ubicado en la calle Edison entre San Salvador y Vértiz, de esta ciudad, el cual había sido ocupado por las fuerzas armadas a partir del 24 de ese mes y año.

Arribó al establecimiento con el conocimiento de que, ese día 24, había sido detenido el Secretario de Actas del gremio, y al poco tiempo de que llegó lo vino a buscar personal de la marina vestidos con uniformes y con cascos, para aprehenderlo.

Al momento de proceder a su detención, ocurrida en la vereda del sindicato, fue encapuchado y atado, y colocado en la parte trasera de una camioneta doble cabina y trasladado hacia la zona del faro de la ciudad, más precisamente a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. Pudo aseverar ese detalle con firmeza, en atención a que es conocedor de la ciudad y del puerto por la profesión que ejercía. Allí, pudo visualizar por debajo de la capucha que tenía colocada, que fue llevado a una planta baja a unos diez metros del faro, siendo objeto de los primeros interrogatorios producidos en esas condiciones en la cuales fue apresado, encontrándose en ese lugar con otras personas en similar situación. Dicho interrogatorio se centró en que querían saber donde estaban escondidas las armas de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la cual formaba parte en la delegación Mar del Plata.

Refirió que esos interrogatorios se produjeron por personal de la Prefectura Naval y de la Base Naval. Identificó a un suboficial de apellido Marioli, ya fallecido, como una de esas personas de la fuerza de Prefectura que lo interrogaba, quien concurría con otro del que no recordó su nombre.

Allí sufrió también torturas psicológicas, dado que estando en esas condiciones se acercaba una persona y le decía "acaban de tirarle una bomba a tu casa", o frases similares.

En un lapso que circunscribió entre dos o cuatro días, fue trasladado, con otros detenidos en un camión, a la Base Naval, donde se encontró con Alfredo Nicolás Battaglia, y otras personas más. Describió en la audiencia que fue colocado en una habitación cuadrada, sin puertas y a veces en un calabozo, siempre atado de pies y manos con la soga rodeándole el cuello. Expresó que allí lo interrogó la misma gente que en la ESIM, haciendo referencia al personal de la Prefectura Naval.

En la Base sufrió simulacros de fusilamiento, los que se llevaron a cabo en la playa privada que tenía. Tras uno de esos simulacros se acercó una persona a quien conocía de Prefectura, e identificó como Alfonso, y tomándolo de la soga colocada en el cuello, le decía a otro sujeto "a este lo matamos mañana". Esta modalidad de tormento en ese establecimiento fue narrada también por otra de las víctimas, José María Musmesci, con quien compartió el viaje aéreo cuando fueron trasladados desde Mar del Plata hasta La Plata.

Tras su paso por ese lugar es conducido, junto con Battaglia y Adolfo Molina, a la sede de la Prefectura Naval, reconociendo ello por el camino recorrido. Allí los alojaron en los calabozos, ubicados detrás de un mostrador en la entrada del edificio. Refirió que, durante su permanencia en ellos, se encontró encapuchado, atado y sin comer. Que estuvo allí también Pablovsky -persona esta que a su vez, en la declaración prestada ante el Juzgado Federal n 9, de Capital Federal, el 15 de octubre de 2004, lo recordó como uno de los que compartió cautiverio en Prefectura Naval de Mar del Plata-. El 10 o 12 de abril de ese año, fueron llevados, el dicente y los dos primeros mencionados, hasta la sede de la fuerza aeronáutica en la ciudad, a la cual la identificó con el nombre de "La Cueva". Sin perjuicio de la fecha brindada por el damnificado, indicaremos que, de conformidad a lo acreditado en el suceso que perjudicó a Battaglia, este traslado se efectuó el 8 de del mes y año referido.

En la Prefectura, rememoró, que el mencionado suboficial apellidado Marioli, le sugirió que dijese donde estaban las armas sobre las cuales venía siendo interrogado en la ESIM.

Cuando llegó a "La Cueva", tomó contacto con sus familiares, quienes hasta el momento desconocían el lugar de su paradero. Allí permaneció hasta el 27 de abril de 1976, cuando fue trasladado a Sierra Chica. Con posterioridad fue transportado a la cárcel de Devoto, en la Capital Federal y a la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense; establecimiento desde el cual recuperó su libertad el 1 de octubre de 1977.

Durante los primeros momentos de su privación de la libertad, sin que se conociese su paradero, su esposa efectuó varias gestiones tendentes a localizarlo: presentó habeas corpus, concurrió a la curia, mantuvo entrevistas con el Cnel. Barda en el regimiento. Allí, conforme lo que su esposa le dijo, éste le exhibió una carpeta con su nombre que decía "subversivo".

Con relación a la manera en la cual se cumplió esa detención, expresó que en la ESIM al ser interrogado tuvo colocada una capucha. En Prefectura, también lo encapucharon en cada traslado de un sitio a otro, pero cuando se encontró en la celda se la retiraron, aunque siempre con la advertencia de que no mirase a persona alguna. Recordó que los primeros días allí estuvo atado, tirado en el suelo, junto con otros detenidos porque solo en una celda había un camastro con un colchón. Mencionó, en cambio, que en la Base Naval le dejaron la capucha colocada de manera permanente.

Señaló que por su actividad en el gremio conoció al jefe de la Prefectura en esa época y también al jefe de Informaciones de la fuerza de seguridad, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Silva respectivamente. Este último se domiciliaba a la vuelta de su casa, y tanto su hija como la del deponente iban al mismo colegio, la "Inmaculada Concepción". Expresó que ninguno de los dos condenados participó personalmente en los interrogatorios desarrollados en esa dependencia.

La narración de los hechos efectuada por la víctima encuentran sustento en las declaraciones efectuadas por Alfredo Nicolás Battaglia, Rafael Molina, Justo Alberto Álvarez, Jorge Pablovsky y José María Musmeci quienes, al momento de relatar las circunstancias de los sucesos que los tuvieron por víctimas, dieron cuenta del cautiverio y los padecimientos a los que fue sometido Lencina, lo que conformó el grado de certeza necesario para la condena impuesta a los autores en lo que a este hecho respecta.

La privación ilegal de su libertad quedó también acreditada por el propio informe labrado por las autoridades de la Prefectura Naval, al que hicimos referencia al tratar la situación de Battaglia, por lo que es dable englobar aquella en el marco del "Plan Ejército" que se mencionara. En efecto en aquél "Memorando 8499, IFI N 17 "R"/976", en el cual comentan el panorama general de la ciudad y la actividad desarrollada respecto a la toma del poder acaecida recientemente, en el anexo de detenidos, con el n 41, figura "Lencina, Jorge Víctor" del cual se informa "...argentino, nacido en E. Ríos el 7-7-42, hijo de Crespin y Magdalena Leguizamón, M.I. 5.452.856, domiciliado en Elcano 3982- Mar del Plata. Secretario Seccional SOMU. Detenido el 26-3-76. Puesto a disposición del P.E.N....".

Se advierte de la lectura de dicho informe que su aprehensión se vinculó exclusivamente a su condición de secretario general de un gremio con fuerte arraigo en la ciudad, como lo es el SOMU. Tal seguimiento de su actividad gremial se inició, por lo menos, un año antes. Así del informe N 4 "S"/75 8499-IFI, fechado el 12 de febrero de 1975, "OBJETO: E/Plan de colección de Inteligencia (Placintara 1972), firmado por Mosqueda, y confeccionado por Silva es dable observar:

    "...GREMIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS:

    En este ámbito existen conflictos en desarrollo cuyas consecuencias previenen sobre próximos agravantes en la situación propia de cada uno, sin que hasta el momento intervengas factores subversivos declarados. S.O.M.U..De esos estrados surge la polemizada figura de JULIO VICTOR LENCINA, quien luego de haber paralizado el apoyo a QUIROGA ...se proyecta luego en su contra, surgiendo como una nueva posibilidad electoralista con vistas a la conducción del S.O.M.U., estructurando una "Agrupación Lista Celeste"...A título de opción, puesto que los afiliados no comprometidos políticamente no han intervenido en todo este confuso episodio, LENCINA ofrece mayores posibilidades adherentes...Por otra parte, LUCERO, ha desatado una campaña de desprestigio contra LENCINA y sus seguidores, mediante la diseminación de profusa cantidad de volantes informativos, donde a título de "sacar trapos al sol" vierte verdades sobre su oponente potencial. A esta altura, su la opción es imparcial, tanto una como otra posibilidad, resultan nocivas al gremio..."

    Respecto del gremio "...S.U.P.A" expresó dicho informe: "...Con dos comisiones directivas formadas.que representan a las facciones de EUSTAQUIO TOLOSA. y de CÉSAR LOZA...hay que destacar que en el puerto local agrupa la mejor calidad de gente y, paradójicamente, la línea LOZA, sostiene figuras muy desprestigiadas, como...JULIO VICTOR LENCINA (Coordinador Político), ambos de dudosa moralidad con varios procesos en su haber. Además, en el marco de todos los conflictos habidos por esta división, la provocación armada en todos los casos, provino del sector LOZA..."

Ello se confirma con la lectura del "Memorando N 8499- IFI-N 81/795", fechado el 31 de julio de 1975 y firmado por Juan Eduardo Mosqueda, en el cual informa a la Prefectura de Zona del Atlántico, la actividad que realizaba Lencina, ante una nota periodística publicada ese mismo día, en el diario "La Capital" de Mar del Plata, dando cuenta de diversas circunstancias del ámbito gremial; conformándose así la certeza de que su aprehensión y posterior sometimiento a las torturas detalladas, se motivó en su actividad política gremial, explicitándose la calidad de perseguido político que agrava la figura de la imposición de tortura.

Lencina fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por el decreto n 110, dictado el 14 de abril de 1976, tiempo después de que se produjera su ilegítima detención, compartiendo dicho acto administrativo con Battaglia, con lo cual las argumentaciones efectuadas al tratar ese hecho devienen aplicables al presente caso, a los fines de no ocurrir en innecesarias repeticiones.

Por otra parte, se tuvo por configurada la agravante de la privación ilegítima por su duración de más de un mes, en tanto, de conformidad a las pruebas reseñadas, permaneció en tal condición desde el 26 de marzo de 1976 al 1 de octubre de 1977.

Los mencionados Mosqueda, Silva, Fórbice y Ortiz, resultaron coautores de la privación ilegítima de la libertad, agravada por la duración de más de un mes, y los tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos respecto de Julio Víctor Lencina por los argumentos elucidados oportunamente.

5. Hechos en perjuicio de Justo Alberto ÁLVAREZ

5.A. Conducta atribuida

Se encuentra acreditado, que Justo Alberto Álvarez fue privado ilegítimamente de su libertad el día 27 de marzo de 1976, aproximadamente a las 20 horas, en el domicilio de sus padres, sito en Machado y Castelli, de la Ciudad de Quequén, por un grupo operativo perteneciente al Ejército Argentino, quienes actuaron de modo coordinado con la FUERTAR 6. Los integrantes de dicho grupo irrumpieron violentamente en el inmueble, portando armas, destruyendo la puerta de entrada, y, sin exhibir ningún tipo de orden de allanamiento, lo detuvieron.

En este mismo operativo también fue privado ilegítimamente de su libertad Jorge Horacio Lamas, quien si bien no formó parte del objeto de este proceso, su mención contextualiza los hechos materia de imputación.

En un primer momento, Álvarez fue llevado a la Comisaría de la Playa de Quequén, desde donde lo derivaron a la Comisaría 1 de la ciudad de Necochea.

Allí fue encapuchado y trasladado a las instalaciones del GADA 601, donde permaneció en una especie de galpón por un lapso aproximado de dos días; hasta que, encapuchado, lo llevaron a la Base Naval de Mar del Plata.

En esta primera estadía en la Base Naval, fue alojado en una de las aulas existentes en ese predio, sometido a amenazas, y a distintos tipos de tormentos. Entre los sufridos recordó que le aplicaron picana eléctrica y le introdujeron la cabeza en el agua, situación esta a la que recordó como el "submarino". Estuvo todo el tiempo encapuchado; de día era obligado a permanecer parado, mientras que de noche debió dormir en el piso; tampoco se le permitió satisfacer adecuadamente sus necesidades fisiológicas. En este contexto represivo las torturas físicas propinadas tenían como destino que aporte detalles de su militancia política y gremial.

Aproximadamente 15 días después fue trasladado, encapuchado, a la sede de la Prefectura Naval, donde permaneció cautivo por un espacio de 10 a 15 días. En ese lugar, conforme la versión brindada en la audiencia el 25 de abril de 2012, lo mantuvieron sin capucha, empero en una oportunidad para trasladarlo por un patio hasta lo que él consideró un galpón le colocaron una capucha y fue sometido a interrogatorios relacionados con su militancia política. En esta ocasión, rememoró, le infligieron torturas físicas, a las que detalló como submarino seco.

Tras ello, fue devuelto al sector de calabozos, donde permaneció sin capucha, aunque los interrogatorios referidos a su militancia no mermaron.

Narró que de ahí fue trasladado a distintos espacios, los cuales no pudo identificar por estar encapuchado, empero supuso que uno de esos lugares fue la ESIM, siendo regresado luego a la Base Naval.

En este tramo del cautiverio en la Base Naval, fue introducido en uno de los tres calabozos existentes dentro de este predio, donde permaneció por un espacio de 20 a 30 días. Allí fue objeto de tratos denigrantes, como ser atendido por un veterinario tras sufrir una infección como consecuencia de las torturas que le habían practicado. También fue amenazado y sometido a tormentos. En las noches le abrían las ventanas para que sufra el frío, los conscriptos le escupían la comida y lo llamaban "guerrillero" y "Subversivo".

Desde allí, fue trasladado nuevamente a los calabozos de la Prefectura Naval, donde ya había estado cautivo, oportunidad en que continuó siendo maltratado.

Desde la Prefectura fue transportado a la Base Naval una vez más, donde lo subieron a un colectivo, y lo llevaron al aeropuerto de Mar del Plata; conduciéndolo finalmente a la Unidad Carcelaria N 9 de la ciudad de La Plata, recuperando su libertad en abril de 1977, concretamente durante la Semana Santa.

5.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Ahora bien, al momento de valorar los elementos probatorios colectados en relación a este caso, debemos tener en cuenta, que todas estas circunstancias fueron referenciadas por la víctima el declarar durante el debate, quien fue informando acerca de las personas con las que compartió cautiverio en los distintos establecimientos militares, cuyos testimonios resultando concordantes con lo dicho, configurando así la certeza necesaria para tener por acaecido los hechos delictivos.

Jorge Horacio Lamas, en audiencia de este juicio, refirió que fue privado ilegítimamente de su libertad el día 27 de marzo de 1976, junto a Justo Alberto Álvarez, compañero con quien compartía militancia en el Peronismo de Base.

Explicó que, en esa oportunidad, les pusieron una capucha y los llevaron en un camión del Ejército a la Comisaría de la Playa de Necochea.

Luego pasaron por la comisaría de esa localidad, donde los interrogaron acerca de su militancia; siendo luego derivados al GADA, lugar en el que permaneció unos días junto a Álvarez hasta que lo separaron, ya que al testigo lo trasladaron a la ESIM.

Después de cinco meses de transitar varios centros clandestinos se reencontró con la víctima y esta dio cuenta de los lugares donde había estado cautivo. Concretamente, le mencionó "Submarinos" y el "Puerto".

La esposa de Álvarez, Ángela Beatriz Bravo, también declarante en el proceso finalizado, corroboró el secuestro de su marido en Quequén junto con Lamas, y su posterior paso por la Comisaría de Necochea, el GADA, la Base Naval, Prefectura y la Unidad 9 de La Plata.

Indicó la testigo que para la fecha en que detuvieron a su esposo, ella también fue secuestrada y llevada a la Comisaría del centro de Necochea. Allí permaneció encapuchada, y en un momento, al hablarle a la persona que estaba a su lado, advirtió que era su esposo.

Posteriormente, fueron trasladados juntos al GADA, donde los separaron, ya que Bravo fue liberada y Álvarez continuó secuestrado.

Expresó que una vez que recuperó su libertad, comenzó a buscar a su marido. De este modo, se enteró a través de un señor que estaba limpiando la vereda de Prefectura, que su esposo estaba cautivo allí, por lo que gestionó un permiso con las autoridades de esta dependencia para poder visitarlo.

Así, consiguió ver a la víctima en alguna oportunidad en una pequeña habitación; hasta que perdió nuevamente su rastro cuando concurrió a visitarlo y le informaron que ya no estaba ahí.

Finalmente, se enteró que su esposo había sido trasladado a la Unidad 9 de La Plata; y que también, previamente, había estado alojado en la Base Naval de Mar del Plata.

En cuanto al cautiverio de Álvarez en la Base Naval, debemos tener en cuenta que allí, al igual que la mayoría de los miembros del presente grupo de víctimas, estuvo en dos períodos.

En el primer momento, cuando fue llevado desde el GADA, estuvo en un espacio clandestino con elementos que le hicieron pensar que era un aula. Durante esta etapa de su detención fue objeto de torturas mientras era sometido a interrogatorio, tal como aquellos tormentos referidos por Battaglia, Lencina, Pablovsky y Musmeci, aunque en su caso expresó además que fue víctima de otras torturas físicas como la picana y el submarino.

Luego de esta etapa, fue llevado a Prefectura, y posteriormente, regresado a la Base Naval; siendo alojado en uno de los calabozos cercanos al comedor de conscriptos. Este tramo del cautiverio, y las condiciones en que estuvo, fueron corroboradas por Pablo Lerner (cuyo testimonio fue incorporado al debate como prueba anticipada), quien relató que cuando fue llevado desde el polígono de la Base Naval hacia los calabozos que utilizaban para castigar a los conscriptos, se encontró con Álvarez; dando detalles -al igual que Musmeci y Pablovsky- sobre las condiciones de cautiverio en ese período.

Los testimonios concordantes de las otras víctimas con quienes compartió cautiverio en los distintos centros de detención, que ayudaron a adquirir la certeza necesaria para tener por acreditado los hechos denunciados, son acompañados por el ya referenciado Memorando 8499 IFI n 17 "R"/976, del 19 de abril de 1976, labrado por la Prefectura Naval de Mar del Plata, y suscripto por el Prefecto Juan Eduardo Mosqueda y el Subprefecto Ariel Macedonio Silva en el cual, efectuando el recuento de lo sucedido en la ciudad a partir del 24 de marzo de ese año, y las personas a quienes se detuvieron, figura, bajo el número de orden 12, el nombre de Justo Alberto Álvarez. Sobre él informaron: "...argentino, nació el 10-12-954; M.I. 11.1...615.domiciliado en Machado y Castelli, Necochea. Detenido el 27-3-76 y puesto a disposición del P.E.N....". Esta circunstancia ratificó la versión brindada por Álvarez otorgándole la certeza necesaria para la acreditación del hecho.

Asimismo, hemos de tener por configurada la agravante de la privación ilegítima por su duración de más de un mes, en tanto, de conformidad a las pruebas reseñadas, permaneció en tal condición desde el 27 de marzo de 1976 al mes de abril de 1977.

Así también, se incorporó al debate como elemento acusatorio de absoluta contundencia, fotocopia del Decreto 983, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, firmado por Albano Eduardo Harguindegui, fechado el 18 de junio de 1976, (obrante en la causa n 5148, caratulada "Molina, Adolfo s/dcia" del Juzgado Federal de 1 Instancia N 3, de Mar del Plata) por el cual se lo arrestó. Su detención, conforme los considerandos de dicho acto administrativo, se motivó en que hubo que "...asegurar la tranquilidad y el orden público y preservar los permanentes intereses de la República. Que a criterio del Poder Ejecutivo Nacional, único facultado para evaluar los antecedentes respectivos- la actividad de las personas que se incluyen en el presente decreto atenta contra los valores indicados en el considerando anterior y tiene directa y estrecha relación con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio..".

Dicho decreto de arresto a disposición del P.E.N. comparte similares circunstancias a lo acaecido con otras víctimas. Fue dictado con posterioridad a la verdadera detención, en una maniobra tendente de blanquear o intentar legalizar el ilícito accionar desplegado, mereciendo los reproches jurídicos que efectuaremos en ocasión de tratar la situación de otros damnificados.

Respecto de esta privación, contamos también con la interposición por parte de su madre, en la época de ocurrencia del suceso, de un recurso de Habeas Corpus tendente a determinar su detención y el lugar donde se materializó. Así se labró la Causa N 549, caratulada "Noble de Bilbao, Isabel s/interpone recurso de habeas corpus en favor de Alvarez, Justo Alberto" de trámite ante el Juzgado Federal de Mar del Plata. Dicha actuación se inició el 1 de junio de 1976.

Luce agregado, a fs. 22 de ese expediente, un oficio librado por la AADA 601, de fecha 31 de agosto de ese año, el que fue firmado por Alberto Pedro Barda, en su carácter de Jefe de esa agrupación. Allí se informó que "...Durante el desarrollo de operaciones militares y de seguridad contra la subversión realizadas en cumplimiento de órdenes de Comandos Superiores, se ha procedido a la detención, en fecha 27 de marzo del corriente año de Justo Alberto ALVAREZ. El causante se halla detenido en la Comisaría de Miramar, a la espera de ser trasladado a una Unidad Carcelaria, en razón de encontrársele partícipe en actividades subversivas. Asimismo, el causante ha sido puesto a disposición del PEN en virtud del decreto n 983 de fecha 18 de junio de 1976..."

En ese decreto se puso de manifiesto que las torturas a las cuales se lo sometió se originaron en la previa calificación como una persona contraria a los valores que sostenía el Proceso de Reorganización Nacional, por ende distinto a la forma de pensar del régimen. Su militancia en el Peronismo de Base fue determinante para su aprehensión y posterior interrogatorio mediante el método denunciado, que resulta el estilo adoptado para obtener la mayor información necesaria en el menor tiempo posible, conforme las reglamentaciones que imperaron en esa época su actuar, dado que el detenido era la principal fuente de información y debía ser sometido a interrogatorios por personal especializado, con el objeto que la información lograda se convierta en inteligencia.

Así, de acuerdo a la narración efectuada, la que a través de los años se mantiene incólume, la experiencia volcada en el debate por quienes fueron testigos de su detención en los distintos establecimientos militares, y la similitud de los métodos de interrogación que se les aplicó a quienes compartieron el cautiverio, tenemos por probada la materialidad de los tormentos y su agravante en razón de la militancia política que el nombrado practicaba.

Por los hechos antes descriptos fueron condenados Alfredo Manuel Arrillaga, Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva, en calidad de coautores, de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y por su duración -más de un mes-, e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos.

6. Hechos en perjuicio de Jorge PABLOVSKY

6.A. Conducta atribuida

Con los elementos colectados en autos se comprobó que Jorge Fernando Pablovsky fue detenido ilegítimamente el 29 de marzo de 1976, a las 03:30, en su domicilio de la ciudad de Mar del Plata, alojado en la sede de la Prefectura Naval y la Base Naval, ambas de esa ciudad, y sometido a interrogatorios mediante torturas en atención a la actividad política gremial que desarrolló.

Tras su cautiverio en esas instalaciones fue alojado en la Unidad N 9, de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y recuperó su libertad el 14 de enero de 1977.

Por estos hechos resultaron condenados Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva.

6.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Jorge Fernando Pablovsky fue ilegalmente detenido el 29 de marzo de 1976, a las 03.30 horas, en su domicilio de la calle Urquiza n 2451, piso 3, departamento n 41 de la ciudad de Mar del Plata, por un grupo de tres personas que se identificaron como personal de la MARINA -Sección Inteligencia-, quienes llamaron a la puerta de su casa y, cuando fueron atendidos por el nombrado, le apuntaron con un revólver en la cabeza y lo obligaron a retirarse de su propiedad. En dicha ocasión no le exhibieron ninguna autorización u orden de allanamiento y/o captura que habilitase su aprehensión. Ya en la calle advirtió que había una importante cantidad de soldados que lo apuntaban con sus armas.

En dicha vivienda también se encontraba, quien en esa época era su esposa, Nellyda Ofelia Badilla Vallejos.

Tras ser encapuchado, lo subieron al vehículo con el cual se trasladaba el grupo de tareas, llevándose asimismo, varios bienes del inmueble del secuestrado, circunstancia esta de la cual tomó conocimiento con posterioridad. De allí lo llevaron al predio del Golf Club de la ciudad, donde le hicieron un simulacro de fusilamiento y lo amenazaron. Luego fue trasladado a la Base Naval. En su primera estancia en esa sede, permaneció alojado en un aula, siempre atado y encapuchado; aunque pudo identificar el lugar como un aula, dado que cuando le traían la comida se levantaba la capucha hasta la nariz y pudo observar en su entorno la existencia de pizarrones.

En ese sitio lo mantuvieron con la cabeza inclinada hacia el suelo y la frente contra una pared y por la noche los hacían sentar. Allí permaneció cautivo con otras personas.

Narró que cuando le permitían ir al baño era trasladado, encapuchado, a uno ubicado fuera de las instalaciones donde lo tuvieron detenido, y debió atravesar un patio. A raíz de que una persona, a quien mencionó como un profesor, protestó porque los detenidos en esas condiciones eran llevados para ir al baño mientras se encontraban alumnos en clase, es que fueron conducidos a otros sanitarios.

Refirió que fue varias veces interrogado sobre personas que no conocía; indagaciones estas que se realizaban con golpes y mientras permaneció encapuchado.

Después fue trasladado a una celda en el edificio de la Prefectura Naval. Allí refirió que fue desatado y le sacaron la capucha con la que había sido cubierta su cabeza desde el momento de su detención. Acerca del trayecto a ese establecimiento desde la Base Naval, expresó que lo hizo con una bolsa donde estaban sus pertenencias, con su apellido escrito en el exterior, y recibido por la gente de la Prefectura con papeles, dejando estos constancia de la persona que recibían de la base y demás elementos.

En esa estadía tuvo contacto con otras personas en similar situación, mencionando a Battaglia, Lencina, Musmeci y Sotelo. En ese establecimiento el trato era diferente al proporcionado en la Base Naval, y su familia, que se había enterado por la esposa de Lencina que se encontraba allí detenido, le acercaba comida.

Estando cautivo, fue golpeado por un suboficial de la Prefectura Naval, de apellido Benítez; y de tal magnitud fue la golpiza recibida que tuvieron que llamar a los médicos de la Base Naval; y en esa ocasión Silva les dijo a estos que se hicieron cargo de la víctima porque no iba a responsabilizarse por el estado en que estaba Pablovsky. Respecto de Silva expresó que lo conocía de su actividad en el puerto y era el Jefe de Inteligencia de la Prefectura. Refirió a su respecto que estaba al tanto de todo lo que pasaba y se vanagloriaba de ello.

Debido al estado físico en que se encontró la víctima-producto de las diversas golpizas- fue trasladado por segunda vez a la Base Naval, siendo nuevamente encapuchado y alojado en una de las celdas que poseía dicha unidad naval, hecho este que situó días cercanos al 18 de junio de 1976 -fecha que recordó dado que fue en la cual se dictó el decreto poniéndolo a disposición del P.E.N., circunstancia de la que tomó conocimiento una vez detenido en la Unidad 9, de La Plata-.

Dichos calabozos, según sus manifestaciones, habían formado parte del comedor de los conscriptos o una cocina. Tenían camas rebatibles y podía caminar un poco. Al llegar ahí ya se encontraba Pablo Lerner y José María Musmeci, siendo alojado en la celda del medio. Allí estuvo detenido sin capucha. Días después fue llevado Celentano y alojado con Musmeci, en la única celda con dos catres.

Las condiciones degradantes de detención se reiteraron en este segundo período de alojamiento. Unos días después Pablovsky fue retirado por un oficial abogado a quien identificó con el apellido de Guyot -abogado auditor de la Base-, quien lo sacó de la celda sin la capucha y lo trasladó al comedor del Casino de Suboficiales, en donde se encontraba la escribana Molina, para firmar una revocación de un poder a favor de su mujer y otorgarlo a nombre de su padre, a fin de evitar que la primera vendiera sus bienes.

De su estancia en la Base Naval rememoró que recibió a su madre, Avelina Kohan, en dos oportunidades, la primera de ellas acompañada de su ex-mujer Badilla Vallejos; y en la segunda concurrió sola.

Luego de allí, ya en el mes de agosto de 1976, fue trasladado al GADA 601, custodiado por la Marina y Aeronáutica, lugar en el cual ascendieron más detenidos al móvil, y los llevaron en avión, el cual decoló de la sección militar del aeropuerto de esta ciudad, a la Unidad Carcelaria n 9 de La Plata. De dicho viaje mencionó que sus custodias realizaron distintos comentarios, tales como "abrimos las puertas" "los vamos a tirar" y más frases de ese estilo, sin que se produjese ninguna situación de las ahí anunciadas. Al arribar a La Plata, a la Unidad n 9, fue alojado en los pabellones 13 y 14 y un tiempo en el 12, hasta que recuperó su libertad el 14 de enero de 1977.

Arribamos a la certeza de lo narrado, merced a la denuncia formulada por la víctima ante la CONADEP (obrante a fs. 1/2 de la causa n 4463, caratulada "Pablovsky, Jorge Fernando S/Denuncia Privación Ilegal de la Libertad", del Juzgado Federal de Mar del Plata, iniciada el 29 de abril de 1986 y debidamente incorporada al debate); la declaración testimonial prestada en el Juicio por la Verdad, de fecha 29 de octubre de 2001, cuya versión taquigráfica obra agregada en el legajo de prueba N 5; y la declaración testimonial brindada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n 9, Secretaría n 17, de Capital Federal, del 15 de octubre de 2004, en la causa n 4266/99, caratulada "Vázquez, Policarpo Luís y otros s/sustracción de menores de diez años (art. 146 CP)", protocolizada a fs. 707/09, de ese legajo, también debidamente incorporada a este juicio.

Por su parte, en las audiencias celebradas se tuvo la oportunidad de escuchar distintos testimonios que coadyuvaron a generar dicha certidumbre.

Así el 3 de noviembre de 2011 declaró el hermano de la víctima que nos ocupa, Daniel Rodolfo Pablovsky. Relató las circunstancias que rodearon a su detención, de las que tomó conocimiento por los dichos del propio damnificado -quien falleció cuatro años antes de producirse esa audiencia-, de su ex-cuñada Badilla Vallejos -con quien conversó al momento de producirse los hechos y sobre la cual en la actualidad no mantiene ningún contacto-, y de una amiga de la familia -hoy fallecida-, Olga Kosac.

Ratificó así la versión brindada por su hermano en las distintas instancias judiciales, a las que hemos hecho referencia, acerca de sus primeros momentos en la detención y el simulacro de fusilamiento que sufrió en el campo de golf de la ciudad, como también las demás condiciones en las cuales se desarrolló aquélla. Expuso las distintas gestiones realizadas para dar con su paradero y contó acerca de las cartas recibidas de su hermano mientras padeció la privación.

Supo que Jorge estuvo en la Base Naval, porque allí llevó a sus padres, en dos oportunidades, para que lo visitaran, en un rodado de su propiedad. También acompañó a la madre a la Prefectura Naval para interiorizarse de su situación pero no pudieron verlo en ese establecimiento.

A raíz de las cartas que Jorge Pablovsky envió a su familia, tomó conocimiento que fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, el 5 de septiembre de 1976, dado que en la misiva fechada el día 6 de ese mes y año, hizo referencia al traslado producido el día anterior.

Recordó que su hermano le mencionó a personas con quienes había compartido cautiverio, entre ellos Lencina, de quien cree que era un compañero del sindicato, Battaglia y Lerner. En relación con los dos primeros nombrados, rememoró que estuvieron juntos en la Base Naval, en un lugar que pudo haber sido un aula, aunque el testigo no lo pudo precisar con exactitud. También expresó que le refirió que el traslado aéreo a la ciudad de La Plata, lo hizo en compañía de Musmeci y Battaglia.

Dijo en la audiencia que su hermano le habló mal de una persona de apellido Silva que pertenecía a la Prefectura Naval, sobre quien expresó que o participaba de los apremios a los que era sometido su hermano o por lo menos los consentía. Aludió, además, que en una oportunidad manifestó que no quería hacerse cargo de la situación de Jorge. También le expresó que lo había vuelto a ver una vez recuperada su libertad.

Por último ratificó que su madre se entrevistó con las autoridades de la Base Naval, expresando que creía que fue atendida por un marino llamado Lombardo. Dicha reunión se concretó mientras su hermano permaneció allí detenido.

En su oportunidad declaró en audiencia del debate celebrado, Avelina Kohan, madre de Jorge Fernando Pablovsky, quien remarcó que enterada de la detención de su hijo, viajó a Mar del Plata, y trató de averiguar donde había sido llevado, contando con la colaboración de una amiga de él, de nombre Olga Kosac y también con la exmujer de su hijo Badilla Vallejos.

Si bien no pudo efectuar un relato pormenorizado y estructurado cronológicamente, atento el tiempo transcurrido desde la sucesión de los hechos y la avanzada edad de la testigo, sí mantuvo de manera contundente, que se entrevistó con su hijo Jorge en la Base Naval de esta ciudad, en más de una oportunidad. Una de dichas entrevistas la realizó con quien era la esposa de su hijo en ese tiempo. Expresó que supo, por una amiga de su hijo, Olga Kosac, quien era esposa de un compañero de trabajo de aquél, de nombre "Antonio", que estuvo alojado en la Prefectura Naval, pero allí no pudo visitarlo, pese a que si concurrió y le dejó ropa y comida, siendo confirmada su estancia en ese lugar por la gente en la guardia del edificio que la atendía. Una vez que concurrió a la Base, un abogado de la marina, a quien individualizó como Guyot, le anunció que su hijo iba a ser trasladado a la ciudad de La Plata.

Refirió que dichas entrevistas con su hijo las llevó a cabo en una oficina de la Base Naval y aquél aprovechó para entregarle cartas para el hermano u otros familiares. Narró también, de manera somera, la reunión que se llevó a cabo en ese edificio donde estaba detenido en la cual concurrió con una escribana para otorgarle un poder a su esposo, padre de Jorge Fernando, para disponer de los bienes.

Asimismo contó en la audiencia la entrevista que mantuvo con el Coronel Barda para interiorizarse de la situación de su hijo.

Avaló con sus dichos el hecho de que fuera liberado el 14 de enero de 1977, ocasión en la cual se presentó en su domicilio de la Capital Federal; y al serle exhibidas las cartas que fueron oportunamente incorporadas al debate (fs. 6622/29), ratificó reconocerlas como las que le entregó su hijo en la ocasión ya narrada.

En cuanto a las personas que compartieron la detención con su hijo Jorge, mencionó a Musmeci, a quien lo ubicó en la Prefectura Naval, y a Lencina.

Completan el cuadro probatorio para tener por acreditado el hecho que damnificó a Jorge Fernando Pablovsky la declaración prestada por Rubén Alimontas (materializada en la audiencia del 19 de abril de 2012) quien manifestó que fue detenido en esa época en tres ocasiones, siendo la segunda de ellas, la producida el 24 de marzo de 1976 en la ciudad de Miramar. Rememoró que estuvo detenido en distintos establecimientos de la ciudad de Mar del Plata, y mencionó que cuando fue trasladado vía aérea desde esta localidad a la ciudad de La Plata, en ese mismo vuelo iba Jorge Pablovsky, junto con Molina y Álvarez.

Por su parte, José María Musmeci, el 25 de abril de ese año, refirió haber sido detenido el 30 de marzo de 1976 (hecho que ha sido oportunamente tratado), y que durante su estancia en la Prefectura Naval de esta ciudad, compartió cautiverio con Pablovsky, recordando que los trasladaron con cierta asiduidad a la Base Naval, encapuchados, para ser interrogados o recibir algún tipo de atención médica. A los dos meses de permanecer alojados en ese destino del puerto, son llevados a la Base Naval, y colocados en un aula.

Si bien refirió que con Pablovsky tenía poca vinculación, sí conocía que era un motorista naval, pero nada sabía de su militancia sindical o política.

Expresó que en otro período de su detención en la Base Naval, también lo compartió con Pablovsky, pero esta vez estuvieron alojados en unas celdas ubicadas cerca del comedor de los conscriptos, y aseguró que recibió visita de su familia en ese establecimiento al igual que Pablovsky y Lerner.

También aseveró que estuvo detenido con él en la Unidad n 9 de La Plata, de la cual el deponente recuperó su libertad en febrero de 1977.

Justo Alberto Álvarez, en su testimonio rendido el mismo 25 de abril de 2012, sostuvo que al ser detenido en Quequén y trasladado a la ciudad de Mar del Plata, compartió cautiverio y similares condiciones de detención y torturas, con Jorge Pablovsky en la Base Naval de esta ciudad; en cambio José Luis Celentano, en la audiencia realizada el 13 de junio de 2012, sostuvo que permaneció detenido con Jorge en la Prefectura Naval Argentina.

También complementa el cuadro probatorio los dichos oportunamente vertidos por Pablo Lerner, en las audiencias que a modo de prueba anticipada se recibieron en los debates de la causa n 2286, en la cual rememoró haber estado en los calabozos de la Base Naval con Pablovsky, y también en el GADA, en la Base Aérea y en la Unidad n 9, de la ciudad de La Plata.

En dicha oportunidad recordó el suceso acaecido con el odontólogo de la Base Naval, Gustavo Hoffman, quien le efectuó una extracción molar a José María Musmeci, siendo visitado por Pablovsky y Lerner en su consultorio, cuando recuperaron la libertad.

En atención a ello, declaró en el juicio el 10 de noviembre de 2011, Gustavo Adolfo Hoffman, quien era odontólogo en la Base Naval y oficial asimilado. Allí atendió a personas que se encontraban detenidas, recordando que luego concurrieron dos de ellos a su consultorio a agradecerles la atención. Una de esas personas recuerda que era Pablovsky.

También Alfredo Nicolás Battaglia, Rafael Adolfo Molina y Oscar Jorge Sotelo en las declaraciones que fueron incorporadas al debate, y como se dejara asentado al tratar el hecho que lo tuvo al primero de los nombrados como víctima, aseveraron que compartieron detención en la Prefectura Naval con Pablovsky (Molina declaró en la causa n 5148 del Juzgado Federal N 3, de esta ciudad, el 16 de octubre de 1986, mediante la cual ratificó la denuncia formulada ante la CONADEP; también sostuvo esta versión al manifestarse en el llamado Juicio por la Verdad -fs. 392/4- y declaración prestada en causa N 1389 caratulada "Battaglia, Alfredo Nicolás y otros s/denuncia" de trámite ene el Juzgado de Instrucción Militar n 1, y en el juicio celebrado en esta ciudad en la causa n 2278, de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal, caratulado "Caffarello, Miguel Ángel y otros" (ésta última, en los términos de los arts. 388, 392 del CPPN y Acordada 1/12 de la CFCP). Por su parte, de Sotelo se incorporó su declaración del 30 de julio de 2009 prestada en la etapa de instrucción que luce a fs. 8003/5, conforme lo prescripto en el art.391, inc.3, del CPPN).

Como prueba documental que permite tener por probado este supuesto contamos con el expediente caratulado "Kohan de Pablovsky, Avelina s/ Interpone Recurso de Habeas Corpus a favor de Pablovsky, Jorge Fernando", radicado bajo el n 514, del Juzgado Federal de Primera Instancia n 1, de Mar del Plata, a cargo del Dr. Adolfo C. González Etcheverry, Secretaría en lo Penal n 2, del Dr. Leónidas E. Fiore, actuando como Fiscal el Dr. Gustavo Demarchi. En su presentación la madre hizo saber de la detención en su domicilio particular de su hijo Jorge, "...el día 29 de marzo de 1976, a las 3.30 hs. por personal que vestía uniforme militar y personas de civil... ". Esta sola mención por parte de la madre del detenido, no satisfizo, a criterio del Sr. Fiscal Federal, que compartió el Juez actuante, los recaudos del inc. 6to. del art. 622 del Código Procesal Penal de la época, lo que originó que se rechazara el mismo día de su presentación, 13 de abril de 1976, el recurso de mención.

Ello, seguramente, dio lugar a que quien fue su esposa, Badilla de Vallejos, el 22 de abril de 1976, efectuara una nueva presentación, que quedó caratulada como: "Pablovsky, Néllida Vallejos De S/ Interpone Recurso de Habeas Corpus en favor de Jorge Fernando Pablovsky" , Causa n 433, del Juzgado Federal de Mar del Plata, a cargo del mismo magistrado señalado en el párrafo que antecede, Secretaría en lo Penal n 3, a cargo del Dr. José María Figueroa, y con el mismo representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Demarchi. En él obra la denuncia formulada por Nellyda Badilla Vallejos de Pablovsky, narrando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual fue detenido en su domicilio Jorge Fernando -que coincide rotundamente con la descripción del hecho realizada-.

En dicho legajo, a pedido del juez interviniente, la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, contestaron que el causante no se encontraba detenido en dependencias de esas fuerzas.

Atento que en su presentación requirió que se le solicitaran informes a las fuerzas de seguridad y también al GADA 601, a la Base Naval y a la Prefectura Naval, y ese pedido no se formalizó respecto a estas tres últimas dependencias, apeló la actora, y la cámara de distrito le ordenó al Juez que agotara los requerimientos informativos solicitados.

Así fue como el 25 de junio de 1976, el Prefecto Principal, Juan Eduardo Mosqueda, le remitió oficio al Dr. Adolfo González Etcheverry, mediante el cual le informó que "...JORGE FERNANDO PABLOVSKY...se encontraba alojado en esta Prefectura a disposición de las Autoridades Militares del área hasta el día 16 de Junio del corriente año, fecha en la que fue trasladado, por disposición de las referidas Autoridades... " REFERENCIAS: Expte. 8499, IFI. N 26/976.". (fs. 35 de dicho legajo)

El 28 de ese mismo mes y año, mediante oficio n 8/76 Letra FUT6/OF9, firmado por una firma ilegible sobre un sello que reza "JUAN CARLOS MALUGANI CAPITÁN DE NAVIO, COMANDANTE", con sello medalla de la Armada Argentina, Fuerza de Tareas 6, se le informó al magistrado "...el señor JORGE FERNANDO PABLOVSKY ha sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nro. 983, del 18 del actual, por presunta vinculación con actividades subversivas..." (fs. 38 del expte. de mención).

Y con oficio fechado el 5 de julio de 1976, el Coronel Alberto Pedro Barda, en su carácter de Jefe de Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, le informó al juez federal que "...el causante se encuentra detenido en la Prefectura Nacional Argentina a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, según decreto N 983 de fecha 18 de junio de 1976 en averiguación de antecedentes ante el presunto desarrollo de actividades de índole subversivas..." (fs. 40 de ese legajo).

Ante estas contestaciones recibidas y corrida vista a la actora, sin que haya formulado manifestación alguna, resolvió el 22 de julio de 1976, "...Tener al recurrente Nellida M.O.B. Vallejos de Pablovsky por desistido del presente recurso de habeas corpus interpuesto en favor de Jorge Fernando Pablovsky, con costas..." (ver fs. 42 del mencionado documento).

También tuvimos presente la causa n 4463, caratulada "Pablovsky Jorge Fernando S/denuncia Privación ilegítima de la libertad" del Juzgado Federal de Mar del Plata, iniciada el 29 de abril de 1986, de la cual surgen elementos concordantes con lo narrado.

Fue incorporado a debate la escritura N 262, confeccionada en la ciudad de Mar del Plata, el 19 de agosto de 1976, que fuera glosada a fs. 5121/4, mediante la cual Jorge Fernando Pablovsky, otorgó un poder general amplio, para la administración y disposición de bienes, para la atención de créditos y préstamos, y la realización de trámites judiciales, ante la escribana María Beatríz Molina, a su padre Francisco Pablovsky.

De manera previa, pero el mismo día, la escribana Molina labró la Escritura N 260, mediante la cual Jorge Fernando Pablovsky, dejó sin efecto, revocándolo y declarándolo nulo, el poder general amplio de Administración y Disposición otorgado a favor de su esposa Nellyda Mariel Ofelia Badilla Vallejos, según escritura labrada el 25 de junio de 1976, ante esa misma notaria.

Además, se agregaron, a fs. 6622/30, las cartas que Jorge Pablovsky remitió a sus familiares y amigos, y aquella también que la madre Avelina Kohan le escribiese a su nuera Badilla Vallejos.

Se agregó al plexo probatorio reunido copia del decreto n 983, del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 18 de junio de 1976, por el cual se decretó el arresto a su disposición, de Jorge Pablovsky (M.I. 8.037.734), el cual obra a fs. 180/1 de la causa N 5148. En dicho decreto también figuran puestos a disposición del ejecutivo Alimonta, Álvarez, Musmeci, entre otros.

También quedó incorporado al juicio la copia del Certificado de Libertad, expedido por el Jefe de la Unidad n 9, dependiente de la Dirección de Establecimientos Penal, del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Prefecto Abel David Dupuy, otorgado al causante el 14 de enero de 1977; libertad esta que se otorgó (conforme reza el documento) "...en razón de haberlo dispuesto la Agrupación de Defensa Antiaérea 601, Mar del Plata..." . (fs. 6633). En dicha constancia, preimpresa, existe un apartado en el que debió consignarse "...la causa que se le siguió por:...", ítem éste que quedó sin completar.

La prueba acumulada comprende el Memorando 8499 IFI 10 C/976, fechado en Mar del Plata, el 14 de junio de 1976, firmado por el Prefecto Juan Eduardo Mosqueda y el Subprefecto Arial Macedonio Silva, en el cual, en el título Asunto se inscribió Evacuar requerimiento gremial, efectuado por fuente propia, en el cual se volcó la Información: "...sobre la situación y actividades desarrolladas por las entidades gremiales con actuación dentro de la jurisdicción del puerto de Mar del Plata..." .

Ya, dentro de dicho informe al tratar al Sindicato de Conductores Fusionados de la República Argentina, en el item 2.b. figura "JORGE FERNANDO PABLOVSKY: argentino, nació el 8/10/1949, M.I. 8.037.734, Libreta de Embarco n 108.715; Motorista Naval, afiliado n 118. 2.b.1 Agitador gremial de izquierda, mantuvo vínculos con elementos universitarios de esa tendencia; en 1967 fue detenido en Cap. Fed. por participar en actos relámpagos Aniversario de la Revolución Cubana. Vinculado al P.S.T.. Actualmente se encuentra detenido, a disposición del PEN. Fecha de detención: 27/3/76, por efectivos Base Naval.-..."

También se agregó el Memorando 8499, IFI N 17 "R"/76, fechado el 19 de abril de 1976, firmado por las mismas autoridades señaladas en el memorando que antecede, del cual surgió que el mismo tuvo por "ASUNTO: Elevar Informe General de la ciudad luego del día 24 y dos nóminas de detenidos. VALOR: "A-1" (fuente propia)", sobre el cual hicimos el análisis pertinente de su contenido al tratar la situación de otra de las víctimas, del cual corresponde recordar que en este se informó que"...Como consecuencia de esos procedimientos, se produjeron detenciones de personas cuyos antecedentes y actuación política gremial fueron analizadas previamente; esas detenciones tenían como primer objetivo, neutralizar una posible reacción de los sectores mas afectados, el político y el gremial, quitándoles a sus personalidades más representativas. Esas detenciones también contemplaron a elementos con antecedentes izquierdistas o subversivos....". Y en el listado anexo de detenidos, individualizado con el n 10 figura "PABLOVSKY, Jorge Fernando: hijo de Francisco y de Avelina Kohan, M.I. 6.459.123 C.I. 8.037.734; domiciliado en Urquiza 2451, -3 cuerpo-3 piso Dpto. 41. Fue detenido el 25-3-76 por agitador gremial de izquierda (motorista Naval). Fue puesto a disposición del P.E.N...."

Y finalmente entre la documentación que se tuvo presente al momento de evaluar las diversas circunstancias que tuvo el hecho, contamos con el Carnet del Sindicato de Conductores Fusionados de la República Argentina, de su obra social y del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, todos ellos de Jorge Fernando Pablovsky, que fueron aportados por el hermano de la víctima, Daniel Rodolfo Pablovsky, al momento de prestar declaración, los cuales fueron incorporados conforme lo normado en el art. 388 del C.P.P.N.

La pluralidad de los elementos detallados permite aseverar que la privación de la libertad a la que fue sometido Jorge Fernando Pablovsky, entre el 29 de marzo de 1976 y el 14 de enero de 1977, resultó ilegítima y producto de aquél plan pergeñado en la toma del poder político por parte de las autoridades militares.

Sin orden alguna de autoridad competente, la presencia en horas de la madrugada de personas disfrazadas -que le apuntaban con armas de fuego- en su domicilio de la calle Urquiza de esta ciudad, quienes procedieron a encapucharlo y trasladarlo hasta un establecimiento militar, no informando de manera inmediata a sus familiares e incluso negando su detención, constituye el tipo penal de privación ilegal de la libertad, el que se encuentra agravado por la violencia producida para concretarlo.

Las constancias existentes en cuanto a la ilegalidad de su detención, son múltiples y contestes, y, en este caso particular, los diversos y variados documentos oficiales permiten desbaratar las versiones defensivas brindadas por quienes resultaron responsables de estos hechos y de sus defensores letrados.

El documento al cual se denominó "Plan Ejército", al que en forma recurrente mencionamos para el análisis y la comprensión de hechos como el presente, cometidos de manera inmediata al derrocamiento de las autoridades nacionales constitucionalmente electas, resultó la única orden de privación de la libertad de Jorge Fernando Pablovsky.

La narración, que volveremos a transcribir en la parte pertinente, efectuada en el Memorando 8499 IFI 17"R"/976, firmado por Mosqueda y Silva, mediante el cual se anotició a la Sección Informaciones de la Prefectura Zona Atlántica (de la cual dependía), acerca de las actividades realizadas en la ciudad en oportunidad de proveerse el golpe de estado, confirman la hipótesis sostenida en el párrafo que antecede.

El documento dice: "...Los acontecimientos del día 24/3/976, que culminaron con el cambio del Gobierno Constitucional por la asunción del mismo por la Junta Militar transcurrieron en la ciudad de Mar del Plata y zonas vecinas dentro del más completo orden y calma.Los operativos en esta ciudad comenzaron a partir de aproximadamente las 22 horas del día 23.esos operativos se intensificaron en horas de la madrugada, con allanamientos en domicilios, sedes sindicales, etc..Como consecuencia de esos procedimientos, se produjeron detenciones de personas cuyos antecedentes y actuación política-gremial fueron analizados previamente; esas detenciones tenían como primer objetivo, neutralizar una posible reacción de los sectores más afectados: el político y el gremial, quitándoles a sus personalidades más representativas. Estas detenciones también contemplaron a elementos con antecedentes izquierdistas y/o subversivos...".

Tal informe, que contiene en su anexo el nombre de Jorge Pablovsky como detenido en dichas circunstancias, resultó un elemento medular para generar la certidumbre de la ilegitimidad de dicha aprehensión. Él da cuenta de su detención -si bien de manera errónea por la fecha consignada (en el anexo surge detenido el 25 de marzo de 1976, aunque el efectivo avasallamiento de su libertad se produjo el 29 de ese mes y año)-, y explicita sus motivos, ideología política y actividad gremial.

Así también el decreto N 983, dictado el 18 de junio de 1976 (más de ochenta días después de producida su efectiva detención), emanado del Poder Ejecutivo Nacional, donde se dispuso su arresto, nos sirve para tener acreditado tal extremo.

Tal decreto, cotejado con los informes producidos por las autoridades militares del área y el jefe de la Prefectura de esa zona, demuestran que su detención se produjo mucho tiempo antes. En efecto, el 25 de junio de de 1976, Mosqueda informa al magistrado federal, que tuvo detenido en su dependencia, a disposición de las autoridades militares del área, a Pablovsky, hasta el día 16 de ese mes y año. O sea, lo mantuvo detenido, hasta dos días antes de que se ordenase su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Esta prueba por si solo resultaría contundente para tener por acreditado el hecho, sin embargo, tal como se ha mencionado en los párrafos que preceden, no es la única que permite arribar a la certeza necesaria para la condena de quienes resultaron sus autores.

En efecto, el Memorando N 10 "C"/976, Letra 8499 IFI de la Prefectura Naval, firmado por el Subprefecto Ariel Macedonio Silva y el Prefecto Juan Eduardo Mosqueda, dirigido al Sr. Jefe de la Sección Informaciones de la Zona del Atlántico, fechado el 14 de junio de 1976, constituye otro elemento fundamental. Allí se comunica, con carácter de fuente de información propia, acerca de la situación y actividades de las distintas agremiaciones de trabajadores del puerto de la ciudad.

En el punto 2.b del anexo a dicho Memorando figura el causante como detenido por efectivos de la Base Naval, pero lo más significativo de dicha nota, es que consignaron bajo el título de "...Observaciones: En lo referente al punto 2.b., luego de los sucesos del día 24/3/976, fueron detenidos.quienes luego de prestar declaraciones, recuperaron la libertad en el mismo día. Solamente se lo menciona a Pablovsky, por ser el único de los detenidos a disposición del PEN, que tiene relación con esta entidad..." .

Allí se informa que se encontraba detenido a disposición del Poder Ejecutivo, cuatro días antes de producirse el acto administrativo (Dto. PEN n 983, del 18 de junio de ese año), y bien se consignó que la fuente de la información era propia, dado que se encontraba detenido en esa dependencia, conforme surge de su cotejo con la nota dirigida al Juez federal firmada por el propio Prefecto.

La ilegalidad del acto luce evidente.

Así ha quedado también establecido que las sedes de la Base Naval y la Prefectura Naval de esta ciudad, resultaron dos de aquellos sitios en los que permaneció ilegalmente detenido Pablovsky. A tal aserto hemos arribado en atención a la versión dada por la propia víctima, y los numerosos testimonios recogidos al respecto. Las manifestaciones vertidas por aquél en las diferentes oportunidades, quedaron ratificadas por los dichos de otros damnificados que resultaron contestes entre sí, coincidiendo en tiempos y situaciones; sumado a lo manifestado en las audiencias celebradas por sus familiares, madre y hermano, quienes detallaron el derrotero que tuvieron que realizar para poder visitarlo en la Base Naval. En Prefectura se le negó esa posibilidad.

Pero también la propia actividad de los autores sirvió para acreditar este extremo. En efecto, al ya mencionado reconocimiento efectuado por Mosqueda ante el Juzgado Federal en ocasión de informar ante el pedido formulado, se suma que Juan Carlos Malugani, reconoció también dicha aprehensión, mediante el oficio librado en el recurso de habeas corpus mencionado, de fecha 28 de junio de 1976; y el Coronel Barda, a cargo del AADA 601, también, en dicho expediente judicial, confirmó uno de los establecimientos.

Tal certeza a la cual se arribó respecto de su alojamiento en distintos lugares dentro de la Base Naval, ya sea la Escuela de Submarinos, o los calabozos, la hemos adquirido por los distintos testimonios prestados por quienes compartieron cautiverio; y ello permite imputar esta conducta a quien en esa época se desempeñó como Subjefe de la dependencia, pero también como Jefe de Estado Mayor de la Fuertar 6 -además de otras comisiones que tuvo a su cargo-, Justo Ignacio Alberto Ortiz. Conforme se expusiera en su oportunidad, como Jefe del Estado Mayor de la Fuertar 6, tuvo en sus manos la planificación de la maniobra, la supervisión, la provisión de los medios materiales cuanto así también la cobertura funcional indispensable para que, los integrantes de la fuerza de tarea que estaban bajo autoridad del comando que integraba, realizaran los distintos hechos que, unidos a los aportes ejecutivos de aquél permitieron llevar adelante la conducta que tenemos por acreditada, facilitando, a su vez, el lugar donde alojarlo.

Si ya se acreditó de manera nítida tanto la privación de la libertad de Pablovsky, como su ilegalidad, también quedó demostrado con los elementos probatorios mencionados la violencia con la que ella se produjo.

En efecto, los dichos de la propia víctima fueron ratificados por la denuncia presentada por su ex-esposa Badilla Vallejos, en la interposición del habeas corpus a su favor. En esa presentación producida los días posteriores a la aprehensión, se señaló: "...El día 29 de marzo del cte. año y siendo aproximadamente las 3hs 30', en mi domicilio sito en calle General Urquiza N 2451, Piso 3 Depto 41 de esta ciudad, se presentó Personal vestido de civil y algunos uniformados, fuertemente armados, que obligaron a abrir la puerta invocando el "Superior Gobierno de la Nación", se introdujeron en el mismo, procediendo en ese acto a detener a su esposo Jorge Fernando Pablovsky...".

Tal concordancia entre lo manifestado por distintos medios por aquellos que fueron víctimas de la tropelía, sumado a que la modalidad denunciada se repite como un calco en el actuar de los grupos agresores, conllevan a confirmar en la especie, la agravante que la figura de la privación ilegal de la libertad contempla.

Ese violento accionar, que sirve para disminuir la capacidad de reacción de la víctima y a su vez persigue el designo de los autores de asegurar el propósito, se compone de otros factores además de la exhibición de las armas de fuego; el horario nocturno en el cual se produjo la irrupción y la pluralidad de integrantes no identificados que la llevaron a cabo, resultan fundamentales para configurarla.

Analizada como ha sido la ilegitimidad de este tipo de actos dispositivos, sirve tanto para demostrar la veracidad de las denuncias oportunamente presentadas, y, en el caso particular que se trata, como para la desatención que les propinó la estructura judicial.

Materializada, como lo fue, en un expediente judicial la ilegalidad de la detención que venía sufriendo Jorge Pablovsky -sobre quien en abril denunciaron su secuestro, y en junio se informó que estaba detenido por orden de un decreto fechado días después de que las propias fuerzas captoras reconociesen tal arresto- el deber que, a las autoridades actuantes, sus cargos imponía era la inmediata denuncia e investigación de tal irregularidad, además de convocar al detenido y sus aprehensores a fin de evaluar la legitimidad de ese decreto. Contrario a ello, esas autoridades judiciales, optaron por el rechazo de la acción interpuesta y su inmediato archivo.

Esta circunstancia debe ser objeto de denuncia ante las autoridades correspondientes para que se de inicio a un proceso que deslinde las responsabilidades pertinentes.

Por otra parte se tuvo por configurada la agravante de la privación ilegítima por su duración de más de un mes, en tanto, de conformidad a las pruebas rendidas, permaneció en tal condición hasta el 14 de enero de 1977.

Por lo demás, las claras exposiciones obtenidas durante las audiencias en lo referente a la colocación de una capucha en la cabeza al ser detenido así como cuando era trasladado por las autoridades agresoras, más las condiciones de detención a las que fue sometido -debiendo permanecer atado, encapuchado, parado y con la cabeza apoyada en la pared, durmiendo en el suelo muchas veces- e interrogado bajo esas mismas condiciones, contestes con lo denunciado por la víctima y con el modo de comportamiento que tenían en esas circunstancias, permitieron acreditar las torturas que la ley prescribe.

Dichas torturas, a no dudarlo, conforme los distintos Memorandos señalados precedentemente, fueron aplicadas para obtener información por su actividad política como gremial, circunstancias estas que fueron debidamente acreditadas con las distintas constancias colectadas, las cuales ya fueron objeto de análisis, pero que corresponde sean enunciadas nuevamente a fin de constatar la especie.

Del Memorando N 10 "C"/976 Letra 8499 IFI de fecha 14 de junio de 1976, firmado por los condenados Mosqueda y Silva, surgió acerca del causante que se trataba de un "...Agitador gremial de izquierda...". Allí quedó en evidencia que se tenía antecedentes de su actividad o inclinación política, dado que informan "...Mantuvo vínculos con elementos universitarios de esa tendencia; en 1967 fue detenido en Cap. Fed. por participar en actos relámpagos. Aniversario de la Revolución Cubana. Vinculado al P.S.T-...".

Estas circunstancias, permiten aseverar de manera fehaciente que las torturas a las cuales fue sometido tuvieron como motivo su actividad política y gremial. En efecto, su detención se motivó en los antecedentes que sobre él se tenía, verificándose así la actividad de inteligencia requerida por el Plan Ejército para el señalamiento de los objetivos; y las condiciones a las cuales fue sometido, es decir las torturas que le fueron aplicadas durante su aprehensión, fueron originadas por esa calidad de activista gremial y de izquierda, conforme lo memorandos analizados.

Por ello se tuvo por materializado en la especie el tipo agravado en los tormentos por los cuales los imputados Ortiz, Mosqueda y Silva respondieron acorde a la responsabilidad que en ellos tuvieron, así como en la privación ilegal de la libertad a la cual lo sometieron.

7. Hechos en perjuicio de Jorge Luis CELENTANO

7.A. Conducta atribuida

Jorge Luis Celentano fue privado de su libertad el 3 de mayo de 1976, en horas de la mañana, en el chalet que la Junta Nacional de Granos (de la cual era dirigente) tenía en el sector del puerto de esta ciudad. Procedieron a su aprehensión un grupo de cinco o seis personas uniformadas con trajes de fajina, los que lo trasladaron en un automóvil, marca Ford, modelo Falcon, mediante el empleo de la fuerza a la sede de la Prefectura Naval de la ciudad, distante a tres cuadras del lugar donde fue detenido. Permaneció alojado en un calabozo de esa repartición por el lapso de un mes y unos días más. En este lugar fue interrogado por un suboficial que se desempeñaba en la oficina de "Investigaciones" o de "Informaciones" de esa fuerza, de quien no recordó el nombre. El interrogatorio se centró en que querían saber donde estaban unas armas.

Luego fue trasladado a la Base Naval en un camión de la Armada, habiéndosele colocado una capucha en la cabeza para tal trayecto, atadas las manos y tirado acostado en la caja del vehículo con una persona que le colocó el pie en la espalda para que no se moviese. Allí permaneció alojado en el sector de celdas.

Tras mantenerlo en la Base más de un mes, fue llevado a la localidad de Madariaga donde permaneció por un espacio de diez días, y de allí a La Plata. Desde esa ciudad fue trasladado a la cárcel de Devoto y a dos comisarías más de la Capital Federal, en los cuales no lo aceptaron, y lo llevaron al edificio de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, desde donde recuperó su libertad.

Por tales ilícitos respondieron Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva.

7.B. Prueba de la materialidad de los hechos

A tal certeza se arribó con el relato que efectuó en la declaración testimonial prestada en la audiencia celebrada en el debate, en la que dio a conocer el derrotero que sufrió a partir del momento en el cual fue aprehendido.

Expresó que su detención se produjo por la fuerza sin haberle sido exhibida orden alguna de allanamiento o de captura, en el lugar donde el deponente realizaba una tarea gremial. Tal manifestación ratificó en sí la versión dada en la ocasión en que fue convocado a prestar declaración en lo que se dio a llamar el Juicio por la Verdad.

Refirió que en la sede de la Prefectura Naval, donde fue alojado de manera inmediata a su detención, fue interrogado en tres ocasiones acerca de la existencia de unas armas. Sobre dicho tópico también fue interrogado en la Base Naval de Mar del Plata.

De su estancia en la sede de la Prefectura recordó que compartió cautiverio con Rafael Molina, Jorge Pablovsky, José María Musmeci y otro sindicalista de apellido Sotelo. Expresó que en ese lugar no estuvo encapuchado, sino que recién le colocaron la capucha cuando lo llevaron para la base, tras una golpiza que sufrió Pablovsky por parte de un suboficial de la Prefectura, de apellido Benítez.

En cambio sólo evocó a Pablo Lerner como la persona que estuvo con él detenido en los calabozos de la Base Naval. Si bien refirió no haberlo visto, dado que el damnificado permaneció mucho tiempo con la capucha colocada que llevaba el número 57 pintado, si conversó de celda a celda, y rememoró la visita que Lerner recibió de un miembro de la iglesia, estando en esas condiciones.

Manifestó también en la audiencia que fue detenido junto con otras dos personas de la Junta Nacional de Granos, de apellidos Zabaleta y Palma.

José María Musmeci corroboró la detención que quien nos ocupa sufrió en su testimonio expuesto en este debate. Expresó que en la segunda oportunidad en la cual fue trasladado a la Base Naval de Mar del Plata, lo alojaron en un sector donde había tres calabozos pequeños, que compartían un pasillo común, también estrecho. Allí compartió cautiverio con Pablo Lerner, Jorge Pablovsky y el mencionado Celentano, de quien recordó que era de la Junta Nacional de Granos.

Pablo Lerner, quien declaró en la audiencia celebrada en la causa n 2286, cuyo testimonio se incorporó como prueba anticipada al presente debate, expresó que fue detenido el 28 de mayo de 1976 y, en lo que a este caso compete, permaneció cautivo un período en los calabozos de la Base Naval. Unos días de dicho cautiverio coincidió con la detención que sufrió Celentano, memorando también que coincidieron por un tiempo en esa prisión Musmeci y Jorge Pablovsky.

Las manifestaciones efectuadas por éste último mencionado, Jorge Pablovsky, fueron incorporadas por lectura, y tal como se lo señaló en ocasión de tratarse su caso, dio cuenta que en la Base Naval, en oportunidad de haber sido alojado en las celdas, compartió parte de ese tiempo y lugar con el causante.

Tuvimos también acreditada dicha ilegítima privación de libertad, con los legajos DIPBA que fueron debidamente incorporados a debate. Así obra en la ficha que reza Mesa "Ds"Legajo n 2703 Carp. Varios, Tomo 4-fs. 9 con fecha del 27 de octubre de 1976, que Jorge Luis Celentano, en el acápite de Antecedentes sociales, fue Detenido - A disposición del P.E.N. y en el reverso de ella figura también manuscrito Mesa Ds Carp. Varios Leg. 6183 Tomo I, Ord 742.

Visto pues los respectivos legajos, que fueron incorporados también como elementos probatorios, se observó que en el Legajo 2703 Detenidos a Disposición del P.E.N., obra, por la Jefatura de Inteligencia Naval, un listado de Detenidos a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional del cual surge que Celentano Jorge Luis, Dirig Gremial Junta Nac Granos, por Causa Propietario Arma de Fuego fue detenido por solicitud del Ej Arg, por Decreto 00998, de fecha 22 de junio de 1976, alojado en la PNA, detenido el 22/06/76 y con fecha del 27 de octubre de 1976, por Decreto 2589 recuperó su libertad.

Así también se incorporó un Legajo 6183, de la Mesa "Ds", Carpeta Varios, Tomo I, en el cuál bajo el título de Libertades y dentro del Decreto N 2589 -25/10/76, surge incorporado Celentano, Jorge Luís, Leg. 5154. Dicho legajo también contiene una foja en la cual bajo el número de orden 742 figura el causante con una referencia de fs. 271 al lado de su nombre.

Así también, se agregó como documento copia del Libro de Detenidos de la Prefectura Naval Argentina MdP, de los años 1975 a 1979, en el cual figura ingresado en el día 3 del año 1976, Hora 16.15 el causante Jorge Luís Celentano, de Nacionalidad Argentina, Edad 37, Estado C, Profesión Empleado, Residencia Mar del Plata, Procedencia Junta Nac de Granos, Causa Disp P.E.N., Salida Mes 06 Día 10 Hora 1300 Observaciones Comis.Gral. Madariaga.

Dicha copia del libro de detenidos también certifica la veracidad de sus dichos, atento que a continuación figura ingresado como detenido, en el mismo día y horario que Celentano, Luís Alberto Balma, cuya procedencia fue la Junta Nacional de Granos y estaba a disposición del P.E.N.. Recordemos que Celentano refirió que en de ese instituto habían detenido a Palma y Zabaleta, con lo cual se trató de la misma persona.

Este documento terminó por corroborar la veracidad de los dichos vertidos por la víctima, en cuanto a su paso como detenido a disposición del P.E.N. por esa dependencia, y a su vez sirve de base para sostener que su relato, que incólume se mantuvo a través de los años, se ajusta a la realidad de lo vivido por el damnificado.

También el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, informó que el mencionado Jorge Luís Celentano, inició actuaciones ante la Unidad creada por Ley 24.043 a los fines de percibir una indemnización por la detención a disposición del P.E.N. sufrida durante la vigencia del Estado de Sitio antes del 10 de diciembre de 1983.

Ahora bien, acerca de la forma en la cual se procedió a dicha detención ninguna duda cabe que es dable considerarla violenta. Sin orden escrita de autoridad competente, un grupo conformado por cinco o seis personas uniformadas se hizo presente en la sede marplatense de la Junta Nacional de Granos, y procedió a detener a Celentano, trasladándolo hasta la sede de la Prefectura Naval Argentina. Asimismo creyó reconocer que ese grupo perteneció a esa fuerza, debido al uniforme color verde que usaban.

Tras su aprehensión, y sin recibir explicación alguna, fue introducido en una celda de ese establecimiento.

Dicho actuar, conformó un patrón de conducta, era el modus operandi con el cual se realizaban este tipo de aprehensiones. Un grupo de personas uniformadas, sin exhibir identificación alguna, muy superior en número a quien iba a ser aprehendido, y sin presentar orden alguna de detención o de allanamiento para franquear su ingreso al predio donde estaba el objetivo, constituyó la violencia requerida por la agravante que en el presente supuesto se vio configurada.

Además se encuentra probada las torturas sufridas durante el tiempo en que duró el cautiverio. Sus manifestaciones efectuadas con relación a la colocación de una capucha en su cabeza, y que fueron atadas sus manos para ser trasladado desde la sede de la Prefectura hasta la Base Naval, ambas de esta ciudad, encuentran no sólo sustento en la reiteración de dicha modalidad en los casos denunciados, sino que las propias palabras de Juan Eduardo Mosqueda, en ocasión de prestar declaración indagatoria en este debate, corroboraron la veracidad con la cual se expresó la víctima.

En efecto. El prefecto Mosqueda, a cargo de la dependencia donde fue alojado por primera vez, y haciendo referencia a las condiciones en las cuales se encontraron las personas detenidas a disposición de la marina, expresó que en allí se les quitó la capucha, las ataduras y se les permitió higienizarse.

Tal manifestación, conforme se analizará oportunamente al tratarse su responsabilidad individual, permitió aseverar que Celentano era uno de esos casos en los cuales se procedió de tal manera, confirmando la versión brindada por la propia víctima, en cuanto a que fue encapuchado y atado al salir de ese establecimiento.

La confesión acerca de las condiciones en las cuales debieron permanecer los detenidos en algunos tramos de su cautiverio que realizó una de las personas que fue condenada por resultar coautor de la maniobra, exime de cualquier otra duda acerca de su existencia; y tal método de traslado constituye los tormentos que la ley reprime, resultando así configurado el tipo legal.

Tampoco cabe duda alguna acerca de los interrogatorios a los cuales fue sometido Celentano en el tiempo que duró su detención. La metodología empleada resultó aquella que prescribía el Plan de Capacidades de la Armada (Placintara), dado que en el Apéndice 1 Al Anexo F ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DETENIDO se señaló, entre los distintos ítems individualizados como

    "1. Propósito.

    1.1. La administración y control del personal detenido tendrá los siguientes fines:

      1.1.1 Controlarlo con la mayor seguridad.
      1.1.2. Obtener del mismo la mayor información.
      1.1.3. Reunir rápidamente las pruebas y demás elementos de juicio que permitan o promuevan su juzgamiento por tribunal competente.

    1.2 Si bien las actividades de inteligencia no están incluidas en el área de responsabilidad de PERSONAL, los procedimientos que se realicen en la administración del personal detenido deben facilitar dichas actividades y cooperar con las mismas propiciando la intervención de personal idóneo para que las tome a su cargo.
    1.3 Se deberá tener presente que la investigación de personas imputadas y/o sospechosas se limita a la necesidad de obtener inteligencia..."

Así pues, cotejados los dichos de Celentano con la reglamentación transcripta precedentemente, se advierte una total concordancia, que lleva a la certeza de que tales interrogatorios se llevaron a cabo.

En efecto, el numeroso grupo que procedió a detenerlo, constituyó el cumplimiento de la regla 1.1.1, de dicho apéndice 1 al anexo F, dado que se pretendió con ello, controlarlo con la mayor seguridad, y una vez cumplida dicha parte del plan, fue llevado al establecimiento donde fue objeto de interrogatorios, conforme lo sostenido por la víctima y lo reglado en el artículo 1.1.2. y 1.1.3, de ese apéndice.

El damnificado, quien era gremialista de la Junta Nacional de Granos, con sede en el Puerto de Mar del Plata, y manifestó conocer, por lo menos de vista, a la gente de la Prefectura Naval que prestaba servicios en dicha zona, expresó que quien lo interrogó era gente de "Investigaciones" o "Informaciones", es decir aquellas personas que por reglamento debían encargarse de esa tarea.

Las manifestaciones vertidas por Celentano en tal sentido, resultan contestes con la versión dada por Alfredo Nicolás Battaglia, quien refirió que tras ser detenido el 24 de marzo de 1976 y alojado en la sede de la Prefectura Naval, al segundo día fue trasladado a una oficina para ser interrogado bajo amenazas y maltrato físico.

Sus dichos acerca de que se lo sometió a un interrogatorio, tras ser trasladado encapuchado de un centro de detención a otro, y permanecido con dicho elemento en su cabeza por varios días en la Base Naval, concordó con lo previsto en la época bajo las modalidades denunciadas, lo que constituyó las torturas que la ley prescribe, resultando acreditada también la persecución política que originaron dichos tormentos.

Su actividad gremial desplegada en la Junta Nacional de Granos, fue el detonante de su captura y posterior interrogatorio, conforme quedó debidamente explicitado en las fichas y legajos que la DIPBA tenía acerca de él, con lo cuál la intensificación de la figura base se vio cumplida.

VI. HECHOS EN PERJUICIO DE INTEGRANTES DE "MONTONEROS" Y PARTIDO PERONISTA DE BASE

A) La persecución y hostigamiento llevados a cabo en la ciudad de Mar del Plata por la Fuerza de Tareas n 6 de la Armada Argentina durante los años 1976 y 1977 contra los integrantes --o presuntos integrantes- de la Organización Político-Militar "Montoneros" en el marco de la denominada lucha contra la subversión.

Conforme surge del título del acápite con que principia este tramo de la sentencia, las múltiples evidencias adquiridas en el proceso han demostrado que los casos que damnificaron a Pablo Lerner, Guillermo Eduardo Cángaro, Patricia Yolanda Molinari, Miguel Ángel Erreguerena, Graciela Datto, Héctor Ferrecio, Alberto Jorge Pellegrini, Enrique René Sanchez, Pablo Galileo Mancini, Alejandro Enrique Sánchez, Carlos Alberto Mujica, Rosa Ana Frigerio, Roberto José Frigerio, Omar Alejandro Marocchi, Susana Valor, José Ángel Nicoló, Lidia Elena Renzi, Nora Inés Vacca, Patricia Emilia Lazzeri, María Liliana Iorio, Liliana Retegui, Alberto D'Uva, Argentino Ponciano Ortiz, María Susana Barciulli, Laura Adhelma Godoy de De Angeli, Liliana del Carmen Pereyra, Eduardo Cagnola, Osvaldo Isidoro Durán, Fernando Francisco Yudi, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri, Stella Maris Nicuez, Nancy Ethel Carricavur, Liliana Retegui, Susana Beatriz Pegoraro, Patricia Marcuzzo y Walter Rosenfeld, formaron parte de una persecución que se cernió, preponderantemente durante los años 1976 y 1977, sobre los integrantes -o presuntos integrantes- de dicha agrupación, que comprendió tanto su privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos como, en varios de esos casos, la muerte o desaparición de sus miembros.

En este sentido, la OPM "Montoneros" -consignada como segunda en importancia dentro del Plan Ejército- era considerada como enemigo de prioridad I por actuar permanentemente y con la casi totalidad de su estructura orgánica en acciones armadas o apoyo directo a las mismas.

Al respecto, en el CAPITULO III (Cuestiones de hecho Nros. 7, 9, 10, 11, 13, 19 y 25) de la célebre "causa 13", se expresó, en referencia a las agrupaciones subversivas, que "Los principales, por su mayor cantidad de componentes, organización y disponibilidad de medios económicos y técnicos, fueron:...- Ejército Montonero. Esta organización reconoció sus antecedentes más lejanos en el Movimiento Revolucionario Peronista (1955) y también en el Frente Revolucionario Peronista (1965), pero empezó a tomar forma a partir de 1966, consolidándose con ese nombre en 1970.".

La preponderancia otorgada determinó que, luego de afianzada la fractura institucional mediante la captura de aquellos individuos que pudieran significar un obstáculo para el nuevo régimen a instalarse -ver "Plan Ejército" ya citado-, el accionar represivo se concentrara en la situación de aquellos que, efectiva o supuestamente, participaran de las acciones que la organización llevaba a cabo.

Esta calidad era compartida por la mayoría de las víctimas mencionadas, bien por efectivamente hallarse alistados en sus filas o bien por su actividad en la Juventud Universitaria Peronista -estructura íntimamente vinculada con aquella-, cuyas situaciones se desarrollarán aquí.

También abordaremos bajo este acápite la situación de Oscar Rudnik y Pedro Catalano puesto que, conforme lo veremos, los eventos que los damnificaron guardaron directa vinculación, debido a la actividad comercial que desarrollaba el primero de los nombrados, con los integrantes de la célula que componía el aparato logístico y de propaganda en esta ciudad -Destacamento 3-.

La mecánica impuesta a los hechos que se desarrollarán de seguido puede acreditarse con basamento en plurales evidencias documentales incorporadas al debate.

En esa inteligencia, el plan de capacidades Placintara 75 disponía, dentro de la órbita de la Marina, los canales y las formas mediante las cuales debía fluir la información para el conocimiento de las diversas dependencias que conformaban la "comunidad informativa" entre las que se encontraba la Prefectura Naval Argentina -vide Plancintara y apéndice I del anexo "Alfa"-, cuyos memorandos resultan de un inestimable valor probatorio para graficar la situación que acontecía por aquellos años en lo que a la denominada "Lucha contra la Subversión" se refiere y, principalmente, de la actividad represiva desplegada al efecto por la FUERZA DE TAREAS 6.

Así, aquel que lleva el n 8499 IFI 22 EsyC/976 (20 de julio de 1976) tiene como "Asunto: elevar información referente a OPM Montoneros.", elevando una copia de cartilla guía elaborada por dicha organización que contiene instrucciones y recomendaciones destinadas a los militantes de esa organización que deban cumplir con el servicio militar.

El n 8499 IFI N 26 "ESyC"/76, fechado el 13 de agosto de 1976, tiene como "ASUNTO: "informar sobre desbaratamiento OPM Montoneros en Mar del Plata y detención de principales responsables." y consigna que "ampliando lo informado oportunamente, en un cómputo de seis fojas elevo información referente a procedimientos efectuados en la ciudad de Mar del Plata, en base a un trabajo de inteligencia y colección de información efectuado por personal de esta sección y que ha permitido, prácticamente el desbaratamiento del aparato político y logístico de la OPM "Montoneros" que operaba en el área. Los efectivos que aún continúan, a cargo de la Fuertar 6 con participación de personal de esta Sección; han permitido la detención de numerosas personas y secuestros de elementos y documentación de vital importancia, perteneciente a la organización aludida".

En la documental identificada como 8499 IFI n 30 "Esc/976" de fecha 30 de septiembre se desprende que "... efectivos de la FUERTAR SEIS han mantenido un constante operar contra la subversión y en forma especial, hacia la OPM MONTONEROS, que ha permitido desbaratar todas sus estructuras en el llamado destacamento Tres, incautarse de importante documentación y detener a los principales responsables de los distintos ámbitos. A los ya mencionados Departamentos de Identificación, al de prensa y Propaganda y a todo el aparato político, debe sumarse ahora la Secretaría de Informaciones e inteligencia, allanada y desbaratada el día viernes 15 del corriente, que funcionaba a cargo de la miliciana (a) "YIYA "; dicha Secretaría contaba con valiosa información de las mas relevantes personalidades de ésta ciudad y de la zona, como así también un relevamiento de los principales centros industriales, de las guarniciones militares con asiento en esta ciudad, comisarías, medios de comunicaciones, asistenciales, etc., documentación que se encuentra en estudio y clasificación en la FUERTAR SEIS"

Estos partes, entre tantos otros, fueron condensados en el informe trimestral del anexo ALFA fechado el 22 de octubre de 1976 que, respecto al "FACTOR SUBVERSIVO", consignaba: "La efectividad de las operaciones llevadas a cabo por la FUERTAR SEIS ha colocado en SITUACIÓN DE EMERGENCIA a la OPM MONTONEROS en el denominado Destacamento Tres (Mar del Plata)... Es indudable que MONTONEROS está sufriendo continuas bajas en sus estructuras logísticas, políticas y militares, pero también es cierto que posee las reservas humanas para ir reemplazando los elementos perdidos, ya que entre los últimos detenidos se encuentran elementos de relevo con muy poco tiempo de actuación en la zona. Esos relevos provienen, generalmente, de Bahía Blanca y La Plata.".

Recordemos, solamente a modo ilustrativo, que en los partes a los que se hizo referencia se detallan específicamente los procedimientos que culminaron con las "caídas" de víctimas que forman parte del objeto de esta causa como por ejemplo Guillermo Eduardo Cángaro, Patricia Yolanda Molinari, Miguel Ángel Erreguerena, Graciela Datto, Héctor Ferrecio y Alberto Jorge Pellegrini, como así también los preparativos para la detención de Rosa Ana Frigerio una vez que fuera dada de alta desde la Clínica 25 de Mayo a raíz de la operación de columna a la que fue sometida.

También se menciona a personas cuya situación conforma parte del objeto procesal de la causa 4447 de trámite por ante el Juzgado Federal n 3 de esta ciudad, algunas de las cuales declararon en el debate y otras que se encontrarían en calidad de desaparecidas o fallecidas a estarse a las constancias de las mencionadas actuaciones -Alejandro Logoluso, Carlos Oliva, Susana Martinelli, Patricia y Alejandro Pérez Catán, entre otros-.

Similares datos en lo que a la situación de la agrupación se refiere, se desprenden de su sucesor en el tiempo pues daba cuenta que "Las organizaciones subversivas que operaban en esta ciudad han sido prácticamente aniquiladas en todas sus estructuras logísticas, lo que obligó a MONTONEROS a levantar su denominado Destacamento Tres, ante lo infructuoso que resultaba su accionar".

Ya en el año 1977, el parte fechado el 30 de marzo ratificaba el panorama transcripto precedentemente, enfatizando el accionar ilegal llevado a cabo por la FUERZA DE TAREAS 6 en esta ciudad.

Así predicaba que "Las organizaciones subversivas que accionaban en esta ciudad, fueron seriamente deterioradas por las acciones emprendidas por la FUERTAR SEIS, que permitieron detectar y desbaratar todo el aparato de apoyo logístico que las mismas habían montado, como así también detener a los principales responsables de esas organizaciones, en todos los niveles. Eso significó que las acciones subversivas fueran prácticamente erradicadas de la ciudad, durante un tiempo prudencial, aunque se preveía que en la temporada estival, ese tipo de accionar se incrementaría por parte de las OPM... La FUERTAR SEIS sigue con sus operativos antisubversivos, ahora en menor proporción, pero que siempre aportan conocimiento sobre las actividades del enemigo.".

En esa línea, el memorando 8499-ifi-n 16 "esyc"/77, fechado el 22 de abril, comprendía como "Asunto: "elevar relación de elementos subversivos pertenecientes a O.A.C. "MONTONEROS", resultando la fuente la FUERTAR 6 y se adjuntaba "cinco planillas con relación a elementos prófugos subversivos de la O.A.C. "MONTONEROS", que pertenecen al D-3 de Mar del Plata" figurando, con nombre de guerra, fecha de nacimiento y domicilios, algunas de las víctimas de este proceso -por ejemplo Susana Pegoraro-.

En el mes de noviembre de 1977, el memorando 8499-ifi-n 51 "esc"/77 dirigido al señor prefecto de zona de atlántico norte (sec.inf.), daba cuenta que "durante el mes de octubre las fuerzas conjuntas con actuación en la ciudad de Mar del Plata, llevaron a cabo importantes operativos que significaron duros golpes a la subversión. Al ya comentado descubrimiento de una vivienda perteneciente al PCML en donde estaba en vías de montaje un taller de precisión para la fabricación de armamento y a la detención del matrimonio que estaba al frente del mismo y al secuestro de importante material en vías de elaboración, se debe mencionar el descubrimiento de otra vivienda ubicada en el radio céntrico de la ciudad, en donde fue descubierto un embute que escondía un número de considerables de granadas protegidas por un sistema de "cazabobos", que afortunadamente fue detectado a tiempo evitando su funcionamiento, permitiendo incautarse del material. También recientemente, fue desbaratado por segunda vez (la primera fue a mediados de 1976) el aparato de prensa y propaganda de la BDS "Montoneros" que había sido reactivado y que había promovido las últimas panfleteadas en la ciudad, especialmente en las zonas en donde están ubicadas las principales plantas industriales del pescado. Del interrogatorio al que han sido sometidos varios DS detenidos, surgieron pistas que permitieron incautarse de gran cantidad de municiones de distintos calibres que habían sido enterradas en baldes de plástico, perfectamente protegidas de la humedad y de varias armas cortas y largas, tales como diversas pistolas browning, Beretta Luger, revólveres Smith y Wesson 38, escopeta Itaka, etc.".

La situación mencionada respecto de las plantas industriales de pescado es un dato que no debe pasar desapercibido en la global comprensión de los hechos por cuanto, como lo veremos específicamente al tratar los casos de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, ambos desarrollaban esa actividad al momento de ser ilegalmente detenidos, obrando incluso informes de inteligencia similares al que se hizo alusión fechados un día antes de que ello ocurriera.

Todos estos elementos -que sólo representan una ínfima porción de la abundante documental conseguida para la causa en este sentido-, dan cuenta del efectivo conocimiento de la FUERTAR 6 acerca de los integrantes de la agrupación "MONTONEROS" y sus actividades, pero, principalmente, ponen de manifiesto la actuación que le cupo a sus integrantes en las ilegales detenciones y los tormentos a los que fueron sometidos sus miembros en ocasión de los interrogatorios practicados, comprobadas en los casos que analizaremos minuciosamente a continuación en tanto significó el marco de un concreto ataque general que damnificó, en términos macro, a la mencionada organización.

Basta reparar, adentrándonos un poco en el análisis singular de los casos juzgados, en la consecutividad de los hechos producidos para darnos cuenta que la información arrancada mediante torturas a los detenidos en las crueles sesiones de interrogatorios a las que fueron sometidos permitió la realización de una cadena de operativos pergeñados por la Marina.

Así lo afirmamos por cuanto, de los casos que desarrollaremos a continuación, una gran porción acontecieron secuencialmente entre el 5 de julio y el 23 de septiembre de 1976 como quedó debidamente comprobado mediante el plexo probatorio logrado para la causa, principalmente, en el tenor de los memorandos a los que hicimos referencia precedentemente.

B) Casos que perjudicaron a víctimas relacionadas por los mandos de la Fuerza de Tareas n 6 con los responsables del aparato de prensa y propaganda de la agrupación Político-Militar "Montoneros".

Este apartado esta reservado para el exámen de los hechos que perjudicaron a individuos a los que los integrantes de la Fuerza de Tareas n 6 aprehendieron en el marco de la búsqueda de los integrantes del aparato de propaganda de la agrupación Montoneros de cuya situación nos ocuparemos en el acápite siguiente, ya sea por la actividad comercial que desarrollaban -Oscar Rudnik y Pedro Catalano- o por las relaciones que presentaban entre ellos -Pablo José Lerner y José Ángel Nicoló-.

1. Hechos en perjuicio de Pablo LERNER

1.A. Conducta atribuida

Tenemos por probado, en atención a la versión brindada por el damnificado que fue corroborada con los distintos elementos de prueba que se irán detallando oportunamente, que Pablo José Lerner fue detenido el día 28 de mayo de 1976, en horas de la madrugada, en su domicilio sito en la calle Maipú n 3248, de esta ciudad, por un grupo de personas vestidas de uniforme militar, sin insignias, que se habían apostado en los techos de las viviendas vecinas.

Trasladado detenido a la Base Naval de esta ciudad, fue objeto de interrogatorios practicados bajo tormentos, en razón de su actividad política. Alojado finalmente en la Unidad n 9, de la ciudad de La Plata, fue puesto en libertad en la navidad de 1977.

Por dichos ilícitos resultó responsable Justo Alberto Ignacio Ortiz

1.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Así en la audiencia celebrada en el debate correspondiente a la causa n 2286 -la cual fue incorporada al presente como prueba anticipada a los fines de evitar la revictimización del testigo- refirió que tras que llamaran a la puerta del garaje de su casa, le abrió a su interlocutor, quien procedió a detenerlo y a colocarle una capucha de manera inmediata. Ingresaron a su domicilio y le revisaron la habitación. En la vivienda se encontraba también su madre, quien fue tratada de modo cortés.

Sus captores le anunciaron a ella que iba a ser trasladado a la Base Naval, y en caso de que tuviese alguna complicación resultaría derivado a una unidad carcelaria. También mencionó, que sus captores hicieron pasar a su domicilio a un vecino de la finca, quien vivía en la parte delantera, desconociendo los motivos de tal intromisión.

Atadas sus manos y con la capucha en la cabeza, lo cual le impedía la visión, fue subido a un camión, y trasladado, a su entender por el camino que recorrió, hasta la sede de la Base Naval de la ciudad. Luego, por lo que dirá, confirmaría dicha primera impresión. Señaló que estuvo quince días, aproximadamente, en lo que era el polígono de tiro del establecimiento, circunstancia que corroboró cuando fue alojado momentáneamente en la playa lindera percibiendo disparos cerca, aunque expresó que se trataba de un lugar cerrado.

Rememoró que la comida se la daban con una cuchara que tenía el logo de la Armada Argentina; y confirmó el lugar donde estuvo, dado que mantuvo charlas con algunos conscriptos mientras vivía esa situación, quienes le afirmaron que se encontraba en la base.

Rememoró que los quince primeros días lo mantuvieron encapuchado, solo, aunque no todo el tiempo atado. Al sexto día de su detención fue sacado de ese lugar, al que mantuvo su identificación como polígono, y tras ascender una escalera, fue transportado en un auto, a un lugar donde fue interrogado por varias personas, las cuales algunas adoptaron el rol de malas y otras de buenas o más amigables. Refirió con seguridad que, pese a ser trasladado en un vehículo, no salió de ese establecimiento naval.

Las preguntas que le fueron dirigidas se centraron en su actividad política y universitaria, pero resultó inútil el interrogatorio al que lo sometieron, toda vez que había abandonado esas actividades hacía ya dos años. Se lo inquirió acerca de la existencia de armas y una imprenta, de las cuales nada sabía. Dicho interrogatorio transcurrió acostado sobre una camilla, y sometido a picana eléctrica. En el transcurso de dicha sesión de torturas fue auscultado por quien, supuso, sería un médico.

Producto de la forma en que se llevó a cabo dicha indagación permaneció con un brazo derecho paralizado por un lapso de cien días aproximadamente.

Vuelto a alojar en el polígono -donde lo mantuvieron encapuchado- tras el interrogatorio practicado, permaneció durante unos nueve días más, para completar la quincena estimada en ese lugar; y luego fue trasladado a las celdas que en la Base Naval utilizaban para castigo de los conscriptos. Allí le sacaron la capucha.

En ese sitio conoció a otras personas que ocupaban los calabozos contiguos, individualizando a una con el apellido de Luna, quien recuerda que era de Miramar, y a otra de apellido de Álvarez. Ellos también se encontraban sin capuchas. Estas les eran colocadas cuando los sacaban para llevarlos a los baños.

Expresó que estuvo en dichas celdas hasta el 7 de septiembre de ese año. En ese lapso, los nombrados Luna y Álvarez fueron sacados de allí, y alojaron en su lugar a Jorge Pablovsky y José María Musmeci. También rememoró que durante un breve tiempo mantuvieron en esas celdas a otra persona de apellido Celentano.

Durante su estancia en dichos calabozos mantuvo diversos contactos con el personal de la Armada, entablando buena relación con quien era el odontólogo del establecimiento de apellido Hoffman, acerca de quien expresó que ayudó a Musmeci con una infección dental que se le había formado.

Hizo referencia a que allí fue visitado por su madre y su hermana, recordando que una persona, a quien identificó como el Capitán Guyot, firmó una constancia de su detención en la Base Naval, para ser presentada ante la Dirección Parques y Paseos donde trabajaba la víctima previo a su aprehensión, la que fue entregada a su madre. Dicha constancia la autorizaba al cobro de los haberes de quien se hallaba detenido.

Asimismo recordó que su madre realizó gestiones ante la iglesia local, hablando con el Obispo Rómulo García, al que le solicitó que un sacerdote vaya a verlo. Estimó que García fue a ver al Coronel Barda, y es así que recibió la visita, mientras se encontraba en los calabozos de la Base Naval, de un sacerdote cuyo apellido cree que era Sosa. Refirió que ingresó de mala gana a la celda, y sin saludar a los demás detenidos que estaban en los cubículos contiguos, le refirió que se arrepienta de sus pecados y que rezase. El causante quería entablar algún otro tipo de conversación con él, pero no lo permitió. Dicha persona podría haber sido, a su criterio, el capellán de la Base.

Finalmente en septiembre de 1976 fue trasladado con José María Musmeci y Jorge Fernando Pablovsky, a la Unidad n 9, de La Plata. Dicho traslado se hizo en avión que partió desde la Base Aérea de la ciudad de Mar del Plata. Mencionó también que ese trayecto aéreo lo realizó con los ya nombrados Luna y Álvarez, y con Amilcar González -secretario del Sindicato de Prensa de la ciudad de Mar del Plata-, Abdul Saravia, a quien individualizó como un dirigente del puerto de esta ciudad y Mario Cámara. Estas últimas personas, a su entender, subieron en el GADA al colectivo en el cual lo trasladaron a la zona aeroportuaria.

Recordó que el viaje por avión lo realizaron encapuchados pero no pudo precisar si también lo hicieron atados. Tras su estadía en la mencionada unidad carcelaria, fue puesto en libertad mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N 3810/77 en la festividad de navidad de 1977.

Pues bien, sus manifestaciones respecto de las distintas circunstancias que lo tuvieron como damnificado, se vieron corroborados por los testimonios de otras víctimas que prestaron declaración en la audiencia o se han agregado debidamente sus dichos en otros procesos judiciales.

Así, quienes compartieron con el causante cautiverio en las celdas de la Base Naval, Jorge Fernando Pablovsky y José María Musmeci, fueron contestes en afirmar que en ese período de sus detenciones Lerner ocupó uno de dichos calabozos. Similar aseveración formuló Celentano, quien coincidió en su relato en lo que a esta situación se refiere.

En efecto, Musmeci en la declaración prestada ante este tribunal refirió que en su segundo período detención en la Base Naval, fue alojado en unos calabozos, a los que describió como muy pequeños, que, en número de tres, daban a un pasillo común, habiendo sido colocado ahí con Pablovsky, oportunidad en la cual conoce a Lerner, quien ya se encontraba allí detenido. Ratificó también el hecho de que los tres en esa etapa de sus detenciones recibieron visitas de sus familiares.

Jorge Luís Celentano, acerca del conocimiento que tuvo respecto del causante Pablo Lerner, refirió en declaración testimonial que fue detenido el 3 de mayo de 1976, y tras su alojamiento en la Prefectura Naval, fue derivado a un calabozo en la Base Naval. Rememoró que sabía que era un placero de Mar del Plata y que estaba alojado en uno de las celdas contiguas. Asimismo evocó cuando, estando en esas condiciones, personal de la marina se introdujo en el pasillo común de las celdas y escuchó que, dirigiéndose hacia un tercero que no pudo ver, dice "Monseñor, están sin capucha". Acto seguido le hicieron colocar la capucha y a través de la misma, observó a una persona con sotana e insignias navales, que lo había ido a ver a Lerner. Aclaró que lo que pudo escuchar era que el sacerdote le decía "reconoce todos tus pecados y reza". Supo que dicha visita la había conseguido la madre de Lerner quien había realizado gestiones ante los representantes de la iglesia marplatense.

Jorge Pablovsky, a través de los distintos relatos realizados a lo largo de estos años, (Juicio por la Verdad, declaración en la Causa n 4266/99 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n 9, Secretaría 17, de Capital Federal, de fs. 707/9), reconoció a Lerner como una de las personas con las que compartió cautiverio en su estancia en los calabozos de la Base Naval.

También evaluamos la declaración prestada por José Ángel Nicoló, quien al narrar en audiencia de debate los padecimientos sufridos cuando estuvo detenido en la Base Naval, refirió que de Pablo Lerner lo conocía de su militancia. Aseveró que sus captores le dijeron que se encontraba detenido en esos momentos. Le señalaron que Lerner lo había mencionado a él; y que podía quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y estar en un lugar mejor como el que está "Pablito".

Como en el caso de Nicoló, quien no vio a la víctima pese a encontrarse detenidos en el mismo tiempo en la Base Naval, contamos con la declaración en el debate de Pedro Catalano y de la prestada por Oscar Rudnik -quien se encuentra fallecido- en el juicio por la verdad, los que hicieron expresa mención de que tomaron conocimiento mientras estuvieron cautivos en ese establecimiento que Pablo Lerner también se encontraba allí.

La prueba documental que contribuyó a generar la certeza de lo sucedido está compuesta por el certificado otorgado a su madre mientras permanecía cautivo, el cual obra agregado a fs. 1414 y se lee: "El firmante PABLO JOSE LERNER...27 años de edad, titular de la Libreta de Enrolamiento n 5.529.677...AUTORIZA a su señora madre MARIA TERESA LAFRATTI DE LERNER,,...para que en su nombre y representación, se presente ante las autoridades que corresponda de la Municipalidad de este Partido de General Pueyrredón, y proceda a cobrar y percibir las sumas que se le adeudan en concepto de sueldo, aguinaldo, reajustes o por cualquier otro concepto en su carácter de empleado de la mencionada Municipalidad....". Se observa la firma de Pablo Lerner y a continuación prosigue la certificación "...En virtud de encontrarse el firmante de la presente, Pablo José Lerner, detenido en la Base Naval Mar del Plata, dejo constancia que la firma que antecede pertenece al mismo y fue puesta en mi presencia.- Mar del Plata 1 de septiembre de 1976." firmado por el Teniente de Fragata, Juan Carlos Guyot.

La privación de la libertad de quien nos ocupa fue corroborada por el dictado del Decreto n 1704, mediante el cual se lo colocó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; y mediante el decreto PEN N 3810 del año 1977, por el que recuperó su libertad.

Con ello se vio configurada la agravante temporal que la norma prevé. En efecto, la ilegítima privación de la libertad a la cual sometieron a Pablo José Lerner, duró aproximadamente diecinueves meses, viéndose cumplida la figura intensificada que la ley establece.

La colocación de una capucha en la oportunidad de haber sido aprehendido, a los fines de que no conociese el lugar donde sería trasladado, mediante el uso también de armas de fuego, en horas de la madrugada, y por una pluralidad de personas que se apostaron en los techos de las viviendas vecinas, sin la exhibición ni mención de una orden de allanamiento o de detención emanada por la autoridad competente, nos permite aseverar la violencia de tal inicio de cautiverio, el que se viera confirmado a raíz de los padecimientos luego reseñados.

Pero las manifestaciones vertidas en la audiencia por Pablo Lerner, respecto a que con posterioridad tomó conocimiento que a su madre, en ese momento de su detención, le informaron que iba a ser llevado a la Base Naval y que de tener algún tipo de complicación iba a ser alojado en una unidad carcelaria, nos permite reflexionar que la privación del sentido de la vista mediante la colocación de una capucha, no era sólo para encubrir el lugar donde serían trasladados o donde permanecerían detenidos, sino que tenía la intención de mortificar, desde el propio inicio del ilícito actuar, a la víctima a los fines de hacer flaquear su voluntad.

Acreditada así la privación ilegítima que sufriera el nombrado, de los testimonios ya analizados surge además la certeza de la existencia de las torturas denunciadas, resultando comunes a la mayoría de las víctimas las condiciones en las cuales fueron interrogados y permanecieron aprehendidos.

En efecto, su permanencia durante el término de quince días en el polígono de tiro con una capucha colocada en su cabeza obstaculizándole la visión, resulta una de aquellas formas utilizadas por sus captores en esa etapa, para martirizar a los detenidos, lugar y modalidad de tortura ésta que se repite en otros damnificados. Así el mencionado Nicoló, quien permaneció cautivo en la Base Naval en la misma época que el deponente, lo atestiguó, manifestando haber descendido una escalera y permanecido con cinco o seis personas más, circunstancia que la vivió con una capucha colocada en su cabeza.

También aseguró haber sido ese el espacio donde permaneció detenido, dado que un compañero suyo, quien también estuvo cautivo allí, se lo recordó, y le mencionó con seguridad que se trataba de ese espacio. El compañero era Oscar Rudnik, quien militó en la Juventud Peronista y se manifestó en ese sentido en oportunidad de haber sido convocado con motivo de la celebración de los conocidos "Juicios por la Verdad".

Se observa también al respecto que Pedro Catalano señaló en la audiencia que pese a que no volvió a verlo a Lerner, supo que tuvo problemas físicos a consecuencia del trato que le propinaron mientras estuvo detenido.

Dichas circunstancias permiten determinar la imposición de las torturas por parte de sus captores, durante el tiempo que lo mantuvieron cautivo en la Base Naval.

En cuanto a los motivos que concluyeron en su detención y posterior tortura al ser interrogado mediante el empleo de la picana eléctrica, no existen dudas acerca de que tuvo su origen en el actuar político del causante, aunque, conforme lo narrado por él, había dejado de militar en cuestiones estudiantiles o políticas, desde hacía un par de años previos al momento de ser prendido.

En efecto, contamos con el Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que luce agregado a fs. 7453/vta. del expediente; y el legajo DIPBA -aportado por la misma comisión-. Allí se consigna la existencia de una ficha personal conteniendo los datos personales de la víctima. Se menciona la existencia del rubro: "Antecedentes sociales: Universal Provincial de Mar del Plata" .

Dicha ficha fue iniciada el 5 de marzo de 1970, y remite información al legajo n 44, Tomo 2, Mesa "A", Estudiantil, General Pueyrredón; legajo este que se caratuló "Informes hechos estudiantiles Mar del Plata". Este fue un narración producida por la DIPBA de Mar del Plata, el que se consignó una nómina de detenidos, entre los cuales se halló Pablo Lerner, a raíz de los sucesos acaecidos el 7 de diciembre de 1971, en esta ciudad. Allí se produjo la detención del causante, y, surge un dato que aparece relevante para el hecho juzgado, el domicilio indicado como vivienda era el mismo donde años después (en 1976) lo fueron a buscar.

Se informó como antecedentes de Lerner el hecho de que integró el grupo de estudiantes pertenecientes a las Facultades de Humanidades y Arquitectura dependientes de la Universidad Provincial de Mar del Plata, que con fecha 21 de enero de 1970, inició un viaje por el norte argentino y países limítrofes y que estaba integrado en su mayoría por elementos universitarios ideólogos de la doctrina marxista.

Así pues, los padecimientos sufridos durante su interrogatorio para que manifestase donde se encontraban escondidas las armas o en que lugar se ubicaba la imprenta, tuvo estricta motivación en su actividad política anterior, lo que conlleva a sostener que se ha visto probada en la especie la agravante que la figura penal de la imposición de tormentos tiene prevista.

2. Hechos en perjuicio de Oscar RUDNIK y Pedro CATALANO

2.A. Conducta atribuida

La prueba recibida a lo largo de las audiencias de debate celebradas en la presente causa permitieron acreditar que Oscar Rudnik y Pedro Catalano fueron privados violentamente de su libertad el día 10 de junio de 1976, aproximadamente a las once horas, cuando se encontraban en el local propiedad del primero de los nombrados, sito en calle Rivadavia, entre Salta y Jujuy, frente al club Mar del Plata.

Al lugar arribó un grupo de personas uniformadas pertenecientes a la Fuerza de Tareas n6 de la Marina, sin ningún tipo de identificación ni orden de detención o allanamiento, que procedieron a esposarlos y encapucharlos para, luego, trasladarlos en dos camionetas distintas con destino a la Base Naval de esta ciudad.

Dentro del predio del apostadero naval de mentas fueron ubicados en la zona del polígono de tiro y la zona de playas, sectores en los que permanecieron encapuchados y fueron objeto de interrogatorios, golpizas y agresiones físicas, con el objeto de obtener información de índole política y acerca de la actividad de propaganda de la organización Montoneros.

Transcurridos aproximadamente entre siete y diez días, Pedro Norberto Catalano recuperó su libertad con la previa amenaza que iba a ser vigilado. Lo propio ocurrió con Oscar Rudnik el 25 de junio de 1976.

2.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Los pormenores de la secuencia indicada precedentemente pueden reconstruirse reparando en el relato que brindó ante el Tribunal y las partes una de las víctimas de los hechos, Pedro Norberto Catalano.

El nombrado comenzó su exposición manifestando que el día 10 de junio de 1976, cerca del mediodía, se encontraba junto a Oscar Rudnik en el taller de Planograff que era de pertenencia de su amigo, ubicado frente al club Mar del Plata, cuando irrumpió en el lugar una gran cantidad de gente uniformada portando armas largas que procedieron a ponerlo rápidamente contra la pared para, de inmediato, encapucharlo y esposarlo sin brindarle demasiadas explicaciones acerca de la irregular situación que acontecía.

Esa comisión ingresó al lugar sin exhibir orden de detención ni allanamiento, suponiendo que revisaron algo porque, previo a ser trasladado, estuvo un tiempo considerable arriba de lo que, creyó, se trataba de un camión donde había más gente que no pudo divisar debido al elemento que tenía colocado en su cabeza impidiéndole la visual.

No pudo recordar si a Oscar Rudnik lo llevaron junto a él, pero manifestó que el dueño de la empresa "Expreso Marplatensé", Francisco Contarelli, lo vio ingresar a ese lugar -en referencia al negocio comercial- y observó todo el operativo. A raíz de ello, con posterioridad esta persona logró ubicar a su familia para avisarle que lo habían detenido y les manifestó que había participado en su aprehensión personal de la Marina.

De ahí lo llevaron a la Base Naval -dato que corroboró por la cercanía al mar-permaneciendo en un cuarto relativamente chico con paneles acústicos según pudo percibir pese a que no le sacaron ni la capucha ni las esposas en esas instancias.

Le pareció que se trataba de un lugar abierto porque hacía mucho frío; había una luz blanca que irradiaba calor a la que se acercaba lo más posible debido a la carencia de abrigo y, por los comentarios obtenidos con posterioridad en cuanto a ese lugar, supo que se trataba del polígono de tiro.

En cuanto a sus características, recordó que para acceder había que transitar escaleras en dirección descendente y el piso era de cemento.

Durante los primeros dos o tres días estuvieron en el mismo lugar con Rudnik, aunque la comunicación era escasa, pudiendo advertir que había otras personas ya que escuchó quejas de dolor y llanto. Sin embargo no logró establecer con certeza de quiénes se trataba debido a que las rotaban permanentemente.

En ese tiempo les brindaron muy poco alimento y, con posterioridad, los separaron.

Memoró un episodio en el que una de las veces que lo dejaron salir para ir al baño una persona muy agresiva lo condujo abajo por una escalera, lo empujó y se cayó, lo que motivó una especie de discusión que le trajo como consecuencia una mayor cantidad de golpes junto a la expresa directiva por parte de aquél para que la guardia no lo dejase dormir en lo sucesivo.

Evocó haber padecido simulacros de fusilamiento y ser sometido a interrogatorios con golpes previos en dos o tres oportunidades.

El primero tuvo lugar en una ocasión que se cayó al dormirse parado: el hombre con el que había tenido la disputa estaba ahí, lo pateó, sintió ruidos de armas, la orden de fuego y que, finalmente, no gatillaron.

Durante las sesiones de interrogatorios, a manera de charla, le preguntaban su opinión acerca de la fractura democrática, le enseñaban fotos por debajo de la capucha respecto de asambleas estudiantiles, movilizaciones, con el objeto que reconociera gente y, en su caso, manifestara que tipo de compromiso tenían.

Mientras él se encontraba cautivo, a partir de los datos que le aportó a su familia el Sr. Contarelli asistieron a la Base Naval su ex suegro -Andrés Lauría- y un paciente suyo que era un Almirante de apellido Varsena, logrando que les reconocieran que estaba allí pero, pese a que quisieron verlo, no se los permitieron.

Recordó también que en otra oportunidad vino a Mar del Plata un pariente suyo que era Juez en Buenos Aires, Francisco Vitaco, y se dirigió a la Base Naval con una persona cuyo nombre desconoce pero que tenía alguna relación con las autoridades navales. No supo si pudo ingresar al establecimiento pero sí que lo atendió un oficial en la puerta y también le reconocieron su estado de detención.

Estimó, sin poder precisarlo con certeza, que fue mantenido cautivo entre siete y diez días, toda vez que su detención se produjo el 10 de junio, pasó el día de su cumpleaños -13 de junio- en cautiverio y unos días después fue liberado.

Esta última secuencia se inició cuando un día, de madrugada, lo ingresaron encapuchado y esposado al piso de atrás de un rodado que creyó se trataba de un Ford Falcón, dirigiéndose hasta la intersección de las arterias Juan B. Justo y Tucumán. En esas instancias, una persona de tez clara que describió como "medio gordita" le retiró la capucha, le dijo que se baje y, previa amenaza, le ordenó que se vaya.

Con posterioridad a que ello ocurriera, sentía y observó que lo seguían. Tuvo que mantener comunicaciones en dos o tres oportunidades con gente que creyó era de la Base -posiblemente aquél sujeto que lo liberó- no recordando si él tenía que llamar o lo llamaban.

En cuanto a la situación de Oscar Rudnik, manifestó que militaba junto a él en la universidad y tenía un taller de "Planograff" para la impresión de calcomanías frente al Club Mar del Plata, precisamente lo que el personal armado buscaba conforme un comentario que le llegó con posterioridad, aunque sin saber debido a qué causa.

Ya ambos en libertad, en una ocasión Rudnik le comentó que como tenía a su hermana menor a cargo había logrado que uno de los soldados que lo custodiaba la fuera a ver a su casa y le avisara que estaba detenido en la Base Naval. A raíz de ello, su hermana concurrió al lugar junto a su padre con la excusa que tenían un problema con unos cheques para el pago a los proveedores y necesitaban la firma de Oscar, lo que consiguieron aunque creyó que sin tener contacto personal con él.

Concordante con las circunstancias que los damnificaron narradas por Catalano en el debate, encontramos la declaración de Oscar Rudnik en el marco del denominado "juicio por la verdad", incorporada en los términos del artículo 392 del Código Procesal Penal de la Nación.

Refirió en aquella oportunidad que era estudiante de sociología y comenzó tempranamente con la actividad de taller, montando un negocio que le hizo dejar la facultad y la militancia para el momento en que lo secuestraron. Sin embargo, como mantenía contactos con amigos y en sus primeros años había tenido una actividad política intensa, esperaba que lo detuvieran después de producido golpe de Estado.

Fue así que el 10 de junio de 1976, después de un operativo fallido en su negocio realizado en tempranas horas de la mañana, retornó al lugar a eso de las once horas junto a su amigo Pedro Catalano.

En ese momento fueron sorprendidos por un grupo de personas que vestían uniformes pero sin identificación y se trasladaban en camionetas verdes. En una primera instancia supuso que pertenecían al ejército y, luego, a los comandos anfibios ya que estaban pertrechados con atuendos de guerra.

Lo esposaron, encapucharon y cargaron en una camioneta distinta a la que subieron a su amigo hasta arribar a un lugar que, debido al ruido de mar, tuvo como primera impresión se trataba del GADA, pero después estableció que era la Base Naval.

Esa referencia la obtuvo luego que, durante los primeros tres días, en un momento que pudo levantarse mínimamente la capucha que tenía colocada para comer, observó una madera que decía "Base Naval de Mar del Plata". Concretamente refirió que el lugar se trataba del polígono de tiro, del cual, incluso, un día fue retirado y dejado en una playita cerca de ahí, al lado del Club Náutico, porque debían realizar en su interior las prácticas de rigor.

En el transcurso de los primeros días no los dejaban dormir ni les daban de comer, resultando que con posterioridad fue interrogado varias veces en un edificio al que se llegaba mediante la ascensión de una escalera, en sesiones que eran realizadas con golpes y maltrato psíquico.

Recordó también el episodio comentado en el debate por Catalano referente a las gestiones que hizo su padre en la Base Naval.

En ese sentido, relató que un día su progenitor concurrió a la guardia aduciendo que necesitaba su rúbrica para la confección de un cheque, logrando que la persona que lo atendió se los llevara y él los firmara. A partir de esa circunstancia su familia estableció concretamente que permanecía privado de su libertad allí.

Transcurrido un tiempo, le dijeron que lo iban a liberar: le levantaron la capucha para que firmara un papel que quiso leer pero le dijeron que no podía y se negó a hacerlo porque creía que significaba inculparse de algo.

En esas instancias, apareció un auto con un hombre que lo amenazaba para que firmara. Se puso del lado del acompañante con un chofer, lo pusieron atrás y pudo reconocer el itinerario de paso por la Base Naval.

La persona que iba de acompañante lo apuntó con una pistola diciéndole que estampara su signatura, temperamento al que accedió debido a la entidad de la amenaza y, al proceder a la apertura del sobre, advirtió que se trataba de la devolución de sus efectos personales.

En definitiva, conforme lo expresó, luego de 15 días de cautiverio -25 de junio-, recuperó su libertad.

Prosiguió su versión de los hechos expresando que dos años después de su liberación se dirigía rumbo a su casa en momentos que observó enfrente un Taunus rojo estacionado que le pareció sospechoso. Siguió derecho, tomó un taxi, pasó por ahí y le solicitó al conductor que le describiera al individuo que se encontraba adentro del rodado, fisonomía que coincidió con la de aquél que lo apuntaba en la secuencia que culminó con su vuelta al medio libre.

A raíz de ello esa noche durmió en un hotel y al otro día concurrió al negocio de su propiedad. Como a las doce del mediodía arribó esta persona que describió como un tipo gordito, repelente, pelado, de ojos celestes de entre 38 y 42 años de edad que se presentó como César, al que, dentro de la Base, lo apodaban internamente "Frankie" en alusión a Frank Sinatra.

Respecto de Catalano, sostuvo que a los cuatro días fue liberado y no tuvo referencia de nadie más mientras permaneció cautivo allí, a excepción de Pablo Lerner.

Completando el cuadro probatorio en lo que a la situación de ambas víctimas respecta, en los términos del artículo 388 del Código Procesal Penal se convocó al debate a la hermana de Oscar Rudnik, Adriana Noemí.

Refirió la nombrada que a mediados de 1976 tenía quince años de edad y vivía junto con su hermano en una pieza ubicada en la parte trasera del local de serigrafía y estampación que poseían, sito en calles Rivadavia y Jujuy de esta ciudad, debido a que hacía unos años había fallecido su madre mientras que su padre, que residía en Buenos Aires, no se encontraba en buen estado de salud.

Evocó que el 10 de junio se había ido a lo de una amiga a estudiar, luego a casa de una tía de nombre Ángela Degusema y, finalmente, llamó por teléfono al local. Su interlocutor resultó una persona cuya voz le era desconocida - no se trataba de ninguno de los dos ó tres empleados que tenía su hermano-, que le preguntó con quién quería hablar, a lo que respondió que "con Oscar", pasándole el teléfono a su hermano. Inmediatamente Oscar le mencionó que había unos señores requiriéndole que los acompañe y que ella se quedara allí en lo de su tía.

Luego de ese episodio no supieron más nada de él, por lo que sus familiares comenzaron a realizar una búsqueda en las comisarías y la Agrupación 601 donde les brindaban datos negativos.

Un día arribó a la casa de su tía y se encontró con una situación que le provocó temor según lo afirmó: allí advirtió de inmediato la presencia de un colimba con el pelo muy cortito, provinciano, vestido con un jean y camisa, que le manifestó que venía a verla a ella.

Este muchacho le dijo su nombre -que no recordó-, que era de la Provincia de Chaco y estaba haciendo la conscripción en Mar del Plata, para terminar refiriéndole que una de sus labores consistía en custodiar a su hermano.

Le preguntó si él estaba bien y donde estaba alojado, a lo que, luego de algunas evasivas, respondió que se encontraba en la Base Naval, en buen estado de salud y que él lo cuidaba de vez en cuando.

Luego de esa oportunidad a esta persona no la volvió a ver nunca más.

Con ese dato, al arribar su padre a Mar del Plata idearon concurrir a la Base Naval bajo la excusa de que su hermano firmara unos cheques para el pago de proveedores y, de esa forma, corroborar su presencia allí.

Así lo hizo su progenitor, no logrando saber si pudo ingresar al predio aunque le devolvieron firmados los cheques, constatando que era la letra y rúbrica de su hermano y que estaba bien, asumieron, debido a la prolijidad del trazo.

Pasaron entre quince y dieciocho días -era el 25 ó 26 de junio- y, en una ocasión en que ella se encontraba en la vereda de su casa, arribó su hermano con un taxi: en ese momento lo quiso abrazar pero no sabía -en su mentalidad de niña de 15 años- si le iba a doler algo por lo que le podrían haber hecho.

A simple vista físicamente no tenía signos de haber recibido golpes, aunque pudo advertir y percibir de inmediato su cara de consternación por lo que le había sucedido.

Le comentó que lo tenían encapuchado en un espacio donde a veces lo sacaban y sentía que era arena, como una playita; después escuchaba tiros como si fuera un polígono, lo retiraban para que practiquen tiro y luego lo reintegraban al lugar. Que escuchó voces de personas y sólo mencionó a Catalano porque estaban juntos y se comunicaban entre ellos en los primeros días de detención.

Éste último, referente a su secuestro y el de su hermano, le comentó que llegaron al local, los encapucharon y se los llevaron, compartiendo cautiverio juntos durante un tiempo en la Base puesto que a él lo liberaron unos días antes que a Oscar.

Su hermano no le expresó ninguna particularidad acerca de los interrogatorios, ni si le mostraban fotos, sólo que la tortura era más bien psicológica y que a veces le decían que estaban abusando de ella en la habitación contigua.

Luego, cuando ingresaron al local, advirtieron que ninguna entrada se encontraba forzada pero todos los objetos de serigrafía -plásticos e imanes- fueron sacados del sótano y se encontraban desparramados en la parte superior.

También hizo hincapié en su exposición de una situación ocurrida tiempo después que su hermano recuperó la libertad.

En ese sentido relató que un día ingresó a su casa -su hermano ya se había ido a la mañana al negocio- y se encontró con un hombre petiso, calvo, que lucía pantalones de jeans y se escondió en una de las habitaciones, situación que le llamó la atención debido a que Oscar no vestía indumentaria de esas características cuando se retiró.

El hombre salió, le puso la mano en el hombro y le dijo que se quedara tranquila; justo llegó su padre de Buenos Aires y esta persona, de espaldas respecto de aquél, le dijo "decíle a Oscar que bueno...que después se ven..'", como si fuera un amigo de su hermano.

Al arribar le comentaron lo que había ocurrido con ese sujeto, tras lo cual Oscar se descompuso y les expresó que sabía quién era, dándoles a entender que a veces una persona con esas características fisonómicas lo vigilaba.

Finalmente, preguntada acerca de la actividad política de la víctima, refirió que para la época de los hechos su hermano cursaba la carrera de Sociología en la Facultad de Humanidades y militaba en la Juventud Peronista.

La prueba testimonial analizada precedentemente, conjugada con los dichos de Oscar Rudnik en oportunidad de declarar en el juicio por la verdad, permiten confirmar que el nombrado, junto a Pedro Catalano, fueron privados ilegalmente de la libertad por personal que pertenecía a la Fuerza de Tareas 6 y conducidos a instalaciones emplazadas en el predio de la Base Naval de esta ciudad, más precisamente en el polígono de tiro y la zona de la playa.

En este sentido, las características mencionadas en sus deposiciones acerca de les mencionados ámbitos físicos fueron examinadas al tratar el caso que damnificó a Pablo Lerner y reproducidas en el de José Ángel Nicoló, a cuyas consideraciones nos remitiremos en aras de evitar reiteraciones innecesarias en tanto permiten acreditar el extremo apuntado.

Y es su permanencia en instalaciones que las máximas autoridades de la Base Naval prodigaron para mantener a personas cautivas el dato concreto que permite afirmar que quienes protagonizaron sus detenciones también pertenecían a las filas de la Marina.

Recordemos aquí nuevamente que, conforme al punto 2.4.3 del apéndice 1 al anexo "f" del PLACINTARA, cuando un operativo era realizado por la Fuerza de Tareas n 6, su comandante decidía el lugar de alojamiento de los detenidos.

El mencionado no es un dato menor desde que resultó un parámetro general comprobado en este proceso la circunstancia que, en los operativos en que la participación de la Marina resultó acreditada, las víctimas fueron conducidas, sin excepción, a dependencias que se encontraban bajo el imperium de las autoridades del organismo.

A ello debemos agregar, como lo veremos de seguido, que una de las causas que signaron la situación de Rudnik era deslindar su presunta vinculación con el Destacamento 3 de propaganda de Montoneros, cuyos integrantes fueron alojados también en la Base Naval de esta ciudad.

La lógica más básica, exenta de cualquier atisbo de arbitrariedad y basada en la letra de la reglamentación que disciplinaba su accionar en la lucha contra la subversión, arroja como inexorable conclusión que si todos los "blancos" de la célula de propaganda de la organización que era perseguida fueron conducidos con posterioridad al punto neurálgico de la Fuerza de Tareas n 6 -Cángaro, Molinari, Erreguerena, Datto, Ferrecio, Valente, Oliva y Martinelli-, fue porque sus integrantes también protagonizaron los operativos que le sirvieron de antecedente.

Aún más, resulta altamente probable que el estado de detención de ambos, particularmente de Rudnik, cesó una vez que, luego de la investigación militar llevada a cabo, se determinó su ajenidad respecto de las personas buscadas pese a que con anterioridad, según los dichos de Nicoló, éstas le habían encargado algún aislado trabajo de la especialidad de planograff.

También quedó acreditado, con sustento en la prueba rendida, que fueron objeto de tormentos a raíz de su militancia política y, fundamentalmente, por la persecución desplegada por los miembros de la Fuerza de Tareas n 6 sobre el aparato de propaganda de la organización Montoneros como lo venimos diciendo.

Ambos extremos fueron corroborados por las evidencias incorporadas al debate.

Acerca de la primera cuestión, la temprana historia política de Oscar Rudnik -que integró los interrogatorios de los que fue objeto y dieron cuenta su hermana y Catalano como se desglosa de sus testimonios analizados supra- se encuentra documentalmente avalada por los informes de la ex DIPBA incorporados a la causa (ver documentación remitida por la Comisión Provincial por la Memoria).

Su ficha remite a los legajos 45, mesa "a" "estudiantil" y 44, tomo II, orden 83, "Estudiantil Gral. Pueyrredón", donde se detallan las actividades de agrupaciones secundarias en esta ciudad.

El primero de ellos, del 29 de diciembre de 1971, se refiere a la actuación de la "Agrupación Nacional de Estudiantes Secundarios" (A.N.E.S.) -representante de la "Línea Antiimperialista Nacional"- en todas las facultades de las Universidades Provinciales y Católica de Mar del Plata, detallando como uno de sus principales dirigentes a "OSCAR RUDNIK, estudiante de humanidades, domiciliado en Figueroa Alcorta n 469".

Concretamente, respecto del nombrado, refieren que "...fue detenido el día 27 de diciembre ppdo., por arrojar piedras y gritar contra la Policía en el intento de los estudiantes de lograr la reapertura de la Facultad de Arquitectura, por lo que se le aplicó el art. 39 inc. D), del Decreto 24.333/56, permaneciendo aún detenido. En esta oportunidad manifestó domiciliarse en la calle Lamadrid n 2674 de Mar del Plata.".

La segunda pieza, concerniente a disertaciones celebradas por la Concertación Nacional Universitaria, menciona sus actividades durante los años 1970/71.

Así expresa que, para enero de 1970, "Forma parte de una delegación de estudiantes marplatense que con la ayuda de la Municipalidad y del Ministerio de Educación de la Provincia, realizaron una gira por países limítrofes (Perú y Bolivia), habiéndose tenido conocimiento que el causante juntamente con otro estudiante trataría de salirse del itinerario para llegar a Venezuela y de allí a Cuba donde mantendría contacto con elementos castristas.".

Mientras que, en abril de 1971, lo ubican como miembro de la Coordinadora Estudiantil del Primer Encuentro de Psicología Social.

A esta incipiente participación política, que sin duda significó uno de los motivos de la persecución y los tormentos padecidos, debemos adicionarle el dato que vincula su situación -como así también los sujetos que las protagonizaron- con los hechos que damnificaron a Miguel Ángel Erreguerena, Patricia Yolanda Molinari, Eduardo Cángaro, Graciela Datto y Ricardo Valente.

A ella se refirieron también Nicoló y Catalano y consistía en la actividad laboral que ejercía el nombrado por aquél entonces: concretamente la confección de propaganda mediante la utilización de una imprenta y material de Planograf.

En efecto, tanto del memorando IFI n 26 de la Prefectura tantas veces referido, como del análisis de la causa 610 y las declaraciones de los nombrados, surge patente la conexión referida pues, la actividad a desarrollar por la célula de la organización fatalmente "desbaratada" por la Fuerza de Tareas n 6 resultaba de idéntico tenor a la actividad comercial desplegada por Rudnik en aquél entonces.

Recordemos además, en aras de comprender la ligazón de los episodios establecida, que conforme lo expresó en la audiencia su hermana Adriana, una vez que la víctima recuperó su libertad concurrieron al local y observaron que todos los objetos de serigrafía -plásticos e imanes- fueron sacados del sótano y se encontraban desparramados en la parte superior del local, signos evidentes de la búsqueda de material de propaganda que era preponderante objetivo de la FUERTAR 6.

A ello debemos añadir la cercanía temporal en la que se produjeron las detenciones -entre el 5 de julio y el 5 de agosto de 1976- y que todos fueron alojados en instalaciones de la Base Naval Mar del Plata, elementos que permiten concluir, en su global comprensión, el nexo que, bajo la voluntad de los integrantes de la Marina que protagonizaron los procedimientos, los unió.

Respecto de Catalano, más allá que accidentalmente se encontraba en el negocio de Rudnik cuando los secuestraron, por aquél entonces tenía militancia política de signo peronista según lo manifestó, formaba parte de una agrupación barrial junto a gente que participaba de la parroquia Pompeya y era delegado de la Universidad ante el SOEME.

Conforme lo explicó en la audiencia, durante la gestión de Cincotta y Demarchi en la Universidad lo despidieron, luego fue reincorporado debido a la intervención del Secretario de la CGT de apellido Morelli y nuevamente cesanteado cuando se produjo el golpe militar.

Asimismo, debido a las actividades que desarrollaba, en los interrogatorios le consultaban por personas vinculadas al quehacer político y le enseñaban fotografías con la intención que los individualizara, dejando fuera de discusión que los tormentos a él impuestos tenían por presupuesto su condición política.

De ella da cuenta también la documentación adquirida de los registros de la ex Dirección Departamental de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en tanto menciona los pormenores de una concreta investigación a realizarse sobre su persona para la obtención de datos acerca de su perfil ideológico.

Allí se consigna que se tomó conocimiento que Catalano sería activista estudiantil, figurando inscripto en el laboratorio de idiomas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y, por la información colectada, significaría un latente factor de excitación dentro de ése ámbito.

También menciona el episodio por él relatado en la audiencia en lo concerniente a la actividad que determinó su expulsión dentro de la Universidad, a la posterior gestión realizada por Morelli para que se dejara sin efecto la medida y a su presunta participación posterior en huelgas estudiantiles perteneciendo a la organización Montoneros.

Así, refiere el citado documento que "El 30 de abril de 1976, fue dado de baja como no docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la mencionada Universidad. Habría participado de huelgas estudiantiles en la Facultad de Arquitectura perteneciendo a la BDS Montoneros. En oportunidad de producirse una limpieza de elementos izquierdistas dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un delegado de SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de Cultura y Educación) intercedió para que se lo excluyera de las listas de limitaciones".

En el desenvolvimiento de la pesquisa efectuada por el mentado organismo de inteligencia, la sede central emplazada en la Capital Federal solicitó a su par en esta ciudad la ratificación de esa información, como así también su ampliación y actualización.

Estos extremos fueron volcados en el parte n 259/1, en el cual, luego de efectuar un amplio desarrollo referente a su núcleo familiar, se determinó que "No se ha podido establecer con exactitud si actualmente mantiene algún tipo de actividad política pero por sus movimientos da la impresión que es negativo, no obstante se ha podido establecer por antecedentes que obran en la Universidad Local que el mismo ha sido catalogado años atrás como perteneciente a la Banda de Delincuentes Subversivos MONTONEROS, pero como se estableciera anteriormente no registra ningún tipo de antecedentes que ratifiquen dichos conceptos. Durante el periodo que CATALANO se domiciliaba en la calle Córdoba se la ha visto con un automóvil pequeño color claro y manteniendo reuniones en el lugar con desconocidos en altas horas de la noche y madrugada. - Por todo lo expuesto se llega a la conclusión que en la actualidad no existe ningún tipo de irregularidad en su vida que lleve a pensar que podría estar vinculado a una Banda de Delincuentes Subversivos. Se continúa observando permanentemente los movimientos del nombrado CATALANO y de establecerse cualquier acto que lo involucre a la BDS se procederá de inmediato.".

Queda claro entonces que el motivo determinante de su aprehensión y los tormentos de los que fue objeto radicó en su militancia de signo político, faceta de su personalidad relevada aún luego de su detención en la Base Naval de esta ciudad como lo atestigua el citado informe de la ex DIPBA.

Con la prueba relevada hasta aquí entendemos debidamente comprobado que Norberto Pedro Catalano y Oscar Rudnik resultaron privados ilegalmente de su libertad por miembros de la Fuerza de Tareas n 6 en las circunstancias temporo-espaciales aludidas; conducidos y alojados en instalaciones de la Base Naval de esta ciudad -polígono de tiro y zona de playas- donde fueron sometidos a tormentos debido a su condición política para, finalmente, ser puestos en libertad -luego de transcurridos entre siete y diez días en el caso de Catalano y el 25 de junio en el caso de Rudnik-.

Por su participación en los eventos mencionados deberá responder Justo Alberto Ignacio Ortiz como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia; e imposición de tormentos agravados por ser cometido en perjuicio de un perseguido político.

3. Hechos en perjuicio de José Ángel NICOLÓ

3.A. Conducta atribuida

Conforme lo permitió acreditar el caudal probatorio incorporado al debate, José Ángel Nicoló fue privado ilegalmente de su libertad por un grupo compuesto por más de cinco personas vestidas de civil pertenecientes a la Fuerza de Tareas n 6 de esta ciudad, comandadas por Narciso Ángel Racedo, el 7 de julio de 1976 entre las 15.30 y 16.00 horas.

Ese día, la comisión ingresó al local comercial de su propiedad sito en calle Figueroa Alcorta, esquina 12 de Octubre, y, luego de identificar a los ocasionales clientes que se encontraban allí, procedieron a encapucharlo y trasladarlo mediante el uso de la fuerza en un automóvil Ford Falcón color celeste, a dependencias de la Base Naval.

Allí fue mantenido cautivo y sufrió interrogatorios con golpes continuos, dirigidos, en una oportunidad, por quien se identificó como "El Comisario" -Ángel Narciso Racedo-y tres personas más, y, en otras, por un sujeto cuya denominación respondía a la de "César" -Julio César Fulgencio Falcke-.

Transcurridos diez días de cautiverio en los que permaneció alojado en el polígono de tiro, las carpas en la playa y un tercer lugar cerrado que no logró identificar, el 16 de julio fue introducido en la misma unidad automotriz que se utilizó para su secuestro y, previa suscripción de unos papeles concernientes a la devolución de las pertenencias de las cuales había sido despojado, fue puesto en libertad.

3.B. Prueba de la materialidad de los hechos

La ocurrencia de los eventos tal cual fueron descriptos precedentemente puede afirmarse, en primer lugar, reparando en el extenso, contundente y pormenorizado relato de la víctima, José Ángel Nicoló.

Así es, en oportunidad de concurrir al Tribunal narró que el 7 de julio de 1976 se encontraba atendiendo al público en el negocio de venta de libros y discos de su propiedad sito en calle Figueroa Alcorta, casi 12 de octubre, cuando irrumpió en el lugar un grupo compuesto por más de cinco personas vestidas de civil, bajo el mando de un hombre alto y de consistencia fornida que se hacía llamar "el comisario", y, luego de requerir la documentación de los ocasionales clientes que se encontraban allí, los hicieron retirar.

Puntualmente recordó que "el comisario" era el que comandaba a los demás y, de las personas que lo secundaban, una pedía la documentación personal mientras que el resto se mantenían parados, indicándole a la gente que se encontraba comprando que se retirara.

En esas instancias ingresó su socio, Marcos Boldrini, quien, luego de preguntar que estaba ocurriendo, mantuvo una discusión con el individuo a cargo del grupo respecto de su negativa a presentar la documentación frente al requerimiento que al efecto le cursaron, protesta que culminó con su interpelación mediante la exhibición de un arma de fuego.

Luego de que "el comisario" revisara la documentación de ambos, a su socio lo subieron a un Torino de color marrón y a él lo condujeron hasta un vehículo Ford Fálcon celeste, desvencijado y sin alfombras que también se encontraba en la puerta, enterándose, una vez que recuperó la libertad, que a Boldrini lo habían dejado en calle 41.

Inmediatamente le colocaron una capucha y lo introdujeron mediante una zancadilla en el habitáculo del rodado, ámbito en el que percibió la presencia de tres personas -una al lado suyo y el que manejaba junto a otra más- que comenzaron a dirigirle puntapiés en las costillas e interrogarlo acerca del paradero de "Sanjurjo", sin poder comprender a quién se referían.

Memoró que realizaron un trayecto corto -en referencia al negocio que se encontraba emplazado en la zona del puerto- hasta que arribaron a un lugar que intuyó se trataba de la Base Naval.

A dicha conclusión arribó pues, según lo explicó, un compañero suyo ya fallecido -Oscar Rudnik-, le manifestó haber permanecido cautivo en ese lugar entre siete y ocho días con anterioridad a su detención, comentándole algunos detalles que pudo corroborar mientras estuvo allí, cuestiones de las que nos encargaremos más adelante al brindar los motivos por los cuales entendemos con certeza que el nombrado fue alojado ilegalmente en las instalaciones de la mencionada dependencia de la Armada.

Continuando con su relato manifestó que, maniatadas sus manos a la espalda con un cinturón de cuero, lo trasladaron a un lugar cerrado, con piso de mosaico, que podía ser una oficina. Lo sentaron en una silla y comenzaron los interrogatorios con golpes, uno de los cuales impactó en su cabeza produciéndole una hemorragia en el acto.

El interrogatorio -guiado por el "Comisario" y del cual participaron dos sujetos más, uno de los cuales pudo reconocer su voz como el que conducía el rodado en el que lo introdujeron al producirse su secuestro- tuvo la sensación que se cernía también sobre otra persona, y versó casi con exclusividad en torno a la situación de "Sanjurjo", incluyendo la exhibición de fotografías, tipo carnet, de individuos que tenían militancia por aquél entonces, actividad que también realizaba el declarante, en el seno de la Juventud Universitaria Peronista y en la Facultad de Humanidades.

Conforme lo expresó, mientras se desenvolvía la secuencia le rompieron la ropa y jugaron a la "ruleta rusa" hasta que llegó al punto en que se dan cuenta, luego de aproximadamente dos horas, que no conocía al mencionado "Sanjurjo".

En cuanto al rol que desempeñaban sus captores en esas instancias, refirió que "...el comisario es el que lo interroga; el comisario iba y venía, mientras el comisario no estaba, esas dos personas lo interrogaban y le pegaban, le hacen un ruleta rusa y gatillan, y le decían que le dijera al comisario todo lo que sabía, que sino se la iba a hacer pasar mal".

Su periplo continuó con el traslado por una corta distancia, encapuchado y junto a otras personas -entre cinco y seis-, hasta un lugar pequeño que, a posteriori, por haber hecho el servicio militar y haber estado en un polígono con anterioridad, tuvo la sensación que se trataba de una edificación de esas características. Allí se accedía, bajando unas escaleras de cemento rústico, hacia un piso de idénticas características, donde lo colocaron contra una pared y percibió una luz fuerte que irradiaba calor.

Permanecieron toda la noche en el lugar, parados durante bastante tiempo hasta que se hizo el mediodía y los llevaron a almorzar; entonces, les hicieron levantar la capucha, contra la pared, y les dieron comida sin cubiertos ni agua.

De ahí volvieron a ser transportados a una especie de lugar cerrado que parecía un pasillo con una pared y, a la hora aproximadamente, los hicieron pasar a un lugar donde los fotografiaron sin capucha, mientras que quien tomaba las imágenes mantenía oculto su rostro con una de ellas.

Culminada la sesión, le desataron las manos y se dirigieron a un espacio donde inmediatamente sintió que pisaban arena. Caminaron cien metros y arribaron a un sector donde percibió la existencia de una puerta metálica, quedando alojado allí hasta el día lunes 12 de julio, junto a otras seis o siete personas, en una carpa.

Durante el transcurso de su declaración brindada en la audiencia expuso de manera circunstancia cómo se desarrollaron los siguientes días que pasó en cautiverio.

Así sostuvo que el 9 de julio, estando en las carpas, escuchó el acto que se hizo en la Armada, la arenga del comandante y la visita, piensa que de un oficial, que pasó preguntando cómo estaba, a lo que no respondió pues, su estado, "era obvio".

El día 10 les proporcionaron otra manta -la primera se la habían dado el día anterior- y el día 11 ya tenían otra más junto a un colchón.

El lunes 12 se produce el movimiento natural de una guarnición: escuchó que despegó un avión y, como una de las mantas tenía un agujero, se sacó la capucha, vio la baliza y el espejo de agua; también sentía los autos que entraban al Club Náutico.

Ese día a la noche los sacaron de las carpas trasladándolos a un lugar cerrado en el que se notaba la existencia de colchones; los ubican a cada uno en una cama y los ataron para dormir a todos en una especie de hilera.

Conforme se desglosó de su deposición, durante esos días tenía incertidumbre acerca de los motivos por los cuales estaba detenido -más allá de su militancia política y las preguntas acerca de "Sanjurjo", personaje que le era desconocido- razón por la cual ideó alguna estrategia para intentar hablar con alguien sobre el tema.

Así fue que, la noche del día 12, reconoció la voz del "comisario" y le dijo que quería hablar con él; éste lo apartó del grupo y, en esas instancias, se sacó la capucha y lo miró a la cara, notando en su interlocutor un gesto de sorpresa. Le preguntó qué pasaba con él, porqué lo interrogaban sobre algo que desconocía, recibiendo únicamente como respuesta la manifestación acerca de si quería declarar, para luego ponerlo en la cama, donde se quedó recostado.

Recordó también que esa noche sintió un murmullo y escuchó la voz de una mujer joven que preguntó "Miguel, estas ahí... ?" y le respondieron "si, acá estoy..." Esa chica, que se identificó como "Patricia", dijo que la violaron con un fierro en la vagina y la llevaron al hospital donde la mantuvieron internada.

Pudo observar su rostro por ese agujero de la manta, no estaba encapuchada sino que tenía los ojos vendados, pelo castaño y tez blanca. Después de ese episodio no la escuchó más ni supo de ella, sí de "Miguel", respecto de quien le preguntaron en varias ocasiones. Luego pudo saber que el apellido de Patricia era Molinari, en tanto, el de Miguel, era vasco: "Ernandorena".

Llegó el día martes y, a la tarde, después de llevarlo a las carpas donde quedaron todo el día, se acercó una persona que le preguntó si quería hablar: comenzaron un dialogo acerca de quién era, qué hacía, que le preguntaban por alguien que no conocía y que él tenía militancia política pública, recibiendo como respuesta socarrona la frase "entonces te voy a tener que dejar en libertad...".

Ese día, la persona que lo interrogó con anterioridad, retornó con un abrigo para inquirirle si lo reconocía y, como efectivamente era de su pertenencia, le preguntó si habían allanado su casa, recibiendo como respuesta que lo había traído su padre, temperamento que le hizo suponer que estaba "blanqueado".

Escuchó nuevamente la voz del "comisario" que mantenía una conversación con "Miguel" y, en esas instancias, se produjo un careo entre ambos: mientras el comisario le dijo al declarante "vos decís que no conocés a Sanjurjo", aquél a quien identificó como "Miguel" - con evidentes signos de castigo y muy quebrado- le refirió que "vos me lo presentaste a Sanjurjo y esa persona fue la que la metió en esto".

Tiempo después pudo reconocer quien era Miguel y que formaba parte del cuerpo de delegados de la JUP pero, no obstante la concreta referencia que le dirigió, insistió en que no conocía a esa persona, o al menos no con ese nombre.

Transcurrido unos instantes, se le acercó otra persona que describió como corpulenta, de 1.74 mts., aspecto fornido, tez blanca, pelo castaño, que se identificó como "César".

Lo sacó de la zona de las carpas, le retiró la capucha y le dijo que podía ser que saliera en libertad pero que no era ningún "perejil"; que podía quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional si seguía colaborando.

Al anochecer lo condujeron nuevamente al sector cerrado y, al día siguiente -jueves-, se presentó nuevamente esa persona para llevarlo a otro lugar también cerrado donde se notaba que había más gente.

Allí volvieron a interrogarlo con mayor precisión sobre un tema específico: "propaganda". Las preguntas giraban en torno a si conocía gente que actuaba en propaganda de Montoneros, a lo que respondió que no puesto que estaba alejado de la Juventud Peronista y de esa gente era muy difícil saber quiénes eran.

Momentos después, nuevamente en el sector cerrado, sintió pasos y la voz de "César", quien lo apartó, le desató las manos y le dijo "nos vamos".

Pese a estar encapuchado reconoció el Falcón azul-celeste, en el que lo condujeron a la Base Naval. Lo alojaron en la parte de atrás y, mientras avanzaba el vehículo, le querían hacer firmar -amenaza con una pistola mediante- un papel en el que decía "un reloj seiko, dinero, anillo...", resultando los efectos que le habían sustraído con anterioridad.

Le preguntaron durante el trayecto a qué dirección lo trasladaban pero, al llegar a Juan B. Justo, divisó la parada de taxis y les pidió que lo dejasen allí.

Previo a descender del rodado César le manifestó que no se podía alejar de Mar del Plata, entregándole un teléfono para avisar en caso de que ello ocurra que tenía una inscripción que decía "COIN" -Contra Inteligencia Naval-, al que nunca llamó.

Frente a ello le contestó que generalmente estaba en Minoridad, en el Instituto "Arenasa", donde trabajaba a la mañana, y, a la tarde, en su negocio, pudiéndolo ubicar allí.

Finalmente pautaron una cita a llevarse a cabo en una semana en el café "Doria", a las 7 de la tarde.

A los siete días -23 de julio- concurrió al lugar acordado para el encuentro.

Se presentó la persona autodenominada César y le volvió a preguntar por "Sanjurjo", a lo que contestó nuevamente que no lo conocía; le repitió ese nombre con el agregado de "Calu" y percibió su asombro por el dato, lo interrogó sobre su conocimiento y le hizo un gesto con las manos, en referencia a que "ya lo tenían".

En ese momento supo que "Sanjurjo" y "Calú" se trataban de la misma persona a la que conocía como Carlos Oliva, la cual realizaba militancia política junto a su mujer y, con el paso de los años descubrió, por intermedio de una nota periodística, que había fallecido en un "enfrentamiento" en Puerto Belgrano.

Si bien desconocía concretamente las tareas políticas que realizaba Oliva, asoció la detención de su amigo Rudnik con el grupo que estaba a cargo de aquél toda vez que esos jóvenes eran estudiantes de artes visuales y, uno de ellos, había requerido sus servicios en la confección de material de imprenta bajo la técnica del "Planograf", precisamente lo que buscaban las personas que lo secuestraron.

Respecto de estas personas pertenecientes al grupo de Artes Visuales, recordó que él fue uno de los fundadores de la FUP en el año 1973 y existía un cuerpo de delegados que representaba a escuelas o facultades, resultando que "Miguel" era responsable de una de ellas.

Efectuando aquí un breve paréntesis en el relato de Nicoló, debemos recalcar que su conjetura encontró, en los elementos incorporados al debate, su cabal comprobación.

En efecto, de las constancias obrantes en el expediente n 610 seguido a Molinari, Cángaro, Erreguerena, Valente, Datto y Ferrecio y de sus propias declaraciones en el debate, surge con claridad que los nombrados pertenecían a la facultad de Artes Visuales, su vinculación con "Calu" o "Sanjurjo" -Carlos Oliva-, como así también que en los procedimientos celebrados en el marco de ese legajo se secuestró material de las características apuntadas.

Es que ellos conformaban, junto a otras víctimas que forman parte de este proceso, el aparato de prensa y propaganda del que nos habla el memorando IFI n 26 de la Prefectura Naval Argentina.

En dicha pieza expresamente se hace alusión a sus detenciones, a sus funciones dentro de la organización y a los procedimientos que seguirían efectuando los miembros de la Fuerza de Tareas n 6 en pos de su desbaratamiento, extremo que vincula a Rudnik -y accidentalmente a Catalano- con sus detenciones debido a su actividad en el rubro del Planograf que ejercía aquél.

Retomando la versión que aportó Nicoló en la audiencia, luego de recuperar su libertad recibió varias "visitas" por parte de la persona que identificó como César, temperamento que le hizo suponer que seguía bajo vigilancia.

Uno de esos episodios aconteció aproximadamente al año de su secuestro, en oportunidad que éste aprovechó la salida de su negocio y lo interceptó expresándole que "tenían que hablar".

Nuevamente lo subieron en el Renault 12 lacre, manifestándole César que había un problema ya que el GADA iba a hacer un operativo y él estaba en la lista.

Lo trasladaron hasta una casa en calle Jara, pasando libertad; entró el auto al garaje y lo invitó a pasar. Comieron junto a un soldado con acento provinciano que preparó la comida y comenzaron a querer sacarle información mediante aprietes -le decían que era peligroso, que el GADA lo podía llevar-.

Terminada la cena esa persona comenzó a beber y le preguntaba qué hacía ahí; no le contestó y, al divisar colgando las llaves en la puerta, le manifestó - con cierto temor- que se iba, culminando allí el contacto.

Respecto a las gestiones realizadas para averiguar su paradero mientras permaneció cautivo, memoró que cuando lo detienen a Rudnik se encontró en el centro con un abogado llamado Carlos Alberto Fernández Pellegrini, al cual le confió que habían detenido a un compañero y si, en caso de que le ocurriera lo mismo, él se podía hacer cargo. Aquel le dio la tarjeta y, una vez que se produjo su secuestro, su mujer y su padre mantuvieron una entrevista en su estudio.

Le comentaron luego que cuando se reunieron estaba próximo el feriado por lo que era difícil hacer el habeas corpus, optando por recorrer el GADA, la Policía Federal y la Base Naval. No supo a quién vieron en este último lugar, pero sabe de un diálogo que le confió su padre en el sentido que cuando concurrió allí le dijeron que él "era montonero".

Como se advierte del minucioso relato que desarrollamos precedentemente, existen múltiples razones basadas en evidencias para sostener, al margen de toda duda racional, que José Ángel Nicoló fue privado violentamente de su libertad por integrantes de la Armada de Mar del Plata y permaneció cautivo en el apostadero naval que ofició de órgano de decisión y ejecución de la Fuerza de Tareas n 6: la Base Naval.

En este sentido, más allá del conocimiento que podría haber tenido del lugar en razón de la cercanía respecto del negocio en el que desarrollaba su actividad comercial habitual y las referencias al respecto brindadas por Oscar Rudnik -respecto de quien, dicho sea de paso, también se tuvo por acreditado que permaneció detenido en la Base Naval al tratar el hecho que lo damnificó-, vivenció durante su cautiverio circunstancias que, de no haber permanecido efectivamente allí, no podrían haber sido percibidas por sus sentidos.

En primer lugar, escuchó la conversación que mantuvieron en esos ámbitos Patricia Yolanda Molinari y Miguel Ángel Erreguerena momentos después que la primera sufriera abusos sexuales en la Base Naval, acreditados con el relato de ambos y las constancias médicas incorporadas al debate -ver actuaciones de fs. 4278/83 correspondientes a la causa 2286-.

Cabe mencionar, descartando cualquier suspicacia que pudiera suscitarse al respecto, que Molinari declaró acerca de la situación que padeció -y por ende respecto de este detalle específico también- por primera vez el marco de la presente causa, con lo cual no parece posible que el conocimiento adquirido por Nicoló sobre dicho aspecto pueda provenir de otra circunstancia que su especifica apreciación instantes después de ocurrido.

Sobre todo si se tiene en cuenta que Cángaro, de comprobada permanencia junto a Erreguerena y Molinari en la Base Naval, al prestar declaración ante el Tribunal mencionó un episodio en el que uno de sus captores se trasladó a la carpa contigua en la que se encontraba y, luego de mantener un diálogo con una persona que estaba alojada allí, aquél le expresó que "saldría mañana y los otros no, ya que José Nicoló hay un solo".

Reparando entonces en el ámbito físico en el que el intercambio de palabras tuvo lugar y la expresa referencia a la futura libertad que le anoticiaban en esas instancias, sólo puede concluirse que los protagonistas -Erreguerena, Molinari, Cángaro y Nicoló-permanecieron cautivos, por lo menos temporalmente, en las carpas emplazadas por aquella época en la playa de la Base Naval, cuya existencia y extensión pudimos comprobar junto a las partes al momento de realizar la inspección ocular en el predio.

Las coincidencias que se perciben en la totalidad de sus relatos en cuanto a su estadía en infraestructuras de ese estilo y su emplazamiento en la arena permiten acreditar ese extremo, como así también la percepción de aquella conversación que Nicoló atribuyó a Molinari y Erreguerena.

Claro que ése no fue el único sector de la Base Naval en la que permaneció detenido pues, como lo expresó, también creyó haber estado en el interior de una estructura similar a las acondicionadas para la práctica de tiro.

Al tratar los aspectos generales del centro clandestino en cuestión, hemos tenido por cierto y comprobado que uno de los lugares físicos destinados en las postrimerías del golpe de estado para la mantención de personas detenidas lo constituyó precisamente el polígono que funcionaba en la Base Naval.

Sin embargo esta posibilidad, es decir su permanencia en esos espacios físicos, fue puesta en duda por la defensa oficial con fundamento en que las descripciones de las víctimas que mencionaron haber permanecido allí no resultaron, a su entender, irrefutables.

Refirió el Dr. Vázquez, al respecto, que "En efecto, Lerner afirma que estuvo allí, pero su descripción no coincide acabadamente con lo que vimos es el polígono, que hablaba de lugar cerrado y de paneles. Es verdad que se me puede responder que el paso del tiempo varió el lugar, pero el propio Hoffman dice también que por entonces era un lugar abierto como así lo vimos en la inspección ocular realizada.-

En cuanto a Rudnik, su hermana señala que aquel le dijo que era "como" un polígono de tiro, Nicoló también creyó que lo era pero no lo afirma, y Catalano que es el otro testigo que se emplea para esta acreditación parcial, no habla de polígono, sino de un cuarto relativamente chico con paneles acústicos, aunque señala que estaba vendado, por lo que esa afirmación también parece relativa.".

Dos concretos cuestionamientos subyacen entonces en el argumento defensista: a) que el polígono de tiro se trataba de un lugar completamente abierto y b) que los testigos no lo mencionaron concluyentemente como el lugar donde permanecieron cautivos.

Sin embargo, a poco que reparamos en sus declaraciones se aprecia que las críticas ensayadas carecen de consistencia para erigirse en obstáculo que ponga en duda este extremo.

Veamos porqué.

Pablo Lerner en el desarrollo de su relato producido en la audiencia de debate correspondiente a la causa 2286 refirió que en una ocasión lo llevaron desde el lugar donde permanecía cautivo a la playa porque iban a usar sus instalaciones, escuchándose disparos a corta distancia.

En cuanto a su estructura, se descendía por una escalera, se escuchaba el ruido del mar y, pese a que se llovía en su interior, a su entender se trataba de un lugar techado -ver declaración pronunciada en la causa n 2286 e incorporada al debate por su lectura-.

Rudnik, por su parte, dijo que "en un momento, para comer, es que podíamos levantar un poquitito la capucha, en un momento levanté así y vi en una madera --estaba yo en el polígono- que decía "Base Naval Mar del Plata""-ver declaración obrante en el legajo de prueba n 9, incorporado al debate en los términos del artículo 392 del C.P.P.N.-

En similares términos se pronunció en la audiencia de debate Catalano, expresando que el polígono era un lugar relativamente chico y cercano al mar al que se accedía descendiendo unas escaleras, con paneles acústicos en las paredes que pudo observar por debajo de la capucha que tenía colocada. A su entender se trataba de una edificación abierta por que hacía mucho frío, con piso de cemento y una luz blanca a la que se acercaba para tener calor.

Y vimos oportunamente que Nicoló expresó que fue trasladado hasta un lugar pequeño que, a posteriori, por haber hecho el servicio militar y haber estado en un polígono, tuvo la sensación que se trataba de una edificación de esas características. Allí se accedía bajando unas escaleras de cemento rústico, hacia un piso de idénticas características, donde lo colocaron contra una pared y percibió una luz fuerte que irradiaba calor.

Pues bien, del análisis específico efectuado hasta aquí debemos señalar, discrepando con lo sostenido por la Defensa Oficial, que sus percepciones y las de Nicoló pudieron ser comprobadas por los suscriptos y las partes al momento de realizar la inspección ocular en el lugar puesto que advertimos, con toda claridad, que el polígono se encuentra emplazado casi sobre la superficie del mar y, para su ingreso, debimos descender unas escaleras de cemento.

Por cierto que soslaya en su análisis los dichos de Rudnik en cuanto a la concreta individualización que produce, pero sí utiliza los de su hermana que, por obvias razones, no son concluyentes en su aislada ponderación.

Ello no obedeció a los reparos genéricos formulados en cuanto a las declaraciones protocolizadas en las actas que documentaron el juicio por la verdad que recibieron oportuna respuesta puesto que la prestada por él fue objeto de análisis en su alegato al momento de examinar la responsabilidad de Julio César Fulgencio Falcke.

Lo propio ocurre con una sugerente afirmación vertida por Lerner respecto a que lo sacaron del lugar y de inmediato comenzó a escuchar disparos a corta distancia si tenemos en cuenta que, de la inspección ocular realizada y los testimonios escuchados en el debate, sólo surgió como un lugar apto para la práctica de tiro aquél al que venimos haciendo referencia.

Asimismo, en cuanto al primer agravio introducido, la supuesta divergencia en que repara la defensa en cuanto a si se trataba de un ámbito cerrado o abierto no es tal, toda vez que la estructura en cuestión posee un primer tramo techado, actualmente pintado de color verde, y uno que no, con lo cual ambas sensaciones referidas por los testigos, presente las condiciones de detención en que se encontraban -capucha de por medio-, son perfectamente posibles -confrontar, en esta inteligencia, fotografías de la inspección ocular identificadas como IMG-3464 a 3474 todas bajo la extensión de formato digital JPG-.

Las consideraciones vertidas precedentemente resultan suficientes para dejar sin sustento la supuesta duda introducida, resultando acreditado que las víctimas referidas permanecieron alojadas en el polígono de tiro que funcionaba en la Base Naval.

Pero más allá de los específicos ámbitos en los que se comprobó su permanencia, existen también otros indicios concordantes que permiten acreditar que ellos se encontraban emplazados en el predio de esa dependencia.

En este sentido, conforme la versión que Nicoló aportó al Tribunal, el componente esencial del interrogatorio al que fue sometido -y que tuvo derivaciones una vez que obtuvo su libertad- lo constituyó el interés por la situación de una persona apodada "Sanjurjo".

Ha quedado claro en el marco del debate celebrado que se trataba de Carlos Oliva, integrante orgánico de la agrupación Montoneros y vinculado al grupo de Artes Visuales, el cual fue detenido y conducido junto a su mujer, Susana Martinelli, a la Base Naval de esta ciudad previo a ser derivados a su similar de Puerto Belgrano -confrontar, en esta inteligencia, testimonios de Carlos Alberto Pellegrini, Beatriz Isabel Harboure, Miguel Ángel Erreguerena, Patricia Yolanda Molinari, Luisa Fernanda Martínez Iglesias, Alberto José Cortez, Graciela Beatriz Datto, Héctor Alberto Ferrecio, Pablo José Galileo Mancini, José Luis Anselmo, María Susana Barciulli, José Luis Soler, Lucía Natividad de las Mercedes Aquino y memorando IFI n 26 de la Prefectura Naval Argentina-.

Aparece entonces un dato de relevancia si se tiene en cuenta el modo comprobado en que se llevó a cabo la "actividad de inteligencia" para el desarrollo de la lucha contra la subversión en esta ciudad, pues resulta claro que si el interrogatorio del que fue objeto se refería primordialmente a Oliva y éste fue detenido con posterioridad y alojado en la Base Naval, su aprehensión mucho tuvo que ver con el interés que se cernía sobre aquél -como así también sobre los que formaban parte del aparato logístico de la agrupación- por parte de la Fuerza de Tareas n 6.

La hipótesis opuesta, es decir que se tratara de organismos distintos los que interrogaron insistentemente a Nicoló sobre Oliva y los que finalmente lo detuvieron y condujeron a la Base Naval, no encuentra en los elementos incorporados al debate el más mínimo respaldo, sino todo lo contrario.

Sobre todo si se tiene en cuenta que en la reunión que la víctima mantuvo tiempo después de recuperar la libertad con la persona identificada como "César", éste le refirió que "Sanjurjo ya estaba", en lo que claramente debe entenderse como su efectiva aprehensión.

Y que ella, por lo demás, fue expresamente confirmada por Lombardo, Comandante de la Fuerza de Tareas n6 durante el año 1977 en la nota dirigida al progenitor de Martinelli, mencionando que Oliva fue detenido en una oficina pública mientras que la nombrada lo fue en la casa de Alberto Jorge Pellegrini -cfr. legajo conadep de Juan Carlos Oliva-.

De igual modo, la concreta sindicación que Nicoló produjo acerca de uno de los integrantes del grupo que lo privó de su libertad e interrogó en sitio al que fue derivado -"el comisario"-, se encargó de completar el panorama probatorio afín a la idea que venimos sosteniendo.

Basta aquí decir -por cuanto su situación se analizará al tratar la responsabilidad que le cupo en los eventos por los que fue considerado penalmente responsable-, que la prueba rendida en el debate fue concluyente en tanto permitió establecer categóricamente que esa persona se trató de Narciso Ángel Racedo, Suboficial de Inteligencia de Marina de la Base Naval de Mar del Plata.

También existen elementos para sostener que la persona que Nicoló sindicó bajo el nombre de César, se trataba del imputado Julio César Fulgencio Falcke.

En primer lugar, la prueba rendida dió cuenta que ambos -Racedo y Falcke-realizaban sus actividades en forma conjunta, unidos por una relación de jerarquía dentro de la división de contrainteligencia de la Base Naval -ver legajos de conceptos, particularmente las sanciones impuestas por la actividad arbitral de Racedo-.

En segundo lugar, conforme surge de sus planillas de calificaciones, Falcke revistó como Jefe de ése Departamento en el período comprendido entre el 03/02/76 al 20/2/78, precisamente la sigla -COIN- que Nicoló pudo advertir inscripta en la tarjeta que "César" le entregó, conforme sus dichos, junto a un teléfono para avisar en caso de que decidiera ausentarse de su domicilio una vez que recobró su libertad.

Éste, a su vez, aparece rubricando las actas de detención de Molinari, Cángaro y Erreguerena, resultando ineludible la estrecha vinculación de esos sucesos con el presente si se tiene en cuenta que, incluso en cautiverio, Nicoló y Erreguerena fueron careados por Racedo respecto de la situación de "Sanjurjo", responsable del aparato de propaganda de "Montoneros" a estarse al contenido del memorando ifi n 26 de la Prefectura Naval.

Al analizar entonces la maniobra que los perjudicó, no debemos perder de vista que la forma centralizada en la cual se desarrolló la actividad de inteligencia en este período, específicamente la investigación militar de la que nos habla el PLACINTARA, importa consentir que la situación de los nombrados, concretamente sus aprehensiones y los interrogatorios de los que fueron objeto, resultaron el producto de una única lógica de actuación que los tenía como "blanco global" debido a las interrelaciones orgánicas que presentaban entre ellos.

Dicha circunstancia es precisamente la que explica que en todos los casos narrados -pese a que en alguno de ellos no se encuentran legitimados pasivamente todos sus participantes- se repitan idénticos protagonistas y lugares físicos, como así también las características del modus operandi implementado.

Pero no culminan allí las evidencias que permiten asociar al individuo que se presentó ante él como "César" y Falcke.

En efecto, ya pusimos de relieve la conversación que Cángaro percibió auditivamente en la zona de carpas respecto a la inminente liberación de Nicoló, encuentro que fue también mencionado por la víctima cuyo caso se analiza en este acápite en el sentido que ésa información fue brindada por César.

Pues bien, conforme la secuencia mencionada por Cángaro, el sujeto que mantuvo el intercambio de palabras con Nicoló instantes antes se presentó ante él a cara descubierta, permitiéndole observar sus facciones que, más allá de mencionarlas expresamente, fueron volcadas en un identikit que acercó al Tribunal y resultó incorporado en los términos del artículo 388 del Código Procesal Penal de la Nación.

Concretamente dijo al respecto que "en el mismo período vino una persona que le levantó la capucha y le vio la cara, de poco pelo unos 45 años, lo que hizo con levantarle la capucha y que se viera la cara era una cuestión intimidatoria; le llamó la atención que tenía ojeras pronunciadas, la tez blanca, y los dedos muy amarillos como una persona muy fumadora... a su vez el declarante le dijo por qué se dejaba ver la cara, que tenía mucha memoria y le contestó que entonces no lo iban a dejar salir; esta persona se trasladó a la carpa de al lado y el que estaba adentro le dijo que le dolían mucho los testículos por la picana, y escuchó cuando le preguntó que "cuándo iba a salir"? le contestó que "mañana" y "los otros no", que "José Nicoló hay un solo" así se enteró de ese nombre...".

Consultado nuevamente respecto de esta persona, Cángaro mencionó que "estaba de civil, de 1,65 baja estatura, pelo a los costados de la cabeza, con labios finos y morados como la persona que tiene frío -que hacía mucho- y los tenía morados, era muy cínico, y notó que al fumar tenía en los dedos las marcas típicas de la nicotina...".

Cabe destacar que la descripción volcada en el identikit al que hicimos alusión guarda evidente similitud con la fisonomía de Julio César Fulgencio Falcke, no sólo comparándola con las fotografías obrantes en su legajo de conceptos en época cercana a los hechos, sino con la que posee en la actualidad pese al paso de los años, todo lo cual permite establecer que la persona que se identificó ante Nicoló como César -y que momentos antes se presentó ante Cángaro- y Julio César Fulgencio Falcke, se trataba de la misma persona.

También mencionó la víctima en el debate que "..."César" nunca supo quien era, solo hay una referencia que le hizo "Rudnik" porque también lo visitaba a éste...".

Acerca de este caso escuchamos en el debate a Adriana Noemí Rudnik, quien recordó una situación ocurrida tiempo después de que su hermano recuperó la libertad cuando ingresó a su casa un individuo que, según aquél, lo vigilaba, tratándose de un individuo petiso y calvo que vestía pantalones de jeans.

Por su parte Oscar, en la declaración prestada durante el juicio por la verdad, memoró que dos años después de recuperada su libertad iba para su casa y observó enfrente un Taunus rojo que le pareció sospechoso. Siguió derecho, tomó un taxi, pasó por ahí y le solicitó a la persona que conducía que le describiera al individuo que se encontraba adentro del rodado, fisonomía que coincidió con la de aquél que lo apuntaba cuando lo liberaron.

Esa noche durmió en un hotel y al otro día fue al negocio. A las doce del mediodía arribó esta persona -era un tipo gordito, repelente, pelado, de ojos celestes de entre 38 y 42 años de edad- que se presentó como César, al que, dentro de la Base, lo apodaban internamente "Frankie" en alusión a Frank Sinatra.

Del panorama precedentemente apuntado, se advierte sin mayor dificultad que las descripciones físicas mencionadas por Nicoló, Cángaro, Adriana y Oscar Rudnik guardan estricta correspondencia entre sí y, sobre todo, con las que nos aportan las vistas fotografías obrantes en el legajo de Falcke, cuanto así también del identikit incorporado al debate.

Si a ello le sumamos que ante Rudnik y Nicoló se presentó bajo el nombre de César y las circunstancias en que ello tuvo lugar -ambos una vez que fueron liberados-, se conforma un cuadro probatorio sólido que permite afirmar la participación de Falcke en este hecho.

Es que no llama la atención, teniendo en consideración la impunidad que desplegó en las maniobras que protagonizó -en los casos de Rudnik, Nicoló y Cángaro actuando incluso a cara descubierta-, que Falcke solicitara durante el año 1978 el cambio de destino bajo el argumento que "Por las actividades que he desarrollado durante 1976 y 1977 considero conveniente mi traslado de la zona".

Mucho menos que ella fuera refrendada por el Jefe de la citada Fuerza de Tareas n 6, Juan José Lombardo, aduciendo que "debe ser embarcado y cambiar la zona por razones de formación profesional y de seguridad respectivamente".

Resulta evidente, a la luz de los acontecimientos probados en esta causa, que la seguridad pretendida por Lombardo con su traslado tenía como antecedente las actividades que aquél había desarrollado como integrante de los grupos operativos que integraban la FUERTAR 6.

Y ello puede afirmarse, también, si se repara en que Narciso Ángel Racedo fue calificado por Falcke en el período comprendido entre el 15/12/75 al 15/11/76, actividad resaltada en segunda instancia por Justo Alberto Ignacio Ortiz ya que aquél se había destacado "...por su espíritu de colaboración e interés en procedimientos antisubversivos...".

Concretamente expresó que era un "Excelente Suboficial. Muy dedicado y entusiasta de su escalafón. Posee excelentes condiciones de investigador. De carácter fuerte y decidido. En varias oportunidades ha demostrado valor y serenidad actuando con rapidez y acierto. Lo considero PROPUESTO PARA EL ASCENSO."

Concatenando las menciones de ambos Jefes acerca de la actuación de su subordinado, queda claro que las "excelentes condiciones de investigador" de Racedo se referían a su intervención en la detección, aprehensión e interrogatorios de los "blancos" pertenecientes, presunta o efectivamente, a organizaciones catalogadas como subversivas.

Así las cosas, un razonamiento lógico implica consentir que si Falcke calificó a Racedo como su subordinado y, a su vez, Ortiz acompañó su concepto con la expresa referencia a las actividades inherentes a la lucha contra la subversión que efectuó aquél, éstos menesteres no le eran ajenos a quien revistaba como Jefe de la División de Contrainteligencia emplazada en el apostadero naval que oficiaba de centro de ejecución de las actividades de la FUERTAR 6.

Las consideraciones hasta aquí vertidas dan cuenta que la privación de la libertad sufrida por José Ángel Nicoló fue ejecutada por personal de esa Fuerza de Tareas -entre los que se encontraban Racedo y Falcke- y que, luego de su consumación, fue trasladado a la Base Naval de esta ciudad, donde estuvo alojado en el polígono de tiro, en el sector de carpas y luego en un ámbito cerrado que no logró identificar.

También pudo comprobarse que desde la génesis de su violenta privación de la libertad fue sometido a la imposición de tormentos.

En efecto, conforme surge de su relato, ni bien lo sometieron le colocaron una capucha en la cabeza y comenzaron a dirigirle puntapíes en las costillas.

Ya en la Base Naval fue sometido a crudas sesiones de interrogatorios en los cuales le propinaban golpes de puño que le originaron una hemorragia en su cabeza, cuanto así también fue sometido a la amenaza que significa la implementación de la conocida metodología de la "ruleta rusa".

Completando el panorama en lo que a este aspecto se refiere, debemos recalcar que no le fueron ajenas, durante su cautiverio en la Base Naval, las restantes condiciones de detención reinantes en el mencionado Centro Clandestino de Detención que entendemos configurativas del delito de imposición de tormentos.

Y al igual que aconteció en otros casos que formaron parte del objeto procesal de la presente causa, los tormentos padecidos por la víctima resultan agravados en la especie por su condición de perseguido político.

Del temprano "seguimiento" que se cernía sobre José Nicoló en cuanto a su actividad política nos hablan los informes de la ex dipba incorporados al debate.

El legajo n 41 Estudiantil mesa "a" efectuado sobre la Universidad Católica de Mar del Plata da cuenta de un informe fechado el 19 de junio de 1968 cuyo asunto consistía en informar acerca de la elección realizada en el centro de estudiantes de Derecho que determinó como vencedora a la "Lista Facultad de Derecho", cuyo secretario era "José Nicoló, Talcahuano 840, LE 5.334.564".

Particularmente refiere que los integrantes de esa lista no registraban antecedentes de ninguna índole en esa Delegación, gozaban de buen concepto y su tendencia ideológica era democrática.

El informe sección "a" 1401 también informó acerca de los comicios celebrados en el Centro de Estudiantes en el año 1974, detallando las listas que se presentaron y consignando, respecto de José Nicoló, Secretario por la Lista Celeste, que el 8 de abril de 1972 se aparta de la Juventud Universitaria Peronista fundando la agrupación Lealtad y Lucha.

Este dato fue confirmado en la audiencia por el nombrado cuando expresó que militaba por aquél entonces en el seno de la Juventud Universitaria Peronista y la Facultad de Humanidades pero que, al momento de ser interrogado durante su detención, le preguntaban por personas que desconocía ya que no seguía formando parte de aquella agrupación, como así también en la referencia de su padre acerca de que era considerado, por quien lo entrevistó en la Base Naval, como "montonero".

A ello debe agregarse su constatada vinculación con la cédula logística de propaganda de Montoneros que formaban, entre otros, los alumnos de la Escuela de Artes Visuales ya mencionados.

En síntesis, el plexo probatorio producido en la causa permitió acreditar, sin margen de duda, que a) José Ángel Nicoló fue secuestrado violentamente por personal de la Marina -entre los que se encontraba Narciso Ángel Racedo- el 7 de julio de 1976 de su negocio comercial sito en calle Figueroa Alcorta, esquina 12 de octubre, de Mar del Plata; b) fue trasladado a ámbitos que le pertenecían a la Fuerza de Tareas n 6 donde sus autoridades ejercían su imperium -con seguridad zona del polígono de tiro y de carpas- en los cuales fue sometido a interrogatorios con torturas físicas y psíquicas en razón de su compromiso político de los que participaron Ángel Narciso Racedo y Julio César Fulgencio Falcke y, c) finalmente, puesto en libertad el 16 de julio de 1976 en una secuencia en la que también participó el nombrado en último término.

Por su participación en los hechos descriptos deberán responder Justo Alberto Ignacio Ortiz, Narciso Ángel Racedo y Julio César Fulgencio Falcke como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia e imposición de tormentos agravados por ser cometido en perjuicio de un perseguido político.

C) El desbaratamiento del aparato político-logístico de Montoneros en esta ciudad y la detención de sus principales responsables

Bajo este sub acápite se analizarán en detalle los casos que perjudicaron a Guillermo Eduardo Cángaro, Patricia Yolanda Molinari, Miguel Ángel Erreguerena, Graciela Datto, Héctor Ferrecio y Alberto Jorge Pellegrini, como así también se hará mención a la situación padecida por otros sujetos que, pese a no formar parte del objeto procesal de esta causa, se los convocó en carácter de testigos.

Es quizá aquí donde se verá de la manera más prístina -y confesa agregamos-, los medios utilizados por la Fuerza de Tareas n 6, e integrando ella, la Prefectura Naval Argentina, en orden a la lucha contra la subversión: nos estamos refiriendo concretamente a los interrogatorios a los que eran sometidos los detenidos para arrancarles información sobre los restantes integrantes de la agrupación que luego eran detenidos ilegalmente.

Prueba acabada de ello es el contenido del memorando n 8499 IFI N 26 "ESyC"/76, cuya transcripción íntegra se impone debido a la entidad convictiva que representa para los casos en estudio desde que confirma sus detenciones ilegales y los tormentos a los que fueron sometidos.

Comienza titulando que miembros de esa sección -informaciones de la PNA- junto a personal de la FUERTAR 6 a los que ellos estaban integrados efectuaron detenciones en Mar del Plata de miembros del aparato político y logístico de Montoneros.

Las seis páginas que lo integran expresan que "De averiguaciones practicadas por el personas de Búsqueda de esta Sección, se logra detectar el funcionamiento de una célula de la OPM "MONTONEROS" en ésta ciudad, cuyos integrantes estaban por superar los primeros niveles de militancia.-

    En principio, se toma conocimiento que PATRICIA YOLANDA MOLINARI, argentina, 20 años de edad; hija de Carlos y Carmen Maiorano, domiciliada en Almafuerte 2371 de esta ciudad; DNI 11.991.647; estudiante de Artes Visuales, que hasta fines del pasado año hiciera vida regular en compañía de sus padres y que no registra antecedentes de ninguna en la comunidad informativa local, abandona la casa paterna aduciendo "incompatibilidad de caracteres" con sus progenitores, cuando en realidad el motivo era formar pareja con un joven de nombre MIGUEL ÁNGEL ERREGUERENA, situación que trata de mantener en secreto, pero manifestando a sus más allegado que adoptó esa decisión para "dedicarse a la causa sin comprometer a nadies".

    El mencionado ERREGUERENA conoce a la Molinari en el Colegio de Artes Visuales sita en calle Funes, entre 9 de julio y 3 de Febrero, donde él también asistía tomando cursos de decoración; junto a otros compañeros comienzan a frecuentar la casa de PATRICIA y los padres de ésta, cuando detectan que las reuniones que llevaban a cabo tenían ribetes políticos, comienzan a recriminarle a su hija la posición adoptada por ésta, encontrando seria resistencia en ella, quien es apoyada en todo por ERREGUERENA, a la postre constituido en líder del grupo, el que amenaza, a su vez, a los padres de PATRICIA "con llevarse a la flaca", ya que así la llamaban.

    Las investigaciones practicadas en un primer momento determinaron que la célula era integrada, además, por GRACIELA DATTOy su esposo, domiciliados en calle Don Bosco y Moreno; por RICARDO VALENTE y esposa, domiciliados en Don Bosco 1933; por (a) "NUCHO" y esposa y por (a) "WILLY", con domicilio en Dorrego al 300, todos de esta ciudad, ex alumnos de Artes Visuales e integrantes del grupo que mantenía reuniones en la casa paterna de PATRICIA MOLINARI.-

    El día 8 de julio y con todos los antecedentes reunidos, se detiene a la MOLINARI y a "WILLY", cuando se retiraban de Artes Visuales. La primera en su declaración corrobora todo lo mencionado anteriormente; que luego de unirse en pareja con ERREGUERENA habitan una pieza ubicada en la calle Bolivar 3858; que en esa dirección se siguen reuniendo con el grupo arriba mencionado, identificados todos con los lineamientos políticos de la JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA y con el PERONISMO AUTÉNTICO; que las actividades desarrolladas se concretaban en volantadas, pintadas de paredes, etc.; identifica a "WILLY" como GUILLERMO CÁNGARO; a "NUCHO" como el Profesor ALBERTO BARRIOS, de Artes Visuales; que en el mes de abril de presente año, su concubino le comenta que se había contactado con "MARTA", a quien ella conocía como tal por haberle sido presentada por el propio ERREGUERENA y que le había propuesto "ganar dinero juntos", a condición de ingresar en la organización "MONTONEROS" a efectos de producir material de prensa y propaganda para la misma; que aceptada la propuesta efectuada por "MARTA", ésta concreta una entrevista con quien ella conoció como JUAN CARLOS SANJURJO, (a) JUANCA o SANJU, a la esposa de éste, de nombre "SUSANA"y a la hijita de ambos, MARIANA, de 4 meses de edad; que luego del contacto, el citado matrimonio comienza a frecuentar la finca de la calle Bolivar 3858; que a los pocos días, SANJURJO manifiesta su desaprobación por el lugar, por las pocas comodidades que ofrecía, que les encomienda la tarea de buscar nueva vivienda, gastos que correrían por cuenta de "MONTONEROS"; que previamente se les encomendó la confección de bocetos y trabajos de laboratorios y planograf, tareas que realizaron en la casa de SANJURJO ante la carencia de medios y espacio; que las veces que concurrieron a la casa de éste último, lo hicieron "cerrados" o "compartimentados", en un vehículo que manejaba el propio SANJURJO; Que en la última semana del mes de mayo se trasladaron a su nueva vivienda ubicada en la calle Chaco n 1832, alquilada desde el 1 de Junio hasta el 31 de noviembre, operación aprobada por SANJURJO quien les facilitó la suma de 23.000 pesos para cerrar el trato; que inmediatamente instalados, este y su esposa SUSANA comenzaron a trasladar material fotográfico de laboratorio y de impresión, entregando dinero en efectivo para cumplimentar un pedido de elementos para comenzar la producción; que colaboró estrechamente con ERREGUERENA en la confección de afiches e ideas para bocetos de obleas, concurriendo paralelamente y regularmente a los cursos de profesorado de Artes Visuales, de la que la mayor parte del grupo, a excepción de ella y CANGARO, se habían separado luego del cambio de gobierno; que además debió cumplir las tareas político-militar en mesas de reuniones presididas por SANJURJO y SUSANA donde se cambiaban opiniones operativas o se discutían los trabajos de propaganda confeccionados, sin descuidar la atención a los acontecimientos en el orden nacional; que se los iba acondicionando para futuras practicas de orden cerrado y abierto, que no se concretaron ante su detención; que compartía las ganancias con ERREGUERENA que dejaban los trabajos, que eran pagados a razón de 8 pesos por obleas, debiendo confeccionar 7000 por mes.-

    Con respecto a GUILLERMO CÁNGARO (a) "WILLY", su actuación en el grupo es a nivel perisférico y del interrogatorio sometido no surgieron datos de interés.-

    Paralelamente, se Allanan el domicilio de la familia MOLINARI, detectándose allí 2 embutes: uno realizado en el subpiso de un patio interior, disimulado bajo una baldosa, encontrándose en el mismo un tarro de plástico con cierre sellado conteniendo 30 ejemplares de la revista "MONTONEROS"y documentación de la J. U.P. y del Centro de estudiantes de Artes Visuales (pantalla de actividades doctrinarias y de captación izquierdista). El restante embute se encuentra cavando en la tierra de un cantero del mismo patio, allanándose una bolsa de polietileno con más ejemplares de la mencionada revista. Simultáneamente, se allana la finca de los padres de CÁNGARO, encontrándose entre los efectos personales de "WILLY" algunas obleas con simbología propagandística de MONTONEROS y PERONISMO AUTÉNTICO.

    También se procede a la detención de RICARDO VALENTE (a) FANTASMA, que a la fecha estaría marginado de la organización, reconociendo haber militado en la J.U.P. y colaborado en la confección de algunos embutes. Se allana el domicilio de sus padres, donde el causante vivía con su esposa e hija, con resultado negativo.-

    El 13 de julio se logra la detención de MIGUEL ÁNGEL ERREGUERENA, argentino, de 24 años de edad, nacido en la ciudad de Mar del Plata el 28 de febrero de 1952; D.N.I. 10.370.835; en el interrogatorio corrobora lo manifestado por la MOLINARI, que ha militado en la J.U.P. liderando grupos activistas en la escuela de Artes Visuales de Mar del Plata. Que la mencionada MARTA es MARTA DI PAOLO a la que debía llamar "NORA" y fué la que le propuso incorporarse a la OPM "MONTONEROS" para confeccionar material de propaganda impresa y planograff, en carácter de rentado, recibiendo 8 pesos por cada oblea debiendo confeccionar 7000 por mes, las que debían ser entregadas a SANJURJO, por tandas; que además, recibía paga extra por otros tipos de trabajo, de acuerdo a su magnitud y calidad; que entre las tareas más importantes que cumplió para MONTONEROS cuenta la confección del MANUAL DE PLANOGRAFF DEL MONTONERO, cuyo contenido y tapa le pertenecen; que últimamente había recibido instrucciones de SANJURJO para contactarse con el Profesor de la escuela de Artes Visuales OSCAR ELISAMBURU y su esposa NÉLIDA VALDÉZ (a) "PIRUCHA", como vía de acceso a "NUCHO" (Prof. ALBERTO BARRIOS), cuya localización sería posible de esa manera y cree que ese contacto se ordenó para ampliar el campo de colaboradores y material, debiendo interesarlos por su condición de activos militantes de la J.U.P., ignorando si integran o integraron algún nivel de la OPM MONTONEROS, ya que la opción se concretó a su propuesta.-

    Se procede al allanamiento de la finca que habitaban ERREGUERENA y MOLINARI, encontrándose gran cantidad de documentación confeccionadas por las causantes para la OPM (obleas, afiches, tapas de publicaciones, etc.); un equipo de laboratorio fotográfico y de impresión planograff y material virgen para esos efectos; en un embute disimulado por un placard de la cocina se hallan los tipos para la impresión de las tapas de "MONTONEROS", para el MANUAL DE PLANOGRAFF DEL MONTONERO y otros para volantes con los símbolos de MONTONEROS y varios ejemplares de la revista de dicha organización.-

    Con los datos recogidos en los interrogatorios, se procura la detención de los esposos SANJURJO o CALU, ya que también por ese nombre se los conocía, como así también de las hermanas MARTA y ELSA DI PAOLO, quienes contaban con antecedentes activistas y se las sabe en niveles importantes dentro de la organización MONTONEROS y si bien MARTA no se hallaría en ésta ciudad, se sabe que ELSA había sido designada para reorganizar el aparato militar de la organización en Mar del Plata conjuntamente con su concubino RODOLFO BELLO, (a) "RODI". Las hermanas DI PAOLO resultan ser hijas de un funcionario civil, técnico en electromecánica, de la armada Argentina destinado en la Base Naval Mar del Plata. Allanado el domicilio de éste último, sito en H. Irigoyen 3666, no se encuentra nada comprometedor y además falta predisposición para lograr el paradero de sus hijas. Allí se averigua que MARTA se halla en Buenos Aires y casada con un tal EDUARDO CABALLERO y que ELSA estaba en Mar del Plata, aunque desconocían su domicilio. A través de la Delegación local de la Policía Federal, se los detiene por 24 horas sin resultados positivos y a travez del Comando de la Base Naval, a colaborar en su condición de miembro de la Armada Nacional, con resultados negativos y de distracción hacia la investigación por parte de DI PAOLO; Finalmente se establece que ELSA y RODI viven en Moreno 9800, allanándose la vivienda de precaria construcción, hallándose todos los efectos como para ser trasladados, y en una lata, documentación quemada de la organización, lográndose rescatar parte de la misma. Dentro de la vivienda y al rasgar el cielorraso de alpillera pintada, se secuestra una cartilla de varios folios con las conclusiones y correcciones de la Secretaría Militar de MONTONEROS, con instrucciones para la formación del combatiente, corregido y aprobado en Septiembre de 1975.

    Casi en forma simultánea se logra la detención del matrimonio compuesto por GRACIELA DATO y HÉCTOR FERRECIO, quienes también habían sido contactados por ERREGUERENA con SUSANA (la esposa de SANJURJO). De los interrogatorios a que son sometidas surge que ambos se habían avenido a colaborar en fotografía y prensa; Se allana la vivienda que el matrimonio ocupa y que eventualmente habían abandonado por razones de seguridad ante el conocimiento de las detenciones que se estaban llevando a cabo, sita en calle Matheu esquina Rioja, planta alta, encontrándose en un escondite bajo la cama, material de prensa y propaganda de MONTONEROS; una máquina de escribir y dentro de un placard se descubre un embute bien realizado, pero del cual se había retirado todo su contenido.-

    También son detenido OSCAR ELISAMBURU y su esposa "PIRUCHA" NÉLIDA VALDÉZ y ALBERTO BARRIOS, a quienes se les efectúan interrogatorios y allanamiento de domicilios con resultados negativos; los mencionados se movían a nivel de mesa de trabajo con el propósito de incorporar la escuela de Artes Visuales a la Universidad Nacional y habían sido dirigentes de la J.U.P. en los primeros momentos pero en la actualidad estarían al margen de la organización sin haber alcanzado niveles importantes. Para ese entonces, años 1973/74y mediados del 75, la J.U.P. actuaba con el sistema de compartimentación-celular y para estos grupos, los principales responsables eran conocidos como "el gordo de la moto", quien los trasladaba "cerrados" a los lugares de reunión y dirigía las tareas juntamente con la "gorda Alejandra", "Roxana" que era responsable del grupo y "Rosario", conductora. Las investigaciones determinan que el GORDO DE LA MOTO es ALEJANDRO LOGOLUSO, la GORDA ALEJANDRA es ALEJANDRA DE PABLO; que ROSARIO es MARÍA DEL ROSARIO GUGLIELMETTI y que ROXANA es ROSA ANA FRIGERIO. En consecuencia se allanan los domicilios de LOGOLUSO y DE PABLO, con resultados negativo, ya que ambos habrían sido por la organización trasladados a la ciudad de La Plata donde abrirían nivel de MONTONEROS dependiente de la Regional Provincial. Se detiene preventivamente a una hermana de LOGOLUSO quien en su oportunidad participó en reuniones con su hermano pero, en la actualidad estaría desvinculada y trabaja enla exposición Rural en la Capital Federal. De sus declaraciones surge la detención del matrimonio PEREZ CATÁN, en cuyo domicilio se encuentra una carta reciente y comprometedora remitida a la pareja por RILLO y señora, conocidos activistas que proponen la oportunidad de abandonar el País antes de delatar a la organización. Ambos, que se encuentran detenidos, confesaron oficiar de correos de la OPM MONTONEROS, mediante contactos aún no confirmados.-

    Se procede a la detención de MARÍA DEL ROSARIO GUIGUIELMETI, hija de un Sargento Ayudante (RE) del Ejército Argentino y se allana su domicilio sin resultados. Ante la apariencia de su desvinculación de la organización y la falta de elementos probatorios se la deja en libertad, surgiendo como importante el nombre de ROXANA.

    Detectado el domicilio de los padres de ROSA ANA FRIGERIO, se lo allana con resultados negativos, tomándose conocimiento que ROXANA se hallaba internada en la clínica 25 de Mayo debido a un grave accidente sufrido a fines de 1975; se prepara su detención para cuando sea dada de alta ya que mantendría importante nivel dentro de la JUP, pudiendo ser, además, responsable de informaciones ante MONTONEROS.

    Con la información recogida se establece la verdadera identidad de los SANJURJO; el es, en realidad, CARLOS ALBERTO OLIVA, correntino, radicado en esta ciudad desde 1972, habiendo trabajado en la Universidad Nacional local y en la compañía "Seguros La Agrícola", pasando a ser rentado de MONTONEROS a fines de 1974, siendo en la actualidad responsable de Prensa y Propaganda de la OPM. Su esposa y colaboradora se llama LAURA SUSANA MARTINELLI, también oriunda de Corrientes (Paso de los Libres), hija de un Capitán (RE) del Ejército Argentino. Se constata que ésta última se desempeña como maestra en la Escuela Municipal "Intendente CA YROl", pero cuando se la vá a detener a su lugar de trabajo, ya había desaparecido dejando como pretexto un accidente ocurrido a un familiar, cuando en realidad, estaba en conocimiento que ella y su esposo eran buscados mediante un "identikit" confeccionados con datos aportados por los detenidos. Luego se logra establecer el domicilio de los OLIVA, el que es ubicado en calle Berutti 4376 y allanado, se comprueba que el matrimonio con su hijita MARIANA LUZ lo habían abandonado dejándolo vacío. Se comprueba la existencia de un embute accionado eléctricamente detrás del placard, también vacío.-

    Como única alternativa posible para la detención de ambos, se contaba la posibilidad de que la MARTINELLI tratara de cobrar su sueldo de maestra en la Municipalidad, efectuándose los contactos necesarios a efectos de que el mismo no sea abonado fuera de ese recinto, como se acostumbra a hacer; establecidas vigilancias permanentes, se logra la detención de OLIVA cuando pretendía cobrar el sueldo de su esposa, mediante un poder; Luego de ser interrogado, confesa el paradero de su esposa que se aloja en la casa de un amigo de apellido PELEGRINI, estudiante e industrial textil, también detenido junto a MARTINELLI.-

    Con los datos aportados por el matrimonio OLIVA, se establece que en la calle Tierra del Fuego, entre Belgrano y Moreno en un Kiosco, funcionaba la Secretaría de Documentación de MONTONEROS a cargo de CRISTINA KOUSEMAN (a) PICHI, quien fue detenida, secuestrándose en un embute ubicado en un mueble del negocio de cobertura, tres cajones con variada, completa y profusa documentación personal y sellos, vírgenes y completos; documentos de identidad, del automotor, de clubes, entidades civiles, etc. con los que se confeccionaban nueva documentación e identidades y coberturas a los integrantes de MONTONEROS, estimándose que su importancia se eleva a nivel regional y nacional. Interrogada la KOUSEMAN, se establece que era rentada de la OPM y allanado su domicilio de la calle Gascón y Marconi, se descubre un embute que según PICHI, pertenece a su marido, de apellido BAUER (a) NESTOR o EL RUSO, aparentemente oficial de MONTONEROS; ese escondite se localizó en un zócalo desmontable bajo la mesada de la cocina y se secuestró una grabada de práctica y documentación de MONTONEROS, con planos detallando operativos, uno de ellos perteneciente a la empresa constructora "MARPLATENSE", donde se desempeña BAUER como obrero. Este y otra habitante del lugar identificada por la KOUSEMAN como "Susana", huyeron sin poder ser detenidos.-

    OLIVA en sus declaraciones menciona los controles que efectúa la OPM MONTONEROS, señalando que uno lo esperaba a él el viernes 6 de agosto a las 0815 y que posiblemente asistiría al responsable de la zona MAR DEL PLATA y oficial MONTONERO conocido por el nombre de guerra "ALCIDES", marcando como zona de encuentro la calle XX de septiembre, entre Quintana y San Lorenzo (4 cuadras). Es entonces que se implanta un dispositivo adecuado y a la hora señalada, es apresado el mencionado ALCIDES, encontrándose en su poder un revólver 38 largo y una granada lista a ser activada; el mencionado ALCIDES resulta ser JOSE LUIS PERALTA.-

    Paralelamente se efectúan allanamientos en depósito de calle San Martín 4120 donde son hallados todos los efectos personales del matrimonio OLIVA y alguna documentación MONTONEROS; otro allanamiento fue realizado a un garaje de la calle 134 n 1122 donde se secuestró un Jeep con caja que se utilizara para transportar los efectos del matrimonio OLIVA del domicilio de la calle Berutti, y completa, profusa e importante documentación de la J.U.P., J.T.P. y toda la estructura de zona de la OPM MONTONEROS, como así también, "caños" preparados, una caja con cartuchos de gelamón, granadas lacrimógenas, granadas explosivas armadas y a armar, todo el material de prensa que tenía a su cargo OLIVA y maquinarias y herramientas completas para reformar los vehículos "levantados", además de chapas patentes falsas; otro allanamiento fue realizado a una finca y negocio de mercería donde se localizaron dependencias secretas donde había funcionado una impresora, cuyos elementos se secuestraron en el anterior allanamiento.-

    El día 9 de agosto se allanó el domicilio de JOSE LUIS PERALTA, quien en el momento de su detención portaba documentación a nombre de CARLOS NICOLOSI, y un tarro de harina, entre ese producto, fueron hallados nuevos documentos para el matrimonio OLIVA, que a partir de ese momento pasarían a llamarse GOROSITO; La finca fue alquilada hace muy pocos días y la compartía con su esposa, también militante MONTONERA, de nombre ANA SIOCHINI (a) NATI, y ubicada en la calle Santa Cruz 3659, fueron hallados dos embutes con importante y actualizada documentación MONOTONEROS. Allí se constató mediante el contrato de locación que la garantía de la operación resultó LEONOR ISABEL ZÁRATE DE MIGUENS, con domicilio en calle Moisés Lebenzón 5062, que son también militantes MONTONEROS conocidos con los nombres de guerra de "LAURA" y "JUAN" quienes se hallan prófugos.

    Actualmente, las principales tareas están destinadas a clasificar y estudiar toda la documentación secuestrada, como así también a la detención de personas que surgirán de los interrogatorios a los detenidos y allanamientos de los domicilios que de los mismos surjan.-".

Aún a riesgo de resultar reiterativos, luego del elocuente desarrollo efectuado precedentemente debemos reconocer que pocas veces en el juzgamiento de delitos como los que conforman el objeto procesal de la presente causa -caracterizados por la clandestinidad, el ocultamiento y la destrucción de las pruebas- nos encontramos con evidencias tan contundentes en cuanto a la situación padecida por las víctimas, como así también el modus operandi implementado.

En efecto, el documento analizado nos brinda una descripción asombrosa de la secuencia ilegal implementada sobre los integrantes de la organización y de cómo se lograba, por idénticos medios, la información que permitía la neutralización del siguiente "blanco": los interrogatorios de los detenidos.

También deja en claro, por si quedaba alguna duda al respecto, la íntima vinculación que tuvieron los casos que perjudicaron a Cángaro, Molinari, Erreguerena, Datto, Ferrecio, Pellegrini, Rosa Ana Frigerio -víctimas de esta causa- con los que habrían damnificado a Oliva, Martinelli, el matrimonio Peréz Catán, Logoluso y Guglielmetti.

Lo propio ocurre con la situación de Santiago Bauer, desde que en este proceso se investigó un tramo de la privación de la libertad que damnificó a Susana Pegoraro, ambos prófugos a estar al contenido del informe, de cuya unión nació clandestinamente en instalaciones de la ESMA Evelyn Pegoraro-Bauer, nieta recuperada judicialmente en el marco de la causa n 41.653 correspondiente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n 9, sec. 17, de Capital Federal caratulada "Vázquez Policarpo, Luis y otros s/sustracción menores de 10 años".

Sin perder de vista esta realidad concretamente documentada, toda vez que por una cuestión de orden procesal sólo forma parte de esta causa la situación de algunas de las personas allí mencionadas, corresponde adentrarnos en el desarrollo de los eventos que las damnificaron.

4. Hechos en perjuicio de Patricia Yolanda MOLINARI

4.A. Conducta atribuida

De conformidad con la prueba rendida en el debate hemos tenido por cierto y demostrado que Patricia Yolanda Molinari fue privada ilegítimamente de su libertad por integrantes de la Fuerza de Tareas seis de la Armada Argentina, el 5 de julio de 1976, alrededor de las 17:00 hs, cuando se encontraba en la Escuela Superior de Artes Visuales, ubicada en la calle Funes, entre 3 de Febrero y 9 de Julio, de la ciudad de Mar del Plata.

En esas instancias un grupo de aproximadamente cinco personas, vestidas de civil y sin exhibir ningún tipo de credencial que los identificara, ni orden escrita emanada de autoridad competente que los facultara a detenerla, la retiró del establecimiento educativo bajo el argumento que debían interrogarla fuera de ese ámbito.

Inmediatamente la hicieron ascender a un rodado Ford Falcon en el que la maniataron y encapucharon para trasladarla a la Base Naval de Mar del Plata, siendo duramente golpeada en el trayecto como también ultrajada.

En la Base Naval pasó por distintos lugares, entre el que se destaca la Agrupación Buzos tácticos, siendo atormentada a lo largo de su estadía -con golpes, amenazas, vejámenes, afrentas sexuales, encapuchada, vendada, sometida a las inclemencias del tiempo, a la percepción del sufrimiento que padecían otros detenidos, a descargas eléctricas directamente efectuadas en su cuerpo o bien a través del cuerpo de terceros que le hacían tocar- en razón de su vinculación a la OPM Montoneros.

Finalmente fue ordenado su traslado a la unidad carcelaria 8 de Olmos dependiente del servicio Penitenciario Bonaerense el 30 de agosto de 1976 en donde permaneció un mes para luego ser derivada a la Unidad Carcelaria n 2 de Villa Devoto, desde la que, finalmente, recuperó su libertad.

4.B. Prueba de la materialidad de los hechos

La materialidad de las conductas descriptas quedó acreditada con el testimonio rendido en el debate por la propia víctima, Patricia Yolanda Molinari.

La nombrada recordó que el 5 de julio de 1976, alrededor de las 17:00 hs., en tanto se encontraba en la escuela -en referencia a la Escuela Superior de Artes Visuales-, le fue comunicado por una preceptora de nombre Marta que debía presentarse en la dirección.

Al arribar a esa dependencia observó a unos hombres vestidos de civil junto a la directora del establecimiento, la señora Montpellier, quien le informó que esos sujetos, que no se identificaron como pertenecientes a una fuerza armada o de seguridad, querían hablar con ella fuera de ese ámbito.

Acto seguido, la tiraron en el interior de un Ford Falcon, le colocaron una capucha y la pusieron boca abajo en el asiento, comenzando de inmediato a propinarle golpes de puño, a manosearla y a pellizcarle los senos.

El colegio se encontraba en la calle Funes, entre 9 de Julio y 3 de Febrero, y al iniciar el derrotero, advirtió que sus secuestradores doblaron por esta última calle, luego por Olazabal, para tomar más tarde por Luro rumbo a la costa, hasta "la vueltita", es decir, donde se encuentra la Base Naval, solicitando permiso para entrar pues traían prisioneros.

Entonces ingresaron y la trasladaron a una casilla de madera en donde le quitaron la ropa y la ubicaron en una cama de metal para comenzar a interrogarla, preguntándole, entre otras cosas, por su novio, Miguel Erreguerena.

Como contestó que no sabía nada de él, comenzaron a pasarle la picana, pero como el aparato no funcionaba bien, "pelaron" sus cables y así le pasaron corriente eléctrica. En esas instancias apareció el "Comisario Pepe", quien tomó un elemento que parecía de madera -algo así como el cabo de un martillo- y se lo introdujo en la vagina, acción a la que se resistió hasta que sintió un desprendimiento que derivó en una hemorragia.

A consecuencia de ello, la llevaron a una casilla y la hicieron sentar en un banco; allí le pidió a un soldado que le trajera agua que tomó con desesperación; creyendo que se moría se puso de pie, sintió como una explosión interna y percibió una laguna de sangre debajo suyo.

Mientras esto ocurría observó, a través de una ventana, las luces del puerto, lo que le permitió confirmar que se encontraba en la Base Naval.

Producto de la hemorragia, fue trasladada a la enfermería y, por consejo del profesional que la revisó, al Hospital Regional, al que la trasladaron en una ambulancia de la Base en la que se encontraba abordo el "Comisario Pepe".

En el nosocomio la ubicaron en una sala, la revisaron, le dijeron que tenía un desgarro de útero y le quitaron la capucha, pero le vendaron los ojos sin poder precisar, en razón de su estado de inconsciencia, si la transfundieron o sólo le colocaron un suero.

Al día siguiente la trasladaron a la Base y la ubicaron en la enfermería. Allí, en un momento en que se encontraba sola, se quitó las esposas, la venda que tenía y se acercó a la ventana desde donde vio un submarino y todo el golf club, con lo cual nuevamente corroboró que se hallaba en dicho sitio.

En la enfermería permaneció unos dos ó tres días -para el 9 de julio seguro estaba allí pues escuchó una banda militar ejecutando el Himno Nacional y la canción Aurora-recibiendo la visita de un sacerdote que le preguntó por su estado y si era su deseo confesarse, contestándole que no. Ahí también se acercó el "Comisario Pepe" quien le exhibió el documento de su novio y le expresó: "viste, lo encontramos".

Luego la trasladaron a un lugar que parecía una escuela en el que percibió que un hombre joven gemía, en tanto los soldados manifestaban que al día siguiente "iba a ser boleta". En ese ámbito permaneció un día y medio, recordando que cuando le trajeron la comida, como se encontraba atada, le levantaron la venda para que pudiera alimentarse y así fue como observó la presencia de pupitres.

Posteriormente la llevaron a otro lugar en el que estuvo unos minutos junto a Miguel Erreguerena, con quien no habló pero pudo tocarlo; recordó también que en ese espacio había otras personas. De inmediato la condujeron a un primer piso, espacio físico que se trataba de un ambiente amplio que parecía ser vidriado, donde la ubicaron junto a un joven con el que dialogó y dijo ser "Calu"; también escuchó la voz de Graciela Datto y percibió la presencia de Guillermo Cángaro, es decir todos aquéllos a quienes conocía del colegio.

Cuando lo bajaban a picanear a Miguel también la llevaron a ella y la instaron a tocarlo, llegándole, de esa manera, la descarga de electricidad en el cuerpo de su novio; fueron varias las ocasiones en que le hicieron presenciar esas torturas.

Explicó que a la declarante la manoseaban, a "Calú" lo llevaban todos los días a torturarlo y lo traían a la rastra, también escuchó a una mujer que gritaba su nombre -Susana- al tiempo que afirmaba que la estaban violando, percibiendo la dicente como lo hacían y las amenazas de muerte que le proferían.

La hicieron pasar por situaciones de terror, la tuvieron parada y así la hicieron dormir despertándose sólo para alimentarse, siempre en esa posición; luego la pusieron en una silla vieja de mimbre y también la trasladaron por la Base en un camión mientras la golpeaban.

También la ubicaron en la zona de la playa, en una casilla de vestuario en donde la revisó un médico; al lado, en otra casilla, estaba Miguel y más allá Ricardo Valente. De allí la sacaban a "palos limpios". En ese ámbito hacía mucho frío, un día los llevan a bañarse y los hacían pasar uno por uno diciéndoles barbaridades.

Tiempo después la trasladaron a un tinglado y allí estuvo con Graciela Datto.

En ese ámbito advirtió, a través de las capuchas, que estaban construyendo calabozos que no alcanzó a ver terminados. Allí había un sujeto morocho que tenía patillas y los golpeaba con un manojo de llaves que tenía. El "comisario Pepe" estaba en ese lugar y torturaba; éste, formó parte, también, del contingente que la detuvo; además, relacionó sus rasgos con los de Bruno Gelberg luego que observó una foto del artista ya en ámbitos correspondientes a la Unidad de Devoto.

Evocó que, en su cautiverio en la Base, un día la llevaron a asearse pues le anunciaron tenía que ver a un juez; la trasladaron ante el magistrado previo quitarle la capucha y la entrevista fue mantenida en un lugar vidriado en el que le hicieron preguntas sin entender sobre que giraban debido a que se encontraba aturdida.

Tenía noción del tiempo y de la hora por el chillido de de las gaviotas, el clarinete matinal y el momento en que le traían las comidas y la merienda.

Después de un tiempo la subieron a un colectivo, le manifestaron que la iban a llevar a la cárcel y que la iban a condenar a tres años pero que iba a salir antes mediante la obtención de la libertad condicional; al salir de la base le sacaron la capucha y la llevaron al destacamento de Almafuerte y Urquiza. En ese ámbito, al día siguiente, 16 de agosto, la entrevistó la Dra. Teodori, quien con una actitud soberbia le indicó que debía firmar unos papeles. La declarante le manifestó que había sido abusada por un represor, realizando entonces la correspondiente denuncia.

Luego de una semana en ese ámbito se constituyó el "Comisario Pepe", quien la trasladó hasta las dependencias de la Policía Federal y, más tarde, esposada, la llevó primero a la terminal y desde allí hasta Olmos, intentando manosearla en el camino. Pasó por Olmos y, más tarde, por la Unidad dos de Devoto, desde donde recuperó finalmente su libertad.

Memoró, en su relato, que en el Colegio estaba en el Centro de Estudiantes; así también dijo que en la Base Naval estuvo con Cángaro, Datto, Erreguerena, Ferrecio Valente y Pellegrini a quien conocían de la infancia -en referencia a este último-.

Dijo también que para el momento de su detención vivían con Miguel Erreguerena. Recordó que Miguel había puesto en su domicilio una imprenta en la que estaba trabajando en la serigrafía de un manual que no sabe si era de la juventud peronista o bien de montoneros pero -aclaró- que nunca tuvo vínculos políticos con esta organización. Sus interrogadores decían que pertenecían a ella y luego tuvo conocimiento que el alquiler de la finca se pagaba con el dinero proveniente del trabajo que Miguel estaba haciendo.

El relato de la nombrada, en punto a las circunstancias de tiempo y lugar en las que fue detenida, se confirmó con el testimonio de Guillermo Cángaro en el debate, quien reconstruyó ese hecho que también a él lo afectó pues fue privado de su libertad en esas instancias junto a aquélla.

También éste corroboró el derrotero seguido por sus secuestradores que concluyó en la Base Naval, encontrándose los dos encapuchados.

Sus dichos confirmaron el ultraje que sufrió Patricia Molinari a poco de ingresar a esa dependencias de la marina, del que derivó una grave lesión. De sus secuelas dio cuenta también el relato de Miguel Ángel Erreguerena cuando evocó, con respecto a su detención, que al llegar a la base lo ubicaron en un ambiente que presentaba una gran mancha de sangre en el piso y, encontrándose en ese ámbito su compañero Cángaro, le indicó que la sangre pertenecía a Patricia Molinari.

Con respecto a la detención de la nombrada, se cuenta también con el acta glosada a fs. 1/2 de la causa 610 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata caratulada "Cangaro, Guillermo Eduardo- Erreguerena Miguel Angel- Molinari, Yolanda Patricia y Valente, Ricardo Alfredo....sf Inf. Ley 20.840y art. 213 bis del Código Penal", incorporada al juicio, que documenta la producción del acto llevado a cabo el 5 de julio de 1976 en el interior de la Escuela de Artes Visuales sita en Funes, entre 9 de Julio y 3 de Febrero.

Cabe destacar que dicha acta labrada en cumplimiento de lo prescripto en el Decreto Ley 1860/75, pone al descubierto las sucesivas irregularidades que produjo el personal de marina interviniente.

En primer lugar, no fue ella detenida con motivo de operaciones militares sino antes al contrario a través de un procedimiento de características policiales, con el aditamento de que quienes de él participaron no llevaban ninguna identificación ni portaban orden escrita emanada de autoridad competente que los autorizara a restringir la libertad de la nombrada, ni siquiera las circunstancias fácticas que autorizaron la medida.

En segundo lugar por cuanto, en contradicción con lo que de ella resulta, su detención tuvo como causa expresada la mentida inquietud por interrogarla fuera del ámbito de la Escuela de Artes Visuales, entre otras cosas, para identificar el lugar en el que se encontraba su pareja: Miguel Erreguerena.

A esos fines fue sometida a tormentos desde el momento mismo en que la hicieron ascender al rodado en el que la trasladaron a la Base Naval hasta aquel otro en que debió ser derivada al Hospital Interzonal como consecuencia de la hemorragia que le produjo la introducción de un objeto contundente en su vagina.

De esa agresión no sólo dio cuenta Molinari, sino también el testigo Cángaro -evocando lo que auditivamente percibió en esas instancias- y fue corroborado con las constancias glosadas a fs. 4278/83 de los autos principales, incorporadas al juicio, correspondiente a la Historia Clínica 243.355 del Hospital Interzonal.

Esta documental informó el ingreso de la nombrada, el 6 de julio de 1976, con un cuadro de hemorragia en cuello uterino, por el que fue atendida y transfundida y, conforme su evolución, sugerido su traslado a un establecimiento correspondiente a las fuerzas armadas (Marina).

En tercer lugar, el acta que formaliza su aprehensión contiene una falsedad pues resulta evidente que no fue labrada en esas instancias, más allá de que la fecha de detención coincida con la que allí se consigna.

Basta considerar, a ese efecto, que alude como material secuestrado a aquél que se encuentra identificado en una pieza documental que no es otra que el acta glosada a fs. 7/9 de la misma causa.

En ella se individualizan los efectos incautados en la finca de Miguel Ángel Erreguerena, procedimiento que se habría materializado luego de su detención, es decir el 6 de julio de ese año -ver fs.3/4- que, conforme a la pieza documental que la instrumenta, fue labrada el 16 de julio de 1976. Cabe recordar que en ella intervino el mismo oficial: Julio César Falcke.

Con ello las irregularidades son por demás gravísimas pues no hubo operaciones militares en los antecedentes de la detención, ni existieron causas concomitantes expresadas que justificaran la privación de la libertad de la nombrada.

Si a lo expresado se suma la ausencia de orden escrita de autoridad competente, la agresividad impresa al procedimiento y los probados tormentos a los que fue sometida desde el inicio mismo de la detención, la ilegitimidad de la medida queda fuera de todo cuestionamiento, como también la violencia que la singularizó.

Por otro lado, quedó debidamente acreditado que la privación de la libertad fue producida por integrantes de la Marina, concretamente personal de la Base Naval como lo revela el acta que protocoliza su detención suscripta por el oficial de inteligencia de esa dependencia militar Julio César Fulgencio Falcke, activo ejecutor de las maniobras que damnificaron a Molinari.

Como también que ellos pertenecían a la Fuerza de Tareas 6, cuyos mandos tenían su asiento en el citado apostadero naval.

Sobre este particular detalle, se cuenta con el Memorando de Prefectura 8499 IFI N 26 "ES y C" del 13 de agosto de 1976. La información que esta pieza recoge, se conecta al desbaratamiento del aparato político y logístico de la OPM Montoneros que operaba en la zona, atribuyendo a la Fuertar 6 la detención de numerosas personas y secuestros de elementos y documentación de vital importancia perteneciente a la organización.

En su contenido precisamente se hace alusión a la detención de Patricia Molinari por su vinculación al aparato de prensa y propaganda de montoneros.

Su presencia en la Base, a su vez, quedó documentada con el oficio librado al señor Juez Federal de Mar del Plata por el Teniente Coronel Jorge Luis Costa al llevar a conocimiento del magistrado que, con motivo de operaciones militares y de seguridad efectuadas en cumplimiento de lo prescripto por el Decreto 2770/75, había sido detenida, entre otros particulares, Patricia Yolanda Molinari, a quien ponía a de la justicia; dicha pieza documental se agregó a fs. 10 de la citada causa 610, y lleva fecha del 2 de agosto de 1976.

Corrobora el mencionado lugar de alojamiento, el procedimiento seguido por el Juez al disponer la indagatoria de la imputada en ámbitos de la Base Naval (fs. 11; 12 vta.; 13 vta. y sgte.).

Su presencia en ese centro clandestino también quedó acreditada con el testimonio rendido en el debate por Miguel Ángel Erreguerena, Guillermo Cángaro, Graciela Datto y Héctor Ferrecio, entre otros.

Y su detención por su vinculación a la OPM Montoneros se confirmó con el citado Memorando 26 de la Prefectura Naval al que hicimos referencia y, en lo que es más concreto y específico, con el trámite de la citada causa 610 caratulada "Cangaro, Guillermo Eduardo- Erreguerena Miguel Angel- Molinari, Yolanda Patricia y Valente, Ricardo Alfredo....s/Inf. Ley 20.840 y art. 213 bis del Código Penal", en la que concluyó condenada el 15 de marzo de 1978 a la pena de tres años de prisión a cumplir con costas por ser autora responsable de los delitos de asociación ilícita de finalidad política y propagación de actos tendientes a suprimir el orden institucional y la paz social (art. 213 bis del Código Penal y art. 2 inc. c) de la ley 20.840).

También surge su identificación en los archivos de la ex DIPBA con el Legajo n 2703, de la Mesa "DS" Varios, habiendo quedado anotada a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, conforme las constancias documentales, a través del Decreto 1743/76, a partir del 18 de agosto de 1976.

Como se aprecia, la nombrada, de acuerdo a los relevamientos de la inteligencia naval, siguió el derrotero que prescribía el Placintara en su Apendice 1 al Anexo F: 2.5 y sigtes y 2.6 y sgtes, teniendo en consideración que, ingresaba en la categoría de integrante de la organización que estaban por superar los primeros niveles de militancia (conf. Memorando 8499 IFI n 26 ES y C/76 del 13 de agosto de 1976).

Los tormentos a los que quedó sometida, y que fueron aplicados en razón de su identidad política, a su vez quedaron perfectamente descriptos en el relato que prestó en el curso de debate e incluyeron el uso de capucha, golpes, manoseos, pasaje de corriente eléctrica aplicada directamente en su cuerpo o bien utilizando el de otro detenido como medio para la transmisión de energía, la participación en la tortura a que eran sometidos otros detenidos.

Muchos de estos actos fueron corroborados con el testimonio de otros internos que escucharon sus sufrimientos -v. gr. Cángaro- como también por el relato de quienes, vinculados a ella, también estuvieron en ese centro clandestino contemporáneamente y fueron sido sometidos a idénticos tratos degradantes -Erreguerena, Cángaro, Ferrecio, Datto, Valente, entre otros-.

En la idea que aquí venimos desarrollando, no podemos soslayar, incluso, la actitud que, en plena dictadura militar (octubre de 1977, fs. 124 de la causa 610), asumió luego que salió del ejido de la Armada -y aun estando privada de su libertad e indagada conforme a la legislación vigente, en el ámbito carcelario- cuando acusó los tormentos a los que fue sometida desde su detención hasta el momento en que prestó declaración indagatoria, nuevo dato que robustece la afirmación de su verificación.

No podemos ignorar tampoco las constancias de la Historia Clínica antes citada, labrada con motivo de su derivación al Hospital Interzonal de Mar del Plata pues, aún cuando ella pueda dar cuenta de otro tipo de conducta en infracción a la ley penal, no dejó de integrarse a los actos de degradación humana a los que quedó sometida por razón de su filiación ideológica y para que produjera aportes informativos a los represores que lo reclamaban.

Desde otro perfil y cerrando ya el examen de la materialidad, debemos tener en cuenta que aquéllos espacios por los que pasó, según se desglosa de su relato, correspondieron muchos de ellos -la zona de carpas, la estructura de dos plantas, el tinglado- a los ámbitos de la Agrupación de Buzos Tácticos, extremo que confirmó el testimonio de Cángaro que, sin lugar a duda, así lo expresó por haberlo corroborado.

Por último, queda acreditado a partir de su testimonio avalado en la documental citada que su encierro ilegítimo superó el mes.

Así las cosas los extremos materiales de las conductas de las que fue víctima Patricia Yolanda Molinari quedaron debidamente demostradas, debiendo responder Justo Alberto Ignacio Ortiz y Julio César Fulgenco Falcke como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y por su duración -más de un mes-; y el primero de ellos por el de imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos.

5. Hechos en perjuicio de Guillermo Eduardo CÁNGARO

5.A. Conducta atribuida

De conformidad con la prueba rendida en el debate hemos tenido por cierto y demostrado que Guillermo Eduardo Cángaro fue privado ilegítimamente de su libertad el 5 de julio de 1976, en horas de la tarde, en el interior de la Escuela de Artes Visuales ubicada en la calle Funes, entre 9 de Julio y 3 de Febrero, de la ciudad de Mar del Plata, por una comisión de la Fuerza de Tareas n 6 de la Armada, integrada por unas seis personas que se hizo presente en el lugar y, sin exhibir documentos que los identificaran, como así tampoco órdenes que autorizaran la detención del nombrado, lo sacaron por la fuerza del establecimiento y lo introdujeron a un automóvil marca Ford Falcon que aguardaba en la puerta.

Lo ubicaron en la parte trasera del automotor, donde lo encapucharon y maniataron para trasladarlo a la Base Naval de Mar del Plata.

En el apostadero naval fue ubicado en distintos lugares, entre ellos, en ámbitos pertenecientes a la Agrupación Buzos Tácticos. En su permanencia en la Base recibió golpes y amenazas, permaneció encapuchado, con los ojos vendados y maniatado, sin vestimenta adecuada para afrontar las inclemencias climáticas a las que quedó sometido y obligado a escuchar los sufrimientos de otras personas que, como él, se encontraban privadas de su libertad, tormentos todos que le fueron impuestos en razón de su vinculación a la OPM Montoneros.

El 30 de agosto de 1976 fue trasladado a la Comisaría 2da., en la que permaneció por un lapso de un mes aproximadamente y luego conducido a las Unidades de Sierra Chica, Azul y Caseros, hasta que recuperó la libertad con la autorización para retirarse del país.

En total permaneció privado de su libertad 1 año y 7 meses hasta que fue liberado.

5.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Los hechos así consignados quedaron acreditados con el testimonio rendido en el juicio por el nombrado, quien evocó que el 5 de julio, en circunstancias en que se encontraba en la Escuela de Artes Visuales, aproximadamente a las 17 horas fue convocado a la dirección pues, al igual que a Patricia Molinari que se encontraba en el lugar y había sido citada momentos antes, le manifestaron que unas personas allí presentes le querían hacer unas preguntas.

Al concurrir se encontró con un sujeto calvo, de bigotes y otra con sobretodo, corbata, pelo corto, ambos de civil; estaba, además, la señora Maidan de Montpellier, una preceptora de nombre Marta y una señora que identificó como Isabel Sendón. También se hallaba, como lo manifestó con anterioridad, Patricia Molinari.

Inmediatamente, al expresarle el primero de los sindicados que debían interrogarlo, la persona que presentaba sobretodo y corbata lo empujó, lo tomó del brazo y lo introdujeron en un Ford Falcon que se encontraba estacionado en la puerta al que hicieron ascender también a Patricia Molinari, a ella por la puerta derecha y al dicente por la izquierda.

En el interior del rodado lo hicieron agachar y le pusieron una capucha. Como es oriundo de Mar del Plata percibió que, en su derrotero, el vehículo dio una vuelta a la manzana, tomó por Luro, por la costa, posiblemente por Juan B. Justo o por Colon, hasta la Base Naval, destino que intuyó por cuanto percibió que el automotor se detuvo en una dársena y, luego, en lo que se sería la entrada al apostadero, manifestando sus ocupantes a la guardia que traían un grupo de personas.

De inmediato los trasladaron a una casilla de madera chica, en la que al dicente lo tiraron al piso encapuchado y a su compañera, según lo que pudo percibir con sus oídos, la violaron.

Estuvo cuarenta y seis días en ese sitio, donde lo golpearon en reiteradas ocasiones en la cabeza, en los testículos y otras partes del cuerpo. Esa agresión tuvo lugar durante varios días y a cualquier hora. Luego lo trasladaron a una casilla chiquita en la que estuvo sólo, con las manos atadas en la espalda y lo sentaron en una típica silla de playa; identificó el lugar -pues luego pudo volver- como aquél en el que tiene su asiento la Agrupación de Buzos tácticos, tratándose de una playa chica con pocas carpas.

En ese ámbito pudo levantarse la capucha en una oportunidad y percibió que estaba a unos veinte metros del mar; también observó la base de submarinos, el puerto y la zona del club náutico.

Allí estuvo una semana, y como tenía muy poca ropa padeció frío; al lugar venían personas que lo golpeaban, se burlaban y le hicieron simulacros de fusilamiento: concretamente lo obligaron a arrodillarse para luego amagar disparar un arma, expresando uno de ellos "sargento, no le puso municiones al arma". A este tipo de tormento lo sometieron por espacio de tres días.

Lo trasladaban a distintos sitios en camiones gasoleros por el interior de la Base; a esos vehículos lo hacían acceder tirándolo en su interior junto a otros detenidos.

Así estuvo en un lugar que tenía una planta alta, a la que se accedía por una escalera de cemento; era un lugar muy grande en el que se encontraban unas quince personas encapuchadas. En su interior fue obligado a permanecer por largos períodos esposado y de pie, con la capucha puesta permanentemente y percibiendo el quejido de las personas que eran torturadas en la parte inferior de la construcción.

Escuchó voces conocidas como la de Patricia Molinari, Ricardo Valente, Miguel Erreguerena, Graciela Datto y Héctor Ferrecio -aun cuando no los pudo ver-, percepción auditiva que produjo en la construcción que tenía una planta superior.

Recordó que en los interrogatorios a los que quedó sometido le preguntaban puntualmente por Datto, por Valente y así también dónde se encontraba Miguel Errreguerena. Sabía de la militancia de aquéllos en la Juventud Universitaria Peronista, incluso el dicente había militado pero un año antes de su secuestro.

Más aún, en una ocasión lo sacaron en un automóvil y lo llevaron a la intersección de 9 de Julio y Funes, para que individualice a Miguel Erreguerena, diligencia que tuvo un resultado negativo.

Recordó la presencia de una persona que le levantó la capucha: tenía poco pelo, de unos cuarenta y cinco años de edad, labios finos y morados; le llamó la atención pues tenía orejas pronunciadas, la tez blanca y los dedos muy amarillos, propios de un fumador, quien se manifestó asombrado cuando le dijo su edad; también el dicente lo interpeló por la actitud asumida, al permitir que le viera la cara toda vez que, según le dijo, tenía mucha memoria, a lo que aquél respondió que entonces no saldría del lugar; tenía una postura cínica y, del modo en que se condujo, parecía pertenecer a "inteligencia" o bien a otra fuerza.

Luego este sujeto se trasladó a la carpa que se encontraba al lado para mantener un diálogo con el detenido que allí se encontraba, que le manifestó que le dolían los testículos por efecto de la picana, a quien le confirmó que saldría al día siguiente, pudiendo enterarse en esas circunstancias por vía auditiva que se trataba de José Nicoló.

Los métodos de tortura y los interrogatorios partían de la actuación de dos agentes, uno bueno y otro malo; el primero se mostraba condescendiente y contemplativo de la situación del interpelado, en cambio el otro era agresivo y los golpeaba.

Evocó en su relato que tenía las manos permanentemente atadas a la espalda y solo le dejaban pasarlas adelante cuando le traían los alimentos. Al baño lo llevaban cuando estas personas querían, y alguna vez se orinó encima.

Transcurridos unos veinte días, aproximadamente, lo llevaron a una oficina y, previo sacarle las ataduras y la capucha, lo pusieron frente a una persona que le dijo que era un juez, ante quien manifestó que ignoraba las razones por las que se encontraba allí y demandó la presencia de un abogado; luego se negó a declarar.

A consecuencia de ello lo retiran del lugar, lo encapucharon nuevamente y comenzaron a golpearlo y amenazarlo, también, con que iban a agredir a su familia; así lo obligaron a firmar un papel que representaba la declaración que habría prestado en la causa penal en la que se le imputaba participación en una célula subversiva -ley 20.840-.

Llega un día en su encierro en la Base que, junto a Valente y Erreguerena, lo trasladan a la Comisaría segunda.

Previo a salir del predio le quitan la capucha a los tres, confirmando que se encontraban en el apostadero, extremo que sospechaba pues, además de los detalles que expresó haber percibido, observó el sello de la armada en la vajilla en la que le servían los alimentos y en los cubiertos; cree también, que el sello de la armada se hallaba inserto en la capucha. Aclaró que en el vehículo que lo sacó de la Base también se encontraba Patricia Molinari.

Pasó entonces a la Comisaría segunda y, desde allí, lo trasladaron al penal de Azul, donde permaneció tres meses, y más tarde al de Sierra Chica.

Estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y permaneció privado de su libertad en la cárcel por espacio de un año y medio, hasta que hizo uso de la opción para salir del país y a los seis meses lo trasladaron a Coordinación Federal, sitio desde donde recuperó su libertad.

En cuanto a su actividad política, destacó que en el colegio en el que hacía sus estudios terciarios había un grupo de alumnos que trabajaba sin llegar a conformar un Centro de Estudiantes; hacían compras comunitarias parar vender a bajo costo, rifas porque había problemas incluso edilicios; que se presentaron dos listas para una elección, pero la integrada por el nombrado no ganó. Su labor era netamente estudiantil.

En la causa judicial terminó absuelto y el 21 de enero de 1978 recuperó su libertad.

De esta manera, la detención del nombrado quedó debidamente demostrado no tan sólo por el alcance de su relato, que confirmó el testimonio de Patricia Yolanda Molinari ya examinado, sino, además, por el tenor del acta que instrumentó su aprehensión, glosada a fs. 1/2 de la causa n 610 "Cangaro, Guillermo Eduardo- Erreguerena Miguel Angel-Molinari, Yolanda Patricia y Valente, Ricardo Alfredo....sf Inf. Ley 20.840 y art. 213 bis del Código Penal" del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata.

De las singularidades de dicha pieza, que revelan la irregularidad del procedimiento que formaliza, apuntalando la acusada ilegitimidad que atribuimos a la detención de Cángaro, nos hemos referido al tratar el caso de Molinari, por lo tanto a lo manifestado entonces remitimos para evitar innecesarias reiteraciones.

Afirmado ese extremo, también se acreditó que la privación de la libertad fue producida por integrantes de la Marina, concretamente personal de la Base Naval, como lo revela el acta que protocoliza su detención suscripta por el oficial de inteligencia de esa dependencia militar Julio César Fulgencio Falcke, activo ejecutor de las maniobras que damnificaron a Cángaro.

Debe tenerse presente aquí el claro señalamiento que, además, dirigió el nombrado a la persona de Falcke, a quien describió en función de los rasgos fisonómicos que retuvo a partir de su encuentro con él en la playa de la Base.

Además, aportó en el debate un identikit que realizó, en el que plasmó la imagen de una persona cuyos rasgos coinciden con los de Falcke -bien que se aprecien las fotos glosadas en su legajo-.

Tales antecedentes, la descripción, el identikit y el hecho de que el citado oficial naval es quien aparece interviniendo en la protocolización de la detención del nombrado, no deja lugar a duda en punto a que no es otra que Julio César Fulgencio Falcke la persona a quien se refiere Cángaro al identificar a uno de sus secuestradores cuando se encontraba en la Base, sobre todo cuando, además, se cuenta con las constancias de su legajo que informan que era ése su destino en la fecha en que ocurrieron los hechos.

Por otro lado, la intervención de la Fuerza de Tareas 6 en la detención de Cángaro, cuyos mandos tenían su asiento en el citado apostadero naval, se encuentra debidamente demostrado.

Sobre el particular se cuenta con el Memorando de Prefectura 8499 IFI N 26 "ES y C" del 13 de agosto de 1976. La información que esta pieza recoge, se conecta al desbaratamiento del aparato político y logístico de la OPM Montoneros que operaba en la zona, atribuyendo a la Fuertar 6 la detención de numerosas personas y secuestro de elementos y documentación de vital importancia perteneciente a la organización.

En su contenido, precisamente, se hace alusión a la detención de Guillermo Cángaro, identificado como "WILLY", a quien vinculan al aparato de prensa y propaganda de aquella organización, adjudicándole una actuación periférica.

Su presencia en la Base, a su vez, quedó documentada con el oficio librado al señor Juez Federal de Mar del Plata por el Teniente Coronel Jorge Luis Costa al llevar a su conocimiento que, con motivo de operaciones militares y de seguridad efectuadas en cumplimiento de lo prescripto por el Decreto 2770/75, había sido detenido, entre otros particulares, Guillermo Eduardo Cángaro, a quien ponía a disposición del magistrado; dicha pieza documental se agregó a fs. 10 de la citada causa 610 y lleva fecha del 2 de agosto de 1976.

Precisamente, corroborando el mencionado lugar de alojamiento, al ordenar su indagatoria el magistrado federal dispuso constituirse en la Base Naval a ese efecto (fs. 11; 12 vta.; 15).

Tal extremo también quedó acreditado con el testimonio rendido en el debate por Miguel Ángel Erreguerena y Patricia Molinari, entre otros.

Cabe recordar que, aproximadamente para el 13 de agosto, fue trasladado a la Comisaría segunda de Mar del Plata (conf. 19 de la causa 610) y desde allí derivado a la Unidad n 7 de Azul, a la que ingresó el 30 de agosto de 1976 (fs. 54 de la causa de menas). Finalmente, obtuvo su libertad en la causa 610 el 10 de noviembre de 1977 (fs. 131) la que no se hizo efectiva pues se encontraba detenido a disposición del Poder Ejecutivo (conf. se desglosa de la notificación agregada a fs. 141 del citado expediente).

Como se aprecia, el nombrado, de acuerdo a los relevamientos de la inteligencia naval, siguió el derrotero que prescribía el Placintara en su Apendice 1 al Anexo F: 2.5 y sigtes y 2.6 y sgtes, teniendo en consideración que entraba en la categoría de integrantes de la organización que estaban por superar los primeros niveles de militancia (conf. Memorando 8499 IFI n 26 ES y C/76 del 13 de agosto de 1976).

La relación de su detención con su vinculación a la OPM Montoneros quedó a su vez constatada no tan sólo con el citado Memorando 26 al que hicimos referencia sino, y en lo que es más concreto y específico, con el trámite de la citada causa 610 "Cangaro, Guillermo Eduardo- Erreguerena Miguel Angel- Molinari, Yolanda Patricia y Valente, Ricardo Alfredo....sf Inf. Ley 20.840 y art. 213 bis del Código Penal", en que concluyó finalmente sobreseído (fs. 130).

Se cuenta también con el informe correspondiente a la ex DIPBA que fuera incorporado al juicio, del que resulta que el nombrado se encontraba identificado con el legajo 2703, mesa de delincuentes subversivos, que lo vincula a la OPM Montoneros, informando de su puesta a disposición del Poder Ejecutivo por Decreto 1743 del 1976, identificando como lugar de arresto la Base Naval de Mar del Plata.

Sobre los tormentos de los que fue objeto, vinculados a su afinidad política con la organización ya mencionada, quedaron puestos de manifiestos a partir del relato que el nombrado prestó.

Si bien es cierto que Cángaro relacionó los interrogatorios con los conocimientos que inteligencia naval le requería respecto de personas vinculadas a la juventud universitaria peronista, de la que había tomado parte en el curso del año 1975, cabe destacar también que, conforme el citado memorando 26, los interrogatorios estuvieron conectados a la vinculación del nombrado a la estructura de prensa y propaganda de montoneros.

Vuelto sobre el tema, la naturaleza de las agresiones que vivió de manos de sus captores tuvieron como características relevantes el uso permanente de capucha, no atender convenientemente a sus necesidades fisiológicas, golpes en distintas partes del cuerpo, someterlo a las inclemencias del tiempo, tenerlo permanente atado de las manos, sentado o parado, hacerlo escuchar el sufrimiento de aquéllos que como él se encontraba detenidos ilegalmente y sometidos a las mismas clase de tormentos.

Tales agresiones no sólo fueron confirmadas por Molinari, quien compartió su traslado a la Base en el mismo automotor en donde fueron reducidos, maniatados, encapuchados y golpeados sino, además, en el relato de quienes compartieron el encierro contemporáneamente -en cuanto integrantes de la misma estructura-, y fueron sometidos a similares prácticas -Erreguerena, Molinari, Ferrecio, Datto, Valente, entre otros-.

Por otro lado, también quedó confirmado que estuvo en dependencias de Buzos Tácticos, las que describió como los ámbitos en la zona de playa que confirmó, luego, cuando regresó a la Base encontrándose en libertad, como así también por la coincidencia edilicia que se aprecia de su relato respecto de varios testimonios que reconocieron haber estado en aquél edificio de dos plantas en construcción.

Así las cosas, quedó acreditada la privación ilegítima de la libertad del nombrado con los agravantes de la violencia y su duración, habida cuenta el decurso siguió su encierro hasta que recuperó la libertad, como también los tormentos agravados de los que fue objeto.

Por los eventos que lo perjudicaron deberán responder Julio C. F. Falcke, como coautor de la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y po su duración-más de un mes- y, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Rafael Alberto Guiñazu, en calidad de coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y por su duración -más de un mes-; e imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos.

6. Hechos en perjuicio de Miguel Ángel ERREGUERENA

6.A. Conducta atribuida

Que de conformidad con la prueba rendida en el debate hemos tenido por cierto y demostrado que Miguel Ángel Erreguerena fue privado ilegalmente de su libertad el 6 de julio de 1976, alrededor 18:30 horas, en la intersección de las calles Uriburu y San Juan, de la Ciudad de Mar del Plata, cuando fue interceptado por tres personas armadas, vestidas de civil y pertenecientes a la Fuertar 6 de la Armada Argentina que, sin exhibir orden legal alguna y mediante el uso de violencia, lo redujeron a golpes, lo encapucharon y lo subieron a un automóvil Chevrolet 400 de color verde.

Fue colocado en el piso del asiento trasero y trasladado hacia el predio de la Base Naval de Mar del Plata donde fue alojado clandestinamente en el Edificio de la Agrupación Buzos Tácticos.

Allí fue sometido a pasajes de corriente eléctrica, maniobras de ahogamiento con almohada, golpes y patadas, alojado en un lugar no adecuado, sentado contra una pared con prohibición de comunicarse, con pérdida sensorial del tiempo y el espacio, obligado a escuchar gritos y lamentos de los torturados -entre los que se encontraba su novia Patricia Yolanda Molinari-, con escasas posibilidades de higiene.

Dentro del predio naval, algunas noches fue trasladado a una carpa de lona ubicada en la playa, siendo época de invierno y durmiendo sobre la arena mojada con escasa vestimenta.

Fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo el 18 de agosto de 1976 y continuó detenido ilegalmente en las instalaciones de la Base Naval hasta el 30 de ése mes y año, fecha en que fue llevado sucesivamente a los penales de Azul, Sierra Chica, Rawson y La Plata, hasta que le concedieron la libertad bajo vigilancia en julio de 1980.

6.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Los hechos así concebidos quedaron demostrados con el testimonio de Miguel Ángel Erreguerena quien recordó que fue detenido el 6 de julio de 1976 a la altura de la intersección de Luro y San Juan, en la Tienda los Gallegos, por tres personas de civil que se abalanzaron sobre él, le tiraron un trapo de piso en la cabeza y lo hicieron subir a un auto al tiempo que lo golpearon con la culata de un arma con la que lo apuntaban previamente.

Llegados al destino, la Base Naval, lo golpearon contra una pared, le bajaron los pantalones y comenzaron a propinarle golpes de puños y patadas. Lo hicieron descender por una escalera, le pusieron una capucha y percibió que allí estaba Cángaro, a quien consultó acerca de la pertenencia de la sangre que se observaba en el piso, obteniendo como respuesta por parte de aquél que correspondía a Patricia Molinari.

Al día siguiente lo llevaron a una radio-estación, lo ataron de pies y manos a una mesa, encapuchado y empezaron a aplicarle descargas eléctricas en las piernas, el ano, los genitales, costilla y boca, maniobra combinada con el uso de un almohadón para producirle una sensación de ahogo. También le pegaron en el estómago con un palo y en el ínterin lo auscultaron; concluida la sesión lo llevaron al mismo lugar del que lo sacaron -la caseta, la escalera con el mar al lado-.

De ése lugar lo trasladaron a un hangar que tenía dos pisos, en el que lo ubicaron en el suelo contra la pared, primero con las esposas atrás, que luego pasaron hacia adelante por cuanto le dolían las manos. Ese lugar tenía una escalera con descanso que utilizaban para conducirlo a un baño externo, logrando advertir que en el primer piso comenzaron a construir calabozos diminutos en los que cabía una persona por unidad.

Luego lo llevaron a un lugar que definió como de tropa o instrucción por dos días y luego a otro que era un galpón donde daba el sol. También durmió en la arena y en las carpas.

Estando en la Base Naval, un día le sacaron las esposas y la capucha y lo llevaron ante un Juez que, junto a su secretario, se había presentado allí. Tuvo una causa por asociación ilícita y propaganda en contra del gobierno, en la que fue condenado a tres años de prisión obteniendo la libertad condicional, la que no se hizo efectiva ya que permaneció detenido a disposición del Poder Ejecutivo.

Recordó que en los interrogatorios le hacían preguntas absurdas, requiriéndole nombres. El declarante militaba en la Juventud Peronista y había presidido el Centro de Estudiantes hasta el año 1975. Sostuvo que en la Base Naval permaneció cautivo todo el grupo de artes visuales: Molinari, Cángaro, Valente, Datto y Ferrecio, puntualizando que, en dos o tres sesiones de picana que le tocó padecer, estuvo presente la nombrada en primer término.

También surgió de su testimonio que pese a estar encapuchado se dio cuenta que estaba en la Base Naval. Así lo afirmó por cuanto había concurrido allí con anterioridad, concretamente cuando en el marco de actividades escolares fue a pintar, y además porque cada vez que iba al baño se le facilitaba un ejemplar de la gacetilla naval. A ello agregó, completando el panorama al respecto, la arena, el olor del mar y la bocina de los barcos.

El treinta de agosto salen de la Base en un colectivo el declarante, Valente, Cángaro y Molinari. A esta la dejan en una comisaría y a él junto a Cángaro y Valente en la Seccional Segunda. Allí no supo si estuvo quince o veinte días para luego ser llevado a la Cárcel de Azul junto a los nombrados.

En Azul estuvo ocho meses y luego estuvo en Sierra Chica en donde permaneció por espacio de dos años; tuvo un traslado temporario a La Plata y luego pasó a Rawson, en donde permaneció un año más, y en 1980 salió en libertad vigilada.

Comenzando el análisis de este caso, cabe destacar que no sólo su testimonio contribuyó a formar criterio de la detención de la que fue víctima, sino también el acta que la instrumentó, glosada a fs. 3/4 de la causa n 610 "Cangaro, Guillermo Eduardo-Erreguerena Miguel Angel- Molinari, Yolanda Patricia y Valente, Ricardo Alfredo....sf Inf. Ley 20.840 y art. 213 bis del Código Penal" del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata.

Esta pieza documental acreditó, a su vez, que esa privación de la libertad fue producida por integrantes de la Marina, concretamente personal de la Base Naval como lo revela la identidad del oficial que la suscribió: Julio César Fulgencio Falcke.

Por otro lado, la intervención de la Fuerza de Tareas 6 en ese acto, cuyos mandos tenían su asiento en el citado apostadero naval, se encuentra demostrado con el Memorando de Prefectura 8499 IFI N 26 "ES y C" del 13 de agosto de 1976.

La información que esta pieza recoge, se conecta al desbaratamiento del aparato político y logístico de la OPM Montoneros que operaba en la zona, atribuyendo a la Fuertar 6, precisamente, la detención de numerosas personas y secuestros de elementos y documentación de vital importancia perteneciente a la organización.

En su contenido se hace alusión a la detención Miguel Ángel Erreguerena.

Por otro lado, luce evidente la violencia a la que quedó sometida su detención desde que sin identificación alguna ni fundamento en orden escrita de autoridad competente -que ya marcaba la ilegitimidad de la medida- fue subido a empellones al rodado automotor en el que se lo trasladó a la Base Naval.

Su presencia en ese ámbito, quedó documentada con el oficio librado al señor Juez Federal de Mar del Plata por el Teniente Coronel Jorge Luis Costa al llevar a su conocimiento que, con motivo de operaciones militares y de seguridad efectuadas en cumplimiento de lo prescripto por el Decreto 2770/75, había sido detenido, entre otros particulares, Miguel Ángel Erreguerena a quien ponía a disposición del magistrado y se encontraba alojado en la Base Naval, informe agregado a fs. 10 de la citada causa 610, que lleva fecha del 2 de agosto de 1976.

Precisamente, corroborando el mencionado lugar de alojamiento, al ordenar su indagatoria el magistrado federal dispuso constituirse en la Base Naval a ese efecto (fs. 11; 12 vta).

Lo expuesto también quedó acreditado con el testimonio rendido en el debate por Patricia Molinari, Guillermo Cángaro, Graciela Datto y Héctor Ferrecio, entre otros.

Cabe recordar que, aproximadamente para el 13 de agosto, fue trasladado a la Comisaría segunda de Mar del Plata (conf. fs. 19 de la causa 610) y desde allí derivado a la Unidad n 7 de Azul, a la que ingresó el 30 de agosto de 1976 (fs. 54 de la causa de menas).

Acreditados esos extremos también demostró la prueba rendida en el debate los tormentos de que fue objeto el nombrado en el curso de su encierro en la Base Naval de Mar del Plata.

Sobre el particular, resultó por demás ilustrativo el pormenorizado relato que brindó acerca de las distintas agresiones de que fue objeto. Golpes de puño, puntapiés, sometimiento a las inclemencias del tiempo, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, uso de una capucha en forma permanente y sometimiento a escuchar los dolores que expresaban los otros detenidos al ser torturados, todas acciones destinadas a infligir un dolor físico pero también psicológico a través de una práctica de degradación sistemática.

Algunas de esas maniobras producidas en su persona, fueron percibidas y padecidas por otros detenidos a quienes se obligó a que lo tocaran cuando se producía el paso de energía eléctrica por su cuerpo -Patricia Molinari-, en cambio otros testigos que estuvieron detenidos contemporáneamente con él confirmaron la imposición de esos castigos -como práctica aplicada a los internos- que sufrieron en carne propia -así lo testificaron Cágaro, Datto, Ferrecio y la mencionada Molinari, entre otros-.

Dicha actividad se produjo en el marco de los interrogatorios a que fue sometido con motivo de su militancia en la Juventud Universitaria Peronista y sus vínculos con la Organización Montoneros, a cuyo aparato de propaganda se lo relacionó.

Sobre el particular, la identidad política como presupuesto de su detención y los tormentos que debió padecer, se deduce sin mayor esfuerzo del ya citado Memorando de Prefectura 26de la Prefectura Naval.

Así también se cuenta con el trámite de la citada causa 610 "Cangaro, Guillermo Eduardo- Erreguerena Miguel Angel- Molinari, Yolanda Patricia y Valente, Ricardo Alfredo....s/ Inf. Ley 20.840 y art. 213 bis del Código Penal", en la que concluyó condenado el 15 de marzo de 1978, a la pena de tres años de prisión a cumplir, con costas, por ser autor responsable de los delitos de asociación ilícita de finalidad política y propagación de actos tendientes a suprimir el orden institucional y la paz social (art. 213 bis del Código Penal y art. 2 inc. c) de la ley 20.840).

Un examen de los antecedentes glosados al proceso demuestra también la certeza del aserto que venimos desarrollando aquí en tanto registró en los archivos de la DIPBA los Legajos 2703 caratulado "Mesa DS Varios detenidos a disposición del PEN", en el que figura como integrante de la célula de apoyo logístico de Montoneros, solicitado por el Ejército y detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional según decreto 1743 del 18/8/76, en la Base Naval de Mar del Plata.

También se encuentra con el legajo n 16.767 que, aún cuando es posterior a su condena, remite a los antecedentes que derivaron en su detención, calificándolo como delincuente subversivo, alojado, entonces, en el Instituto de Seguridad U6.

El informe remitido oportunamente por la Comisión Provincial por la Memoria (fs. 4045/54 de la causa 2286 incorporado al debate) indica que el nombrado registraba como antecedentes sociales su pertenencia a Montoneros y remite a los legajos ya citados.

A su vez, de ello da cuenta del Legajo 15.853, caratulado "152 personas dejan de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional"; allí figura un artículo periodístico del diario Convicción del 7//07/1980 titulado "Dejaron de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 152 personas. 50 seguirán estando en libertad vigilada", en el cual, bajo el subtítulo "En libertad vigilada" se menciona a Miguel Ángel Erreguerena.

También se encuentra el legajo 16.630 caratulado "Cese de arresto a disposición del PEN (160 en total)", en cuya página 6 incluye una "Nómina de personas en situación de libertad vigilada durante los meses de septiembre y octubre del "80" " en la que figura "Erreguerena, Miguel Angel, Decreto N 1440 del 17 de julio de 1980".

Es decir que existe una profusa información documental de la que no es difícil colegir cuales fueron las causas de la privación ilegal que sufrió el nombrado cuanto, en particular, la vinculación que, con sus antecedentes políticos, tuvieron los tormentos a los que se vio sometido.

Como se aprecia, Erreguerena, de acuerdo a los relevamientos de la inteligencia naval, siguió el derrotero que prescribía el Placintara en su Apendice 1 al Anexo F: 2.5 y sigtes y 2.6 y sgtes, teniendo en consideración que, ingresaba en la categoría de integrante de la organización que estaban por superar los primeros niveles de militancia (conf. Memorando 8499 IFI n 26 ES y C/76 del 13 de agosto de 1976).

Por otro lado, su permanencia en la Base lo ubica, a partir de los lugares que señala y que se corresponden con aquéllos en los que también pasó Guillermo Cángaro, en dependencias de Buzos Tácticos.

Cabe destacar que la singularidad de esos ámbitos, la estructura material y su proximidad a la playa, no deja lugar a duda sobre su identidad confirmada definitivamente por el mencionado Cángaro cuando, ya en libertad, volvió allí y lo pudo constatar.

El tiempo de encierro, confirmado por la documental introducida al juicio, demuestra que superó el lapso revelador de las circunstancias agravantes en razón del tiempo.

De esta manera, acabadamente demostrado quedó la privación ilegítima de la libertad de la que fue objeto Erreguerena a consecuencia del plan sistemático instaurado por la última dictadura de naturaleza militar que asoló al país.

Por los hechos descriptos deberán responder penalmente Justo Alberto Ignacio Ortiz, Rafael Alberto Guiñazu y Julio César Fulgencio Falcke como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y por su duración -más de un mes-; y los dos primeros por el delito de imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos.

7. Hechos en perjuicio de Héctor Alberto FERRECIO

7.A. Conducta atribuida

El material probatorio recabado a lo largo de las audiencias de debate permitió asimismo comprobar que Héctor Alberto Ferrecio fue privado ilegalmente de su libertad el día 24 de julio de 1976, en horas de la mañana, en ocasión de encontrarse en el domicilio de sus padres ubicado en calle Mitre n 1756, de la ciudad de Mar del Plata.

Allí se presentó un grupo de tareas perteneciente a la Fuerza de Tareas n 6, compuesto por tres personas vestidas de civil y armadas que se movilizaban en un Ford Falcón y que, luego de ingresar al inmueble en forma violenta, redujeron a la víctima, la encapucharon y retiraron del lugar colocándolo en el piso del asiento trasero del vehículo.

Fue trasladado al predio de la Base Naval Mar del Plata para ser depositado en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos, donde debió padecer interrogatorios, tormentos y condiciones inhumanas de detención que consistieron en la aplicación de golpes, amenazas, simulacros de fusilamiento, en permanecer en un lugar no apto para detenidos, encapuchado y con las manos atadas, de pie por prolongados lapsos y sin mantener comunicación con el resto de los secuestrados.

Luego de 30 días aproximadamente fue conducido a dependencias de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, donde continuó cautivo por 60 días más.

En este lugar también fue sometido a tormentos e inhumanas condiciones de detención consistentes en ser golpeado y amenazado, permanecer con los ojos vendados, con imposibilidad de comunicarse con otros cautivos, sentado en forma permanente con las manos atadas sobre una mesa -lo que le ocasionó lesiones en sus miembros inferiores- y obligado a soportar música a alto volumen durante las 24 horas del día.

Su detención ilegal continuó en su derivación a la Comisaría Cuarta, posteriormente a Sierra Chica y por último a la Unidad Penal número 9 de la Plata hasta que en el mes de noviembre de 1977 fue liberado.

7.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Para el conocimiento de los eventos que lo perjudicaron repararemos como primera medida en los datos que aportó en el marco de su declaración judicial prestada en el debate.

En este sentido, Héctor Alberto Ferrecio narró al tribunal que fue detenido en la mañana del día 24 de julio de 1976, mientras se encontraba en la casa de sus padres sita en calle Mitre n 1756 entre Mateo y Quintana de Mar del Plata.

Habían permanecido allí la noche anterior junto a su señora, recordando que luego de que ella se fue a trabajar temprano vino su madre a decirle que se levantara toda vez que unas personas lo estaban buscando.

Cuando se estaba incorporando advirtió que uno de los sujetos ya había ingresado a su habitación y le manifestó de inmediato que lo acompañara. Acató la orden y luego de tomar su vestimenta se retiró junto a él.

De seguido observó que afuera de la casa se encontraba un auto estacionado con dos personas más en su interior también vestidas de civil y portando armas. Lo subieron al rodado emprendiendo la marcha por una cuadra más o menos cuando, luego de virar en dirección a la costa, le dijeron que se tirara al suelo y le pusieron una capucha.

Luego de recorrer un breve trayecto, lo condujeron a un lugar que se dio cuenta era la Base Naval por el sonido cercano del mar y porque a través de la primera capucha que le colocaron se traslucía el escudo de la Armada invertido. Allí permaneció por treinta días cautivo.

De inmediato lo ubicaron en un sitio en el cual comenzaron a interrogarlo acerca de sus actividades habituales y de qué relación mantenía con compañeros de la escuela de su señora -Cángaro, Molinari, Erreguerena y Valente, los que se encontraban detenidos desde hacía un mes-.

Finalizada la sesión, que no duró demasiado tiempo e incluyó la parodia de dispararle con una pistola descargada, lo transfirieron a un lugar donde lo hicieron sentar en el piso contra una pared. El siguiente interrogatorio ocurrió al otro día, ocasión en que lo llevaron hasta la mesa de torturas y lo golpearon, todo bajo amenaza de muerte.

Estuvo todo el tiempo encapuchado y con las manos atadas hacia adelante, mencionando que si venía algún sujeto que decía que había que estar parado los hacían parar y poner las manos sobre la pared, o por ahí los hacían sentar en sillas de playa y a la noche les tiraban colchones para dormir.

En un momento determinado lo llevaron a ducharse por única vez a una especie de casilla que estaba prácticamente sobre la playa, aspecto que intuyó debido a que sintió arena y luego confirmó cuando la gente que estaba afuera vigilándolo le retiró la capucha.

Transcurrido uno o dos días, fue ubicado por un breve lapso en un ámbito que describió como una especie de galpón o tinglado y, posteriormente, en una construcción emplazada en el primer piso, que se trataba de una dependencia distinta dentro del mismo edificio debido a que los traslados eran cortos.

Además de las personas que eran compañeras de su esposa, a las cuales no logró divisar, tuvo la seguridad que estaba Patricia Molinari pues el primer día escuchó que ambas mantuvieron una conversación en lo que identificó como la planta baja. Varios días después confirmó que también estaba Cángaro ya que reconoció su voz en el primer piso de que indicó como "la obra en construcción", al igual que las de Erreguerena y Valente.

Respecto de Alberto Jorge Pellegrini, de quien era vecino e iban al mismo colegio, supo con posterioridad que había estado ahí en el mismo tiempo que él por intermedio de su madre, la que le contó cómo ocurrieron las cosas.

Mencionó que en una oportunidad trajeron a una mujer y comentaron en voz alta -estimó que para que ellos escucharan- "acá está Susana". Se enteró luego que esa persona era Susana Martinelli, la cual lloraba y pedía amamantar a su bebé, quejándose mucho que le dolían los pechos porque no podía hacerlo. A su esposo lo apodaban "Calú", lo que estableció debido a los comentarios de algunos de los guardias junto a que los habían detenido a ambos porque "eran subversivos".

Durante el período en que estuvo en la Base Naval escuchó mencionar un apodo tenebroso que era el de "Comisario Pepe", aparentemente una de las personas que se encargaban de interrogar pero sin poder afirmar con seguridad que lo haya hecho con él.

Recordó que la única vez que se percató de que un traslado fue prolongado, ocurrió cuando los transportaron a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina.

Explicó al respecto que lo levantaron y lo obligaron a ascender a un micro entre cuyos asientos percibió que había otras personas, pudiendo estar seguro que no era el trayecto dentro de la Base Naval pues el camino recorrido fue más largo. Aclaró que en ése momento no tuvo la seguridad que se tratara de la ESIM, dato que comprobó tiempo después hablando con otras personas debido a las versiones concordantes acerca de la posición de la mesa, de la forma en que comían, la descripción del baño, entre otras particularidades, resultando que incluso mientras permanecía en Sierra Chica un individuo le manifestó que él había estado allí.

Con relación a las condiciones de detención, expresó que para él la modalidad era totalmente distinta a la de Base Naval, pero que la sensación y la vivencia, era de total inseguridad, sin saber cómo ni cuándo termina, o lo que se pretendía con ello.

Destacó que estaban las veinticuatro horas de los sesenta días que le tocó permanecer allí sentados en el mismo lugar con las manos sobre una mesa -inclusive dormían en esa posición-; la música estaba permanentemente a un volumen elevado, resultando que por lo general se trataba de un único disco de una cumbia salvo que vinieran y lo cambiaran esporádicamente pero, a diferencia de la Base Naval, sin que se le practicaran interrogatorios.

Puntualizó que se encontraban maniatados de pies y manos, con cinta adhesiva en los ojos, algodón en las orejas y capucha, resaltando que los dos ó tres primeros días no lo dejaban dormir y, si lo hacía, lo golpeaban.

En una oportunidad lo levantaron y le sacaron una foto previo retiro de la capucha, quedándole la impresión de que el lugar se trataba de un sitio de paso puesto que era muy variable la cantidad de gente, entre las que logró reconocer la presencia de su señora y de Carlos Alberto Pellegrini.

Memoró específicamente un acontecimiento referido a la visita que personas identificadas como pertenecientes a la Justicia Federal, le efectuaron en la Esim.

Detalló que le sacaron la capucha y lo desataron, luego de lo cual un individuo que le manifestó ser el secretario del Juez -cuyo apellido, Fiore, pudo conocer con posterioridad- le tomó una declaración que estaba previamente armada. Al tiempo supo también que tenía una abogada defensora, la Dra. Teodoris, a quien nunca vio o tuvo contacto.

En cuanto a gestiones realizadas por sus familiares, manifestó que su padre se había comunicado con el Coronel del Ejército que estaba a cargo del batallón 601, de apellido Barda, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta.

Explicó que directamente no tuvo militancia política, sólo que su señora tenía actividad en el centro de estudiantes y él la apoyaba en esa tarea.

A preguntas formuladas respecto de los lugares en los cuales se habían materializado sus declaraciones judiciales, expresó que tuvieron lugar en la Esim y luego en Sierra Chica, mientras que en los últimos momentos que permaneció en la Base Naval lo condujeron en una oportunidad a la planta baja donde lo consultaron acerca de sus datos de filiación para, luego, hacerle firmar un papel sin permitirle leer su contenido que, sin embargo, era similar al que integró su indagatoria en el ESIM pese a que quienes le formulaban las preguntas no se identificaron como pertenecientes al juzgado, dándole la impresión que estaba "todo armado de antes".

Concluyó su declaración con la mención de que fueron en total tres meses el período en que estuvieron como desaparecidos para sus familiares, manteniendo el primer contacto cuando los llevaron a la comisaría cuarta. Allí permaneció un mes más, después fue conducido a Sierra Chica por cinco ó seis meses y finalmente lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata hasta diciembre ó noviembre de 1977 que le dieron la libertad.

Las maniobras que lo perjudicaron, conforme el tenor de su relato, encontraron su cabal comprobación en el resto del plexo probatorio producido, desde que permitió confirmar, sin margen para la duda, que la privación ilegal de la libertad de la que fue objeto junto al resto de sus "consortes de causa" fue parte del cumplimiento de operaciones en el marco de la lucha contra la subversión ejecutadas por integrantes de la Fuerza de Tareas n 6, como así también que ella se prolongó por más de un mes.

Este extremo surge acreditado con sólo reparar en el tantas veces citado memorando IFI 26 de la Prefectura Naval Argentina, desde que es la propia Sección Informaciones, que integraba el aparato de inteligencia de la Fuerza de Tareas -cfr. apéndice 1 al anexo "a" del Placintara-, la que confirma que sus miembros, a los que ellos estaban integrados, efectuaron detenciones en Mar del Plata de los principales miembros del aparato político y logístico de la agrupación "Montoneros", entre las que se encuentra el caso de Ferrecio.

Dicha documental puntualmente refiere, luego de detallar de manera circunstanciada como acontecieron las sucesivas aprehensiones de varias de las víctimas de esta causa, que "Casi en forma simultánea se logra la detención de GRACIELA DATTO Y HÉCTOR FERRECIO quienes también habían sido contactados por Erreguerena con Susana. Allanan la casa y encuentran en un escondite debajo de la cama material de prensa y propaganda de Montoneros, una máquina de escribir y dentro de un placard se ve un embute bien realizado pero vacío."

Sin embargo, su materialización pretendió ser ubicada temporalmente, conforme a los datos que Juan Carlos Guyot, en su carácter de funcionario público, falsamente incorporó en las actas de detención -ver fojas 46 y 47 correspondientes a la causa n 610-, como acontecida el día 26 de agosto de 1976 cuando ella, en realidad, se produjo más de un mes antes, conforme la declaración de Ferrecio en el debate, versión que se encuentra avalada en el hecho que el citado memorando en el que ya constaba su captura fue remitido con fecha 13 de agosto, es decir 13 días antes de la fecha que se pretendió hacer valer aviesamente en el marco de las citadas actuaciones judiciales.

Esta puntual circunstancia, que asume inusitada gravedad desde que tuvo como objeto "maquillar" en el marco de un sumario criminal la real mecánica de los hechos, resultando el sostén formal de una medida cautelar que se prolongó, en el caso de Ferrecio, por el lapso de más de un año, ya nos habla a las claras de la manifiesta ilicitud que integró cada uno de los eslabones de la maniobra que debió soportar.

Mediante su instrumentación en esos términos no sólo se procuró mantener en la clandestinidad los pormenores del irregular y violento procedimiento acontecido en el inmueble propiedad de sus padres -nótese que ni siquiera se colocaron los circunstancias de modo y lugar que requería la planilla del Placintara-, sino también las tormentosas condiciones que padeció durante los primeros días de cautiverio en la Base Naval hasta que la autoridad judicial tuvo noticia de su situación, la que, como dato puramente anecdótico en el anómalo marco reinante, fue comunicada trece días después de la falaz fecha insertada en el documento analizado.

En lo que atañe a la configuración de las circunstancias agravantes de la figura básica -privación ilegal de la libertad-, cabe destacar que la violencia de su detención estuvo presente durante todo su desenvolvimiento conforme lo expresó en el debate, mientras que las constancias del expediente n 610 dan cuenta que la orden de libertad respecto de la víctima, siempre y cuando hubieran cesado las medidas restrictivas a disposición del Poder Ejecutivo, fue dispuesta con fecha 10 de noviembre de 1977, es decir que aún cuando todavía no se hubiera hecho efectiva para esa época ya superaba holgadamente el mes que requiere el tipo agravado -cfr. resolución de fojas 130-.

Ahora bien, pese a que su individualización no resultó concluyente, que ése primer lugar en el que permaneció cautivo se trataba de la Base Naval, es un extremo que la comunicación glosada a fojas 48 de la causa 610 se encargó de demostrar. Mediante su emisión, la máxima autoridad de la Subzona 15, Coronel Alberto Pedro Barda, puso en conocimiento del Magistrado a cargo del Juzgado Federal n 1 que durante el desarrollo de operaciones militares y de seguridad en cumplimiento de lo prescripto por el decreto número 2770/75 se había procedido a la detención de Graciela Beatriz Datto y Héctor Alberto Ferrecio, los cuales se encontraban a su disposición en la citada dependencia de la Marina.

Esto se trató, ni más ni menos, que del cumplimiento de las disposiciones del Plancitara pues, cuando un operativo era efectuado por miembros de la FT6 como quedó acreditado en este caso en el tenor del memorando IFI 26, su comandante debía designar el establecimiento en que debería ser alojado.

También la prueba testimonial afirma lo que venimos sosteniendo toda vez que Guillermo Enrique Cángaro, Miguel Ángel Erreguerena, Graciela Datto, Patricia Yolanda Molinari y Alberto Jorge Pellegrini, casos en que su permanencia en la Base Naval -más concretamente en la Agrupación de Buzos Tácticos-, se tuvo por acreditada, reconocieron haber percibido mediante sus sentidos su presencia en esas instancias.

Esta individualización auditiva halló correlato en los dichos de Ferrecio, toda vez que ubicó las voces de Cángaro y Erreguerena en lo que identificó como "un edificio en construcción", característica distintiva que todos los sobrevivientes adjudicaron por aquél entonces a la edificación de Buzos Tácticos conforme los relatos escuchados en el debate y que fue reconocida por el propio Pertusio en el marco de la inspección ocular realizada junto a los miembros de la CONADEP (cfr. anexo II del sumario n 21/85 caratulado "Expte. n 1389 s/ denuncia de Battaglia Alfredo Nicolás procedimiento realizado en la Base Naval de Mar del Plata" correspondiente al Juzgado de Instrucción Militar n 1).

Pero la indicada no fue la única dependencia orgánicamente bajo comando de la Fuerza de Tareas n 6 en la que fue alojado conforme lo reveló la prueba adquirida para el proceso.

En este sentido, luce a fojas 63/vta. de la causa n 610 el decreto mediante el cual la por entonces Jueza Subrogante, Dra. Ana María Teodoris, ordenó que se constituyera el Juzgado en sede de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina con el objeto de recibirles declaración indagatoria a Datto y Ferrecio, diligencia que se cumplimentó ése mismo día en sus instalaciones conforme lo protocoliza el acta de fojas 64.

Este episodio fue específicamente citado por el damnificado durante su testimonio, reconociendo incluso su firma inserta en aquél documento a requerimiento de la fiscalía.

Además de esta concreta evidencia que de manera contundente sitúa a la víctima en instalaciones de la ESIM, confluyen a formar criterio acerca de este extremo las idénticas circunstancias tormentosas soportadas por todos los sobrevivientes que permanecieron allí -Graciela Datto, Carlos Alberto Pellegrini, Enrique Sánchez, Pablo Mancini, Carlos Alberto Mujica, Alejandro Pérez Catán y Victorina Flores-, las que se aprecian concordantes con las explicadas por el damnificado.

Acerca de esta cuestión, el haber sido víctima de tormentos, se explayó Ferrecio no sólo al momento de prestar declaración en el debate oral luego de transcurridos más de 35 años del acontecimiento de los hechos como vimos, sino también mientras se sustanciaba la fraguada causa que se le siguió por sus presuntas actividades subversivas con todo lo que ello significa al momento de meritar la solidez de su relato.

En efecto, luego de la segunda sanción de nulidad de las declaraciones indagatorias por él prestadas -ambas ligadas únicamente a vicios producidos por las autoridades que tuvieron a cargo el trámite del legajo-, y mientras ya se encontraba ubicado en una unidad carcelaria alejado del imperium de las autoridades de la Fuerza de Tareas n 6, se le recibió una nueva declaración injurada, oportunidad en la que manifestó que su primer acto de defensa en el que confesaba algún tipo de vinculación con el resto de los implicados fue expresado bajo una coacción irresistible que había comenzado ni bien se produjo su detención -ver fojas 122 de la causa n 610 caratulada "Erreguerena, Miguel Angel y otros s/infracción ley 20.840"-.

Destacó al respecto que permaneció encapuchado durante toda su detención mientras que era amenazado con que si no suscribía la declaración que previamente le habían confeccionado iba a ser torturado igual que su esposa, quien ya lo había padecido conforme le indicaban.

A ello cabe agregarle, en tanto verifica la materialidad de su ocurrencia, que fue golpeado y sometido a simulacros de fusilamiento, mientras que en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina debió soportar idénticas condiciones que las referidas por los sobrevivientes cuya estadía allí también se tuvo por demostrada: obligación de permanecer encapuchado y con las manos atadas sobre una mesa, con algodones en los oídos, escuchando música a alto volumen durante las 24 horas, etc. -cfr. relatos de Pellegrini, Mujica, Mancini, Enrique René Sánchez, Alejandro Sánchez, Alberto Cortez, entre otros-.

Prosiguiendo con el análisis de la situación que lo perjudicó, corresponde destacar que los motivos de orden político que determinaron su detención y agravaron los comprobados tormentos detallados precedentemente han quedado también convenientemente establecidos.

Para ello debemos partir de la base que su aprehensión, conforme el ya analizado memorando IFI 26, se originó durante el desarrollo de las operaciones que contra la organización político-militar "Montoneros" realizó la Fuerza de Tareas n 6 durante el año 1976, de la cual formaba parte conforme su contenido y el de su legajo dipba incorporado al debate por lectura.

A su vez, anulada como vimos su libertad ambulatoria, la investigación militar de la que fue objeto, interrogatorios mediante, conforme las enseñanzas del Placintara, culminó con su puesta a disposición de la autoridad judicial primero y el Poder Ejecutivo después, en el marco de actuaciones instruidas en orden a la ley 20.840, régimen que penalizaba las actividades ilícitas de índole subversiva.

En este orden de ideas, acerca de las actividades que él y sus consortes de causa realizaba lo indagaron durante las sesiones de preguntas que debió soportar, vinculadas todas a cuestiones políticas.

Y por último, su legajo confeccionado por la ex dipba incorporado al debate pone de manifiesto, al detallar las personas que permanecieron privadas de su libertad a la orden del Poder Ejecutivo -legajo 2703-, que fue sindicado como colaborador del aparato de prensa de Montoneros.

En definitiva, el agravante de los tormentos, al igual que el resto de las conductas que integraron la acusación, fueron demostradas por la prueba rendida, razón por la cual, no verificándose razones que justifiquen su accionar restándole antijuridicidad a ella, ni causas que la exculpen, corresponde que Justo Alberto Ignacio Ortiz y Mario José Osvaldo Fórbice sean llamados a responder en carácter de coautores de las maniobras que damnificaron a la víctima.

8. Hechos en perjuicio de Graciela Beatriz DATTO

8.A. Conducta atribuida

Se encuentra acreditado por la contundencia de la prueba rendida que Graciela Beatriz Datto fue privada ilegalmente de su libertad el día 24 de Julio de 1976, alrededor de las 12:00 horas, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, un taller de cerámica, denominado "Luis Maneta e Hijos" ubicado en la calle Vieytes, entre Santa Fe y Corrientes, de la Ciudad de Mar del Plata.

En esas circunstancias de tiempo y lugar, el dueño del local comercial le solicitó su concurrencia al sector de ventas donde la esperaban tres hombres vestidos de civil que se presentaron como miembros de la Policía Federal Argentina y portaban armas largas.

Acto seguido, sin que mediara la exhibición de ninguna orden de detención en su contra, la encapucharon y colocaron en un automóvil particular Ford Falcón que esperaba en las afueras para ser trasladada y alojada en dependencias de la Agrupación Buzos Tácticos, emplazada en el predio correspondiente a la Base Naval.

En esos ámbitos físicos, fue sometida a tormentos e inhumanas condiciones de detención que consistieron en permanecer en un lugar no apto para detenidos, sufrir golpes con elementos contundentes y soportar de pie frente a una pared durante prolongados períodos.

Asimismo fue sometida a violentos interrogatorios dirigidos por Ángel Narciso Racedo, el que actuó amparado en la clandestinidad que le proporcionaba el uso de la jerarquía del "comisario pepe".

Durante todo el tiempo que duró su cautiverio la mantuvieron maniatada y encapuchada con un número que la identificaba, prohibiéndole la comunicación con el resto de los prisioneros y como consecuencia de las condiciones de detención padecidas, tuvo que ser derivada al Hospital Regional debido a un cuadro pulmonar producto de las desatenciones médicas que se verificaron.

Transcurrido alrededor de un mes, fue transferida a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, sitio en el que la mantuvieron cautiva por dos meses más.

En la ESIM fue sometida a tormentos y condiciones inhumanas de detención que consistieron en la aplicación de golpes y amenazas, en su permanencia con los ojos vendados y sentada con las manos atadas sobre una mesa -lo que le ocasionó lesiones en sus miembros inferiores-, obligada a soportar música a alto volumen en forma permanente y con incertidumbre acerca de su destino final.

Los detallados tormentos que le fueron impuestos en ambas dependencias de la Marina tuvieron como antecedente su filiación política: concretamente su participación en la agrupación Montoneros.

Ya fuera del circuito represivo de la Armada en la ciudad de Mar del Plata, su detención ilegal continuó sucesivamente en diversos establecimientos -Comisaría 4ta, Penal de Olmos, cárcel de Devoto y Coordinación Federal- hasta el día 2 de diciembre 1977 cuando fue liberada.

8.B. Prueba de la materialidad de los hechos

La mecánica de los hechos detallada precedentemente pudo ser reconstruida a partir del relato brindado ante el Tribunal por la víctima, Graciela Beatriz Datto.

Así comenzó su exposición mencionando que fue secuestrada el día 24 de julio de 1976, en horas del mediodía, mientras se encontraba trabajando en un taller de cerámica ubicado en calles Vieytes, entre Santa Fe y Corrientes, de Mar del Plata.

En esas instancias se apersonó uno de los dueños del comercio requiriéndole que lo acompañara al local de ventas y, al arribar al lugar, divisó la presencia de tres personas vestidas de civil con lentes oscuros que le enseñaron una placa con un escudo que, conforme lo anunciaron, respaldaba su pertenencia a la Policía Federal.

Detalló que los individuos eran todos morochos, que utilizaban ropa similar a trajes de color oscuro y que en el acto no blandieron armas, las que pudo observar al ser introducida al rodado de mentas, en el que había más personas que las que ingresaron al local.

Acto seguido, pero sin que mediara la exhibición de orden de detención alguna, le manifestaron que tenía que retirarse junto a ellos, introduciéndola en un rodado marca Ford Falcon en el que le colocaron una bolsa medio transparente en la cabeza que no pudo precisar si tenía el escudo de la armada o decía "Base Naval" y la recostaron en el asiento de atrás con la cabeza entre las piernas de uno de los tripulantes.

Luego de efectuar un corto trayecto, pudo observar a trasluz de la capucha que la unidad automotriz ingresaba en la Base Naval, conduciéndola con posterioridad a un sitio que le pareció se trataba de una oficina en el cual le pegaron en la cabeza con una especie de llavero que "tenía cosas pesadas".

Transcurridos unos instantes, fue subida por una escalera de cemento y ubicada en un ámbito en el cual observó, por debajo de la capucha, que el piso era de similar material, con fisuras o signos de reciente construcción, lo que le permitió concluir que la mencionada oficina se hallaba en la planta baja.

La primera impresión que le generó el lugar al que fue conducida era que se trataba de un galpón cerrado, amplio, en el que comenzó a percibir toses y movimientos de personas que estaban sentadas o paradas como mirando hacia una pared, recordando que por las noches les brindaban algunos colchones para dormir.

A partir de allí comenzó una rutina consistente en bajar por esa escalera hasta un lugar en el que en alguna oportunidad la interrogaban, puntualizando que una vez la desnudaron y la pusieron en una especie de mesa -generándosele la impresión de que iba a ser picaneada porque había jarras con agua que veía por abajo de la capucha- pero de repente llamaron a sus captores y les ordenaron la vistieran.

Según le refirieron sus guardias, era permanente el subir y bajar del personal de inteligencia para efectuar los interrogatorios, los cuales se materializaban en forma violenta, con golpes, y, en el particular caso de ella, con manoseos. A raíz de esta circunstancia fingía ataques o desmayos, comentándoles a los custodios que ello ocurría cuando estaba nerviosa frente a preguntas respecto de la habitualidad en que se manifestaba.

En cuanto al contenido de las preguntas que le formulaban, no recordaba que estuvieran vinculadas con la agrupación montoneros, sino que se mostraban interesados en conocer la actividad de otras personas diferentes que las que conformaban el grupo de Artes Visuales debido a que la mayoría ya habían sido apresados.

Sí memoró que la indagaban permanentemente respecto de un sujeto vinculado a dicha organización bajo el alias "Calú", al que nunca había visto pero pudo establecer posteriormente que se trataba de Juan Carlos Oliva.

En ése lugar amplio, donde estaban depositados, escuchó la frase "soy correntina y no montonera carajo" por parte de una mujer que según se enteró luego era Susana Martinelli, esposa de Oliva, la que mencionaba que le dolían los pechos porque no amamantaba a su bebé.

Recordó que mientras permanecía detenida escuchó la voz de uno de los interrogadores al que apodaban "Comisario Pepe", detallando que poseía una personalidad muy agresiva ya que gritaba mucho y era "el más guarango". Si bien no pudo observarlo a través de la capucha, toda vez que en algunas oportunidades lo tuvo muy cerca, apreció que era de contextura física grande, mucho más alto que ella y fornido, pareciéndole también que era de mayor edad que la deponente.

Durante su relato destacó que un día, a raíz de la presencia de un bronco espasmo que padeció debido a las condiciones en que permanecía cautiva, fue conducida en una especie de camioneta al Hospital Regional, extremo que dedujo a partir del trayecto realizado por la avenida Juan B. Justo. Allí fue revisada, aún encapuchada, por un médico o enfermero que, luego de tomarle la presión, arroparla con unos diarios e inyectarle un medicamento que la relajó, le indicó que debía permanecer con el pecho caliente, tratamiento que no pudo cumplir debido a que una vez reintegrada a la Base Naval le retiraron la cobertura y la volvieron a dejar parada.

Expresó que la única oportunidad en la que la llevaron a bañarse mientras permaneció allí prisionera tuvo lugar una noche fría en una casilla ubicada en la playa a la que llegó agarrada del brazo por un guardia luego de bajar por la mencionada escalera y caminar, sin poder precisar la distancia, por la arena. Ahí le retiraron la capucha -lo que supuso pues le caían las gotas por la cabeza- mientras que por las ranuras existentes en la casilla percibió el viento y olor del mar.

Evocó la presencia de un baño ubicado en el exterior con nada más que un inodoro en el que los obligaban a dejar la puerta abierta para vigilarlos mientras hacían sus necesidades.

Conforme lo expuso, mientras se desenvolvía su estadía allí pudo advertir por sus sentidos la presencia de personas que eran de su conocimiento.

En este sentido, manifestó que en una ocasión trajeron a su esposo para que lo tocara, como así también que un día la hicieron chocar contra Patricia Molinari. De igual modo creyó haber escuchado la particular voz de Alberto Pellegrini -a quien apodaban "Cacho"- cuando recibió un puntapié debido a que alguien le preguntó "vos porque éstas?" y contestó por "boludo".

Luego de esta primera etapa, desde la Base Naval fue conducida en un colectivo junto a otros prisioneros con destino a Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina -información que le brindó uno de los guardias que la vigiló- espacio físico en el que permaneció por dos meses más.

Una vez allí, el primer lugar en que fue alojada, conforme lo expresó, se trató de una habitación con una mesa larga en la que debían permanecer sentados con las manos arriba, atados y obligados a escuchar música de manera permanente, la que en algunas oportunidades venía mezclada con el sonido de una banda que ensayaba para desfiles.

Toda vez que durante su traslado le habían atado las manos a la espalda de manera muy ajustada, gritó y lloró toda la primera noche.

Al día siguiente un sujeto la llevó a un lugar donde le dijeron que le iban a sacar la capucha pero no podía abrir los ojos porque si lo hacía "le iba a ver las bolas a San Pedro"; cumplió con lo así ordenado y le pusieron algodón con vendas y cinta adhesiva en los ojos, sumado a la capucha por encima de ellas.

Refirió que el trato se flexibilizó, por lo menos en su caso, respecto del padecido en la Base Naval toda vez que ahí los dejaban bañarse, lavarse los dientes y no había interrogatorios con la intensidad de los padecidos allí.

Sin perjuicio de ello, destacó que existían guardias más tolerantes que otras y que en algunas oportunidades los sacaban no sólo para pegarles sino para hablar, utilizando un mecanismo consistente en que había una persona que hacía el papel de bueno -en su caso el "inspector Maidana"- y otra de malo, que pretendían doblegarlos para sacarles información mencionando datos de sus familiares.

Recordó un episodio en particular en el que se encontraba sentada y sintió que se empezó a mojar, a raíz de lo cual un guardia que percibió lo que estaba aconteciendo la trasladó hasta el baño para que se lavara, advirtiendo en esas instancias que el fluido se trataba de sangre. Como para ésa época ella no se estaba cuidando de quedar embarazada, calculó que se trató de un aborto espontáneo, dato confirmado con posterioridad cuando una persona que se tituló como médico le preguntó por qué no había dicho que estaba en estado de gravidez, respondiendo que el motivo radicó en su desconocimiento de dicha circunstancia.

Pudo percibir que en la Esim había más gente detenida, mujeres y hombres, pero no habló ni se cruzó con ninguna de ellas.

No logró establecer con certeza en qué lugar, si en la Base Naval o la Esim, aproximadamente en el mes de agosto se presentaron personas que dijeron pertenecer a la Justicia Federal para tomarle declaración.

Fue así que en una habitación en que había gente sentada -una de las cuales escribía a máquina- y también guardias, le leyeron una declaración que tuvo que suscribir sin reparar en su contenido. No memoró si los funcionarios se habían presentado con nombres o cargos, pero sí que eran todos hombres.

Conforme surgió de su relato, tiempo después la llevaron a la Comisaría 4ta., luego en avión al penal de Olmos junto con dos chicas más y por último a la unidad carcelaria de Devoto, dependencia en la que fue mantenida desde el mes de noviembre al 2 de diciembre de 1977, fecha en que recuperó su libertad.

Destacó por último que sus familiares no efectuaron gestiones judiciales a partir de su desaparición, pero si mantuvieron reuniones e intercambiaron correspondencia con la máxima autoridad del Ejército en la zona, Coronel Barda, quien le reconoció a su padre que "estaba detenida y era una buena chica".

Comenzando a analizar la cuestión bajo los parámetros del artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, debemos adelantar que la ilegal secuencia que consolidó la detención narrada por Datto en el debate fue documentada por el auditor Juan Carlos Guyot, falsamente agregamos, en el marco del expediente n 610 caratulado "Erreguerena, Miguel Angel y otros s/ infracción ley 20.840", incorporado al debate por su lectura en los términos del artículo 392 del Código Procesal Penal de la Nación.

Tal calificativo, de decisiva incidencia en orden a su disconformidad con el ordenamiento jurídico vigente por aquél entonces, le cabe en razón de que no sólo se consignó una fecha diferente de aquella en que realmente su aprehensión se concretó, sino que también se la estableció como producida en el domicilio de los progenitores de Héctor Ferrecio, su pareja por aquél entonces, cuando, en realidad, se desarrolló en el local comercial en que cumplía labores.

De cualquier modo, en nada cambiaría el examen de esta cuestión si se hubiera plasmado en forma correcta las coordenadas de tiempo y espacio pues la ilegitimidad y la violencia fueron un componente intrínseco del accionar de los miembros de la Fuerza de Tareas n 6 que la secuestraron, el que, por lo demás, se verificó en la totalidad de las conductas inspeccionadas jurisdiccionalmente como quedó establecido a lo largo de este pronunciamiento.

En efecto, se desglosó de su relato que la restricción de su libertad ambulatoria no se afincó en el mandato de una autoridad competente, sin que dicho extremo pueda verse enervado por el arbitrario cauce jurídico que se le pretendió imprimir posteriormente a su situación mediante la inclusión en la citada pseudo investigación criminal, toda vez que la actitud asumida por los mandamases de la FT6 tenía como único designio el "blanquear" su precario status de prisionera clandestina.

Tampoco logra trastocar el efecto espurio de la cuestión su posterior puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional materializada mediante el decreto número 1985, cobrando virtualidad para desechar tal extremo las razones vertidas al analizar el caso de Battaglia a las que nos remitimos -ver legajo dipba correspondiente a Datto-.

Dotando de solidez y veracidad a su testimonio, también documentalmente se estableció la participación en los eventos del personal de la citada Fuerza de Tareas, tanto como su permanencia en la Base Naval durante los primeros días de cautiverio y su posterior traslado a dependencias de la ESIM.

En cuanto a lo primero, como lo dejamos en claro al tratar los casos de Cángaro, Molinari, Erreguerena, Pellegrini y Ferrecio, fue el propio personal de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval Argentina mediante el memorando IFI n 26 el que confirmó la paternidad de la maniobra global en cabeza de dicha organización.

A ello debemos agregar que durante su desenvolvimiento la víctima sindicó a una persona que utilizaba el alias "comisario pepe" como uno de los autores, personaje que la prueba rendida se encargó de establecer que se trató de Ángel Narciso Racedo, Suboficial de la Sección Contrainteligencia de la Base Naval que integraba la FT6 a la época de los hechos.

Si bien la responsabilidad que le cupo será abordada con mayor detenimiento en un apartado especial de esta sentencia, debemos destacar que la sindicación que Datto produjo de esa persona mediante la asociación con su apodo, con particular referencia a la secuencia en que ello ocurrió -siempre cercano a las sesiones de interrogatorios-, no se trató de algo casual ni mucho menos.

En primer lugar, debido a que la figura del "comisario pepe" en dicho rol fue un dato que surgió en una considerable cantidad de testimoniales de damnificados oídas en el debate, en particular respecto de víctimas profundamente vinculadas con ella -por ejemplo Erreguerena y Molinari-.

Y en segundo lugar, porque en la normativa que reglaba la actividad de inteligencia expresamente se ordenaba que la extracción de información vía interrogatorios debía ser llevada a cabo por personal capacitado en la materia, especialidad en la que Racedo se destacaba conforme el cargo que ostentaba -cfr. legajo de conceptos-.

Retomando el hilo argumental, su estadía en la Base Naval quedó comprobada en la concreta individualización producida por la víctima a través de la capucha que tenía colocada, como así también en el contenido de la nota glosada a fojas 48 de la causa n 610 citada al analizar la situación de Ferrecio.

Así es, por su intermedio el Coronel Alberto Pedro Barda puso en conocimiento del Magistrado a cargo del Juzgado Federal n 1 que durante el desarrollo de operaciones militares y de seguridad se había procedido a la detención de ambos, los cuales se encontraban a su disposición en la Base Naval de esta ciudad.

La certidumbre de esa información también se encuentra avalada por el legajo dipba correspondiente a Graciela Beatriz Datto con la mención, dentro del listado que conforma el anexo número 2703, que se encontraba alojada en la "BNAVAL MDP".

Con relación a su estadía en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, al igual que lo expusimos al analizar el caso de su esposo, la autoridad judicial a cargo de la sustanciación de la causa n 610 dispuso que la recepción de sus declaraciones indagatorias fueran materializadas en sus instalaciones, actos procesales que quedaron protocolizados en las actas de fojas 64 y 65 -confrontar también decreto de fojas 63-.

De esta circunstancia dio cuenta Datto en el debate, aunque sin poder precisar de manera concreta el ámbito en el que había ocurrido, extremo que resulta sobrellevado en el tenor de dicha documental frente al reconocimiento de su firma allí inserta que produjo.

A ello debemos agregarle, complementando esta cuestión, que las idénticas circunstancias tormentosas soportadas por todos los sobrevivientes que permanecieron en la ESIM -Héctor Alberto Ferrecio, Carlos Alberto Pellegrini, Enrique René Sánchez, Pablo Galileo Mancini, Carlos Alberto Mujica, Alejandro Pérez Catán y Victorina Flores-, fueron refrendadas por la damnificada en su relato, permitiendo establecer, su ponderación global con el resto de las evidencias, su efectiva permanencia allí.

Integró también la acusación el padecimiento de tormentos en su persona, agravados en la especie por la condición política de la víctima, los que igualmente fueron comprobados con sustento en los elementos cargosos incorporados al debate.

En esa inteligencia, de su propio relato se desprende que en la Base Naval la mantuvieron con una capucha colocada, recibiendo golpes y amenazas, entre otras prácticas inhumanas que configuran la infracción penal reprochada como lo afirmamos en varios pasajes de esta sentencia a cuyas consideraciones nos remitimos en aras de evitar estériles reiteraciones, en tanto quedó comprobado que ésta se trató de la metodología reinante en ese establecimiento a la fecha de comisión de los sucesos inspeccionados.

Ella se mantuvo en rasgos generales -aunque con alguna impronta particular como la presencia de música a alto volumen las veinticuatro horas del día o la colocación de algodones en oídos y ojos- durante el período en que fue trasladada a la Escuela de Suboficiales de Marina, a punto tal que las miserables condiciones en que fue mantenida le trajo aparejado un aborto espontáneo y la hinchazón de sus extremidades.

Llegados hasta aquí en el desarrollo de los hechos, solo resta por mencionar los motivos en base a los que se consideró que la comprobada figura resulta agravada debido a la condición política de la víctima.

Sobre esta cuestión, Datto recordó que en ese momento no mantenía actividad de ésa índole pero sí que durante los años 1974/75, mientras concurría a la Escuela de Artes Visuales, militó en la Juventud Universitaria Peronista, siempre en acciones ligadas a la temática del establecimiento educativo ya que no había un Centro de Estudiantes consolidado.

Respecto de quiénes compartían esa tarea junto a ella, se enteró por intermedio de Miguel Erreguerena que de la sede de esa institución habían secuestraron a Patricia Yolanda Molinari y Guillermo Eduardo Cángaro, ante la total pasividad de las autoridades -la Directora Maidán de Montpellier y la jefa de preceptores Isabel Sendón-.

Todos ellos -e incluso otras personas que fueron víctimas de la represión ilegal en la ciudad de Mar del Plata- fueron estigmatizados por los organismos que los llevaron a cabo como pertenecientes al aparato de prensa y propaganda de la organización "Montoneros", aspecto específicamente enunciado en el memorando IFI 26 y, concretamente en el caso de Datto, en su legajo dipba ya citado.

Así las cosas, los motivos que signaron sus detenciones trascendieron dicha figura para constituir el agravante de los tormentos padecidos, ya que la secuencia criminal pergeñada incluía necesariamente como segundo eslabón la realización de interrogatorios en esas condiciones como preponderante medio para extraer información acerca de los restantes miembros de la organización.

De conformidad a las consideraciones vertidas, por los hechos antes descriptos deberán responder Justo Alberto Ignacio Ortiz, Mario José Osvaldo Fórbice y Ángel Narciso Racedo como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y por su duración -más de un mes- e imposición de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos que la damnificaron.

9. Hechos en perjuicio de Jorge Alberto PELLEGRINI

9.A. Conducta atribuida

Con apoyo en el abrumador plexo probatorio reunido para el proceso, hemos tenido por cierto y acreditado que el día 5 de agosto de 1976, siendo aproximadamente las 20 horas, Jorge Alberto Pellegrini se hizo presente junto a su padre en la guardia de la Base Naval Mar del Plata, temperamento que tuvo como antecedente una serie de allanamientos en su morada y la de sus progenitores realizados durante ese mediodía por integrantes de la Fuerza de Tareas n 6, en el último de los cuales el personal actuante, luego de retirarse con resultados negativos, dejó la consigna de que concurriera a la citada dependencia militar.

Una vez anunciada su presencia en inmediaciones del apostadero naval, se acercaron dos personas vestidas de civil, una de ellas Ángel Narciso Racedo actuando bajo el mote de "comisario", y, luego de referirle a su padre que lo regresarían en las mismas condiciones, procedieron a detenerlo y trasladarlo a la parte posterior de la guardia donde, de inmediato, lo encapucharon e introdujeron en un automóvil Renault Break color amarillo para conducirlo a un espacio clandestino ubicado en el interior del predio.

Efectuado un breve trayecto lo subieron por una escalera externa, dejándolo sentado en una silla de mimbre tipo playera ubicada en un salón de grandes dimensiones que, con posterioridad, en ocasión de la realización de una inspección ocular con miembros de la CONADEP, identificaría como el primer piso de la Agrupación de Buzos Tácticos.

En ese lugar debió soportar tormentos y condiciones inhumanas de detención consistentes en permanecer encapuchado, maniatado, sin posibilidad de responder a sus necesidades fisiológicas de manera adecuada y debiendo escuchar los padecimientos de sus compañeros luego de la tortura, con la consecuente aflicción que tal sensación genera en la psiquis de cualquier persona.

Luego de 20 días de cautiverio dentro de la Base Naval, lo introdujeron en un colectivo y lo trasladaron al espacio clandestino que funcionó en la sala de comunicaciones de la ESIM, dependencia que también conformaba orgánicamente la Fuerza de Tareas n 6.

Una vez aquí, nuevamente debió soportar condiciones inhumanas de detención y tormentos que consistieron en la permanencia bajo capucha, atado de pies y manos, y sentado en una silla con las manos sobre una mesa, lo que le provocó lesiones en sus extremidades.

Como característica distintiva mencionada por todos los prisioneros que fueron alojados en este centro de detención, fue obligado a escuchar música a alto volumen de forma constante.

Transcurridos 15 días fue reintegrado a la Base Naval de Mar del Plata, oportunidad en que fue colocado en una celda de estrechas dimensiones donde permaneció por escasas horas.

Su periplo continuó en la Base Aérea de esta ciudad para ser obligado a abordar un avión con destino a la Base Naval de Puerto Belgrano, sitio en el que permaneció ilegalmente cautivo dentro de un camarote de un barco por alrededor de tres meses más.

Finalmente fue puesto en libertad el día 28 de diciembre de 1976.

9.B. Prueba de la materialidad de los hechos

Para la tarea de reconstrucción de los eventos que lo perjudicaron contamos con numerosos elementos, primordialmente con la declaración de la víctima prestada en el marco de la causa n 2286 de este tribunal que fuera incorporada a este proceso como instrucción suplementaria.

De su ponderación surge de manera circunstanciada los pormenores que le tocaron vivir, como así también las circunstancias en que acontecieron y sus responsables.

En su exposición ante el Tribunal mencionó que en el año 1976, con 19 años de edad, cursaba la carrera de derecho en la Facultad provincial de Mar del Plata y tenía un pequeño emprendimiento personal consistente en un taller textil.

Durante los últimos días del mes de julio de ese año le plantearon, en una reunión, que había una pareja de compañeros con una bebe de 7 u 8 meses que necesitaba una vivienda porque eran víctima de persecuciones, ofreciéndoles que pernoctaran en su casa ubicada calle San Luis 3089, casi Avellaneda, donde también funcionaba el local.

Así fue que el día 5 de agosto, luego de almorzar con la que es hoy su esposa, la chica de esta pareja -Susana Martinelli- y la beba, se retiró junto a la primera para llevarla a un curso de moldería en un local del centro, resultando que, a su regreso aproximadamente a las 13.20 horas, se encontró con que su morada estaba siendo allanada.

En esas instancias estacionó su vehículo ami 8 en calle Avellaneda y divisó un Ford Falcón de color verde junto a una rural 12 break de color amarillo tipo cobre estacionados en doble fila, las puertas del garaje abiertas de par en par y mucha gente de civil con armas largas en las inmediaciones.

A raíz de ello se bajó del rodado y siguió caminando por Avellaneda, deteniéndose solamente un momento, a mirar, hasta que se subió a un taxi. Su principal preocupación era que su esposa volviera a la casa sin el previo aviso de que la estaban allanando, por lo que se dirigió a lo de unos amigos y le encomendó al hermano de uno de ellos, que tendría 13 años, que le avisara a ella y a un listado de personas que asiduamente concurrían a su hogar de lo que estaba aconteciendo.

Desde allí llamaron por teléfono a la casa de su progenitor y se enteraron que también estaba siendo allanada en ese preciso momento.

Recordó que la gente que hizo el procedimiento en la calle Mitre donde vivían sus padres les dijeron que sabían que él tenía "poco que ver con esto" recomendándoles "que se entregue y se presente en la Base Naval".

Como su padre era tesorero del Banco de la Nación Argentina y conocía mucha gente, fue a ver a alguien en dicha unidad militar para interiorizarse de los motivos por los cuales lo buscaban.

Le comentó que lo hizo ése mismo día, entrevistándose con un primo suyo de apellido Willy que era buzo táctico y que le manifestó que había participado en el procedimiento practicado en el taller textil, divisando a su hijo en la esquina pero sin saber que era él e, incluso, apuntándole sin poder disparar debido a que justo se movió. En definitiva, al igual que había acontecido momentos antes, culminada la charla le recomendaron a la familia que se entregara.

Luego de acordarlo con su esposa se dirigieron a la guardia de la Base Naval junto a su padre, aproximadamente a las 20 horas, y por teléfono se comunicaron desde allí anunciado su presencia. Rápidamente llegaron dos hombres de 40 y pico de años cuyas características fisonómicas no recordaba que, dirigiéndose a su padre, le dijeron "usted me lo dejó y yo se lo voy a devolver en las mismas condiciones".

Acto seguido se despidió de su padre, lo hicieron caminar por la puerta hacia la parte de atrás de la Base Naval y, en cuanto pisó la oficina de la garita de guardia, le colocaron una capucha.

Previo a ello observó que el mismo Renault 12 amarillo que apareció en su casa durante el allanamiento lo estaba esperando.

Lo subieron con la capucha en la cabeza transitando aproximadamente 200 metros sobre una superficie pedregosa hasta que lo obligaron a bajar del rodado y lo condujeron a un calabozo, previo paso por una escalera de cemento que daba al exterior en sentido ascendente.

Ingresaron en una sala que daba la sensación de ser amplia pero con mucho silencio donde sólo se escuchaba el sonido que se produce en la combustión de esos artefactos utilizados para calefaccionar los talleres mecánicos, similares a un tambor de 200 litros con una chimenea. Lo entregaron a otra persona -ya que luego de darle una palmada escuchó la frase "trátenlo bien a este"- que resolvió dejarlo ahí con sus manos atadas y sentado en una silla de playa de mimbre como las que existían en los balnearios.

No pasó demasiado tiempo hasta que lo levantaron de la silla para acostarlo en una colchoneta ubicada en el mismo lugar donde luego se quedó dormido.

Explicó que al día siguiente comenzó para él una rutina que duró varios días en que se levantaba y tenía que manifestar sus deseos de ir al baño; después servían el desayuno ubicándolos sentados en el piso con las piernas cruzadas con la silla en la que estaba sentado sobre un lado y otra igual del otro, a la que le incorporaban en la parte superior la manta con la que se cubrían a la noche de modo que no tuvieran visual hacia los costados. Solamente podían mirar a la pared y ahí les daban mate cocido con pan por la mañana mientras que al mediodía se repetía la secuencia en una de esas bandejas formateada de metal.

Permaneció todo el tiempo en ese mismo ámbito que estaba lleno de gente al que incluso cada vez se incorporaba una mayor cantidad, no recibiendo de su parte mas que unos golpes que, en comparación con otros relatos que había escuchado, lo llevaron a sostener que no había sido torturado.

En esas condiciones transcurrió una semana, mencionando como datos salientes que una vez le preguntaron si el ami ocho verde y el gamulán que estaba adentro le pertenecían, como así también que en varias oportunidades le levantaron la capucha para exhibirle algunas fotografías tipo 4 por 4 de personas que n