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06nov12


Fundamentos de la sentencia condenatoria contra 17 acusados por crmenes cometidos en el mbito del V Cpo. de Ejrcito en Baha Blanca


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AUTOS Y VISTOS:

En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre del año dos mil doce, se reúne el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca presidido por el Dr. JORGE FERRO e integrado por los Vocales Dr. Jose Mario TRIPPUTI y Dr. Martin BAVA, y los Sres. Secretarios Dra. Patricia Entizne, Dr. Luciano Bianchi y Dr. Jorge Ignacio Ropdriguez Berdier, a efectos de leer los fundamentos dictados en la causa N 982 caratulada "BAYÓN, Juan Manuel y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado, reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área del Cuerpo Ejército V" que se le sigue a: Juan Manuel BAYÓN, de nacionalidad argentina, titular de la L.E. N 4.029.119, nacido el 15 de noviembre de 1926 en la Capital Federal, hijo de Manuel y de Rogelia María Vago, ambos fallecidos, Gral. de Brigada (R) del Ejército Argentino, de estado civil casado, último domicilio en Migueletes N 1.158 de la C.A.B.A; Héctor Jorge ABELLEIRA, de nacionalidad argentina, DNI nro. 4.311.221, Comisario Gral. (R) de la Policía Federal Argentina, nacido el 26 de abril de 1.940 en la C. A. B. A., hijo de Cruz Rogelio (f) y de Matilde Adela Alfayrán (f), de estado civil casado, último domicilio en calle Las Colonias N 2.170 de la C.A.B.A.; Norberto Eduardo CONDAL, de nacionalidad argentina, titular de L.E. N 6.137.775, nacido el 15 de noviembre de 1.943 en Rufino, Prov.de Santa Fe; hijo de Juan (f) y de Celina García (f), Coronel (R) del Ejército Argentino, casado, con último domicilio en Diagonal 80 N 435 de la ciudad de La Plata, Prov. de Buenos Aires; Carlos Alberto CONTRERAS, de nacionalidad argentina, L.E. N 8.211.428, de ocupación Policía Federal (R), nacido el 16 de diciembre de 1.946 en la ciudad de San Antonio Oeste, Prov. de Río Negro, hijo de José (f) y de Hermelinda Becco, estado civil viudo, domiciliado en calle Schieroni N 1.371 Viedma, Prov. de Río Negro; Hugo Jorge DELMÉ, de nacionalidad argentina, titular de L.E. N M 4.853.787, nacido el 15 de noviembre de 1.936 en la ciudad de La Plata, Prov. de Buenos Aires; hijo de Jorge Luis (f) y de María Esther Romairone; Coronel (R) del Ejército Argentino, estado civil casado, último domicilio en calle Murillo N 1.121 piso 10 dto. G de la C.A.B.A.; Hugo Carlos FANTONI, de nacionalidad argentina, titular de la L.E. N M 4.789.953, nacido el 13 de febrero de 1929 en la ciudad de La Plata, Prov. de Buenos Aires; hijo de Florencio Cayetano y de Carolina Cecilia Zingoni ambos fallecidos, Coronel (R) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en Av.Santa Fe N 2.679 piso 2 "A" de la C.A.B.A.; Vicente Antonio FORCHETTI, de nacionalidad argentina, L.E. N 4.050.897, Comisario (R) de la Policía Federal Argentina, nacido el 06 de abril de 1.929 en la C.A.B.A., hijo de José y de Margarita Páez (f), estado civil viudo, último domicilio en calle Juan B. Justo N 485 de Béccar, San Isidro, Prov. de Buenos Aires; Carlos Alberto TAFFAREL, de nacionalidad argentina, titular de la L.E. N 8.260.360, nacido el 13 de mayo de 1.947 en la ciudad de San Fernando, Prov. de Buenos Aires; hijo de José David (f) y de Marina María Briz (f), Coronel (R) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en calle O'Higgins 2.300 piso 7 depto. "B" de la C.A.B.A.; Hector Arturo GONCALVES, de nacionalidad argentina, L.E. N 7.397.687, nacido el 02 de octubre de 1.942 en la ciudad de Viedma, Prov. de Río Negro, hijo de Arturo Oscar (f) y de Eloísa Carmen Giotonini (f), de estado civil casado, domiciliado en calle Julio A. Roca N 256 de la ciudad de Viedma, Sargento (R) de la Policía Federal Argentina; - JORGE HORACIO GRANADA, de nacionalidad argentina, titular de la L.E. N 4.540.769, nacido el 21 de octubre de 1.945 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Jorge Horacio (f) y de Leda Beatriz Estévez (f), Teniente Coronel (R) del Ejército Argentino, de estado civil casado, domiciliado en calle Almafuerte nro. 1963 de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires.; JORGE ENRIQUE MANSUETO SWENDSEN, de nacionalidad argentina, L.E. N 4.813.424, Coronel (R) del Ejército Argentino y abogado, nacido el 27 de agosto de 1.931 en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Enrique Martín (f) y de Amanda María Laura Swendsen (f), de estado civil divorciado, con domicilio en calle Soler N 111, piso 10, dpto. "A" de la ciudad de Bahía Blanca; ANDRÉS REYNALDO MIRAGLIA, de nacionalidad argentina, titular del D.N.I. nro. 4.919.649, nacido el día 28 de agosto de 1.941 en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires; hijo de Armando José Antonio (f) y de Ángela Francisca Herrera (f); Oficial retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense, casado, con último domicilio en calle 37 casa nro. 888 de la ciudad de Mercedes, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires., JORGE ANÍBAL MASSON, de nacionalidad argentina, titular del DNI nro. 10.736.140, nacido el 8 de diciembre de 1.952 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Aníbal Marcos y de Ilda Elena Siligato (f); Teniente Coronel (R) del Ejército Argentino, de estado civil casado, con último domicilio real en la calle Córdoba nro. 1.836 de la ciudad de Bella Vista, provincia de Buenos Aires; MARIO CARLOS ANTONIO MÉNDEZ, de nacionalidad argentina, titular del D.N.I. nro. 10.736.181, nacido el 8 de marzo de 1.953 en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba; hijo de Segundo Fermín Méndez (f) y de Iris Arraigada; Teniente Coronel (R) del Ejército Argentino, de estado civil soltero, con último domicilio en la calle Independencia nro. 388 piso 6 de la ciudad de Córdoba; OSVALDO BERNARDINO PÁEZ, de nacionalidad argentina, titular de la L.E. nro. 4.813.330, nacido el 15 de abril de 1.931 en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza; hijo de Bernardino (f) y de Ramona Ureta (f); Teniente Coronel (R) del Ejército Argentino, de estado civil viudo, con último domicilio en la calle República de Siria nro. 945 de la ciudad de San Rafael, provincia Mendoza; HÉCTOR LUIS SELAYA, de nacionalidad argentina, titular del D.N.I. nro. 5.356.191, nacido el 16 de agosto de 1.932 en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires; hijo de Casimiro (f) y de Justiniana Castineiras (f); jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense y abogado, casado, con último domicilio en calle nro. 36, nro. 783 piso 4to. B de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; WALTER BARTOLOMÉ TEJADA, de nacionalidad argentina, titular del DNI nro. 6.737.279, nacido el 24 de septiembre de 1.929 en la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre; hijo de Ernesto (f) y de María Álvarez (f), Coronel (R) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en calle Soler nro. 154 piso 6 departamento B, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; actualmente detenidos en las Unidades Penales, conforme constancias obrantes en la causa y en mérito a peticiones formuladas por sus abogados defensores y, además, en la Unidad Penal N 4 (Villa Floresta) del Servicio Penitenciario Bonaerense; haciendo constar la actuación de las siguientes partes: por el Ministerio Público Fiscal los Dres. Horacio J. Azzolín, Abel D. Córdoba y Félix Croux; los querellantes Dres. Walter Larrea, Diego Czerniecki y Dra. Mirta Mántaras, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de Eduardo Hidalgo; por las víctimas, Anahí Junquera, Mauricio Néstor Junquera, Nélida Beatriz Scagnetti, José Luis Morán, Héctor Rubén Zampini, Catalina Canossini, Oscar José Meilán, Vilma Diana Rial, María Cristina Cévoli, Héctor Juan Ayala, Pablo Victorio Bohoslavsky, Oscar Amílcar Bermúdez; y de Susana Matzkin por la víctima Zulma Raquel Matzkin, conforme los poderes obrantes en la causa; y la Dra. Mónica Fernández Avello, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; en la Defensa de Vicente Antonio Forchetti, Héctor Jorge Abelleira, Héctor Arturo Goncalves, Carlos Alberto Contreras y Jorge Aníbal Masson, los Dres. Hernán Guillermo Vidal y Eduardo Sinforiano San Emeterio; en la de Jorge Horacio Granada, Mario Carlos Antonio Méndez, Norberto Eduardo Condal y Carlos Alberto Taffarel el Dr. Mauricio Gutiérrez; por Hugo Carlos Fantoni el Dr. Luis María De Mira; por Walter Bartolomé Tejada el Dr. Walter E. Tejada y en la defensa de Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delmé, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Andrés Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya los Sres. Defensores Oficiales Dres. Gustavo Marcelo Rodríguez, Alejandro Joaquín Castelli y Leonardo Germán Brond.

Agotadas las etapas procesales de rigor, en mérito a la extensión de esta causa, la complejidad, y multiplicidad de las cuestiones traídas a juicio, se difiere la lectura de fundamentos en fecha a indicar en la parte dispositiva que sigue, conforme lo normado por el art. 400 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

Por todo lo expuesto, oído que fue el Sr. Fiscal General, las partes querellantes, las Defensas y concedidas las palabras de cierre a los procesados, las que fueron vertidas por la totalidad de ellos, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca:

FALLA:

Y CONSIDERANDO:

Los Señores Jueces FERRO, BAVA y TRIPPUTI dijeron:

ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO DE LOS HECHOS

Introducción

El siguiente análisis tiene por objetivo abordar los hechos investigados en su dimensión socio-histórica para comprender las condiciones que hicieron posible la eliminación sistemática de una parte sustancial de nuestros conciudadanos, y los alcances que ello tuvo en el conjunto de la población. Asimismo, esa búsqueda de sentido es también un compromiso con la posibilidad de evitar que hechos semejantes puedan reiterarse en el futuro.

Una valoración de estas características resulta indispensable por cuanto el presente juzgamiento no sólo tiene por objeto establecer la materialidad de los hechos (los secuestros, las torturas, los homicidios, las violaciones, etc.) sino que además habrá de interpretarlos para calificarlos jurídicamente, lo cual implica optar por un relato que tiene efectos en la elaboración de la memoria colectiva, y en la construcción de las identidades de las generaciones presentes y venideras, teniendo presente que los hechos investigados trascienden a las víctimas directas.

Para ello será preciso nutrirse de otras disciplinas como la historia, la sociología o la criminología, que nos permiten abordar el fenómeno en aquéllas dimensiones sociales que los caracterizan, llegando a la conclusión de que las figuras de crímenes de lesa humanidad y genocidio son las que pueden dar cuenta de la magnitud de los daños individuales y sociales de los actos sometidos a consideración, y que esa calificación legal resulta la más apropiada para cumplir con los objetivos planteados más arriba.

CONSTRUCCION DEL "OTRO"

Cuando nos indagamos acerca de cómo se pudo justificar la destrucción de una parte del propio grupo nacional nos encontramos con que un elemento fundamental ha sido la construcción de un "otro" negativo por oposición a un "nosotros" representativo de los valores y tradiciones nacionales, categorías que han sido utilizadas invariablemente para delimitar lo propio de lo ajeno dentro del mismo territorio nacional.

Para comprender quiénes han sido colocados en la categoría del "otro", es preciso tener en cuenta que la definición de la "identidad nacional" respondió a la posición hegemónica de los sectores dominantes sobre la que se consolidó el Estado Nacional luego de la expropiación de miles de hectáreas a los pueblos originarios. La identidad nacional fue construida a imagen y semejanza de la clase dirigente, conformada por una minoría terrateniente y agroexportadora, que negó las raíces indígenas de la población y reconoció las relaciones jerarquizadas y de deferencia propias del ámbito rural, como expresión de las costumbres y tradiciones nacionales.

Esta conformación del "nosotros" implicaría serios obstáculos para el establecimiento y consolidación de sistemas democráticos de gobierno que pudieran promover relaciones de mayor igualdad económica y social, al mismo tiempo que colocaría en la categoría del "otro" a los movimientos políticos, sindicales, y/o sociales que demandaran mayor participación en la vida política y económica productiva del Estado Nación.

Asimismo, en la medida que la conflictividad social se constituyó en una amenaza para los sectores dominantes, las Fuerzas Armadas se convirtieron en las fuerzas garantizadoras del orden social basado en el respeto de las jerarquías, y en la preservación de la moral occidental y cristiana, propia de "nuestra identidad nacional".

Si en el caso del nazismo, por citar un caso como ejemplo, la persecución de todas las formas de autonomía política se justificó bajo una metáfora político-racial centrada en la figura del judeo-bolchevique, a la que se le atribuían características degenerativas de la especie, en el caso argentino la diferencia negativa se plasmó en la figura del "delincuente subversivo", delineada en términos directamente políticos pero también asociada con consecuencias "degenerativas" para el conjunto social.

En nuestro país, la construcción de un "otro" distinto, interno, y con carácter patológico para el conjunto social, registra antecedentes desde la conformación del propio Estado Nacional, momento donde también se define un "nosotros" que delimitará lo propio de lo ajeno dentro del mismo territorio.

Una vez "resuelto" el problema del "indio" con la incorporación de miles de hectáreas para la producción de materias primas exportables, serían los movimientos políticos, sindicales y/o sociales que demandaran mayor participación en la vida política y económico productiva del Estado Nación.

En esta puja por la definición de la identidad nacional no sólo participarían las nacionalidades de los inmigrantes, española, italiana, etc., sino sobre todo sus identidades políticas vinculadas al socialismo, el anarquismo y el comunismo que amenazaban los intereses de las clases dirigentes preocupadas entonces por definir un "ser argentino" que excluyera aquellas propuestas que pusieran en tela de juicio su consolidación como clase gobernante.

De esta forma la construcción de una identidad nacional por parte de los sectores dominantes serviría para demarcar lo propio de lo ajeno, creándose una serie de enemigos políticos internos entre aquéllos que pudieran conmover las bases materiales sobre las cuales se conformó el Estado Nacional, acusándolos de portadores de ideologías "extrañas", "extranjeras" a nuestra identidad nacional.

Entre las estrategias diseñadas desde el Estado para unificar a la sociedad alrededor de símbolos, sentimientos, y creencias nacionales, la creación de la escuela laica, obligatoria y gratuita en 1884 mediante la ley 1.420 constituyó un factor fundamental, como así también del Ejército Nacional en 1901 con la Ley Richieri.

Los voceros más destacados de esta definición de ser nacional fueron Miguel Cané quien proponía "la revalorización de las provincias del interior y sobre todo de las campañas donde 'quedan aún rastros de la vieja vida patriarcal de antaño, no tan mala como se piensa" (pág. 122 Terán) y Leopoldo Lugones quien exaltaría la figura del gaucho, pero no del rebelde propio de la figura de Juan Moreira sino de aquellos gauchos que "aceptaron, desde luego, el patrocinio del blanco puro con quien nunca pensaron igualarse política o socialmente, reconociéndole una especie de poder dinástico que residía en su capacidad urbana para el gobierno".(pág. 179-180)Terán.

De esta forma, las élites dirigentes y sus intelectuales en el poder diseñaron un "modelo de identidad nacional" con una profunda impronta racista y antidemocrática, alrededor del cual se elaborarían discursos de exclusión y de justificación de eliminación del "otro", al que se ha podido apelar frecuentemente para justificar actos discriminatorios y represivos, particularmente de los movimientos políticos sociales o culturales que reclamaran relaciones de mayor igualdad social, política y económica.

A continuación, abordaremos con perspectiva histórica cómo alrededor de la figura del anarquista, el comunista, el peronista y el subversivo, se construyeron "otros" que pasaron a convertirse en enemigos políticos internos y se desarrollaron prácticas represivas que facilitaron la penetración de doctrinas como la "lucha antisubversiva", y la doctrina de la seguridad nacional, completamente reñidas con los derechos humanos más fundamentales, que en los años 70 llevaron a la configuración de una práctica estatal de aniquilamiento y violación sistemática y generalizada de derechos humanos.

Primer golpe de Estado (1930-1932). Acordada Nro. 10 de la Corte Suprema de Justicia. Institucionalización de la tortura. Oficialización de grupos paramilitares: La Legión Cívica Argentina.

El golpe militar producido el 4 de junio de 1930, encabezado por el General José Félix Uriburu, para quien el propio Lugones redactó el discurso de asunción, dio inicio a una serie de golpes institucionales que tuvo su punto culminante en la legitimación efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada Nro. 10 que acentuó la estructural fragilidad de nuestras instituciones republicanas y democráticas.

"Con la acordada de la Corte [...] se establece implícitamente lo que Lugones había manifestado de manera explícita: la misión arbitral de las fuerzas armadas, su condición de intérpretes finales e inapelables de la situación de paz y el orden interior en el territorio nacional con lo que se abría la puerta a los golpes de Estado cada vez que aquellas juzgasen que el orden social estaba en peligro. Esta acordada habría de asumir una gravitación fundamental hasta convertirse en parte de la cultura política argentina, al punto que los sucesivos golpes de Estado que padeció este país siempre contaron con la aprobación de las sucesivas Cortes Supremas" (Terrorismo de Estado, pág. 75).

Instalado Uriburu en el poder, el gobierno nacional se constituyó con varios ministros vinculados a las empresas petrolíferas norteamericanas que gracias al golpe de estado lograron mantener la explotación y el monopolio del comercio de la nafta, al mismo tiempo que se beneficiaron otros negocios de empresas norteamericanas.

Para imponer su régimen y llevar adelante estas políticas, el gobierno de Uriburu declaró el estado de sitio y la ley marcial y se lanzó a la persecución de radicales, sindicalistas, anarquistas y comunistas quienes fueron sometidos a toda clase de tormentos. La política represiva encabezada por el Ministro del Interior Sánchez Sorondo, admirador del fascismo italiano, institucionalizó el uso de la tortura sobre los detenidos políticos, principalmente a través de la Sección de Orden Político de la Policía de la Capital, dependiente de la División de Investigaciones, y a cargo de Leopoldo Lugones (hijo) quien introdujo el uso de la picana eléctrica y otros métodos de tortura, muchos de los cuales han sido aplicados sistemáticamente durante la última dictadura militar.

Por su parte, la Liga Patriótica dio paso a la Legión Cívica Argentina. Según señala Izaguirre, fue oficializada por Uriburu mediante decreto de 20 de mayo de 1931 y dice que "en la práctica era un grupo parapolicial de neto corte fascista, cuyo propósito manifiesto era luchar contra el "Klan Radical" como se llamaba a los partidarios de Yrigoyen, pero que funcionó como un grupo de choque del gobierno, muy similar a lo que sería la Triple A en los 70. No sólo eran provistos de armas y material de campaña por el Ejército, sino que éste proporcionaba a los jóvenes entrenamiento militar".

Concretamente, el primer golpe de estado en nuestro país, significó el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente que se había propuesto alcanzar mayores beneficios laborales y sociales y puso de manifiesto el límite que los sectores dominantes ponen al desarrollo democrático en lo que respecta al alcance de relaciones de mayor igualdad social, recurriendo a la eliminación directa de derechos civiles y políticos en pos de sus intereses.

Década infame: fraude electoral. Actuación impune de grupos armados nazifascitas. Sección Especial de Represión del Comunismo. Proyecto de Ley de Represión del Comunismo del Senador Matías Sánchez Sorondo. Creación de la Junta Interamericana de Defensa.

Durante los gobiernos fraudulentos de Agustín P. Justo, Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo (1932-1943) continuó funcionando el aparato represivo dispuesto por Uriburu contra el movimiento obrero, expresado en la actuación de grupos armados nazifascistas amparados por la Policía, y se creó la Sección Especial de Represión del Comunismo en dependencias de la División Investigaciones de la Policía de la Capital donde se implementó un régimen clandestino de detención y torturas, hasta convertirse en la División de Investigaciones de Partidos Antidemocráticos (DIPA) una vez derrocado Perón.

La Sección Especial llevó adelante subterráneamente la política represiva que los grupos nazifascistas representados en el Congreso Nacional por el Senador Matías Sánchez Sorondo (ex Ministro del Interior de Uriburu) no llegaban a imponer por ley. Su proyecto de Ley de Represión del Comunismo, merecía el rechazo del arco opositor y del movimiento popular en su conjunto que veía en ese proyecto un avance del fascismo contra la clase trabajadora y las libertades democráticas.

Esa política represiva se instalaría más tarde con la creación de la Junta Interamericana de Defensa el 30 de marzo de 1942, cuya labor consistiría en "preparar gradualmente a las Repúblicas americanas para la defensa del Continente mediante la realización de estudios y la recomendación de las medidas destinadas al efecto". Más adelante veremos que, finalizada la guerra, esa defensa común del continente se orientaría hacia la lucha contra el comunismo.

Durante los gobiernos fraudulentos de Agustín P. Justo, Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo (1932-1943) continuó funcionando el aparato represivo dispuesto por Uriburu contra el movimiento obrero, expresado en la actuación de grupos armados nazifascistas amparados por la Policía, y se creó la Sección Especial de Represión del Comunismo en dependencias de la División Investigaciones de la Policía de la Capital donde se implementó un régimen clandestino de detención y torturas, hasta convertirse en la División de Investigaciones de Partidos Antidemocráticos (DIPA) una vez derrocado Perón.

Comienza entonces una etapa que ha sido denominada por el historiador José Luis Torres "Década Infame" (algunos consideran que este período comienza con el golpe de estado de 1930) caracterizada por el fraude electoral, la corrupción institucionalizada y la entrega del patrimonio nacional, que tuvo su expresión paradigmática en el tratado Roca-Runciman firmado el 1ro de mayo de 1933, por el que la élite agroexportadora aseguró sus exportaciones de carne a costa de un desequilibrado intercambio comercial y una humillante dependencia económica del país hacia la potencia británica.

El Senador Lisandro De la Torre denunciaría ante el cuerpo parlamentario los términos del tratado acerca del monopolio de los frigoríficos anglo-yanquis; más tarde la continuación de la investigación sobre la colusión de intereses entre los invernadores y los frigoríficos, se vería truncada a raíz del atentado sufrido por el legislador en el propio recinto del Senado donde quien recibe los balazos efectuados en medio del tumulto y muere, es su colega de banca, el demócrata progresista Enzo Bordabehere.

Los agentes especiales se infiltraban en los actos y organizaciones comunistas para luego practicar detenciones ilegales, efectuar tareas de inteligencia a través de interrogatorios bajo tormentos, someter a los detenidos a condiciones inhumanas de cautiverio, y luego de cierto período de clandestinidad deportarlos por aplicación de la ley de residencia o formarles causas por "portación de armas", "asociación ilícita" o "incitaciones a la rebelión", figuras penales esgrimidas oficialmente para legalizar las detenciones, todo lo cual se asemeja a la práctica de secuestro, desaparición, cautiverio en condiciones inhumanas de detención, interrogatorio bajo tormentos y posterior "blanqueo" por decreto del Poder Ejecutivo o formación de causa penal, que se constituyó en uno de los derroteros posibles de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar que emplearon similares métodos con idéntica finalidad.

De esta forma el apoyo que recibía el gobierno fraudulento por parte de las Fuerzas Armadas se fue debilitando al punto que las vicisitudes sobre la futura sucesión presidencial en cabeza de un representante de los sectores conservadores liberales y pro aliado a través del fraude electoral, sumado al pedido de renuncia del presidente Castillo al Ministro de Guerra Pedro Pablo Ramírez por su acercamiento con dirigentes de la Unión Cívica Radical, provocó la reacción de la corporación militar que aunque fragmentada en distintas vertientes y por distintos motivos coincidió en el objetivo de derrocar al gobierno fraudulento mediante un nuevo golpe de Estado.

Golpe de Estado de 1943. Nacionalismo católico y anticomunista. La Justicia Social combate al comunismo. La Doctrina de la Nación en Armas. Acta de Chapultepec

El golpe de estado producido el 4 de junio de 1943 en nuestro país, que sentaría como uno de sus pilares fundamentales la defensa de la nacionalidad cristiana, tendría como principal enemigo a combatir al comunismo. En esto coincidieron todos los militares argentinos. En tal sentido se asumieron como un gobierno de fuerza frente a un comunismo que, según sostuvieron en la proclama militar, "amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades, por ausencia de previsiones sociales".

En la proclama militar del 4 de junio de 1943 se pusieron de manifiesto las consignas que irían marcando las políticas adoptadas durante el nuevo período de facto. Las primeras medidas adoptas fueron exclusivamente de orden represivo: disolvieron la CGT 2 donde tenían participación los sindicatos comunistas, poblaron las cárceles de presos políticos que en su gran mayoría eran comunistas, sostuvieron el funcionamiento de la Sección Especial de Represión del Comunismo, y crearon la Policía Federal que fue concebida para coordinar los servicios policiales del país en la prevención del "peligro comunista" de cara a la post-guerra.

Otra cuestión que se propuso fue salvar a las instituciones del Estado de la corrupción moral que según se exponía en el Manifiesto dirigido al Pueblo de la República, habían adoptado "como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción". Consideradas a sí mismas como las reservas morales de la nación, las Fuerzas Armadas en el gobierno procedieron a disolver el Congreso Nacional, declararon fuera de la ley a los partidos políticos, se lanzaron a una feroz represión contra los grupos de izquierda y los sindicatos, intervinieron las universidades, efectuaron un control de moralidad sobre los espectáculos y censuraron a la prensa.

El nuevo orden fundado sobre la defensa de la nacionalidad cristiana, tendría como principal enemigo a combatir al comunismo y en esto coincidieron todos los militares argentinos.

Más tarde surgió la figura de Juan Domingo Perón que planteó otra estrategia frente a la amenaza del comunismo buscó la contención del conflicto social mediante una política de intervención estatal que regulara las relaciones entre patrones y obreros. Al asumir su cargo de Secretario de Trabajo y Previsión el 2 de diciembre de 1943, anunciaba el inicio de la Era de la Justicia Social en la Argentina dando comienzo a una política de concesiones a los trabajadores que marcarían un antes y un después en la participación de las grandes mayorías en la vida política, económica y social del país.

Esta ampliación de derechos no dejaba, sin embargo, de estar ubicada dentro de una lógica discursiva militar pues la Justicia Social se concedía para combatir a los enemigos de la Nación. En un mensaje a los trabajadores el 1ro de mayo de 1944 el Cnel. Juan Domingo Perón decía: "Buscamos suprimir la lucha de clases, suplantándola por una acuerdo justo entre obreros y patrones, al amparo de la justicia que emana del Estado.

Como lo prometimos al iniciar esta cruzada del trabajo, hemos defendido la "unidad y compenetración de propósitos entre patrones, obreros y Estado, como el único medio para combatir a los verdaderos enemigos sociales, representado por la falsa política, las ideologías extrañas, sean cuales fueran; los falsos apóstoles que se introducen en el gremialismo para medrar con el engaño y la traición de las masas, y las fuerzas ocultas de perturbación del campo político internacional"

Con el mismo discurso de conciliación de clases dirigida por el Estado para adjurar el peligro comunista pretendió llegar a los empresarios, a los que se dirigió en la Bolsa de Comercio el 25 de agosto de 1944; es grave error creer que el sindicalismo obrero es un perjuicio para el patrón [.] es el medio para que lleguen a un acuerdo, no a una lucha [.] así se suprimen las huelgas [.]. El Estado están en la obligación de defender una asociación como la otra, porque le conviene tener fuerzas orgánicas que puede controlar y que puede dirigir; y no fuerzas inorgánicas que escapan a su dirección y a su control [.] No queremos que los sindicatos estén divididos en fracciones políticas, porque lo peligroso es, casualmente, el sindicalismo político [.] es indudable que en el campo de las ideologías extremas, existe un plan que está dentro de las mismas masas trabajadoras; que así como nosotros luchamos por proscribir de ellas ideologías extremas, ellas luchan por mantenerse dentro del organismo de trabajo argentino [.] existen agentes de provocación que actúan dentro de las masas [.] Esos son los verdaderos enemigos a quienes habrá que hacer frente en la posguerra [.] es necesario persuadirse que desde ya debemos ir encarando la solución [.] este remedio es suprimir las causas de la agitación: la injusticia social. Es necesario dar a los obreros lo que estos merecen por su trabajo y lo que necesitan para vivir dignamente [.] es necesario saber dar un 30 por ciento antes de perder todo a posteriori (...).Deseamos también desterrar de los organismos gremiales a los extremistas, para nosotros de ideologías tan exóticas, ya representen un extremo como otro; porque es lo foráneo, a lo que nosotros, los argentinos, no hemos sentido jamás ni inclinación ni apego; y porque ellos con su sedimento de odios ancestrales, nos traen sus problemas que no nos interesan ni nos atañen". Este discurso no convencería a los sectores dominantes del país que más tarde se lanzarían a la represión del movimiento peronista alrededor del cual se hubo de organizar la creciente masa obrera industrial procedente del interior del país. Así los peronistas, junto con los comunistas, se constituirían en los nuevos enemigos de la tradición nacional y de los valores cristianos, como veremos más adelante.

De esta forma, Perón tomó el control y la dirección del movimiento sindical que conformó con los sindicatos que estaban distanciados del comunismo, con sindicatos creados en las ramas en las que no había organización obrera y con sindicatos paralelos en aquellos rubros donde tenían representación los comunistas, produciendo así la debilidad y aislamiento de estos últimos.

Por ello, el propio movimiento peronista -alrededor del cual se organizó la creciente masa obrera industrial procedente del interior del país- sería considerado por los sectores dominantes como el nuevo enemigo que, junto al comunismo, venía a atentar contra la tradición nacional y los valores cristianos, según veremos más adelante.

En el nuevo contexto internacional signado por la contienda bélica y el desarrollo de la industria armamentística, el concepto de Defensa Nacional pasó a estar regido por la Doctrina de la Nación en Armas, en virtud de la cual el Estado debía estar preparado para la guerra en tiempos de paz con todos sus recursos materiales y humanos frente a un posible ataque exterior. En virtud de esa doctrina las Fuerzas Armadas pasaron a estar comprometidas con la economía y el desarrollo industrial del país, pero también con el mantenimiento del orden interno que permitiera la disposición de todos los recursos para la guerra. Esta concepción de la defensa nacional significaba, entonces, que el orden jerárquico militar se trasladaba a la población civil que debía estar disciplinada para la guerra. Para ello era fundamental, además, combatir el cosmopolitismo y exaltar la nacionalidad argentina frente a las ideologías extranjeras. Estos conceptos fueron vertidos por el Coronel Juan Domingo Perón en una Conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata el 10 de Junio de 1944 sobre "Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar" y años más tarde darían lugar a la sanción de la ley 13.234, la cual preveía la posibilidad de extender la jurisdicción militar a civiles en tiempos de paz, lo que significaba atribuir a las Fuerzas Armadas funciones de represión interna.

En cuanto a la política militar del país, es preciso agregar que Argentina termina declarando la guerra a Alemania y Japón en marzo de 1945 y firma consecuentemente el Acta de Chapultepec el 4 de abril del mismo año, por la cual se reafirmó el principio de que cualquier amenaza o ataque a alguna de las de las Repúblicas del Continente constituía un ataque o amenaza para todas.

En virtud de ese acuerdo la Argentina también afirmaba su "adhesión al ideal democrático" lo que llevó al llamado de elecciones libres, junto con otras medidas de apertura democrática como la legalización del Partido Comunista y el cese de las intervenciones a la Universidades que volvieron al sistema reformista de la autonomía universitaria. Pero ese compromiso "democrático" contemplaba también la adopción de medidas para contrarrestar el "programa de guerra no militar de los países del Eje y de sus satélites", en consideración a que "aunque las potencias del Eje se dan cuenta de que han perdido la guerra, esperan, sin embargo, ganar la paz por medio de la reconstrucción de sus centros de influencia en todo el mundo, de la propagación de su ideología destructiva y de la creación del descontento y la discordia entre las Repúblicas americanas". Comenzaba a perfilarse, entonces, un enemigo de carácter ideológico, que en ese momento estaba circunstancialmente representado por los países del Eje y sus satélites, pero que finalizada la Segunda Guerra e iniciada la Guerra Fría estaría configurado por el concepto de guerra antisubversiva dirigida a combatir al movimiento comunista internacional, bajo cuya consigna se justificaría la represión de los movimientos políticos y sociales que pudieran conmover las estructuras de poder establecidas bajo la nueva hegemonía estadounidense.

Período de gobierno elegido democráticamente (1945-1955). La Argentina ingresa en la Guerra Fría: Tratado Interamericano de asistencia recíproca (TIAR) y IX Conferencia Panamericana en Bogotá. Ley 13.234 de Organización de la Nación para tiempo de guerra. Represión del comunismo. Bombardeo a Plaza de Mayo. Actuación de "comandos civiles".

Como señalamos más arriba, la gestión peronista abrió una nueva etapa en la historia argentina con un proyecto político, social y económico de inclusión de las grandes mayorías. Tanto en su desempeño como Secretario de Trabajo y Previsión Social, como durante su ejercicio presidencial el Gral. Perón promovió una serie de reformas laborales que modificaron cualitativamente la relación entre capital y trabajo fortaleciendo y dignificando la situación de los trabajadores: generalizó la indemnización por despido, instituyó el seguro social y la jubilación obligatoria, sancionó el Estatuto del Peón de Campo, creó los Tribunales de Trabajo, decretó el pago de aguinaldo para todos los trabajadores, etc.. A ello se sumó una política de promoción del empleo mediante un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, hecho que se produjo conjuntamente con el crecimiento de la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Dicho proceso se dio con una importante intervención estatal en el desarrollo industrial y también mediante una política de nacionalización de empresas de servicios públicos e industrias estratégicas. En lo que respecta a la ampliación de derechos cabe mencionar, especialmente, la consagración del voto femenino que incorporó a las mujeres a la vida política del país, hecho que configuró un salto cualitativo en los espacios de participación democrática.

Sin embargo, los verdaderos alcances de este Tratado estarían relacionados con la posibilidad de intervención en la política interna de los países firmantes pues se contemplaban los casos en que la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no fuera un conflicto armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pudiera poner en peligro la paz de América, facultando al Órgano de Consulta a adoptar medidas que incluían hasta el empleo de la fuerza armada.

En la IX Conferencia Panamericana celebrada en la ciudad de Bogotá entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948 se creó la Organización de Estados Americanos que mantuvo en todos sus términos lo dispuesto en el TIAR en lo referente a la seguridad colectiva; y entre otros acuerdos que favorecían el predominio jurídico y económico de Estados Unidos, se firmó en el Acta Final una resolución denominada de "Preservación y Defensa de la Democracia en América" donde se declaraba "que por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista, la acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo es incompatible con la concepción de la libertad americana, la cual descansa en dos postulados incontestables: la dignidad del hombre como persona y la soberanía de la nación como Estado" y llamaba a adoptar "las medidas necesarias para desarraigar e impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros, que tiendan a subvertir, por la violencia, las instituciones de dichas Repúblicas, a fomentar el desorden en su vida política interna, o a perturbar por presión, propaganda subversiva, amenazas o en cualquier otra forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos a gobernarse a sí mismos de acuerdo con sus aspiraciones democráticas".

En nuestro país, se legisló para septiembre de 1948 la ley 13.234 por la cual, según la doctrina de la "Nación en Armas" mencionada anteriormente, se organizaba a la Nación para tiempo de guerra teniendo como principal hipótesis de conflicto un posible ataque exterior. No obstante ello, se preveía un servicio de defensa civil que podía ser movilizado en tiempo de paz en los casos de catástrofes o emergencias graves, que sometía al personal convocado al efecto, a las disposiciones del Código de Justicia Militar (arts. 27, 28 y 36). De esa forma se abría la posibilidad de que se estableciera la jurisdicción militar sobre civiles frente a situaciones de conflicto social, cumpliendo las Fuerzas Armadas funciones de represión interna.

Tal fue el caso de la huelga ferroviaria de 1951 respecto de la cual Perón anunció el 24 de enero desde la Casa Rosada: "promulgaré por decreto la movilización de todo ese personal que se niega a concurrir a sus tareas. Decretada la movilización, el que concurre a su trabajo está movilizado en él; el que no concurra, tendrá que ser procesado e irá a los cuarteles, y se incorporará bajo el régimen militar, de acuerdo con el Código de Justicia Militar". Años más tarde, proscripto el peronismo, la ley 13.234 daría sustento a la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción interna del Estado) por el cual serían perseguidos y encarcelados peronistas y comunistas.

Con ello el gobierno de Perón no lograría más que debilitarse cuando enfrentado a la Iglesia Católica y a los sectores más reaccionarios, encontrara detrás de ellos a todo el arco político opositor, lo que alentaría las aspiraciones golpistas de las clases dominantes antiperonistas y miembros de las Fuerzas Armadas liberales pertenecientes a esa misma extracción social, junto con aquellos vinculados a la Iglesia Católica

El 16 de junio de 1955, un sector de la Marina y de la Fuerza Aérea intentó asesinar al presidente mediante un ataque aéreo sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo llevando a cabo un indiscriminado bombardeo sobre la población civil que causó la muerte de más de trescientas personas y otros centenares de heridos. Según el informe efectuado por el Equipo de Investigación del Archivo Nacional de la Memoria sobre los hechos, este accionar terrorista encuentra su vinculación con el Terrorismo de Estado de los años 70 por cuanto, quienes habrían tomado parte en ese atentado, años más tarde implementaron la política estatal genocida ocupando lugares centrales en el aparato represivo del estado.

Finalmente el gobierno constitucional de Perón sería derrocado en septiembre de ese mismo año por las Fuerzas Armadas, junto con las cuales actuaron "comandos civiles" integrados por un diverso arco de grupos opositores al peronismo que habían tomado parte en los hechos del 16 de junio de 1955, y llevarían adelante un feroz ataque contra los sindicatos peronistas en los primeros días de establecido el nuevo gobierno militar.

Es dable recordar que el primer intento de derrocar a Perón lo había llevado adelante el General Benjamín Menéndez en septiembre de 1951 con el objeto de impedir su reelección como presidente.

Como se indica en la investigación del Archivo Nacional de la Memoria, la actuación de estos comandos civiles demuestra una continuidad histórica con la Liga Patriótica de la década del 20 tanto en su ideología como en su metodología.

Golpe de Estado de 1955. Represión del peronismo: Decreto ley 4161. Junta de Defensa de la Democracia: persecución del comunismo. Coordinación de servicios de inteligencia: origen de la comunidad informativa. Influencia francesa: Doctrina de la Guerra Revolucionaria. Masacre de José León Suárez.

El gobierno de facto se integró con grupos pertenecientes al nacionalismo -entre los que se encontraba el presidente Eduardo Lonardi-, y grupos liberales fuertemente antiperonistas. Entre ambos se marcaría una diferencia en cuanto a la política a asumir frente al movimiento peronista. Mientras Lonardi intentó una política conciliadora proclamando que "en esta lucha no hay vencedores ni vencidos", lo liberales que se hicieron del gobierno meses después pretendieron hacer tabla rasa con el peronismo no sólo mediante un cambio de la política económica y social sino con un fuerte aparato represivo que apuntaba a eliminar todo vestigio del período anterior.

Así fue que el nuevo gobierno, a cargo del General Pedro Eugenio Aramburu y el Almirante Isaac Rojas, reprimió duramente la huelga general declarada el 14 de noviembre de 1955, intervino la CGT y los sindicatos, disolvió el Partido Peronista y, finalmente, dictó el decreto-ley 4161 del 5 de marzo de 1956 que prohibía los elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista previendo pena de prisión de treinta días a seis años y la inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario público, dirigente político o gremial. Se llegaba a las prohibiciones más absurdas, como el hecho de nombrar a Perón o sus parientes, las expresiones "peronismo", "peronista", "justicialista", etc. Según surge de los propios considerandos del decreto, se pretendía borrar al peronismo de la memoria colectiva alegando que se trataba de una doctrina y una posición política que ofendía el sentimiento democrático del pueblo argentino.

En esta misma línea se dictó el decreto ley 18.787 del 10 de octubre de 1956, que creó la "Junta de Defensa de la Democracia" para investigar a todas las organizaciones políticas, gremiales, sociales, culturales, o de cualquier tipo que pudieran ser calificadas de comunistas, criptocomunistas, con infiltración comunista o totalitaria a fin de que portaran públicamente esa denominación. Se iniciaba así un proceso de "marcación" alrededor del cual funcionarían numerosos organismos de inteligencia que tenderían sus redes sobre el conjunto de la población bajo la excusa de la amenaza comunista, configurándose lo que durante la represión de los años 70 se denominará "la comunidad informativa".

Sobre la base del análisis de los archivos de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires) Patricia Funes señala en "Medio Siglo de Represión" (Revista Puentes, Mayo de 2004), que "en abril de 1956 se crea la Dirección de Informaciones Antidemocráticas (D.I.A.) que tiene como objetivo la reunión y coordinación de los distintos organismos de seguridad del Estado (Jefes de la SIDE, SIE, SIN y SIA, de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense), con el fin de evaluar 'la conveniencia o no de declarar ilegal el Partido Comunista'.

Al respecto cabe señalar que la SIDE (Secretaría de Investigaciones del Estado) se creó el 20 de enero de 1956 mediante decreto 776/56 y vino a reemplazar a la CIDE (Coordinación de Informes del Estado, que había sido creada en 1946 mediante decreto ejecutivo 337. Este organismo de inteligencia se sumaba entonces a los Servicios de Inteligencia del Ejército (SIE) de la Armada (SIN) y de la Fuerza Aérea (SIA). Asimismo la Sección Especial de la Policía de la Capital Federal pasó a denominarse DIPA (División de Investigaciones de Partidos Antidemocráticos), y en la provincia de Buenos Aires se creó la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) el 8 de agosto de 1956.

De manera que bajo la sombra del enemigo comunista se investigaron y catalogaron agrupaciones político partidarias, estudiantiles, gremiales, sociales, y culturales. Como advierte Patricia Funes se "inaugura la investigación sistemática y metódica de todo 'enemigo social' del 'orden' bajo el genérico discurso y la actitud anticomunista de la tradición precedente, exacerbada en el contexto de la Guerra Fría".

La importancia que cobraron las actividades de inteligencia dirigidas hacia el conjunto de la población se relacionó con el progresivo abandono de las Fuerzas Armadas de la Doctrina de la Defensa Nacional -orientada a la defensa de la soberanía y la integridad territorial frente a ataques externos-, para ser reemplazada por la Doctrina de la Seguridad Nacional que organizaba a las Fuerzas Armadas para la represión interna sobre la base de una nueva hipótesis bélica que denominaban guerra revolucionaria o subversiva.

El concepto de guerra revolucionaria o subversiva fue utilizado por los franceses para reprimir los movimientos de liberación nacional surgidos en sus colonias en Indochina y Argelia que, en el contexto de la "Guerra Fría", fueron considerados como parte de un conflicto global entre el Oriente comunista y ateo y el Occidente liberal y cristiano, y combatidos como una cruzada contra el comunismo internacional. De acuerdo con esta doctrina francesa se estaba ante una guerra no convencional que se libraba al interior del cuerpo social donde se hallaba oculto el supuesto enemigo ideológico mimetizado con la multitud, por lo que el control de la población se convertía en un objetivo fundamental de las Fuerzas Armadas. En función de ello las tareas de inteligencia cobraron un lugar preponderante, particularmente a través de interrogatorios de sospechosos, donde lo esencial era obtener información por cualquier medio, incluso a través de la imposición de tormentos. La denominada "batalla de Argel" (1954- 1962) fue la oportunidad en que las fuerzas militares francesas pusieron en práctica los métodos de lo que denominaron guerra contrarrevolucionaria o antisubversiva mediante la zonificación militar de todo territorio, la subordinación de las Fuerzas de Seguridad a las Fuerzas Armadas, operaciones de acción psicológica, la difusión del terror en la población, el funcionamiento de centros clandestinos de detención y la práctica sistemática del secuestro, los interrogatorios bajo tormentos, las ejecuciones sumarias y las posterior desaparición de los cuerpos de las víctimas.

Esta doctrina fue transmitida a las Fuerzas Armadas de nuestro país desde mediados de la década del 50 con la formación de militares argentinos en la Escuela de Guerra de París, y entre los años 1957 y 1962 a través de la instalación de una delegación militar francesa permanente en la Escuela Superior de Guerra de Argentina y su difusión en revistas militares, de manera tal que la influencia militar francesa pasó a ser predominante en ese período dejando atrás la tradición militar alemana.

Por último, en los sucesos conocidos como la Masacre de León Suárez, la denominada "Revolución Libertadora" puso en evidencia la violencia con la que sería reprimido cualquier intento de volver al pasado peronista haciendo uso de un modus operandi que sería un anticipo de lo que ocurriría durante la represión de los años 70. El levantamiento producido el 9 de junio de 1956 fue duramente reprimido: se estableció la pena de muerte y se ejecutó sin registro de juicio sumario previo a los militares que participaron del levantamiento. Asimismo, y en forma clandestina fueron fusilados varios civiles en un basural de la localidad de León Suárez, crimen que fue negado por las autoridades militares y posteriormente revelado gracias a la investigación efectuada por el periodista Rodolfo Walsh en un libro titulado "Operación Masacre", publicado en 1957.

Período de elecciones democráticas restringidas: proscripción del peronismo (1958-1962) Plan CONINTES. Alianza para el Progreso. Escuela de las Américas.

La recepción de la doctrina de la guerra revolucionaria tuvo su primera expresión en la aplicación del Plan CONINTES en 1960 donde se puso en práctica el esquema de división territorial en zonas, sub zonas y áreas de defensa bajo autoridad militar, la subordinación operativa de las fuerzas policiales a las FFAA para la ejecución de acciones de represión interna y la jurisdicción militar sobre los detenidos civiles del CONINTES. La aplicación de este Plan estuvo dirigida a reprimir la resistencia peronista y la creciente conflictividad gremial, por ejemplo: se declararon zonas militarizadas los centros fabriles donde se produjeron las principales protestas obreras, entre las que cabe destacar la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre producida a principios de 1959.

La construcción del enemigo interno sobre la base de la doctrina de la guerra revolucionaria constituyó a las Fuerzas Armadas en vigilantes de la población y con ella de los gobiernos civiles, observados para que el juego político se mantuviera dentro del orden impuesto por la Revolución Libertadora, basado en la proscripción del peronismo y en la implementación de una política económica liberal. De allí que tanto el gobierno de Arturo Frondizi, como los sucesivos gobiernos civiles estuvieron fuertemente condicionados por unas Fuerzas Armadas que se politizaron en la misma medida que concibieron un enemigo ideológico interno y una "guerra revolucionaria", según la cual, la batalla no se libraba sólo en el campo militar sino también en el político, económico, social, religioso y cultural.

Al año siguiente el Plan CONINTES fue puesto en ejecución públicamente a través de los decretos 2682 y 2639 del 13/03/1960 en todo el territorio del país. De esta forma las Fuerzas Armadas se ordenaron hacia el mantenimiento del orden interno en la medida que incorporaron el concepto del "enemigo político interno" y la idea de que el conflicto peronismo-antiperonismo debía interpretarse como una versión local del conflicto comunismo-anticomunismo.

Pero la influencia de la doctrina francesa llegó más allá del Plan CONINTES por cuanto tal como afirma Daniel H. Mazzei en su artículo "La misión militar francesa en la escuela superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962" (Revista de Ciencias Sociales, Nro. 13, 2002), "puso las bases teóricas, metodológicas, e incluso semánticas que guiaron el accionar represivo del Ejército Argentino durante la década del setenta".

A partir de la Revolución Cubana de 1959 que instauró en la región un gobierno socialista aliado a la URSS, se reorientó la política militar hacia Latinoamérica, asignándoles a las Fuerzas Armadas de los países del continente la función de custodiar el orden interno para evitar el avance del comunismo. Por su parte en nuestro país, las Fuerzas Armadas presionaron al gobierno de Frondizi para que se alineara a la política ordenada desde Estados Unidos y rompiera relaciones con Cuba, lo que finalmente ocurrió en febrero de 1962.

Gobierno civil de facto (1962-1963). Decreto ley 4214 de Represión del Comunismo.

Derrocado Frondizi, fue el gobierno de facto de José María Guido que dictó el decreto ley 4214 el 24 de mayo de 1963 de Represión del Comunismo en consideración a que: "nuestro país ha contraído compromisos internacionales expresos contra la acción del comunismo internacional, inspirados en la defensa permanente de la democracia continental; que en cumplimiento de dichos compromisos, la República Argentina ha adoptado recientemente ante el comunismo una postura categórica en el plano internacional, que corresponde sea complementada en el plano nacional con medidas del mismo carácter". Por este decreto-ley se declaraban ilegales y se prohibía toda asociación que proclamara o admitiera los principios del comunismo internacional y se criminalizaba toda actividad comunista o tendiente a sostener o propiciar la implantación del comunismo, prohibiendo también que las personas consideradas "comunistas" desempeñaran funciones públicas, ejercieran la docencia, desempeñaran funciones directivas o representativas en organizaciones educativas, culturales, artísticas, profesionales, patronales u obreras, o fueran beneficiarias de becas estatales. De esta forma la construcción del "otro" comunista se institucionalizaba en un texto legal abriendo espacio al poder punitivo para la persecución ideológica.

Período de elecciones democráticas restringidas: proscripción del peronismo y el comunismo (1963-1966). Discurso de West Point: Doctrina de la Seguridad Nacional.

Dentro de esta nueva concepción se produjo el discurso del Comandante en jefe del Ejército Argentino, el General Juan Carlos Onganía, en la V Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en el instituto militar de West Point en 1964. Allí señaló que dentro del esquema de la democracia representativa las Fuerzas Armadas se encontraban para: "garantizar la soberanía e integridad territorial de los estados", pero además para "preservar los valores morales y espirituales de la civilización occidental y cristiana; asegurar el orden público y la paz interior; propender al bienestar general; y sostener la vigencia de la Constitución, de sus derechos y garantías esenciales y el mantenimiento de las instituciones republicanas que en ella se encuentran establecidas".

También señaló que la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constituidas dejaba de tener vigencia absoluta si "al amparo de ideologías exóticas" se conculcaban los principios básicos del sistema republicano, invocando un derecho de resistencia que el pueblo no ejercería por sí mismo sino a través de las Fuerzas Armadas encargadas de sostener la vigencia de la Constitución. Es decir que, paradojalmente, la corporación militar -carente de legitimidad democrática directa-, se colocaba por encima de los poderes establecidos por la Constitución Nacional y por fuera de los mecanismos previstos en ella, como último garante del sistema republicano de gobierno.

Golpe de Estado de 1966. Ley de Defensa Nacional Nro. 16970. Ley de Represión del Comunismo 17.401.

Bajo aquélla premisa, en junio de 1966 las fuerzas Armadas en conjunto derrocaron al gobierno del presidente electo Arturo Illia y redactaron el Acta de la Revolución Argentina, por la que disolvieron al Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, separaron de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema y al Procurador General de la Nación, pusieron en vigencia el Estatuto de la Revolución Argentina y ofrecieron el cargo de presidente de la República al teniente general Juan Carlos Onganía. Fijaron también los objetivos políticos de la Revolución Argentina, estableciendo como objetivo general: "consolidar los valores espirituales y morales, elevar el nivel cultural, educacional, científico, técnico; eliminar las causas profundas del actual estancamiento económico, alcanzar adecuadas relaciones laborales, asegurar el bienestar social y afianzar nuestra tradición espiritual inspirada en los ideales de libertad y dignidad de la persona humana, que son patrimonio de la civilización occidental y cristiana; como medios para restablecer una auténtica democracia representativa en la que impere el orden dentro de la ley, la justicia y el interés común, todo ello para reencausar al país por el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el exterior".

Para restablecer el sistema político sobre nuevas bases, las Fuerzas Armadas se propusieron una transformación económica y social que se implementó bajo la supresión de todos los canales de participación política mediante la disolución de los partidos políticos, la persecución de toda forma de oposición al régimen, la censura y clausura de los medios de comunicación no controlados por el gobierno, y la intervención violenta de las Universidades que daría lugar a los episodios conocidos como "La noche de los bastones largos" de julio de 1966 en que la policía desalojó a palos a alumnos y profesores que se resistían a abandonar las facultades.

Las Fuerzas Armadas plasmaron su orientación conforme a la doctrina de la Seguridad Nacional en una nueva ley de Defensa Nacional, la Nro. 16970 publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre de 1966, que reemplazó a la ley 13.234 ya mencionada, considerando que "los servicios que reclama la defensa nacional no son exigidos solamente para repeler o protegerse de los ataques del enemigo, sino también, para substraer provisoriamente a la Nación de las acciones de la naturaleza y de las perturbaciones internas producidas por actos humanos, disminuyendo y anulando sus consecuencias", y que la anterior legislación resultaba incompleta en razón de "legislar exclusivamente sobre situaciones de tiempo de guerra, no contemplando con la profundidad necesaria las exigencias que en todo tiempo plantea la seguridad nacional". En virtud de ello el nuevo ordenamiento legal se proponía como principio general "sentar las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación y ejecución de la defensa nacional, con el fin de lograr y mantener la seguridad nacional necesaria para el desarrollo de las actividades del país, en procura de sus objetivos nacionales" (art. 1). Se creaba a tal efecto el Consejo Nacional de Seguridad (Conase) que debía actuar en forma coordinada con el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia que conformaban el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad dentro del Sistema Nacional de Planeamiento, mediante el cual se compatibilizaban las exigencias de desarrollo con las de seguridad. De esta forma la legislación nacional se ajustaba a las premisas de la Doctrina de la Seguridad Nacional que comprometía a las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social para prevenir movimientos insurreccionales, como así también en el mantenimiento del orden interno previéndose en el art. 43 que "en caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o por agentes de la naturaleza, podrá recurrirse al empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o prestar los auxilios necesarios. Para ello, en aquellas zonas o lugares especialmente afectados podrán declarase zonas de emergencia a órdenes de autoridad militar, para la imprescindible coordinación de todos los esfuerzos.".

Asimismo, también en función de la Doctrina de la Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas asumieron como una de sus misiones fundamentales la defensa del mundo occidental y cristiano contra el avance del comunismo. En el Acta de la Revolución Argentina se estableció que la intervención militar obedecía a una situación general del país que había creado "condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional y, suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas y que pone a la Nación en peligro de caer ante el avance del totalitarismo colectivista". En consecuencia se dictó la ley de Represión del Comunismo 17.401, publicada en el Boletín Oficial del 29 de agosto de 1967, cuyo proyecto fue elaborado por el jurista Guillermo Borda, por entonces Ministro del Interior del gobierno de facto del general Onganía. Allí se establecía que serían calificadas de comunistas "las personas físicas o de existencia ideal que realicen actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista" y que incluso podían tenerse en cuenta actividades anteriores a la ley. La Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) se constituía en la autoridad encargada de la calificación, que a tal efecto debía coordinar y centralizar la reunión de antecedentes de cada caso con los demás servicios de informaciones y otras reparticiones públicas. Se establecían inhabilidades ampliando las del anterior decreto ley 4214, y se preveían penas de prisión para aquellos que "con indudable motivación ideológica comunista, realizare, por cualquier medio, actividades proselitistas, subversivas, intimidatorias o gravemente perturbadoras del orden público". Como registra Alfredo Villalba Welsh, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en "Tiempos de ira. Tiempos de esperanza", publicado por Rafael Cedeño editor, año 1984, pág. 71, "por aplicación de esta 'ley' fueron encarcelados centenares de ciudadanos y muchos otros fueron dejados cesantes de sus puestos. Prácticamente era la 'muerte civil' que pendía como una espada de Damocles sobre cada uno de los habitantes. Naturalmente bastaba con aparecer como 'opositor' para convertirse en 'comunista' y ser puesto fuera de la ley."

Pero esta definición del enemigo, pronto quedaría acotada para contener la resistencia civil que desató el autoritarismo del gobierno de Onganía, y las políticas económicas que alteraban las condiciones laborales y pautas salariales. Grandes movilizaciones populares de tipo insurreccional protagonizadas por obreros y estudiantes, que contaron con el apoyo de la población, hicieron tambalear a los presidentes de facto. Comenzaron en 1969 en los hechos conocidos como el "Cordobazo" y el "Rosariazo" que condujeron a la caída del régimen de Onganía; siguieron por otros puntos del país, hasta que nuevamente en Córdoba, uno de los principales centros industriales, llevó adelante otra movilización conocida como el 2do "Cordobazo" o "Viborazo" que derivó en la renuncia del presidente de facto Roberto M. Levingston, y así se continuaron hasta agosto de 1973 (ver. Izaguirre).

Durante tantos años de proscripción del peronismo y dictaduras se fue consolidando una fuerte oposición que aglutinó a gremios combativos, dirigentes estudiantiles y una nueva generación de militantes de izquierda, que impulsó a muchos jóvenes a la militancia revolucionaria. En ese contexto, dominado por la obturación de los canales de participación política; el descreimiento en la democracia como alternativa para producir el cambio social que permitiera mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población; y los ejemplos de experiencias revolucionarias socialistas en otros países del Tercer Mundo, como Cuba o Argelia, también surgieron y se multiplicaron las organizaciones armadas guerrilleras que intensificaron su accionar al mismo tiempo que crecía el descontento y la movilización popular.

El conjunto de los sectores movilizados, ya no podían ser negativizados mediante la calificación de "comunistas", que se volvía poco abarcadora frente a la magnitud de la protesta social. Luego del "Cordobazo" se configuró una nueva definición de la otredad negativa, más amplia y ambigua que la anterior, la del delincuente subversivo.

Continuidad del gobierno de facto (1966-1973). Juzgamiento de delitos de connotación subversiva en instancia única: leyes 18.670 y 19.053. Empleo de las Fuerzas Armadas para la prevención y represión de la subversión, el terrorismo y hechos conexos: leyes 19.081 y 20.032. Reglamentos militares internos.

En su mensaje al país del 4 de junio de 1969, Onganía interpretó los sucesos de Córdoba como el producto de una acción subversiva organizada y planificada: "Cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión, en la emboscada, preparaba su golpe. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que busca su destino. La consigna era la guerra civil a cualquier precio. Manos argentinas fueron las que mayor saña pusieron en la tarea bochornosa de destruir lo nuestro". (Ver. Terrorismo de Estado pág. 286).

De esta forma se encuadraba la movilización popular dentro de un accionar subversivo y se lo colocaba en el lugar del "otro" frente a lo "nuestro". Al año siguiente, en abril de 1970, se sancionaba la ley represiva Nro. 18.670, dirigida a combatir delitos de connotación "subversiva", para los que se establecía el juzgamiento en instancia única ante las cámaras federales del país. En mayo de 1971 -ya durante el gobierno de facto de Alejandro A. Lanusse-, esta ley fue reemplazada por la ley 19.053 que creó la Cámara Federal en lo Penal de la Nación para el juzgamiento en instancia única de los mismos delitos, más los previstos en la ley de represión del comunismo 17.401, con competencia en todo el territorio de la Nación. Como señala María José Sarrabayrouse Oliveira en su libro "Poder Judicial y dictadura. El caso de la morgue" publicado por el CELS y Editores del Puerto en junio de 2011, pág. 132, "ello se tradujo en la persecución de activistas sociales, políticos y sindicales, y significó un claro ejemplo de persecución ideológica instrumentado desde el Poder Judicial (...) La creación de la Cámara del Terror no sólo constituyó una violación al principio constitucional del juez natural, sino que implicó una auténtica imposición del terror desde el mismo aparato de justicia: fueron numerosos los casos de torturas y apremios que se sucedieron en el transcurso de sus investigaciones".

Esta nueva configuración del "enemigo" reorientó la tarea de los organismos de inteligencia. Sobre el análisis de los archivos de la DIPBA Patricia Funes señala en "Los Libros y la Noche. Censura, cultura y represión en Argentina a través de los servicios de inteligencia del Estado", publicado en Dimensoes, n. 19 (2007), Vitória (ES), NPIH/Ufes, 133-155, que "hacia fines de los años sesenta las formas de connotar al "enemigo interno" se deslizará del "comunista" al "delincuente subversivo", siendo esta "mesa" del archivo la que aumenta cuantitativamente y cualitativamente el registro de los "otros".

La testigo Claudia Viviana Bellingeri -perito de archivo de la ex DIPBA- efectuó una descripción de las distintas "mesas" de legajos obrantes en la Dirección de Inteligencia (mesa A: material sobre ciudadanos que realizaban actividades políticas y estudiantiles; mesa B: factores gremiales y laborales que incluía delegados, sindicatos, asociaciones gremiales y fábricas; mesa C: comunistas; mesa D: entidades sociales que incluía información sobre actividades culturales, vecinales, cooperativas) señalando que todas esas mesas a partir de los años 70 dejaron de trabajar y surge la Mesa DS donde se centraliza la "información sobre delincuentes subversivos", señalando que el activista gremial pasaba a tener un legajo de delincuente subversivo.

Frente a la movilización social y la intensificación del accionar de la guerrilla, el gobierno de facto de Alejandro Lanusse buscó una salida democrática, al mismo tiempo que amplió la legislación que autorizaba la intervención de las fuerzas armadas para la represión interna. Mediante la ley 19.801 de junio de 1971 facultó al Poder Ejecutivo Nacional a "emplear durante la vigencia del estado de sitio, en el territorio de la Nación, en sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo las fuerzas armadas que se considere conveniente en operaciones militares, a fin de prevenir y combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos", disponiendo que esta normativa se consideraría parte integrante de la ley de defensa nacional 16.970. A tales fines establecía la subordinación de las fuerzas de seguridad y las policiales, nacionales y provinciales, al Comando militar respectivo, y autorizaba a las Fuerzas Armadas a llevar adelante la prevención e investigación militar de los delitos de competencia de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, prescribiendo que las personas detenidas como consecuencia de las operaciones militares previstas en la ley serían puestas a disposición de esa Cámara o de la justicia militar cuando ello correspondiere. En diciembre de 1972 esta ley fue modificada por la N 20.032 que permitió el empleo de las fuerzas armadas sin necesidad de que estuviera en vigencia el estado de sitio.

A esta legislación, que autorizaba la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos, se sumaban a los reglamentos internos militares que las preparaban para la guerra antisubversiva o contrarrevolucionaria en operaciones no convencionales dirigidas contra un enemigo interno de carácter subterráneo, que carecía del estado legal de beligerante, y que debían individualizar con el fin de destruirlo o neutralizarlo, para lo cual la inteligencia y las actividades psicológicas eran fundamentales, incluyendo entre estas últimas el uso de la tortura. Durante la presidencia de facto de Lanusse se dictaron el RC- 5-1 denominado "Operaciones Sicológicas", el RC-8-1 de "Operaciones no convencionales", el RC-8-2 de Operaciones contra Fuerzas Irregulares y el RC-8-3 de "Operaciones contra la subversión urbana", entre otros.

De manera que el andamiaje normativo de las Fuerzas Armadas para la represión del enemigo subversivo, conforme la Doctrina de la Seguridad Nacional y los métodos no convencionales transmitidos por la Escuela Francesa, se hallaba establecido desde entonces y tuvo en los hechos conocidos como la Masacre de Trelew de agosto de 1972, el primer ensayo de lo que durante la última dictadura militar se convertiría en una práctica generalizada de violaciones a los derechos humanos contra la población civil. Militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) que habían intentado fugarse del penal de Rawson, y luego de haberse entregado sin oponer resistencia, fueron ametrallados por personal de la Marina en la base aeronaval Almirante Zar, al mismo tiempo que la justicia se negaba a recibir a los abogados defensores. Seguidamente, la versión oficial de los hechos se encargó de garantizar la impunidad de los perpetradores ocultando la alevosa ejecución de los dieciséis detenidos, sobre la cual testimoniaron con posterioridad los tres sobrevivientes de la masacre.

Período de elecciones democráticas (1973-1976). Masacre de Ezeiza. Documento Reservado del Consejo Superior Peronista. Creación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Ley 20.840 de Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones. Decreto 261/75: Operativo Independencia. Primera experiencia concentracionaria. Decretos 2770, 2771 y 2772. Plan Cóndor. Plan del Ejército

En el breve interregno de la presidencia constitucional de Héctor Cámpora, se desarticularon algunos de los dispositivos legales que contribuían a la construcción del enemigo subversivo y a la intervención de las fuerzas armadas para la represión interna: la ley 20.509 del 27 de mayo de 1973 derogó las leyes de represión del comunismo y la ley 20.510, de igual fecha, derogó toda la normativa vinculada con los delitos de connotación subversiva, disolvió la Cámara Federal Penal de la Nación, y las leyes que autorizaban la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir a la "subversión".

Sin embargo, el discurso contra el enemigo interno "subversivo" estuvo marcado por el ataque armado de la derecha peronista -encabezada por el sindicalismo ortodoxo-, a las filas de la izquierda peronista -conformada fundamentalmente por Montoneros, las FAR, FAP y la Juventud Peronista-, en el aeropuerto de Ezeiza. Ambas facciones se disputaban desde hacía tiempo el control del movimiento peronista, pero los hechos conocidos como la "Masacre de Ezeiza" constituyeron el puntapié inicial de la violencia que la derecha peronista, una vez instalada en el control del gobierno, lanzaría sobre el conjunto de la militancia de izquierda.

En su primer discurso pronunciado por cadena nacional el 21 de junio de 1973, Juan Domingo Perón apeló a la unidad nacional y a la pacificación, definiendo que la conducción del movimiento peronista debía quedar en manos de los peronistas: "nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes". Y, al mismo tiempo, reservó la categoría de "infiltrados" para aquellos que no compartieran esas premisas, aislando a las organizaciones de la tendencia revolucionaria.

Luego de su muerte, lo que comenzó constituyendo un discurso hacia el interior del Movimiento Nacional Peronista se extendió a la persecución del conjunto de la militancia de izquierda política, gremial, estudiantil y barrial. Ello quedó plasmado en la ley 20.840 de "Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones", sancionada el 28 de septiembre de 1974 durante la presidencia de María Estela Martínez Perón, por la cual se reinstaló la categoría del "delincuente subversivo", con figuras penales tan imprecisas que podían llegar a abarcar toda forma de oposición política y/o de movilización social. A ello siguió el decreto de estado de sitio N 1368 de noviembre de 1974 -también con el objetivo de reprimir a la "subversión"-, bajo la consigna que "el Estado Nacional Argentino debe, con toda energía, erradicar expresiones de una barbarie patológica", con lo cual la figura del "delincuente subversivo" quedaba asociada a "efectos degenerativos" que más tarde darían lugar a la metáfora médica de la "cirugía social", sobre la cual se llevaría adelante el exterminio masivo.

Al mismo tiempo se institucionalizaba la figura del "delincuente subversivo" y se ampliaba la legislación represiva, asimilando la doctrina de la lucha antisubversiva surgida en el seno de las Fuerzas Armadas. Fue así que desde el control de los resortes institucionales ampararon y fomentaron el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares, -en especial de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), y de otros como el Comando Libertadores de América, el Comando Nacional del Norte, la Concentración Nacional Universitaria (CNU), etc.-, que emprendieron impunemente la eliminación sistemática de opositores políticos de izquierda.

Los asesinatos selectivos, los ataques esporádicos y las amenazas de muerte efectuados por estos grupos estaban dirigidos, como señala Feierstein, "a aquellas fracciones que pudieran operar como articuladores entre diversos movimientos políticos o sociales [....] "articuladores sociales", es decir, ni dirigentes de alto rango de las organizaciones armadas de izquierda ni meros trabajadores o estudiantes, sino precisamente aquellas personas que articulaban a estas dos instancias, aquellos que hacían de nexo entre el movimiento popular y sus posibles configuraciones políticas" (El genocidio como práctica social pág. 320).

El accionar de estos grupos paramilitares provocó el aislamiento del grupo perseguido, y el exilio de muchos de sus miembros, lo que facilitó la posterior embestida de las Fuerzas Armadas contra las agrupaciones armadas de izquierda (debilitadas asimismo por su propia decisión de pasar a la clandestinidad optando por la militarización y el abandono de la política de masas) y contra el conjunto del movimiento popular conformado por la militancia estudiantil, barrial o gremial.

La intervención militar en la provincia de Tucumán, ordenada por Decreto N 261/75 del 5 de febrero de 1975, que dispuso que el Comando General del Ejército procedería a "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a los efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán", abrió paso para que las Fuerzas Armadas pusieran en práctica sus métodos de "lucha antisubversiva". Así fue que en Tucumán funcionó el primer centro clandestino de detención -la "Escuelita de Famaillá"-, implementándose la metodología represiva del secuestro, el aislamiento, los interrogatorios bajo tormentos y la desaparición forzada de personas, dirigidas a la eliminación de una parte de la población civil y a la imposición del terror en su conjunto.

Meses más tarde, la intervención militar para la "lucha contra la subversión" se extendería a todo el territorio nacional a través de los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975, por los que se creaba el Consejo de Seguridad Interna, conformado por miembros del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, para la "lucha antisubversiva"; se preveía la posibilidad de que el mismo estableciera convenios con las provincias para colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario; y se encargaba a las Fuerzas Armadas "proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país." De esta forma los centros clandestinos de detención comenzaron a expandirse por todo el país, junto con la práctica del secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas.

Este avance represivo emprendido por las FFAA se producía, además, en un contexto internacional, en el que varios países de la región se encontraban bajo dictaduras militares enroladas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, con las que se establecieron relaciones de cooperación y coordinación para la persecución y eliminación de militantes de izquierda a través de lo que se denominó Plan Cóndor -acordado entre la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, por el que se llevaría a cabo "el intercambio de prisioneros, la transferencia de información de inteligencia y la colaboración en las acciones represivas en cada uno de dichos territorios, incluyendo acciones conjuntas" (Feierstein "Guerra, genocidio, violencia política y sistema concentracionario en América Latina" publicado en Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina, eds. Eduntref, PNUD y Prometeo Libros, pág. 14).

Convertidas las Fuerzas Armadas en fuerzas de ocupación de su propio territorio, la interrupción definitiva del orden institucional en nuestro país era sólo una cuestión de tiempo. A través del "Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)" se programó y planificó detalladamente el accionar de las tres Fuerzas Armadas para la destitución del gobierno nacional. Se estableció como misión que "El Ejército Argentino realizará a partir del día D a la hora H las operaciones necesarias para asegurar, conjuntamente con las otras FFAA, la destitución del gobierno en todo el ámbito del país, a fin de facilitar la asunción del Gobierno Militar y contribuir a la consolidación del mismo". La "lucha contra la subversión" les había otorgado el margen de maniobra suficiente para perpetrar estas acciones pues se previó que, "en la medida de lo posible, todas las tareas de planeamiento y previsiones a adoptar emergentes del presente plan, se encubrirán bajo las previsiones y actividades de la lucha contra la subversión".

En el bando de las fuerzas enemigas ubicaron al "oponente" y consideraron como tal "a todas las organizaciones y elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/u obstaculicen el normal desenvolvimiento del Gobierno Militar a establecer". Dentro de esta caracterización incluyeron dos tipos de categorías: el oponente activo y el oponente potencial que respondían "al grado de participación actual de uno y a las posibilidades futuras del otro"; ambos tipos de oponentes se encontraban, según el documento, en todos los ámbitos donde se libraba la "lucha antisubversiva": organizaciones político militares, organizaciones políticas y colaterales, organizaciones gremiales, organizaciones estudiantiles y personas vinculadas.

Es de destacar que entre los oponentes activos, se señaló la confluencia de fuerzas que dio lugar a las grandes movilizaciones populares de fines de los años 60 y principios de los 70: organizaciones político militares, organizaciones políticas de izquierda, gremios combativos y organizaciones estudiantiles. De manera que apuntaban prioritariamente sobre aquellos que habían demostrado capacidad para articular relaciones de solidaridad, en post de reclamos colectivos y que eran percibidos como una amenaza por los sectores económicos dominantes. Por su parte, la categoría de oponente potencial era lo suficientemente amplia como para impedir cualquier forma de solidaridad colectiva en contra del régimen como de cualquier postura crítica.

En el contexto de lo que venimos exponiendo, no podemos pasar por alto que el propio Gral. Acdel Vilas que llevó adelante el Operativo Independencia de 1975 en Tucumán, poniendo en práctica la primera experiencia concentracionaria del país, y que luego ocupó el cargo de 2do Comandante del V Cuerpo Ejército de Bahía Blanca, actuando como Jefe de la Sub zona 51 entre diciembre de 1975 y diciembre de 1976, expresó la influencia que tuvo la doctrina francesa en su modo de dirigir el accionar militar contra la "subversión": "Mientras volaba, acercándome, cada vez más, al que sería por espacio de casi un año mi trinchera de combate, repensaba las palabras que un especialista del glorioso ejército francés en Argelia escribió en su libro -que lo fue de cabecera durante mi andadura tucumana- que era, Subversión y Revolución: 'Esclavo de sus tradiciones y de su formación, el Ejército se adapta mal a una guerra que las escuelas militares se niegan a enseñarle. Contra un adversario fluido, inatrapable, que se obstina, por lo general, en montar sus operativos según esquemas clásicos. Como una masa gigantesca que quisiera aplastar a una mosca, golpea, casi siempre, en el vacío, derrochando medios considerables. Un acrecentamiento, incluso considerable, de sus recursos no tendría ningún efecto si antes no adaptara su organización y su táctica a la guerra revolucionaria. El Ejército deberá abordar los problemas complejos que plantea la guerra revolucionaria con un espíritu nuevo, desprendido de todo prejuicio y con la firme voluntad de resolverlo'. En las medulosas consideraciones del oficial galo se encontraban resumidas mis propias ideas y preocupaciones respecto de las operaciones que a corto plazo, y luego de un siglo de paz, iniciaría la brigada contra el más peligroso y mortal de los enemigos del país: el marxismo".

La incorporación a las Fuerzas Armadas de esta doctrina de la guerra revolucionaria y sus métodos no convencionales que admitían la práctica de la tortura sobre los detenidos y toda manifestación de descontento y protesta social era expresión de una "guerra revolucionaria" que se libraba contra el orden "occidental y cristiano"; recuérdese el texto divulgado "Somos Derechos y Humanos". Por vía de este adoctrinamiento, la comisión de crímenes contra la humanidad como resultado de las acciones represivas y de inteligencia fueron definidos como actos de servicio en beneficio de la Nación 'amenazada'". (pág. 250).

Es preciso recordar que en todos esos movimientos de hecho, no sólo se inició la represión y estigmatización del peronismo, sino que junto con ello se procuró desmotar toda la obra de la década peronista, se procedió a derogar la Constitución de 1949 que había consagrado normas fundamentales sobre derechos de los trabajadores, la familia y la ancianidad, se eliminó lo referido a la nacionalización del comercio exterior, la función social de la propiedad, la protección de los recursos naturales y la nacionalización de los servicios públicos principios que trazaron una línea de continuidad con las políticas llevada a cabo por la dictadura militar entre 1976 y 1983.

Golpe de Estado (1976-1983). Proceso de Reorganización Nacional. Lucha antisubversiva: reglamento. Violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos contra la población civil y aniquilamiento de una parte del grupo nacional argentino.

El día "D" llegó el 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas dieron inicio a lo que denominaron "Proceso de Reorganización Nacional" por el cual se planteaba una reorganización de la sociedad sobre los valores de la tradición nacional y la dignidad del ser argentino, la erradicación de la "subversión" y la promoción del desarrollo económico, "a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia [...] adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino" (Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional).

Se labró el Acta para el proceso de Reorganización Nacional y Jura de la Junta Militar, donde se estableció que los comandantes Generales de las FFAA procedían a hacerse cargo del gobierno de la República como miembros de la Junta Militar sujetándose al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina, procediendo a: declarar caducos los mandatos del Presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los consejos municipales; remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales superiores provinciales; suspender la actividad política y los partidos políticos; y suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales.

Asimismo, se estableció el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional al que se subordinó la Constitución Nacional y por el cual la Junta Militar se constituía en el órgano supremo de la Nación y se encargaba de designar y remover al Presidente de la Nación, como así también nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Procurador General, y se distribuyeron las competencias ejecutivas y legislativas previstas en la Constitución Nacional entre la Junta Militar y el presidente de facto.

En la proclama del golpe la Junta Militar, compuesta por el comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, el comandante general de la Armada, Emilio Eduardo Massera, y el comandante general de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti, anunció "el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, al par que continuará combatiendo sin tregua a la delincuencia subversiva abierta o encubierta y se desterrará toda demagogia, no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley y oposición al proceso de reparación que se inicia".

En el primer discurso pronunciado como presidente de facto, Jorge Rafael Videla señaló que "sólo el Estado [...] habrá de monopolizar el uso de la fuerza, y sólo sus instituciones cumplirán las acciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos la fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la paz social: con ese objetivo combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento" (Feierstein el genocidio como práctica social pág. 321).

Así fue que la actuación de los grupos parapoliciales y paramilitares quedó bajo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y policiales que asumieron, desde el control del poder del estado, el aniquilamiento de una parte de la población civil y la imposición del terror en el conjunto social con el objeto de reorganizar el país sobre nuevas bases sociales, económicas y culturales.

Asimismo, el Ejército dictó el reglamento reservado RC-9-1 de "Operaciones contra elementos subversivos" de diciembre de 1976, que derogó los reglamentos RC-8-1 y RC-8-2 dictados durante el gobierno de facto de Lanusse, y donde se advirtió que se había procurado condensar doctrina, en particular la referida a procedimientos de Ejércitos que habían actuado en operaciones contra elementos subversivos en la llamada "Guerra Revolucionaria", como los casos de Indochina, Argelia y Vietnam, rescatando la eficacia de sus procedimientos tácticos, los que requerían una oportuna y correcta aplicación, señalando que era imprescindible tener en cuenta que se trataba de una lucha política e ideológica.

En este sentido, según se indicó en la sección III del Capítulo I del referido Reglamento, el ambiente operacional se extendía a toda la jurisdicción del país y se confundía con el ámbito nacional en lo político, económico y social, al mismo tiempo que la población se convertía en el centro de las operaciones contrasubversivas: "la población constituye el objetivo y el medio donde debe desarrollar su acción la contrasubversión" postulaba el Capítulo IV en relación a los principios fundamentales de la conducción contrasubversiva. Esta última, según se indicaba, debía estar orientada a conservar o recuperar el apoyo de la población, y este apoyo se comprendía dentro de una lógica binaria, por cuanto, según se expresó: "conservar o recuperar el apoyo de la población no significa que ésta se mantenga al margen de las Fuerzas Legales o no interfiera en las operaciones en desarrollo, sino que participe activamente en la acción, proporcionando el apoyo que por su ubicación social o por sus tareas específicas le compete". La falta de adhesión activa, convertía al ciudadano en un opositor potencial proclive a convertirse en enemigo del país, y por lo tanto había que lograr su apoyo mediante la imposición del respeto y el miedo. De acuerdo al principio de "aplicación del poder de combate con la máxima violencia" disponía: "respecto de éstos [los enemigos del país] y los proclives a serlo, es necesario que comprendan que es más conveniente apoyar a las fuerzas legales que oponérseles. Se debe tener presente que los agitadores subversivos potenciales, pueden abandonar posturas pasivas y adoptar procederes activos, si no perciben una firme actitud que les inspire respeto y temor". Finalmente, para el "delincuente subversivo" no habría posibilidad de rendición: "el concepto rector será que el delincuente subversivo que empuña armas debe ser aniquilado, dado que cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones contra estos delincuentes, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones".

Dentro de esta lógica binaria amigo-enemigo impuesta a través del terror se encuentran los aberrantes dichos del gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires en mayo de 1977, Ibérico Saint Jean, cuando manifestó: "primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después.a sus simpatizantes, enseguida.a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos". (Ver. Terrorismo de Estado.). Demencial.

En la medida que se planteaba que la lucha contrasubversiva era un problema esencialmente político, el propio Reglamento señalaba que los elementos militarizados de la subversión no constituían el problema fundamental, sino el poder de sus organizaciones políticas que constituían el medio para alcanzar su objetivo: la toma del poder y el cambio de la estructura social, razón por la cual en la Sección II del Capítulo I disponía que la finalidad de la contrasubversión era "neutralizar o aniquilar el aparato político-militar del enemigo".

En función de ello, la subversión podía ser abierta o clandestina, la primera caracterizada por sus elementos militarizados que actuaban en la superficie y la segunda por elementos encubiertos, mimetizados en la población, que seguían con su forma de vida habitual, y podían agruparse en células y organizaciones de varios individuos "con la finalidad de reducir o debilitar la autoridad existente, ejercitar y fortalecer la propia organización y condicionar el ambiente para el desarrollo de las fases siguientes de la escalada, a cargo fundamentalmente, de los elementos de la subversión abierta" (Sección I Cap. I).

En función de ello el Reglamento incluía entre los principios fundamentales de la conducción contrasubversiva "la necesidad de enfrentar a la subversión desde sus etapas iniciales", por lo que la "lucha contra la subversión" implicaba la eliminación de toda oposición ideológica que pusiera en cuestión el orden político, económico y social impuesto por la dictadura, mediante un accionar prolongado que atacara al enemigo en la raíz misma que se lo concebía. En este sentido el Reglamento alertaba sobre posibles errores de apreciación en cuanto a la obtención de un éxito definitivo y a breve plazo (Cap. IV. Sección. I) señalando que "la derrota de los elementos subversivos se logrará, por lo general, en forma parcial, ya que será muy poco probable que se empeñen en su totalidad en una lucha abierta contra las fuerzas contrasubversivas, lo que daría la oportunidad a un aniquilamiento definitivo.

Siempre habrá elementos que se sustraerán a dicho aniquilamiento, los que finalizadas las operaciones reanudarán su accionar en la clandestinidad para reorganizar el movimiento.

Mientras subsista la ideología y las situaciones que la motivan, ésta se mantendrá latente en el proceso subversivo".

En este mismo sentido, para fines de 1977 el presidente de facto, general Videla, reconocía ante la prensa extranjera la victoria militar sobre la acción armada del oponente, y en febrero de 1978, en el tercer aniversario del denominado Operativo Independencia, señalaba que no obstante ese triunfo la lucha contra la subversión no estaba terminada: "Dijimos que la Operación Independencia no ha terminado; diremos que la lucha contra la subversión en todo el país, en todas las manifestaciones del quehacer nacional, tampoco está terminada.

Si bien sus expresiones armadas se encuentran virtualmente eliminadas, es indudable que el adversario recurrirá, y ya lo ha hecho, a otras formas y procedimientos para agredir a nuestra sociedad."

Con lo expuesto hasta aquí, según lo establecido en el Plan Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), los reglamentos militares internos, y las declaraciones públicas de quienes estuvieron al frente del Proceso de Reorganización Nacional, la lucha contra la subversión significaba la eliminación del oponente en todas sus formas y el disciplinamiento del conjunto de la población a través del miedo, con el objetivo de desalentar cualquier actitud crítica o potencial oposición al orden político, económico y social impuesto por el gobierno de facto.

Desde un análisis criminológico el Dr. Zaffaroni señala que hechos como los que hoy nos toca juzgar son aquellos que comete el propio estado a través de su poder punitivo descontrolado, es decir, fuera de toda contención jurídica. Su observación acerca de que los estados han producido la mayor cantidad de cadáveres anticipados -es decir vidas truncadas antes de tiempo por intervención del poder represivo- a lo largo de la historia, dan origen a su criminología cautelar preventiva de masacres, que tiene como eje la contención del poder punitivo estatal.

A partir de estos datos se establece una relación particular entre el surgimiento de los estados modernos, el monopolio del poder punitivo, y los aniquilamientos de colectivos humanos llevados a cabo por ese poder punitivo estatal. Los homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas y desapariciones cometidas en forma sistemática por el Estado en nuestro país en los años setenta, reconoce por lo tanto raíces históricas profundas, ya que no se trata de una violencia estatal nunca antes experimentada, sino que tiene sus antecedentes en la historia desde la propia conformación del Estado Nacional.

En consecuencia, no es la historia de los sucesivos golpes institucionales la que otorga sentido en estos autos a los hechos sometidos a examen, tampoco la del surgimiento de los grupos armados irregulares en nuestra región, sino la historia de los aniquilamientos cometidos por un poder punitivo estatal y allí se encuentran las raíces profundas de la violencia estatal lanzada en los años 70, esta vez dirigida principalmente sobre "el otro".

Estudios sociológicos indican que estas prácticas represivas resultan constitutivas de la propia modernidad pero, lejos de tender con ello a una justificación del fenómeno, tratan de comprender cuáles son las condiciones que llevan al Estado a atentar contra las vidas que debiera proteger, y cuáles son los efectos que esas prácticas producen en la sociedad, para poder establecer llamados de alerta temprana. Para Zaffaroni en todo poder punitivo estatal se encuentra latente un poder punitivo capaz de desbordarse y terminar en una masacre.

Fue el exterminio llevado a cabo por el régimen nazi en el centro de la civilización occidental, el que movilizó la búsqueda de explicaciones frente a un fenómeno que ponía en duda, precisamente, su idea de progreso hacia formas más avanzadas o evolucionadas de sociedad, llegándose a la conclusión de que lo que parecía un retroceso hacia la barbarie no era más que un producto de la propia civilización que se hallaba potencialmente en la estructura social moderna.

Los militares que llevaron adelante la represión de los años 70 lo hicieron apelando la defensa de un estilo de vida, y como señaló Videla, "es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto...".

Mediante la apelación a aquéllas lealtades superiores también se logra otra técnica de neutralización que es la negación de la responsabilidad de los perpetradores de la masacre, quienes se colocan en el lugar de víctimas, al mismo tiempo que atribuyen al chivo expiatorio haber generado la necesidad de su propio aniquilamiento.

Esta propaganda oficial de los crímenes que se le atribuye al chivo expiatorio y el ocultamiento del actuar criminal de los perpetradores queda ilustrado en la presente causa, por ejemplo, en el caso conocido como la "Masacre de la Calle Catriel" en donde, como se verá al momento de tratar la materialidad de los hechos, miembros del V Cuerpo del Ejército llevaron a cabo la ejecución sumaria de Pablo Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Raquel Matzkin, y Manuel Mario Tarchitzky, haciéndose aparecer en los medios la versión de un supuesto enfrentamiento, donde también se ocultan los secuestros, las torturas, y el cautiverio sufrido por las víctimas en el CCD "La Escuelita", al mismo tiempo que se publican los supuestos crímenes de los cuales se los hacía responsables. El Diario "La Nueva Provincia" del 6 de septiembre de 1976 titulaba: "Otra eficaz acción del Ejército. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad". Allí se sindicaba a Fornasari y a Castillo como cabecillas de una organización ilegal, asignándosele al primero participación en hechos delictivos como los asesinatos del cabo primero Bruno Rojas y el conscripto René Papini, de la Cía. Policial Militar 181. Asimismo se revelaban futuras "acciones extremistas" que tenían planeadas.

Por último, otra técnica de neutralización consiste en la condenación de los condenadores. El discurso legitimador de la masacre establece una lógica binaria, por la cual se está con ellos o se está en contra de ellos, de manera que cualquiera que cuestione su accionar o simplemente lo ponga en duda pasa a formar parte de las filas del enemigo por cómplice o encubridor. Dice Zaffaroni: "los masacradores pretenden identificar a todos los que condenan sus crímenes como traidores, idiotas útiles que no ven el peligro del enemigo, obstáculos, o partícipes de los crímenes reales o inventados que se imputan a ellos".

En esta línea se inscribe el discurso de Acdel Vilas, Jefe del Operativo Independencia en 1975 en Tucumán, y posteriormente Jefe de la Sub zona 51 del Comando V Cuerpo del Ejército hasta diciembre de 1976. Precursor y ejecutor de los métodos neocolonialistas de secuestro, interrogatorio bajo tortura, ejecución sumaria y ocultamiento de cadáveres, puso de manifiesto que la "guerra sucia" librada contra la "subversión" también requería librarse de la justicia civil y, según sus propios dichos, "declarar una guerra a muerte a abogados y jueces complacientes o cómplices de la subversión" (pág. 261 Feierstein).

Esta última frase nos retrotrae al principio del presente análisis para recordarnos cuán trascendentes resultan los relatos históricos en su posibilidad de clausurar o no la elaboración de la memoria colectiva, y la incidencia que ello tiene en la construcción de las identidades, pues en caso contrario, significa cerrar definitivamente la posibilidad de una memoria colectiva que recoja el legado de las culturas originarias en la elaboración de nuestra propia identidad. No es casual que sobre la base de esa indiferencia frente a la eliminación de millones de aborígenes en nuestro país se elaborara un nuevo discurso capaz de justificar otra masacre.

Así lo votamos.

Los Señores Jueces FERRO, BAVA y TRIPPUTI dijeron:

ESTRUCTURA REPRESIVA EN BAHIA BLANCA

1) Responsabilidad del Ejército en "la lucha contra la subversión" (léase plan criminal)

Tras los Decretos 2770, 2771 y 2772 - que, como fuera dicho, significaron la extensión de la represión a todo el territorio nacional y la utilización, para esos fines, de las estructuras militares y de seguridad - y, de conformidad con sus prescripciones, el flamante Consejo de Defensa, el 15 de octubre de 1975, emitió su primera disposición.

La Directiva 1/75 tuvo por finalidad instrumentar el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y otros organismos puestos a disposición del Consejo "para la lucha contra la subversión".

Estableció que todos estos organismos debían ejecutar la ofensiva en todo el territorio nacional para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, las personas y el Estado, y otorgó a las Fuerzas la más amplia libertad de acción para intervenir en todas aquellas situaciones en que se aprecie puedan existir connotaciones subversivas.

Entre otras cuestiones, fijó que las operaciones debían ser desarrolladas bajo el concepto de accionar conjunto de las Fuerzas, aunque luego estableció misiones particulares para cada una. De este modo, le asignó al Ejército la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional, la conducción con responsabilidad primaria del esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión a fin de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a disposición, el control operacional sobre la Policía Federal y de las provincias, los Servicios Penitenciario Federal y provinciales y el control funcional sobre la Secretaría de Estado encargada de la inteligencia. Paralelamente, estipuló que la Armada y la Fuerza Aérea debían responder con prioridad a los requerimientos del Ejército, además de tener asignadas jurisdicciones específicas.

En consecuencia, días más tarde, el Comandante General del Ejército dictó la Directiva 404/75 a través de la cual ratificaba su control operacional sobre las policías y servicios penitenciarios y su control funcional sobre la SIDE. También establecía como misión la de operar ofensivamente "contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FF.AA. para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas" y además asumía la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones y en la conducción del esfuerzo de Inteligencia de la comunidad informativa (aseguraba que sin las actividades de inteligencia no se podían ejecutar operaciones y resaltaba el papel de las operaciones psicológicas).

Este papel asignado y asumido por el Ejército, se vio ratificado en 1977 con la Directiva 504/77 del Comandante en Jefe del Ejército que señaló que los comandos y jefaturas de todos los niveles tenían la responsabilidad directa e indelegable de la totalidad de las acciones ejecutadas en su jurisdicción.

De este modo, aunque cada Fuerza conservó zonas de jurisdicción exclusiva y realizaron acuerdos operacionales conjuntos, el Ejército tuvo la responsabilidad primaria en la ejecución del plan represivo. 2)La Zonificación del territorio

Como ya se hiciera mención, apuntalada por la doctrina francesa, una de las características de la represión institucional de los años '70 fue la división en zonas del territorio nacional con el propósito de controlar al enemigo en toda la extensión del país.

Más allá de los antecedentes que ya hemos mencionado, en cuanto a la estructura militar territorial del período que nos ocupa, la Directiva 1/75 (Lucha contra la subversión) del Consejo de Defensa remitió al Plan de Capacidades - Marco Interno de 1972 de las respectivas Fuerzas y también autorizó a los Comandos Generales "a adecuar, previo acuerdo, las actuales jurisdicciones territoriales con la finalidad de lograr un empleo más rentable de los medios disponibles y a establecer las relaciones de comando locales a efectos de asegurar la unidad de acción".

En este mismo sentido, la Directiva 404/75 (Lucha contra la subversión) del Comandante General del Ejército (dictada el 28 de octubre de 1975 como consecuencia de la anteriormente mencionada) basó la organización territorial en lo dispuesto en el Plan de Capacidades del Ejército para el año 1972 (PFE-PC MI72), la cual se mantuvo aunque con ciertas adaptaciones a las necesidades operativas en los años posteriores plasmadas en el Plan del Ejército (contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) de febrero de 1976, la Orden Parcial 405/76 (Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión) de mayo de 1976 y la Directiva 504/77 del Comandante en Jefe del Ejército (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78) de abril de 1977.

De este modo, en líneas generales, el país quedó dividido en cuatro zonas de defensas que llevaban los números 1, 2, 3 y 5 cuyos límites coincidían con los que demarcaban la jurisdicción de los Cuerpos del Ejército I, II, III y V; creándose posteriormente el Comando de Zona 4, que dependía del Comando de Institutos Militares. A su vez cada zona se dividía en sub zonas y áreas.

Es así que el Comando del V Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca y jurisdicción en el sur de la Provincia de Buenos Aires y toda la Patagonia, tuvo a su cargo la Zona de Defensa Militar 5. Ejercieron este comando sucesivamente en la época en que sucedieron los hechos aquí juzgados: el General Osvaldo René AZPITARTE (durante los años 1976 y 1977) y el General José Antonio VAQUERO (desde diciembre de 1977 hasta octubre de 1979).

Esta Zona militar, a su vez, estaba dividida en tres Sub zonas (formándose a partir de 1980 una cuarta). La 51 también tuvo su asiento en la ciudad de Bahía Blanca, en tanto que la Sub zona 52 en Neuquén, la 53 en Comodoro Rivadavia y, luego, la 54 en Río Gallegos.

En lo que aquí respecta, de conformidad a la prueba incorporada a la causa, la Sub zona 51 estaba a cargo del segundo comandante del V Cuerpo de Ejército, quien a su vez era el jefe del Estado Mayor de esta Gran Unidad de Batalla. Tuvieron este cargo en el período objeto de este proceso: el General Abdel Edgardo VILAS (desde diciembre de 1975) y el General Abel Teodoro CATUZZI (desde diciembre de 1976 hasta octubre de 1979 cuando asumió el Comando de este Cuerpo).

La Sub zona 51 estaba compuesta por tres Áreas de Seguridad: Área 511, con asiento en el Batallón de Comunicaciones 181 (Bahía Blanca), tenía jurisdicción en los partidos bonaerenses de Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y el departamento Caleu Caleu de La Pampa; Área 512, asentada en el Batallón de Arsenales 181 en la localidad de Pigüé que abarcaba los partidos de la Provincia de Buenos Aires de Saavedra, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez y Puán; Área 513, correspondiente al Distrito Militar Río Negro, ubicado en Viedma, con jurisdicción en el partido de Carmen de Patagones y los departamentos rionegrinos de General Conesa, Adolfo Alsina, Pichi Mahuida, Avellaneda, San Antonio, Valcheta y 9 de Julio. Cabe acotar que la Armada Argentina controlaba el territorio del partido bonaerense Coronel Rosales.

3)Estructura orgánica de las Fuerzas intervinientes en el aniquilamiento.

a)Ejército. V. Cuerpo. Zona de Defensa 5. Sub zona 51.

Analizaremos a continuación cuál era la organización del Ejército dentro de la Subzona militar 51 en la que se desarrollaron los hechos objeto de este proceso, teniendo en cuenta que el sistema represivo fue puesto en práctica aprovechando la estructura funcional preexistente de las Fuerzas Armadas surgida de los planes de capacidades y directivas dispuestas para la "lucha contra la subversión" (conforme se dio por probado en la Sentencia dictada en la Causa 13/84 - Cap XX -).

A partir de los reglamentos militares, legajos de servicios, declaraciones de imputados y testigos, informes y documentos de inteligencia agregados a la causa es posible reconstruir aquella estructura y las líneas de mando.

De este modo, es posible afirmar que el Comandante del V Cuerpo de Ejército, a su vez Comandante de la Zona de Defensa 5, fue la autoridad militar en todo el sur del país y ejerció sus funciones con la asistencia de un Segundo Comandante de Cuerpo - Comandante de la Sub zona 51 y un Estado Mayor a cargo de este último. Debe mencionarse, además, la figura de una Secretaría General, que en 1979-1980 fue desempeñada por el imputado Walter Bartolomé TEJADA.

El Estado Mayor del V Cuerpo estuvo conformado por cuatro Departamentos: I -Personal; II - Inteligencia; III - Operaciones; IV - Logística. Éstos, a su vez, se componían con diferentes Divisiones y por debajo de ellas encontramos unidades de menor jerarquía: las Secciones.

El Departamento I - Personal estuvo a cargo de Hugo Carlos FANTONI, entre enero de 1977 y enero de 1981. Según se desprende del Reglamento RC-3-30 "Organización y funcionamiento de los Estados Mayores" (1966), el Jefe de Personal tenía "responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con los individuos bajo control militar directo, tanto amigos como enemigos, militares como civiles" y una de sus principales funciones era la administración de personal, que en cuanto a los detenidos comprendía su reunión y procesamiento (esto es, clasificación, internación, seguridad, traslados, liberación, etc.). Estas potestades también estaban contenidas en el Procedimiento Operativo Normal (PON) 24/75 que prescribía, por ejemplo, que el Jefe de Personal debía ser quien designara los lugares de alojamiento de los detenidos, tramitara la puesta a disposición del PEN o librara órdenes de liberación. Como se verá al tratar las responsabilidades penales, el ejercicio de estas prerrogativas se verificó en concreto a partir de la documentación de inteligencia obrante en autos.

Dentro de este Departamento encontramos la División Registro y Enlace, cuyo Jefe fue, desde fines de 1976, el imputado Hugo Jorge DELMÉ, quien dependía del antes mencionado Fantoni. Sin ahondar en sus funciones, para lo cual remitimos al apartado correspondiente al tratamiento de la responsabilidad penal, cabe mencionar aquí que le correspondía mantener un intercambio de información continuo y la coordinación entre dos o más comandos, no sólo dentro del Ejército sino también con otras Fuerzas (RC-3-30). Conforme abundantes testimonios recogidos a lo largo del debate, esta articulación se ejercía, además, con los familiares de los privados ilegalmente de la libertad ya que Delmé era quien los recibía en el Comando y sistemáticamente les negaba o falseaba información.

El Departamento II - Inteligencia, de manera coherente con las enseñanzas de la Escuela Francesa, desempeñó un papel central en la ejecución del plan criminal junto al Destacamento de Inteligencia 181. La importancia medular de las tareas de inteligencia en la "lucha contra la subversión" emana de la mayoría de los reglamentos militares, especialmente, como vimos, del RC-9-1 "Operaciones contra elementos subversivos" y de otros más específicos tales como el RC-16-5 "La Unidad de Inteligencia", el RC-16-1 "Inteligencia Táctica", el RE-9-51 "Instrucción de lucha contra elementos subversivos", el RT-16-101 "Examen de Personal y Documentación" entre otros, en los cuales también se hacen referencias a uno de los principales métodos: el interrogatorio (a esta altura, sinónimo de tortura).

Al tiempo de los hechos, el Jefe de Inteligencia del Comando del V Cuerpo fue el prófugo Aldo Mario ÁLVAREZ. Pero también integraron este Departamento, con diferentes cargos, los imputados Walter Bartolomé TEJADA (quien fue auxiliar hasta octubre de 1977 cuando pasó a ser Jefe de la División Interior. En 1978 fue Segundo Jefe del Departamento y luego, hacia fines de 1980, ascendió a la Jefatura misma) y Norberto Eduardo CONDAL (uno de los subordinados de Tejada, quien, proveniente del Destacamento de Inteligencia 181, cumplió funciones en comisión desde octubre de 1976 hasta enero de 1978 cuando fue designado Jefe de División en aquella unidad de apoyo). También perteneció a este Departamento el imputado fallecido Julián Oscar CORRES, alias "el laucha", reconocido por muchas de las víctimas como uno de los torturadores del CCD La Escuelita.

El Departamento II trabajaba en todos los aspectos relacionados con el enemigo y dentro de sus funciones estaba la reunión de información y su procesamiento; la distribución y el uso de esa inteligencia; la contrainteligencia. Estas tareas implicaban la coordinación con todas las operaciones tácticas. (RC-3-30). Este Departamento era el órgano de dirección de Inteligencia y a él respondía funcionalmente el Destacamento de Inteligencia 181, que era el único medio técnico de inteligencia que disponía el Ejército (cf. RC-16-5). Ello significa que el Destacamento ejecutaba las órdenes provenientes del Comando y comunicaba los resultados obtenidos, estando vedado a sus miembros la interpretación de la información obtenida, actividad que le correspondía al Departamento II. (RC-16-5).

El Destacamento tenía un Jefe, un Segundo Jefe (quienes ejercieron estos cargos al tiempo de los hechos fueron Antonio LOSARDO y Luis Alberto GONZÁLEZ, actualmente fallecidos) y estaba conformado por diferentes Secciones, entre las que se encontraban la Primera Ejecución, Segunda Ejecución, Actividades Sicológicas Secretas, Apoyo y Comando y Servicio. (RC-16-5). Tal como se mencionó anteriormente, uno de los integrantes de esta unidad de inteligencia fue el imputado Norberto Eduardo CONDAL (quien cumplió funciones en la Sección Primera Ejecución hasta octubre de 1976 cuando partió en comisión al V Cuerpo. En 1978 regresó al Destacamento como Jefe de la Segunda Sección Ejecución). También lo fueron Jorge Horacio GRANADA (fue Jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas y desde enero de 1976 y hasta fines de 1977 fue Jefe de la Sección Primera Ejecución) y Carlos Alberto TAFFAREL (en diciembre de 1975 fue designado Jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas, cargo que ejerció hasta 1978).

Conforme el RC-16-5 las grandes unidades de combate (en este caso, V Cuerpo, Dpto. II) podían recibir apoyo de los Destacamentos consistentes, por ejemplo en elementos interrogadores. El PON 24/75 prescribía que interrogatorio de los detenidos estaba a cargo del personal especializado del Destacamento de Inteligencia 181. Este dato también fue aportado por Abdel Vilas en su declaración de 1987 en la que manifestó que los interrogatorios estaban a cargo del Destacamento de Inteligencia 181 que era el personal especialista. En este sentido, cabe agregar que también cumplió funciones como integrante del Destacamento el fallecido suboficial Santiago CRUCIANI, alias Mario Mancini, alias "el tío", reconocido interrogador del CCD La Escuelita.

Pasemos ahora al Departamento III - Operaciones. De conformidad con el RC-3-30, el Jefe de Operaciones tenía la responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con la organización, instrucción y operaciones. De este modo, dentro de las funciones asignadas al G-3 se encontraban la de mantener actualizada la nómina de los elementos dependientes, proponer la organización y el equipamiento de las unidades, preparar y difundir los planes y órdenes de operaciones, supervisar y coordinar la ejecución de las mismas, integrar el apoyo de fuego y la maniobra táctica, planear en coordinación con el Jefe de Logística los movimientos de tropas y planear las operaciones sicológicas, entre otras. Todo ello grafica la importancia de esta área en la ejecución del plan criminal, que necesariamente debía interactuar con las demás. Desde febrero de 1976 y hasta fines de ese mismo año fue Jefe de Operaciones el imputado Juan Manuel BAYÓN y le sucedió Rafael Benjamín DE PIANO.

El Departamento III estaba compuesto por dos divisiones: División Planes y División Educación e Instrucción y Acción Cívica. A cargo de la primera estuvo Rubén FERRETTI, en tanto que, durante 1976, al frente de la División Educación estuvo el imputado Osvaldo Bernardino PÁEZ y fue subordinado suyo el prófugo Miguel Ángel GARCÍA MORENO. Asimismo, ambos conformaron el Consejo de Guerra que en marzo de 1976 condenó a las víctimas de estos autos Julio Ruiz, Rubén Ruiz y Pablo Boholavsky (PÁEZ lo presidió).

Corresponde señalar que dentro de este Departamento funcionó un grupo operativo especialmente conformado por personal proveniente de distintas unidades que recibió indistintamente la denominación "Agrupación Tropa", "Compañía Operacional", "Equipo de Combate" o "Equipo de Lucha Antisubversiva". Estuvo comandada por el fallecido Emilio Jorge IBARRA, quien declaró que dependía del Jefe de la División Planes. (Juicio por la Verdad, audiencia del 07/12/99). Su estructura orgánica estaba conformada, además, por un Segundo Jefe y cuatro Secciones: Sección Exploración, Sección Caballería, Sección Artillería y la Sección Infantería (cuyo Jefe fue, durante 1976, el imputado en autos Jorge Aníbal MASSON).

Sin perjuicio de lo que se desarrollará en relación a la atribución de responsabilidad de los imputados, cabe mencionar que, de acuerdo a la prueba colectada, entre la que pueden mencionarse varios testimonios producidos durante el debate, Mario Carlos MÉNDEZ, cuyo destino formal era la Compañía Comando y Servicio (cf. su legajo personal), participaba de los operativos ejecutados por este grupo de tareas.

Finalmente, el Departamento IV - Logística, cuyo jefe en 1976 fue José Manuel COBO, tenía entre sus funciones la provisión de los elementos y servicios necesarios para los procedimientos y los movimientos de tropa en coordinación con el Jefe de Operaciones (RC-3-30).

b)Ejército. Batallón de Comunicaciones de Comando 181. Área 511.

El Batallón de Comunicaciones 181 estaba situado en un predio lindante al del Comando del V Cuerpo. Su misión general era la de proporcionar apoyo de comunicaciones mediante la instalación, operación y mantenimiento de centros de comunicaciones de campaña. (Cf. RC-32-3 de 1968). Era la principal unidad de batalla con asiento en Bahía Blanca.

A los fines de la "lucha antisubversiva", el Jefe del Batallón fue también Jefe del Área de Seguridad 511. Ejercieron sucesivamente este cargo el fallecido Argentino Cipriano TAUBER (desde octubre de 1974) y el imputado Jorge Enrique MANSUETO SWENDSEN (desde noviembre de 1976 y hasta enero de 1979 cuando fue designado Jefe del Departamento III - Operaciones). La línea de mando continuaba con un Segundo Jefe y con cuatro Divisiones que, conforme el Libro Histórico del Batallón, cambiaron su conformación. En 1976 las Divisiones eran: Banda, Servicios, Comando y Comunicaciones, y una División de Combate que a su vez contaba con una Sección de Infantería con tres pelotones. Éstos, en 1977, se distribuyeron entre las Compañías que conformaron la nueva organización del Batallón. De este modo, además de la Banda, esta unidad de apoyo se integró con la Compañía "A", la Compañía "B" y Compañía Comando y Servicios, las cuales pasaron a tener una Sección Infantería contrasubversiva cada una.

c) Policía Federal Argentina. Delegación Viedma.

La Policía Federal Argentina era uno de los elementos que, según la Directiva del Consejo de Defensa 1/75, el Ejército tenía bajo su control operacional. Así también lo refleja la Directiva 404/75 del Comandante General del Ejército. Y la Directiva 504/77 (Ejército) expresamente dispuso que la PFA debía colocar bajo control operacional de los Comandantes de Zona las delegaciones que se encontraban en jurisdicción de cada una de ellas.

Fue objeto de este juicio la intervención de la Delegación Viedma de la PFA en el sistema represivo dentro de la Sub zona 51 y, conforme la prueba producida, quedó acreditado que esta institución, ubicada en jurisdicción del Área 513, fue un importante eslabón para la ejecución del plan criminal. Sus integrantes realizaron actos propios de un grupo operativo encargado de ejecutar secuestros, interrogatorios y traslados al CCD La Escuelita de Bahía Blanca.

Sin perjuicio de hacer remisión al acápite referido a la responsabilidad penal, diremos aquí que integraron esta institución los siguientes imputados: Vicente Antonio FORCHETTI (fue el comisario de la Delegación hasta diciembre de 1977), Héctor Jorge ABELLEIRA (al tiempo de los hechos secundaba a Forchetti), Héctor Arturo GONCALVES y Carlos Alberto CONTRERAS (ambos tenían el grado de cabo).

d) Servicio Penitenciario Bonaerense. Unidad Penal 4.

Otro organismo que formó parte de la estructura represiva fue la Unidad Penal 4 del Barrio Villa Floresta de Bahía Blanca. Recordemos que el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires también se encontraba bajo el control operacional del Ejército (Directiva 1/75 del Consejo de Defensa, Directiva 404/75 del Comandante General del Ejército) y, en este caso, la UP4 estaba subordinada operacionalmente al Comando del V Cuerpo de Ejército. Allí fueron trasladados, provenientes de centros clandestinos dependientes del Ejército, gran cantidad de víctimas de autos que finalmente lograron sobrevivir.

Ejercieron sucesivamente la jefatura de esta cárcel los imputados Héctor Luis SELAYA (desde diciembre de 1975 y durante todo 1976) y Andrés Reynaldo MIRAGLIA (desde enero de 1977 hasta mediados de 1980).

Diremos también que los jefes contaban con la participación operativa de Leonardo Luis NÚÑEZ (fallecido) que hacía las veces de enlace con los CCD y que fue reconocido por las víctimas como una persona que ejercía violencia hacia los detenidos y solía estar presente en los traslados.

e) La Comunidad Informativa.

Debido a la importancia asignada a las tareas de inteligencia en la "lucha antisubversiva" cada fuerza interviniente tenía un área de su organización dedicada a ella. Pero, dado que se trató de un plan perfectamente delineado, en el que ninguna acción era azarosa, la información se concentraba en lo que se conoció como comunidad informativa desde donde, a su vez, se la hacía circular de la forma que consideraban más adecuada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de manera coordinada.

La perito del Archivo de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires), Claudia Bellingeri, en oportunidad de declarar ante este Tribunal, explicó que la Comunidad Informativa era una mesa o encuentro de trabajo que no tenía una estructura orgánica sino que la integraban distintas agencias estatales de inteligencia, entre las que mencionó a la SIDE, el Servicio de Informaciones Navales, la Prefectura Naval Zona Norte, la Policía Federal Argentina, los distintos Batallones, en particular el Batallón de Inteligencia 601 (que fue el máximo organismo de inteligencia del Ejército durante la última dictadura). Es decir, la CI era el encuentro de esas agencias para compartir la información.

Agregó que esos encuentros se podían producir a nivel nacional, regional o local y que estas últimas comunidades operaban en el territorio. En cambio, a nivel nacional era una comisión asesora de antecedentes que no determinaba una operación territorial, sino que clasificaba a las víctimas y determinaba qué tipo de tratamiento debía recibir la situación.

En cuanto a lo que ocurría en Bahía Blanca y la zona, según el informe de noviembre de 2010 elaborado por la perito Bellingeri y agregado a la presente, el Destacamento de Inteligencia 181 tuvo un papel que no se limitó a la administración y producción de información "clasificada", por el contrario, tuvo un rol protagónico en la coordinación de operativos y en la formulación de directivas en cuanto al trato de los detenidos, existiendo documentación que da cuenta de reuniones de la comunidad informativa convocada por el Jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 181, inclusive en 1975.

Bellingeri reiteró este dato en su declaración durante el debate y agregó que el Destacamento centralizaba la información. Mencionó el hallazgo de un archivo del 5 de septiembre de 1976 firmado por el entonces Jefe de Prefectura en donde se propone que se adopte como sistema que el Batallón 181 (Destacamento de Inteligencia) sea órgano de colección de información y el G2 (Departamento II del V Cuerpo) el encargado de difundirla.

En relación a esto último, la información no siempre se distribuía a los mismos organismos sino que se indicaba específicamente en cada documento los destinatarios del mismo, según lo que resultara pertinente, de acuerdo a la actuación que se requería y al nivel de responsabilidad dentro del esquema territorial, jerárquico y operacional de cada miembro de la Comunidad Informativa. La perito del archivo de la ex DIPBA sostuvo (en su declaración e informe) que en general quienes integraban la lista de los distribuidores eran la Unidad Regional 5ta. de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Compañía Policía Militar 181, la Agrupación Tropas del Departamento III, el Departamento II de Inteligencia, el Destacamento de Inteligencia, la Prefectura Naval Atlántico Norte, el Batallón de Comunicaciones 181, la Delegación de la Policía Federal, organismos de la Armada.

Asimismo, Claudia Bellingeri señaló que las Unidades Penitenciarias también realizaban tareas de inteligencia. De los documentos recopilados surge que los Jefes de las Cárceles de la provincia daban cuenta de las actividades políticas de los detenidos "especiales" y elaboraban listas de las visitas que recibían. Esa información era luego elevada a los órganos de inteligencia. Como veremos en el apartado correspondiente a la responsabilidad penal de los encausados, en nuestro ámbito, esto sucedía también en la Unidad Penal 4 de Villa Floresta - Bahía Blanca.

4)Los Centros Clandestinos de Detención.

Como dijéramos antes, los centros clandestinos de detención fueron los dispositivos con los que contaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad para ejecutar el plan de exterminio, mal llamados Lugar Reunión de Detenidos por ellas. Cientos de campos de concentración se instalaron en todo el país en los que permanecieron en clandestino cautiverio miles de víctimas de secuestros, torturas y distintas clases de inhumanos tratos. Bahía Blanca no fue ajena a esta metodología.

A continuación mencionaremos los principales centros clandestinos de detención, localizados en jurisdicción de la Sub zona 51, cuya existencia y funcionamiento se han logrado reconstruir, principal y esencialmente a partir de los relatos efectuados por los sobrevivientes. Ello sin perjuicio de señalar que a lo largo del debate las víctimas han mencionado otros sitios a los cuales han sido trasladadas y mantenidas privadas ilegalmente de la libertad, tales como el "Avión de madera" o vagón de ferrocarril (por el caso Julio Mussi, declaraciones de Quiroga, Pereyra, Mariano, Trevisan), instalaciones ferroviarias de calle Parchape (primera detención de Eduardo Hidalgo) o la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca (Quiroga, Pereyra, Mariano, Trevisan).

a) La Escuelita y otras dependencias del V Cuerpo Ejército.

Se ha probado ya en la causa 13/84 (considerando segundo, capítulo XII, tema 9, fs. 28.394) la existencia del CCD "la escuelita" y también el "Batallón de Comunicaciones 181".-

La existencia del primero de los centros mencionados se encuentra además reseñado en el informe de la CONADEP "Nunca Más", y también ha sido probado por medio de la causa 87 CFABB, caratulada "Denuncia anónima atribuida a la ciudadana Alicia Mabel PARTNOY s/Presunta existencia de campo de concentración "La Escuelita", en Bahía Blanca" (expte. número P940109/01), reservada en caja 3 y los croquis y reconocimientos efectuados por ésta última, como también por otros testigos víctimas que han declarado en este debate |1|.-

A ello han de sumarse:

-Las inspecciones oculares efectuadas en el marco de este debate.--Declaración del testigo ex conscripto ALBERTO ANTONIO TARANTO (13/12/2011 POR LA MAÑANA), de Carlos Alfredo ZOIA de fecha 30/11/2011 por la mañana en donde dijo que era "vox populi" el conocimiento de "La Escuelita", lugar en donde se llevaba a los detenidos en los operativos de la Agrupación Tropa, que allí se torturaba a la gente, que pudo estar cerca de ese lugar en una oportunidad en la que andaba a caballo y que CORRES salió del edificio diciéndole que no podía estar allí. Asimismo, indicó que IBARRA tenía conocimiento de la existencia de dicho lugar, que los Oficiales del V. Cpo. de Ejército tenían acceso allí y que solían requerir atenciones del Hospital Militar 181,en el que cumplía el servicio militar, auxilio a los médicos y medicamentos para los presos del CCD.-

Declaración de Néstor Hugo ETCHEVERRY ante el Tribunal de fecha 14/02/2012 por la tarde, quien adujo que conoció de la existencia del CCD "La Escuelita" por comentarios de otros soldados, donde se llevaba a los detenidos de los operativos como en los que le tocó participar de la Agrupación Tropa al mando del entonces Mayor IBARRA, como así también de otros procedimientos de los que no formó parte. Incluso describió -al igual que el testigo TARANTO- dónde es que se encontraba dicho CCD.-

Declaración testimonial de OSVALDO CÉSAR LEZCANO ante el Tribunal de fecha 22/11/2011 por la tarde, en la adujo haber tomado conocimiento mientras hizo el servicio militar obligatorio -entre el 24/03/76 y el 05/05/77-, de la existencia de un lugar en el cual se alojaban a los detenidos y se los interrogaba; asimismo, refirió que para ese entonces ya se lo conocía como "La Escuelita", cuya ubicación precisa desconocía pero recordando que se encontraba hacia el fondo de los terrenos del Comando.-

Informe pericial de las "Tareas de relevamiento arqueológico realizadas en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita 'Informe Final'" efectuado por la Fundación "Memoria Abierta" obrante a fs. 4756/4806 de la presente causa 982.-

Declaración de la víctima Héctor Osvaldo GONZÁLEZ, quien fue secuestrado inicialmente por la marina según su declaración ante el Tribunal, pasando por "Baterías" de Pto. Gral Belgrano en Punta Alta, para luego ser trasladado al CCD "La escuelita" del Cdo. Vto. Cpo. de Ejército. En su declaración describió dicho lugar como una edificación con más de una habitación, las cuales se encontraban conectadas entre sí por un pasillo que tenía rejas, donde permanecía la guardia. Refirió además que una de las habitaciones tenía piso de madera en donde había camas cuchetas y que las ventanas tenían postigones ciegos.

Sin dudas, La Escuelita fue el principal centro clandestino de detención del Ejército en Bahía Blanca, ubicado en terrenos de la armada. La gran mayoría de las víctimas cuyos casos integran esta causa pasaron por este lugar, donde fueron sometidas a inhumanas condiciones de vida.

Cabe señalar que dentro del V Cuerpo, distintas construcciones fueron utilizadas para albergar a los detenidos - desaparecidos. Tal es así que el arquitecto Gonzalo Conte Mc Donell, uno de los directores de las tareas de relevamiento arqueológico realizadas en el lugar - por miembros de Memoria Abierta y un equipo de la Universidad Nacional del Sur - en su declaración del 07/03/12, propuso pensar en un predio de mayor complejidad y concluyó que se trata de un complejo de edificaciones que abarca un ex tambo, una vivienda familiar, la casa de peones, una zona de molinos y bebederos, todo lo cual compone "La Escuelita".

Así, algunos testigos han relatado que fueron conducidas a una especie de Caballeriza o Galpón. Es el caso de Mario Medina, Rubén Bustos, Ricardo Cardinalli, Pedro Coloma, por ejemplo.

La Escuelita propiamente dicha se trataba de una edificación antigua ubicada en los fondos del predio del Comando del V Cuerpo al que se accedía sobre el camino de La Carrindanga.

La prueba colectada en autos permite concluir que esta construcción, tipo casa de campo, tenía una galería semi cubierta y dos habitaciones con piso de madera y camas cuchetas, donde se alojaba a los detenidos. Entre esas salas había otro ambiente con piso de baldosas y una reja que lo separaba del resto, utilizado por los guardias. Además, por un pasillo se accedía a la habitación de los guardias, a una cocina y a un baño y al final se encontraba la sala de torturas. Había un patio con una letrina y un aljibe y, en ciertos períodos, también dos casillas rodantes, una para guardias y otra para detenidos.

Todo ello es conteste con los innumerables testimonios narrados que, casi con similitud describieron ese centro del horror, o "lugar macabro", en lenguaje de un Sr. Defensor.

Resultan elocuentes las conclusiones expresadas en el Informe presentado por el Arq. Conte Mac Donell, cuando señalan que el "análisis de los testimonios, los croquis efectuados en declaraciones judiciales y los hallazgos materiales de la excavación efectuada permitió establecer un conjunto de referencias acerca de rasgos externos e internos del edificio donde funcionó el CCD La Escuelita permitiendo señalar que en su mayoría se refieren al mismo edificio".

Efectivamente, se han verificado puntos de coincidencia entre los testimonios de los sobrevivientes brindados durante el debate, por ejemplo, en lo que respecta a la individualización del sitio al que fueron llevados: que se trataba de un lugar dentro del V Cuerpo de Ejército (Hidalgo dijo haber sido ingresado por el puesto de guardia; Di Toto sostuvo que las instalaciones estaban adentro del V Cuerpo, a una distancia de unos 500 metros de las construcciones del Comando; Gaitán afirmó que estaban dentro del predio del V Cuerpo; Pedersen manifestó saber que el lugar quedaba detrás del V Cuerpo y Boholavsky que estaban muy cerca del V Cuerpo), que para llegar pasaron por Parque de Mayo y tomaron el camino de La Carrindanga (Hugo Barzola, María Cristina Pedersen, Julio Ruiz, Gustavo López, José María Petersen, Carlos Carrizo, Manuel Vera Navas, Héctor Núñez, Claudio Collazos, Oscar Bermúdez), que pasaron por una vía del tren (Sergio Voitzuk, Claudio Collazos), que para ingresar atravesaron una tranquera (Hugo Barzola, Julio Ruiz, Gustavo López, Sergio Voitzuk, Manuel Vera Navas, Carlos Sanabria, Claudio Collazos).

Coincidieron también en la sensación que tuvieron que se trataba de una especie de casa de campo, de un lugar no urbano (Rudy Saiz, María Cristina Pedersen, Ricardo Mengatto, Susana Martínez, Ricardo Gaitán), de que había árboles (Carlos Carrizo, Guillermo Gallardo, Susana Martínez), de que se escuchaba diariamente el ruido de trenes (Pedersen, Mengatto, Vera Navas, Collazos, Martínez, Sanabria, Voitzuk).

Asimismo, las víctimas pudieron percibir que la casa tenía un patio al aire libre (Ricardo Mengatto, Manuel Vera Navas, Guillermo Gallardo), donde algunos fueron sometidos a simulacros de fusilamiento (Eduardo Hidalgo, Gustavo López), y también una especie de corredor techado o galería (Juan Carlos Monge, José María Petersen, Susana Martínez, Gustavo López). Había, además, al menos, dos habitaciones donde debían permanecer los cautivos (Juan Carlos Monge, Horacio López, Rudy Saiz, Pablo Boholavsky, Gustavo López, Guillermo Gallardo, Carlos Sanabria, Alicia Partnoy, José Luis Gon), ambientes donde estaban las guardias (Alicia Partnoy) y una sala destinada a los interrogatorios bajo torturas (Eduardo Hidalgo, Horacio López, Julio Ruiz, Sergio Voitzuk, Guillermo Gallardo, Carlos Sanabria, Alicia Partnoy, García Sierra). Muchos testigos hicieron referencia también a una especie de reja plegable que separaba dos ambientes (Rubén Ruiz, Gustavo López, Ricardo Mengatto, Carlos Sanabria, Alicia Partnoy). Todos estos espacios fueron detectados en la investigación coordinada por el Arq. Conte Mc Donell.

En cuanto a la presencia de una casilla rodante, Alicia Partnoy declaró que los guardias le dijeron que allí se encontraba Romero de Metz y que en ese lugar habría dado a luz a su bebé. Manuel Vera Navas, sostuvo que lo subieron a una casilla rodante y le comunicaron que lo liberarían. Gustavo López expresó que pudo ver por debajo de la venda algo como una casa rodante. Claudio Collazos también refirió que un momento lo pusieron en un lugar chico que era una casilla rodante.

Por otra parte, fueron contestes los testimonios recibidos acerca de que los guardias y torturadores ocultaban su identidad utilizando sobrenombres tales como "laucha", "tío", "chamamé", "perro", "zorzal", "Lavayén", "peine", "zorro", "loro", entre otros. Alicia Partnoy pudo deducir que en La Escuelita había dos turnos de guardias, que cada turno tenía doce guardias (unos estaban adentro, otros afuera, otro de retén que traía la comida) y que los grupos se renovaban cada dos meses.

Quienes permanecieron en cautiverio en La Escuelita fueron sometidos a inhumanas condiciones de encierro y a prácticas violatorias de los derechos humanos más fundamentales.

Fueron privados de la visión ya que debían estar con los ojos vendados (cf. declaraciones de Monge, Saiz, Barzola, Menna, Pedersen, Boholavsky, Carrizo, Gallardo, Petersen, Mengatto, Iglesias, Bambozzi, García Sierra, Vera Navas, Meilán, Partnoy) o encapuchados (Horacio López y Gustavo López). Y también se les impidió hablar (Horacio López, Saiz, Gustavo López, Gallardo. Petersen dijo que fue amordazado). Romper estas reglas les significaba a los prisioneros, violentos castigos. Muchos sobrevivientes también declararon que permanecieron atados (Barzola, Menna, Boholavsky, Carrizo, Gallardo, Mengatto, Bambozzi, Vera Navas, Meilán, Gustavo López, García Sierra) y tirados en el piso (Rubén Ruiz, Gustavo López, Iglesias, García Sierra, Sanabria, Meilán).

Coinciden los testimonios en los utensilios y jarros de metal que les llevaban para poder comer y en el caso de los alumnos de la ENET, refirieron que eran idénticos a los usados mientras estuvieron detenidos en el Batallón; que la comida era mala y escasa (Rubén Ruiz). Collazos dijo que al cuarto día le dieron un poco de polenta. Bermúdez declaró que comían una especie de ensopado y que lo debían hacer con las manos atrás. Hidalgo manifestó que les daban un producto aguachento con algo adentro. Pedersen expresó ante el Tribunal que a veces la comida era sopa o pedazos de papas con agua y que lo más rico que podían comer era algo parecido a un locro o guiso. Boholavsky dijo quera comida de rancho. Petersen sostuvo que la comida era un poco al medio día y a la tarde. Meilán recordó que el alimento era un jarro de mate cocido a la mañana y un caldo al mediodía y algo a la noche. Gustavo López señaló que estuvo un día y medio sin comer y sin beber agua. García Sierra dijo que la comida era un caldo y un trozo de pan.

En esas condiciones, los secuestrados no podían satisfacer adecuadamente sus necesidades fisiológicas. Así, atestiguaron haber pasado muchas horas sin orinar, que lo debían hacer en una lata o que estuvieron 15 días o más sin poder defecar (Rubén Ruiz, García Sierra, Gustavo López, Petersen, Gallardo, Bambozzi, Gon).

A ello hay que sumarle la falta de atención médica (Monge, Voitzuk) y de higiene tanto del lugar (Gustavo López dijo que el lugar era muy sucio y que era difícil convivir con insectos) como personal, coincidiendo muchos testimonios en que pasaron hasta un mes sin bañarse y que generalmente lo hacían antes de ser trasladados (Pedersen, Meilán, Rubén Ruiz, Voitzuk, Boholavsky, Sanabria, Gustavo López).

Es imposible mencionar las condiciones que debieron soportar los prisioneros de La Escuelita sin hacer referencia a las sesiones de interrogatorios bajo torturas a las que fueron sometidos: muchos de los sobrevivientes aludieron a los golpes que les propinaban a veces como al pasar, otras como castigos por ejemplo porque los encontraban hablando y otras como parte de las torturas recibidas (declaraciones de Monge, Hidalgo, Gustavo López, Petersen, Barzola, Gallardo, Meilán, Carrizo, Mengatto, Iglesias, Vera Navas, Collazos, Gon, Núñez, Sanabria).

El principal método de tortura utilizado fue la aplicación de picana eléctrica (Monge, Hidalgo, Pedersen, Bholavsky, Petersen, Voitzuk, Gallardo, Mengatto, Iglesias, Bambozzi, Vera Navas, Collazos, Núñez, Meilán, Rial, Sanabria). Monge aseveró que también le aplicaron electricidad a través de electrodos colocados en las sienes. Estas prácticas iban precedidas por la inmovilización a través de ataduras de pies y manos a una cama metálica (Monge, Hidalgo, Boholavsky, Galalrdo, Collazos, Núñez, Meilán).

Además, era común que desnudaran a las víctimas tanto como una tortura en sí misma o como un paso previo a la aplicación de picana (Monge, Hidalgo, Iglesias, Bambozzi, Meilán, Sanabria).

A lo largo del debate han surgido otras formas de torturas que debieron soportar los cautivos de La Escuelita. Petersen hizo referencia a mordeduras de perros e Hidalgo a que en el lugar había dos perros y que temía que lo atacaran porque olían de forma amenazante. Monge relató un episodio en el que lo colgaron de las muñecas del caño de una cloaca durante 24 horas. Voitzuk declaró que fue colgado de los brazos sobre un pozo con agua. Menna y Petersen manifestaron haber sido dejados atados a la intemperie durante un tiempo. Boholavsky fue sometido al "submarino". Horacio López expresó que le hicieron pasar una rata por el cuerpo. Gallardo, que jugaron a la ruleta rusa con él y que le hicieron cortes en el cuerpo teniendo insectos encima. No faltaron los simulacros de fusilamiento (Monge, Hidalgo, Menna, Boholavsky, Gustavo López, Collazos) ni las torturas psicológicas (Horacio López, Pedersen, Gallardo).

Asimismo, muchos sobrevivientes sostuvieron ante este Tribunal que escuchaban los gritos o llantos de otros prisioneros mientras eran torturados (Horacio López, Hidalgo, Barzola, Pedersen, Rubén Ruiz, Boholavsky, Gon, Petersen, Carrizo, Mengatto, Bambozzi, Collazos, Meilán, García Sierra) y, en algunos casos, se trataban de sus familiares también secuestrados (Partnoy, Meilán).

b)Batallón de Comunicaciones 181.

Otro de los sitios a donde las víctimas eran llevadas y mantenidas en clandestino cautiverio era el Batallón de Comunicaciones 181.

Los testigos - víctimas María Felicitas Baliña y Hugo Barzola indicaron que al llegar a esta dependencia del Ejército fueron puestos en un pasillo y este último agregó que después lo pasaron al retén de guardia, antes de ser ubicado en otra sala.

Además, hubo otro lugar dentro de esta unidad militar utilizado para alojar a los privados ilegítimamente de libertad: el gimnasio del Batallón. Simón Lejter, Braulio Laurencena y Hugo Barzola mencionaron que estuvieron detenidos en un salón grande. El primero señaló que lo llevaron a un primer piso y que cuando le sacaron la capucha pudo ver que estaban en el lugar donde practicaba la banda de música. Laurencena varias veces hizo referencia a la permanencia en un gimnasio y Barzola a que luego de su ingreso prepararon un comedor muy amplio donde colocaron unas cien camas donde pusieron a esa cantidad aproximada de detenidos.

Otros sobrevivientes sostuvieron que fueron alojados en espacios más reducidos como oficinas, celdas o habitaciones: Pablo Boholavsky, Rubén Ruiz, Julio Ruiz. Estrella Menna estuvo en la pieza del capellán junto con María Cristina Jessenne y en algún momento con Baliña. El grupo de jóvenes de la ENET también fueron puestos en una especie de cuarto que impresionaba haber sido especialmente preparado para ellos. Gustavo López sostuvo que al llegar al Batallón los ubicaron en una habitación que tenía seis camas con seis juegos de sábanas, jabón, toallas, lo que le resultó extraño porque ellos eran seis personas.

Corresponde decir que, de acuerdo a los testimonios colectados, las condiciones de encierro distaban de ser las mismas de La Escuelita, ya que de ser necesario tenían alguna atención médica (como en el caso de Petersen, que le trataban diariamente una infección en un pie), o recibían cierta alimentación (Gustavo López dijo que la comida se la daban en un plato de metal y en unos tachos iguales a los de La Escuelita), o pese a que estaban incomunicados con el exterior algunos recibían elementos como ropa o comida de familiares que supieron que estaban allí detenidos (casos Jessenne y Laurencena, por ejemplo).

No obstante, también hay que señalar que las víctimas estaban privadas de su libertad ambulatoria más allá del recinto en el que se encontraban. Jessenne dijo que la puerta estaba cerrada y que tenían que golpear para ir al baño. Baliña indicó que estuvo en una habitación sin ventana y con rejas. Menna recordó que de día la dejaban con la puerta abierta pero con un perro de policía, llamado "Diablo". Gustavo López manifestó que varios soldados los llevaron a una habitación con llave y candado. Petersen declaró que cerraron la puerta de la celda con llave y le pusieron custodia afuera. Carrizo señaló que había un "colimba" en la puerta, que sólo salían para ir al baño, sin poder circular por el lugar.

Asimismo, de los testimonios colectados durante el debate surge que las víctimas secuestradas en el Batallón de Comunicaciones 181 eran sometidas a interrogatorios (Dejter, Petersen, Carrizo, Baliña, Jessenne, López) y que en ocasiones ello ocurría estando los prisioneros con los ojos vendados (Dejter, Jessenne, López, Petersen). Algunas víctimas especificaron que para esto fueron conducidos a una oficina del primer piso (Petersen, Carrizo).

Finalmente, en cuanto al bloqueo de la visión, ciertos testigos hicieron referencia a que pasaron algún momento con los ojos vendados o encapuchados. Por ejemplo, Baliña dijo que cuando llegó estuvo encapuchada hasta que la pusieron en la habitación. Dejter también declaró que al principio permaneció un tiempo encapuchado hasta que le hicieron el interrogatorio. Menna contó que una noche la encapucharon, la ataron y vendaron y la llevaron con otro joven a La Escuelita. Jessenne manifestó que al llegar le cubrieron la cabeza con una frazada y le ataron las manos atrás pero que después de un primer interrogatorio le sacaron todo.

c)Unidad Penal 4.

Sin perjuicio del desarrollo que se hará al momento de tratar la responsabilidad penal de quienes fueron los Jefes de la Unidad Penal 4, es pertinente señalar aquí que la cárcel de Villa Floresta fue el lugar al que, por decisión de la (ilegítima) "autoridad militar", fueron trasladados, desde los centros clandestinos de detención, aquellos prisioneros cuyos destinos signados no fueron la muerte, la desaparición o la liberación directa.

Lejos de ser el Penal un espacio de legalidad, los allí alojados a lo máximo que podían aspirar era a permanecer, por un tiempo indeterminado, a disposición del PEN como expresión de un blanqueamiento de su detención.

Por lo demás, sus situaciones no mejoraron de manera significativa ya que fueron objeto de violentos traslados hacia y desde la UP4; no recibieron la atención médica adecuada al deteriorado estado de salud que tenían al llegar; a veces, a modo de castigo, fueron sometidos a períodos de aislamiento; recibieron la clasificación de detenidos "especiales" que significó, por ejemplo, que se continuaran ejerciendo actividades de inteligencia sobre ellos y sobre las visitas que recibían, de manera que los datos que se obtenían circulaban dentro de la comunidad informativa; debieron soportar violentas requisas y nuevos interrogatorios, inclusive por los mismos torturadores de La Escuelita.

d)Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina.

La Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina fue otro de los lugares en los que, aunque de manera transitoria, permanecieron víctimas de detenciones ilegítimas.

Del grupo de personas secuestradas en aquella localidad rionegrina, Héctor Ayala, José Robinson y los familiares de Eduardo Chironi declararon ante este Tribunal que fueron llevados a la mencionada sede policial.

Robinson (si bien su caso no forma parte del objeto de este juicio) manifestó que estuvo allí, sentado en un altillo, hasta el día siguiente a su detención. Por su parte, Ayala sostuvo que tras su secuestro en una chacra en la que se encontraba trabajando lo llevaron a la policía de Viedma, que estuvo en un altillo y que tenía piso de madera. Si bien dijo que allí no fue maltratado, luego señaló que sólo de palabra, que lo llevaron encapuchado y que permaneció atado con una soga.

La viuda de Chironi, Sra. Cristina Cévoli, recordó que ante las desapariciones de compañeros suyos, su esposo se presentó espontáneamente en la Delegación de la Policía Federal el 12 de diciembre de 1976 y que el 15 le avisaron a la familia que lo llevaban al V Cuerpo. En similar sentido, el hermano de la víctima, Fernando Chironi, contó que él mismo lo acompañó hasta la sede policial y al tercer día dejaron de tener noticias suyas.

5)La participación en el plan criminal de otros sectores de poder.

a) A lo largo del juicio hemos podido constatar la presencia y el acompañamiento en ese accionar represivo de manera brutal de algunos sectores que componían la vida social de bahía Blanca; por ejm. no ha resultado ajeno el Poder Judicial Federal en la persona de quien ejerciera la función de juez federal tal el Dr. Guillermo F. Madueño, ya fallecido, pero que contó con la colaboración de quienes fueron secretarios del Juzgado federal, tales la Dra.. Gloria Girotti y Dr. Hugo Sierra. Madueño, respecto de los cuales solo podemos significar que, no obstante que existen sobre ellos causas penales en trámite, respecto de los cuales este Tribunal hubo verificado su actuación irregular en el ejercicio de sus funciones, nada impide exhortar a que los Sres. Jueces Federales de 1 instancia impulsen y profundicen tales investigaciones judiciales. De ahí, que fue ajustado a derecho, declarar abstracto el pedido de detención de la ex Secretaria del Juzgado Federal de Bahía Blanca, Dra. Gloria GIROTTI, solicitado por la Fiscalía Federal, en función que dicha petición se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal n 1 de esta ciudad.

b) Así también, resulta prima facie, comprometedor para la Iglesia Católica, la intervención y presencia de unos de sus pastores, tal el Padre Aldo Omar Vara en los centro clandestinos de detención y en los encuentros con las personas ahí detenidas en una especie de apoyo espiritual y que ninguno de los detenidos lo tomo en consideración y con seriedad; de ahí entonces que este Tribunal resolvió extraer testimonios de las actuaciones pertinentes respecto del accionar del sacerdote Aldo Omar VARA y remitirla al Juzgado Federal de 1 Instancia que corresponda en turno, a fin que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública (art. 177 inc. 1 del CPPN).

c) Idéntica tesitura se adoptó con el medio periodístico "La Nueva Provincia" y sus informaciones relacionadas con el supuesto accionar subversivo pues presuntamente coadyuvó a esa lucha mediante una acción sicológica, reconocida por el propio Gral Vilas, propalando informaciones que no se ajustaban a la realidad de los casos, razón por la cual se resolvió extraer testimonios de las constancias documentales respecto de la publicaciones que daba cuenta el diario "La Nueva Provincia" de esta ciudad y remitirlas al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa, en oportunidad de brindar información respecto de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos.

d) Por otra parte, conforme lo que se desprende del punto 41 del veredicto y en virtud de testimonios prestados ante el Tribunal, en cuanto a los tormentos a los que fueron sometidas las víctimas cuando se las trasladó a otras unidades penales desde la U.P. n 4 Villa Floresta, se librará el oficio pertinente al juez federal que por turno y jurisdicción corresponda, a los fines de ponerlo en conocimiento de tales circunstancias y a los efectos que estimen corresponder (art. 177 inc. 1 del CPMP).

Así lo votamos.

Los Señores Jueces FERRO, BAVA y TRIPPUTI dijeron:

MATERIALIDAD:

Descripción del hecho imputado: "Haber formado parte del plan criminal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales-, como al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense; habida cuenta los elementos arrimados a esta causa y producidos en la sustanciación de este juicio, como así también teniendo en mira la sentencia dictada en causa 13/84 de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, seguida a los ex comandantes (v. Fallos 309: libros 1 y 2, páginas 33/1.021 y páginas 1.029/1.657 respectivamente), conforme la detallada descripción que se efectuara del terrorismo de Estado en la misma".

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Que de las constancias que conforman la presente causa, como también de lo actuado en este juicio, se tienen por acreditados los hechos que se imputan a los acusados y que a continuación se detallarán.

1.- ABERASTURI, Mirna Edith

Mirna Edith Aberasturi fue secuestrada de su domicilio de la calle Pueyrredón n 642, ciudad de Bahía Blanca, el 26 de febrero de 1977 a las 14:30 horas aproximadamente, por un grupo de personas vestidas de civil, quienes sin identificarse entraron violentamente a la vivienda.

Cuando los secuestradores hallaron a la nombrada en la cocina de la morada, le mostraron una foto de su amiga Patricia Acevedo y le preguntaron donde se domiciliaba esta última.

Luego de sacarla de su hogar, la introdujeron en uno de los dos vehículos en los que se trasladaban, los cuales la víctima cree que eran marca Fiat, modelo tipo 128. Una vez a bordo del automotor, en el asiento de atrás y habiéndole ordenado no mirar, fue conducida a alta velocidad y bajo permanentes amenazas hasta el centro clandestino de detención "La Escuelita". En sus inmediaciones, menciona que la hicieron descender con las manos atadas por delante y procedieron a vendarle los ojos.

Dentro de la edificación, proveniente de un televisor o una radio con el volumen muy alto, Aberasturi pudo escuchar la noticia de la muerte de Patricia Acevedo; lo que habría motivado discusiones entre los captores. Allí, fue colocada en una habitación donde pudo percibir que había más personas y la hicieron ubicar en la parte de arriba de una cucheta.

Una de las veces que pidió ser llevada al baño, aludió que la interceptó una persona que pensó que la conocía porque le dijo "Vasca en qué te metiste", "voy a ver si puedo hacer algo por vos".

En otra circunstancia, fue sometida a un interrogatorio acerca de las actividades de su novio, oportunidad en la que advirtió que los interrogadores contaban con muchos datos personales de él y también de ella. A su vez, habrían vuelto a preguntarle sobre Patricia Acevedo, exigiéndole detalles de cómo la había conocido y consultándole si sabía que aquélla era montonera. Manifestó que durante el interrogatorio apagaron luces, le quitaron las vendas y le mostraron fotos de armas, diciéndole que su amiga andaba en eso; interrogatorio que se repetiría al día siguiente, en el sitio en el que fue ubicada con inmediatez a su ingreso.

Por otro lado, cuenta Aberasturi que pese a encontrarse con la visión bloqueada, a través de la venda que le habían puesto, pudo ver un muchacho joven aparentemente desnudo que estaba atado a un elástico de cama, el cual era castigado con lo que a ella le parecía un látigo por el ruido.

En el Centro Clandestino, también escuchó un guardia insultando a una chica dando a entender por sus dichos que la había violado. Aclaró que una de las veces que concurrió al baño tuvo que hacer sus necesidades en público y que oyó que los guardias se burlaban de las demás personas secuestradas diciéndoles que ella había llegado última pero se iba a ir primero porque "no era montonera".

Durante uno de los interrogatorios, quienes lo hacían le pidieron a Aberasturi su número de teléfono diciéndole que le avisarían a su familia que se hallaba bien. Como no tenía teléfono en su casa dio el de una familia vecina de apellido Torres, pero nunca habrían llamado allí.

Finalmente, la liberaron el 28 de febrero de 1977. Sobre tal evento explicó que alguien a quien se percibía como de alta jerarquía la sacó del centro clandestino de detención, la hizo abordar un automóvil marca Fiat y tras recorrer un trayecto, concretamente a la altura de la calle Alem, esta persona le dijo que se sacara la venda y la dejó en la esquina de su casa, advirtiéndole "acá no pasó nada, mañana estás laburando".

El 15 de marzo de 1977, a los pocos días de haber sido liberada y siendo el día en que festejaba su cumpleaños, tuvo lugar una llamada telefónica intimidatoria a la casa de la familia Torres, la cual estaba dirigida a Aberasturi pero fue atendida por su madre y, dado que tendría relación con el secuestro y cautiverio de su hija, se les habría rogado a los interlocutores que dejaran en paz a ésta última.

Durante el cautiverio de Mirna Edith Aberasturi, su familia interpuso un recurso de "habeas corpus" que tramitó ante el Juzgado Federal de esta ciudad, cuyo titular por entonces era el Sr. juez Guillermo Federico Madueño y la secretaría criminal estaba a cargo la Dra. Gloria Girotti. Aunque dicha sede tribunalicia lo rechazó por improcedente luego de recompilar respuestas negativas sobre el paradero de la nombrada, dentro de la cuales se encontraba la de la Asesoría Jurídica del Comando del V Cuerpo de Ejército donde la víctima se hallaba secuestrada.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración de la misma Mirna Edith Aberasturi (audiencia de fecha 15/11/2011 por la mañana), b) declaración de Carlos Hugo Kaul (audiencia de fecha 15/11/2011 por la mañana), quien al momento de los hechos era novio de la víctima y realizó gestiones a fin de conocer el paradero de Aberasturi.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: expediente n 85 del registro del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca (Expediente 184 del registro de la CFABB) caratulado "ABERASTURI Mirna Edith s/ recurso de Hábeas Corpus".

2.- BALIÑA, María Felicitas

María Felicitas Baliña fue secuestrada de su domicilio ubicado en la calle Hipólito Irigoyen n 252, 6 piso, depto. "c", de la ciudad de Bahía Blanca, a las 05:00 horas aproximadamente del día 23 de julio de 1976, por grupo de personas vestidos con ropa de fajina verde, que calzaban borceguíes, portaban armas de distinto calibre y se identificaron como pertenecientes al Ejército Argentino.

Dichos sujetos, ingresaron a la vivienda y la requisaron minuciosamente. Luego le informaron a Baliña que tenían que llevársela para ser interrogada. Por tal motivo, la retiraron de su domicilio, oportunidad en la que ésta pudo observar un gran despliegue de personal militar tanto dentro como fuera de edificio y la presencia de varios automotores que pertenecían al Ejército Argentino.

A la víctima le cubrieron la cabeza, la hicieron dar varias vueltas y luego la forzaron a subir a un vehículo que por las características que percibió podría haber sido un camión. Así, Baliña fue trasladada a bordo del automotor y obligada a ingresar al Batallón de Comunicaciones 181.

En dicho lugar, la colocaron contra una pared con los brazos en alto con sus ojos cubiertos para que no pudiera ver y la hicieron permanecer en esas condiciones durante alrededor de una hora. Luego, la llevaron a una habitación amplia, con techos altos y sin ventanas, que tenía una puerta de dos hojas, donde al sacarse una "capucha" que le habían colocado pudo apreciar que había alrededor de veinte personas en su misma situación, algunas de ellas atadas. En determinado momento, la llevaron al exterior para tomarle una fotografía y sintió que la luz del día le afectaba la vista como consecuencia de haber permanecido tanto tiempo con los ojos tapados.

Seguidamente, se la trasladó a otra habitación donde estaban otras dos mujeres detenidas e ingresaban soldados y oficiales permanentemente. En el lugar donde se la mantenía encerrada, supo que también estaba Estrella Menna de Turatta.

En otra ocasión, la trasladaron a un lugar dentro del edificio en la cual había una máquina de escribir, una mesa, una silla. Allí, una persona que interrogaba, le requirió todos sus datos y los asentó en una ficha.

Durante otra circunstancia, fue interrogada por el teniente coronel Argentino Cipriano Tauber que era el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y le preguntó sobre sus compañeras de estudios y del trabajo.

El capitán Raúl Oscar Otero, oficial del Batallón de Comunicaciones 181, estando presentes el teniente coronel Tauber y el mayor Blas Cerdá, le informó que sería liberada. Para ello, los secuestradores se comunicaron con su madre para que la fuera a buscar.

Antes de que le permitieran retirarse del lugar el día 11 de agosto de 1976, Argentino Cipriano Tauber le aconsejó que no dejara su trabajo, que tuviera cuidado con la gente con la que trataba, que llevara una vida normal y que no se fuera de Bahía Blanca.

Se supo que María Cristina Pedersen fue interrogada sobre cuestiones relativas a Baliña.

Transcurridos cuatro días de su liberación, la victima concurrió ante el Batallón de Comunicaciones 181 solicitando una constancia de su detención para presentarla en el Hospital Interzonal "Dr. José Penna" donde trabajaba. Dicha documento fue expedido con la firma de Argentino Cipriano Tauber, con quien la nombrada había solicitado hablar, y entregada en el sanatorio mencionado para justificar las inasistencias de los días en que había permanecido secuestrada, que motivaron su suspensión preventiva. Finalmente, debido a que se informó que estuvo "... detenida por autoridades militares con fecha 23 de julio y puesta en libertad en 12 de agosto del corriente año...", logró percibir sus haberes correspondientes al período de cautiverio.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Héctor Juan Ayala (audiencia del 29/11/2011 por la mañana), b) Mirta Silvia Díaz (audiencia del 29/11/2011 por la mañana), esposa de la víctima quien al tomar conocimiento del secuestro de su marido radicó una denuncia ante la Policía de la Provincia de Río Negro y efectuó diversas gestiones para procurar conocer el paradero de la víctima.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 108 del registro del Juzgado Federal de 1 instancia de Viedma caratulado "AYALA Héctor Juan s/ dcia. Privación ilegal de su libertad y torturas"; b) Expediente 86(6) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia S/ Ayala Héctor Juan": presentación de fs.1/3; c) Decreto del P.E.N. n 1/77 que dispone su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras personas, y Decreto n 208/79 mediante el que se deja sin efecto el arresto a disposición del P.E.N de AYALA, ambos en copia certificada; d) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Héctor Juan AYALA obrante en la cajas 13 y 14 de documentación; e) Legajo CONADEP 478; y f) Informe producido por la Comisaría Primera de la Policía de la Provincia de Río Negro.

Se suma a ello la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo lugar en el transcurso del debate.

3.- BARZOLA, Hugo

Hugo Barzola (radio aficionado, especializado en radiogoniometría que obtuvo premios en concursos realizados por el Ejército Argentino y la Armada Argentina en los que compitió con miembros de dichas fuerzas de seguridad), a mediados de julio de 1976 se encontraba en su domicilio de la calle 19 de mayo n 1460 del Barrio Palihue de la Ciudad de Bahía Blanca, cuando alrededor de las 4 de la mañana un grupo de personas vestidas de civil que sólo dijeron ser policías y portaban armas de gran calibre lograron ingresar a su hogar impartiendo amenazas.

Una vez allí, le mencionaron que el procedimiento se debía a que se había efectuado una denuncia en la cual se indicaba que él era propietario de una radio clandestina. Por tal motivo, el subteniente Gandolfo del Batallón de Comunicaciones 181 le colocó una pistola en la cabeza y registraron toda su vivienda.

Ante la situación, Barzola habría explicado que tenía todas las matrículas y habilitaciones correspondientes para hacer radio, pero igualmente lo metieron en un vehículo marca Opel K-180, al cual subieron algunos de sus captores. Dentro de aquél, le colocaron algo en la cabeza para que no pudiera ver y lo tiraron en el piso, luego emprendieron su marcha y circularon por la Av. Urquiza y el Parque de Mayo hacia el camino de la Carrindanga. La víctima dijo que llegaron a un campo, donde había un lugar en el que para entrar tuvo que bajar cinco escalones de madera y podría haber sido una enfermería, ya que sintió olor a formol y antisépticos.

En dicho sitio, le pidieron que no abriera los ojos mientras lo golpeaban, le sacaron la "capucha" y le vendaron los ojos. Mediante el maltrato lo llevaron hasta un rincón, en el cual lo dejaron con las manos atadas y cuando intentó hablar volvieron a golpearlo. Percibió que cerca de él había otras personas y escuchó el llanto de una mujer que parecía ser torturada mientras era interrogada.

Días más tarde, Barzola preguntó por qué lo tenían encerrado, pero lo agredieron sin responderle. Pese a ello, lo subieron a un automóvil y al hablar con uno de los secuestradores, éste le indicó que su situación había sido aclarada, que debía olvidar el lugar en que había estado y nunca más preocuparse. Al detener la marcha del vehículo le quitaron las vendas que le habían colocado sobre sus ojos y pudo observar que se encontraba frente a la guardia del Batallón de Comunicaciones 181, donde lo recibió el capitán Otero, le quitaron los documentos y éste le advirtió que al abrir el área administrativa del Comando lo dejarían en libertad. Sin perjuicio de tales dichos, Barzola continuó casi dos meses más detenido en esa unidad, dentro de un gimnasio en el cual estaban alojados gremialistas, profesores universitarios y otras personas, sin permitirle que lo visitaran.

Una persona conocida de su esposa la anotició de lo que estaba sucediendo y ella reclamó por escrito ante Comando V Cuerpo de Ejército, por lo cual mediante una nota del día 24 de agosto de 1976 el General de Brigada Osvaldo René Azpitarte le hizo saber que su marido estaba detenido por averiguación de antecedentes. Pasado un tiempo y previo a dejarlo en libertad, el Capitán Otero le dio para firmar unos papeles a Barzola en los que figuraba que había sido tratado bien y con la debida atención médica.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Hugo Washington Barzola (audiencia de fecha 27/09/2011 por la mañana).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: Nota de fecha 24 de agosto de 1976 obrante a fojas 245 de la causa n 109 caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia", suscripta por Osvaldo Aspitarte.

4.- BENAMO, Víctor

Víctor Benamo, de 45 años entonces, fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en la localidad de Banfield, provincia de Buenos Aires, cuando se encontraba trabajando como abogado, a la salida de un juzgado penal de esa jurisdicción, por miembros de la "Brigada Avellaneda".

Cabe aclarar que previamente a ello, a principios del mes de abril de ese año, Benamo había tomado conocimiento que se lo había involucrado con la organización "Montoneros", en una conferencia prensa que contaba con la presencian del Gral. Abdel Edgardo Vilas -segundo Comandante del Comando de V Cuerpo de Ejército y comandante de la subzona 51- y personal de la Policía Federal Argentina Delegación Bahía Blanca.-

Ante esto, Benamo optó por presentarse de manera personal por ante la Brigada de Avellaneda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de obtener mayores datos al respecto, como también obtener información e indicaciones acerca de dónde debía de presentarse para de esta manera poder aclarar y regularizar su situación.-

Sin dársele mayores explicaciones, al poco tiempo de ello, el 26 de abril, se produjo su secuestro de manera intempestiva, por miembros de la Brigada Avellaneda mencionada, a cuya sede fue llevado, y de allí, personal de la policía bonaerense se encargó de trasladarlo hasta un aeródromo -la víctima cree que era el de La Plata-, en donde lo suben a un avión que ya estaba aguardando allí, obligándolo a realizar el viaje en el piso, vendado y esposado por la espalda todo el trayecto, sufriendo la presión que su propio cuerpo ejercía sobre sus muñecas, lo que derivó en su desmayo para cuando se aterrizó en la ciudad de Bahía Blanca.

Fue conducido al Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" en donde fue sometido a varias jornadas en las que se le aplicó tortura física y psicológica, ya sea mediante la utilización de electricidad en su cuerpo con picana, colgándolo de alguna estructura, o incluso propinándole fuertes electroshocks en las sienes.-

Otra de las torturas a las que se vio sometido Benamo fue el haber sido "estaqueado", a lo que se sumaba la percepción de los gritos y lamentos por el sufrimiento que se le causaba a personas que estaban también siendo sometidas a sesiones de torturas; o también la situación de cuando los guardias del lugar, tras esposar a otras víctimas del cautiverio, los obligaban a simular que boxeaban, entre risas y burlas de quienes trasmitían las supuestas peleas. Asimismo, solían efectuar tiros cerca de la zona en la que se encontraban los detenidos, simulando ataques al regimiento; como fondo de todo ello, las víctimas que se encontraban detenidas eran constantemente amenazadas de muerte por los guardias del lugar ante la posibilidad de que se les cayeran las vendas que les impedía la visión del lugar.-

Como uno de los sujetos que allí parecía tener la voz de mando, Benamo mencionó a "El Tío", y quien era quien interrogaba y dirigía las prácticas de tortura que en el centro se desarrollaban.-

Tras un mes de haber sido detenido e ingresado a "La Escuelita", el 26 de mayo de 1976 se trasladó a Benamo a la Unidad N 4 de Villa Floresta del S.P.B., a la que arribó en muy malas condiciones de salud, indicando que incluso casi le era imposible mantenerse en pie.

Más, allí permaneció poco más de dos meses, ya que el 2 de agosto de 1976 se lo trasladó a la Unidad Penal de Rawson junto con otras personas. Y tras permanecer allí detenido por más de un año, con fecha 21 del mes de septiembre de 1977, el Juez Federal de entonces, Guillermo Federico Madueño (f) dictó el sobreseimiento parcial y definitivo de Benamo en el marco de la causa "Ramírez, Stella Maris y otros p/ infracción a la ley 20.840". Mas, sin perjuicio de ello, no se hizo efectiva la "inmediata libertad" ordenada en dicho auto, toda vez que el entonces Director del Penal comunicó a dicho magistrado que, si bien se había notificado al detenido, éste se hallaba aún privado de libertad a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por disposición decreto Nro. 57l/76.-

Tanto al momento del ingreso como del egreso de Benamo de la Unidad Penal 4, quien se encontraba a cargo de ésta era Héctor Luís Zelaya.

Prueba:

Tales hechos se encuentran fehacientemente acreditados en autos a partir de las siguientes probanzas que fueran incorporadas y producidas en el presente juicio, a saber: declaraciones testimoniales efectuadas ante este Tribunal de: a) Víctor Benamo de fecha 10/08/2.011 por la mañana; b) Néstor Alberto Giorno de fecha 24/08/2.011 por la mañana, quien al ser traslado con otro grupo de detenidos a la Unidad Penal N 4, vio ingresar a Benamo, junto a otras personas y quien además percibió que estaba muy golpeado y con los brazos desgarrados; c) Carlos Mario Aggio de fecha 24/08/2.011 por la mañana, compartiendo detención con Benamo en la Unidad Penal 4 advirtió que éste tenía colocada una sonda en la vejiga y que había sido fuertemente golpeado.-

Y por la siguiente documentación incorporada por lectura al presente juicio: a) Decreto del P.E.N. n 571 que dispone su arresto y decreto P.E.N. n 2799 mediante el cual se le otorga la opción de salir del país; b) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria N 4 correspondiente a Víctor Benamo (cajas de prueba 13 y 14 conf. cuerpo I de la causa n 05/07); c) Informe producido por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con relación a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda; d) Presentación como querellante de Víctor Benamo en su carácter de Delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a fs. 211 del Expediente 05/07/inc.04, caratulado "QUERELLANTES", del Juzgado Federal de 1 Instancia N 1 de Bahía Blanca; e) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 166 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel Emilio J.F. Ibarra) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de Benamo a dicha Unidad.

A esto debe sumarse la declaración de Pedro Roberto Miramonte, quien en la audiencia del 14 de septiembre de 2011 -por la mañana- dijo haber estado en la Unidad Penitenciaria n 4 junto con Benamo y manifestó que cuando este último llegó allí tenía marcas en el cuerpo.

5.- BOHOSLAVSKY, Pablo Victorio

Pablo Bohoslavsky fue ayudante de trabajos prácticos de la UNS desde el año 1972, y en 1975 fue profesor de la cátedra de matemáticas general y cálculo, en la que permaneció hasta al mes de junio de 1976.-

El secuestro de Bahoslavsky fue llevado a cabo con fecha 19 del mes de octubre de 1976, como consecuencia de uno de los operativos llevados a cabo por personal militar cuyo objetivo consistía en "combatir a la subversión".-

De esta manera, se efectuaron dos allanamientos en esa fecha, uno en el domicilio de la calle Cacique Venancio 631, donde se detuvo a Julio Alberto RUIZ.

El otro allanamiento en el que se secuestró a Bohoslavsky fue el efectuado por un grupo de personal del ejército, entre los cuales se encontraban miembros de la Agrupación Tropa y del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña 181 (el Mayor Emilio Jorge Fernando Ibarra, el subteniente Jorge Horacio Rojas y el Cabo Primero Miguel Ángel Nilos), y tras apostarse en la calle Córdoba 67 de esta ciudad, procedieron al allanamiento y secuestro de Pablo Victorio Bohoslavsky al que se vinculaba con Julio Alberto Ruiz (secuestrado por el mismo grupo militar encargado de realizar operativos "antisubversivos").-

El procedimiento se llevó a cabo ingresando al domicilio de mentas al menos tres personas que se encontraban vestidas de civil, con el rostro cubierto y armados, quienes secuestraron a Pablo Victorio Bohoslvasky previo haberlo sometido a duros golpes en frente de su familia. Allí mismo lo redujeron y taparon con una frazada, ingresándolo a un vehículo Ford Falcon con destino final al CCD "La Escuelita".-

Luego de realizado incluso el procedimiento, un grupo de un grupo de personal del ejército continuó permaneciendo apostado en ese domicilio de la calle Córdoba, a la espera de la llegada de más personas que detener, objetivo éste que se cumplió al día siguiente, cuando Rubén Ruiz se apersonó allí a los fines de encontrarse con Bohoslavsky.-

A este respecto cabe destacar que, conforme versión efectuada por el ejército, Bohoslavsky fue secuestrado por personas de identidad desconocida, ajenos a esa fuerza, y justo en momentos previos a que se llevara a cabo el operativo en cuestión.-

Al llegar al CCD "La Escuelita", Bohoslavsky fue vendado, sin perjuicio de lo cual la víctima refirió que pudo percibir a la misma como una casa de construcción estilo antiguo, lugar éste en el que fue interrogado acerca de personas y domicilios que se los relacionaba con militantes del "peronismo de base", siendo a su vez torturado con aplicación de electricidad con picana.

A pesar de todo ello, la víctima pudo advertir la presencia de otras personas que se encontraban en el mismo estado que ellos, entre quienes pudo identificar a Julio Alberto Ruiz, respecto de quien señaló que a su llegada al CCD éste se encontraba en plena sesión de tortura. También puedo identificar a Armando Lauretti y Rubén Alberto Ruiz como compañeros de cautiverio.-

Asimismo, mientras duró su cautiverio, Bohoslavsky pudo escuchar conversaciones entre los guardias del CCD en las que se referían a otros detenidos de apellido Hidalgo, Rivera y a una mujer de apellido Izurieta a la que se llamaba "La Vasca".-

Con fecha 22 de noviembre de ese mismo año, se lo trasladó maniatado y vendado -en lo que no pudo identificar con certeza si era un camión o una camioneta y junto con Julio Alberto Ruiz, Rubén Alberto Ruiz y Daniel Callejas-, hacia Parque de Mayo, siendo allí abandonados por quienes conducían el rodado; luego de ello, se hizo presente un vehículo cuyos ocupantes eran militares y quienes simularon realizar para con ellos un rescate, subiéndolos al vehículo, quitándoles las vendas para finalmente trasladarlos al Batallón de Comunicaciones 181.-

Con fecha 10 de diciembre de ese año, Pablo Victorio Bohoslavsky, fue sometido al Consejo de Guerra de la Sub zona 51 (entonces a cargo del Gral. Vilas) y por el cual se intentó "legalizar" las detenciones de éste como también la de Julio y Alberto Ruiz, quienes también fueron sometidos al Consejo de Guerra.-

Conforme lo que surge de la compulsa del sumario del Consejo de Guerra letra 5J7 NRO. 1040/7 (reservado en la caja 7 de esta secretaría en fotocopias certificadas), a fs. 1/8 del mismo Mayor Emilio Ibarra -a cargo de la Agrupación Tropa o también "grupo antiguerrillero"- dio cuenta de haberse detectado actividades subversivas, y que con motivo de ello se procedió al allanamiento del domicilio de Julio Alberto Ruiz -sito en la calle Cacique Venancio N 631 de esta ciudad-, lugar éste en el cual según su versión de los hechos, fueron hallados armamentos como así también elementos de impresión de panfletos. Dicho procedimiento se habría llevado a cabo con personal de diferentes unidades, según el propio relato de los hechos de Ibarra.

Asimismo, de la lectura de dichas actuaciones, surge que -según los dichos de Ibarra-éste y su tropa vincularon a Julio Alberto Ruiz con Pablo Victorio Bohoslavsky (a quien se identificó como profesor de matemáticas y empleado del frigorífico "Siracusa"), y que en base a ello procedieron a secuestrarlo mediante allanamiento de su domicilio de la calle Córdoba N 67 de Bahía Blanca. Durante esa oportunidad, se detuvo además a Rubén Alberto Ruiz, identificado como un albañil y empleado del Frigorífico "Enfripez".-

Habiendo comenzado la actuación del sumario con fecha 15/12/1976, el 17 ese mismo mes y año, el Consejo de Guerra condenó a Julio Alberto Ruiz y Pablo Victorio Bohoslavsky a 1 año y 6 meses de reclusión por los delitos de "Tenencia de Armas y Explosivos" e "Incitación a la alteración del orden previsto", mientras que Rubén Alberto Ruiz por "encubrimiento" 7 meses de prisión. Cabe destacar que dicho Consejo de Guerra estaba presidido por Osvaldo Bernardino Páez, siendo sus vocales Manuel Emilio Freire, José Héctor Hidalgo, Miguel Ángel García Moreno y Guillermo J. González Chipont, y el Secretario el Subteniente Carlos Alberto Arroyo (ver fs. Sub 116/119 del sumario del consejo de guerra referido).-

Asimismo, con fecha 21 de febrero de 1977, el Consejo Supremo Fuerzas Armadas modificó las calificaciones elevando así las penas impuestas, condenándose así a Julio Alberto Ruiz a 5 años de reclusión e inhabilitación absoluta, perpetua, como autor del delito de "Tenencia ilegítima de armas, explosivos y afines" en concurso real con el delito de "Incitación Pública a la violencia colectiva". Dicho Consejo Supremo se encontraba presidido por Dalmiro Jorge ADARO, e integrado por los vocales: Ángel Alberto García Bullini, Carlos Enrique HOLLMANN, Jorge DAMIANOVICH Oliveira, Rafael Cuesta, Manuel Enrique Valentini; y el Secretario: Norberto Juan Herrero -todos miembros de las Fuerzas Armadas.-

Luego de todo ello, Bohoslavsky fue trasladado a la Unidad Penal nro. 4 de Villa Floresta del Servicio Penitenciario Bonaerense con fecha 04 del mes de enero de 1977 (cuyo Director era en ese momento Andrés Reynaldo Miraglia), junto con Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz. En dicho lugar, la víctima identificó a otras personas con las que había compartido cautiverio en el CCD, entre las que se encontraban Julio Lede, alguien apellidado Madina y otro Callejas a quien conoció en la oportunidad del traslado desde el CCD al Batallón de Comunicaciones 181.

Al poco tiempo de ello, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Rawson (el 22/08/1977 según declaración ante el Tribunal de fecha 8/11/2011 por la mañana), en donde permaneció hasta el 20 de junio de 1981, cuando recuperó su libertad.-

Prueba:

Tales hechos fueron acreditados a partir de las siguientes probanzas producidas e incorporadas a este juicio: declaraciones testimoniales prestadas ante este Tribunal de: a) Pablo Victorio Bohoslavsky (8/11/2011 por la mañana), quien diera cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubieran acaecido los hechos; b) Daniel Oscar Callejas (audiencia de fecha 14/12/2011 por la mañana), quien fuera trasladado junto con Julio Alberto Ruiz, Pablo Victorio Boholavsky y Rubén Alberto Ruiz al Batallón de Comunicaciones 181; c) Haydee Cristina Gentilli Torres (audiencia de fecha 08/11/2011 por la mañana), esposa de Pablo Victorio Bohoslavsky, testigo presencial del secuestro de su marido y el de Rubén Alberto Ruiz, también detenida y recluida en la Unidad Penitenciaria n 4 entre el 21 de octubre de 1976 y el 03 de noviembre del mismo año, habiendo realizado -además- múltiples gestiones para dar con el paradero de su esposo y luego para procurar su liberación; d) declaración de Norberto Carlos Cevedio (audiencia de fecha 26/10/2011 por la tarde), quien cumpliera servicio militar obligatorio en la oficina de asesoramiento jurídico del Comando V Cuerpo de Ejército en el momento en que la víctima fue sometida al Consejo de Guerra Especial Estable de la Sub zona 51.-

Y por la siguiente documentación: a) Expediente del Ejército Argentino Letra 5J7 N 1040/7 correspondiente al procedimiento seguido contra Pablo Victorio Boholavsky, Rubén Alberto Ruiz y Julio Alberto Ruiz, que tramitara ante el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona 51; b) Nota remitida por el General de Brigada Abel Teodoro Catuzzi al Rector de la U.N.S., con fecha 25 de octubre de 1977, mediante la cual puso en conocimiento el delito por el cual fue condenado Pablo Bohoslavsky, la condena impuesta por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la fecha en que fue detenido por personal militar, obrante, en copia simple, a fs. 83 del bibliorato N 15, de la causa N 11 (C), caratulada "Presentación de APDH de Neuquén, Bahía Blanca y otros en causa N 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos"; c) Documentación de la Unidad Penitenciaria N 4 de Villa Floresta: Ficha individual de Pablo Victorio Bohoslavsky; oficio del 15 de agosto de 1977 suscripto por el Jefe del Departamento I del Comando V Cuerpo de Ejército Cnel. Hugo Carlos Fantoni; nómina de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a ser trasladados a la UP 6 de Rawson, que se encuentra adjunta al anterior comunicado; acta en la que se deja constancia de la entrega en conformidad de un grupo de detenidos, en el que figuran Julio Alberto Ruiz, Rubén Alberto Ruiz y Pablo Victorio Bohoslavsky, como condenados por el C.S.G.FF.AA; ficha individual de Haydee Cristina Gentilli Torres de Bohoslavsky (reservada en cajas 13 y 14 "Documentación Procedente De La Unidad Carcelaria Local Villa Floresta" -v. causa 11 (c), fs. 855; 887/888-); d) Expediente en copia certificada del Ejército Argentino Letra 5J8 N 1040/6 (Expediente nro. 79347 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) correspondiente al proceso seguido ante el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona 51 del Comando V Cuerpo de Ejército, contra Carlos Raúl Principi, DNI 10.388.068, y el expediente del Ejército Argentino Letra P n 805/78 (expediente n 87871 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) mediante el cual tramitó la libertad condicional solicitada por Carlos Raúl Principi; e) Expediente n 66/78 (n 199 de la CFABB) que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca, caratulado "MAISONAVE, Rodolfo Oscar; GERMANI, Ana María por Tenencia, Acopio de Armas de Guerra y Material Explosivo", junto con los siguientes Anexos: Expediente 5J8, n 4063/38 (Expediente 80344 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) y "Documentación relacionada seguida a MAISONAVE, Rodolfo y GERMANI, Ana María por Asociación Ilícita y Tenencia de Explosivos y Munición de Guerra" (reservados en Secretaría en caja N 4 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía); f) Informe Final PAC 1975/76 correspondiente al V Cuerpo de Ejército; Directiva de Educación del Ejército n 228/76 (año 1977) y Sumario del Consejo de Guerra seguido a Pablo Bohoslavsky, Julio Ruiz y Rubén Ruiz (reservada en Secretaría, caja 7 del registro de la CFABB "Documentación reservada causas militares. Paquete N 1: 11/86 "Causa art. 10 Ley 23.049 por hechos acaecidos en provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén bajo control operacional que habría correspondido al V Cuerpo de Ejército" PAQUETE DOC. Tte. Cnel. Páez (orig.)"); g) Expediente N 1062 F 450 L. 11 "Ruiz, Rubén y otros s/Ley 20.840" (N 46593 CFBB) formado como consecuencia de la remisión de partes pertinentes al Sr. Juez Federal Guillermo Federico Madueño por el entonces Teniente Coronel Osvaldo Bernardino Páez en su carácter de Presidente del Consejo de Guerra del V Cuerpo de Ejército en fecha 28/12/1976, "a los efectos de su juzgamiento en sede federal" y en donde se indica a su vez que "Las pruebas pertinentes obran en el Departamento II- Inteligencia de este Comando de Cuerpo, a disposición de V.S." (fs. 11); h) Publicaciones periodísticas del diario "La Nueva Provincia" del 22/10/0976, 11/3/1977 y del 17/12/1976; i) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 167 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel Emilio J.F. Ibarra) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de Bohoslavsky a dicha Unidad.-

6.- RUIZ, Julio Alberto

Para la fecha de los hechos, Ruiz residía junto con su mujer y sus tres hijos en la calle Cacique Venancio nro. 631 de esta ciudad, y trabajaba en la "Cervecería Austral" como operario maltero.

Con fecha 19 del mes de octubre de 1976 su domicilio fue allanado por un grupo de militares en cumplimiento del objetivo de "combatir a la subversión" que procedió a secuestrarlo. Conforme lo que surge del sumario formado posteriormente por el Consejo de Guerra del V Cuerpo de Ejército en contra de la víctima, entre los presentes en ese procedimiento se hallaban integrantes de la Agrupación Tropa, bajo el mando del Mayor Emilio Jorge Fernando Ibarra, como también el subteniente Julio Manuel Santamaría y el Sargento Primero Pedro Ángel Cáceres, y personal del Grupo de Artillería 181 y del Hospital de Evacuación 181.-

En dicha oportunidad procedieron a vendar los ojos y maniatar a Ruiz, y tras propinarle algunos golpes, lo transportaron en un rodado de la marca Citroen -cubierto con una frazada- hacia el centro clandestino de detención "La Escuelita".

Como se mencionara en el caso Bohoslavsky, los actores del procedimiento dieron más tarde cuenta (al formarse el sumario del Consejo de Guerra al que fue sometido) del allanamiento en la casa de Ruiz pero que una vez allí se les hizo saber que éste ya había sido secuestrado justo momentos antes.

Una vez en "La Escuelita", se esposó y golpeó a Julio Ruiz, para luego ser interrogado respecto de una repartición de volantes que habría tenido lugar en esta ciudad por el aniversario del 17 de octubre, como también sobre su actuación política como secretario en el gremio de trabajadores de la industria lechera de Bahía Blanca y acerca de su relación con la organización subversiva "Montoneros".

Tras ello, se lo trasladó a un cuarto del CCD en donde fue sometido a tortura mediante la aplicación de electricidad por la zona de las sienes, atado a una cama, mientras seguía siendo interrogado acerca de la actividad gremial del "peronismo de base". Fue nuevamente interrogado y torturado a poco de pasada esta situación, y otra vez hacia fines de octubre o principios de noviembre, pudiendo percibir la víctima que su interrogador era alguien apodado "El Tío", siendo en esta oportunidad las preguntas dirigidas a la actuación de varios dirigentes sindicales de Bahía Blanca, entre ellos los hermanos Bustos, Abertano Quiroga y Rodolfo Ponce.

En otra oportunidad, fue colgado de los brazos, pero con éstos atados por la espalda, como castigo por habérselo encontrado conversando con Pablo Bohoslavsky.

Otros compañeros de cautiverio de Julio Alberto Ruiz fueron Juan Carlos Monge, Armando Lauretti y Carlos Rivera.

Tras haber estado detenido en el CCD por alrededor de treinta días, fue ingresado -atado y vendado- en el interior de un vehículo, con el argumento de uno de los guardias del lugar de que lo iban a liberar a él y a otros cautivos más (entre ellos Pablo Bohoslavsky, Rubén Alberto Ruiz y una personal de apellido Callejas). Así, junto con tres personas más los condujeron en la camioneta en la que habían sido subidos hacia una zona descampada en la que fueron abandonados. Mas, a poco de ello, y una vez que pudieron desamarrarse, arribó al lugar una camioneta conducida por personal del Ejército que simuló un rescate para con ellos, y tras lo cual los trasladaron al Batallón de Comunicaciones 181.

Pasados unos días detenidos allí, el personal del ejército allí actuante lo notificó de que sometidos a un juicio militar por delitos que se les harían saber. La cuarta persona, de apellido Callejas, dejó de ser vista por Julio Ruiz.

En ese lugar, y luego de varios días, a Ruiz se le comunicó que sería sometido a un juicio militar, sin especificarle por qué delitos, de manera conjunta con Bohoslavsky y Rubén Alberto Ruiz. Respecto de Callejas -el cuarto cautivo que hubiera salido del CCD con ellos-, no tuvo más noticias del mismo.-

De esta manera se convocó un "Consejo de Guerra Especial Estable", por orden del entonces comandante de la sub zona 51 (Gral. Abdel Vilas), y como consecuencia de ello se formó sumario seguido en contra de Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz, Pablo Bohoslavsky, en cuyas primeras fojas se encuentran glosadas actuaciones labradas por el Mayor Emilio Ibarra, -a mando de la Agrupación Tropa o "grupo antiguerrillero"- en las cuales daba cuenta del procedimiento llevado a cabo en el domicilio de Julio Ruiz, aunque en su versión de los hechos, adujo haberse actuado como consecuencia de la advertencia de la realización de "actividades de índole subversivo", y por ello, se procedió al allanamiento del domicilio de la víctima sito en la calle Cacique Venancio nro. 631 de esta ciudad, junto con personal de diferentes unidades. Señaló asimismo que en dicho procedimiento fueron encontrados armamentos, y elementos de impresión de panfletos.

Asimismo, refirió que luego de ello, junto con el personal a su cargo se hizo presente en el domicilio de Pablo Victorio Bohoslavsky sito en la calle Córdoba N 67 -a quien se lo vinculó con la víctima en sus "actividades subversivas"- motivo por el cual se secuestró también a éste, previo allanamiento de su morada. El procedimiento no terminó allí, sino que posteriormente, en ese mismo lugar se detuvo y privó de la libertad a Rubén Alberto Ruiz, también vinculado con los anteriores y a quien se tenía identificado como a un albañil y empleado del Frigorífico "Enfripez".

Como se mencionara en el precedente caso, con fecha 17 del mes de diciembre de 1976, y con sólo dos días de actuación, dicho Consejo de Guerra condenó a Julio Alberto Ruiz y Pablo Victorio Bohoslavsky a la pena de 1 año y 6 meses de reclusión por los delitos de "Tenencia de Armas y Explosivos" e "Incitación a la alteración del orden previsto", en tanto que a Rubén Alberto Ruiz por el delito de "encubrimiento" a la pena de 7 meses de prisión. El Consejo se encontraba presidido por Osvaldo Bernardino Páez, y estaba integrado por Manuel Emilio Freire, José Héctor Hidalgo, Miguel Ángel García Moreno y Guillermo J. González Chipont, y el Secretario Subteniente Carlos Alberto Arroyo.-

Dicho decisorio fue modificado por el Consejo Supremo Fuerzas Armadas (presidido por Dalmiro Jorge Adaro, e integrado por los vocales: Ángel Alberto García Bullini, Carlos Enrique Hollmann, Jorge DAMIANOVICH OLIVEIRA, Rafael CUESTA, Manuel Enrique VALENTINI; y el Secretario: Norberto Juan HERRERO), con fecha 21 de febrero de 1977, modificando las calificaciones y elevando las penas a 5 años de reclusión e inhabilitación absoluta, perpetua respecto de Julio Alberto RUIZ, como autor del delito de "Tenencia ilegítima de armas, explosivos y afines" en concurso real con el delito de "Incitación Pública a la violencia colectiva".

Tras habérsele dictado sentencia primeramente por el Consejo de Guerra, Julio Alberto Ruiz fue trasladado a la Unidad Penal nro. 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense (Villa Floresta), desde donde fue posteriormente transferido a la Unidad Penitenciaria de Rawson, recuperando su libertad tras cumplir con la pena, con fecha 21 del mes de diciembre de 1981 |2|.-

Prueba:

Que los hechos descriptos se encuentran acreditados a partir de la declaración testimonial prestada ente este Tribunal por Julio Alberto RUIZ, el día 26/10/2.011 por la mañana; como también a partir de la siguiente documentación incorporada por lectura: a) Ficha individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Julio Alberto RUIZ ROSSI obrante en las cajas 13 y 14 rotuladas como "Documentación Procedente De La Unidad Carcelaria Local Villa Floresta" (v. causa 11 (c), fs. 855; 887/888); b) Causa N 1062/76, caratulada: "RUIZ, Rubén Alberto y otros s/Ley 20.840", formado como consecuencia de la remisión de partes pertinentes al Sr. Juez Federal Guillermo Federico Madueño por el entonces Teniente Coronel Osvaldo Bernardino Páez en su carácter de Presidente del Consejo de Guerra del V Cuerpo de Ejército en fecha 28/12/1976, "a los efectos de su juzgamiento en sede federal" y en donde se indica a su vez que "Las pruebas pertinentes obran en el Departamento II- Inteligencia de este Comando de Cuerpo, a disposición de V.S." (fs. 11).-

7.- RUIZ, Rubén Alberto

Rubén Alberto RUIZ -con 22 años de edad, y empleado de un frigorífico- fue secuestrado el día 19 de octubre de 1976, por un grupo de militares en cumplimiento de un operativo efectuado por personal de las fuerzas armadas en pos de cumplir con el objetivo de "combatir a la subversión", tras haberse hecho presente en el domicilio de la calle Córdoba nro. 67 de esta ciudad, en busca de Pablo Victorio BOHOSLAVSKY, quien hubiera sido secuestrado allí mismo por esta misma fuerza un día antes.-

Cabe destacar que, previo a ello, este grupo de militares actuante ya había allanado el domicilio de la calle Cacique Venancio 631 de esta ciudad, y secuestrado a JULIO ALBERTO RUIZ.-

Entre los que llevaron a cabo el primer operativo, se encontraba personal de la Agrupación Tropa -al mando del Mayor Emilio Jorge Fernando IBARRA-, y del Grupo de Artillería 181 y del Hospital de Evacuaciones 181, entre quienes se identificó al subteniente Roberto Remi SOSA, el subteniente Julio Manuel SANTAMARÍA y el Sargento Primero Pedro Ángel CÁCERES; mientras que en segundo de los operativos (calle Córdoba nro. 67) nuevamente participó personal de la Agrupación Tropa, como también personal del Destacamento de Exploración de Caballería 181 que se encontraba en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército. Según las actuaciones que se labrarían más tarde, el Mayor IBARRA llevó a cabo el allanamiento junto con otros militares (entre quienes se sindicó al Subteniente Jorge Horacio ROJAS y al Cabo Primero Miguel Ángel NILOS), y tras lo cual procedieron a las detenciones, de Pablo BOHOSLAVSKY y luego de Rubén RUIZ.-

De dichas actuaciones asimismo, se justificó que, la causal por la cual se llevó a cabo dicho operativo fue "la acción propagandística de elementos subversivos" y la pertenencia de los detenidos a una "cédula del Peronismo de Base (FAP)".-

Rubén Alberto RUIZ, fue trasladado en un vehículo a dependencias del Comando V Cuerpo del Ejército y derivado al CCD "La Escuelita", lugar éste en el cual fue sometido a interrogatorios respecto de su participación política y sujeto a torturas.-

Durante su cautiverio sus familiares comenzaron a buscarlo intensamente, lo que generó que su padre, JOSÉ ALBERTO RUIZ interpusiera una acción de hábeas corpus el día 02 de noviembre de ese mismo año, por ante el Juzgado Federal a cargo del Juez Guillermo Federico Madueño, Secretaría a cargo del Dr. Hugo Mario SIERRA, cuyos resultados de las comunicaciones libradas dieron negativas, inclusive la respondida por el Teniente Coronel Auditor Jorge GONZÁLEZ RAMÍREZ, quien en su carácter de asesor jurídico del Comando del V Cuerpo de Ejército hizo saber falsamente que RUIZ no se encontraba detenido a disposición de ese Comando. Resulta anecdótico el hecho de que será este mismo GONZÁLEZ RAMÍREZ uno de los que, poco más tarde formaría parte del juzgamiento a que fueran sometidos ambos RUIZ y BOHOSLAVSKY ante el Consejo de Guerra |3|.

Ante el infructuoso resultado de tales informes, sumado al dictamen emitido por la fiscal María del Carmen VALDUNCIEL, el magistrado MADUEÑO terminó por rechazar "por improcedente" dicha presentación.-

Mas, en paralelo a que este trámite se efectuaba, con fecha 22 de noviembre de 1976, Rubén RUIZ junto con Julio Alberto Ruiz, Pablo Victorio Bohoslavsky y Daniel Callejas, fue subido a un vehículo y trasladado del CCD "La Escuelita" hacia una zona descampada en donde fueron dejados solos, vendados y amarrados; a poco de ello, mientras se quitaban las ataduras, pudieron observar que se acercaba un grupo de miliares que simuló un rescate de ellos, trasladándolos al Batallón de Comunicaciones 181; allí un Teniente Coronel les hizo saber que el motivo por el cual habían sido llevados hasta esa unidad era en razón de efectuar las averiguaciones correspondientes por haber sido encontrados sin documentación y en circunstancias anómalas.

A Rubén Ruiz, como a Julio Ruiz y Pablo Bohoslavsky, les fue informado que serían sometidos ante un Consejo de Guerra a los fines de ser juzgados ante el sistema militar por delitos que no les fueron especificados.

En tanto ello tuvo lugar, Ruiz, Ruiz y Bohoslavsky permanecieron detenidos en el batallón de comunicaciones 181, mientras que Callejas fue retirado de allí, de quien no tuvieron más noticias al respecto.-

Cabe destacar que dicho "juicio" se llevó a cabo con la intención de "legalizar" de las privaciones ilegales de la libertad sufridas por las tres víctimas.-

De esta manera, luego de efectuarse las primeras actas labradas por el mismo personal interviniente en el secuestro de las tres víctimas, y habiendo comenzado a tramitarse las actuaciones de rigor con fecha 15 del mes de diciembre de 1976, con fecha 17 de ese mismo mes y año ya se contaba con sentencia dictada en su contra, habiéndolo condenado el Consejo de Guerra Especial Estable de la Sub zona de Defensa 51, por el delito de encubrimiento, en razón de tener conocimiento de las "acciones directas" realizadas por Pablo BOHOSLAVSKY y Julio RUIZ, sin dar debida noticia de ello a las autoridades competentes y recibir además de ellos apoyo económico, y siempre encuadrándose tales hechos dentro de lo que se sindicó como "lucha antisubversiva".-

Dicho Consejo estaba presidido por el Teniente Coronel Osvaldo Bernardino PÁEZ, y compuesto por otros oficiales de la Sub zona 51 y del Área 511 que tuvieron intervención en el mismo con diferentes roles, entre quienes se encontraban el Subteniente Carlos Alberto ARROYO (Secretario), el Capitán Manuel Emilio FREIRE (vocal), el Capitán Miguel Ángel GARCÍA MORENO (vocal), el Capitán Guillermo Julio GONZÁLEZ CHIPONT (vocal), el Capitán José Héctor FIDALGO (vocal), el Capitán Miguel Antonio VILLEGAS (Fiscal), el Capitán Jorge BURLANDO (auditor), el Teniente Primero de Intendencia Alberto Ramón BOTTA (defensor), el Teniente Rodolfo Tomás BRUNO (defensor) y Teniente Enrique SOMMARUGA (Teniente).

En el mismo sentido de lo señalado supra respecto de lo informado y la actuación del auditor GONZALÉZ RAMÍREZ, resulta anecdótico que en la misma fecha en que Rubén Alberto RUIZ fuera condenado por el Consejo de Guerra de la Sub zona de Defensa 51 (17 de diciembre de 1976), en el marco del expediente de acción de hábeas corpus que hubiera presentado el padre de la víctima, el Secretario Hugo Mario Sierra -del Juzgado Federal a cargo del Dr. Madueño, y por orden de éste- libró oficio al Jefe de la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina -Subcomisario Félix ALAIS- intimaba al padre de Rubén RUIZ a pagar las costas del planteo instando en vano.

La condena impuesta RUBÉN ALBERTO RUIZ fue modificada por el Concejo Supremo de las Fuerzas Armadas, (presidido por el General de División retirado Dalmiro Jorge ADARO, e integrado por los vocales Brigadier retirado Ángel Alberto GARCÍA BULLINI, Contralmirante retirado Carlos Enrique HOLLMANN, Brigadier Jorge DAMIANOVICH OLIVEIRA, General Rafael CUESTA, Capitán de Navío Manuel Enrique VALENTINI y el Secretario Coronel Auditor retirado Norberto Juan HERRERO), disponer la anulación de la anterior sentencia elevando la pena impuesta a Rubén RUIZ, que pasó a ser de siete meses a dos años y seis meses de reclusión e inhabilitación absoluta y perpetua, por habérselo considerarlo autor del delito de "tenencia ilegítima de armas, explosivos y afines" en concurso real con el delito de "incitación pública a la violencia colectiva".

Tras el dictado de la sentencia, Rubén RUIZ fue trasladado junto con Julio Ruiz y Bohoslavsky a la Unidad Carcelaria Nro. 4 de esta ciudad (en fecha 04/01/1977), y desde allí fue trasladado a la cárcel de Rawson, recuperando su libertad al cumplir la pena impuesta (20/06/1979 según ficha individual labrada por la UP 4 reservada en cajas 13 y 14 de esta secretaría).-

Prueba:

Que los hechos descriptos se encuentran fehacientemente acreditados a partir de las siguientes probanzas: a) declaración testimonial de fecha 26/10/2011 por la mañana ante este Tribunal de la víctima RUBÉN ALBERTO RUIZ en la que diera cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos; b) declaración testimonial brindada ante este Tribunal el día 26/10/2011 por la mañana por la Sra. NORMA ESTER MAIDANA, esposa de Rubén Alberto RUIZ, quien realizó múltiples gestiones para dar con el paradero de su marido y, luego, procurar su liberación.-

Como así también de la siguiente documental que fuera ofrecida e incorporada por lectura al presente juicio: a) causa N 888/76 (N 166 del registro de la CFABB), caratulada "RUIZ, Rubén Alberto s/recurso de habeas corpus solicitado por su padre José Alberto RUIZ", que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca, a cargo del Juez Federal Guillermo Federico MADUEÑO, encontrándose glosada a fs. 6 la respuesta efectuada por el Teniente Cnel. Auditor Jorge a. González Ramírez del Comando V Cuerpo de Ejército, de fecha 12 del mes de noviembre de 1976 en la que informara que Rubén Alberto Ruiz no se encontraba detenido a disposición de ese Comando de Cuerpo; y en cuya fs. 12 vta. se dispuso con fecha 30/12/76 el archivo de tales actuaciones -habiendo intimado en costas al padre de la víctima-, siendo que con fecha 29/12/76 fue recibido ante ese mismo Juzgado el expte. remitido por el Teniente Coronel Páez a los fines del "juzgamiento en sede federal" (ver fs. 11 de la causa 1062/76 "Ruiz, Rubén Alberto y Otros s/ ley 20.840"); b)ficha individual de Rubén Alberto RUIZ MICCUCCI producida por la Unidad Penitenciara N 4 de Villa Floresta, que obra en las cajas 13 y 14 rotuladas como "Documentación Procedente De La Unidad Carcelaria Local Villa Floresta" (v. causa 11 (c), fs. 855; 887/888).-

8.- CHABAT, Patricia Irene

Patricia Irene CHABAT, de 21 años para entonces, fue privada ilegalmente de su libertad el día 15 del mes de diciembre de 1976, en el domicilio de la calle Enrique Julio nro. 116 de esta ciudad, en el cual residía junto con sus padres (Doris Elayne LUNDQVIST y Oscar CHABAT). Vale destacar que si bien la víctima era estudiante en la ciudad de La Plata, por razones de seguridad, decidió regresar a la casa paterna.

De esta manera, siendo aproximadamente las 23.00 horas del día indicado y estando sola en su domicilio, escuchó un llamado a la puerta, y al atender se encontró con un hombre, custodiado por un grupo de varios más a sus espaldas, que le propinó un golpe en el pómulo, provocando que la misma se cayera, y en medio de mucha confusión, le taparon la cabeza y la introdujeron en un vehículo, forzándola a permanecer con la cabeza hacia abajo colocada entre el asiento de atrás y el respaldo del delantero.

Testigo del secuestro resultó ser FELIPE CAMPINI, vecino de CHABAT, quien era un suboficial enfermero del Hospital Militar, y a quien, momentos antes de producirse el hecho, recibió indicaciones por sujetos desconocidos que se presentaron en su casa, de que cerrara las ventanas, que no saliera de su hogar y que tampoco se le ocurriera intervenir en caso de escuchar disparos. Sin perjuicio de ello, al día siguiente CAMPINI se acercó a los padres de CHABAT poniéndolos en conocimiento de lo sucedido.-

Por su parte, Patricia CHABAT había sido trasladada al CCD "La Escuelita", en donde -tras haberla dejado sola y de pie por bastante tiempo- fue interrogada sobre cuestiones que ella adujo no tener conocimiento alguno, lo cual la hacía sentir aún más confundida e insegura. Si bien esta primera sesión de interrogatorios procedió sin violencia, seguido de ello se la trasladó a otra habitación, en la cual la desnudaron, y esta vez bajo aplicación de picana eléctrica por el cuerpo, se la continuó interrogando. Terminado, la condujeron a un cuarto en el cual fue recostada en una cama cucheta.-

Las sesiones de interrogatorios con torturas continuaron al día siguiente, cuando la amarraron a una especie de elástico de cama (llamada allí "silla de Tupac Amarú") y se recrudeció esta vez la aplicación de electricidad por medio de picana.-

Conforme lo declarado por la víctima, fue sometida a interrogatorios junto con sesiones de fuertes torturas en el CCD durante los primeros dos días, y la aplicación de la electricidad por medio de picana se efectuaba en diferentes partes de su cuerpo, como ser en las yemas de los dedos tanto de las manos como de los pies, el pecho, en el oído (pabellón derecho) y los genitales, todo lo cual no sólo le causaba dolor físico, sino que además, lo padeció como una tortura psicológica, entre burlas y risas de sus torturadores, que la hacían desear morir antes que seguir aguantando dichos tormentos. En lo sustancial las preguntas que se le realizaban eran tendentes a que confesara nombres de compañeros de militancia política tanto de esta ciudad como de La Plata.

Pudo asimismo identificar a uno de guardias de allí, apodado "El Laucha", quien en más de una oportunidad, y aprovechándose de su condición de indefensión, abusó sexualmente de ella manoseándola y diciéndole frases intimidatorias.-

Sumado a las terribles y denigrantes condiciones en las que pasó el cautiverio, mencionó que en ningún momento le permitieron higienizarse, sino que sólo el día que se la sacó del CCD y trasladó a la Unidad Penal 4 del SPB, llevándola al baño, e indicándole que se sentara sobre el inodoro y se despojara de la venda antes de ducharse. La testigo adujo que por temor sólo se quitó la venda que tenía en el pie, lo que hizo que se mareara.-

Antes de trasladarla a la unidad carcelaria, la obligaron a firmar una declaración sin permitirle leerla, ni explicándole sobre qué trataba la misma. Luego de ello, y siendo la madrugada del día 24 de diciembre de 1976, se la condujo a la Unidad Penitenciaria nro. 4 de Villa Floresta S.P.B. (entonces a cargo de Héctor Luís SELAYA), y fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, previo recibir una amenaza por parte de uno de los guardias que le dijo "no te olvides que tenés un hermano".

El abandono del CCD, se hizo de manera conjunta con la de dos jóvenes adolescentes y de otro joven un poco más mayor.-

Por medio de un militar amigo de familia, de nombre Juan AMERIO, la familia de Chabat tomó conocimiento de su detención y alojamiento en la UP 4 S.P.B. Dicho militar cumplía funciones en el Comando de Comunicaciones, y fue quien el mismo 24 de diciembre les informó que Patricia Chabat estaba con vida.

También la familia tomó conocimiento de su condición por intermedio de un médico que resultaba ser amigo del padre de ésta, y quien mantenía relación con el Oficial del Ejército Walter Bartolomé TEJADA.-

Un tercer informante del paradero de Patricia Chabat fue una monja que trabajaba en la Unidad Penal, y quien en esa misma mañana informó personalmente a la familia respecto de ella.-

Tras todo ello, la familia de Patricia CHABAT se presentó en la UP 4, quedando impresionados del mal estado físico y psíquico en el cual ella se encontraba. Describieron que notaron que tenía su brazo derecho descolocado, y presentada múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo (siete heridas en la boca, nueve en la cabeza provocados por la aplicación de picana eléctrica); también percibieron que babeaba del lado derecho de su boca, como consecuencia del estado en el cual había quedado su glándula salivar después de las sesiones de tortura.-

Apenas llegada al penal, CHABAT fue visitada por el sacerdote Aldo VARA, quien, según su descripción, más que apoyarla o brindarle consuelo, la culpó por encontrarse en la situación en la que estaba, indicándole además que los culpables de todo lo que le sucedía eran también sus padres.-

CHABAT recibió las visitas de su familia en la unidad penal durante todo el período en el que estuvo detenida en la unidad penal (desde el 24/12/1976 hasta abril de 1978, entonces a cargo de Andrés Reynaldo MIRAGLIA), en un régimen de una vez por semana. En esas oportunidades también fue visitada por el militar que hubiera informado a su familia anteriormente, Juan AMERIO, el que se hacía pasar por su padrino para poder verla, y quien hizo saber a la familia que la liberación de PATRICIA CHABAT no se producía en buena medida, debido a la férrea oposición que a ello tenía el Teniente Coronel TEJADA.-

Encontrándose en el penal, se hizo allí, junto con alguien de mayor grado, el Mayor DELMÉ, y le preguntó si estaba interesada en dejar el país. La víctima dedujo que DELMÉ la conocía de cuando estuvo en el CCD "La Escuelita" cuando éste hizo alusión a lo sorprendido que estaba por los cambios que ella presentaba.-

Más, una vez que Patricia CHABAT egresó de la Unidad Penal 4, le hicieron saber que se le concedía la libertad, pero condicionada, por lo cual se vio obligada a, durante los ocho meses subsiguientes (hasta el 23 de diciembre de 1978) tener que presentarse cada tres días por ante la Comisaría 2da. de la Policía provincial, debiendo allí dar cuenta de sus actividades y que se debía informar a la Comisaría 1ra. respecto de toda persona que fuera a su casa, prohibiéndosele además mantener comunicación o relacionarse con cualquier persona. Durante todo este período, Chabat sufrió manoseos y maltrato en una de las oportunidades en las que se presentó ante la comisaría. En otra, uno de los numerarios de allí incluso la amenazó con un arma de fuego, obligándola a subir a un auto y abusando de ella.

Ante tales circunstancias, y con la ayuda del militar amigo de la familia, JUAN AMERIO, Patricia Chabat junto con su madre solicitó permiso al Comisario para que le permitiera montar un restaurante (en el cual la madre cocinaba y su hija atendía a los clientes), lo cual pudo llevar adelante hasta el mes de septiembre de 1978, ya que por un problema con el dueño del inmueble que alquilaban se vieron obligadas a abandonar dicho emprendimiento.-

Como si ello fuera poco, la persecución no terminó allí, toda vez que, ya en el año 1980, y estando casada y viviendo en la localidad de Ensenada, fue sorprendida en su propio hogar por un grupo de personas que, custodiando el edificio por afuera, la sometió a un interrogatorio acerca de supuestos espías chilenos.-

Una vez más atemorizada por todo esto, CHABAT optó por mudarse a la ciudad de Trelew. Al poco tiempo de llegar allí fueron interrogados tanto ella como su marido por un sujeto que si bien se hizo pasar por un miembro de la policía, ella supuso que en realidad se trataría de un personal del ejército, por el tipo de preguntas que se les hicieron.-

En otra oportunidad, fue llevada hasta una casa de fotografías por sujetos también desconocidos pero que aludieron ser de una fuerza de seguridad, y obligada a tomarse algunas fotos, sin nunca brindársele explicación al respecto.-

Por último, con fecha 23 del mes de diciembre de 1981, CHABAT, en estado de embarazo, volvió a ser intimidada por un hombre que se presentó en su casa y la obligó a presentarse ante la Comisaría del lugar, bajo amenaza de hacerle perder la hija. Ante ello, se presentó en dicha dependencia, siendo atendida por un sujeto muy joven, sin darle ningún tipo de explicación al respecto, y haciéndola sentir constantemente que le robarían a su hijo por nacer.-

La familia de Patricia Chabat también fue víctima de persecuciones y tormentos psicológicos; así, tras el secuestro de ella, su madre se movió activamente para intentar dar con ella. Entre tales intentos, se puso en contacto con el padre Vara, y le entregó un bolso con ropa y remedios, para que se los hiciera llegar a su hija, lo cual no fue atendido por el sacerdote, quien no entregó el paquete, excusándose en que se quedara tranquila ya que su hija se encontraba bien en donde estaba. Ante ello, y ese mismo día pero más tarde, la Sra. LUNDQUIST DE CHABAT se apersonó ante la misma sede del Batallón de Comunicaciones para poder hacer entrega de las mudas de ropa y medicamentos, siendo atendida por un guardia, que al tomar conocimiento de los motivos de su visita, y con una actitud más bien reticente, hizo una consulta telefónica, luego de lo cual le negó que su hija se encontrara allí alojada.

Además de tales gestiones, la madre de Patricia Chabat efectuó presentaciones ante el Dr. Raúl ALFONSÍN y otros tantos políticos, y por medio de un contacto con Cancillería, presentó su caso ante la Asesoría de Policía de la provincia de Buenos Aires.-

Recurrió también por ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el obispo metodista GATINONI, el que le manifestó que había varios casos como el de su hija y que lo único que él podía hacer era enviar el caso por ante la Asamblea con sede en Buenos Aires.-

En la desesperación por encontrar a su hija, concurrió a una reunión secreta, en la cual se juntaban más personas que se encontraban su misma situación.-

Tras todos estos intentos (en especial después de la presentación del caso ante la Asesoría de la Policía Bonaerense), comenzó a sentir que ella también estaba siendo perseguida, al notar el cercano y reiterado vuelo de un helicóptero gris, que rondaba por la zona en círculos. Esto último generó que la Sra. LUNDQUIST optara por pasar las noches en otro domicilio.

Finalmente, y en concordancia a lo que se hiciera referencia supra, la familia de Patricia Chabat, durante el tiempo en que ésta estuvo detenida, efectuó varias gestiones a los fines de intentar obtener la opción de salir del país, lo que fue negado en numerosas oportunidades, por medio de decretos firmados por el General Videla (a los que nunca se les dio acceso efectivo), en donde se fundaba dicha negativa en la "peligrosidad para la seguridad nacional" que ella significada.-

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de los elementos de prueba que han sido incorporados y producidos en el presente juicio, a saber: a) declaración testimonial de Patricia Irene Chabat ante este Tribunal de fecha 23/11/2011 por la mañana en la que diera cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos; b) declaración testimonial ante el Tribunal el día 23/11/2011 por la mañana, de Dorys Elayne Lundquist de Chabat, madre de la víctima, quien realizó numerosas gestiones a partir del secuestro de su hija y durante el tiempo por el que se prolongó su cautiverio en el centro clandestino de detención como así también en Unidad Carcelaria n 4.-

Como así también de la siguiente prueba documental incorporada al juicio: a) Decreto del P.E.N. n 1/77 mediante el que se resuelve el arresto y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de CHABAT, y decreto del P.E.N. n 3055 por el que se deja sin efecto su arresto a disposición de P.E.N, ambos en copia certificada; b) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Patricia Irene CHABAT, obrante en las cajas 13 y 14 de la documentación de la Unidad Carcelaria referida; c) Presentación como parte querellante de Patricia Irene CHABAT, obrante a fs.78 de la causa 05/07/inc.04 del Juzgado Federal de 1 Instancia N 1 de Bahía Blanca. Caratulado "Querellantes"; d) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 168 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel EMILIO J.F. IBARRA) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de CHABAT a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.-

9.- COLLAZOS, Claudio

Claudio Collazos (quien formaba parte del sindicato municipal), el 19 de marzo de 1976 salió de su casa aproximadamente a las 06:30 horas para tomar un colectivo de la línea 509 que lo acercaría a la Tesorería de la Municipalidad de Bahía Blanca donde trabajaba, cuando fue interceptado en la calle por un vehículo marca Ford, modelo Falcon y otro marca Fiat, modelo 1500, de los que descendieron más o menos diez personas con sus rostros cubiertos que lo golpearon con el mango de una pistola provocándole un corte en su cabeza, le ataron las manos en la espalda y vendaron sus ojos. Viajando en la parte trasera de uno de los rodados, después de aproximadamente media hora de viaje, lo llevaron hasta el clandestino de detención "La Escuelita".

Allí, fue sometido a diversos tormentos (como aplicación de picana eléctrica), amenazas de fusilamiento e interrogatorios. Menciona haber oído las voces de sus compañeros de trabajo Héctor Nuñez y Mercedes Orlando y René Bustos.

Collazos fue liberado el 25 de marzo de 1976 en el centro de Bahía Blanca. Tiempo más tarde recibió saludos de Mario Mancini, quien también se presentó en la Municipalidad donde Claudio se desempeñaba, interesándose por su estado e intentando justificar la detención ilegal que había sufrido. Esta persona, pasados algunos años, fue identificada como un torturador e interrogador de "La Escuelita" que en realidad se llamaba Santiago Cruciani.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Claudio Collazos (audiencia de fecha 6/9/2011 por la tarde); b) Hugo Raúl Montero (audiencia de fecha 6/9/2011 por la tarde), médico de Policía de la Provincia de Buenos Aires que en ese carácter constató las lesiones de Collazos luego de su liberación; c) Mercedes Orlando (audiencia de fecha 6/9/2011 por la tarde).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 53.398 del Juzgado en lo Penal n 2, Sec. 4 (Expediente 216 del registro de la CFABB) caratulado "COLLAZOS Claudio víctima privación ilegal. Libertad en Bahía Blanca"; b) Expediente 86(14) del registro de la CFABB caratulado "SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS S/ DENUNCIA (COLLAZOS, Claudio)"; c) Legajo CONADEP 3656; d) Presentación como parte querellante de Claudio COLLAZOS a fs. 162/164 del Expediente 05/07/inc.04 del Juzgado Federal de 1 Instancia N 1 de Bahía Blanca caratulado "QUERELLANTES".

10.- DEJTER, Simón León

Simón León Dejter (militante del Partido Comunista), el día 9 de septiembre de 1976 aproximadamente a las 8.00 horas se encontraba en su carnicería del pueblo Algarrobo cuando se presentaron en el comercio un soldado y un suboficial advirtiéndole que debía cerrar el negocio y acompañarlos. Seguidamente lo trasladaron a bordo de un camión del Ejército hasta el Destacamento Policial del lugar, en cuyo patio lo hicieron descender y le cubrieron los ojos.

Luego, le pidieron que explicara cual era el camino para llegar al campo de los hermanos Gueper y fueron hasta aquél lugar. Cuando estaban por arribar a sus inmediaciones, lo recostaron a Dejter sobre el piso de un vehículo, cubriéndolo con una manta. Habiendo regresado al destacamento, más o menos entre las 18.00 y 19.00 horas de ese día, lo trasladaron junto con Julio Gueper, Israel Resnicoff, Israel Gueper y Agustín Schwenzel a un sitio en el cual los hicieron caminar hasta una escalera que subieron hasta un primer piso; para ello, les cubrieron los ojos y la cabeza a los cuatro asegurándose que no pudieran ver.

En ese lugar fue interrogado y, por otro lado, advirtió que muchas personas se encontraban en su misma condición, como el Dr. Lejarraga, el Dr. Golub y los hermanos Najt (que eran de Médanos). Asimismo, aproximadamente el día 12 de septiembre de 1976, pudo sacarse los elementos que le habían colocado para que no pudiera saber dónde estaba, ni que sucedía allí y logró ver que estaba en un gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181, custodiado por personas de la Banda de Música.

Recién el 21 de septiembre de ese año lo llevaron en un colectivo del Ejército hasta Médanos para dejarlo en libertad y, previo a ello, le hicieron firmar un documento en el cual decía que no había sufrido ningún tipo de maltrato.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Simón León Dejter (audiencia de fecha 18/11/2011 por la mañana); b) Lilian Noemí Larrosa (audiencia de fecha 18/11/2011 por la tarde), quien fue detenida junto a numerosas personas en la localidad de Médanos, alojada en la Comisaría local, luego trasladada a Bahía Blanca, alojada en el Batallón de Comunicaciones 181. Vio a los hermanos Simón y José Dejter entre las personas que llevaron detenidas; c) Julio Güeper (audiencia de fecha 18/11/2011 por la tarde), detenido el mismo día que Simón Dejter por un gran operativo militar, trasladado al Batallón de Comunicaciones 181 y luego liberado. Compartió cautiverio con la víctima; d) Ernesto Rubén Golub (audiencia de fecha 18/11/2011 por la tarde), detenido, trasladado a Bahía Blanca al Batallón de Comunicaciones 181, luego liberado. Compartió cautiverio con la víctima.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo CONADEP N 7622; b) Causa N 109 caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia. DEJTER, Simón León".

11.- DELUCHI, Nélida Ester

Nélida Ester Deluchi fue secuestrada el 5 de agosto de 1976 aproximadamente a las 5.30 horas en su domicilio sito en Pasaje Podestá n 1017 de la ciudad de Bahía Blanca, donde vivía y se encontraba con su madre e hijas Adriana, Claudia y Axel Guerín. Bajo amenazas de balear su casa si no se les permitía el acceso, ingresaron a su domicilio tres personas vestidas de civil, que portaban armas y dijeron pertenecer a la Policía Federal.

Allí, le pidieron sus documentos, buscaron la correspondencia, le ordenaron que agarrara abrigo e indicaron la llevarían a la Comisaría para declarar. Seguidamente, la subieron a un vehículo en cuyo asiento trasero le hicieron apoyar la cabeza y mientras circulaban los secuestradores la interrogaron amenazándola de muerte. Mencionó que el automóvil cruzó como un paso a nivel y continuó por un camino de tierra. Deluchi oyó el sonido de una gran puerta que corrían y pudo ver que estaba frente a un galpón en el que la hicieron entrar.

La sometieron a diversas sesiones de tortura (en las que mayormente utilizaron aparatos para trasmitirle electricidad). En tales ocasiones, la requirieron que dijera cuál era su nombre de guerra, la amenazaron con secuestrar y torturar a su hija, mencionaron que la despedirían de su empleo, la interrogaron sobre sus compañeros de trabajo y teatro intentando averiguar quiénes eran comunistas. Varias veces terminó inconsciente. Todo ello le ocasionó un cuadro de invalidez a Deluchi que luego la incapacitó en forma permanente para trabajar |4|.

En otra oportunidad le vendaron los ojos, la metieron en un vehículo y bajo amenazas de muerte la golpearon hasta que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, estaba atada de una de sus manos a una cama en "La Escuelita", donde escuchó que torturaban a otra gente que estaba alojada en el mismo lugar que ella. Pasado más o menos un mes de haber sido secuestrada, volvieron a trasladarla en un vehículo que recorrió un trayecto corto hasta un galpón, dentro del cual fue interrogada por un sujeto que denominaban "el tío", estando presentes varias personas.

Algunas veces, Deluchi pudo ver por los costados de la venda que le habían colocado o por permitírselo algún guardia, que había muchas personas en su situación que en su mayoría eran jóvenes, que estaban tirados en el piso. También vio que había una joven embarazada que dormía en el suelo del centro clandestino de detención.

Su liberación ocurrió el 30 de agosto de 1976 alrededor de las 22.00 horas, cuando fue llevada a su domicilio por "el tío" a bordo de un automotor, a quien reclamó la devolución de sus documentos. Al día siguiente, esta persona vestida con uniforme militar se presentó en su casa y le entregó dichos documentos.

Contó que a partir de ese entonces los guardias de "La Escuelita" concurrían a su hogar para cenar. En esas ocasiones, utilizaban apodos para referirse entre ellos, le comentaban cosas que sucedían en el centro clandestino (como ser las víctimas a las que habían matado o la apropiación de un bebé recién nacido) y, a su vez, para amedrentarla le preguntaban con insistencia por su hija mayor que estudiaba en la E.N.E.T. n 1 de la ciudad de Bahía Blanca; cuando se sabía que varios alumnos del lugar habían sido secuestrados y torturados en "La Escuelita".

Durante el cautiverio de Deluchi, su madre realizó gestiones en forma personal ante el Comando del V Cuerpo de Ejército pero nunca tuvieron éxito.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaraciones de la misma Nélida Ester Deluchi (fs. 188/189 de la causa n 86(8), caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia (IZURIETA, María Graciela)"; declaración en causa 11 (c) audiencia de fecha 07 de julio de 2000, fs. 79 del Bibliorato n 15 "Audiencias", y el legajo CONADEP n 7749 - conf. art. 391. C.P.P.N.-); b) Claudía Guerín (audiencia de fecha 28/03/2012 por la mañana), hija de Nélida Deluchi, que fue testigo presencial del secuestro, realizó gestiones tendientes a dar con el paradero de su madre durante el cautiverio, y fue testigo de la concurrencia de personal militar al domicilio familiar luego de la liberación de su madre; c) Luís Fernando Vilches (audiencia de fecha 11/10/2011 por la mañana), revistó en el Comando V Cuerpo Ejército, donde le fue otorgada para vivienda una construcción que luego fue utilizada como centro clandestino de detención y destino final; d) Néstor Carlos Ravassi (audiencia de fecha 19/10/2011 por la tarde), revistó en el Comando V Cuerpo Ejército como Suboficial Principal músico a la época de los hechos, le fue otorgada para vivienda una construcción que sería la que luego fue utilizada como centro clandestino de detención, torturas y destino final; e) Rubén Oscar Klein (declaración de fs. 196 de la causa 86(21) "(Subsecretaría de Derechos Humanos (DELUCHI, Nélida Esther) -conf. art. 391. C.P.P.N.-), realizó en Bahía Blanca el servicio militar obligatorio, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, sobre cuyo funcionamiento da cuenta; f) Héctor Oscar Vidili (audiencia de fecha 11/10/2011 por la tarde), como conscripto destinado al Destacamento de Inteligencia 181 donde realizó guardias; g) José Daniel Arado (audiencia de fecha 11/10/2011 por la tarde), como conscripto desarrolló tareas en el Destacamento de Inteligencia 181; h) Carlos Bilotti (fs. 229 de la causa 86(21) "(Subsecretaría de Derechos Humanos (DELUCHI, Nélida Esther) -conf. art. 391. C.P.P.N.-), durante 1976 realizó el servicio militar obligatorio en el Destacamento de Inteligencia 181; i) Miguel Ángel Pieroni (audiencia de fecha 11/10/2011 por la tarde), realizó el servicio militar obligatorio en Bahía Blanca, en el Destacamento de Inteligencia 181 donde percibió que concurrían personas de civil; j) Miguel Ángel Prado (audiencia de fecha 11/10/2011 por la tarde), fue destinado al Destacamento de Inteligencia 181 donde desarrolló tareas como conscripto; k) Marcelo Alberto Carrio (audiencia de fecha 14/03/2012 por la tarde), realizó en 1976 el servicio militar obligatorio en el Destacamento de Inteligencia 181 como estafeta; supo de la existencia de personas con nombres falsos; l) Guillermo Emilio Ribichini (audiencia de fecha 11/10/2011 por la tarde), como conscripto fue destinado al Destacamento de Inteligencia 181 donde ocasionalmente le fue encomendado utilizar los autos del Destacamento; m) Jorge Luís Mercanti declaración de fs. 253/255 causa 86(21) "(Subsecretaría de Derechos Humanos (DELUCHI, Nélida Esther -conf. art. 391. C.P.P.N.-).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 86(21) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia (DELUCHI, Nélida Ester)"; b) Legajo CONADEP 7749.

12.- DI TOTO, Estela Clara

Estela Clara Di Toto (quien junto a su marido Horacio Alberto López trabajaban en la Municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca, desarrollaban tareas sindicales y estaban afiliados al Partido Comunista), el día 7 de mayo de 1976 estaba con su esposo, su hijo y sus vecinos Eduardo Alberto Martín y Dora Rosa D' Olivo de Martín -matrimonio- en su hogar ubicado en la calle Casanova n 183, PB, depto. "c" de dicha ciudad, cuando varias personas con el rostro cubierto y armadas (que tenían puestos pantalones y camperas de color azul y llevaban boinas) alrededor de las 23:30 horas irrumpieron en el lugar apuntando con armas de fuego.

En aquella ocasión, estos sujetos ataron las manos y vendaron los ojos de López y Di Toto, quienes habían sido obligados a tirarse al suelo. Luego, los subieron a un vehículo a bordo del cual los llevaron hasta "La Escuelita", mientras las restantes personas que estaban con ellos permanecieron encerradas en una de las habitaciones de la casa.

Sobre el centro clandestino de detención mencionado, las víctimas indicaron que estaba ubicado en una zona descampada, ya que se oían mugidos de vacas y sonidos del paso de vehículos y ferrocarriles. Agregaron que se trataba de una "casona" con al menos dos habitaciones y un comedor, donde había varias personas detenidas, que permanecían atados a camas metálicas y eran vigilados por guardias la mayor parte del tiempo.

En "La Escuelita", Di Toto debió ser asistida en varias oportunidades por el padecimiento de convulsiones y descomposturas, dado que era epiléptica.

A lo largo de su cautiverio, que duro cerca de 10 días, Di Toto dijo que padeció algunas vejaciones físicas y se la interrogó sobre cuestiones vinculadas a la Municipalidad de Bahía Blanca y el Sindicato de Empleados Municipales. Asimismo, refirió que se le aflojaron las vendas y pudo "ver a personas uniformadas con borceguíes y uniforme color verde, propio del ejército así como también a otra un tanto bizca, semicano, con pequeñas entradas, 1,68 a 1,70 de altura, con campera de cuero color marrón y cuello color beige, creo sin bigotes, de ojos oscuros".

Finalmente los secuestradores la subieron a un vehículo y luego de trasladarse aproximadamente 15 minutos, la dejaron en libertad.

Cabe destacar que Abdel Edgardo Vilas, Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército, Jefe del Estado Mayor y comandante de la Sub zona 51, admitió sobre el matrimonio secuestrado que "ambos figuraban en las listas de personas a detener por disposición de la Junta de Comandantes Generales, se las buscó y se logró su detención" y advirtió que en el caso de Estela Clara Di Toto su liberación fue por falta de mérito dos días después de su captura, ya que "pertenecía a un partido y advertimos que no tenía relación con la subversión", pero la situación de su esposo fue diferente porque tenían dudas y a raíz de eso lo mantuvieron 15 días detenido en averiguación de antecedentes.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración de la misma Di Toto Estela Clara (audiencia de fecha 14/9/2011 por la mañana); b) Eduardo Alberto Martín (declaración testimonial de fs. 4 de la causa n 256 del registro de la CFABB caratulada "DI TOTO de LÓPEZ, Estela y LÓPEZ PERDRIEL, Horacio Alberto. Víctimas de privación ilegal de la libertad" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), testigo presencial del secuestro, se hallaba con su esposa Dora Rosa D'olivo de Martín en la casa del matrimonio Di Toto - López.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo CONADEP N 7739; b) "Testimonio para ser presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Cívica Radical" suscripto por Horacio Alberto LÓPEZ PERDRIEL y Estela Clara DI TOTO y agregado en la causa N 109 (9), caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia s/LÓPEZ Horacio Alberto y DI TOTO de LÓPEZ, Estela Clara"; c) Causa N 256, caratulada: "DI TOTO de LÓPEZ, Estela y LÓPEZ PEDRIEL, Horacio Alberto víctimas de privación ilegal de la libertad".

13.- ESQUIVEL, Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo Esquivel el día 21 de junio de 1977, a las 20.30 horas aproximadamente, fue detenido al intentar subir a su vehículo que se encontraba estacionado en la Plaza Rivadavia de la ciudad de Bahía Blanca, sobre la calle Sarmiento frente a Gendarmería Nacional. Allí, un grupo de personas jóvenes que estaban armadas lo arrojaron al suelo, lo esposaron, le cubrieron la cabeza y lo metieron en el baúl de un rodado color verde marca Ford, modelo Falcon. Escuchó que entre los captores había algunos que llevaban los nombres Pedro y Carlos.

Luego de circular más o menos 45 minutos, a través de la ruta y un camino de tierra, arribaron a un lugar dentro del cual otras personas lo llevaron a una habitación, fue inspeccionado por un médico y colocándolo sobre una pared le sacaron el elemento que le habían puesto en la cabeza y le vendaron los ojos.

En varias oportunidades fue sometido a sesiones de tortura en una sala (donde por lo general le trasmitieron electricidad y golpearon mientras estaba atado), a la vez que lo interrogaban: respecto a un atentado que había sucedido en un elevador de Ingeniero White, sobre un sujeto de apellido Pieroni que le decían que había estado detenida en el mismo lugar que él y daban por muerta, en relación a su participación en la universidad mostrándole fotografías de grupos de personas para que reconociera (que principalmente eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad Tecnológica Nacional -regional Bahía Blanca- y de la Juventud Comunista de la Universidad Nacional del Sur). Entre aquéllos que le consultaron si conocía, se mencionó a alguien de apellido Quipildor, Viviana Obiol, Sonia Sampini, Daniel Hidalgo y dos hermanos de apellido Basili.

A principios de julio de 1976, a Esquivel lo trasladaron a una casilla donde pudo ducharse, le pusieron colirio en los ojos y lo revisó un médico. Luego le colocaron una inyección que supuestamente era para tranquilizarlo, lo subieron a un automóvil y después de circular 45 minutos aproximadamente, bajo continuas amenazas de muerte, fue dejado atado de pies y manos en un camino de tierra a unos 5 kilómetros de la ciudad de Cabildo; lo que sucedió, habiendo transcurrido más o menos 9 días de cautiverio. Desde allí, la víctima -que pudo desatarse-, se acercó hasta dicha ciudad y se comunicó con sus padres para que fueran a buscarlo.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Daniel Osvaldo Esquivel (audiencia de fecha 20/12/2011 por la tarde); b) Lidía Carmen Speranza (audiencia de fecha 20/12/2011 por la tarde), madre de la víctima quien realizó gestiones para dar con el paradero de su hijo Daniel Osvaldo Esquivel; c) Silvia Dipaul (audiencia de fecha 20/12/2011 por la tarde), novia de la víctima al tiempo de ocurrir los hechos, quien junto a sus padres realizó gestiones para dar con el paradero de Esquivel.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 109 (17) caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (ESQUIVEL, Daniel)"; b) Constancia de alumno regular de la Facultad Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional de fecha 20 de marzo de 1975; c) Libreta Universitaria de la Facultad Regional Bahía Blanca de Universidad Tecnológica Nacional correspondiente a Daniel Osvaldo ESQUIVEL; d) Resolución N 55/78 de la Facultad Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional mediante la cual se rechaza el pedido de reconsideración solicitado por Daniel Osvaldo Esquivel para ser readmitido como alumno; e) Carta dirigida por Daniel Osvaldo ESQUIVEL al Ministerio del Interior, de fecha 4 de mayo de 1983, aviso de recibo de la misma n 5706, y notificación sobre resultado de la gestión de fecha 6 de mayo de 1983; f) Legajo CONADEP 7629.

14. - FURIA, Héctor

Héctor Furia (empresario metalúrgico y consejero de la Caja de Crédito Bahiense) fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, aproximadamente a las 05.00 horas, de su domicilio sito en la calle 1 Junta n 488 de la ciudad de Bahía Blanca por personal del Ejército Argentino que no se identificó como tal, cuando se encontraba con su familia.

Allí, golpearon la puerta y preguntaron a su esposa por Néstor Furia, quien trabajaba en la Caja de Crédito Bahiense. Luego, se llevaron a Héctor en un camión, advirtiendo que lo trasladarían al Batallón de Comunicaciones. Se mencionó que mientras sucedió todo eso el teléfono de la casa no tenía tono.

Una vez alojado en dicho lugar, sólo pudo ser visitado en una ocasión por su hija Sonia Sandra Furia. Fue manifestado que estuvo alojado con cuatro ingenieros de DEBA, Abertano Julián Quiroga y el presidente del Consejo Deliberante de Bahía Blanca de apellido Valemberg.

Finalmente, el 21 de abril de 1976 alrededor de las 18.30 horas se lo dejó en libertad y le fue entregado un certificado firmado por el Teniente Eduardo Hansen del Batallón de Comunicaciones 181.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Sonia Sandra Furia (audiencia de fecha 13/09/2011 por la tarde), hija de Héctor Furia. Atendió al grupo militar que violentamente llamó a la puerta de la casa de Primera Junta 488 y advirtió que estaban armados. Pudo ver a su padre mientras estuvo detenido.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo CONADEP 8801 y b) Causa N 109 (19) caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia. FURIA, Héctor".

15. - GONZÁLEZ, Héctor Osvaldo

En 1973 Héctor Osvaldo GONZALEZ estaba afiliado al partido peronista, había participado activamente en el proceso eleccionario de ese año y en los inicios del gobierno democrático.

En los años siguientes, diversos acontecimientos y circunstancias como su casamiento con Delia Beatriz GIORGETTI, la realización de actividades comerciales y el cursado de la carrera Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Sur, lo alejaron paulatinamente de la militancia política.

El 19 de abril de 1977, él y su esposa se encontraban descansando en la vivienda que compartían en la calle Irigoyen 540, cuando irrumpieron varias personas vestidas de civil, a cara descubierta y armadas.

El operativo de secuestro se inició a las tres de la madrugada. Al ingresar intempestivamente a la casa, los captores no se identificaron, obligaron al matrimonio a poner sus caras contra la pared y los encapucharon.

A continuación la pareja fue obligada a subir en un camión que inició un recorrido de unos 45 minutos. Una vez concluido el viaje fueron sometidos a una sesión de tortura -que incluyó el uso de electricidad-, al tiempo que los interrogaban sobre el peronismo. Todos los objetos personales que portaban en el momento del secuestro fueron sustraídos por las personas que concretaron el hecho delictivo.-

Osvaldo GONZÁLEZ y su esposa permanecieron en este primer lugar de cautiverio por un lapso de dos días; transcurrido ese tiempo la detención ilegal continuó en "La Escuelita" de Bahía Blanca. En un primer momento fueron encerrados en una casilla rodante que estaba ubicada en inmediaciones del CCD.

La liberación de Delia Beatriz GIORGETTI se produjo un día después de su llegada al centro clandestino; los secuestradores la subieron a un vehículo y la abandonaron en cercanías de Grumbein a las 23.30 horas.

El cautiverio de su esposo fue mucho más extenso y tuvo distintos momentos, en la primera etapa fue llevado prácticamente todos los días desde la casilla rodante a una sala de interrogatorios con el objeto de someterlo a sesiones de tortura mediante aplicación de electricidad; en una segunda instancia permaneció encerrado en una habitación interior del centro clandestino, atado a la cama y con los ojos vendados.

Entre un momento y otro sufrió simulacros de fusilamiento con disparos de armas de fuego a corta distancia.

La permanencia de Osvaldo GONZÁLEZ en el centro clandestino se extendió por cuatro meses, en ese período de tiempo pudo advertir que el jefe del lugar se identificaba con el sobrenombre "Chiche" y era Teniente Primero del Ejército, el interrogador se hacía llamar "El Tío" y, en general, el personal del centro clandestino rotaba cada 40 ó 45 días, alternándose con efectivos procedentes de Neuquén.

Dentro del grupo de secuestradores había algunos que tenían nombres de pájaros -"Cuervo", "Loro", "Lechuza", "Chouii"-, mientras que entre los cautivos se encontraban Graciela TAURO, el matrimonio MAISONAVE, BONFIGLIO, LOVFALL y CEREIJO.

Luego de pasar alrededor de 100 días en este lugar, los guardias le informaron que lo llevarían a la cárcel local. Seguidamente, le hicieron recorrer un trayecto breve en automóvil y cuando el oficial del servicio penitenciario bonaerense Leonardo Luís NUÑEZ le sacó la venda de sus ojos, ya se encontraba en la Unidad Penitenciaria N 4. A partir de ese momento, inició un extenso tránsito por distintas unidades carcelaria.

La larga ausencia de Osvaldo hizo que algunos miembros de su familia efectuaran diligencias tendientes a conocer su paradero. Una de ellas fue la presentación, realizada por Osvaldo GONZALEZ y Delia Beatriz GIORGETTI, de dos recursos de habeas corpus el día 5 de mayo de 1977. Los jueces intervinientes -Guillermo Federico MADUEÑO y Francisco BENTIVEGNA- los declararon improcedentes luego de que la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Comando V Cuerpo de Ejército y la Policía Federal negaran tener antecedentes de la víctima en sus respectivas dependencias.

A pesar de que el asesor jurídico del Comando V Cuerpo de Ejército contestó negativamente los oficios enviados desde los juzgados locales; el General Abel Teodoro CATUZZI -Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército, Jefe de Estado Mayor y comandante de la Sub zona 51- reconoció que Héctor Osvaldo GONZALEZ fue detenido por personal del V Cuerpo de Ejército y posteriormente alojado en "el lugar de detenidos de la Sub zona 51" situado en el edificio de la Jefatura del Batallón de Comunicaciones 181.

En la misma declaración indagatoria, admitió que él mismo ordenó su traslado a la Unidad Penitenciaria N 4. La llegada de GONZÁLEZ a la cárcel se produjo el 26 de julio de 1977 y fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional un día después.

El padre de la víctima no sólo presentó un recurso de hábeas corpus, también hizo una denuncia en la Seccional Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En la misma informó que el día 18 ó 19 de abril a la madrugada, ingresó a la casa de Osvaldo y observó los elementos de la vivienda desordenados y la puerta de ingreso abierta. Por "comentarios" supo que en el lugar habían estado varias personas armadas que se habrían movilizado en un automóvil blanco.

Una vez presentada la denuncia, el comisario Alfredo Ernesto SASTRE designó al oficial Inspector Darío Antonio DÍAZ como secretario e instruyó un sumario con la intervención del juez en lo penal Jorge Félix CONGET. Las actuaciones efectuadas por el personal policial se restringieron a la realización de una inspección ocular y a la recepción de la declaración testimonial de Delia Beatriz GIORGETTI.

El 17 de mayo de ese año, el comisario SASTRE decidió dar por finalizado el sumario por considerar que habían sido practicadas todas las diligencias posibles. Dos días después, el juez Jorge Félix CONGET recibió las actuaciones y citó a declarar a la esposa de la víctima.

Finalmente, sin que mediaren nuevas investigaciones, el 16 de junio de 1977 el magistrado sobreseyó provisoriamente la causa.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Héctor Osvaldo GONZÁLEZ (audiencia de fecha 7/12/2011 por la mañana); b) Delia Beatriz GEORGETTI (audiencia de fecha 7/12/2011 por la mañana), esposa de GONZÁLEZ, fue secuestrada junto a él de su domicilio y trasladada a un centro clandestino de detención, del que fue liberada. Realizó numerosas gestiones a fin de conocer el paradero de GONZÁLEZ.

Y también se encuentra probado por la documental y demás elementos de prueba incorporados: a) Expediente 51.393 de Juzgado Penal n 1 Sec. 2 (Expediente 228 del registro de la CFABB) caratulado "GONZÁLEZ Osvaldo denuncia privación ilegal de la libertad Víct. GONZÁLEZ Héctor Osvaldo GIORGETTI de GONZÁLEZ Delia Beatriz"); b) Expediente n 51958 del Juzgado en lo Penal n 2 Sec. n 3 (Expediente 219 del registro de la CFABB) caratulad "GONZALEZ Osvaldo y GIORGETTI de GONZÁLEZ Delia interponen Recurso de Habeas Corpus a favor de: Héctor Osvaldo GONZÁLEZ en Bahía Blanca"; c) Expediente n 246 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca "GONZÁLEZ Héctor Osvaldo s/ Recurso de Habeas Corpus", el que corre agregado a 125/152 de la causa n 166 del Juzgado Federal de Bahía Blanca "GONZÁLEZ Héctor Osvaldo y otros s/ denuncia"; d) Expediente n 166 del Juzgado Federal de Bahía Blanca (Expediente 95 del registro de la CFABB) caratulado "GONZÁLEZ Héctor Osvaldo y otros s/ denuncia"; e) Decreto del P.E.N. n 2226/77 mediante el que se dispuso el arresto a disposición del P.E.N. de GONZÁLEZ, y Decreto 385/82 por el cual se deja sin efecto el arresto dispuesto; f) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria N 4 correspondiente a Héctor Osvaldo GONZÁLEZ, obrante en Cajas de documentación 13 y 14.

16.- HIDALGO, Eduardo Alberto

Eduardo Alberto HIDALGO fue privado de la libertad ilegalmente durante el período investigado en el presente juicio, en dos oportunidades.-

Vale destacar al respecto, que para ese entonces, el nombrado residía junto a su mujer y su hijo en el domicilio de la calle Chiclana nro. 527, piso 6to. de esta ciudad, y trabajaba en el área administrativa de la empresa COIMPA.-

Semanas previas a que se efectuara su primer secuestro, HIDALGO había ya vivenciado antecedentes de persecución por parte de las fuerzas militares. Así, recibió un llamado telefónico por parte de la firma inmobiliaria "CIRONE" -por medio de la cual había salido como garante por el alquiler de un inmueble en favor de una amiga de su hermano Daniel Hidalgo, víctima también en el presente juicio-, por medio del cual se lo puso en conocimiento del procedimiento llevado a cabo por personal del Ejército, y que el inmueble había además dañado como consecuencia de ello; al concurrir allí, HIDALGO observó que el departamento había sido revuelto, que estaba desordenado y con suciedad por todas partes, amén de faltarle en uno de las habitaciones un trozo de parquet y de notar que se habían llevado el botiquín.-

Ante ello, y preocupado por su situación, Eduardo HIDALGO, aconsejado por compañeros de trabajo, decidió consultar al Dr. CID, -quien trabajaba en el Ejército- y le sugirió que no se presentara ante unidades militares con la intención de dar explicaciones sobre lo acontecido porque "si entras ahí no salís" (sic).

Luego de ello, una madrugada del mes de septiembre de 1976, tuvo lugar el primero de sus secuestros, cuando un grupo de sujetos se hizo presente en el edificio en que vivía con su familia, y tras presentarse como policías y amenazar al portero encargado de allí -de nombre Emilio CABEZAS-, lo obligaron a abrir el portón lo que les permitió ingresar el rodado de color blanco en el que se movilizaban. Acto seguido, y tras mantener custodiado al portero, el grupo se dispuso a ingresar erróneamente en el departamento de Dora GILARDI, quien en ese momento estaba acompañada por dos compañeros de estudio del Instituto Juan XXIII, de nombre Pablo Esteban SALVATORI y Silvia Inés MONTANI. Al irrumpir en el lugar los integrantes del grupo se identificaron como pertenecientes a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, inquiriéndolos mientras los apuntaban con las armas, para que respondieran sobre si ese departamento era el "c", correspondiente a HIDALGO; ante la respuesta en negativo de GILARDI, abandonaron el lugar y se dirigieron directamente al departamento correspondiente, dando con HIDALGO, quien se encontraba con su esposa e hijo.

Tras identificarse nuevamente como de la Brigada de Investigaciones, y con el argumento de que debían de efectuarse algunas averiguaciones, se lo obligó a abandonar la vivienda, y fue introducido en el Peugeot 504. Ello fue visto por el portero CABEZAS, quien además, advirtió que en las afueras del edificio se encontraban dos vehículos más, con varios tripulantes, a manera de apoyo del grupo que acaba de secuestrar a HIDALGO.-

Un vez iniciada la marcha, HIDALGO pudo seguir el recorrido, recordando se condujo por las calles Chiclana y Falucho, y se dobló en la Avenida Parchappe. En esa dirección, y después de haber conducido unos metros, se dobló a la izquierda, deteniéndose en lo que la víctima dedujo que podría llegar a ser la zona de los galpones que se encontraban ubicados por las inmediaciones de la estación de tren. Se transitó algunos metros más, y luego de ello, se lo bajó del rodado y esposado y encapuchado se lo condujo al interior de una edificación, en la cual pudo percibir que se encontraban presentes otras personas en su misma situación.

Allí lo maniataron a una cama e interrogaron bajo torturas, aplicándole descargas de electricidad por el cuerpo. Entre las preguntas que le efectuaron, hicieron alusión a su condición de garante ante la transacción inmobiliaria referida supra solicitada por su hermano Daniel HIDALGO en favor de una amiga, y le requirieron que aportara datos para ubicarlo; mas, al no haberse encontrado a su hermano con las referencias dadas, se lo castigó a golpes.-

En dicho lugar permaneció vendado y atado por unas dos semanas, luego de lo cual fue sacado de allí y conducido hacia la zona del barrio Tiro Federal de este medio, cerca de la cancha denominada "Las tres villas", en donde fue abandonado.-

En tanto HIDALGO se encontraba secuestrado, su mujer efectuó denuncia ante la Seccional Primera de la policía bonaerense, a partir de la cual se formaron actuaciones policiales y se instruyeron por disposición del Comisario Juan Pedro RUSEKAITE bajo la carátula "privación ilegal de la libertad", poniéndose en conocimiento de las mismas al juez Francisco BENTIVEGNA. Entre las medidas efectuadas por "la instrucción policial", se efectuó una inspección ocular en el lugar de los hechos, se recibió declaraciones a quienes fueran testigos del secuestro de HIDALGO, y se terminó por delegar la investigación al servicio de calle de esa dependencia, requiriéndose asimismo informes al respecto a la Brigada de Investigaciones de esa fuerza. Este último requerimiento fue contestado por el Oficial Principal Pedro Mario ROSILLO, quien hizo saber que dicha Brigada no había llevado a cabo procedimiento alguno en el domicilio de la calle Chiclana nro. 525, piso 6, departamento "C" de esta ciudad.-

Asimismo, luego de haber sido liberado EDUARDO HIDALGO, y en el marco de dichas actuaciones, con fecha 19 de octubre de 1976 se lo examinó médicamente por el Dr. Santiago MIGLOZZI (médico de policía), quien concluyó que se hallaba en condiciones de prestar declaración por no presentar ningún tipo de lesión. Así fue que se le recibió declaración testimonial ante sede policial, y luego de ello se elevaron las actuaciones al Juez Bentivegna |5|. Mas, a poco de recibidas en sede judicial, dicho magistrado declaró su incompetencia para entender en las mismas, remitiéndolas en consecuencia ante el Juez Federal MADUEÑO; de la lectura de dicha causa nro. 774/76 (que forma parte de la prueba incorporada a este juicio), consta la respuesta de la vista conferida a la Fiscal María del Carmen VALDUNCIEL de MORONI en la que requiere como primera medida la recepción de declaración a HIDALGO con el objeto de poder determinarse concretamente "el sentido subversivo de las conductas conminadas, por afectar los intereses de la Nación", medida a la que se hizo lugar a los fines de establecer si sus secuestradores habían intentado "incorporarlo o alistarlo (...) en una organización subversiva".-

En tanto estas actuaciones referentes a la privación ilegal de la libertad de HIDALGO se tramitaban, tiene lugar su segundo secuestro en su departamento de la calle Chiclana al 500, el 9 de noviembre de 1976, alrededor de las 22.30 horas, el que se llevó a cabo por un grupo de unos tres sujetos que se identificaron como de la Policía Federal, y que estaban armados y vestidos de civil; ingresaron a su domicilio tras haber llamado a la puerta, pudiendo advertir HIDALGO al momento de abrir la misma, que uno de los sujetos era un hombre joven, de estatura más bien baja, con cabellos lacios oscuros, bigotes finos y que llevaba puesto un traje de color gris.-

Al atender, el grupo ingresó por la fuerza en el domicilio obligando a HIDALGO a acompañarlos, sin darle mayores explicaciones más que debía de llevar consigo sus documentos personales.

Fuera del departamento lo esperaba un grupo de cuatro personas más, también vestidas de civil y con armas, y tras ser esposado, se lo bajó hasta la cochera del edificio, en donde pudo advertir que aún más personas pertenecientes a ese mismo grupo de secuestradores se encontraban allí, a su espera (también armados y vestidos de civil), junto a un Ford Falcón, de color verde; ante ello uno de los miembros del grupo le inquirió que prestara atención al vehículo así después podría escribir en cartas cómo era el mismo, refiriéndose a anteriores descripciones que la víctima hubiera efectuado de su primer secuestro.-

Lo obligaron a ingresar al rodado, encapuchado y acostado sobre las piernas de uno de los del grupo para de esta manera impedirle ver el recorrido, que transcurrió durante unos 20 ó 25 minutos, siempre con un arma apoyada sobre su cabeza en forma de amenaza. Pudo percibir que el rodado efectuó algunas curvas en su trayecto, en un momento giró hacia la izquierda para luego conducir por un camino de tierra en desnivel; luego de un trecho, el vehículo se detuvo e HIDALGO pudo percibir que un sujeto desde afuera refirió "ah sí, éste es", continuando luego la marcha un poco más, hasta detenerse definitivamente. Allí fue descendido del auto, e ingresado a algo que pudo percibir como una construcción más bien antigua, la que después tomara conocimiento que se trataba del CCD "La Escuelita". En ese momento, escuchó que una persona comenzó a leer la carta que la víctima había escrito en otro momento a su hermano DANIEL en la que daba cuenta de los pormenores de su primera detención, en la que describía, por ejemplo, el vehículo con el cual se había llevado a cabo la misma; luego de ello, lo desnudaron, y en posición de sentado, lo ataron a un palo o árbol, golpeándolo de diversas maneras y con diferentes elementos, rociándole además agua fría, durante toda la noche hasta que amaneció.-

Luego de ello, fue atado a una cama de hierro dentro del CCD durante dos días, siendo custodiado por unos perros de los cuales tuvo que defenderse ante la amenaza de ataque de uno de estos. En ese tiempo, no se le brindó ningún tipo de alimento, ni se le permitió hacer sus necesidades, como tampoco hablar con persona alguna.-

Luego de ello, fue trasladado a una nueva habitación de CCD en donde lo obligaron a dormir en el piso y en donde pudo advertir que se encontraban otras personas en similar situación a la suya, entre ellas, Juan Carlos MONGE, Pablo BOHOLAVSKY.-

Fue también interrogado en más de una oportunidad en las que se le aplicó picana eléctrica, golpes e insultos, además de ser sometido a simulacros de fusilamiento. Las preguntas que se le realizaba eran generalmente tendentes a obtener datos respecto de su hermano DANIEL.-

En otra oportunidad fue además durante dos días atado de brazos y piernas a dos palos ("estaqueado"). Durante ese lapso, de manera sorpresiva se hizo presente en el lugar uno de los guardias apodado "el zorro", quien sin motivo alguno, lo golpeó brutalmente hasta dejarlo sangrando; el mal estado en el que quedó HIDALGO como consecuencia de esa reprimenda, provocó una discusión entre el "jefe de vigilancia" del CCD y "el zorro", quien contestó que no entendía por qué se tenían para con los cautivos "tantas contemplaciones, si a éstos habría que matarlos a todos"; asimismo, HIDALGO pudo escuchar de ese diálogo que en un momento su atacante respondió al jefe de guardia "a mí no me prepoteés, ni me grités, por más subteniente que seas" y que ante ello el otro le inquirió que al día siguiente iban a ir a hablar "con el general".

Hasta los últimos momentos de su estadía en el CCD, fue sometido a lo que él manifestó vivenciar como una tortura, cuando lo llevaron al baño, y lo obligaron a bañarse con agua hirviendo, y a rasurarse con una hojita de afeitar que le lastimó toda la cara. Mientras realizaba todo esto, era custodiado por uno de los guardias que lo apuntaba constantemente con un arma de la cual de pronto "se escapó" un disparo que impactó en el piso, provocando dicha situación risas de los otros guardias que se encontraban afuera.-

Luego de ello, con fecha 23 de noviembre de 1976, se lo trasladó en vehículos del ejército a la Unidad Penitenciaria Nro. 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en cuyo trayecto uno de los custodios lo amenazó colocándole un cuchillo en el cuello y diciéndole "a tu cuñada y a tu hermano ya los reventamos, te vamos a llevar a otro lugar. Salgas cuando salgas adonde te vamos a llevar, sea en un mes o en un año, te vamos a esperar" (sic).-

Fue puesto a disposición del PEN, al día siguiente, mediante decreto 3011/76, y a poco de ello, se lo trasladó a la Unidad Penal nro. 9 de La Plata del Servicio Penitenciario Bonaerense, en donde fue alojado hasta agosto de 1978, cuando es vuelto a ser llevado a Villa Floresta, desde donde recuperó finalmente su libertad el 23 de diciembre de ese mismo año.

Conforme su declaración prestada antes este Tribunal, ingresó a la UP 4 SPB "muy deteriorado físicamente" (sic) |6|, y que el médico de allí lo miró pero no lo revisó y que dijo "está bien" (sic). Si bien a preguntas efectuadas por la Defensa Oficial respondió no haber recibido torturas en la sede misma de la UP 4, refirió que, una vez allí, en una de las salidas en el patio de recreo, los guardias penitenciarios lo "atacaron" (sic), obligándolo a sacarse la camisa, y que ante ello, al verlo uno dijo (a modo de confesión para el declarante) "nosotros no fuimos" (sic).-

En una oportunidad, uno de los numerarios de la unidad de apellido Núñez, que actuaba como nexo entre el V Cuerpo y la UP 4, y con la intención de obtener información como ya lo habían hecho sus secuestradores anteriormente, le entregó lápiz y papel tratándolo de convencer de sus buenas intenciones de hacer que se comunicara con su familia; pero, ya advertido de la utilización de esta modalidad, HIDALGO rechazó tal ofrecimiento, ante lo cual Núñez "lo miro con odio, no dijo nada y se fue" (sic).-

Asimismo, mencionó que si bien mientras él mismo estuvo en dicha sede carcelaria no hubo requisas, sí había tenido conocimiento por otros presos que habían estado antes, de la existencia de una requisa efectuada allí por el propio ejército y personal del servicio penitenciario.-

Por otra parte, cabe destacar la alusión efectuada respecto de su traslado a la Unidad nro. 9, respecto de la cual señaló que el traslado de la Unidad 4 hasta el avión fue efectuada por medio de un celular del mismo servicio penitenciario, y que ni bien se subieron al avión, comenzó la tortura, y que el viaje se realizó con la custodia guardias de la cárcel.-

En la Unidad Penal Nro. 9 recibió la visita del juez Madueño y su secretario Sierra, quienes le hicieron preguntas respecto de su primer secuestro, sin nunca hacerle saber si se le imputaba algún delito o que estuviera detenido por disposición judicial.-

Tras casi dos años de su detención allí, a finales de 1978 es nuevamente trasladado a la Unidad 4, desde donde con fecha 23/12/1978 recupera la libertad por medio de decreto 3055/78 PEN.-

Mas, a pocos días de ello, y llegando a su domicilio de la calle falcón nro. 135 de esta ciudad, HIDALGO se encontró con que en las afueras del mismo se hallaba una camioneta doble cabina de color metalizado, y en el interior de su casa había ingresado personal vestido de civil y armado, que ante su llegada se identificó como de la Policía Federal Argentina.-

Las persecuciones fueron también sufridas por sus familiares: por un lado, durante el transcurso de uno de sus secuestros sus mismos padres fueron detenidos por la policía y luego trasladados al V Cuerpo de Ejército, tras haberlos hecho estar presentes en las inmediaciones del edificio de la calle Fitz Roy 137 de esta ciudad, en el cual ese mismo día (14/11/1976) se llevara a cabo el operativo a cargo de fuerzas del ejército en el cual resultaron muertos el hermano de la víctima, DANIEL HIDALGO y su cuñada OLGA SILVIA SOUTO CASTILLO quien además estaba embarazada de 6 meses.-

Tales episodios de persecución se observaron hasta el año 1983, como por ejemplo, por interrogatorios efectuados a un vecino suyo de apellido PARROTA, que personal vestido de civil pero que se identificaba como perteneciente al Ministerio del Interior, efectuaba.-

Prueba:

Tales hechos se encuentran corroborados a raíz de las siguientes probanzas: declaraciones testimoniales ante el Tribunal de: a) Eduardo Alberto HIDALGO de fecha 18/10/2011 por la tarde; b) Marta Julia CAGOSSI de HIDALGO de fecha 19/10/2011 por la mañana, esposa de la víctima, quien presenció los dos secuestros sufridos por Eduardo Alberto HIDALGO y realizó gestiones para procurar conocer su paradero; c) Dora GILARDI de fecha 19/10/2011 por la mañana, quien a la fecha de los hechos vivía en el edificio en el que fue secuestrado por primera vez Eduardo Alberto HIDALGO, y presenció parte del operativo por el cual se produjo el mismo; d) Pablo Esteban SALVATORI de fecha 19/10/2011 por la mañana, vecino de la víctima que se encontraba en el edificio en el que tuvo lugar el primer secuestro de Eduardo Alberto HIDALGO, fue testigo presencial del operativo; e) Daniel VILLAR de fecha 19/10/2011 por la mañana, quien fue alojado en la Unidad Penitenciaria N 4 el 2 de noviembre de 1976, permaneciendo recluido en la misma celda que Eduardo Alberto HIDALGO, dando cuenta del deteriorado estado físico en el que llegó a la Unidad como también de las condiciones en que transcurrió el paso por la misma.-

Como también de los siguientes elementos probatorios que fueran ofrecidas e incorporadas al presente juicio: a) Expediente 774/76 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca, (Expediente 187 del registro de la CFABB), venida por incompetencia decretada en el Expediente 53.831 que se inició en el Juzgado en lo Penal n 2, Secretaría n 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca, caratulada "CAGOSSI de Hidalgo, Marta Julia s/ privación ilegal de la libertad víctima: Eduardo Alberto Hidalgo", en especial: oficio de fecha 25/09/1976 de fs. 1 por medio del cual el Comisario de la seccional 1ra. de la policía de la pcia. de Buenos Aires pusiera en conocimiento del juez Bentivegna del primer secuestro de HIDALGO; resolución de f. 1 vta. de fecha 6/10/76 por medio del cual dicho magistrado se declara incompetente y remite las actuaciones al Juez Federal Madueño.; denuncia agregada a fojas 1 según foliatura del Expediente 53.831 efectuada por la esposa de HIDALGO, Sra. Marta Julia Cagossi en la que da cuenta del secuestro de su marido; resolución de fecha 25/09/1976 de fs. 2 y vta. conforme foliatura de la causa n 53.831 por medio de la cual se disponen las medidas descriptas supra; acta de inspección ocular de fs. 4 y 5 de la causa n 53.831; croquis ilustrativo de domicilios obrante a fs. 6 y vta. de la causa n 53.831; oficio de fecha 29/09/1976 de fs. 8 según foliatura de expediente 53.831 dirigido a la brigada de Investigaciones local; proveído de fecha 25/09/1976 de fs. 8vta. conforme foliatura de la causa 53.831; informe de la Brigada de Investigaciones obrante a fs. 11 de la causa n 53.831 por medio del cual se da cuenta de no haber efectuado procedimiento alguno sobre el domicilio de HIDALGO; oficio de fecha 12/10/76 e informe médico de fecha 19/10/76 de fs. 13 y 13vta. de la causa 53.831; oficio de fecha 27/10/76 de fs. 16 conforme foliatura de causa 53.831 por medio del cual se da cuenta del resultado negativo de las medidas efectuadas por la policía para "lograr el total esclarecimiento del hecho"; resolución del 28/10/76 y oficio de elevación de sumario de fs. 16vta. y 17 de la causa n 53.831; resolución de fecha 29/10/76 y auto de fecha 08/11/76 obrantes a fs. 18/18vta. según foliatura de causa 53.831 por medio del cual se remite el expediente a la justicia federal, y se le corre vista al fiscal; dictamen fiscal de fs. 19; auto y oficio del 28/12/76 de fs. 19vta. y 20; actuaciones de fecha 30/12/76 obrantes a fs. 21 y 22 por medio del cual personal citador de la policía informa que HIDALGO para ese entonces se encontraba detenido a disposición del PEN; auto y oficio de fecha 19/01/77 de fs. 23vta. y 24; auto del 05/04/77 de fs. 25 vta.; copia del Decreto PEN 3011/76 e informe del 12/04/77 de fs. 27 y 28; auto de fecha 25/04/77 de fs. 28vta.; resolución de fs. 29 vta. y de fs. 31; dictamen fiscal de fecha 14/05/77 obrante a fs. 32; resolución de fecha 26/05/77 de fs. 32vta.; cédula de notificación de 08/06/77, obrante a f. 33, todo conforme foliatura de la causa n 53.831; b) Decreto del P.E.N. n 3011/76 por el cual Eduardo Alberto HIDALGO fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y Decreto del P.E.N. n 3055/78 por el que se deja sin efecto el arresto de la víctima, en copia certificada; c) Documentación de la Unidad Penitenciaria n 4 relativa a Eduardo Alberto HIDALGO obrante en cajas 13 y 14: ficha individual del interno; nota del 25 de noviembre de 1976, producida por el Ejército Argentino; nota del 23 de diciembre de 1978, suscripta por el Jefe de la División Enlace y Registro del Comando V Cuerpo del Ejército Argentino, Mayor Ricardo CORREA; d) cuaderno secuestrado en la unidad carcelaria de Villa Floresta, obrante en el sobre N 12, correspondiente a la Caja n 7 reservada en Secretaría del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca; e) Presentación de Eduardo Alberto HIDALGO como parte querellante obrante a fs. 89/90, y presentación en su carácter de Secretario General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca obrante a fs. 47/53 de la causa n 05/07 inc. 4 caratulado "Querellantes"; f) declaración testimonial prestada por Emilio CABEZAS, quien fue testigo presencial del primer operativo de secuestro de Eduardo Alberto HIDALGO; la cual se encuentra a fs. 9 de la causa "CAGGOSI de HIDALGO, María Julia den. Privación ilegal de la libertad: víctima: Eduardo Alberto HIDALGO" y que fuera incorporada por lectura; g) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 170 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel EMILIO J.F. IBARRA) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de HIDALGO a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.

17.- JESSENE de FERRARI, María Cristina

María Cristina Jessenne de Ferrari el día 20 de julio de 1976 fue a lo de su tía Antonia Mallia Gallotta de Donadio, quien se domiciliaba en la calle Hipólito Irigoyen n 252, depto. 6, piso "b" de la ciudad de Bahía Blanca.

Por la tarde fue a comprar unas cosas con la nieta de su tía y cuando regresó a la casa de esta última, había dos personas de civil y dos con uniforme verde con sus familiares que fueron a detenerla cuando no estaba. Le pidieron sus documentos y después de efectuar una llamada telefónica, le comunicaron a Jessenne de Ferrari que la llevarían detenida a la Unidad Regional 5 de la Provincia de Buenos Aires.

Después de la detención, sus familiares se dirigieron al lugar donde dijeron que la trasladarían y les dijeron que a Jessene de Ferrari la conducirían al Cuerpo V del Ejército Argentino.

Finalmente el 29 de julio de 1976, Luís Raimundo Jessenne hizo saber a través de una declaración testimonial que María Cristina había sido recuperada el día 28 de julio de ese año luego de haber estado detenida e incomunicada en el Comando del V Cuerpo de Ejército por nueve días.

En este sentido, no debe perderse de vista que otra de las víctimas llamada Felicitas Baliña, manifestó que entre las personas que pudo reconocer cuando estuvo en cautiverio se encontraba Jessene de Ferrari.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración de la misma María Cristina Jessenne (audiencia de fecha 11/10/2011 por la mañana); b) Alberto Ferraris (audiencia de fecha 11/10/2011 por la mañana), quien a la época de los hechos era el esposo de María Cristina Jessene, fue testigo de su desaparición y realizó gestiones para dar con su paradero; c) Enilde Beatríz Mallia de Jessenne (declaración testimonial de fs. 5 de la causa 9342, legajo 141 (Expediente 237 del registro de la CFABB), caratulada "JESSENNE DE FERRARI, María Cristina Víctima de: Privación ilegítima de libertad Bahía Blanca" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), madre de la víctima y testigo presencial del secuestro de su hija.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 9342 del Juzgado en lo Penal nro. 3 Sec. 6 (Expediente 237 CFABB) caratulado "JESSENNE DE FERRARI, María Cristina Víctima de: Privación ilegítima de libertad en Bahía Blanca"; b) Certificado de detención extendido por el Jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Argentino Cipriano TAUBER que acredita la detención de María Cristina JESSENNE en esa Unidad.

Se suma a ello la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo lugar en el transcurso del debate.

18.- LAURENCENA, Braulio Raúl

Braulio Raúl Laurencena (ingeniero químico, docente de la Universidad Nacional del Sur de la que había sido dejado cesante), fue detenido entre los días 18 y 19 de agosto de 1976, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Moreno n 45, piso 7, depto. 1 "a" de la ciudad de Bahía Blanca por personal del Ejército Argentino y se lo condujo hasta su casa -que estaba en construcción- sita en la calle El Divisadero n 125 del Barrio Palihue, la cual había sido rodeada por un gran despliegue de tropas armadas. Los captores revisaron ambas viviendas y se llevaron algunas pertenencias. Se mencionó que en la inspección del departamento intervino el Mayor Palmieri.

Laurencena permaneció privado de su libertad e incomunicado en el Batallón de Comunicaciones 181. Mientras tanto, se la citó a su mujer María Sebastiana Arozamena a la Delegación Bahía Blanca de Policía Federal y al Comando V Cuerpo de Ejército, donde fue interrogada. El Teniente Coronel Osvaldo Bernardino Páez -que pertenecía al Ejército-, entre varias preguntas, le consultó qué ambientes o viviendas se abrían con unas llaves que tenía su esposo.

El 6 de septiembre de 1976, alrededor de las 09:00 horas fue liberado Laurencena. Tiempo después, el referido Páez lo citó para reintegrarle alguno de sus libros, pero muchas de las demás cosas que le habían quitado no fueron devueltas. En dicha oportunidad, le dijo que de la investigación realizada más a fondo no surgían evidencias incriminatorias en su contra.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Braulio Raúl Laurencena (audiencia de fecha 18/10/2011 por la mañana).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo CONADEP 7619; b) Causa N 109(13), caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia LAURENCENA, Braulio R.".

19.- LÓPEZ, Horacio Alberto

Horacio Alberto López (quien junto a su esposa Estela Clara Di Toto trabajaban en la Municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca, desarrollaban tareas sindicales y estaban afiliados al Partido Comunista), el día 7 de mayo de 1976 estaba con su mujer, su hijo y sus vecinos Eduardo Alberto Martín y Dora Rosa D' Olivo de Martín -matrimonio- en su hogar ubicado en la calle Casanova n 183, PB, depto. "c" de dicha ciudad, cuando varias personas con el rostro cubierto y armadas (que tenían puestos pantalones y camperas de color azul y llevaban boinas) alrededor de las 23:30 horas irrumpieron en el lugar apuntando con armas de fuego.

En aquella ocasión, estos sujetos ataron las manos y vendaron los ojos de López y Di Toto, quienes habían sido obligados a tirarse al suelo. Luego, los subieron a un vehículo a bordo del cual los llevaron hasta "La Escuelita", mientras las restantes personas que estaban con ellos permanecieron encerradas en una de las habitaciones de la casa.

Sobre el centro clandestino de detención mencionado, las víctimas indicaron que estaba ubicado en una zona descampada, ya que se oían mugidos de vacas y sonidos del paso de vehículos y ferrocarriles; y, en alguna ocasión, ruidos característicos del despegue o aterrizaje de un avión. Agregaron que se trataba de una "casona" con al menos dos habitaciones y un comedor, donde había varias personas detenidas, que permanecían atados a camas metálicas. López sólo podía abandonar esa posición cuando era llevado al comedor o al exterior de la vivienda para hacer sus necesidades fisiológicas.

Asimismo, manifestó que en dos ocasiones lo llevaron a un galpón ubicado a escasos metros de "La Escuelita", donde lo sometieron a apremios y lo amenazaron con aplicarle picana eléctrica, mientras lo acusaban de formar parte del E.R.P. y lo interrogaban para que hablara de otros integrantes de dicha organización que trabajaran en la Municipalidad; para intentar defenderse López expresó que en realidad era del Partido Comunista y el Coronel Álvarez podía constatarlo. A raíz de ello, López también fue interrogado sobre cuestiones vinculadas al partido que dijo pertenecer, cuya intensión habría sido establecer el grado ideológico de su persona. Por otro lado, se lo obligó a rubricar una declaración realizada por otra persona a lo largo de los interrogatorios y fue fotografiado.

Padeció otros tormentos, tales como simulacros de ataques al lugar donde estaba detenido, amenazas de muerte y la utilización de roedores que eran colocados arriba de su cuerpo y rostro.

Explicó que algunos de los que operaban en el lugar tenían puesta ropa de color verde oliva que era del tipo de fajina de ejército, pero aparentemente sin insignias identificatorias. Asimismo, se mencionó que quienes efectuaban los maltratos o vigilaban a los detenidos eran apodados "zorzal" y "calandria".

Alrededor del 17 de mayo de 1976, alrededor de las 23:00 horas, fue trasladado a bordo de un vehículo marca "Citroen" que circuló aproximadamente 15 minutos hasta llegar al Parque de Mayo, donde fue liberado.

Como Horacio sufrió problemas psíquicos por haber permanecido recluido por espacio de diez días aproximados con los ojos vendados, con su mujer decidieron irse a vivir al campo buscando mejorar el estado anímico.

López siete años después del episodio concurrió al V Cuerpo de Ejército para participar de una inspección ocular llevada a cabo por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Allí pudo identificar los cimientos de donde existiera presuntamente un galpón donde era interrogado, coincidiendo al hacer esta evaluación, con la distancia existente entre dicho galpón y una casa cercana de la que guarda recuerdo de su detención en el año 1976. Asimismo reconoció un eucaliptus grande situado en dirección sureste de la construcción, el que pudo apreciar en una oportunidad en que era llevado al exterior de la construcción para realizar sus necesidades fisiológicas. A su vez, reconoció otras coincidencias el lugar que había estado detenido y el sitio inspeccionado como la cercanía de la ruta y sus sonidos característicos, el ruido del tránsito entre las vías férreas, los restos de materia fecal de ganado vacuno, la existencia de bebederos para animales.

La víctima también hizo alusión coincidente distancia entre el centro clandestino de detención y la ruta que habían tomado sus captores para trasladarlo.

Cabe destacar que Abdel Edgardo Vilas, Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército, Jefe del Estado Mayor y comandante de la Sub zona 51, admitió sobre el matrimonio secuestrado que "ambos figuraban en las listas de personas a detener por disposición de la Junta de Comandantes Generales, se las buscó y se logró su detención" y advirtió que en el caso de Estela Clara Di Toto su liberación fue por falta de mérito dos días después de su captura, ya que "pertenecía a un partido y advertimos que no tenía relación con la subversión", pero la situación de su esposo fue diferente porque tenían dudas y a raíz de eso lo mantuvieron 15 días detenido en averiguación de antecedentes.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Horacio Alberto López (audiencia de fecha 14/09/2011 por la mañana).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 50.661 del Juzgado en lo Penal n 1 Secretaría n 1 de Bahía Blanca, caratulada "DI TOTO de LOPEZ Estela y LOPEZ PEDRIEL, Horacio Alberto Víctimas de Privación Ilegítima de la Libertad" (Expediente n 256 del registro de la CFABB); b) Legajo CONADEP n 7740; c) Legajo CONADEP N 7739; d) "Testimonio para ser presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Cívica Radical" suscripto por Horacio Alberto LÓPEZ PERDRIEL y Estela Clara DI TOTO y agregado en la causa N 109 (9), caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia s/LÓPEZ Horacio Alberto y DI TOTO de LÓPEZ, Estela Clara".

20.- MARTÍNEZ, Susana Margarita

Susana Margarita MARTÍNEZ fue secuestrada junto con su marido, Ricardo Horacio GAITÁN, entre el 10 y el 11 del mes de octubre de 1977, en su domicilio sito en la calle San Martín, entre Las Heras y Alvear, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, en horas del mediodía mientras se encontraban almorzando. En esa oportunidad un grupo de sujetos numerarios de la policía de la provincia de Río Negro se hizo presente en su domicilio y los detuvo, junto con sus hijos menores de 1 y 3 años.-

Cabe destacar que días previos a que ello sucediera, MARTÍNEZ ya había vivenciado episodios que la hacían sospechar respecto de que se la estaba persiguiendo; así, el 6 de septiembre de ese mismo año, fue declarada afectada por la "ley provincial de prescindibilidad", en su trabajo del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, haciéndole saber que los motivos de tal aplicación resultaban ser que ser que era considerada "un factor de perturbación real o potencial en el lugar de trabajo". Asimismo, en días previos, personal de la Policía Federal se había hecho presente en su domicilio, sin poder dar con la víctima; sumado a ello, MARTÍNEZ tuvo conocimiento que amigas de ella habían sido secuestradas en días anteriores. Según declaró ante el Tribunal, supo luego que el operativo de la federal había sido efectuado de manera conjunta con personal de la policía provincial y del ejército, y en su opinión, la buscaban para detenerla por unos días mientras durara la visita del Gral. VIDELA en esa zona.-

Luego del secuestro en su domicilio, MARTÍNEZ, junto con su esposo y sus dos hijos fueron conducidos a la Comisaría Primera, y separados en dos habitaciones diferentes, quedando los menores con la madre, hasta que un matrimonio amigo arribara en busca de los niños para su guarda; tras ello, hicieron subir a la víctima y a su marido por separado a dos vehículos, iniciando trayecto hacia la ciudad de Bahía Blanca, por la ruta nacional nro. 3. Dicho recorrido se efectuó sin haberles vendado los ojos a las víctimas, mas, al llegar a la intersección de dicha ruta con la que tiene dirección al Alto Valle, los el personal policial detuvo la marcha, y los intercambiaron a otro rodado, entregándolos de esta manera a personal del Ejército, quienes los hicieron viajar sobre el piso de la parte de atrás del vehículo y esta vez sí vendados los ojos, conduciéndolos al CCD conocido como la "Escuelita" dependientes del V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca. Allí, la víctima describió al personal militar que los recibió como un sujeto de gran tamaño, pelo blanco, voz muy potente autoritaria a quien apodaban "el tío" y que luego supo que se trataba de quien fuera identificado por otras víctimas en la causa como Santiago CRUCIANI.-

En el CCD fue separada de su marido, y a ambos en ese primer momento se los interrogó bajo tortura mediante la aplicación de picana eléctrica por el cuerpo; en otra oportunidad fueron nuevamente interrogados, aunque sin aplicación de tormentos. Durante su cautiverio por unos diez días aproximadamente, permanecieron con los ojos vendados y esposados de pies y manos en una cama acostados.-

En tanto la víctima y su marido se encontraban cautivos, su padre comenzó su búsqueda, presentándose en primera instancia ante la Comisaría Primera de Viedma de la Policía de Río Negro, en donde le hicieron saber que se encontraba "a disposición de la justicia militar", entregándole el rodado de la marca Fiat modelo 128 Berlina perteneciente a GAITÁN, junto con una certificación de ello de fecha 18/10/1977 firmada por el Comisario Miguel Ángel VAN DER SANDT, en donde se da cuenta de tales circunstancias |7|.-

Con ello, el padre de la víctima se hizo presente ante oficinas del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca a los fines de averiguar respecto del destino de su hija y de su yerno, para lo cual, ante la negativa de tenerse conocimiento de la detención éstos, exhibió la documentación que se le entregara en la comisaría, lo que causó cierta sorpresa e incomodidad al personal que lo atendió.-

Transcurridos unos diez días aproximadamente de cautiverio en el CCD, MARTÍNEZ y su esposo fueron sacados de allí con el argumento de que iban a quedar en libertad, para lo cual los subieron a un auto vendados y atados, dejándolos en un lugar descampado, y amenazándolos con que si se quitaban las vendas antes de que ellos se retiraran, los matarían. A continuación de ello, se hicieron presentes en un rodado dos sujetos del Ejército, jóvenes, que los trasladaron a la Unidad Penal nro. 4 de Villa Floresta del Servicio Penitenciario Bonaerense, entonces a cargo de ANDRÉS REYNALDO MIRAGLIA. Según descripción de la víctima, el personal militar que efectuó su traslado hasta la Unidad carcelaria sería el mismo que días después se apersonó allí y los interrogó una o dos veces, señalando a NÚÑEZ como el personal del SPB que hacía de nexo con el Ejército, amén de estar encargado de los presos políticos.-

Una vez en la UP 4, los alojaron junto con presos comunes, y que en ese momento supo que allí eran tres las detenidas políticas, e indicó que a su ingresó fue recibida por la esposa de Núñez, que era celadora de las mujeres detenidas; pudo recibir visitas de sus familiares días después de su ingreso, sin habérseles permitido ver a sus hijos.-

Fue liberada con fecha 30 de noviembre de 1977.

Prueba:

Tales hechos se encuentran fehacientemente acreditados a partir de las siguientes probanzas: a) declaración testimonial prestada ante el Tribunal por la misma víctima SUSANA MARGARITA MARTÍNEZ de fecha 15/02/2012 por la mañana; b) declaración de fecha 15/02/2012 por la mañana ante el Tribunal de Ricardo Horacio GAITÁN -marido de la víctima al momento de los hechos-, quien dio cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.-

Y por la siguiente documental incorporada al debate: a) Expediente 02/07 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulado: "MARTÍNEZ Susana Margarita s/ Denuncia Privación ilegal de la libertad y torturas"), en especial: acta de entrega de fs.3 de fecha 18/10/1977 por medio de la cual el Comisario de la Seccional 1ra. de la Policía de la provincia de Ríos Negro hace entrega del rodado de Gaitán al padre de la víctima MARTÍNEZ y en donde se deja asentado de la detención de éstos a disposición de la justicia militar; nota de fs.4 por medio de la cual se solicita "al Mayor Sierra" entrevista con los familiares de la víctima a efectos de tener información respecto de su paradero; b) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Susana Margarita MARTÍNEZ obrante en cajas de documentación n 13 y 14; c) Legajo CONADEP 2233.

21.- MEDINA, Mario Edgardo

Fue secuestrado en la madrugada del 23 de marzo de 1976, de su domicilio ubicado en el Barrio Tiro Federal de Bahía Blanca, mediante un operativo militar a cargo del Gral. Abdel Vilas, quien participó personalmente de su detención.-

Luego de ser detenido junto a su mujer, Mirta Justa Bustos, ambos fueron conducidos a dependencias del Comando V Cuerpo del Ejército. Medina fue alojado en una oficina ubicada a la izquierda de la entrada donde pasó todo el día.-

Al momento de su detención era Diputado provincial por el FREJULI, cargo que conocían sus captores. Ese mismo día fueron detenidas otras ocho personas. Al producirse el golpe de Estado, se intensifican los maltratos recibidos por Medina. Fue interrogado, durante su cautiverio, por el Gral. Vilas acerca del Gral. Perón.-

La noche del 24 de marzo de ese año, lo trasladaron esposado y vendado en una camioneta por el camino de La Carrindanga, hacia la zona de las caballerizas del Comando. Fue separado de su mujer y lo llevaron hacia un galpón, donde oyó voces de otras personas e interrogatorios. En cercanías de ese galpón es interrogado. Luego lo atan de pies y manos juntos y lo sumergen a un piletón con agua (método de tortura conocido como "submarino").-

Los interrogadores se identificaban como miembros del batallón 601 de inteligencia. Permaneció unas horas en el lugar y posteriormente fue conducido al Centro Clandestino de Detención "La Escuelita", dentro del predio del V Cuerpo de Ejército, donde fue interrogado y sometido a torturas.-

En una oportunidad fue llevado a dependencias del Comando, y mientras estaba esposado y apuntado por ametralladoras, fue interrogado por el entonces Juez Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca, Dr. Guillermo Federico Madueño.-

Asimismo, mientras se encontraba ilegalmente detenido, su domicilio fue saqueado.-

Desde "La Escuelita" se lo trasladó junto a otras siete personas a la cárcel de Villa Floresta. El 1 de abril de 1976 fue puesto a disposición del P.E.N y después de un mes trasladado en avión a la cárcel de Rawson.-

En septiembre de 1977 fue trasladado a la Jefatura de la Policía en La Plata, haciendo escala en Bahía Blanca, pasando dos o tres días en la Comisaría del Barrio Noroeste.-

En la Jefatura de Policía de La Plata permaneció tres meses durante los cuales fue interrogado y torturado con aplicación de electricidad en su cabeza, pies y genitales.-

Desde La Plata lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Rawson. Luego fue llevado a la Cárcel de Caseros, hasta que el 20 de agosto de 1980 se lo liberó, bajo el régimen de libertad vigilada.-

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Mario Edgardo MEDINA (audiencia de fecha 13/09/2011 por la mañana); b) Mirta Justa BUSTOS (audiencia de fecha 13/09/2011 por la mañana), ex cónyuge de la víctima, quien -el día 23 de marzo de 1976 en horas de la madrugada- fue detenida junto con su marido en un operativo desplegado por personal militar y de la Policía Federal Argentina; c) Ricardo CARDINALLI (audiencia de fecha 13/09/2011 por la tarde), vecino de la víctima, fue detenido en el mismo procedimiento que Mario Edgardo MEDINA, y trasladado junto con este al CCD "La Escuelita" y posteriormente a la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta; d) Rubén Aníbal BUSTOS (audiencia de fecha 13/09/2011 por la tarde), ex cuñado de la víctima, con quien estuvo detenido en el CCD "La Escuelita" en donde fue torturado; e) María Marta BUSTOS (audiencia de fecha 13/09/2011 por la tarde), ex cuñada de la víctima, quien -habiendo tomado conocimiento que sus hermanos y Mario Edgardo MEDINA habían sido detenidos-realizó gestiones ante las autoridades militares para procurar conseguir la liberación de los nombrados; f) Saturnino Aníbal LAMBRECH (audiencia de fecha 07/09/2011 por la tarde), quien estuvo detenido en el CCD "La Escuelita", lugar del cual fue trasladado en el mismo vehículo que Mario Edgardo MEDINA hacia la Unidad Penal 4 de Villa Floresta; g) Pedro Víctor COLOMA (audiencia de fecha 13/09/2011 por la tarde), quien fue detenido el día 23 de marzo de 1976, y compartió la detención con la víctima de este apartado en la Unidad Penal 4 de Villa Floresta; h) Miguel Antonio CASTRO -conf. art. 391 C.P.P.N.- (obrante a fs. 19.111/19.114 de la causa n 05/07), fue secuestrado y recluido en el centro clandestino de detención "La Escuelita" donde pudo hablar brevemente con MEDINA.

Y también se encuentra probado por la documental y demás elementos de prueba incorporados: a) Causa n 179/76 caratulada "Bustos René Eusebio, BUSTOS Raúl Agustín, BUSTOS Rubén Aníbal, COLOMA, Pedro Víctor, CASTIA, Jorge Raúl, CARDINALE Ricardo, MEDINA Edgardo s/ Infracción Ley de Seguridad Nacional 20.840 B. Blanca", del Juzgado Federal de 1 instancia de Bahía Blanca en forma íntegra, en un total de 3 cuerpos, 497 fs; b) Legajo Penitenciario de la Unidad Carcelaria n 4 de Mario Edgardo MEDINA, cajas de prueba nros. 13 y 14); c) Copias de los publicaciones periodísticas obrantes a fojas 1406vta. /1414 de la causa 05/07.

22.- MENNA de TURATA, Estrella Marina

En este juicio se tuvo asimismo por acredita que con fecha 20 del mes de julio del año 1976, siendo aproximadamente las 18.00 horas, Estrella Marina MENNA DE TURATA fue secuestrada en su hogar ubicado en la calle Fitz Roy nro. 238 de esta ciudad, por un grupo de unas catorce personas uniformadas y algunas armadas con "armas largas". El procedimiento se hizo ante la mirada de varios testigos de la zona, haciéndola subir a una camioneta conducida por un soldado conscripto, y por dichos de los mismos sujetos, supo que entre ellos había un subteniente y un teniente, a quien pudo observar con una lista en la mano que contenía varios nombres de otras personas que como ella serían blanco de secuestro. Iban junto con ellos otros dos camiones del ejército que transportaban más detenidos, y durante el recorrido se efectuaron más procedimientos similares en los que se detuvo a más personas, hasta llegar en las primeras horas de la noche al Batallón de Comunicaciones 181 "Mayor Santiago Buratovich" del Ejército.-

Una vez allí, vendaron a los detenidos evitándoles la visión, pero a MENNA DE TURATA le envolvieron la cabeza en una frazada ante la resistencia de ésta, tras lo cual se dividió a los secuestrados, llevándose a algunos a un lugar diferente, siendo ella conducida a un cuarto que rezaba "Capellán" y que estaba pegado a la oficina de guardia. Luego de ello, le descubrieron la cabeza, y se encontró con que allí había una joven más, que al igual que ella se la había tapado con una frazada y que estaba amarrada. Horas después, ya pasada la medianoche, se la llevó hasta la oficina continua y ante la presencia de un Capitán del Batallón de Comunicaciones 181 de nombre Raúl Oscar OTERO, le tomaron sus datos personales, y éste a su vez le vendó los ojos colocándole unos algodones indicándole que el paso siguiente sería el interrogatorio.-

Luego de ello, se la subió a un auto que dio varias vueltas confusas, se detuvo, se la hizo bajar y ubicarse contra una pared externa de una edificación desde la cual podía escuchar algunas voces como murmullos, pero también gritos, amenazas de muerte y simulacros de fusilamiento.-

Fue ingresada a la edificación e interrogada sobre si conocía a ZULMA MATZKIN, dijo que sí, a lo que le indicaron que prestara atención pudiendo a continuación escuchar el saludo de ésta; ello le dio la pauta que Matzkin la podía ver en ese mismo momento, y estuvo allí escuchando el interrogatorio que se le hacía.-

Tras ello, se le ataron las manos y se la alejó de allí, y se la dejó esperando allí afuera por un rato hasta que terminó por desvanecerse; cuando recuperó el conocimiento, vio que la habían llevado a la misma sala del "Capellán" en la que hubiera estado en un primer momento, en donde se encontraban además un médico del servicio militar que la revisó y también el Teniente Coronel Argentino Cipriano TAUBER.

Su paso por allí se encuentra probado en esta causa a partir de la declaración de otra de las víctimas en este juicio, María Felicitas BALIÑA con quien compartió parte de su cautiverio, y quien declaró ante el Tribunal el día 28/09/2.011 por la tarde.-

Hacia finales del mes de agosto de 1976, se le comunicó que se la trasladaría a la Unidad Penal nro. 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Dicha noticia causó una descompensación en MENNA DE TURATA, por lo que se la condujo al Hospital Militar donde fue atendida por la Dra. ZILIO.-

Luego de ello, y con fecha 19/08/1976 (conforme lo que surge del libro de registros de internos reservado en caja 7), se la trasladó a dicha unidad carcelaria, donde compartió celda con otras mujeres que habían sido sometidas a tortura por aplicación de picana eléctrica; entre dichas compañeras se encontraba Graciela Iris JULIÁ |8|, quien en una oportunidad fue sacada de la Unidad Penal durante la noche para ser interrogada, y cuando volvió expresó a sus compañeras en referencia a la sesión de tortura a la que fue sometida que "esa vez le habían dado suave".

Durante su paso por la UP 4, Menna de TURATA fue asistida en su embarazo en el Hospital Militar, diagnosticándosele complicaciones que impedían un parto natural, por lo cual se recomendaba su traslado a la brevedad a alguna Unidad preparada para tal circunstancia |9|.-

MENNA DE TURATA permaneció en la UP 4 hasta finales del mes de noviembre de 1976, cuando, ya avanzado su embarazo y debido a un diagnóstico médico que aconsejaba el traslado a la brevedad, se la llevó en un vehículo celular a la Base de Aviación Naval "Comandante Espora", donde se la hizo abordar atada, esposada y con los ojos vendados un avión perteneciente a las fuerzas militares, durante cuyo trayecto se la hizo permanecer por más de veinte horas enganchada al piso con una cadena.-

Luego de un largo recorrido -que pasó inclusive por la ciudad de Azul y se cargó más detenidos-, el avión aterrizó en Buenos Aires, y llegado el momento de descender, MENNA fue empujada lo que hizo que cayera de espaldas por la escalera, movimiento éste que hizo para proteger a su bebé, que ya contaba con unos 8 meses de gestación. Dicha maniobra le causó una fractura de vértebra, sin recibir por ello ningún tipo de atención médica y por la que en 1978 debió de someterse a una operación quirúrgica.-

En Buenos Aires fue conducida a la Unidad Penal de Villa Devoto, y al día siguiente se la trasladó a la cárcel de Olmos, en cuyo hospital dio a luz con fecha 21 del mes de diciembre de 1976 a su hija, que fue retirada desde allí por su esposo Walter Turata.-

Finalmente, fue nuevamente trasladada a la Unidad de Villa Devoto, y después a la "Coordinación Federal", desde donde recuperó su libertad el 21 de julio de 1977.

Prueba:

Que los hechos narrados se encuentran acreditados asimismo por las declaraciones testimoniales prestadas ante el Tribunal de: a) Estrella Marina MENNA de TURATA quien en su declaración de fecha 27/09/2011 por la tarde dio cuenta al Tribunal de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos; b) José María GUTIÉRREZ de fecha 27/09/2011 por la tarde, quien fue secuestrado por el mismo operativo de detención de la víctima y que fue recluido en el CCD "La Escuelita" en donde compartió cautiverio con otras víctimas; c) Graciela Iris JULIÁ de fecha 27/09/2011 por la tarde, quien fue secuestrada y alojada en el centro clandestino de detención "La Escuelita", luego trasladada a la Unidad Penitenciaria n 4 donde permaneció junto a otras presas políticas entre ellas, Estrella MENNA que estaba embarazada y quien además refirió las difíciles condiciones en que transcurrió su estadía allí.-

Como así también a partir de la siguiente documental incorporada por lectura al juicio: a) Decreto del P.E.N. n 1829 en donde se da cuenta de su puesta a disposición de ese poder en 24/08/76; b) Ficha Individual de la Unidad Penal n 4 correspondiente a Estrella MENNA de TURATA por medio de la cual se registró su ingreso (Caja de documentación n 13 y 14); c) Causa N 86 (8) caratulada: "Subsecretaría De Derechos Humanos s/ Denuncia (Izurieta, María Graciela)" en donde constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos de los cuales fue víctima; d) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 172 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel EMILIO J.F. IBARRA) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de MENNA DE TURATA a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.-

Se suma a ello la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo lugar en el transcurso del debate.

23.- MONGE, Juan Carlos

Que se encuentra probado en este juicio que Juan Carlos MONGE fue secuestrado por un grupo de varios sujetos vestidos de civil que ingresaron en el patio de su casa, sita en la calle Rondeau nro. 1.132 de esta ciudad, el día 1 del mes de noviembre de 1976, ente las 9 y las 10 horas aproximadamente, mientras se encontraba con su hija menor, su madre, una amiga de su pareja María Eugenia FLORES RIQUELME y un conocido de ellos que cumplía funciones ante la Gendarmería Nacional -Delegación Sur-. Desde allí ingresaron al interior de la vivienda, y mientras la requisaron interrogaban a MONGE respecto del movimiento "Montoneros".-

Al hallar entre sus pertenencias una foto de él vestido con uniforme de la Policía de la Base Naval Puerto Belgrano (por haber en otro momento prestado servicios ante la misma), los secuestradores reaccionaron de manera agresiva, y uno expresó: "Entonces este es uno de los hijos de puta que nos hacen la boleta cuando vamos a la Base Naval".

Dentro del grupo de personas que llevaron a cabo el operativo (las cuales portaban armas tanto cortas como largas), una se identificó como oficial de la Policía, aunque sin mostrar credencial alguna. En dicho procedimiento, se le pregunto a MONGE respecto de su mujer, y ante su respuesta de que la misma se encontraba trabajando en ese momento, le requirieron la dirección en donde poder ubicarla ya que le aseguraron que a ella también la irían a buscar.-

Luego de ello, MONGE fue subido a un vehículo, pudiendo advertir en ese momento que en las afueras de su domicilio se encontraban apostados varios vehículos (unos cinco) y también un grupo de unas 20 personas armadas.-

Pudo seguir una parte del recorrido que efectuó el rodado al que fue subido, recordando que se condujo por la misma calle Rondeau hasta llegar a la calle Avellaneda, donde dobló hacia la derecha. En ese trayecto uno de los secuestradores le tapó la cabeza con una campera y lo colocó boca abajo y lo obligó a mantenerse así apuntándolo en la cabeza con el cañón de un arma, durante todo el viaje, que duró unos 45 minutos. A pesar de todo ello, MONGE pudo advertir que el último tramo del viaje fue sobre un camino de tierra: el lugar al que fue conducido fue el CCD "La Escuelita", y al llegar allí, se lo mantuvo vendado, bajo la amenaza de que si quería sobrevivir, no debía abrir los ojos.-

Acto seguido, y tras propinarle varios golpes, fue conducido hacia un cuarto al que se denominaba "El Quirófano", en donde lo obligaron a quitarse la ropa, lo ataron sobre una cama de hierro, le rociaron agua y comenzaron a aplicar electricidad sobre el cuerpo mientras lo interrogaban. En tanto esto sucedía, una persona ingresó en el cuarto de tortura, e indicó al ejecutor que la mujer de MONGE (FLORES RIQUELME) trabajaba en la casa "de los suegros de RIVERA", respecto de lo cual se pidió explicaciones a MONGE, quien refirió que su pareja cuidaba a los hijos de Carlos RIVERA en el domicilio de los suegros, donde la esposa de éste se había alojado allí por seguridad, debido al secuestro de su marido poco antes (en el mes de octubre).-

Luego de una larga sesión de tortura, se condujo a MONGE a un cuarto en el cual fue recostado y atado a una cama que no tenía colchón. A poco de ello, y desde allí, pudo escuchar gritos de su mujer, lo que le hizo caer en la cuenta que efectivamente a ella también la habían secuestrado, y que en ese momento estaba siendo torturada.-

Asimismo, pudo percibir a los pocos días de haber estado en cautiverio, la voz de CARLOS RIVERA, quien desde algún rincón del mismo cuarto en el que se encontraba, le preguntó por su mujer e hijos y que tenía esperanzas de salir vivo de allí.-

También durante su cautiverio escuchó en más de una oportunidad gritos de otras personas que se encontraban en similar situación que él, mientras eran torturadas. Entre las víctimas que pudo advertir la presencia y con las que después se reencontró en la Unidad Penal nro. 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, se encuentran Eduardo CHIRONI, Oscar BERMÚDEZ, Armando LAURETTI, Pablo BOHOSLAVSKY, Julio Alberto RUIZ y Rubén Alberto RUIZ, José Luís ROBINSON, Eduardo ALVAREZ y Ricardo PEREZ.-

Las sesiones de tortura por él sufridas mientras estuvo en el CCD, MONGE se le aplicaron casi diariamente, con duración de hasta dos o tres horas, mientras se lo interrogaba y en algunas oportunidades incluso se le exhibieron fotografías de otras personas a las que se catalogaba de "sospechosas" y se le preguntaba acerca de las mismas.-

Otro de los tormentos a los que se vio sometido MONGE, fue el haberlo "estaqueado" fuera del recinto durante todo el día y la noche, lo que le acarreó pérdida del conocimiento (divagaba), amén de serias dificultades para caminar.-

Fue también colgado durante todo un día por los brazos, y sin tocar el piso, en una especie de boca de cloaca, en donde el agua le sobrepasaba la cintura, soportando además la caída del agua de la misma sobre su cabeza como consecuencia del desagote que se efectuaba por medio de una manguera especialmente colocada en la boca de la cloaca con ese fin.-

También en dos oportunidades, MONGE fue retirado del CCD y conducido al centro de la ciudad, obligándoselo a permanecer de pie, quieto, en el cruce de las calles Lavalle y San Martín y utilizándolo de "anzuelo" para corroborar si salían a su encuentro otros militantes buscados.-

Además de las torturas físicas, MONGE también se vio sometido a torturas psicológicas. Entre ellas, además de las deplorables condiciones en las que se lo tenía detenido, se puede mencionar la oportunidad en que lo desataron de la cama a la que se encontraba sujeto y lo obligaron a presenciar la tortura de un compañero de trabajo en la empresa Petroquímica de nombre Néstor JUNQUERA, quien también es víctima en este juicio y quien a la fecha está desaparecido.-

Debido a las propias características que hacían a la clandestinidad de su cautiverio, MONGE no podía tener noción del transcurso del tiempo, como tampoco saber en qué lugar se encontraba, aunque sólo pudo advertir que se trataría de una construcción más bien antigua, tipo casa de campo, y que la misma se encontraba alejada de otras viviendas, debido a haber escuchado en algunas oportunidades el sonido de disparos de armas de fuego.-

Asimismo, durante su tiempo detenido en el CCD, pudo escuchar los apodos de algunos de los guardias y de quienes lo interrogaban, entre los que recordó "Zorro", "Abuelo", "Zorzal", "Perro". Mencionó además que quien solía conducir los interrogatorios y ser una de las voces de mando en el CCD era el "Tío". Dicho manejo pudo además corroborarlo cuando, por ejemplo, "El Tío" intentó persuadirlo de que si entregaba a los militantes políticos con los que él se relacionara, se lo dejaría en libertad junto con su mujer.-

Tras haber permanecido MONGE más de un mes en "La Escuelita", con fecha 24 de diciembre de 1976, fue conducido en un vehículo -junto con su mujer MARÍA EUGENIA FLORES RIQUELME, JOSÉ LUIS ROBINSON y EDUARDO CHIRONI- a un descampado, en donde fueron a su vez cambiados a un camión que finalmente los trasladó a la Unidad Penal nro. 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, entonces a cargo de HÉCTOR LUIS SELAYA.-

Allí estuvo alojado allí hasta el mes de agosto de 1977 |10, cuando fue trasladado a la Unidad Penal de Rawson y luego desde allí, en febrero de 1979 a Buenos Aires, sin saber con certeza a dónde, aunque dedujo que a la "Coordinación Federal", en donde permaneció privado de libertad hasta el 13 de marzo de ese año, cuando salió del país con opción, con destino a Bélgica.-

Prueba:

Los hechos se encuentran probados a partir de los siguientes elementos: a) declaración testimonial de JUAN CARLOS MONGE de fecha 25/10/2011 por la mañana ante este Tribunal en la que dio cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos; b) declaración testimonial por videoconferencia desde Chile de fecha 27/03/2012 por la tarde de MARÍA EUGENIA FLORES RIQUELME, quien fuera compañera de MONGE al momento de ocurridos los hechos, fue también secuestrada y alojada en el centro clandestino donde pudo tener contacto con él antes de que fuera trasladado a la cárcel, quedando ella en el centro clandestino.-

Como así también por la prueba documental incorporada al presente juicio: a) Decreto del P.E.N. n 00001/77 por medio del cual se dispone su pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y Decreto 178/79, ambos en copia certificada; b) Ficha Individual de la Unidad Carcelaria n 4 correspondiente al interno Juan Carlos MONGE obrante en las cajas de documentación nro. 13 y 14 reservadas en Secretaría; c) Expediente n 94 del registro de la CFABB caratulado "IZURIETA María Graciela s/ Habeas Corpus", específicamente, oficio del Servicio Penitenciario de fs.271 y nómina de detenidos de la Unidad Penitenciaria 4 de fs.272/277; d) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 172 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel EMILIO J.F. IBARRA) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de MONGE a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.-

24.- NÚÑEZ, Héctor

Héctor Núñez (quien trabajaba en la Tesorería de la Municipalidad de Bahía Blanca -como Claudio Collazos-), fue secuestrado entre los días 19 y 20 de marzo de 1976 por personas vestidas de civil que dijeron pertenecer a la Policía Federal Argentina y lo retiraron de la Municipalidad, colocándolo a la parte trasera de un automotor, donde le cubrieron la cabeza con su ropa de abrigo y lo hicieron agachar. En esas condiciones, fue conducido hasta "La Escuelita", en cuyo lugar lo mantuvieron con los pies y las manos inmovilizadas y el rostro cubierto.

Allí, fue interrogado mientras se lo torturaba con una picana eléctrica y golpes. Estuvo en este sitio hasta el día 24 de marzo de 1976, cuando fue llevado hasta una obra en construcción en calle Terrada a la altura catastral 1600, donde fue dejado en libertad.

Este hecho podría guardar relación con el de Claudio Collazos, ya que habrían sido secuestrados en la misma fecha y los dos se desempeñaban en idéntico lugar. Incluso, por un problema personal que tuvo Núñez en el año 1977, Collazos lo contactó con quien se hacía llamar Mario Mancini, el cual Héctor advirtió que era uno de los interrogadores del centro clandestino de detención donde había estado (por la voz y las cosas personales que sabía de él).

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Héctor Enrique Nuñez (audiencia de fecha 27/09/2011 por la mañana); b) Ofelia Camagni (audiencia de fecha 27/09/2011 por la mañana), esposa de la víctima que denunció ante la Seccional Primera de Bahía Blanca de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que empleadas de la Municipalidad le informaron que su esposo había sido retirado de su lugar de trabajo por dos personas que se identificaron como de la Policía Federal; c) Nora Eugenia Martínez Camagni (audiencia de fecha 27/09/2011 por la tarde), secretaria de Bienestar Social de la Municipalidad de Bahía Blanca, denunció ante la Seccional Primera de Bahía Blanca de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que Néstor José González Gago le hizo saber que ese día dos personas que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal, se habían llevado a Héctor Nuñez; d) Néstor José González gago (audiencia de fecha 13/09/2011 por la tarde), al momento de los hechos era director general de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Bahía Blanca, que al ingresar al estacionamiento de su lugar de trabajo observó a Núñez caminar junto a 2 personas desconocidas y supo luego del secuestro producido por ser Núñez integrante del personal a su cargo; e) Edith Mabel Susemihl (decl. test. fs. 13 c. n 187 J. F 1 B.Blanca (Expediente 139 del registro de la CFABB) caratulado "NUÑEZ, Héctor Enrique por den.: Privación ilegal de libertad. B. Blanca", incorporada a la causa 86(14) "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia (Collazos, Claudio)" -conf. art. 391 C.P.P.N.-), jefa de despacho de la Secretaría Privada de la Municipalidad de Bahía Blanca al momento de los hechos, supo a través de Néstor José González Gago que 2 personas se habían presentado como pertenecientes a la Policía Federal, exhibido sus credenciales, y luego se habían llevado a Héctor Nuñez; f) Leonardo Cucci (decl. test. de fs. 14 en la causa n 187 J. F 1 B.Blanca (Expediente 139 del registro de la CFABB) caratulado "NUÑEZ, Héctor Enrique por den.: Privación ilegal de libertad. B. Blanca", incorporada a la causa 86(14) "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia (Collazos, Claudio)" -conf. art. 391 C.P.P.N.-).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: Expediente n 187 del Juzgado Federal de 1 instancia de Bahía Blanca (Expediente 139 del registro de la CFABB) caratulado "NUÑEZ, Héctor Enrique por den.: Privación ilegal de libertad. B. Blanca"

25.- PARTNOY, Alicia Mabel

Que a tenor de las probanzas producidas y agregadas en el presente juicio, se tiene por acreditado que con fecha 12 del mes de enero del año 1977, en horas del mediodía, ALICIA MABEL PARTNOY, de entonces 21 años, fue secuestrada por personal militar, entre los cuales se encontraban integrantes de la "Agrupación Tropa" o "Equipo de Combate contra la Subversión" pertenecientes al Comando Quinto Cuerpo de Ejército, en oportunidad de encontrarse en su domicilio de la calle Canadá nro. 240 de esta ciudad, junto con su hija menor de edad, Ruth Irupé, en tanto su marido CARLOS SANABRIA trabaja en un comercio de venta de neumáticos (y quien en esa misma fecha, seguido de ella, también se procedió a secuestrar).-

Vale hacer mención que, al momento de los hechos, Alicia Partnoy era estudiante de la carrera de Literatura y Letras en la Universidad Nacional del Sur y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

El procedimiento se produjo por medio de la fuerza, y con el desarrollo de un gran despliegue. Al advertir Partnoy que alguien llamaba a su puerta, se acercó a la misma, y pudo oír que alguien la estaba pateando fuertemente y al preguntar ella quién era, del otro lado recibió como respuesta "Ejército", lo cual hizo ella optara por huir de allí. Conforme explicaciones efectuadas al declarar ante el Tribunal, dicha reacción fue generada asimismo al recordar varios casos similares al que estaba viviendo en ese momento, en los cuales personal de las fuerzas armadas irrumpían en casas de civiles, respecto de quienes después nunca más se sabía nada.-

Su intento de huía fue interceptado por los militares, quienes la siguieron con disparos desde los techos de las viviendas vecinas, logrando finalmente detenerla cinco efectivos, haciéndola subir a un camión del Ejército. En medio de todo ello, su hija Ruth Irupé de un año y medio de edad, quedó sola y llorando en la casa, y conforme testimonios de los padres de la víctima, fue entregada a los vecinos, sin que Partnoy y Sanabria pudieran tener conocimiento de su destino ni verla por cinco meses.-

Conforme su testimonio, en el operativo participaron unos tres vehículos militares, los que, luego de su secuestro se condujeron hacia el lugar de trabajo de su marido Carlos Samuel SANABRIA, sito en la empresa "Cincotta", a quien también secuestraron y condujeron finalmente, junto con su mujer, a dependencias del V Cuerpo de Ejército.

Una vez allí, la víctima describió que fue atada y vendada y sometida a un interrogatorio referido a su actividad política dentro de la "Juventud Peronista". Luego de ello, fue trasladada al CCD "La Escuelita", que describió como una casa en la que pudo divisar que en su fachada se encontraban escritas en letras grandes y negras "AAA"; al ingresar, le robaron el anillo que llevaba puesto y tomaron nota de la vestimenta que usaba. Asimismo, se le dio una explicación sin sentido respecto de su secuestro, refiriéndosele que en realidad el Ejército la había dejado en libertad, y que "ellos" (el grupo con el que estaba ahora) la había secuestrado en medio de la calle, y sin más, se la hizo recostar en un colchón en una habitación.-

Si bien refirió no haber recibido durante sus 105 días de cautiverio tortura mediante aplicación de picana eléctrica, si mencionó que fue interrogada y sometida a otro tipos de torturas, como por ejemplo, el tener que escuchar durante su primera noche en el CCD los gritos de su marido mientras era interrogado mediante aplicación de tormentos, como también los gemidos de otras personas -hombres y mujeres- que allí se encontraban y que pedían por agua, o que les dejen ir al baño, o por comida, además de ruidos de insultos, golpes y quejidos.

Al día siguiente, se la levantó y mientras se la conducía a otra habitación de la casa, pudo ver por debajo de la venda, a su marido que estaba tirado en el piso y que éste tenía manchas de su sangre, aunque no esquivó las mismas, debido a querer evitar que los guardias se dieran cuenta que estaba espiando. Explicó que ello le era posible debido al tamaño y forma de su nariz, lo que le facilitaba tal "maniobra" con la venda de sus ojos y lo que le permitió a su vez poder advertir la presencia de otras víctimas y detalles del CCD.-

Luego de ello, se la condujo hacia la cocina del CCD y allí se la interrogó, mediante golpes y sometimientos a simulacros de fusilamiento, como también recibiendo amenazas respecto que se mataría a su hija. También, en cierto momento, llevaron allí a su esposo SANABRIA para que le relatara la tortura a la que había sido expuesto, lo cual fue dificultoso debido a las heridas que éste presentaba en la boca y lengua.-

Tras ello fue golpeada, insultada y amenazada por su condición de judía, diciéndosele que "se la iba a hacer jabón" y que se la mataría si en un plazo de dos semanas no se acordaba respecto de los temas por los cuales se la interrogaba.-

Durante ese tiempo Partnoy refirió haber vivido atemorizada por no saber qué sucedería con ella, y que se sobresaltaba cada vez que escuchaba el "ruido de los autos de los torturadores".-

A pesar de todo ello, y luego de haber estado en el CCD por unos tres meses y medio (el 25 del mes de abril de 1977), tanto la víctima como su marido fueron trasladados a la Unidad Penal 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un vehículo en cuya parta trasera se encontraba sentado el "mono" Núñez, quien ya ha sido sindicado por numerosos testigos víctimas en este juicio como quien actuara de "enlace" entre la misma unidad penal y las fuerzas armadas.-

Para ese entonces la UP 4 se encontraba bajo la dirección del Prefecto Andrés Reynaldo MIRAGLIA, y una vez llegados allí, manifestó PARTNOY que no fue revisada por médico alguno a pesar del deterioro físico que presentaba y tanto ella como su marido SANABRIA fueron alojados aislados e incomunicados en celdas de castigo por unos cincuenta y dos días.

Más datos sobre las condiciones de su paso Partnoy por la UP 4, fueron aportadas por la testigo MARÍA EUGENIA FLORES RIQUELME, con quien compartió detención en dicho recinto carcelario, y la que refirió, que en una oportunidad una de las celadoras del lugar castigó a ALICIA PARTNOY por medio de golpes con una toalla mojada y que después de ello la subieron al cuarto de las celadoras, al que seguidamente hicieron ingresar a otras presas comunes "más viejas", encerrando por último a todas las presas políticas (ver declaración ante el Tribunal mediante videoconferencia de fecha 27/02/2012 por la tarde).-

Recién transcurridos unos cinco meses desde su secuestro, Partnoy pudo tener noticias respecto de su hija, y ver a su familia, la que se enteró de su detención en la UP 4 después de haber efectuado varias gestiones para saber de ella. Asimismo, refirió que en ningún momento se la notificó de la formación de causa penal alguna por la cual se encontrara detenida y que no fue sino hasta el 27 de junio de 1977 que tomó conocimiento de haber sido puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Unos dos meses después de haber ingresado a la UP 4, fue nuevamente trasladada a la Unidad de Villa Devoto el 08/10/1977 |11|, en donde permaneció hasta que, por medio del decreto PEN 2799 de fecha 05/11/1979, se le concedió el "derecho de opción" de salir del país y radicarse en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, gestión que se concretó el día 21/12/1979 al arribar a dicha ciudad, por medio de la empresa aérea "Pan American", vuelo 440 |12|, y contando con la presencia del cónsul de dicho país en Argentina hasta el último momento del despegue.-

Radicada ya en Estados Unidos, Partnoy escribió un año y medio después de su arribo un "Testimonio sobre el campo de concentración "La Escuelita" de Bahía Blanca" y a modo de carta lo remitió a la OEA, ONU, CELS, APDH, Amnesty Internacional, Madres y abuelas de Plaza de Mayo, en donde dio cuenta tanto de su secuestro y paso por el CCD, como también indicó las personas que allí había encontrado o de las que tuvo conocimiento que habían estado allí en cautiverio; asimismo describió todo lo que pudo percibir durante su detención de "La Escuelita" por más de tres meses, tanto en cuanto a su estructura edilicia, como también los sonidos, las actividades rutinarias como los cambios de guardia |13|, y los nombres o sobrenombres de algunos de los torturadores (dentro de los interrogadores recordó a los apodados "Tío" y "Pelado"; entre los jefes de turno a "Chiche" y "Turco". Del primer turno de guardia reconoció a "Viejo", "Gato-Vaca", "Gordo-Polo", "Flaco", "Vaca", "Indio", "Perro"; mientras que del segundo turno pudo describir a "Abuelo", "Zorzal o Vasco", "Chamamé", "Peine", "Pato", "Loro", "Bruja", "Tino", "Perro"), las condiciones de vida a las que caracterizó de "infrahumanas" y los diferentes castigos y tormentos a los que se veían sometidos (ataduras, obligación a permanecer vendados y recostados por días enteros en camas o en el suelo, con prohibición absoluta de hablar, sin ningún tipo de atención higiénica, ni posibilidad de ir al baño, debiendo escuchar los gritos de los que eran torturados en otros cuartos, bajo la constante amenaza de ser nuevamente sometidos a interrogatorios y tormentos o incluso de perder la vida), todo lo cual fue ratificado en su declaración ante este Tribunal.-

Su secuestro por personal del Ejército y paso por el CCD "La Escuelita" se encuentran asimismo acreditados a partir de las gestiones efectuadas por los familiares de la víctima, quienes se presentaron en varias oportunidades ante el V. Cuerpo de Ejército, siendo que en una de ellas se les exhibió una nota en la que se daba cuenta de la supuesta liberación tanto de Partnoy como de su marido Sanabria, indicándoseles (falsamente) que la misma había sido firmada por ellos.-

Conforme los testimonios efectuados por los padres de la víctima, RAQUEL SCHOJ y SALOMÓN PARTNOY (declaraciones de fecha 21/03/2012 por la mañana), en una de esas visitas al V Cuerpo fueron atendidos por ARTURO RICARDO PALMIERI y HUGO JORGE DELMÉ (quienes en ese entonces cumplían funciones ante el Departamento I de Personal), y en concreto refirieron que este último le hizo entrega a la Sra. SCHOJ de una lista de objetos personales pertenecientes a la víctima y a su marido SANABRIA, de fecha 25/04/1977 (la cual se encuentra reservada en Secretaría), sin firma de "recibí conforme", sino que sólo una de "entregué conforme", inserta al pie, del lado izquierdo, sin aclaración alguna.-

Ello se encuentra asimismo probado a partir del cotejo de dicho listado (que se encuentra reservado en secretaría) en donde se aprecia la presencia de sólo una firma correspondiente al "entregué conforme" (no luce en la misma firma ni de PARTNOY ni de SANABRIA como de haber recibido las cosas efectivamente), la cual se corresponde con las firmas obrantes en el legajo personal del (entonces) Mayor DELMÉ.-

Por su parte, Carlos Samuel SANABRIA fue a su vez trasladado a la Unidad Penal de Rawson, y con fecha 22/10/1979 viajó a los Estados Unidos bajo el "derecho de opción". Sin perjuicio de ello, luego de todo lo sucedido, el matrimonio finalmente se divorcia.

La víctima también explicó ante el Tribunal, que como otras secuelas que han quedado en su vida y en la de su familia tras todo lo sucedido identifica el padecimiento de una especie de cáncer atípico en las mujeres, señalando a su vez que el índice de cáncer en los sobrevivientes de secuestros como el de ella es alto. Mientras la víctima se encontraba detenida, su hermano Daniel afectado por todo ello, se sumió en un estado depresivo severo, se le diagnostica esquizofrenia y finalmente se suicidó con el comienzo de la democracia en el año 1983.-

Indicó el sufrimiento por el cual todo el grupo familiar ha pasado, producto de su secuestro, y que aun actualmente, ella vive en un constante estado de ansiedad, y que su hija Ruth Irupé sufre de stress postraumático.-

Prueba:

Los hechos descriptos se encuentran acreditados a partir de las declaraciones testimoniales ante el Tribunal de: a) Alicia Mabel PARTNOY de fecha 27/12/2011 por la mañana; b) Raquel SCHOJ de PARTNOY, madre de la víctima, de fecha 21/03/2012 por la mañana; c) Salomón PARTNOY, padre de la víctima, de fecha 21/03/2012 por la mañana; d) Emilio LUINI, vecino de Alicia Mabel PARTNOY, quien vivía en el departamento de enfrente a su casa, presenció el operativo del secuestro, de fecha 27/12/2011 por la mañana; e) Néstor Hugo ETCHEVERRY, quien fue conscripto en el V Cuerpo de Ejército durante los años 1976/1977, destinado al Equipo de Combate, testigo del operativo militar desplegado en el domicilio de la víctima, y quien declaró ante el Tribunal el día 14/02/2012 por la tarde; y f) Carlos Salomón SANABRIA, por entonces esposo de Alicia PARTNOY, y también víctima del mismo operativo de secuestro, de fecha 14/12/2011 por la tarde.-

Como así también se encuentra probado a partir de los elementos que han sido ofrecidos e incorporados como prueba al presente debate, a saber: a) Decreto del P.E.N. n 1532 mediante el que se resuelve la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de la víctima, y decreto del P.E.N. n 2799 de 1979 por el que se le otorga la opción para salir del país, ambos en copia certificada; b) Piezas documentales que componen el Legajo Penitenciario de Alicia Mabel PARTNOY, correspondiente a su detención en la Unidad Penitenciaria de Villa Floresta, obrante en las cajas 13 y 14 rotuladas "Documentación proveniente de la Unidad Carcelaria Local Villa Floresta" según el registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca: Ficha Individual; oficio de fecha 25 de abril de 1977, firmado por el Coronel Hugo Carlos FANTONI -Jefe de Personal del Comando V Cuerpo de Ejército- por medio del cual se dispone el alojamiento en la UP 4 de PARTNOY y SANABRIA "en calidad de DAM" haciendo saber asimismo que los mismos "deberán encontrarse incomunicados; no pudiendo recibir visita hasta nueva orden"; oficio del 26 de abril de 1977 firmado por el Jefe de la Unidad 4, Prefecto Andrés Reynaldo MIRAGLIA en donde confirma el ingreso de los detenidos; oficio de fecha 07/10/1977 firmado por el Mayor HUGO JORGE DELMÉ a cargo de la División Enlace y registro del Cdo. Cpo. Ej. V, por medio del cual hace saber al director de la UP 4 que deberá proceder al traslado de PARTNOY a la Unidad de Villa Devoto, y que "la seguridad durante el desplazamiento hasta Aeropuerto Espora Militar estará a cargo del Comando de la Zona 5 y Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires", también el oficio de fecha 10/10/1977 firmado por MIRAGLIA por medio del cual se efectúa dicho traslado de PARTNOY; c) Acta confeccionada por personal del Ejército Argentino y firmada por el (entonces) Mayor DELMÉ, mediante la que se deja constancia de la entrega de las pertenencias de Alicia Mabel PARTNOY y Carlos Samuel SANABRIA, a los padres de las víctimas, obrante a fs. 19 del bibliorato n 15, de la causa 11 (c) en dónde; d) Carta manuscrita de Alicia Mabel PARTNOY de fecha 4 de diciembre de 1981 dirigida al padre de Raúl METZ, reconocida como de su puño y letra en la declaración en la causa 11 (c), audiencia del 30 de noviembre de 1999, y del testimonio adjunto a dicha misiva, en relación a la desaparición de Graciela Alicia ROMERO de METZ, Raúl METZ y el hijo de ambos, obrantes a fs.155/160 de la Causa N 94 caratulada "Izurieta, María Graciela s/Habeas Corpus" en la que da cuenta tanto de los detalles de su propio secuestro y cautiverio, como del de Graciela Romero y Raúl Metz y del nacimiento del niño de ambos; e) Legajo CONADEP 2266; f) Causa N 87 CFABB caratulada: "PARTNOY, Alicia Mabel s/denuncia presunta existencia de campo de concentración", las cuales fueron formadas el 08/03/1984 como consecuencia de la denuncia efectuada por la víctima respecto, disponiéndose en dicha fecha, con firma del Coronel JORGE ENRIQUE MANSUETO SWENDSEN, la instrucción del correspondiente sumario designándose para ello al Juez de Instrucción Militar a cargo del Juzgado nro. 90, Teniente Coronel Emilio J. F. IBARRA (quien irónicamente años antes había sido el mismo que en su carácter de Jefe de la Agrupación Tropa ó "Equipo de Combate contra la subversión" llevó a cabo el procedimiento de secuestro de PARTNOY y Sanabria; conf. su declaración ante el juicio por la verdad de fecha 07/12/1999 admitida como prueba). De dicho expediente cabe hacer mención, en lo que hace a la prueba del presente caso, al registro de ingreso de la víctima PARTNOY a la UP 4 a fs. 173, la que fuera confeccionada por el mismo personal integrante del JIM conforme lo plasmado en el acta de fs. 163/164.-

Asimismo, este Tribunal entiende que los hechos también se encuentran probados a partir de las declaraciones efectuadas oportunamente de Emilio Jorge Fernando IBARRA -Jefe de la "Agrupación Tropa" -, y del General Abel Teodoro CATUZZI -Segundo Comandante del V Cuerpo del Ejército, Jefe de Estado Mayor y comandante de la sub zona 51 -quienes hoy se encuentran fallecidos.-

Así, IBARRA, en su declaración del 07/12/1999 en los "Juicios por la Verdad" (incorporado como prueba a este juicio), reconoció que fue personal del Ejército el que llevó a cabo el procedimiento por medio del cual se detuvo tanto a Alicia PARTNOY como a su marido SANABRIA, e incluso, brindó detalles al respecto. El Gral. CATUZZI, por su parte, en su declaración de fs. 1116-1177 de la causa nro. 11/86, caratulada "Causa artículo 10, Ley 23.049, por hechos acaecidos en Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional que habría correspondido al V Cuerpo de Ejército", admitió que Alicia Mabel PARTNOY estuvo cautiva en dependencias del V Cuerpo de Ejército. Pero no sólo ello, sino que incluso la describió como una de las mentes ideológicas de la subversión y, si bien, "era peor, más subversiva que su esposo" no pudo ser llevada a la justicia federal ni a un Consejo de Guerra por falta de pruebas concretas.

Refirió asimismo que, a su manera de ver, PARTNOY ya estando en libertad en los Estados Unidos, mintió acerca de lo sucedido en Bahía Blanca, diciendo haber sido víctima de torturas, a partir de lo cual logró contactarse con organizaciones de ideología de izquierda y de esta manera poder accionar en contra de autoridades de Argentina, denunciando finalmente todo ello ante la justicia federal de Bahía Blanca.

En su declaración, incluso señaló CATUZZI que resultaba llamativo el hecho de que encontrándose en las condiciones en las que se encontraba impedida PARTNOY, aun así, pudo "confeccionar una planilla con detenidos antes de su estadía en el LRD, durante su estadía en el LRD y algunos con posterioridad a su estadía en el LRD, proporcionando datos físicos, profesionales, y personales de los detenidos y describiendo a los guardias".

Reconociendo la detención de PARTNOY, detalló que la misma no estaba vendada, que se desplazaba con total libertad, resultando falso lo denunciado respecto de las torturas, como también lo que siguió denunciando a posteriori, aludiendo que fue "Arma(ndo) todo un esquema, involucrando a cuanto subversivo conoce de la zona, o le presta su nombre, falseando la verdad, montando una serie de datos no ciertos, miente una vez más, dice que después de cada procedimiento, se repartía el botín y no tiene el deponente denuncia por robo, miente, dice que la custodiaban personal de Gendarmería y eso nunca ocurrió, miente, finalmente llama la atención que los mismos subversivos hacen la denuncia, no apareciendo antes o después sus familiares para nada".

Se suma a ello la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo lugar en el transcurso del debate.

26.- PEDERSEN, María Cristina

María Cristina Pedersen (enfermera en el Hospital Penna, delegada del sindicato de ese nosocomio), el 4 de agosto de 1976 trabajaba cuidando a la abuela de dos médicos en una casa sita en la calle Casanova n 414 de la ciudad de Bahía Blanca, cuando golpeó la puerta de allí un hombre de aproximadamente 40 años (de pelo rubio peinado hacia atrás), a quien al haber manifestado que tenía un mensaje para el doctor e identificarse como policía le fue permitido el acceso por María Cristina. Éste, que no estaba sólo, ingresó a dicho domicilio con varios sujetos armados que llevaban puesta ropa de fajina de color verde y procedieron a secuestrar a la nombrada.

Tales individuos colocaron a Pedersen en la parte trasera de un automóvil y a bordo de este último circularon hacía el Parque de Mayo, un puente cercano al canal y un tramo de asfalto seguido continuando por un camino de tierra, donde la hicieron descender del vehículo y le cubrieron sus ojos. Luego de continuar su marcha por un trayecto corto más, María Cristina fue obligada sobrepasar un escalón e ingresar a "La Escuelita", en cuyo centro clandestino de detención pudo advertir la presencia de otra gente en su situación y uno de los secuestradores le pidió que aportara sus datos personales; como se negó a darlos, sufrió una descarga eléctrica en la mano.

Pedersen fue colocada en distintas habitaciones del lugar, donde permaneció acostada en el piso o en camas cuchetas. También fue trasladada a otros sitios de allí donde la sometieron en varias oportunidades a interrogatorios a través de los que se le pedía información sobre su actividad política gremial y datos de personas que trabajaban en el Hospital Penna como Dora Itovich, Felicitas Baliña, Ester Ovalle y Cristina Gizzi. Alrededor del 10 de agosto la llevaron a lo que parecía ser un galpón grande con mucha resonancia y divisiones interiores donde fue torturada (con una picana eléctrica y golpes) y también interrogada. Hasta ese lugar, María Cristina y otros cautivos habían sido trasladados en un automotor que circuló por trayecto corto de tierra, atravesando posiblemente una ruta, siguiendo nuevamente por un camino sin asfalto. En otra dependencia del aquel sitio, le tomó fotografías una persona encapuchada y desde ahí la llevaron de regreso a "La Escuelita". Alrededor de un par de semanas después, la volvieron a trasladar en una camioneta, en la que viajaba uno de los interrogadores que se hacía llamar "el tío" y la indagó respecto a cuestiones religiosas y le preguntó si quería irse.

En una oportunidad, hubo un tiroteo dentro de una de las habitaciones del centro clandestino de detención y se habría llevado a cabo una inspección.

Fue corroborada por Nélida Esther Deluchi, quien afirmó haber visto en la parte superior de una cucheta a una chica alta, rubia, de cabellos largos y muy bonita, la permanencia de María Cristina en "La Escuelita". Incluso, en el mismo testimonio, aclaró que un guardia apodado "calandria" le había dicho que la persona descripta era enfermera de profesión en el Hospital Policlínico Penna y que la iban a matar.

Tiempo después, entre diciembre de 1986 y enero de 1987, se encontraron Deluchi y Pedersen, ocasión en la cual la primera reconoció a María Cristina como la mujer joven y rubia que observó que era sacada de una habitación del centro clandestino "La Escuelita", supuestamente para ir al baño.

En su mes de cautiverio Pedersen pudo identificar a algunas personas como Graciela Izurieta, Nélida Deluchi a quien mencionó como una joven que trabajaba en la Caja de Crédito Bahiense, dos parejas, un muchacho que padecía epilepsia, una mujer oriunda de la ciudad de Mar

del Plata, dos personas mayores y una detenida llamada Zulma, quienes eran también sometidos a torturas en el centro clandestino, en el que se escuchaban los gritos de dolor de las víctimas en esas sesiones. A su vez, recordó los apodos de algunos guardias e interrogadores: "zorzal", "chamamé", "laucha", "perro", "zorro "manuel", "viejo", "peine", "gato", "abuelo", "chacho" y "el tío" (este último de los referidos fue el sujeto que le informó que saldría de "La Escuelita").

Finalmente la liberaron el día 10 de septiembre de 1976. Ese día le permitieron bañarse y el "el tío" la trasladó en un vehículo marca Fiat, modelo 600 hasta su morada ubicada la calle Paraguay n 38 de la ciudad de Bahía Blanca, donde aquel sujeto le dijo que lo mejor que podía hacer era regresar a Necochea con su familia y no contar que la habían llevado hasta la puerta de su vivienda, dado que a toda la gente se la liberaba en las entradas de ruta.

La ausencia de María Cristina y la falta de información sobre su paradero desde el momento del secuestro, hizo que mientras María Cristina permaneció en cautiverio Enrique Luís Pedersen realizara diversas diligencias para averiguar donde se encontraba su hermana. Ante las respuestas negativas del Cuerpo V del Ejército Argentino y otras dependencias, interpuso un recurso de habeas corpus el día 26 de agosto de 1976 ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Guillermo Federico Madueño; cuya sede tribunalicia ante las respuestas denegatorias de todas varias fuerzas de seguridad que fueron consultadas al respecto, el día 9 de septiembre de ese año rechazó el recurso por improcedente en concordancia con lo dictaminado por la Fiscalía Federal, pese a que Pedersen se encontraba privada de su libertad en "La Escuelita".

Por otro lado, María Cristina luego de ser liberada se enteró que su compañera de trabajo María Elvira Elfen también había sido secuestrada el día 4 de agosto de 1976 y su liberación se produjo unos minutos después de la detención y que los captores le hicieran preguntas sobre el lugar en el que podían encontrar a ella.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración de la misma María Cristina Pedersen (audiencia de fecha 28/09/2011 por la tarde); b) Enrique Luís Pedersen (audiencia de fecha 19/10/2011 por la mañana), hermano de la víctima quien realizó gestiones para conocer el paradero de la víctima; c) María Elvira Elfen (audiencia de fecha 12/10/2011 por la mañana), quien fue privada de su libertad el 4 de agosto alrededor de las 5:30 horas e interrogada sobre el paradero de la víctima Pedersen; d) Aníbal Montero (audiencia de fecha 12/10/2011 por la mañana), empleador de la víctima, que supo del secuestro de Pedersen de su lugar de trabajo; e) Héctor Montero (audiencia de fecha 12/10/2011 por la mañana).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Causa N 463 - L 12; F 389 - del Juzgado Federal de Primera instancia de Bahía Blanca (Expediente163 del registro de CFABB) caratulado "PEDERSEN, María Cristina S/ Recurso de Hábeas Corpus"; b) Causa N 86 (8), caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (IZURIETA María Graciela).

27.- SAIZ, Rudy Omar

Rudy Omar Saiz (militante del Partido Socialista de los Trabajadores cuando vivía en Tandil), fue secuestrado el día 7 de julio de 1976, al medio día, cuando se encontraba durmiendo en su domicilio de Tres Arroyos. Allí fue hallado por agentes armados de la policía de la provincia de Buenos Aires que trabajaban en la Comisaría de Tres Arroyos y trasladado hasta la Seccional de dicho lugar. Ese mismo día, desde ahí, Saiz fue conducido hasta la Unidad Regional 5 de la policía de la provincia de Buenos Aires sita en la ciudad de Bahía Blanca, donde fue vendado y lo introdujeron en otro vehículo de color rojo.

Luego de recorrer a bordo de dicho automotor aproximadamente media hora, lo hicieron descender en un paraje que Rudy consideró que era rural, porque escuchó ladridos de perros, un silencio profundo en el lugar (no se percibía el ruido de tránsito de automóviles) y el sonido del movimiento de árboles por el viento.

En este sitio se lo identificó y lo llevaron a una habitación contigua donde fue interrogado y torturado. Seguidamente lo condujeron hasta otra dependencia en la cual permaneció más o menos una semana, tras la cual fue llevado a otro ambiente en el que había otras personas en su condición y estuvo allí hasta los primeros días del mes de agosto. En aquel momento, lo metieron vendado dentro del baúl de un vehículo y lo trasladaron hasta el Destacamento Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata, en cuya ciudad continuó privado ilegalmente de su libertad hasta mediados de agosto de 1976.

Rudy recordó que en el centro clandestino de detención había una persona de apellido Corvalán, que creía que era de Comodoro Rivadavia o Neuquén y declaró que la Dirección General Impositiva donde trabajaba, debido a su inasistencia cuando estuvo detenido, realizó un sumario administrativo en el que existen notas remitidas por autoridades militares que dan cuenta de que el nombrado se encontraba a su disposición.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Rudy Omar Saiz (audiencia de fecha 14/09/2011 por la tarde); b) Elsa Schmidt de Pérez (audiencia de fecha 14/09/2011 por la tarde), vecina de la víctima al momento de los hechos y testigo del operativo de secuestro; c) Carlos Alberto Macias (audiencia de fecha 14/09/2011 por la tarde), vecino de la víctima al tiempo de producidos los hechos y testigo del operativo realizado para secuestrar a Saiz.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Sumario administrativo N 49/76 de la Dirección General Impositiva; b) Legajo N 18156 AFIP; c) Expediente n 110 del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia SAIZ, Rudy Oscar": Denuncia ante la CONADEP de fs.7, presentación de fs. 11/15, en copia certificada; resolución de fs. 16 en copia certificada; auto de fs. 23 en copia certificada; auto de fs. 31; acta del JIM 91 de fs. 32 cuar; informe del JIM 91 de fs. 37/39; resolución del CONSUFA de fs. 42/43; dictamen fiscal de fs. 48; resolución de fs. 48; d) Sumario administrativo 49/76 de la entonces Dirección General Impositiva: solicitud de informes del Jefe de la Región Mar del Plata a la Agrupación de Artillería de Defensa Área 601, respecto a la detención de agentes de la DGI, fs. 1; respuesta del Coronel Alberto Pedro BARDA de fs. 2; Suspensión de SAIZ de fs. 4; Constancia detención SAIZ de fs. 23; Nota del Coronel Alberto Pedro BARDA al Instructor Sumariante de la DGI, de fs. 29.

Sumado a ello, el paso de Saiz por "La Escuelita" también se encuentra acreditado conforme la documentación de inteligencia de fecha 7 de julio de 1976, en la cual por medio de un informe secreto emitido por el subcomisario a cargo de la Comisaría de Tres Arroyos se remite el acta de detención de Rudy al jefe de Área Militar de Bahía Blanca, Tte. Cnel. Schiavone.

28.- SANABRIA, Carlos Samuel

Que ha quedado acreditado a partir de las constancias incorporadas y producidas en el presente juicio -y en consonancia con lo expuesto supra respecto del caso Alicia Mable PARTNOY-, que con fecha 12 del mes de enero de 1977, en horas del mediodía, CARLOS SANABRIA fue secuestrado por un grupo de personal uniformado perteneciente al ejército (comandado por integrantes de la Agrupación Tropa o "Equipo de Combate contra la subversión" dirigido por el entonces Mayor Emilio J.F. Ibarra), el que, irrumpió en el comercio de venta de neumáticos "Casa Cincotta", y por la fuerza obligó a la víctima a abordar un vehículo unimog "tipo ambulancia" militar, y colocarse boca abajo, cubierto por su propia remera. Conforme declarara ante el Tribunal, como la remera que llevaba puesta en esa oportunidad era de una textura tal que le permitió poder divisar por a través de la tela que allí se encontraba también su mujer, de la que pudo ver sus piernas y pies descalzos.-

A cargo del operativo se encontraba una persona que según su opinión parecía ser oficial, de un metro setenta de estatura aproximadamente, con bigotes, y quien al ingresar al local preguntó directamente "quién es SANABRIA?".-

Cabe destacar que, tal como se expusiera más arriba, momentos antes de que ello tuviera lugar, ese mismo grupo operativo se había constituido en el domicilio de la calle Canadá al 200 de esta ciudad, en donde SANABRIA vivía con su entonces esposa, Alicia Mabel PARTNOY, secuestrándola por la fuerza tras su intento de fuga, y dejaron en manos de vecinos a la hija de ambos, Ruth Irupé, quien para ese momentos contaba con pocos meses de edad, sin nunca luego brindar ningún tipo de explicación a los padres respecto del destino de la misma.-

Cabe también hacer mención que, conforme la misma víctima lo explicara ante el Tribunal, para el momento de los hechos, SANABRIA tenía 23 años de edad, era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional del Sur y junto con su esposa militaba en la Juventud Universitaria Peronista.-

Una vez en el camión "unimog", fueron llevados al Batallón de Comunicaciones 181, lugar que la víctima adujo haber reconocido por haber realizado en el año 1974 el servicio militar en instalaciones del V Cuerpo del Ejército. Fue dejado allí, en un hall, custodiado por soldados. Poco después de ello, se le vendaron los ojos, se lo hizo subir al primer piso y se le instó a que se expidiera respecto de su militancia política y se le efectuó una amenaza diciéndosele "ya vas a hablar, no te hagas problema" (ver declaración ante el Tribunal de fecha 14/12/2011 por la tarde).-

Luego de ello, se lo hizo descender nuevamente a la planta baja, en donde se lo hizo permanecer vendado hasta la noche, y en esas mismas condiciones se lo obligó a subir a un rodado llevándolo al CCD "La Escuelita". Al respecto describió que el camino desde el Batallón de Comunicaciones hasta el centro clandestino de detención era de asfalto a excepción de los últimos cincuenta metros, que era de tierra y que para llegar al CCD se debió abrir una tranquera.-

Además, recordó que, con lo que supone era la intención de desorientarlo, durante el trayecto se le dijo que se dirigían a Ingeniero White o General Cerri.-

Al ingresar al CCD, se le dijo que si quería ir al baño o tomar agua, debía pedirlo en voz alta diciendo "señor". Luego de ello, se lo obligó a desnudarse, lo acostaron en una cama metálica, lo ataron de pies y manos y comenzaron a interrogarlo respecto de su militancia política, si era montonero y también respecto de la instalación de una impresora "off set". Dicho interrogatorio fue acompañado de golpes e insultos, amén de aplicación de electricidad con electrodos -en las sienes y en la zona genital- y de "picana eléctrica".-

Conforme declarara ante el Tribunal la misma víctima, la pregunta respecto de la impresora se debía a que éste había acordado junto con sus compañeros de militancia la instalación en su casa para poder difundir sus ideas políticas, lo cual le dio la pauta que quienes lo habían secuestrado y lo interrogaban sabían no sólo de su participación en la militancia, sino que también respecto de actividades que él aún no había llevado a cabo, lo que evidenciaba la existencia de un seguimiento e inteligencia previa respecto de su persona.-

Fue sometido a interrogatorios con imposición de tormentos en tres oportunidades, recordando que se le aplicaba electricidad sobre las sienes, lo que le impedía emitir sonidos y respirar, indicándosele que debía abrir su mano derecha en cuanto se decidiera a hablar. Los gritos de dolor que tal sometimiento le causaba, eran escuchados por su esposa Alicia PARTNOY, quien además, poco después de ello fue obligada a pasar por encima de él al ingresar a una de las habitaciones del CCD, mientras se encontraba tirado en el piso, con sangre alrededor.-

En otra oportunidad, fue duramente golpeado a la altura del estómago, por debajo de las costillas por un guardia por haberlo concentrado hablando entre sueños. Dicho golpe le ocasionó no poder moverse con normalidad por varios días, ya que se le paralizó el pie haciéndolo renguear al caminar; asimismo indicó que durante un tiempo su orina era de color café, y que en alguna oportunidad los guardias le refirieron "te dieron fuerte, no es verdad?".-

El paso de SANANBRIA y su esposa PARTNOY se encuentra asimismo probado a partir de lo manifestado por el mismo General Abel Teodoro CATUZZI, quien ofició como Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército, Jefe de Estado Mayor y comandante de la Subzona 51 para ese entonces y quien en su declaración indagatoria prestada en el marco de la causa 11/86 admitió la detención "del matrimonio Sanabria" en dependencias del V Cuerpo de Ejército, no obstante sólo adujo que existía un "lugar de reunión de detenidos" y no un "centro clandestino de detención" |14|.-

Luego de transcurridos más de cien días en cautiverio, SANABRIA y su esposa PARTNOY fueron trasladados a la Unidad Penal 4 del S.P.B. con fecha 25 del mes de abril de 1977, para lo cual se contó con la intervención del numerario penitenciario "Mono" NÚÑEZ, a quien se lo sindicó como nexo entre la unidad carcelaria y el Ejército y la que en ese momento se encontraba bajo la dirección del imputado en este juicio ANDRES REYNALDO MIRAGLIA. Una vez allí, les quitaron los vendajes de los ojos, y los llevaron al pabellón de presos políticos, aunque se lo mantiene incomunicado por más de dos meses.-

En esa oportunidad la víctima le preguntó a NÚÑEZ respecto del destino de uno de sus compañeros de cautiverio (y víctima en el presente juicio), el "batata" ILACQUA, a lo cual se le respondió que "lo habían hecho puchero".-

Si bien la víctima refirió que en la UP 4 no recibió tormentos de la misma índole que los impuestos en el CCD, sí sufrió otros, como por ejemplo, nunca haber sido atendido por algún médico o enfermero penitenciario a pesar del estado físico en el que se encontraba luego de su paso por "La Escuelita". Al respecto refirió que amén de las secuelas propias que los tormentos impartidos le pudieron haber ocasionados (vista nublada, problemas en los hombros como consecuencia de los golpes), había adelgazado varios kilos, y que en su ropa interior poseía un nido de huevos de piojos.-

No fue sino hasta mediados de mes de junio de ese mismo año (es decir, casi dos meses después de su ingreso a la UP 4), que se lo notificó de su detención a disposición del PEN |15|. Durante su estadía en dicha unidad, no pudo ver a su familia sino que luego de cesar de estar incomunicado. En este punto, la víctima describió el estado de stress, incertidumbre y angustia en el que vivía, ya que durante ese tiempo de aislamiento siempre pensó que "esperaban al momento para matarnos".-

Luego de unos meses, con fecha 22 del mes de agosto de 1977, es trasladado a la Unidad Penal de Rawson, efectuándose el mismo "de acuerdo a órdenes impartidas por el Comando en Jefe del Ejército", conforme lo que surge del oficio de fecha 15/08/1977 firmado por el Coronel

HUGO CARLOSs FANTONI (en su calidad de Jefe Depto. I- Pers. Cdo. Cpo. Ej. V), en donde se indica a su vez que "(l)a oportunidad del cumplimiento de esta orden será impartida verbalmente por el Mayor HUGO JORGE DELMÉ- Jefe de la División Enlace y Registro de este Comando de Cuerpo" (ver biblioratos de documentación de la UP 4 reservados en cajas 13 y 14, carpeta "UP 4 VARIOS").-Si bien en su declaración ante el Tribunal la víctima adujo no recordar exactamente las condiciones en las que salió de la UP 4 y quién participó dentro de las fuerzas armadas, las condiciones en que se efectuó el traslado pueden extraerse de lo declarado por otras víctimas en este juicio, respecto de las cuales también se ordenó el pase a Rawson junto con él, como ser Julio Alberto RUIZ, Rubén Alberto RUIZ, Pablo Vitoriano Boholavsky, Oscar José MEILÁN, Mario Rodolfo CRESPO, Eduardo Mario CHIRONI, Jorge Antonio ABEL |16|, Héctor Juan AYALA, Luis MIGUEL GARCÍA SIERRA y JUAN CARLOS MONGE, quienes fueron contestes en referir que el viaje se efectuó en avión, vendados ó encapuchados, esposados al piso y golpeados.

Durante su detención allí, se vio expuesto a condiciones de vida en este nuevo lugar de encierro eran "inhumanas" y su permanencia se extendió hasta octubre de 1979. Luego se le otorgó el derecho a abandonar el país, arribando a Estados Unidos el día 22 de ese mes.-

SANABRIA declaró en el marco de la causa nro. 95, caratulada "González, Héctor Osvaldo y otros s/denuncia", SANABRIA prestó declaración testimonial (fs. 112-115 de dicho expediente que se encuentra incorporado por lectura) unos cinco años después de su arribo a los Estados Unidos, en la cual brindó datos respecto de las características del lugar en el que estuvo en cautiverio, detallando sonidos (ruido de trenes, el paso de vehículos sobre el "Camino de la Carrindanga", los mugidos de vacas), y apodos de los guardias como "Chiche", "Turco", "Tío", "Pelado", "Peine", "Gactovaca", "Loro", "Bruja", "Abuelo", "Flaco", "Zorzal", "Chamamé y "Perro", entre otros. También refirió datos sobre algunos otros cautivos como Nancy CEREIJO, Zulma IZURIETA, GIORDANO, LOFVALL, un chico apodado "Benja", una joven de apellido ROMERO, Carlos Mario ILACQUA a quien llamaban "batata", Carlos PRINCIPI, una joven de nombre Elizabeth y otra llamada Stella Maris, datos éstos que fueron expuestos luego en su declaración ante este Tribunal.

Finalmente, cabe hacer mención de la afectación que tales acontecimientos tuvieron en el desarrollo posterior de su vida: su madre abandonó el cuidado de su diabetes y falleció sin poder ver a su hijo en libertad. Su padre se fue a vivir con él a Estados Unidos, debiendo estar a su cuidado hasta su fallecimiento. Su matrimonio con Alicia Partnoy "se destrozó, quien se fue a vivir a Washington DC con la hija de ambos. En el año 2005 SANABRIA sufrió de una apendicitis, y al ir al hospital y hacerse una ecografía en la zona abdominal se descubrió que uno de sus riñones no funcionaba, llegando a la conclusión el urólogo que ello podría deberse a los golpes que le propinaron en el CCD cuando lo castigaron por hablar dormido, y por lo que durante días su orina tenía color oscuro (al respecto debe de recordarse que conforme lo narrado por la víctima, al llegar a la UP 4, no fue atendido por ningún médico ni enfermero).-

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de los elementos probatorios tanto producidos en el presente juicio como lo es la declaración testimonial prestada por el mismo SANABRIA ante el Tribunal en el turno de la tarde de la audiencia del día 14/12/2011, o la declaración de su esposa Alicia Mabel Partnoy, también víctima en este juicio, del día 27/12/2011 por la mañana, amén de las enunciadas supra respecto de sus compañeros de detención en la UP 4 y de su traslado a la UP de Rawson, a los que cabe remitirse.-

También se encuentran probados los hechos a partir de los elementos incorporados por lectura a este debate, a saber: a) Decreto del P.E.N. n 1532 de fecha 26/05/1977, mediante el que se dispone el la detención de Sanabria a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; b) Las piezas documentales que componen el Legajo penitenciario de la Unidad Carcelaria n 4 de Carlos Samuel SANABRIA, obrante en las cajas 13 y 14, según el registro de la Cámara Federal de Apelaciones: ficha Individual, y ficha dactiloscópica; oficio de fecha 25 de abril de 1977 firmado por el Coronel HUGO CARLOS FANTONI Jefe de Personal del Comando V Cuerpo de Ejército por medio del cual se dispone la internación de SANABRIA y de PARTNOY en la UP 4 por disposición del Cdo. De V Cuerpo de Ejército; oficio del 26 de abril de 1977, firmado por el Jefe de la Unidad 4, Prefecto ANDRES REYNALDO MIRAGLIA en donde hace saber "Al Comandante del V Cpo. de Ejército (Departamento 1-Personal)" el cumplimiento de dicha internación que "los mencionados delincuentes subversivos se encuentran a disposición de la autoridad militar", nómina de personas con las que el interno Carlos SANABRIA mantenía correspondencia; nómina de visitas autorizadas; oficio de fecha 15 de agosto de 1977 firmado por el Coronel HUGO CARLOS FANTONI por medio del cual se dispone el traslado de Sanabria desde la UP 4 a la UP 6 de Rawson, en cuyo segundo párrafo se hace saber que "(l)a oportunidad del cumplimiento de esta orden será impartida verbalmente por el Mayor HUGO JORGE DELMÉ -Jefe de la División Enlace y registro de este Comando de Cuerpo."; nómina de detenidos a ser trasladados adjunta a dicho oficio entre los cuales se encuentran además nombres de otras víctimas en este juicio enunciadas supra (Abel, Ayala, Crespo, etc.), que dan cuenta de las circunstancias tanto de las condiciones de detención en las unidades carcelarias como de los padecimientos sufridos en el traslado de un penal a otro; acta de entrega y recepción de detenidos en donde firma el mismo Adjutor (s) Leonardo Luís Núñez "Ayudante de Jefatura" (actualmente fallecido) como quien tuvo a su cargo las gestiones relacionadas al traslado en cuestión; listado de registro de ingreso en UP 4 de SANABRIA obrante a fs. 175 por "remisión" del Cdo. V Cuerpo de Ejército (ver también acta de fs. 163/4) de la causa 87 CFABB confeccionada por el mismo JIM a cargo del entonces Teniente Coronel Emilio J. F. IBARRA en fecha 26/06/1984.

Se suma a ello la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo lugar en el transcurso del debate.

29.- STIRNEMANN, Orlando Luís

Orlando Luís STIRNEMANN fue secuestrado el día 06 del mes de abril de 1976, en la provincia de Santa Fe, localidad de Malabrigo, por una comisión compuesta por personal de la policía provincial y que actuaba bajo las órdenes de quien fuera sindicado como un Teniente de la Fuerza Aérea y un comisario de la Jefatura de la ciudad de Reconquista por disposición de órdenes impartidas por la 2da. Brigada Aérea de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

Permaneció detenido en la ciudad de Reconquista por tres días, en donde le hicieron firmar una de acta de detención; con fecha 09 de abril de ese mismo año, fue trasladado en un avión Guaraní II de la Fuerza Aérea Argentina (matrícula T 116) por una comisión conformada por personal del Ejército, y tras aterrizar en Aeroparque, se lo hace abordar un trimotor del Ejército, (con matrícula es AE 106), terminando el recorrido en el Aeropuerto de la Fuerza Aeronaval Comandante Espora, Punta Alta.-

Allí se lo subió a un Ford Falcón y obligado a recostarse sobre el piso del mismo, y se lo condujo a un CCD. Conforme lo que surge de su declaración prestada a fs. 13/15 del expte. 86 (15) -agregado como prueba a este juicio- al haber llegado, uno de los militares que integraba el grupo preguntó por qué no se lo vendaba , a lo que el que sería el jefe de allí respondió que "no es necesario, y él lo sabe, es boleta" (sic).-

Pudo percibir que el lugar de detención en que lo colocaron estaba ubicado en algo que parecía una caballeriza, y describió que allí se escuchaban sonidos de maniobras militares, simulacros de combate y ruidos que le hacían también presumir que podría encontrarse alguna carretera, camino o ruta cercanos.-

Permaneció en dicho lugar por 15 días, encadenado a una cama de hierro y vendado, y se le aplicaron diferentes tipos de tormentos, entre ellos picana eléctrica, el "submarino", la "colgada" y diversos golpes. Pudo asimismo advertir allí la presencia de otros cautivos, entre ellos Francisco Tropeano (contador) y Francisco Arias (abogado, diputado provincial).

Luego de dicho lapso de tiempo, se lo trasladó a otro CCD cercano, en donde también fue interrogado y torturado con picana eléctrica, cuya intensidad provocaba que se le contraiga la lengua, lo que le impedía a su vez poder gritar ante el dolor.-

Otro tipo de tortura al que fue sometido en dicho lugar consistió en colocársele un gato sobre la ropa, y a éste a su vez aplicarle descargas eléctricas, lo que hacía reaccionar al animal y causar el consecuente dolor a la víctima.-

Pudo asimismo identificar que se encontraban en ese CCD en su misma condición otras personas, entre ellas Víctor BENAMO, Mario HERRERA, tres sujetos con apellidos ANCHAL, REINER y FARÍAS y algunas mujeres, a quienes describió como sin ningún tipo de actividad militante y que sufrieron torturas. También identificó a Jorge Raúl CASTÍA, quien durante su cautiverio fue trasladado a Buenos Aires y luego retornado a ese mismo centro de detención. Allí mantuvo entrevista con el entonces juez federal de Bahía Blanca, Guillermo Federico Madueño, quien asumió la investigación de la causa.-

STIRNEMANN fue trasladado el 13 de mayo de 1976, a la Unidad Penitenciaria nro. 4 de Villa Floresta del Servicio Penitenciario Bonaerense (entonces a cargo de Héctor Luís SELAYA), quedando al día siguiente a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por medio de decreto 427, y permaneció allí hasta el mes de septiembre de ese mismo año, cuando fue trasladado a la Unidad Penal de Rawson |17|; en esta unidad carcelaria tomó conocimiento que en el primer CCD en que estuvo detenido también habían estado Raúl, René, Rodolfo, Rubén, Marta y Mirta Bustos, hermanos del diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Roberto Bustos, y Mario Medina, esposo de Mirta Bustos, quien era diputado provincial por la Provincia de Buenos Aires.-

El 30 de diciembre de 1980, por medio del decreto 2712/1980 se dispuso el cumplimiento del arresto de STIRNEMAN mediante una modalidad controlada por parte de la policía bonaerense, y efectuado en la ciudad de Olavarría, con permiso de circulación en el ejido urbano. Mediante decreto 701/81 se dispuso el cese del arresto de STIRNEMAN (comunicado por el Ministerio del Interior de la Nación), dejándose asentado que el mismo había estado alojado en las Unidades Penitenciarias N4 Bahía Blanca, N6 Rawson y N9 La Plata desde donde recuperó la libertad con fecha 07 de enero de 1981 e informándose que la causa de su arresto fue "Montonero, activista subversivo" |18|.-

Conforme certificado glosado a fs. 63 de incidente de testigos formando en el marco de la presente causa (incidente nro. 68), Orlando Luís STIRNEMANN falleció con fecha 25/10/2.010 por esclerosis lateral amiotráfica, habiendo sido solicitada por parte de la Fiscalía Federal la incorporación por lectura de sus declaraciones en los términos del art. 391, inc. 3ro. del C.P.P.N. en la audiencia del día 10 de agosto de 2.011 por la mañana.-

Prueba:

Los hechos narrados se encuentran corroborados fehacientemente en este juicio a partir de la declaración testimonial prestada ante el Tribunal de fecha 14/09/2011 por la mañana de Pedro MIRAMONTE, detenido en el centro clandestino de detención "La Escuelita", durante cuyo cautiverio supo de la presencia de STIRNEMANN en ese centro clandestino y el modo en que fue torturado.-

Asimismo, se encuentra acreditado a partir de las probanzas incorporadas por lectura al presente juicio, a saber: a) Decreto del P.E.N. n 427 que dispone el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de Orlando Luís STIRNEMANN, Decreto P.E.N. n 2712 por el que se le concede la libertad vigilada y decreto 701 del P.E.N. que ordena el cese del arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; b) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Orlando Luís STIRNEMANN, obrante en cajas de prueba n 13 y 14 de la Unidad carcelaria n 4 reservada en secretaría que da cuenta de su paso por dicha Unidad a cargo entonces de HÉCTOR LUIS SELAYA, como también el registro obrante en el cuaderno de dicha institución reservado en caja 7; c) Legajo CONADEP 4337 en donde consta la denuncia efectuada por la víctima luego de reinstaurada la democracia; d) Expediente 86(15) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (STIRNEMANN, Orlando Luís)", en especial: presentación ante la CONADEP de fs. 13/15 de fecha 10/05/1984 en la que la víctima da cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que acontecieron los hechos; informe del Ministerio del Interior de fs. 18 en donde se da cuenta de las unidades penales en las que se encontró detenido STIRNEMAN, como también los decretos del PEN que dispusieron lo pertinente a su detención y libertad con registro de causal "Montonero, activista subversivo"; e) listado de registro de ingreso de STIRNEMANN a la UP 4, proveniente del mismo V Cuerpo de Ejército, el cual fue confeccionado por el JIM a cargo del entonces Teniente Coronel Emilio J. F. Ibarra en el marco de la causa 87 CFABB (reservado en caja 3), de fs. 174 (ver además acta de fs. 163/164).-

30.- VERA NAVAS, Manuel

Manuel Vera Navas (afiliado al Partido Comunista), el día 3 de noviembre de 1976 estaba en su casa sita en la calle Saavedra n 2118 de la ciudad de Bahía Blanca, con su padre, su mujer y sus dos hijos, cuando a las 21:30 horas aproximadamente, un grupo de alrededor de quince personas armadas que dijeron ser policías, ingresaron a su vivienda y la registraron. En dicha ocasión, los familiares de Manuel fueron reducidos, golpeados, amenazados e introducidos todos en una habitación donde los cubrieron con una manta.

Tales sujetos vendaron, ataron y golpearon a Vera Navas y se lo llevaron con ellos trasladándose en un vehículo marca Torino, color blanco y otro Fiat, color azul. Habiendo recorrido un trayecto de aproximadamente 40 minutos fue introducido en el centro clandestino de detención "La Escuelita", siendo entregado a otra personas.

Allí fue torturado hasta que perdió el conocimiento y alojado en una habitación donde había otros cautivos, en la cual permaneció tirado en el piso. Sufrió simulacros de fusilamiento y torturas con picana eléctrica en su cuerpo en interrogatorios en los que se pretendía que reconociera que era un subversivo.

Su mujer Blanca Ruiz, al día siguiente del secuestro, hizo una denuncia policial indicando como se lo habían llevado a su esposo de su domicilio. Manifestó que sus manos estaban estropeadas y que tenía una cicatriz en el tobillo por haber sufrido un accidente. La causa judicial motivada en virtud de ello, fue cerrada por el Dr. Jorge Félix Conget que se encontraba a cargo del Juzgado en lo Penal n 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca sin que se hubieran dispuesto medidas tendientes a esclarecer el hecho.

Durante su cautiverio, sus familiares hicieron diversas gestiones para que fuera liberado, inclusive solicitaron ayuda al Consulado de España dado que Manuel era español. Finalmente, el día 6 de noviembre de 1976 Vera Navas fue dejado en libertad vendado a orillas del arroyo Napostá.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Manuel Vera Navas (audiencia de fecha 26/10/2011 por la tarde); b) Blanca Ruiz (audiencia de fecha 26/10/2011 por la tarde), esposa de la víctima y testigo presencial del secuestro, junto a sus dos hijos menores; radicó denuncia en la Seccional Primera de Bahía Blanca de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, realizó gestiones en el Comando del V Cuerpo de Ejército y ante el Cónsul de España.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 51041 del Juzgado en lo Penal n 1 Sec. 1 (Expediente 253 del registro de la CFABB) caratulado "VERA NAVAS, Manuel denuncia privación ilegal de la libertad"); b) Expediente 109(14) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Vera Navas, Manuel); c) Legajo CONADEP 7620.

31.- ABEL, Jorge Antonio

Jorge Antonio Abel (quien entre los años 1973 y 1976 había militado en la Juventud Peronista) fue secuestrado por un grupo de varias personas pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Delegación Viedma |19|, al mando del Comisario FORCHETTI, el día 15 de diciembre de 1976, a las 6.30 horas, mientras se dirigía a su trabajo sito en calle Lavalle a la altura del número 1.250 de la ciudad de Viedma; habiéndolo ingresado en una camioneta Ford F 100 con cúpula de color celeste con franjas blanca, fue conducido en el piso de ésta, a la sede de la Delegación Viedma de la Policía Federal y tras estar allí por un corto lapso de tiempo, fue conducido a la sede de la Escuela de la Policía de la provincia de Río Negro en donde fue interrogado y golpeado con elementos contundentes, siendo también sometido a una simulación de fusilamiento.-

Luego de ello Abel fue conducido a dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca en un vehículo Ford Falcon, concretamente ingresado en el centro clandestino de detención "La Escuelita", donde estuvo secuestrado y en cautiverio varios días, y fue sometido a constantes maltratos, tormentos tanto psíquicos como físicos, entre los que cabe señalarse especialmente la tortura, episodios éstos, luego de los cuales la víctima fue obligada a firmar una declaración sin conocer el contenido de la misma.

Asimismo, fue fotografiado sin venda en los ojos, lo cual le permitió observar al personal uniformado del ejército |20|.-

Identificó a Oscar José Meilán, Vilma Rial De Meilán, Miguel Ángel García Sierra, Héctor Juan Ayala, Armando Lauretti, Eduardo Chironi como otras personas conocidas con las que compartió cautiverio en "La Escuelita".-

Fue trasladado a la Cárcel N 4 de Villa Floresta el 24 de diciembre de 1976, en lo que indicó como la caja de una camioneta. En ese momento, el Director de esa unidad penitenciaria era el Prefecto HECTOR LUIS ZELAYA.-

Allí lo recibió un numerario del servicio penitenciario bonaerense que actuaba de nexo entre ambos lugares de detención, a quien llamaban "mono" o "negro" Núñez. En dicha Unidad la víctima tuvo conocimiento de otras personas que habían estado contemporáneamente en la misma situación de cautiverio en "La Escuelita", entre los que se encontraban Héctor Osvaldo GONZALEZ y su mujer, Eduardo Felipe MADINA FRESCO, José Luís GON, Héctor Ricardo PEREZ, José Luís ROBINSON, José Victorio LEDES; Carlos SANABRIA y Gustavo SOLDAVINI.

Con fecha 3 de enero de 1977, ABEL fue puesto a disposición del P.E.N por medio del decreto 1/77, con orden de su alojamiento proveniente del Teniente Coronel Rodolfo Lucio Dapeña del V Cuerpo de Ejército.

Con fecha 22/08/1976 fue trasladado (mediante nota de fecha 15/085/1976 firmada por el Teniente Coronel FANTONI, como Jefe del Depto. I Personal, y con coordinación del entonces mayor Delmé), a la Unidad Rawson, encontrándose para entonces como Director de la Unidad Penal nro. 4 SPB el Prefecto ANDRES REYNALDO Miriglia |21|.-

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Declaración del mismo Abel -conf. art. 391 C.P.P.N.- de fs. 9/15, 24/25, 185, 209 y 360/361 de la causa n 104/85 del Juzgado Federal de Viedma (Expediente 13 del registro de la CFABB) caratulada "ABEL; Jorge Antonio s/ Dcia. Privación Ilegal Libertad y Tortura"), caso n 289 de la causa 13/84 de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal y declaración ante la CFABB efectuada el 13/04/2000 en el marco de los "juicio por la verdad"; b) declaración testimonial de Juan Félix Luna de fs. 16.878 de la mencionada causa, víctima de secuestro y posterior detención en la Unidad Carcelaria 4. A través de su esposa le hizo saber a ABEL que había estado en el V Cuerpo de Ejército en un lugar donde había gente que era torturada, encapuchada e interrogada; c) declaración testimonial de Armando Lauretti (audiencia de fecha 29/11/2011 por la mañana), quien fue secuestrado y recluido en el centro clandestino de detención "La Escuelita", del cual fue retirado en una camioneta junto a otra persona para ser llevados a la Unidad Penal 4. Esa persona era ABEL. (Conf. presentación de fs. 9/12 y denuncia de fs. 13/15 obrantes en la causa 104/85 del Juzgado Federal de Viedma (Expediente 13 del registro de la CFABB) caratulada "ABEL; Jorge Antonio s/ Dcia. Privación Ilegal Libertad y Tortura"); d) declaración testimonial de José Victorio Bertani (audiencia del 27/12/2011 por la mañana), quien fue víctima de secuestro y reclusión en el centro clandestino "La Escuelita" donde compartió cautiverio con Abel, desde allí fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria n 4; y también su declaración fs. 19.104/19.107 de la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército").-

Y también se encuentra probado por la documental incorporada por lectura y que fuera ofrecida por el Fiscal y la querella: a) Expediente 104/85 del Juzgado Federal de Viedma (Expediente 13 del registro de la CFABB) caratulado "ABEL Jorge Antonio s/ Dcia Privación ilegal Libertad y Torturas": en especial denuncia de fs.1/8; informe de fs.41 de fecha 11/06/85 en donde la Delegación Viedma de la PFA hace saber que no se cuenta registrada la detención de Jorge Antonio ABEL; declaración de FORCHETTI de fs. 121 en donde admite la existencia de una camioneta Ford F 100 de color "celeste o gris" (sic) y de un Ford Falcon color verde botella entre la flota de vehículos que poseía la Delegación a su cargo; informe de fs.141 de fecha 24/06/85 emitido por la UP nro. 4 SPB en donde se da cuenta del registro de ingreso de ABEL en esa Unidad el 24/12/76 por medio de nota firmada por el Tte. Crnel. Rodolfo Lucio Dapeña del V Cuerpo de Ejército, sin constancias de quiénes efectuaron el traslado; como así también de su puesta a disposición del PEN mediante decreto 1/77 de 03/01/77, sin tenerse constancias tampoco de por qué causa se encontraba detenido; informe de fs. 152 en donde se da cuenta del registro en los archivos del Estado Mayor General del Ejército del arresto de ABEL a disposición del PEN con cese 26/01/78 mediante decreto 3055 PEN y que el comandante del V De Ejército en ese entonces era el Gral. De División (R) Osvaldo René Azpitarte; actuaciones del Juzgado de Instrucción Militar; actuaciones labradas por la justicia de instrucción militar a fs.171/214; b) Causa 13/84 caratulada "Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto número 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal conocida como "Juicio a la Junta Militar", caso número 289 correspondiente a ABEL Jorge Antonio. c) Causa 86(5) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos S/ Denuncia (ABEL, Jorge Antonio)": presentación de fs.1/5. d) Decreto del P.E.N. n 1/77 que dispuso el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y Decreto 3055/78 que dispone el cese del arresto, ambos en copia certificada. e) Informe producido por la Policía Federal Argentina en relación a los Libros de guardias, de Sumarios y de Detenidos de la Delegación Viedma de dicha fuerza de fecha 17/05/2010 en donde se da cuenta que no se conservan los libros aludidos por haber sido destruidos oportunamente en cumplimiento de los establecido en el reglamento General de Correspondencias de la Policía Federal Argentina (reservado en caja nro. 2 de instrucción suplementaria, identificado con el nro. 45 bis). f) Informe y vista fotográfica producidos por la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina (reservado en caja nro. 2 de instrucción suplementaria, identificado con el nro. 45 bis); g) ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Jorge Antonio ABEL. h) Legajo CONADEP 477; i) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 160 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel EMILIO J.F. IBARRA) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de ABEL a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.

32.- AYALA, Héctor Juan

Héctor Juan AYALA fue secuestrado el 20 de diciembre de 1976, alrededor de las 22.30 horas el ciudadano, mientras llevaba a cabo trabajos de pintura en la chacra del señor VALLA, ubicada en la zona de IDEVI de la ciudad de Viedma. Quienes llevaron a cabo dicho operativo fueron un grupo de entre diez y doce personas vestidas de civil, identificándose a algunos de ellos pertenecientes a la Policía Federal Argentina, encontrándose a cargo del mismo un numerario de la PFA a quien se indicó como "sargento" CONTRERAS.

Luego de requerirle el personal policial a la víctima que se identificara, se lo introdujo de manera violenta en una camioneta marca Ford F-100 doble cabina, encapuchándolo y propinándole varias patadas de manera agresiva.

Tras haber recorrido un trecho por la ruta, a unos cinco o seis kilómetros de la ciudad de Viedma, detuvieron la camioneta lo bajaron violentamente y lo sometieron a un simulacro de fusilamiento.

Una vez finalizado esto, la víctima fue subida nuevamente al vehículo, con rumbo a la Delegación Viedma de la Policía Federal.

Al llegar a dicha dependencia, el Jefe de la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, VICENTE FORCHETTI, amenazó verbalmente e interrogó al señor AYALA sobre sus actividades e ideas políticas. Al concluir el duro interrogatorio, lo condujeron al altillo de la dependencia, lugar en el que permaneció hasta aproximadamente las 06:00 horas del día 21 de diciembre de 1976, dado que en durante esa madrugada fue transportado hacia la ciudad de Bahía Blanca al centro clandestino de detención denominado "La Escuelita".

Una vez allí, Héctor Juan AYALA fue sometido a vejaciones y brutales torturas efectuadas por personal militar, destinadas a obtener datos de actividades políticas propias o de otras personas, la mayoría desconocidas por AYALA.

Según surge de la declaración testimonial de Jorge Antonio ABEL, Héctor Juan AYALA se encontraba junto con él en el CCD "La Escuelita".

Trasladado en una camioneta a la Unidad N 4 de Villa por quien se identificara como "Mono" o "Negro" NÚÑEZ, numerario éste del Servicio Penitenciario bonaerense, y que actuaba de nexo entre el CCD y esa dependencia carcelaria; tales circunstancias se encuentran probadas a raíz de la documentación secuestrada por la Cámara Federal de Apelaciones local en la Unidad Penitenciaria nro. 4, en el marco de la ex causa 11c.-

Transcurrido un tiempo, fue trasladado a la U.6 de la cuidad de Rawson. Finalmente, recuperó su libertad en enero de 1979.

Prueba:

Tales hechos se encuentran probados a partir de los siguientes elementos de juicios ofrecidos por la Fiscalía y la querella y aceptados e incorporados a la presente causa, amén de los reproducidos en la sustanciación del juicio: a) declaración testimonial de Héctor Juan AYALA (Conf. Denuncia, ratificación y ampliación ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Río Negro de fs. 9/12,17, 174, 271/272 de la causa n 108/85 (Expediente 17 del registro de la CFABB) caratulada "AYALA, Héctor Juan s/ dcia. Priv. Ilegal de su libertad y Torturas"), amén de la realizada ante este Tribunal en la audiencia del día 29/11/2011 por la mañana; b) declaración de Mirta Silvia DÍAZ, esposa de la víctima, quien al tomar conocimiento del secuestro de su marido radicó una denuncia ante la Policía de la Provincia de Río Negro y efectuó diversas gestiones para procurar conocer el paradero de la víctima (declaración de la audiencia de fecha 29/11/2011 por la mañana ante este Tribunal); c) Expediente 108 del registro del Juzgado Federal de Primera instancia de Viedma caratulado "AYALA Héctor Juan s/ dcia. Privación ilegal de su libertad y torturas", en especial: informe del Jefe de la Policía Federal Argentina Delegación Viedma de fs. 35 (en donde la Delegación Viedma informa que dicha dependencia policial contaba con una camioneta Ford F100 doble cabina al momento de los hechos); Proveído de fs.39, Informe de fs.43 (en donde la Delegación Viedma PFA da cuenta de no contarse con registros de la detención de AYALA); Informe del Ejército Argentino de fs. 151 (donde se da cuenta del registro de la detención de AYALA puesto a disposición del PEN por decreto de 26 de enero 1979, encontrándose como Comandante del V Cuerpo Ejército el General retirado Azpitarte para ese entonces), actuaciones del JIM fs. 165/191 (en especial declaración de fs. 174 expte. 108/85 JFViedma de fecha 10/12/85 en donde AYALA ya entonces había sindicado a CONTRERAS y careo entre ambos de fs. 177); auto de fs. 192; presentación como parte querellante de fs.215/221. d) Expediente 86(6) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia S/ Ayala Héctor Juan", en especial: presentación de fs.1/3. e) Decreto del P.E.N. n 1/77 que dispone su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras personas, y Decreto n 208/79 mediante el que se deja sin efecto el arresto a disposición del P.E.N de AYALA, ambos en copia certificada. f) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Héctor Juan AYALA obrante en las cajas 13 y 14 de documentación; g) informe emitido por la Policía de la provincia de Río Negro de fecha 19/08/2010 emitido en el marco de instrucción suplementaria ordenada por este Tribunal en el que se da cuenta del no registro en los archivos de la Comisaría 1ra. Departamental de denuncia alguna efectuada por la Sra. Mirta Silvia Díaz con fecha 20/12/1976 respecto al secuestro de su esposo HÉCTOR AYALA (reservado en caja identificada como nro. 2 de la instrucción suplementaria -documento nro. 25 bis).-

33.- BERMÚDEZ, Oscar Amílcar

El 7 de enero de 1977, aproximadamente a las 05.00 horas, al momento de salir de su casa en la calle 25 de mayo s/n donde se domiciliaba junto a su familia, mientras se dirigía a su trabajo conduciendo un camión Bedford modelo 1961 en el que transportaba arena y pedregullo para una empresa contratista que construiría viviendas rurales en la zona del IDEVI, Oscar BERMÚDEZ fue secuestrado ante un despliegue considerable de personas pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Delegación Viedma.

El operativo estuvo dirigido por el Comisario FORCHETTI y secundado por otras dos personas, una de ellas, de aproximadamente 25 años de edad, delgado, rubio y con bigote; y el otro una persona robusta, alta de pelo negro.

Los tres victimarios redujeron a BERMÚDEZ y lo colocaron en el interior de la cabina del camión, obligándolo a colocarse en el suelo mirando hacia abajo, momento en que el Comisario FORCHETTI personalmente le vendó los ojos y le colocó esposas antes de sacarlo del camión, para hacerlo subir, junto a los demás integrantes del operativo que se encontraban con ropas de civil, a otro vehículo. Durante dicho trayecto, BERMÚDEZ estuvo constantemente sometido y amenazado por armas de fuego e imposibilitado de resistirse o gritar.

El vehículo al que fue subido era una camioneta Ford doble cabina, la que era conducida por otras personas, diferentes a las que ejecutaron el secuestro. BERMÚDEZ fue conducido al V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

Durante su cautiverio en el centro clandestino de detención "La Escuelita"' fue sometido a interrogatorios mediante golpes, picana eléctrica en distintas partes del cuerpo y simulacro de fusilamiento. Permaneció secuestrado en la "La Escuelita"' unos once días, durante los cuales pudo saber que junto a él estaban también Oscar MEILÁN, Mario CRESPO, Darío ROSSI, Emilio VILLARROEL y un hombre de apellido ÁLVAREZ, yerno de DAMIANI, otro de apellido GON y LEDE.

El 18 de enero de 1977 fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta de esta ciudad, donde fue recibido por un funcionario del Servicio Penitenciario bonaerense llamado "Negro" NÚÑEZ, quien también participaba de los interrogatorios a los cuales lo sometían.

El 17 de abril sorpresivamente fue trasladado a la cárcel de Rawson, en un avión 'Guaraní' del Servicio Penitenciario Federal, soportando durante el traslado todo tipo de torturas físicas y psicológicas.

En la Unidad Penal de Rawson, una persona de apellido STEDIN -quien cumpliera funciones de dirigir la 'Operación Recibimiento' y que sería de la ciudad de Viedma, era el encargado de someterlos a tortura psicológica.

De acuerdo a la documental obrante, en el Libro de registros de detenidos de la Delegación Local de la Policía Federal Argentina, no fueron dejadas constancias que aludan al ingreso de Oscar Amílcar BERMÚDEZ a esa dependencia, consignándose que según informe brindado por el Ejército que fue arrestado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Nro. 98 del 19/01/1977, habiendo cesado tal situación por Decreto Nro. 2985 del 19/12/1978.

Conforme lo que manifestaría posteriormente al declarar en testimonial ante el Juzgado Federal de Viedma el 25/09/2.006 (fs. 411/414 y constancia de fs. 359 de la causa 113/85, incorporada como prueba al debate), si bien en el mismo momento de los hechos no sabía quiénes eran sus secuestradores, sí lo hizo con posterioridad, siendo que incluso fue careado en dicha causa con FORCHETTI, y que respecto de CONTRERAS pasados los hechos, lo vio en varias manifestaciones que se llevaban a cabo en la época del inicio de la democracia en las que aparecía vestido de peón, lo que provocaba su desconcierto.

Prueba:

Tales circunstancias se encuentran acreditadas en autos a tenor de lo que surge de: a) las declaraciones del mismo Oscar Amílcar BERMÚDEZ en causa 113/85 "Bermúdez, Oscar Amílcar s/ dcia. privación ilegal de la libertad y torturas" de fs. 9/17, 24, 163, 411/4 y constancia de fs. 359 y la prestada en la audiencia 29/11/2011 por la tarde; b) declaración testimonial de María Noemí BRINGUE (audiencia 29/11/2011 por la tarde), esposa de la víctima, realizó gestiones para procurar establecer el paradero de su esposo. Lo visitó cuando estaba en la cárcel de Villa Floresta, advirtiendo las malas condiciones físicas de BERMUDEZ; c) declaración en la audiencia del 29/11/2011 por la tarde de Celestino FERNÁNDEZ, quien acompañó a la esposa de BERMÚDEZ en los primeros momentos de la desaparición. Encontró abandonado el camión en el que se movilizaba BERMÚDEZ; d) declaración en la audiencia del 29/11/2011 por la tarde de Emilio VILLARROEL, quien fue secuestrado y recluido en el centro clandestino de detención "La Escuelita" mientras se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en el V Cuerpo de Ejército. Posteriormente trasladado a la cárcel de Villa Floresta; compartió cautiverio y detención con BERMÚDEZ y otras personas de Viedma.

Como también de la prueba documental incorporada por lectura: a) Expediente 86(4) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Bermúdez Oscar Amílcar): en especial presentación de fs.1/8; b) Decreto del P.E.N. n 98/77 por el cual se dispone el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de BERMÚDEZ y Decreto n 2985/78 por medio del cual se deja sin efecto el arresto dispuesto, ambos en copia certificada; c) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Oscar Amílcar BERMUDEZ; d) Legajo CONADEP 476.)

34.- CHIRONI, Eduardo Mario

El 13 de diciembre de 1976, aproximadamente a las 18:00 horas, el Eduardo Mario CHIRONI, tras tomar conocimiento de que probablemente se produciría su secuestro o detención y consultar la situación con personas de su confianza, se presentó ante el Jefe de la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, Vicente Antonio FORCHETTI. En ese mismo momento, perdió su libertad.

El 15 de diciembre de ese mismo año, alrededor de las 06:00 horas, fue cargado en un automóvil marca Ford Falcón color verde claro que era conducido por personal de la Policía Federal.

El vehículo se dirigió al aeropuerto de Viedma. A mitad de camino personal policial vendó a CHIRONI impidiéndole así, tomar contacto visual con su entorno. Luego de esto, el vehículo ingresó por un camino de tierra y trascurrido un corto tiempo estacionó.

Posteriormente CHIRONI fue tirado en el asiento trasero y el automóvil partió rumbo al V Cuerpo del Ejercito con asiento en la ciudad de Bahía Blanca, más específicamente al CCD "La Escuelita".

Tras ser arrojado al interior del centro clandestino, CHIRONI fue reiteradamente torturado en forma brutal y salvaje por personal militar, con la finalidad de obtener datos de actividades políticas propias o de otras personas.

Las torturas consistieron en pasar electricidad sobre el cuerpo de CHIRONI específicamente sobre su pecho, tetillas y testículos, sin perjuicio de las fuertes golpizas propinadas durante los interrogatorios que efectuaban personal militar.

En otra ocasión CHIRONI fue colgado durante 40 horas en un travesaño con los pies sin tocar el suelo lo que le produjo profundas cortaduras en sus muñecas.-

CHIRONI permaneció en el centro clandestino, siendo destinatario permanente de sesiones de torturas y maltratos físicos y psíquicos que lo llevaban incluso a delirar, perder el conocimiento y nociones espacio-temporales. De ello han dado cuenta entre otros Jorge Antonio ABEL, Mario CRESPO, Vilma Diana RIAL de MEILÁN, Oscar José MEILAN y Miguel GARCÍA SIERRA.

El 24 de diciembre de 1976 CHIRONI fue sacado del centro clandestino y trasladado al Penal de Villa Floresta (entonces a cargo del Prefecto Héctor Luis Zelaya), donde debió ser internado en la dependencia de Sanidad de esa Unidad, tiempo después, como consecuencia de los padecimientos sufridos que lo aquejaron durante toda su vida, le tuvo que ser extirpado un testículo, órgano que le destruyeron durante las sesiones de tortura de su cautiverio.

CHIRONI fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 01/77 el 03 de enero de 1977.-

Por orden del V Cuerpo de Ejército de fecha 15 de agosto de 1977 (firmada por el Coronel Hugo Carlos FANTONI), el 22 de agosto de ese año, Eduardo CHIRONI fue trasladado al Penal de la ciudad de Rawson |22|, donde permaneció hasta el 08 de marzo de 1978 en que fue puesto en libertad.

CHIRONI falleció con fecha 23/09/2008 debido a un cáncer pulmonar, afección que surgió y fue desmejorando en los tiempos posteriores a su liberación.-

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados por las siguientes probanzas: declaraciones testimoniales incorporadas al presente juicio de: a) María Cristina CÉVOLI de CHIRONI, esposa de la víctima, quien pudo ver a CHIRONI mientras estuvo alojado en la Delegación Viedma de la Policía Federal. Al producirse el traslado ilegal a Bahía Blanca, realizó gestiones para conocer el paradero de su esposo. Lo volvió a ver en la Unidad Carcelaria 4 donde observó el mal estado de salud de CHIRONI. (Conf. declaración de fs. 20 de la causa 105/85 del Juzgado Federal de Viedma (Expediente 14 del registro de la CFABB) "CHIRONI, Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad"; como también declaración de fecha 29/11/2011 por la tarde); b) Fernando Gustavo CHIRONI, hermano de la víctima, a quien acompañó al presentarse a la Policía Federal donde les informaron que había una orden de detención vigente en su contra. Durante el cautiverio en "La Escuelita" de CHIRONI, su hermano realizó gestiones en el V Cuerpo de Ejército a fin de conocer el paradero del mismo. (Conf. fs. 22/23 de la causa 105/85 (Expte, 17 de la CFABB) "CHIRONI, Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad"; como también de fecha 21/12/2011 por la mañana); c) Miguel Ángel BERMEJO, abogado conocido de la víctima, quien realizó gestiones junto al hermano de áquel Fernando, a fin de procurar conocer el paradero de la víctima (Conf. fs. 19 de la causa 105/85 (Expte. 17 de la CFABB) "CHIRONI, Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad", como también declaración ante este Tribunal de fecha 06/12/2011 por la mañana); d) Juan Fernando CHIRONI, padre de la víctima. Realizó gestiones con el fin de obtener información sobre el paradero de la víctima. (Conf. fs. 21 de la de la causa 105/85 (Expte, 17 de la CFABB) "CHIRONI, Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad"). e) Mons. Miguel Esteban HESAYNE, al momento en que ocurrieron los hechos se desempeñaba en la ciudad de Viedma como Monseñor. Mientras CHIRONI estaba detenido en la Delegación de la Policía Federal supo que sería trasladado al V Cuerpo de Ejército, donde realizó gestiones sin resultados positivos. (Conf. declaración de fs. 18 de la causa 105/85 (Expte, 17 de la CFABB) "CHIRONI, Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad"); f).- Matilde LEON de CEVOLI, suegra de la víctima. Testigo presencial del allanamiento producido en su casa por un grupo de policías de Viedma, ocurrido mientras CHIRONI se encontraba cautivo en el centro clandestino de detención en Bahía Blanca; g) Ricardo Ángel LAPADAT, soldado del ejército para la época de los hechos, quien ratificó ante el Tribunal en su declaración de fecha 14/12/2011 por la mañana el haber participado del allanamiento junto con el Sargento 1ro. SAMANIEGO y otro de apellido GONCALVES de la PFA que portaba un arma de fuego, y que en dicho procedimiento se encontraba presente una señora mayor y una hija de la familia CÉVOLI (Conf. declaración de fs. 163/164 de la causa 105/85 (Expte, 17 de la CFABB) "CHIRONI, Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad" y declaración de fs. 159 de la causa 14); h) Carlos Oscar MULLER, se desempeñó en la Sección Sanidad de la cárcel de Villa Floresta como enfermero al tiempo de ocurridos los hechos. (Conf. declaración de fs. 255/256 105/85 (Expte. 17 de la CFABB) "CHIRONI, Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad" y declaración ante este Tribunal de fecha 13/12/2011 por la tarde); i)-Oscar Aníbal MELE, se desempeñó como oficial médico en la Unidad Penitenciaria 4 en 1976 y 1977, en cuya función asistió a Eduardo CHIRONI (Conf. declaración de fs. 179/180 de la causa 86(2) del registro de la CFABB "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ (CHIRONI Eduardo Mario) y su declaración ante este Tribunal de fecha 13/12/2011 por la tarde); j) Gerardo Néstor RODRÍGUEZ, se desempeñó como médico en la Unidad Penitenciaria 4 desde 1976/1980 y recordó el estado lamentable en que el mismo se encontraba. (Conf. declaración fs. 182 y vta. de la causa 86(2) "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (CHIRONI, Eduardo Mario)" y su declaración ante este Tribunal de fecha 13/12/2011 por la tarde); k) Félix Alberto IRIARTE, se desempeñó como médico en la UP 4 durante los años 1970 a 1980. (Conf. declaración testimonial de fs. 181 y vta. de la causa 86(2) "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (CHIRONI, Eduardo Mario)" y declaración ante estos estrados de fecha 22/02/2012 por la tarde).

Como así también de la siguiente documental también incorporada al debate: a) Expediente 105/85 (Expediente 17 del registro de la CFABB) caratulado "CHIRONI Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad": en especial oficio de fs.68; oficio de fs. 234 emitido por la U4 del SPB en el que se da cuenta del registro de ingreso de CHIRONI el 24/12/1976 por orden emanada del V Cuerpo de Ejército firmada por el Teniente Cnel. Dapeña y a disposición del PEN; asimismo se da cuenta de su traslado a la Unidad Penal de Rawson el 15/08/1977 también por orden emanada del V Cuerpo de Ejército, firmada por el Coronel HUGO CARLOS FANTONI, actuaciones ante JIM de fs.344/388; informe de fs. 400 bis/403 en donde la Dirección de Asuntos Institucionales del Ejército da cuenta de no contarse con documentación alguna relacionada con las personas detenidas durante 1976/77 en el V Cuerpo Ejército como tampoco referida a los procedimientos realizados en operaciones vinculadas con la guerra contra la subversión. b) Expediente 86(2) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos S/ Denuncia Chironi, Eduardo Mario": presentación de fs.1/6; c) Decreto del P.E.N. N 1/77 por el cual se dispone el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de CHIRONI, entre otras personas, y el Decreto N 511/78 que deja sin efecto el arresto, ambos en copia certificada. d) Legajo CONADEP 473; e) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria n 4 correspondiente a Eduardo Mario CHIRONI; f) declaración testimonial de CHIRONI, Eduardo Mario (fs. 10/13, 30, 485/486 de la causa 105/85 caratulada "CHIRONI Eduardo Mario s/ privación ilegal de la libertad" y su declaración de fecha 04/04/2000), quien falleció con fecha 23/09/2008 conforme certificado aportado oportunamente por la Fiscalía; g) Y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 168 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel Emilio J.F. IBARRA) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de CHIRONI a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.-

35.- CRESPO, Mario Rodolfo Juan

Mario Rodolfo Juan Crespo fue secuestrado por un grupo de tres personas de la Delegación de Viedma de la Policía Federal Argentina, entre los días 4 y 5 de julio del año 1976, cuando se dirigía hacia la casa de su madre, sita en calle Mitre casi esquina Rivadavia de la ciudad de Viedma, siendo en dicha oportunidad ingresado por la fuerza en un rodado marca Ford modelo Falcón de dicha dependencia y siendo directamente conducido a la misma en donde fue golpeado e interrogado por agentes que no conocía.

En estas circunstancias y por intervención de su entonces futuro suegro, el oficial de policía bonaerense Jorge Atilio ROSAS, fue trasladado en compañía de éste y de un oficial de la Policía Federal Viedma, que le decían "Tanos", a la delegación Bahía Blanca P.F.A. Allí, CRESPO fue interrogado y liberado el día 9 de julio de 1976.

Un tiempo después, entre el 15 y 18 de noviembre de ese mismo año, CRESPO eludió un nuevo intento de secuestro, en mientras salía de la Escuela de Industrial de Viedma, sufrió un nuevo intento de secuestro que logra eludir.

Al poner al tanto de tales acontecimientos a su suegro ROSAS, éste termina informando a CRESPO que era requerido por el V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca, y por ello acompañado de aquél, viajó hacia dicha dependencia, en donde fue interrogado y luego trasladado al centro clandestino de detención "La Escuelita", lugar en el que lo sometieron a extensos interrogatorios y a torturas de toda clase, como sumergirlo en agua hasta hacerlo casi perder el conocimiento por falta de oxígeno y pasarle electricidad por el cuerpo.

Con fecha 17 de enero de 1977 fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, para luego, el 22 de agosto del mismo año, ser transferido a la cárcel de Rawson. A finales de noviembre de 1977 volvió al Comando V Cuerpo de Ejército debido a que su esposa se encontraba enferma.

Recuperó su libertad definitiva a principios del año 1980, por disposición del decreto N 141 del 18 de enero de ese año.

Prueba:

Tales hechos se encuentran fehacientemente acreditados a partir de lo que surge de las siguientes probanzas: a) declaración testimonial de Josefa FERNÁNDEZ, madre de la víctima, en cuyo domicilio sito en la ciudad de Viedma se realizaron allanamientos ilegales efectuados por operativos policiales que irrumpieron en su casa y la revisaron profundamente. La misma fue llevada luego a la Delegación de la Policía Federal Argentina. (Conf. fs. 182/183 de la causa 107/85 del Juzgado de 1 instancia de Viedma "CRESPO Mario Rodolfo Juan s/ Dcia Privación Ilegal de su Libertad y torturas"); b) declaración testimonial de Silvia Beatriz CRESPO prestada ante estos estrados el día 30/11/2011 por la mañana, hermana de la víctima y quien fue testigo presencial de los allanamientos desarrollados, los que se efectivizaron sin orden judicial, y en los que reconoció a algunas de las personas que participaron. Junto a su madre fueron llevadas en calidad de demoradas a la delegación de la Policía Federal. (Conf. también con declaración de fs. 166/169 causa 107/85 "CRESPO Mario Rodolfo Juan s/ Dcia. Privación Ilegal de su Libertad y torturas"); c) declaración testimonial de Jorge Atilio ROSAS, suegro de CRESPO, prestada ante el Tribunal en la audiencia del 30/11/2011 por la mañana. El mismo era Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acompañó a CRESPO al V Cuerpo de Ejército momento a partir del cual quedó a disposición del V Cuerpo. (Conf. también con declaración testimonial de fs. 62/64 de la causa 107/85 "CRESPO Mario Rodolfo Juan s/ Dcia. Privación ilegal de su Libertad y torturas" y declaración en la causa 11 (C) en audiencia de fecha 5 de abril de 2000); d) declaración testimonial de Manuel TANOS, quien se desempeñó en la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina. Viajó a Bahía Blanca junto a Jorge Atilio ROSAS cuando llevó a CRESPO a la Policía Federal Argentina de esa ciudad. (Conf. declaración de fs. 45 de la causa 107/85 "CRESPO Mario Rodolfo Juan s/ Dcia. Privación Ilegal de su Libertad y torturas" y declaración en la causa 11 (C) en la audiencia del día 5 de abril del año 2000); e) declaración testimonial de Rodolfo TRUJILLO prestada ante el Tribunal el día 14/12/2011 por la mañana, quien como fotógrafo de la Policía de la Provincia de Río Negro y en ocasiones requerido por la Policía Federal a tal efecto, tomó fotografías a CRESPO. (Conf. también con declaración de fs. 34 causa 107/85 "CRESPO Mario Rodolfo Juan s/ Dcia. privación ilegal de su Libertad y torturas").

Como así también por la prueba documental incorporada por lectura a) Expediente N 107/85 del Juzgado Federal de Viedma (Expediente 11 del registro de la CFABB) caratulado "CRESPO Mario Rodolfo Juan s/ Dcia. Privación Ilegal de su Libertad y torturas", en especial: informe de fs. 193 emitido por el Estado Mayor General del Ejército de fecha 21/08/1985 en donde se da cuenta del registro del arresto de CRESPO a disposición del PEN; informe de fs. 203 de fecha 02/07/85 emitido por la UP 4 del SPB en donde se da cuenta del registro de ingreso de CRESPO, detenido a disposición del PEN "por Instigación a repartir volantes contra el Gobierno de las F.F.A.A.", sin constancias de quiénes efectuaron el traslado, y siendo el entonces director a cargo el Prefecto Andrés Reynaldo MIRAGLIA; actuaciones ante el Juzgado de Instrucción Militar de fs. 223/266; presentación como particular damnificado de fs.357/360; b) Expediente N 86(7) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaria De Derechos Humanos s/ Denuncia (CRESPO Mario Rodolfo Juan): presentación de fs.1/2; c) Ficha individual de la Unidad Carcelaria n 4 correspondiente a Mario Rodolfo Juan Crespo obrante en Cajas 13 y 14 de documentación; d) Decreto del P.E.N. 141/80 mediante el cual se dejó sin efecto el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; e) Legajo CONADEP 479; f) Declaraciones testimoniales de CRESPO, Mario Rodolfo Juan (actualmente fallecido) de fs. 9, 10/11, 17/18, 164/165 y 353/354 de la causa n 107/85 (Expediente 11 del registro de la CFABB) caratulada "CRESPO Mario Rodolfo Juan s/ Dcia Privación Ilegal de su Libertad y torturas"), como también la que fuera registrada digitalmente ante la instrucción confr. fs. 3418 de la causa 05/07, de fecha 5/04/00).-

36.- GARCÍA SIERRA, Luís Miguel

Luís Miguel GARCÍA SIERRA fue secuestrado el día 26 de noviembre de 1976, a las 22.00 horas aproximadamente, mientras se dirigía a la confitería "Comahue", sita en la intersección de las calles Colón y Laprida de la ciudad de Viedma, por un grupo de personas armadas vestidas de civil, a quienes la víctima sindicó como policías en ese momento a pesar de que no estaban uniformadas (conf. declaración testimonial de LUIS MIGUEL GARCÍA SIERRA, de fs. 202/3 de la causa 112/85 "García Sierra S/ desaparición" del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Viedma - expte. 77 CFABB-).

Tales sujetos se conducían en dos vehículos de los que luego de descender, inmovilizaron a GARCIA SIERRA allí mismo, lo arrojaron en uno de los automóviles y le cubrieron la cabeza con una capucha. La víctima fue además golpeada en la cabeza con la culata de un arma de fuego corta.

Tras ser conducido a las afueras de la ciudad de Viedma, se lo cambió de vehículo y se lo trasladó a un descampado donde lo obligaron a descender. Allí, al preguntar GARCÍA SIERRA a uno de sus custodios hacía dónde lo llevaban, recibió como respuesta que lo iban a entregar a un pelotón de fusilamiento.

Vale destacar al respecto, que conforme lo declarado por la víctima, previo a su secuestro, el mismo habría advertido ser perseguido por personal de la Delegación Viedma de la PFA, al cual conocía haberle vendido libros en esa época |23|. También días antes, en oportunidad de haber montado un campamento con compañeros del instituto de educación física en el que estudiaba, personal militar se hizo presente requiriéndoles identificarse por medio de la exhibición de documentos |24|.-

Luego de ello, fue introducido en otro automóvil, esta vez sentado entre dos personas, a quienes a las cuales les preguntó nuevamente hacia dónde lo trasladaban, a lo que se le dijo que lo llevaban a Córdoba.

Finalizado el trayecto, fue conducido a un recinto cerrado, en el que lo sentó e interrogó por sus datos personales, se le quitó el reloj, la cadena y el dinero que traía consigo, advirtiéndosele que para salir vivo de dicho lugar no debía quitarse las vendas ni hablar con nadie y que debía "mantener las esperanzas", tras lo cual se le quitó la capucha de la cabeza, se le vendó los ojos, ataron sus manos y lo colocaron en el suelo de otra habitación.

Conforme las declaraciones recibidas a Luís Miguel GARCIA SIERRA -y que conforman prueba de la presente causa- en ese lugar se lo interrogó sobre su militancia política y fue torturado, sufrimiento éste al que se vio expuesto por durante casi una semana, cada noche, cuando se lo llevaba a ese recinto en particular, los estaqueaban y le aplicaban electricidad en su cabeza. Hizo mención también a las malas condiciones de higiene y alimentación del lugar.-

Con fecha 24 de diciembre de 1976, se lo trasladó a la Unidad nro. 4 del S.P.B. Si bien manifestó que ya tenía conocimiento que el lugar en el que había estado detenido previamente se trataba de un CCD dentro de ámbito de V Cuerpo del Ejército, fue recién en dicha Unidad carcelaria en donde fue anoticiado que dicho centro se denominaba "La Escuelita" |25|.-

Vale destacar, que de las circunstancias de su cautiverio se cuenta también con los testimonios de Mario CRESPO, Oscar José MEILÁN y Jorge Antonio ABEL.-

El 22 de agosto de 1977 fue trasladado, con otras víctimas, a la Unidad Penal 6 de Rawson y a través de gestiones realizadas por sus padres en la Embajada española se le otorgó el derecho de salir del país, partiendo a España en octubre de 1977, previo a un período de detención en el penal de Caseros.

Prueba:

Tales extremos se encuentran acreditados en base a la prueba ofrecida, aceptada e incorporada al presente juicio, a saber: a) declaración testimonial de Luís Miguel GARCÍA SIERRA prestada en la audiencia del día 14/02/2012 por la mañana, como también la incorporada por lectura de fs. 202/203 de la causa N 112/85 "GARCÍA SIERRA Miguel s/ Desaparición"; b) declaración incorporada por lectura (art. 391, inc.3 C.P.P.N.) de Alfredo GARCIA, padre de la víctima, quien supo de la detención de su hijo cuando ya estaba en la cárcel, a través de una carta que envió desde la Unidad Carcelaria 4, donde pudo visitarlo,(conf. fs. 85 y vta. de la causa N 112/85 (Expediente 77 del registro de la CFABB) "GARCÍA SIERRA Luís Miguel s/ Desaparición"); c) declaración de María Luisa SIERRA (incorporada por lectura conf. Art. 391 inc. 3 C.P.P.N.), madre de la víctima, supo de la detención de su hijo a través de una carta que éste le envió desde la cárcel, donde luego pudo visitarlo (conf. declaración fs. 84 y vta. en Expediente 112/85 "GARCÍA SIERRA Luís Miguel s/ Desaparición"); d) declaración de José Luís ROBINSON ante este Tribunal del día 30/11/2011 por la mañana, quien fue secuestrado y recluido en el centro clandestino de detención "La Escuelita" y luego trasladado a la Unidad Carcelaria 4, lugares en los que compartió cautiverio con GARCÍA SIERRA, a quien conocía (conf. también con declaración incorporada por lectura de fs. 19.100/19.103 de la causa N 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército"); e) declaración de Gunardo PEDERSEN del día 30/11/2011 por la tarde, como también la incorporada por lectura de fs. 28 de la causa n 106/85 "MEILAN Oscar José s/ Dcia. privación ilegal de la libertad y torturas" profesor de García Sierra, quien se presentó ante la Delegación de Viedma de la PFA ante la desaparición de éste, a los fines de efectuar una denuncia de averiguación de paradero, entrevistándose para ello con el Comisario FORCHETTI, quien le desaconsejó que realizara la misma. Sin perjuicio de ello, la formalizó de todas formas desconociendo el trámite posterior. Aludió también que para la época de los hechos en el Instituto de educación física en el que trabajaba y era profesor de la víctima, se tenían sospechas de tener intervenidas las líneas telefónicas debido a una actitud de sospechas por parte del gobierno militar para con la institución; f) declaración de Eduardo Álvarez antes estos estrados el día 20/12/2011 por la tarde.-

Como así también de lo que surge de: a) Expediente 112 del Juzgado Federal de 1 instancia de Viedma (Expediente 77 del registro de la CFABB) caratulado "GARCÍA SIERRA, Miguel s/ Desaparición"): en especial del despacho de fs.27 y sus respuestas de fs. 30/40 (documentación en la que consta que efectivamente GARCÍA SIERRA fue estudiante del Instituto Superior del Profesorado de Educación Física de Viedma) y el informe de fs.42 en donde la Delegación Viedma de la PFA con fecha 14/05/85 hace saber que no se cuenta con constancias de la detención de éste y que los libros de entradas y salidas de expedientes tienen un máximo de duración de cinco años; auto de fs.43 y su respuesta de fs. 53 (informe de la Unidad 4 SPB en donde se da cuenta del registro de García Sierra en esa sede y que al momento de su ingreso se encontraba como Director de la misma HÉCTOR LUIS SELAYA, y a su egreso, ANDRÉS REYNALDO MIRAGLIA); actuaciones de fs.78/83 efectuadas por la justicia de instrucción militar; copia de nota emitida por el Teniente Cnel. Rodolfo Lucio Dapeña obrante a fs. 102 de fecha 24/12/1976 por medio de la cual solicita al entonces Jefe de la UP nro. 4 del SPB recibir en calidad de detenido Al "delincuente subversivo" Luís Miguel GARCÍA SIERRA (en donde además se encuentran en la nómina las víctimas MONGE, FLORES RIQUELME, LAURETTI, AYALA, CHIRONI, ROBINSON Y ABEL) y en donde además se expresa que "los correspondientes números de decreto de disposición PEN serán puestos en conocimiento de esa Unidad oportunamente"; actuaciones militares de fs.76 a 114; auto de fs.121 por medio del cual se agrega dicho expediente sin acumular a la causa 11/86 CFABB. b) Decreto del P.E.N. 1/77 de fecha 03/01/1977 mediante el que se dispone el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. c) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria 4 correspondiente a Luís Miguel GARCÍA SIERRA, obrante en Caja de Documentación 13 y 14); d) y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 169 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984 (a cargo del entonces Teniente Coronel Emilio J. F. IBARRA) en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en donde se da cuenta del ingreso de GARCÍA SIERRA a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.

37.- GENTILE, Carlos Alberto

El 15 de abril de 1978, aproximadamente a las 15.00 horas, Carlos GENTILE fue secuestrado en la intersección de las calles Zatti y Urquiza de la cuidad de Viedma.

El operativo de secuestro fue llevado a cabo por un agente de la delegación Viedma de la Policía Federal Argentina identificado como QUIROGA, quien se desplazaba en una camioneta marca Ford doble cabina de color celeste, chapa patente terminada en el número 613 con letra B.

En el mismo operativo también fue privado de su libertad el ciudadano Gustavo DOMÍNGUEZ, quien era amigo de la víctima.

Refirió Carlos GENTILE que el policía de apellido QUIROGA descendió del vehículo, lo apuntó con un arma de fuego en la cabeza para luego esposarlo.

Una vez que se encontró inmovilizado, QUIROGA le colocó una capucha de polietileno negra en la cabeza y lo tiró en el piso del automóvil. Lo mismo hizo con el secuestrado DOMINGUEZ en dicho operativo.

GENTILE y DOMÍNGUEZ permanecieron tirados en el piso de la camioneta que circuló por un espacio de dos horas, hasta que ingresó en una especie de garaje, lo que fue supuesto por el ruido de una cortina metálica.

Una vez allí, los bajaron del vehículo y los arrojaron sobre un colchón de lana. Momentos después DOMINGUEZ fue retirado del lugar, y GENTILE llegó escuchar los gritos de su amigo mientras lo torturaban. Una vez finalizada la sesión de tortura, se prosiguió con GENTILE, quien fue acostado sobre una cama de metal y atado a la misma por las manos y por los pies.

Allí comenzaron las torturas que consistieron en fuertes golpizas y aplicar electricidad sobre el cuerpo de GENTILE, con particular saña en los genitales, boca y por otras partes sensibles del cuerpo.

Durante la brutal sesión de tortura GENTILE fue interrogado sobre diferentes asuntos que iban desde lo ideológico a cuestiones como armas y drogas.

Si bien GENTILE se encontraba en un sitio clandestino al que había sido llevado tras varias horas de viaje, supo de su ubicación aproximada en un centro clandestino de detención de esta ciudad, cuando uno de los interrogadores, inquirió a GENTILE para que le diga de dónde provenía y cuando éste le respondió de Viedma, interrogador le preguntó "...que hacía en el quinto cuerpo".

Luego de esto, personal militar lo subió nuevamente a la camioneta y tras andar aproximadamente tres horas, lo bajaron con los ojos vendados y lo dejaron en un camino advirtiéndole que no se sacara la venda inmediatamente porque lo matarían.

Al retirarse la camioneta GENTILE se sacó la venda y se percató que se encontraba a unos dos mil metros hacia adentro sobre el camino de acceso a la localidad de Cardenal Cagliero, desde allí se dirigió a pie a la cuidad de Viedma.

Al llegar a la mencionada cuidad se dirigió a la confitería "Mon Amour", entonces sita en Sarmiento y Moreno y le solicitó a una persona de apellido DEVICENZI que lo llevara a su casa. Por las lesiones y afecciones que le produjeron durante el cautiverio y las sesiones de tortura, Carlos GENTILE debió tratado por un médico llamado Osvaldo COLOMBO y por una psicóloga.

Al poco tiempo del hecho GENTILE, junto a su padre, se dirigió a la Delegación Viedma de la Policía Federal y su titular le manifestó que lo sucedido se vinculaba con las compañías o amistades que lo rodeaban.

Durante el año 1978 la Jefatura de la Delegación Viedma de la Policía Federal fue ejercida por el Comisario Mayor Antonio HANNA y el agente involucrado en el secuestro era Jorge Wenceslao QUIROGA, quien había ingresado a la institución el 1/4/77, prestando servicios hasta el 21/11/79 en que se dispuso su cesantía.

Asimismo la camioneta utilizada en el secuestro pertenecía a la Delegación Viedma de la Policía Federal, se trataba de una Pick-Up marca Ford F-100, "de tipo doble cabina, modelo 1976, motor DSAB-15963, chasis KALJSA-06340, color celeste metalizado chapa patente C-758.613 interno 2489".-

El cautiverio de GENTILE se extendió desde las 15 horas aproximadamente del 15 de abril hasta las 6.00 del día siguiente en que los volvieron a cargar en un vehículo y los llevaron con rumbo desconocido.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Carlos Alberto GENTILE (audiencia de fecha 07/02/2012 por la mañana); b) Domingo Alberto GENTILE -conf. art. 391 C.P.P.N.- (declaración testimonial de fs. 113 de la causa N 110/85 caratulada "GENTILE Carlos Alberto s/ dcia. Privación Ilegal Libertad y Torturas", padre de la víctima, quien luego de la liberación de su hijo lo acompañó a la Delegación de la Policía Federal de Viedma y mantuvieron una reunión con el comisario en relación a los motivos de la detención; c) Luís Alberto DEVICENCI (fs. 172 de la causa N 110/85 "GENTILE Carlos Alberto s/ dcia. Privación Ilegal Libertad y Torturas" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), dueño de la confitería a la que se dirigió GENTILE cuando, luego de su liberación, llegó a la ciudad de Viedma. Trasladó a GENTILE hasta su casa y advirtió el mal estado en que se encontraba; d) Osvaldo René COLOMBO (audiencia de fecha 15/02/2012 por la mañana), médico de la ciudad de Viedma, concurrió al domicilio de GENTILE, para asistirlo por las heridas que presentaba.

Y también se encuentra probado por la documental y demás elementos de prueba incorporados: a) Expediente N 110/85 del Juzgado Federal de Viedma (Expediente 18 del registro de la CFABB) caratulado "GENTILE Carlos Alberto s/ dcia. Privación Ilegal Libertad y Torturas"); b) Expediente N 230/77 JFBB, "IZURIETA, Zulma Araceli, ROMERO, María Elena, GIORDANO, César Antonio y YOTTI, Gustavo Marcelo abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/Entrega de cadáveres a sus familiares", acta de fs. 1 acumulado a la Causa N 94 (CFABB) caratulada: "Izurieta, María Graciela s/ hábeas corpus".

38.- MEILÁN, Oscar José

Con fecha 2 del mes de diciembre de 1976, entre las 00.30 y 01.00 horas, Oscar MEILÁN y su esposa Vilma Diana RIAL, junto a sus dos hijos (Sebastián de 15 meses y Guadalupe de 4 meses) volvían a su hogar el que se ubicaba en las afueras de Carmen de Patagones, de una cena de cumpleaños de hijo de una pareja amiga, tal los MAZZIOTI.-

En eso, fueron detenidos por un grupo de unos 12 ó 15 sujetos vestidos de civil pero a quien se identificó como miembros de la Policía Federal de Viedma, quienes obligaron a descender del rodado al matrimonio, y tras cubrirles las cabezas con capucha, los introdujeron en otro vehículo; los dos niños quedaron encerrados en el auto en el que viajaban con sus padres, siendo de esta forma abandonados.

Oscar MEILÁN se había comprometido a regresar a la vivienda de MAZZIOTI, para llevar a sus amigos Alberto Pascual Nardo y Angélica Muller hasta Viedma, luego de haber dejado en su casa a su esposa e hijos; mas, esa noche entre las 2.00 y 3.00 horas de la mañana, Daniel MAZZIOTA salió para llevar a Antonio ABEL a la casa de MEILÁN, y al acercarse a la casa de los MEILÁN, advirtieron que su automóvil Fiat 128 estaba sobre la calle en la entrada de la casa con las luces encendidas y el motor en marcha, hallando para su sorpresa allí a los niños, a quienes entregaron a los abuelos.

Conforme testimonio de Jorge Antonio ABEL halló a Sebastián (de 15 meses) dormido en uno de los asientos delanteros del auto mientras que Guadalupe (de 4 meses) lloraba boca abajo en el asiento de atrás |26|.

Oscar Meilán pudo identificar entre el grupo de sus secuestradores a GONCALVES como quien lo apuntó con una pistola en la cabeza coaccionándolo a descender del auto, como también al entonces Jefe de la Delegación de Viedma de la PFA, de apellido FORCHETTI |27|.-

En el trayecto de ese primer traslado, MEILÁN fue interrogado también por GONCALVES quien además lo golpeó con una goma en la cabeza. Se sometió, además, a la pareja a dos simulacros de fusilamiento, uno cuando se encontraban por la zona cercana al Aeropuerto de Viedma, y otro en uno de los accesos a la ciudad de Carmen de Patagones, tras haber pasado previamente por la Delegación de la Policía Federal de Viedma. Luego de ello, desde allí continuaron el viaje -ahora en una camioneta doble cabina- hasta el Comando V Cuerpo de Ejército en la ciudad de Bahía Blanca; en concreto, al centro clandestino de detención "La Escuelita"', en donde a los pocos días de estar allí se le extrajo una fotografía, por una persona vestida de civil, en un cuarto de poca dimensión.-

En dicho lugar de detención, Oscar MEILÁN permaneció desde el 02 de diciembre de 1976 hasta al 17 de enero de 1977, donde fue sometido a vejámenes de toda especie y a pésimas condiciones de subsistencia por demás deplorables y humillantes; amén de sufrir sesiones de torturas físicas -que incluyeron desde múltiples golpes hasta aplicación de picana eléctrica- y psicológicas como escuchar los gritos de dolor de su esposa cuando ésta era torturada en el CCD, amén de encontrarse en un estado de constante incertidumbre por sus hijos que habían sido dejados en el auto por sus secuestradores, sin saber más de ellos.-

Asimismo, mientras permaneció allí, lo hizo con las manos atadas atrás de la espalda, lo que le ocasionó lastimaduras en las muñecas por las correas, como también presentó lesiones en los ojos, nariz y oídos debido a la presión de las vendas. También presentó lesiones producto de las sesiones de tortura a las que fue sometido, la fisura de una costilla, por ejemplo, a consecuencia de una patada en el pecho, una herida de quemadura en el pie izquierdo, y un dedo de la maño izquierda con infección |28|.

Pudo identificar durante su cautiverio a otras personas que también estaban secuestradas, como Fernando 'Tito' JARA, Eduardo CHIRONI, Darío ROSSI, Eduardo ÁLVAREZ y su esposa Ana María DAMIANI y dos mujeres embarazadas: Graciela ROMERO y María Graciela IZURIETA.

Fue trasladado a la Unidad 4 de Villa Floresta SPB y recibido allí por el oficial Leonardo Luis NÚÑEZ, el 17 de enero de 1977. El trayecto se efectuó desde el CCD en un auto, con otros detenidos, maniatado y vendado, en posición fetal; a los pocos días, (el 22 de enero), se transfirió a MEILÁN a la Unidad Penitenciaria de Rawson, durante cuyo trayecto fue nuevamente sometido a castigos durísimos, situación que continuó en su permanencia en la Unidad, siendo víctima de más y constantes torturas hasta recuperar su libertad el 11 de mayo de 1979.

Prueba:

Tales hechos se encuentran probados a partir de los siguientes elementos: a) declaración testimonial de Oscar José MEILÁN ante este Tribunal de fecha 30/11/2011 por la mañana, como también su declaración testimonial de fs. 11/15, 38 y vta. 301 y vta. y 320 de la causa 106/85 caratulada "MEILAN Oscar José s/ Dcia. Privación ilegal de la libertad y torturas"; b) declaración testimonial de Eduardo Felipe MADINA FRESCO ante este Tribunal el 01/12/2011 por la mañana, quien fue secuestrado y recluido en el centro clandestino "La Escuelita" donde supo de la presencia de MEILÁN, y su declaración en copia certificada obrante a fs. 20 de la causa 106/85 caratulada "MEILAN Oscar José s/ Dcia. Privación ilegal de la libertad y torturas" y en audiencia de fecha 12/4/2000 en causa 11 (c)); c) declaración testimonial de Julio Antonio SERRANO, quien realizó gestiones ante autoridades de la ciudad de Carmen de Patagones a fin de dar con el paradero de MEILÁN. Prestada a fs. 26 de la causa 106/85 "MEILAN Oscar José s/ Dcia privación ilegal de la libertad y torturas"; d) declaración testimonial de Wenceslao ARIZCUREN ante el Tribunal el día 30/11/2011 por la tarde, quien realizó gestiones ante el Intendente de Carmen de Patagones para procurar conocer el paradero de RIAL y MEILÁN, y su declaración de fs. 27 de la causa 106/85); e) declaración de Mirta Inés ZARRABEITIA de fecha 01/12/2011 por la mañana ante este Tribunal, en la casa de cuyos padres encontraron una nota anónima donde se informaba sobre lo que había ocurrido al matrimonio RIAL - MEILAN; y también su declaración de fs. 24 de la causa 106/85 "MEILAN Oscar José s/ Dcia. privación ilegal de la libertad y torturas"; f) declaración testimonial de María de los Ángeles MIGONE ante el Tribunal del día 14/12/2011 por la mañana, quien a la época de los hechos tenía trato frecuente con el comisario ABELLEIRA, quien le comentó que esa noche habría un operativo en Patagones; al día siguiente se enteró de lo ocurrido con el matrimonio MEILAN por lo que relacionó ambos hechos; también su declaración de fs. 220 de la causa n 106/85 "MEILAN Oscar José s/ Dcia privación ilegal de la libertad y torturas"; g) declaración de Aurora MORENO, quien mediante nota anónima, hizo saber a una familia amiga del matrimonio MEILAN lo que presumiblemente les había ocurrido (fs. 208 de la causa 106/85 "MEILAN Oscar José s/ Dcia privación ilegal de la libertad y torturas"; h) declaración testimonial de Leda Susana GARCIA ante el Tribunal del 30/11/2011 por la tarde, quien tomó conocimiento de los dichos de ABELLEIRA por lo que hizo saber a una amiga en común con el matrimonio secuestrado sobre lo que presumiblemente les había ocurrido; también su declaración obrante a fs. 209 de la causa 106/85 "MEILAN Oscar José s/ Dcia privación ilegal de la libertad y torturas"; i) declaración testimonial ante el Tribunal de Gunardo PEDERSEN de fecha 30/11/2011 por la tarde, quien supo del secuestro del matrimonio y que los hijos de RIAL y MEILÁN habían quedado abandonados luego del mismo y participó en gestiones tendientes a conocer el paradero de las víctimas; y asimismo su declaración de fs. 28 de la causa N 106/85 "MEILAN Oscar José s/ Dcia privación ilegal de la libertad y torturas"; j) declaración ante el Tribunal de Angélica MULLER (01/12/2011 por la mañana), quien estuvo reunida con el matrimonio RIAL - MEILÁN y sus hijos antes de que se produjera el secuestro y supo luego del secuestro de los padres y del abandono de los pequeños hijos. Fue citada días posteriores al hecho a la Comisaría de Patagones e interrogada sobre el matrimonio MEILAN, entre otras personas, como también su declaración agregada a fs. 22 de la causa 106/85 citada; k) declaración testimonial ante el Tribunal de fecha 30/11/2011 por la tarde de Sebastián MEILÁN, hijo del matrimonio RIAL-MEILAN. El mismo se encontraba junto a sus padres la noche que se realizó el secuestro, quedando abandonada en el automóvil en marcha en la noche; l) declaración testimonial ante el Tribunal de Guadalupe MEILÁN (30/11/2011 por la tarde), hija del matrimonio RIAL-MEILÁN, quien fue víctima de abandono de persona junto a su hermano cuando el operativo se llevó a sus padres, quedando solos en el vehículo, hasta que son encontrados por amigos de sus padres; ll) declaración testimonial de Hilda QUEIROLO obrante a fs. 26 de la causa 159/85 "RIAL de MEILAN Vilma Diana s/ Privación ilegal de la libertad y tortura", cuyo hijo Daniel MAZZIOTTI le informó que había encontrado abandonados en el auto del matrimonio RIAL - MEILAN a los dos hijos, solos, y con el auto en marcha.-

Asimismo, se encuentra probado por la siguiente documentación: a) Expediente 106 del Juzgado Federal de 1 instancia de Viedma (Expediente 15 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) caratulado "MEILAN Oscar José s/ Dcia. Privación ilegal de la libertad y torturas", en especial: presentación de Osvaldo ÁLVAREZ GUERRERO, Gobernador de la Provincia de Río Negro de fs.1/8 y copias certificadas de las denuncias obrantes a fs. 9/32; auto de fs. 72 y 72vta por medio del cual se solicita se informe los registros de la detención y de presentación de hábeas corpus respecto de MEILÁN; informes de fs. 176 y 177 en donde surge que por ante la Secretaría 2 del Juzgado Federal de Bahía Blanca se registra la presentación de un hábeas corpus a favor de Meilán y Rial de Meilán con el N de expte. 984/76; "MEYLAN Oscar y RIAL DE MEILAN Vilma Díana s/ Recurso de Habeas Corpus", el que obra agregado a la causa 186 (expediente 15 del registro de la CFABB) con foliatura corrida: 179/202vta. surgiendo de fs. 192 la respuesta efectuada en fecha 22/12/1976 por el Teniente Coronel Auditor GONZÁLEZ RAMÍREZ del Comando V Cuerpo de Ejército informando que, "no se registran antecedentes de detención" en ese comando respecto de Oscar Meilán y Vilma Díana Rial de Meilán (denótese que conforme las constancias autos, la víctima ingresó en el CCD "La Escuelita" el 02/12/1976 hasta el 17/01/1977 cuando es trasladado a la UP N 4 del SPB); informe de fs. 231 en donde obra la respuesta emitida por la Unidad Penal 4 del SPB de fecha 26 de junio de 1985 dando cuenta que del registro del ingreso del detenido MEILÁN "no existiendo constancias de por quién fue conducido" y cuya internación fuera ordenada por medio de nota firmada por el Teniente Cruel. Rodolfo Lucio DAPEÑA del Comando V Cuerpo de Ejército, poniéndoselo a disposición del PEN por medio del decreto N 89/77 de 19/01/1977, "no existiendo constancias por qué causas se hallaba detenido", como así también que el Director de la Unidad en ese momento era el Prefecto ANDRES REYNALDO MIRAGLIA y que en esa época cumplía allí funciones el oficial Leonardo Luís NÚÑEZ; informes de fs. 258/259 emitido por el Estado Mayor General del Ejército de fecha 14/08/1985 en donde se da cuenta se registran antecedentes del detenido "Oscar José Meillan" quien fue arrestado a disposición del PEN por Decreto 98 del 19/01/77, y de su puesta en libertad vigilada el 10/09/79 por Decreto PEN 2242, siendo el Comandante en ese momento el General de División (R) Osvaldo René Azpitarte. A fs. 259 se aportan los datos de éste como del Gral. De Brigada Catuzzi, señalándose que como "un Coronel de apellido "Páez" podría tratarse del señor Teniente Coronel (R) OSVALDO BERNARDINO PÁEZ"; actuaciones del JIM 91: fs. 286, 287, nota de fs. 292 de la Unidad N 4 del SPB de fecha 09/01/86 en donde se "rectifica" lo oportunamente informado a la Justicia Federal de esta ciudad respecto de la existencia de registros de la detención de OSCAR JOSÉ MEILÁN ordenada mediante nota firmada por el Tte. Cnel. Auditor DAPEÑA; declaración del Gral. de Brigada (f) CATUZZI de fs. 294 en donde admite su visita a la Unidad Penal 4 SPB; declaración del entonces Comisario HECTOR JORGE ABELLEIRA de fs. 297 en donde admite una relación de amistad con la testigo ÁNGELES MIGONE, como también "cree" tener conocimiento del caso Meilán, aludiendo "no tenerlo muy presente"; declaración del Gral. de División (f) Azpitarte de fs. 298 en donde reconoce el recibimiento a familiares de casos de personas secuestradas; informe de fs. 309 emitido por la Delegación Bahía Blanca PFA dando cuenta que no se registra procedimiento alguno en Carmen de Patagones con fecha 02/12/1976; auto de fs. 339 por medio del cual se agrega sin acumular al expte. 11/86 de la CFABB; auto de fs. 352; presentación como parte querellante de fs. 375/381; nómina de autoridades de la PFA de fs. 395 en la que se identifica a FORCHETTI; b) Expediente 86(3) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría De Derechos Humanos S/Denuncia (Meilán Oscar José y RIAL Vilma Diana)" en especial: presentaciones de Meilán y su esposa de fs. 1/6 y de 10/13; c) Decreto del P.E.N. N 98/77 mediante el que se dispone el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de MEILÁN, y el Decreto N 842/79 mediante el cual se modificó la forma del arresto, los que se acompañan; d) Ficha Individual de la Unidad Penitenciaria 4 correspondiente a Oscar José MEILÁN, obrante en Caja de Documentación 13 y 14; e) Legajo CONADEP 475; f) Causa N 49708, caratulada: "Ministerio Público s/Solicitud declinatoria en causa N 106/85 caratulada: "MEILAN Oscar José s/ Dcia. Privación ilegal de la libertad y torturas"; todo lo cual fue incorporado por lectura al presente juicio; g) y finalmente a partir de la constancia que surge del listado de fs. 171 y acta de fs. 163/164 de la causa 87 CFABB (reservada en caja 3), confeccionado como consecuencia de instrucción llevada a cabo por el mismo JIM con fecha 26/06/1984, a cargo del entonces Teniente Coronel Emilio J.F. IBARRA en donde se da cuenta del ingreso y egreso de "detenidos vinculados al accionar subversivo" y en particular de MEILÁN a dicha Unidad, indicándose como fuerza que "remite", al V Cuerpo de Ejército.-

39.- RIAL DE MEILÁN, Vilma Diana; 40.- MEILÁN, Sebastián y 41.- MEILÁN, Guadalupe

Vilma Diana RIAL, esposa de OSCAR MEILÁN, fue secuestrada junto con éste el 02 de diciembre de 1976, entre la hora 00.30 y 01.00, en oportunidad de estar regresando a su casa en las afueras de Carmen de Patagones, en automóvil junto a sus dos hijos (Sebastián y Guadalupe de 15 y 4 meses) tras una reunión por el cumpleaños del matrimonio amigo MAZZIOTI; en dicho trayecto, un grupo de unas 12 ó 15 personas vestidas de civil y a quienes se identificara como miembros de la Delegación Viedma PFA, los interceptan, obligan a descender del rodado, encapuchan, meten reducidos a otro automóvil, y dejan abandonados a sus dos hijos menores, quienes quedaron encerrados en el auto en el que viajaban junto a sus padres.

Los niños fueron hallados esa misma noche, un par de horas después, cuando Daniel MAZZIOTI llegó a la casa de los MEILÁN junto con Antonio ABEL (ya que ante la preocupación de éstos por su demora decidieron ir a buscarlos), encontrándose con el automóvil del matrimonio (un Fiat 128) detenido sobre la calle en la entrada de la casa con las luces encendidas y el motor en marcha, y en su interior los niños, quienes fueron llevados a la casa de los abuelos.-

Conforme lo declarado por Jorge Antonio ABEL, Sebastián (15 meses) se encontraba dormido en uno de los asientos delanteros del auto en tanto que Guadalupe (4 meses) yacía llorando boca abajo en el asiento de atrás |29|.

Tras ser el matrimonio conducido por zona de caminos rurales, al acercarse al Aeropuerto de Viedma, se los sometió a un primer simulacro de fusilamiento, tras lo cual, siguieron viaje, hacia la Delegación de Viedma. En esta oportunidad la Sra. Rial pudo identificar que a su lado viajaba el Comisario FORCHETTI. Luego de ello emprenden nuevamente viaje a Carmen de Patagones, y ya llegando a uno de los accesos a la ciudad, sufrieron un segundo simulacro de fusilamiento, para luego ser trasladarlos en una camioneta doble cabina hasta Bahía Blanca, al centro clandestino de detención "La Escuelita"' más precisamente, donde son separados, golpeados y sometidos a sesiones de tortura con picana eléctrica, escuchando ellos mismos los gritos de dolor del otro en ese momento.-

Fue liberada del CCD sin su marido, el día 23 de diciembre 1976, siendo trasladada en una camioneta más bien chica, por dos de los custodios del mismo centro clandestino, apodados 'Laucha' y 'Manuel' o 'Torito', hasta la terminal de ómnibus de esta ciudad, donde se aseguraron de que subiera a un micro que partió rumbo a Carmen de Patagones |30|.

Tras tres días de haber llegado a la casa de sus padres, el Comisario FORCHETTI la sometió a un interrogatorio respecto del secuestro que había sufrido, ante lo cual ella (que estaba acompañada por su padre y prima), negó recordar datos de los lugares o personas que hubiera visto, aunque en realidad Vilma RIAL sabía que en el centro clandestino también se encontraban secuestrados Mario CRESPO, Eduardo CHIRONI, Jorge Antonio ABEL, Fernando JARA, una chica que estaba embarazada, varios chicos de escuela secundaria. |31|-

Finalmente, pudo reencontrarse con su marido Oscar Meilan el 22 de enero de 1977, cuando ya había sido trasladado a la Unidad Penitenciaria nro. 4 S.P.B.-

Prueba:

Tales acontecimientos se encuentran acreditados a partir de los siguientes elementos de prueba aceptados e incorporados a la presente causa: a) declaración testimonial de Vilma Diana Rial de Meilan, ante este Tribunal de fecha 30/11/2011 por la mañana como asimismo su declaración de fs. 9 a 12, 13,167 y 203/204 de la causa 159-F-73 año 1985 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma caratulado "RIAL de MEILÁN, Vilma Diana s/ Privación Ilegal de la Libertad y torturas"; b) de Edgardo Rubén RIAL: tío de la víctima, quien luego de la desaparición del matrimonio, acompañó al padre de RIAL a la ciudad de Bahía Blanca donde concurrieron al Comando del V Cuerpo en procura de conocer el paradero de la pareja obrante a fs. 17 y 173 de la causa 159 caratulada "RIAL de MEILÁN, Vilma Diana s/ Privación Ilegal de la Libertad y torturas"; c) testimonial ante el Tribunal de Alberto Pascual NARDI de fecha 01/12/2011 por la mañana, compañero de trabajo de la víctima, el que participó de una reunión social previa a que se produjera el secuestro del matrimonio y el abandono de los hijos, como también la de fs. 15 y 172 de Causa 159-F-73 año 1985 caratulado RIAL de MEILÁN, Vilma Diana s/ Privación Ilegal de la Libertad y torturas; d) declaración de Gloria Zunilda RIAL, hermana de la víctima, que realizó gestiones ante el entonces Gobernador de la provincia de Río Negro con el fin de obtener información sobre el paradero de su hermana y su cuñado, obrante a fs. 16/17 de la causa 106/85; e) testimonial de Carmen BOISAN, quien luego de la liberación, acompañó a RIAL a una entrevista convocada por FORCHETTI en la Delegación de la Policía Federal, donde fue testigo del interrogatorio al que fue sometida obrante a fs. 14 y fs 171 de la causa 159 caratulada "RIAL de MEILÁN, Vilma Diana s/ Privación Ilegal de la Libertad y torturas".-

Y también a partir de la siguiente prueba documental incorporada por lectura: a) Expediente 159 -F-73 Juzgado Federal de 1 instancia de Viedma caratulado "RIAL de MEILÁN, Vilma Diana s/ Privación Ilegal de la Libertad y torturas", en especial: presentación de fs.22 efectuada por el Dr. Fernando Gustavo CHIRONI solicitando certificación de presentación de acción de hábeas corpus respecto de MEILÁN y RIAL DE MEILÁN; auto de fs.29; auto de fs.49 en donde se solicitan informes de antecedentes de la detención de la víctima ante la PFA de Viedma como ante la justicia federal de Viedma y respuesta de fs.52 por dicha fuerza de seguridad en donde hace saber que no existen constancias de ello; informe complementario efectuado por Jorge Abel de fs. 58 y su declaración de fs. 59/60, quien encontrara junto con Mazziotti el rodado del matrimonio Meilán abandonado con los hijos de éstos en su interior; declaración de FORCHETTI de fs. 140/1; oficio de fs. 149 y respuesta de fs. 155 de fecha 02/09/85 en donde el Secretario Gral. Del Ejército hace saber que no se registran antecedentes de Vilma Diana RIAL de MEILÁN; actuaciones del JIM 91 de fs.157/165, declaración de Meilán de fs. 168 en donde identifica a GONCALVES como uno de los secuestradores miembro de la PFA; careo de fs. 175 entre MEILÁN y GONCALVES; informe de fs. 193/196 por medio del cual el JIM cierra la investigación del caso RIAL DE MEILÁN; auto de fs. 197; presentación de fs.198/201 donde la representante de la querella, Dra. Mántaras denuncia deficiencia sumarial de la instrucción militar; auto de fs.202; presentación de fs.209/213; b) Expediente N 106/85 del Juzgado Federal de 1 instancia de Viedma, caratulado: "MEILAN Oscar José s/ Dcia. Privación ilegal de la libertad y torturas"; c) Expediente N 15 del registro de la CFABB, caratulado: "MEILAN Oscar y RIAL DE MEILAN Vilma Diana s/ Recurso de Habeas Corpus"; d) Causa N 49708, caratulada: "Ministerio Público s/Solicitud declinatoria en causa N 106/85 caratulada: "MEILAN Oscar José s/ Dcia. Privación ilegal de la libertad y torturas"; e) Expediente N 86(3) del registro de la CFABB caratulado: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia (Meilán Oscar José y RIAL Vilma Diana)".

CASO "E.N.E.T." ( compuesto por los hechos de los que resultaron víctimas MENGATTO, Sergio Ricardo; PETERSEN, José María; ROTH, Eduardo Gustavo; VILLALBA, Emilio Rubén; ARAGÓN, Gustavo Fabián; BAMBOZZI, Néstor Daniel; CARRIZO, Carlos; IGLESIAS, Guillermo Oscar; LEBED, Alberto Adrián; LÓPEZ, Gustavo Darío; VOITZUK, Serio Andrés y ZOCCALI, Renato Salvador.)

En primer lugar, como prueba común a tales hechos que serán descriptos y a cuyas víctimas se hizo referencia, cabe destacar que tanto Chabat en su declaración testimonial de fecha 23 de noviembre de 2011 por la tarde, como Ayala en al prestar testimonios el día 29 de noviembre de 2011 por la mañana, reconocieron que los nombrados en el párrafo anterior estuvieron en el centro clandestino de detención "La Escuelita".

Por otro lado, se suma a ello la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que también tuvo lugar en el transcurso del debate.

42.- LOPEZ, Gustavo Darío

Gustavo Darío López, alumno de la Escuela de Enseñanza Técnica N 1 de la ciudad de Bahía Blanca, se encontraba junto a su familia en el domicilio de Las Heras N 958, cuando el día el 21 de diciembre de 1976 aproximadamente las dos de la madrugada irrumpieron en su morada varias personas disfrazadas que portaban armas de fuego y se identificaron como policías.

María Gallardo Lozano de López -madre del Gustavo-, desde una habitación en la que fue encerrada, oyó que su hijo recibía golpes y gritaba "yo no fui, yo no sé nada, de qué me están hablando".

Dicho procedimiento, culminó con el secuestro de Gustavo LÓPEZ, quien fue sacado de su domicilio golpeado, con la cabeza tapada y subido a un automóvil en el que viajaban al menos tres personas más. A bordo de aquel vehículo, recorrieron las calles Las Heras, Cervantes, Sarmiento y Cerrito hasta Casanova y, después de cruzar un puente, Urquiza, atravesar el Parque de Mayo y tomando por el camino La Carrindanga, deteniéndose a su vera el automotor para luego y tras abrirse una tranquera o portón, reiniciar la marcha por un camino de tierra.

A pocos metros de allí, fue entregado por uno de sus captores a una persona apodada "perro", quien lo castigó brutalmente y amenazó de muerte, colocándole una venda para que no pudiera ver y ataduras en las manos. Una vez introducido en una habitación en la que permaneció tirado en el piso, pudo advertir la presencia de otras personas en condiciones similares a la suya.

En las inmediaciones del lugar donde fue alojado le tomaron los datos personales, no le brindaron alimentos por largos periodos de tiempo y lo interrogaron acerca de su participación en un ataque dirigido contra la firma "Amado Cattáneo". Seguidamente fue sometido a un interrogatorio junto con un compañero de escuela de nombre Renato Zóccali, quien le pidió que describiera de buenas maneras el episodio que tuvo lugar en esa concesionaria local. Dado que Gustavo López negó su participación en el hecho por el que era cuestionado, se lo sometió a torturas para que admitiera su cooperación en dicho atentado. Finalmente, éste al no soportar la situación afirmó que había participado aquel suceso utilizando las referencias que habían mencionado previamente los secuestradores. En su declaración oral, López habló de la participación en el hecho de sus compañeros de colegio de apellido Roth, Aragón, Carrizo, Zóccali, Mengatto, Petersen, Voitzuk, Bambozzi y otros; la cual, al día siguiente, le hicieron firmar con los ojos vendados.

A su vez, mencionó que procedieron a carearlo con sus compañeros Roth y Aragón, supuestamente con la intención de que Gustavo López le pidiera a los nombrados que manifestaran su participación en el atentado a Amado Cattaneo.

Por otro lado, López señaló las características que recordaba -de lo que había podido percibir- el lugar en el que estuvo encerrado junto a otras personas, de las cuales mencionó a Sergio Voitzuk, Petersen, Bambozzi, Roth, Carrizo, Mengatto, Aragón, Zócalli y Villalba y destacó que fue sometido a simulacros de fusilamientos y condiciones inhumanas de detención. Asimismo, declaró haber escuchado gritos de gente que era torturada y que a los guardias se los refería como "tío", "zorzal", "laucha", "perro", "pocho". A él dijeron haberlo visto en "La Escuelita" Gustavo Roth, Sergio Andrés Voitzuk y Gustavo Fabián Aragón

Cuando estuvo privado de su libertad, los padres de Gustavo hicieron múltiples averiguaciones ante las distintas fuerzas de seguridad tendientes a conocer su paradero y presentaron un recurso de habeas corpus el día 22 de diciembre de 1976, todo lo cual arrojó resultado negativo. Pese a ello, por los dichos de un vecino se tomaría conocimiento que López se encontraba detenido en el Comando del V Cuerpo de Ejército.

Al respecto, en una entrevista mantenida con el General Catuzzi se les informó que su hijo había sido encontrado en un operativo y lo iban a "reintegrar a la sociedad, queriendo decir que no hubo problemas, que no había encontrado delito alguno, y que vivieran tranquilos que no iban a tener ningún tipo de represalias".

El día 15 de enero de 1977, Gustavo Darío López recibió algunos efectos personales de los que había sido desposeído y fue sacado del centro clandestino de detención junto a Aragón, Petersen, Roth, Zóccali y Carrizo en tres automóviles. Luego de circular por varios lugares, se lo dejó en las cercanías del cementerio de Bahía Blanca junto con Roth y se les indicó que permanecieran allí. Cuando los rodados en los que habían sido transportados se alejaron del lugar, todos los estudiantes fueron recogidos por personal del Ejército Argentino quienes los trasladaron hasta el Batallón de Comunicaciones 181 donde había un calabozo recién pintado y camas en buenas condiciones. Alojados en aquél sitio, fueron provistos de comida, elementos de higiene y atendidos por un médico.

A los días del ingreso, fueron vendados y sometidos a un interrogatorio que versaba sobre los motivos de sus secuestros. En esas circunstancias, Gustavo López negó tener vinculaciones con la subversión al ser preguntado por ello y, por tal motivo, le manifestaron que "sin embargo el rector dice que no es así", amenazándolo con ponerlo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Más tarde, sus padres fueron avisados que se lo liberaría y se le solicitó a Gustavo que firmara una orden de libertad en la que constaba que no había sufrido malos tratos y que el Ejército Argentino lo trató correctamente. Similar declaración, se lo obligó a suscribir nuevamente antes de ser liberado, en la que también se consignó el buen trato del Ejército y que negaba tener relación con la subversión.

Finalmente, el 21 de enero de 1977 se lo dejó en libertad y su padre pudo retirarlo del edificio del Batallón de Comunicaciones 181.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Gustavo Darío López, en la audiencia de fecha 02/11/2011 por la tarde, b) Joaquín López, audiencia de fecha 02/11/2011 por la tarde, padre de la víctima, quien presenció el secuestro de Gustavo Darío López y realizó múltiples gestiones para dar con el paradero del mismo; c) María Gallardo Lozano en audiencia de fecha 02/11/2011 por la tarde, madre de la víctima, quien presenció el secuestro de Gustavo Darío López; d) Alberto Antonio Taranto, audiencia de fecha 13/12/2011 por la mañana, médico que atendió a seis de los alumnos de la Escuela de Enseñanza Técnica n 1 que se hallaban detenidos en el Batallón de Comunicaciones 181; e) Gustavo Eduardo Montero, testimonial obrante a fs. 182/83 de la causa n 86 (22), caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia (LÓPEZ, Gustavo Darío" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), arquitecto, quien con el grado de subteniente de reserva fue destinado al Comando Quinto Cuerpo de Ejército y conoció circunstancias relacionadas con el funcionamiento del CCD "La Escuelita"; f) Adalberto Osvaldo Bonini, audiencia de fecha 02/11/2011 por la tarde, quien en la época en que los alumnos de ENET N 1 fueron recluidos en las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181 recibiendo atención médica cumplía funciones como enfermero del Hospital Militar y en la Compañía de Sanidad; g) Héctor Eusebio Herrero, audiencia de fecha 01/11/2011 por la tarde, quien se desempeñó como director de la Escuela de Enseñanza Técnica N 1 "Ingeniero César Cipolletti" a la época en que se produjo el secuestro de Gustavo Darío López.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Causa n 910/76 (N 133 según el registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca), caratulada "LÓPEZ, Gustavo Darío s/recurso de habeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca, a cargo del Juez Federal Guillermo MADUEÑO; b) Legajo CONADEP N 7750, correspondiente a Gustavo LÓPEZ; c) Oficio 6P7-0950/284 (s/oficio 166/86) obrante en sobre chico n 4, guardado en sobre ll) del paquete N 2 de la caja N 8, conforme el registro de la Cámara Federal de Bahía Blanca.; d) Causa N 86 (22) "Subsecretaría de D.Humanos s/Denuncia (López, Gustavo Darío)".

43.- PETERSEN, José María

José María Petersen, alumno de la carrera de técnico electricista en la Escuela Normal de Educación Técnica Nro. 1 "Ingeniero César Cipolletti" de Bahía Blanca y conscripto del servicio militar obligatorio en la sede de la Prefectura Naval Argentina, se encontraba junto a sus padres en el domicilio de Trelew n 517 de la ciudad de Bahía Blanca, cuando el día el 20 de diciembre de

1976, aproximadamente las 22 horas, irrumpieron en aquella morada un grupo de personas armadas vestidas de civil que, sin identificarse ni explicarle los motivos del operativo, procedieron a vendarlo, amordazarlo y tirarlo al suelo. Condiciones, en las que fue trasladado en un vehículo hasta el centro clandestino de detención "La Escuelita", ubicado en el predio del V Cuerpo de Ejército, donde lo introdujeron.

Allí se lo interrogó sobre la supuesta tenencia de armas conocidos suyos y fue dejado en el suelo de un salón en el que había otros detenidos, en el cual permanecería esposado y fue maltratado por guardias. En ese lugar, pudo notar la presencia de algunos compañeros suyos, entre los que se encontraban Roth y Villalba; asimismo, Néstor Daniel Bambozzi y Gustavo Darío López dieron cuenta de haberlo visto en una habitación a Petersen.

El 7 de enero de 1977, se lo sometió sesiones de tortura en las cuales se lo interrogó sobre un atentado al local de un tal "Amado Cattaneo". Ante el insoportable sufrimiento de la picana eléctrica que dijo haber padecido, afirmó aportando datos falsos que había sido "campana" en el ataque contra la concesionaria por la que era preguntado y aseguró que conocía un depósito de armas situado en la calle Aguado de la ciudad de Bahía Blanca. Aunque, al haber constatado la falsedad de esas expresiones, los captores volvieron a torturarlo por haber dicho cosas que no eran ciertas. Tales maltratos, dejaron rastros en el cuerpo del secuestrado.

A lo largo del tiempo que Petersen estuvo en "La Escuelita" y hasta el 13 de enero de 1977, sufrió numerosos tormentos. Luego de ello, lo introdujeron en un automóvil y lo condujeron a bordo de él por el camino "La Carrindanga" hasta el Parque de Mayo y pasando por Urquiza, Casanova, Cerrito, Rincón y Avenida Pringles, fue abandonado en las inmediaciones del cementerio local aún vendado y junto a otros jóvenes. A la brevedad lo encontraron y fue introducido en una ambulancia que apareció en el lugar acompañada de patrulleros, dentro de la cual le quitaron las vendas y pudo ver a sus compañeros del colegio Aragón, Lebed, Roth y López.

Todos ellos fueron trasladados al Batallón de Comunicaciones 181, en donde a Petersen se lo sometió a nuevos interrogatorios y mencionó que se le vendaron los ojos e indagó por los mismos hechos por los que había sido torturado en "La Escuelita".

En aquél lugar, refirió haber tenido mejor trato e incluso ser revisado por médicos quienes le prestaron asistencia, como así también fotografiado.

El 21 de enero de 1977 se lo liberó y fue retirado del Batallón de Comunicaciones 181 por el papá de su compañero Roth, que lo llevó hasta donde estaba su familia.

Mientras Petersen estuvo secuestrado, sus padres realizaron gestiones ante las diversas fuerzas de seguridad para averiguar su paradero, pero en todos los casos recibieron una respuesta negativa. Asimismo, presentaron un recurso de habeas corpus ante el juez Guillermo Federico Madueño, quien ante idénticas contestaciones denegatorias de la Unidad Penal N 4, la Delegación local de la Policía Federal, la Unidad Regional V y el Comando V Cuerpo de Ejército, resolvió rechazarlo por improcedente.

Finalmente, una vez liberado, Petersen se presentó en la Prefectura Naval Argentina para explicar lo que había sucedido y aclarar su situación como conscripto, aunque le manifestaron que lo dieron de baja ante su ausencia sin previo aviso.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo José María Petersen en la audiencia de fecha 02/11/2011 por la mañana, María Esther Giménez en las testimoniales de fs. 17.503 y 19.734 de la Causa N 05/07 caratulada "Investigación de los delitos de 'lesa humanidad' cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército", conf. art. 391 del C.P.P.N., madre de la víctima, quien fuera testigo del secuestro de José María Petersen y realizó gestiones para dar con su paradero.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Causa n 911/76 (N 136 según el registro de la CFABB), caratulada "PETERSEN, José María s/recurso de habeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca; y b) Causa N 86 (22) caratulada: "Subsecretaría de D.Humanos s/Denuncia (López, Gustavo Darío)".

44.- ROTH, Gustavo Eduardo

Gustavo Roth, alumno de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1, estaba cenando con sus padres en el domicilio de la calle Salta N 777, cuando el día 20 de diciembre de 1976 a las 21:30 horas aproximadamente irrumpió un grupo de varias personas armadas vestidas de civil en dicho lugar y lo secuestraron. Luego, cubrieron su rostro para que no pudiera ver y lo trasladaron en un vehículo junto a tres personas más, hasta una especie de casa o rancho según sus dichos.-

Allí lo sometieron a sesiones de torturas, oportunidad en la cual lo indagaban sobre su participación en el asesinato del cabo René Papini y el conscripto Bruno Rojas, como así también en el atentado a una firma bahiense "Amado Cattaneo". Además, manifestó que lo mantuvieron con las manos en la espalda, esposado y acostado boca abajo sobre un piso de cemento alisado. Con lo cual, estuvo en condiciones infrahumanas durante el transcurso de su detención. Esto así, pese a que a él y a su compañero López uno de los guardias lo trataba un poco mejor al darles chocolates y cigarrillos, permitiéndoles salir al exterior del lugar por momentos.-

Por otro lado, los guardias le dijeron a Carlos Carrizo que había sido llevado al centro clandestino de detención porque Roth lo nombró en alguna ocasión y, por ese motivo, le exigieron que le pegara sin que en realidad hubiera razón para ello.

Cabe destacar que sus compañeros José María Petersen, Sergio Voitzuk, Gustavo Darío López, Gustavo Fabián Aragón y Guillermo Pedro Gallardo reconocieron que Roth había estado en "La Escuelita", lugar del cual salió en enero de 1977, al momento en que fue subido a un vehículo marca DKW y mientras era traslado escuchó que el conductor dijo que los seguía la policía, motivo por el cual, se habría detenido el automóvil en una zona cercana al cementerio local, donde se lo abandonó junto con otros alumnos de su escuela que eran transportados en otros vehículos. A los pocos instantes de ello, Roth oyó sonido de sirenas, algunos tiros y que alguien decía que habían encontrado los "paquetes". En esa situación, personal del Ejército Argentino los recogió quitándoles las vendas que les habían colocado y los indagaron sobre los motivos por los que estaban allí. Al trasmitirles que eran los alumnos de la E.N.E.T. N 1, como los militares que los socorrieron supuestamente los estarían buscando, los trasladaron a una celda en buenas condiciones ubicada en el Batallón de Comunicaciones 181.

En aquél lugar, le ofrecieron a Gustavo Roth calzado, golosinas y fue fotografiado. Así también, el personal de inteligencia que le hizo firmar una declaración en la constaba que no había tenido participación en un atentado que se investigaba y sólo había reconocido haberlo realizado por las torturas que le infringieron. Más tarde, fue liberado.

En el transcurso de tiempo que Roth estuvo detenido, su papá presentó un recurso de habeas corpus y realizó averiguaciones con conocidos de la Armada. Asimismo, junto con otros padres de los alumnos secuestrados, envió telegramas a Videla, a Monseñor Pio Laghi y a Monseñor Shouton. Por otro lado, se mencionó que a pesar que las familias afectadas solicitaron colaboración a varios medios de comunicación de Bahía Blanca, éstos no publicaron la noticia de la desaparición de los jóvenes.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Eduardo Gustavo Roth, testimonial obrante en la causa n 86(22), caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/denuncia (López. Gustavo Darío)", a fs. 196-198 y declaración ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital en el marco de la causa 13/84, audiencia del 15 de julio de 1985 -conf. art. 391. C.P.P.N.-); b) Elba Martina Reis Moreno, testimoniales de fs. 17.389/17.390 y 19.618 de la Causa 05/07, caratulada "Investigación de los delitos de 'les humanidad' cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército", conf. art. 391. C.P.P.N., madre de la víctima, quien presenció el secuestro de Gustavo Eduardo Roth y realizó múltiples gestiones para dar con su paradero; c) Guillermo Adolfo Roth, audiencia de fecha 01/11/2011 por la tarde, hermano de la víctima y quien participó de las distintas gestiones que se realizaron para dar con el paradero de Eduardo Gustavo Roth; d) Hugo Rodolfo Ciarrocca, audiencia de fecha 29/02/2012 por la mañana, quien habiendo concurrido a la Escuela de Mecánica de la Armada tomó conocimiento de circunstancias relacionadas con la detención y cautiverio en la ciudad de Bahía Blanca de un chico de 18/19 años, de apellido "Roth".-

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 913/76 (N 137 según el registro de la CFABB), caratulada "ROTH, Eduardo Gustavo s/recurso de habeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca, b) Causa 11 C, caratulada "Presentación de APDH de Neuquén, Bahía Blanca y otros en causa N 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos", específicamente las siguientes piezas procesales: nota suscripta por Eduardo ROTH, del 9 de diciembre de 1999, dirigida a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y resumen de la historia clínica de ROTH obrantes a fs.426/30.- y c) Hábeas Corpus obrante en la Causa N11 C.

45.- VILLALBA, Emilio Rubén

Emilio Rúben Villalba, profesor de "Física y Electrotecnia" en la Escuela de Enseñanza Técnica N 1 de la ciudad de Bahía Blanca, se encontraba junto a su esposa en su domicilio de la calle Lucero N 2168 de dicha ciudad, cuando el día el 27 de diciembre de 1976 aproximadamente a las 22:30 horas irrumpieron en su morada tres personas armadas vestidas de civil, que se dieron a conocer como policías. En dicha ocasión, admitió que era profesor de la E.N.E.T. y, a raíz de ello, le vendaron los ojos y lo introdujeron en un vehículo para conducirlo hasta un lugar de detención, donde lo ataron con sus miembros superiores hacia atrás, permaneciendo en esas condiciones hasta el 2 de enero de 1977.

Aquél día fue llevado a una habitación donde lo sometieron a sesiones de tortura, interrogándolo sobre células que componían la juventud peronista y la organización montoneros. En otra oportunidad, lo enfrentaron con quien según los captores era el alumno Bambozzi, quien le pidió al profesor que admitiera que pertenecía a la célula montonera y diera los nombres de sus componentes. Así también, en una ocasión le quitaron las vendas para exhibirle fotografías solicitándole que identificara viviendas en las que podría haber armas, a la cual sería luego trasladado para hacer un reconocimiento ocular del domicilio habría señalado al azar, para no ser sometido a sesiones de torturas, según fuera señalado.

En determinado momento, logró ver que se encontraba encerrado en un lugar amplio, con piso de madera y zócalos sobresalientes, donde había un cartel que decía "despacio escuela", dado que se le había corrido la venda que le pusieron. Además de ello, manifestó otras características del lugar de cautiverio que pudo percibir con sus sentidos y se condijo con los dichos de otras personas.

En una oportunidad, expresó que le permitieron higienizarse, le tomaron fotografías e hicieron que firmara una declaración en la que constaba que sus ideas eran de izquierda pero que nunca había pertenecido a organizaciones terroristas

Que estuvo en "La Escuelita" fue confirmado por varios de los alumnos de la E.N.E.T. N 1 como Gustavo Darío López, Néstor Daniel Bambozzi, José María Petersen; Gustavo Fabián Aragón, Gustavo Roth y Guillermo Pedro Gallardo. Además, Sergio Andrés Voitzuk indicó que el profesor habría sufrido terribles maltratos.

El 21 de enero de 1977, Villalba fue introducido en la caja de un camión junto a otras personas y liberado en lo que luego de quitarse las vendas determinó que era el partido de Tornquist. Allí, fue recogido por un ex alumno suyo que lo llevó hasta la entrada de la ciudad.

Como consecuencia de las torturas sufridas cuando estuvo detenido, se constataron lesiones en un oído y fisuras en las costillas de Villalba.

Durante el mes de abril del año 1977 fue citado a la Comisaría 4 de Bahía Blanca para que explicara cómo había regresado a su hogar, ya que se lo tuvo por desaparecido.

La mujer de Emilio, luego de efectuar múltiples averiguaciones ante las distintas fuerzas de seguridad tendientes a conocer su paradero, presentó un recurso de habeas corpus que fue rechazado por el juez Guillermo Federico Madueño luego de recabar respuestas negativas sobre el lugar donde se encontraba Villalba, incluso del Comando del V Cuerpo de Ejército.

Prueba:

Tales hechos han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 01/77 (N 140 según el registro de la CFABB), caratulada "VILLALBA, Emilio Rubén s/habeas corpus interpuesto por María Ester TRISI de VILLALBA", que tramitó ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca; b) Presentación como parte querellante en la causa N 283/05, de Emilio Rubén VILLALBA y Gustavo Darío LÓPEZ. Causa N 410/01.

46.- MENGATTO, Ricardo

Ricardo Mengatto, quien había cursado quinto año en la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1 "Ingeniero César Cipolletti" de Bahía Blanca, en las últimas horas del 20 de diciembre de 1976 se encontraba en su domicilio de la calle Ingeniero Luiggi n 650 de dicha ciudad, cuando irrumpieron en su hogar varias personas vestidas de civil armadas, con anteojos negros, que se identificaron como pertenecientes a la Policía. Dentro del domicilio, tales sujetos apuntaron a los integrantes de la familia Mengatto con sus armas, identificaron a Ricardo como alumno de la ENET N 1, registraron el lugar, le cubrieron la cabeza del joven y lo introdujeron en el piso de la parte trasera del vehículo en el que se trasladaban.

En dicha oportunidad, fue cortada la línea telefónica y sustraidas las llaves del domicilio, lo que motivo que los restantes ocupantes de la vivienda se quedaran encerrados e incomunicados en el interior de la casa al marcharse los secuestradores, quienes les exigieron que no informaran nada a la policía.

Sin perjuicio de ello, el día 29 de diciembre de 1976 el padre de la víctima interpuso un recurso de habeas corpus, pero tanto la Unidad Penal N 4, como la Delegación local de la Policía Federal, el Comando V Cuerpo del Ejército Argentino y la Unidad Regional N 5, negaron la presencia de Ricardo Mengatto en sus respectivas dependencias, pese a que el joven había sido llevado y se encontraba detenido en "La Escuelita".

Cuando Ricardo era trasladado hasta dicho centro clandestino de detención, fue interrogado sobre sus compañeros de colegio. El automotor en el que lo conducían llego allí después de circular alrededor de 15 o 20 minutos, transitar sobre pavimento de hormigón con juntas y cruzar sobre una superficie semejante a las vías de tren donde se detuvo y la víctima fue introducida en un ámbito cerrado donde le colocaron vendas en sus ojos, a otras tres o cuatro personas les quitaron objetos, como anillos o relojes y le tomaron sus datos personales tres o cuatro sujetos que serían los encargados de recabar la información de los detenidos.

Luego, Mengatto fue tirado en el suelo de un hall central al que desembocaban otras habitaciones y obligado a dormir en esas condiciones, donde permaneció vendado con sus manos atadas hacia atrás, sin poder hablar y haciendo sus necesidades en una lata que los guardias le acercaban o en un baño exterior de la vivienda.

Transcurridas casi dos semanas enteras, fue sacado del lugar en el que se encontraba y habiendo pasado una reja de hierro y recorrido un corto trecho a la intemperie, fue introducido en el interior de una habitación de menores dimensiones, dentro de la cual fue interrogado por un sujeto de voz grave que le hizo preguntas acerca de su presunta participación en un atentado a la concesionaria Ford de Bahía Blanca. El interrogador estaba acompañado por otras personas y cuando Mengatto negó haber intervenido en el episodio que se le atribuía, recibió golpes por todos lados. Luego del episodio, lo llevaron a una habitación que tenía pisos de madera y contaba con varias camas cuchetas. En dicho lugar, había otros individuos cautivos y Mengatto pudo hablar con Voitzuk; pero al ser sorprendido lo sometieron a torturas y volvieron a indagarlo.

También recordó que pasados unos días lo interrogaron en una galería semicubierta, registraron lo que decía con una máquina de escribir y dentro de un cuarto pequeño le hicieron leer su declaración en soledad que firmó al pie. Alrededor de una semana y media después, un guardia que lo llamaban "ronco" le pidió que se quedará tranquilo porque ese día iban a liberarlo. Esa misma noche lo llevaron hasta la intersección entre las calles Castelli e Inglaterra, en el interior de la caja de una camioneta gasolera que circuló durante más o menos medía hora.

Mengatto dijo que en "La Escuelita" les daban para comer guisos, locro, sopas, pan o, alguna vez, carne asada muy salada y dichos alimentos eran colocados en recipientes cilindros que eran clásicos de campaña, como así también que éstos serían transportados hasta su lugar de detención en un rodado que podía ser una camioneta. Asimismo, comentó que oyó ruidos de ferrocarriles por la tarde y perdices. Por otro lado, mencionó que vio que un guardia tenía puestas unas zapatillas nuevas que él llevaba consigo cuando lo capturaron. También dijo que en una ocasión pudo bañarse y afeitarse para que lo fotografiaran, que en varias oportunidades oyó gritos de dolor y que escuchó que alguno de los guardias tenía voz femenina.

Para cumplir con el servicio militar obligatorio, Mengatto fue enviado en comisión al Comando en el año 1978, donde realizó tareas de dibujo como maestro mayor de obras. Al respecto, refirió que previo a comenzar a prestar servicios en el Distrito Militar Bahía Blanca fue citado por un sargento ayudante coronel que le dijo que no podía estar ahí, por haber sido montonero.

Por otro lado, Ricardo identificó a algunas personas con las que compartió el cautiverio en "La Escuelita" (como Voitzuk), pero también expresaron que éste estuvo ahí Gustavo Darío López, Sergio Voitzuk, Néstor Daniel Bambozzi, Gustavo Fabián Aragón y Guillermo Pedro Gallardo.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración de Sergio Ricardo Mengatto (audiencia de fecha 08/11/2011 por la tarde), quien fuera secuestrado el 21 de diciembre de 1976 en su domicilio de la calle Ingeniero Luiggi N 650 de Bahía Blanca y trasladado a la "La Escuelita", en donde fue interrogado y sometido a torturas hasta su liberación; b) Primo Mengatto -conf. art. 391 C.P.P.N.- cfr. con la Causa n 908/76 (N 135 según el registro de la CFABB), caratulada "MENGATTO, Ricardo s/recurso de habeas corpus".

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Causa N 923/76 (N 135 según registro de la CFABB), caratulada "MENGATTO, Ricardo s/recurso de habeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca; y b) Causa N 908/76, caratulada: "MENGATTO, Ricardo s/recurso de habeas corpus" (N 135 CFABB).

47.- IGLESIAS, Guillermo Oscar

Guillermo Oscar Iglesias, alumno de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1 de la ciudad de Bahía Blanca, no se encontraba en su domicilio de Patricios n 235 de dicha ciudad a última hora del día 27 de diciembre de 1976 y las primeras del día siguiente, cuando un grupo de personas armadas irrumpieron en su morada y uno de ellos manifestó que eran policías. Como no hallaron a Guillermo en la casa, dos de los sujetos lo aguardaron en la entrada de la vivienda y cuando arribó al lugar lo vendaron, maniataron y subieron a un vehículo a bordo del cual lo trasladaron hasta el Cuerpo V del Ejército Argentino donde estaba "La Escuelita".

En ese lugar, en varias oportunidades lo torturaron con electricidad y más que nada fue indagado respecto a cuestiones de su grupo familiar que desconocía.

El padre de Iglesias, interpuso el día 28 de diciembre de 1976 un recurso de habeas corpus mientras su hijo estaba secuestrado, con la intensión de dar con su paradero; pero no arrojaron resultado positivo las consultas a la Unidad Regional V, el Comando V Cuerpo de Ejército, la Unidad Penal N 4 y la Delegación local de la Policía Federal.

Sin perjuicio de ello, a la tarde de ese mismo día Guillermo fue trasladado hasta la calle Blandengues a la altura catastral del 300, donde lo dejaron en libertad; habiendo descendido del rodado se quitó las vendas que cubrían sus ojos y como estaba a pocas cuadras de su casa, camino hasta ahí.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Guillermo Oscar Iglesias (audiencia de fecha 08/11/2011 por la tarde), por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: causa N 86 (22) y causa N 917/76 (N 131 del registro de la CFABB), caratulada "IGLESIAS y GIACINTI, Guillermo Oscar s/recurso de habeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca.

48.- BAMBOZZI, Néstor Daniel

Néstor Daniel Bambozzi, técnico en automotores recibido de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1 de esta ciudad, se encontraba junto a su familia en su domicilio de la calle Humberto Primo N 575 de dicha ciudad, cuando el día el 20 de diciembre de 1976, aproximadamente las 21.30 horas, irrumpieron en su morada varias personas armadas vestidas de civil. En aquél lugar, golpearon la puerta y cuando se les permitió el ingreso dispararon una bala hacia el techo. Luego, a Néstor lo tiraron al piso, lo ataron, vendaron y lo introdujeron en el asiento de atrás de un vehículo, dentro del cual lo trasladaron hasta "La Escuelita"; mientras el resto de su familia permaneció encerrada en su hogar.

En el centro clandestino de detención le pidieron sus datos y le preguntaron en qué andaba metido. Al otro día, lo llevaron a una habitación diciéndole que empezara a cantar. Como Bambozzi dijo que no sabía de qué le hablaban, quienes los indagaron le pegaron y le transmitieron electricidad con una picana. Durante cuatro días seguidos lo maltrataron del mismo modo, sugiriendo que él era cabecilla de un asalto a la concesionaria Ford de Bahía Blanca y acusándolo de haber adoctrinado a los jóvenes que ingresaban al grupo. Dado que Néstor no soportaba más los castigos infligidos, reconoció que había participado en el suceso que le endilgaban a pesar de que ello no era cierto; pero Bambozzi continuó siendo torturado de diversas formas durante más de dos semanas.

Cuando estuvo privado de su libertad, sus padres hicieron múltiples averiguaciones ante las distintas fuerzas de seguridad tendientes a conocer su paradero y presentaron un recurso de habeas corpus, todo lo cual arrojó resultado negativo.

Por otro lado, la víctima mencionó que le tomaron fotografías, le hicieron firmar una declaración en la que constaban los datos que había dado para evitar que siguieran castigándolo e hicieron lo posible para que aumentara de peso ya que en el centro clandestino perdió 12 kilos. Luego, el día 21 de enero de 1977 lo trasladaron a bordo de un automotor en el que viajó con Villalba y Voitzuk durante dos o tres horas, para finalmente ser liberado en Ingeniero White.

Tiempo después, Bambozzi declaró ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y expresó varias cuestiones sobre el centro clandestino de detención donde lo mantuvieron encerrado. En particular, recordó que el piso de allí era de madera o con baldosas en otros sectores y que había un carro color verde con un escudo en el cual transportaban agua e indicó que estuvo en cautiverio con sus compañeros de la E.N.E.T. Petersen, Lebed, Voitzuk, Aragón y Mengatto, a los que se sumaba el profesor Villalba. Es preciso recordar que algunos de los nombrados también dijeron haber estado en "La Escuelita" con Néstor (como Voitzuk, López y Villalba).

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Néstor Daniel Bambozzi (audiencia de fecha 01/11/2011 por la tarde) y por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Causa N 912/76 (N 128 del registro de la CFABB), caratulada "BAMBOZZI, Néstor Daniel s/recurso de habeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca, a cargo del Juez Federal Guillermo MADUEÑO; y b) Causas N 86 (22) caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia (López, Gustavo Darío)" y N 11 (C) audiencia 24/11/99.

49.- VOITZUK, Sergio Andrés

Sergio Andrés Voitzuk, alumno de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1, se hallaba en su domicilio de la calle Santiago del Estero al 600 de Bahía Blanca, cuando entre las 21 y 22 horas del día 20 de diciembre de 1976, un grupo de personas armadas vestidas de civil que dijeron pertenecer a la policía de la Provincia de Buenos Aires y actuar en cumplimiento de órdenes emitidas en la ciudad de La Plata, le cubrieron la cabeza delante de su familia y lo introdujeron en un vehículo sobre el que circularon aproximadamente 15 minutos.

Así, arribaron a un lugar donde al descender del rodado fue embestido varios perros y fue trasladado hasta una casilla de chapa cercana a la "La Escuelita", en la cual le transmitieron electricidad con una picana mientras lo interrogaban hasta que comenzó a delirar y lo amenazaron de muerte; luego, lo llevaron a una habitación más grande, en la que había otras personas.

Fue sometido a varias torturas a lo largo de su estadía en el centro clandestino de detención, tales como ser introducido en un caldera de agua donde permaneció casi un día colgado, como también a un careo junto a sus compañeros López y Bambozzi donde fueron preguntados por una casa del barrio Palihue en la cual habría armas. En otra oportunidad, un guardia apodado "padre" interrogó a la víctima y cuando respondía escuchó que tomaban nota con una máquina de escribir; después, le levantaron un poco la venda que tenía sobre sus ojos y le hicieron firmar su declaración.

Indicó que la mayoría de los guardias dispensaban malos tratos a los cautivos y que había muchas prohibiciones, como que no se podía hablar o realizar movimientos por ejemplo, las que cuando no eran obedecidas implicaban golpizas.

Por otro lado, Sergio advirtió que estaba alojado en un inmueble de tres habitaciones, ubicado en un lugar descampado desde donde se oían sonidos de algunos vehículos y de un tren en forma diaria, como también de una banda militar en otras oportunidades, por lo cual, teniendo en cuenta el recorrido que había hecho el automóvil en el que lo trasladaron hasta ahí, concluyó que estuvo en un predio del Cuerpo V del Ejército Argentino, cercano al camino "La Carrindanga".

Recordó que los guardias eran apodados "abuelo", "padre, "perro", "changuí" y "zorzal"; siendo el "padre" quien estaría a cargo de los interrogatorios y "zorzal", un individuo de baja estatura que decía haber participado en la "lucha de Tucumán" y matado a 12 personas. Todos ellos, creía, que se hospedaban en una dependencia que estaba aparte y contaba con un televisor.

Reconoció que durante el mes que estuvo en "La Escuelita", por la mañana los detenidos eran obligados a permanecer apoyados en las paredes de la habitación mientras limpiaban el piso de cemento con baldazos de agua y después cada uno debía volvía al lugar que le correspondía, camas de metal, tipo cucheta o el piso. Refirió que al mediodía, un cuarto de hora antes del almuerzo, un automotor salía del lugar y volvía con la comida, que era un típico rancho de regimiento. A la tarde, mencionó que se realizaban los interrogatorios en una habitación a la que las víctimas llegaban traspasando un amplio recinto común y un lugar abierto o patio y por la noche, volvía a oírse el motor de un vehículo y quince minutos después todos los detenidos cenaban; también, se efectuaban algunos traslados y hubo simulacros de fusilamiento.

Cuando estuvo privado de su libertad, los padres de Gustavo hicieron múltiples averiguaciones ante las distintas fuerzas de seguridad tendientes a conocer su paradero y presentaron un recurso de habeas corpus el día 22 de diciembre de 1976, todo lo cual arrojó resultado negativo. En particular, cabe destacar que el Teniente Coronel Auditor Jorge González Ramírez, del V Cuerpo de Ejército Argentino, negó la existencia de antecedentes de detención de Voitzuk, cuando éste en realidad se encontraba "La Escuelita".

Dieron cuenta de su presencia en dicho centro clandestino de detención Néstor Daniel Bambozzi, Gustavo Darío López, Emilio Rubén Villalba y Ricardo Mengatto. Por su parte, Voitzuk refirió que estuvo detenido en "La Escuelita" junto con Roth, Villalba, Bambozzi, Mengatto, López y Giordano.

El día 21 de enero de 1977 lo obligaron a higienizarse y ponerse ropa nueva; después de cenar, algunos guardias lo golpearon para que no contara lo ocurrido y lo subieron a un vehículo Unimog junto con Villalba y Bambozzi. Luego de viajar aproximadamente una hora, lo hicieron descender del rodado y cuando Sergio se quitó la venda de sus ojos pudo apreciar que estaba en la ruta que une Tornquist con Bahía Blanca, a unos cuarenta kilómetros de esta ciudad. Finalmente, volvió a su casa con diez kilos menos, heridas cortantes en las muñecas y otras marcas de infecciones sufridas a raíz de los vendajes que le habían colocado.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Sergio Andrés Voitzuk (audiencia del 08/11/2011 por la mañana), por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) causa N 908/76 (N 138 del registro de la CFABB), caratulada "VOITZUK, Sergio Andrés s/ solicita recurso de habeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca; b) Expediente N 86(11) caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (VOITZUK Sergio Andrés): presentación ante la CONADEP de fs.1/6.

50.- CARRIZO, Carlos

Carlos Carrizo, también alumno de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1 de esta ciudad, fue capturado en el mes de diciembre de 1976 aproximadamente y trasladado a "La Escuelita", donde fue reconocido por sus compañeros Eduardo Gustavo Roth y Gustavo Darío López.

Allí, fue sometido a maltratos, torturas e interrogatorios y explicó que en aquél lugar los cautivos permanecían vendados y esposado durmiendo sobre el piso o camas cuchetas.

Recordó que en una oportunidad lo obligaron a golpear a su compañero Roth, insinuándole que él había sido llevado al centro clandestino de detención por haber sido mencionado por este último.

A mediados de enero de 1977, lo sacaron del lugar en compañía de Aragón, López Petersen, Roth y Zóccali en varios vehículos que los dejaron en las inmediaciones del cementerio de Bahía Blanca. A escasos minutos, los alumnos de la E.N.E.T. fueron recogidos por miembros del Ejército Argentino que los trasladaron al Batallón de Comunicaciones 181, del cual, recién el día 21 de enero de 1977 fue liberado y trasportado a su casa por el papá de Gustavo Darío López que lo retiró de allí.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Carlos Carrizo (audiencia de fecha 16/11/2011 por la mañana).

51.- ZOCCALI, Renato Salvador

Renato Salvador Zóccali, alumno de la Escuela de Enseñanza Normal N 1 de Bahía Blanca, se hallaba en su domicilio ubicado en la calle Italia N 776 de esta ciudad, cuando en el mes de diciembre de 1976 fue capturado por personal uniformado y armado del Ejército que llegó a su casa en dos patrulleros, ingresó a su hogar, lo requisó, esposó e informó que lo conduciría al Batallón 181 de Villa Floresta en averiguación de antecedentes. En esas condiciones, lo metieron en una camioneta con soldados uniformados y al llegar al Batallón, advirtió que el jefe de la Patrulla que lo había arrestado hablaba con otros sujetos para establecer que hacían con él. Luego, lo llevaron a una habitación cercana a la guardia del regimiento, donde lo mantuvieron una semana y fue interrogado respecto de un atentado a la firma "Amado Cattaneo".

Más tarde, un oficial del Ejército le preguntó si quería volver a su casa ese mismo día, respondió que sí y lo llevaron al fondo del Batallón donde lo hicieron subir a un automóvil marca Fiat, modelo 128, dentro del cual le pidieron que se recostara sobre el piso porque tenían que traspasar una guardia sin que lo vieran, tapándolo con una manta. A bordo del rodado, circularon por un camino dando giros y contra giros por un buen tiempo hasta llegar a una construcción o casa que era "La Escuelita", sitio donde lo introdujeron vendado y con las manos atadas hacia atrás.

Días después, volvieron a indagarlo sobre lo que le habían preguntado en el Batallón y como Renato dijo que no sabía nada de eso lo llevaron a otra habitación, en la cual le transmitieron corriente con una picana y lo interrogaron una vez más por el atentado a "Amado Cattaneo", lo que se repitió en otras oportunidades.

Aproximadamente el día 13 de enero de 1977, lo retiraron del centro clandestino de detención dentro de un vehículo y lo dejaron en las inmediaciones del cementerio de Bahía Blanca con sus compañeros Carrizo, Roth, Aragón, López y Petersen; desde donde miembros del Ejército Argentino y la policía lo trasladaron dejándolo alojado en el Batallón de Comunicaciones 181. Allí, lo indagaron a cerca de las características del cautiverio sufrido en el centro clandestino de detención y permaneció hasta el día 21 de enero de 1977.

Debe tenerse en cuenta que Gustavo Darío López dijo haber estado en "La Escuelita" con Zóccali y que fueron interrogados en forma conjunta en aquel sitio.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Renato Salvador Zóccali (audiencia de fecha 28/12/2011 por la mañana).

52.- ARAGÓN, Gustavo Fabián

Gustavo Fabián Aragón, quien había sido delegado de curso en el tercer año de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica 1, entre los días 20 y 21 de diciembre de 1976 se encontraba con su padre Raúl Edmundo Aragón en la intersección de las calles Garibaldi y Caseros de la ciudad de Bahía Blanca, cuando los interceptó un grupo de individuos vestidos de civil que los requisaron y obligaron a introducirse dentro de un vehículo marca Ford, modelo Falcon; a la vez que su madre y hermana eran amenazadas en su domicilio por varios sujetos, algunos de los cuales llevaban su rostro cubierto. A bordo de aquel rodado los condujeron hasta su casa, donde dijeron a la familia que se quedaran tranquilos que a Gustavo sería devuelto al día siguiente. Seguidamente una persona fornida, rubia, con bigotes tomó a este último del brazo, se lo llevó de su hogar y ayudado por otras dos personas lo metió en el piso de la parte trasera de un vehículo tipo Chevy, donde le taparon la cabeza con su abrigo y le dieron patadas.

Dentro de aquél circularon durante alrededor de 25 minutos, el automóvil frenó por unos instantes en lo que Aragón describió como una especie de tranquera; escuchó que decían "ahí te contestan las luces" y volvieron a avanzar hasta una construcción techada, donde lo metieron vendado, atado y sin los objetos de valor que llevaba, ni sus documentos. Allí, le tomaron sus datos y lo dirigieron a una habitación que tenía una puerta de reja y un piso de baldosas lisas, donde durmió un par de días sobre el suelo y oyó una radio y mujidos de ganado.

Alrededor del día 23 de diciembre de 1976, a la mañana, lo trasladaron a otra dependencia que contaba con camas cucheta y tenía pisos de madera, donde le dieron una especie de locro, pan y agua en un jarro de aluminio pues llevaba dos días de ayuno para aquel entonces. Estuvo tirado en una cama sin colchón hasta aproximadamente el 27 de diciembre, cuando empezó a ser sometido a sesiones de tortura mediante el uso de picana eléctrica, en las que le preguntaban sobre un atentado a la concesionaria Ford que desconocía y una reunión que habría sido realizada en una casa del Barrio Palihue.

Expresó Aragón, que había ciertas cosas diarias o rutinas en el centro clandestino de detención como la limpieza por la mañana, el sonido de un ferrocarril a mitad de la mañana y la comida con papa abundante y guisos que se repetía.

Por otro lado Gustavo, mencionó haber escuchado en alguna ocasión el llanto de mujeres proveniente de otra habitación y recordó una situación en la que le quitaron las vendas para que reconociera a Bambozzi y firmara una declaración.

En este sentido, cabe resaltar que Aragón también expresó haber podido identificar a algunos compañeros del colegio en "La Escuelita", como Mengatto, Roth, López y al profesor Villalba. A su vez, su presencia en dicho centro clandestino de detención fue constatada por Daniel Bambozzi y Gustavo Darío López, quien mencionó que lo carearon con él.

Un guardia apodado "pocho" le comentó que iban a liberarlo y así fue; lo subieron a un automóvil que circuló por el camino "La Carrindanga", tomó el Parque de Mayo, las calles Casanova, Cerrito, Rincón y Av. Pringles, donde el vehículo se desvió y uno de los secuestradores ordenó que arrojaran a Gustavo del rodado porque se acercaba una patrulla. Desde allí, Aragón caminó hasta que vió un patrullero, un camión, un par de jeep y una ambulancia con la presencia de personal del Ejército Argentino. Éstos lo palparon y lo subieron a la ambulancia junto con algunos de sus compañeros, entre los que pudo recordar a Petersen López y Roth, a quienes también les habían dicho que regresarían a sus casas.

Desde aquel lugar, que resultó encontrarse en las inmediaciones del cementerio de Bahía Blanca, los trasladaron hasta el Batallón de Comunicaciones 181 donde les dieron chocolates, cigarrillos, caramelos, mate cocido y jabón. Si bien había diferencias entre el Batallón y "La Escuelita", se mencionó que el sabor del pan era el mismo y que para indagarlos los vendaban y dirigían hacia otra habitación como en el centro clandestino de detención.

Además, en este último lugar donde fueron alojados, cuenta que les curaron las heridas y dieron ayuda espiritual y refieren a que el padre Vara los hacía rezar y les habló de temas vinculados a la familia y religión.

Aragón recuperó su libertad a mediados del mes de enero de 1977, cuando el papá de su compañero Gustavo Darío López lo retiró y lo llevó hasta su casa.

Los maltratos padecidos por Gustavo dejaron marcas en su cuerpo, como las de las ataduras en sus muñecas que todavía en 1987 todavía podían observarse; incluso más, estas heridas motivaron que el guardia de "La Escuelita" apodado "pocho", antes referido, lo hiciera ver por un médico, quien le hizo en su oportunidad algunas curaciones.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración del mismo Gustavo Aragón (audiencia de fecha 22/11/2011 por la mañana) y por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Causa N 86 (22) "Subsecretaria de D.Humanos s/Denuncia (López Gustavo)"; b) Causa N 11 (C) "Juicio por la Verdad" audiencia del 23/11/99.

53.- LEBED, Alberto Adrián

Alberto Adrián Lebed, alumno de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1, estaba en su domicilio de la calle Entre Ríos N 1351 de la ciudad de Bahía Blanca, cuando a la madrugada del día 20 de diciembre de 1976, fue secuestrado por grupo de individuos armados vestidos de civil y trasladado hasta "La Escuelita", donde su compañero de colegio Néstor Daniel Bambozzi dijo haberlo podido identificar.

En el lapso que Lebed estuvo privado de su libertad, su familia realizó múltiples averiguaciones ante las distintas fuerzas de seguridad tendientes a conocer su paradero y presentaron un recurso de habeas corpus el día 22 de diciembre de 1976, todo lo cual arrojó resultado negativo.

Su liberación se concretó luego de un período de alrededor de 30 días desde que fue secuestrado y con posterioridad a que quedaran en libertad todos los demás alumnos de la E.N.E.T.; oportunidad en la que fue retirado del centro clandestino de detención y trasladado hasta un descampado detrás de las vías en el barrio de Palihue, donde lo abandonaron.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Alberto Adrián Lebed (fs. 17.384/17.386 de la causa 05/07, caratulada "Investigación de los delitos de 'lesa humanidad' cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército" -conf. art. 391. C.P.P.N.-); b) Elsa Arreta ( testimonial de Alberto Adrián LEBED de fs. 17.384/17.386 de la causa 05/07, caratulada "Investigación de los delitos de 'lesa humanidad' cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército" -conf. art. 391 C.P.P.N.-), madre de la víctima, quien presenció el secuestro de su hijo, oportunidad en que fue amenazada con armas por los secuestradores; c) Daniel Horacio Lebed (audiencia de fecha 03/11/2011, por la mañana), hermano de la víctima, quien presenció el secuestro de Adrián Alberto Lebed.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: causa N 909/76 (Expediente 134 del registro de la CFABB) caratulada "LEBED, Alberto Adrián s/recurso de hábeas corpus", que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca.

54.- GALLARDO, Guillermo Pedro

Guillermo Pedro Gallardo, alumno de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica N 1, primero intentó ser capturado en el día 4 de enero de 1976 en últimas horas de la noche, cuando un grupo de sujetos que dijeron ser miembros de la Policía Federal se presentaron en la casa de su suegro Manuel Prieto y requirieron por él pero no lo encontraron. Luego, fue interceptado al llegar con su familia a su domicilio de la calle Thompson n 60 de Bahía Blanca al día siguiente entre la 1 y las 2 de la mañana, donde los esperaban varios hombres armados que lo obligaron a entrar en un vehículo marca Renault, modelo 12, dentro del cual lo acostaron en el asiento trasero apuntándole en la cabeza con un arma.

En esa situación, fue trasladado desde allí por la ciudad hasta la calle Florida y luego de hacer un corto trecho por el camino de "La Carrindanga" el vehículo dobló a la derecha y tras bajar un andén pronunciado se detuvo. En aquél lugar lo vendaron y lo hicieron ingresar a un sitio cerrado en el que escucho quejidos y la presencia de otra gente. En "La Escuelita" lo interrogaron, le quitaron sus documentos y demás efectos personales. Luego, permaneció alojado en una de las dependencias de la edificación donde padeció maltratos.

Fue sometido a varios interrogatorios con torturas, en las que le transmitieron electricidad con una picana o le proporcionaron el denominado suero de la verdad, entre otras cosas. En ese lugar, le servían guisos en platos de aluminio para que se alimentara y pudo advertir la presencia del profesor Villalba y algunos de sus compañeros del colegio, de los cuales mencionó a Roth y Mengato y reveló que una vez que los secuestrados se reconocieron, intentaron ayudarse intercambiando alimentos.

Finalmente, transcurridos alrededor de 15 días desde su detención en enero de 1977 Guillermo fue introducido en un vehículo junto con Mengatto y otros individuos que circuló por la ciudad hasta dejarlo en la calle Brasil y las vías de ferrocarril.

El secuestro de Guillermo fue denunciado por su padre, Pedro Gallardo, y ello motivó el inicio de la causa N 251, caratulada "Gallardo, Guillermo Pedro, víctima de privación ilegítima de la libertad", en la que declararon Roberto Fernando Rufrancos y Juan Carlos Fernández como testigos de la captura. El primero de éstos recordó que al llegar a la casa de la familia Gallardo, varias personas vestidas de civil se encontraban en la puerta y preguntaron por Guillermo Pedro Gallardo, como que luego de identificarlo lo subieron a la parte trasera de un vehículo. Fernández, explicó que los individuos que esperaban a la víctima en el ingreso a la vivienda, obligaron a los presentes a tirarse en el piso amenazándolos con armas de grueso calibre.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) declaración del mismo Guillermo Pedro Gallardo, audiencia del 08/11/2011, por la tarde; b) Roberto Fernando Rufrancos, audiencia del 08/11/2011, por la tarde, cuñado de la víctima y testigo del secuestro de Guillermo Pedro Gallardo, quien tomó parte junto a otros miembros de la familia en las gestiones tendientes a dar con el paradero de la víctima; c) Juan Carlos Fernández, testimonial de fs. 6 de la causa N 51.165 (Expte 251 del registro de la CFABB), caratulada "GALLARDO Guillermo Pedro Víctima de la Privación Ilegítima de la Libertad" -conf. art. 391 C.P.P.N., cuñado de la víctima y testigo del secuestro de Guillermo Pedro Gallardo, quien tomó parte junto a otros miembros de la familia en las gestiones tendientes a dar con el paradero de la víctima.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: Expediente n 51.165 (Expediente 251 del registro de la CFABB), caratulada "GALLARDO Guillermo Pedro Víctima de la Privación Ilegítima de la Libertad": denuncia efectuada por Pedro Gallardo

55.- DEL RÍO, Néstor José

Néstor José Del Río, empleado de la Universidad Nacional de Sur al igual que su mujer, el día 17 de marzo de 1976 a las 2:45 horas aproximadamente se encontraba durmiendo junto a su familia en su domicilio ubicado en el Monoblock 6 del Barrio Comahue de Bahía Blanca, cuando un grupo de personas ingresaron a su morada violentando la puerta de ingreso a la misma, se introdujeron en su habitación y lo sacaron de la cama. Al intentar resistirse, Néstor fue golpeado con las armas que llevaban los secuestradores y lo arrastraron hasta la parte de afuera de su vivienda.

Debido a que los vecinos advirtieron la situación y salieron de sus domicilios para ayudar a Del Río, éste fue abandonado en las inmediaciones de su hogar, malherido y en estado de inconciencia razón por la cual, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Municipal local donde quedó internado.

Al respecto, un oficial que intervino en el episodio dejó asentado en un informe que "en circunstancias en que me encontraba abocado a la investigación del hecho precedentemente narrado, me es comunicado que un operativo similar llevado a cabo sin duda por el mismo Comando y casi en forma simultánea con el anterior se desarrolló en un departamento próximo al de Del Río", en el cual se buscaba a Carlos Martiarena, ex profesor de la Universidad Nacional del Sur. Sobre éste último procedimiento, Ana María Auber de Mariarena, mencionó que tuvo las mismas características y connotación violenta que el realizado en donde vivía de Del Río, pero en su hogar no habían podido hallar a su marido.

Cuando se hallaba internado en el Hospital Municipal, Néstor fue revisado por el médico de policía Santiago Milozzi, quien el día 17 de marzo de 1976 informó que aquel tenía un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, producto de un fuerte golpe asentado con un elemento contundente a la altura de la cien derecha, lesiones que calificó como graves.

El día 21 de marzo de 1976, entre la 1 y las 2 de la mañana, ingresaron a la Sala II de Neurocirugía del Hospital Municipal donde estaba internado dicho paciente, dos sujetos armados con su rostro cubierto quienes redujeron al personal presente e inutilizaron los teléfonos. Allí, se hicieron conducir por enfermeras hasta el lugar donde se hallaba Del Río, quienes desde el piso donde fueron obligadas a permanecer y eran vigiladas, escucharon disparos y ruido de personas que se alejaban. Instantes después, tanto las enfermeras como otros empleados del hospital constataron que Néstor había sido asesinado mediante numerosos disparos de armas de fuego; meses más tarde y sin haberse realizado ninguna diligencia en sede judicial, se dictó el sobreseimiento provisional de la causa abierta a raíz de aquellos sucesos.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Susana Margarita Rodríguez, testimonial obrante a fs. 15.864/15.866 de la causa N 05/07 "Investigación de los delitos de 'lesa humanidad' cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército" -conf. art. 391 C.P.P.N., esposa de Néstor José Del Río, quien fuera testigo de la tentativa de secuestro de su marido; b) Mariela Andrea Del Río, audiencia de fecha 31/08/2011, por la mañana, hija de la víctima, quien estaba junto a su padre en el momento en que se ejecutó el operativo mediante el cual se intentó secuestrar a la víctima; c) Pablo Daniel Del Río, audiencia de fecha 31/08/2011, por la mañana, hijo de la víctima, quien se encontraba junto a su padre en el momento en que se ejecutó el operativo mediante el cual se intentó secuestrar a la víctima; d) Ana María Auber de Martirena, testimonial obrante a fs. 35 de la causa 225/76 caratulada "DEL RÍO, Néstor José y AUBER DE MARTIRENA, Ana María s/ homicidio calificado, privación ilegítima de libertad, amenazas y daño", conf. art. 391 C.P.P.N., vecina de Néstor Del Rio, quien momentos antes del secuestro de la víctima, sufrió el ingreso violento a su casa de un grupo de personas en busca de su marido, Carlos Martirena; d) Lucio Taccari, audiencia de fecha 01/09/2011, por la mañana, vecino de Néstor Del Río, quien pudo observar el operativo mediante el cual se intentó secuestrar a la víctima; e) Solange Teresa Baldessari de Dilurón, audiencia de fecha 01/09/2011, por la mañana, quien al momento de los hechos se desempeñaba como enfermera en el Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero", habiendo sido víctima del operativo por el que se dió muerte a Néstor Del Río; f) Liliana Ramos Solis, audiencia de fecha 01/09/2011, por la mañana, quien al momento de los hechos también se desempeñaba como enfermera en el Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero", y fue asimismo víctima y testigo del operativo por el que se asesinó a Néstor Del Río, como del operativo policial llevado a cabo con posterioridad; g) Nemesio Fortelli (acta de la diligencia policial obrante a fs. 6/8; declaración testimonial obrante a f. 24 de la causa n 225/76 caratulada "DEL RÍO, Néstor José y AUBER DE MARTIRENA, Ana María s/ homicidio calificado, privación ilegítima de libertad, amenazas y daño" -conf. art. 391 C.P.P.N.-), quien a la época de los hechos revistaba como Subjefe de enfermería nocturna en el Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero", testigo presencial del operativo por el que se dio muerte a Néstor Del Río; h) Alberto Jorge Sainges (acta de diligencia policial de fs. 6/8; testimonial de f. 27 de la causa 225/76 caratulada "DEL RÍO, Néstor José y AUBER DE MARTIRENA, Ana María s/ homicidio calificado, privación ilegítima de libertad, amenazas y daño" conf. art. 391 C.P.P.N., quien era telefonista nocturno del Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero", y presenció el operativo por el cual se asesinó a Néstor DEL RÍO; i) Alberto Abel Armani, audiencia de fecha 01/09/2011, por la mañana, quien era enfermero en el Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero", habiendo participado de la diligencia del reconocimiento del cadáver de Néstor Del Río, con anterioridad a realizarle la autopsia que determinaría las causales de la muerte de la víctima; j) Carlos Fernando Zambrana, audiencia de fecha 01/09/2011, por la mañana, quien suscribiera un parte médico mediante el cual dejó constancia de las causales de la muerte de Néstor Del Río; k) Hugo Ziliani, audiencia de fecha 07/09/2011, por la mañana, compañero de militancia de Néstor Del Río en el ámbito de la actividad gremial desarrollada por los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Sur, testigo de la persecución de la cual fue objeto la víctima con anterioridad a la tentativa de secuestro y posterior homicidio; l) Jorge Scoccia, audiencia de fecha 06/09/2011, por la mañana, compañero de militancia de Néstor Del Río en el ámbito de la actividad gremial desarrollada por la víctima, testigo de la persecución previa, acompañó a la esposa de Del Río en diversas gestiones posteriores al homicidio; m) Ricardo José González, audiencia de fecha 06/09/2011, por la mañana, compañero de trabajo y de militancia de Néstor José Del Río, quien dijo presenciar reiteradas manifestaciones de hostilidad e intimidación vividas en la Universidad Nacional del Sur en la época en que la víctima fue asesinada; n) Pedro Héctor Duca, audiencia de fecha 13/09/2011, por la tarde, compañero de trabajo y de militancia gremial de Néstor José Del Río, quien padeció en su persona la persecución desarrollada por el ejercicio de la actividad sindical por los trabajadores de la Universidad Nacional del Sur; ñ) Daniel Horacio Maidana, audiencia de fecha 14/09/2011, por la mañana, compañero de militancia de Néstor Del Río en el ámbito de la actividad universitaria y quien aludiera al contexto de inseguridad y permanente amenaza al que se vio expuesto la víctima, en el período anterior a su homicidio.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 225/76 caratulado "DEL RÍO, Néstor José y AUBER DE MARTIRENA, Ana María s/ homicidio calificado, privación ilegítima de libertad, amenazas y daño", que tramitó ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca (se encuentra reservado en Caja 2 de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal n 1 conforme surge de fs. 187 de la Causa N 05/07/Inc. 04, caratulada "Querellantes"), en un total de 2 cuerpos y en particular las siguientes piezas del mismo: Informe médico en el que se constatan las lesiones padecidas por Néstor José DEL RÍO de fs. 3; informe autopsial suscripto por el Médico de Policía Santiago Raymundo de fs. 10/11; vistas fotográficas del cadáver de Néstor DEL RÍO y del lugar en donde ocurriera el deceso de fs. 16/21; historia clínica de Néstor DEL RÍO, del por el Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero" de fs. 31/33; b) Documentación relacionada con la actividad laboral de Néstor DEL RÍO en la Universidad Nacional del Sur, remitida en copia simple a la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército" mediante oficio n 365/10; c) Presentación como parte querellante de Mariela Andrea DEL RÍO de fs. 105/108 de la causa 05/07/04 caratulada "Querellantes"; d) Causa N 66/87 caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/dcia. (Del Río, Néstor José).

56.- ROBERT de ANDREU, Norma

Norma Robert de Andreu, cuyo marido había desaparecido, el 15 de octubre de 1976 estaba en su domicilio ubicado en la calle Roque Saénz Peña N 1176 de la localidad de Carhué, partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, cuando aproximadamente a las 20 horas irrumpieron en su hogar, donde habitaba con su familia, cuatro sujetos armadas vestidos de civil que dijeron pertenecer a la Brigada de Investigaciones. En dicha oportunidad, quien parecía dirigir el procedimiento le informó a Jorge Robert que su hija sería trasladada a la ciudad de Bahía Blanca para ser interrogada, ya que su esposo se encontraba detenido allí por averiguaciones y le indicó que no debía preocuparse porque al día siguiente regresaría.

En ese contexto, el escribano Daniel Felipe Maugeri le comunicó a Jorge que el oficial de guardia, Carlos Lorenzo Ravi de la Comisaría de Carhué, le había informado que el día del secuestro de Norma, concurrió a la dependencia policial un grupo de personas de la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, para firmar unas planillas de viáticos, lo que fue confirmado por el subcomisario Biandratti.

Ante la ausencia de información sobre el paradero de su hija, Jorge Robert se trasladó hasta Bahía Blanca, en cuyas fuerzas policiales efectúo diversas averiguaciones tendientes a conocer el paradero de Norma, diligencias que arrojaron resultado negativo y motivaron otras presentaciones ante el Ministerio del Interior y otros organismos de seguridad, también, interpuso un recurso de habeas corpus el día 02 de febrero de 1977 ante la justicia federal, en la cual luego de recopilarse respuestas denegatorias por parte de las fuerzas de seguridad, se rechazó el recurso y se procedió al archivo de las actuaciones.

Norma Robert estuvo desaparecida hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el año 2009, identificó sus restos inhumados como N.N., que permanecieron en el Cementerio Municipal de General San Martín durante más de 30 años.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Yamil Robert, audiencia de fecha 25/10/2011, por la tarde, hermano de la víctima y testigo presencial del secuestro ya que se encontraba junto a su padre y hermana al momento de arribar el grupo que secuestró a Norma Robert; b) Zulma Robert, audiencia de fecha 25/10/2011, por la tarde, hermana de la víctima, arribó a su casa luego que el grupo de personas secuestrara a Norma Robert y encontró a su familia atemorizada por lo ocurrido, al tiempo que advirtió que en la casa estaba todo revuelto; c) Nancy Robert, audiencia de fecha 25/10/2011, por la tarde, hermana de la víctima, la que arribó a su casa luego que retiraran a Norma Robert del hogar familiar y supo a través de su padre de las circunstancias del hecho; d) Nelly Luisa Elena Caño de Andreu, audiencia de fecha 19/10/2011, por la tarde, madre de Edgardo Andreu, esposo de Norma Robert, el 15 de octubre de 1976 quien relató que se presentaron en su casa de Pellegrini N 511 de Bahía Blanca dos personas de civil que dijeron ser de la Policía, preguntando si allí estaba Norma Robert; e) Daniel Felipe Maugeri, audiencia de fecha 25/10/2011, por la tarde, acompañó a Jorge Robert en distintas gestiones en la localidad de Carhué, luego del hecho y en años posteriores tanto judiciales como administrativas y en conversación con el policía Ravi, éste le mencionó que quienes secuestraron a Norma, habían hecho firmar unas planillas en la Comisaría; f) Carlos Lorenzo Ravi, audiencia de fecha 25/10/2011, por la tarde, revistaba en la Comisaría de Carhué de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y se encontraba de servicio el día del secuestro de Norma Robert y mantuvo una conversación con Jorge Robert sobre los captores luego de ocurrido el hecho.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 129/83 del Juzgado Federal Bahía Blanca caratulado "Robert De Andreu Norma S/ Privación Ilegal De La Libertad Y/U Homicidio"; b) Expediente n 51.730 del Juzgado en lo Penal N 2 Sec. 3 caratulado "ROBERT JORGE interpone Recurso de Habeas Corpus a favor de NORMA ROBERT"; c) Expediente N 46 del Juzgado Federal de 1 instancia de Bahía Blanca, (Expediente 141 del registro de la CFABB), caratulado "ANDREU Edgardo Miguel Ángel s/ recurso de Habeas Corpus" de fecha 11/2/1977; d) Nómina de integrantes de la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca que revistaron durante el período 1 de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1979, remitida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; e) Nómina de agentes de la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca que cumplieron funciones los días 15 y 16 de octubre de 1976, remitida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; f) Legajo CONADEP n 160; g) Causa N 89 caratulada: "Robert De Andreu Norma s/ Privación Ilegítima de la Libertad y/u Homicidio"

57.- ROSSI, Darío

Darío Rossi, había sido estudiante la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional del Sur (U.N.S.) hasta el año 1974, y en ese contexto era representante del alumnado por ante la Cooperadora Universitaria de U.N.S. Oriundo de Puerto Belgrano, durante los años de cursada, residió en el Barrio Universitario bahiense.-

Tras haber dejado la universidad, se radicó en la ciudad de Viedma, Pcia. de Río Negro y allí se desempeñó como administrador de la Empresa Constructora Paterno-Pródico hasta el mes de julio del año 1976 y para el momento de su secuestro, había comenzado a trabajar en la construcción de un edificio sito en la calle Laprida 749 de esa misma ciudad.-

Darío Rossi fue secuestrado con fecha 29 de noviembre de 1976, cuando es interceptado por un grupo de personas armadas y algunas uniformadas, que se encontraban apostadas frente a su domicilio en Viedma en dos automóviles, sin chapas patentes colocadas: un Fiat 125 color celeste y un Ford Falcon.-

El secuestro se produjo tras haber el mismo ingresado a su morada, de donde sus secuestradores lo extrajeron y lo introdujeron por medio de golpes en el interior del Fiat 125 |32|. Ante ello, familiares de la víctima efectuaron averiguaciones y a través del entonces interventor de la provincia de Río Negro, Aldo Luís BACHMANN y un miembro de la Armada Argentina de apellido BRUNI, tomaron conocimiento que ROSSI había sido llevado por personal de la Policía Federal y/o del Ejército, al CCD "La Escuelita", sito en Bahía Blanca, bajo el manejo de esta última fuerza.-

Pasados unos días del secuestro de Darío ROSSI, por medio de la fuerza, se apersonó personal policial en el domicilio de sus padres amenazándolos y maltratándolos. Asimismo, interrogaron dúramente al hermano menor de la víctima, de nombre Gustavo Gabriel ROSSI, para que, por medio de golpes confesara dónde se encontraba la esposa de su hermano Darío, Esperanza MARTÍNEZ, tras lo cual Gustavo ROSSI fue secuestrado y liberado a las pocas horas; además de ello, en esos mismos días, el hermano mayor de Darío, de nombre Pablo Elcides ROSSI fue interrogado por también por peronal policial.

Todo esto generó, la mudanza de la esposa de Darío ROSSI -Esperanza Martínez- a la ciudad de Comodoro Rivadavia, junto con su pequeña hija de 6 años de edad. Mas, a pesar de ese intento de alejarse de la persecución que efectuaban las fuerzas de seguridad, de todas manera MARTÍNEZ fue detenida y torturada en Comodoro Rivadavia, hasta que consiguió dejar el país con su hija, por medio de gestiones efectuadas con la embajada de España.

Pese al duro régimen sufrido por las víctimas en el CCD, y las afecciones cardíacas que padecía Darío Rossi, durante su detención logró mantener secretamente diálogos con otros compañeros de cautiverio, en los que preguntó a personas secuestradas con posterioridad al operativo que lo condujo hasta allí, por su mujer y por su hija. Asimismo, los hizo saber acerca de las terribles sesiones de torturas a las que había sido sometido, con aplicación de electricidad en el cuerpo, lo cual era evidente en vista del grave deterioro físico que padecía. Conforme lo expuesto en declaraciones testimoniales por los sobrevivientes que compartieron cautiverio con Rossi, en una oportunidad incluso un médico lo revisó en el CCD, le consultó respecto a cómo se sentía de salud y revisó sus latidos de corazón.-

Unos cuatro o cinco días posteriores a esta visita médica, se retiró a Rossi de esa habitación juntamente con otra persona que también se encontraba allí cautiva, llamada Raúl FERRERI, resultando ser que luego de ello nunca más se los volvió a sentir en el CCD |33|. Cabe hacer la aclaración que, a la fecha, el cuerpo de Ferreri, aún continúa desaparecido.

Con fecha 03 de febrero de 1977, el hermano de la víctima, Pablo Alejandro ROSSI, interpuso una acción de hábeas corpus a favor de Darío. Como consecuencia de su tramitación, con fecha 07 de febrero de ese año el Capitán Auditor Jorge Alberto BURLANDO, informó falsamente que Darío ROSSI no se encontraba detenido en el Comando del V Cuerpo de Ejército. De esta manera, ante la negativa también en la respuesta emitida por el resto de las fuerzas de seguridad y armadas, el Juez Federal actuante rechazó por improcedente el hábeas corpus en cuestión |34|.

En el transcurso de todo ello, Darío Rossi había sido sacado con vida del centro clandestino de detención y clandestinamente ultimado. De las constancias obrantes en la causa, Rossi fue fusilado por, al menos, dos proyectiles de armas de fuego de calibre similar a 7,62 mm que asestaron en él.

Cabe llamar la atención que, similarmente a otros casos de homicidio de personas que se encontraban privadas ilegítimamente de libertad en CCD, los responsables hicieron pasar su muerte como el resultado de un incidente bélico. Así, el 02 de marzo de 1977 a las 21:30 horas, el Mayor Alfio ANINO comunicó, desde el Centro de Operaciones Táctico del Comando V Cuerpo del Ejército, a la Delegación Bahia Blanca de la Policía Federal Argentina que en la intersección de las calles Paraná y Salta de esta ciudad, personal militar fue atacado por una persona a la que previamente se había ordenado detenerse, la que resultó finalmente abatida como consecuencia del enfrentamiento y cuyo cadáver se hallaba en la morgue del Hospital Municipal local. Allí, el cuerpo de Darío Rossi fue reconocido por su hermano Pablo Elcides ROSSI cuyo cadáver presentaba impacto de dos balas de armas de guerra y tras su entrega a la familia, se lo inhumó en el cementerio de Bahía Blanca, nicho 267, planta baja, 3 hilera, con constancia en su certificado de defunción que la causa de muerte fue una hemorragia interna |35|.

Las causales reales de la muerte de Darío Rossi, fueron sacadas a la luz desvirtuando por tierra el fútil y vano intento militar de presentar el hecho como un enfrentamiento, por el Dr. Mariano CASTEX, médico legista que analizó el informe pericial practicado por Julio SILVA de MURAT al efectuar la autopsia del cadáver la víctima.-

Así, en su informe obrante en la causa N 111 caratulada "ROSSI, Darío s/ desaparición" a fs. 172/176 y 183, el Dr. CASTEX tuvo como conclusión que resulta ser sumamente difícil el hacer concordar el relato que realizó la Policía Federal Argentina, con la realidad que ofrece la necropsia, toda vez que de la lectura de la descripción del hecho, se desprende que las fuerzas legales, con una excelente puntería, habían dado tiempo a ROSSI a retirar el arma y disparar, siempre de frente y en una postura tal que logró dejar indemnes a los brazos, antebrazos y manos, todo lo cual supondría un absurdo temporal y espacial. Ello así, en atención a la secuencia temporal que el ejército pretendió hacer pasar como real, el hecho se describió como sucedido a las 22.45 horas, la que no resulta posible como hipótesis si se tiene en cuenta las evidencias incontrastables que los proyectiles y sus trayectorias dejaron en el cuerpo de Darío ROSSI.

Se señala finalmente que, incluso después de la falsa publicación de la muerte de Rossi por parte del Ejército, en el marco de la acción de hábeas corpus que fuera interpuesta ante la Justicia Federal para dar con el paradero de éste, los funcionarios intervinientes en el mismo continuaron intimando al pago de las costas impuestas a su hermano Pablo Elcides en su carácter de presentante.-

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de los siguientes elementos probatorios incorporados al presente juicio: declaraciones testimoniales, tanto prestadas ante el tribunal como incorporadas por lectura de: a) Elena EGAN, quien a la época de los hechos era vecina de la familia ROSSI y fue testigo presencial del operativo de secuestro de Darío José ROSSI (conf. declaraciones testimoniales de fs. 9 y 29 de la causa 111 caratulada "ROSSI, Darío s/ desaparición"); b) Esperanza MARTÍNEZ, esposa de Darío José ROSSI, testigo de su secuestro y posterior desaparición en la audiencia del día 29/02/2012, por la mañana; c) Pedro Ángel KUHN, testigo presencial del secuestro y de la violencia con que se desarrolló el mismo, (testimoniales de fs. 11 y 18 de la causa 111 caratulada "ROSSI, Darío s/ desaparición"); d) José Luís GON, quien fue secuestrado y recluido en el centro clandestino de detención "La Escuelita" donde pudo ver y hablar con ROSSI a quien conocía previamente y advirtió el grave estado de salud como consecuencia de las torturas diarias a las que era sometido e incluso escuchó que solicitaba una medicación para una dolencia cardiaca. Cuando fue liberado, ROSSI permanecía cautivo (conf. audiencia de fecha 24/11/2011, por la mañana y testimoniales de fs. 98/99 y 324 del Expediente nro, 111 "ROSSI Darío José s/ Desaparición"; declaraciones de fs. 18.572/18.576 y 19.732 de la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército"); e) Pablo Elcides ROSSI, hermano mayor de la víctima y al que, conforme se expusiera supra, un grupo de personas que se identificaron como policías, armados, se le presentaron en su domicilio buscando a Darío ROSSI y su esposa, revisando todo la casa sin exhibir orden judicial. Tomó conocimiento por las noticias de la radio del abatimiento de su hermano ( declaración ante el Tribunal de fecha 06/12/2011, por la mañana y testimoniales de fs. 48/52 y 132 de la causa 111 "ROSSI Darío José s/ Desaparición" y fs. 5 de la causa 119 del Juzgado Federal de Viedma caratulada "ROSSI Darío José s/ entrega de cadáver"); f) Aldo Luís BACHMANN, quien con el grado de Almirante se desempeñó como Interventor de la Provincia de Río Negro y efectuó gestiones ante diferentes organismos y autoridades, interesado por la desaparición del hijo de un camarada suyo, pero sin obtener resultados positivos. ( fs. 148 de la causa 111 ("ROSSI Darío José s/ entrega de cadáver"); g) Omar Ángel ROSSI, hermano de la víctima, fue quien solicitó ante la Policía Federal la entrega del cadáver de Darío José ROSSI. (declaración de fs. 7 de la causa 119 (Expediente del Juzgado Federal de Viedma caratulada "ROSSI Darío José s/ entrega de cadáver"); h) Gustavo Gabriel Rossi, hermano de la víctima y quien fue abordado por personas armadas que se identificaron como policías, quienes lo atacaron con el fin de obtener información sobre la dirección de Darío ROSSI, y posteriormente lo dejaron encapuchado y atado junto al arroyo en la ciudad de Viedma, audiencia ante el Tribunal de fecha 06/12/2011, por la mañana.-

Como así también se encuentra acreditado a partir de la siguiente documental incorporada como prueba al presente juicio: a) Expediente n 111 del Juzgado Federal de Viedma (Expediente 19 del registro de la CFABB) caratulado "ROSSI, Darío José s/desaparición", en especial: acta de defunción n 329 correspondiente a Darío José ROSSI obrante a fs. 91 vta.; informe de fs.101 emitido por la Secretaría Gral. del Ejército de fecha 14/08/1985, en donde se da cuenta de no registrarse antecedentes de DARÍO ROSSI y que para la época de los hechos se encontraba a cargo como Comandante del V Cuerpo de Ejército el Gral. (R) Azpitarte; actuaciones de fs. 150/1 y de fs. 152/153 en donde los Deptos. II de Inteligencia y III de Operaciones del V Cuerpo de Ejército informan que no se cuenta con registros de comunicado alguno efectuado respecto de un operativo antisubversivo ocurrido el 02/03/1977 en el cual falleciera Darío Rossi, con lo cual queda probada la falsedad del procedimiento llevado a cabo; declaración sin juramento de decir verdad del Gral de Brigada Catuzzi de fs. 154 y de Vilas obrante a fs. 155 en las que se admitió que para la época de los hechos existía en la subzona 51 bajo sus jefaturas un lugar de reunión de detenidos -el Batallón de Comunicaciones 181-; presentación como particular damnificado de fs.164/5; dictamen pericial del Dr. Mariano CASTEX de fs.172/176; presentación de fs.178/181; ratificación de pericia efectuada por el Dr. Castex de fs. 183; b) Expte n 24 del Juzgado Federal de Bahía Blanca (Expediente 144 del registro de la CFABB) caratulado "ROSSI Darío José s/ recurso de hábeas corpus", en especial presentación de dicha acción de fecha 03/02/1977 efectuada por Pablo Alejandro Rossi (fs. 1); decreto de fs. 1vta. y oficio de fs. 2; respuesta al mismo de fs. 7 en donde con fecha 07/02/1977 el Cap. Aud. JORGE ALBERTO BURLANDO de la Asesoría Jurídica del Comando V Cuerpo de Ejército informó al Juez Federal Madueño que "el nombrado (Darío Rossi) no se encuentra detenido en este Comando de Subzona"; dictamen fiscal de fs. 7 vta. y auto de fs. 8 en donde se rechaza por improcedente "el recurso de hábeas corpus...con costas"; decretos de fs.12 vta. del 21/06/1977, de fs. 16 de fecha 16/03/78 por los cuales se intima al pago de las costas impuestas, denótese que para esta fecha, ROSSI ya había sido "abatido" y entregado su cuerpo a los familiares; fotocopia de la publicación referida a actos de homenaje al Gral. Vilas de fechas 27, 28 y 30 del mes de noviembre de 1976, en donde se da cuenta de su dedicación a la lucha contra la subversión, como también de las fechas en las cuales se lo sindica en funciones, correspondientes al diario "La Nueva Provincia" de fs. 27/29; c) Expediente N 119 del Juzgado Federal de Bahía Blanca (Expediente 105 de la CFABB) "ROSSI Darío José s/ entrega de cadáver - B. Blanca": acta de fs.2 en la que se da cuenta de la comunicación telefónica mantenida por personal de la Delegación Bahía Blanca PFA con el mayor ANINO del Centro de Operaciones Táctico del Comando V Cuerpo de Ejército en donde éste diera cuenta del supuesto enfrentamiento entre Rossi y "fuerzas legales" acontecido en la noche del 02/03/1977; ficha identificatoria y huellas dactiloscópicas de fs.3 y 4 de Rossi; vistas fotográficas del cadáver de Darío José ROSSI de fs.9/10; informe pericial del Dr. SILVA DE MURAT de fs. 11/12 en donde diagnostica la causal de muerte por hemorragia interna por heridas múltiples por armas de fuego; certificado de defunción de fs.15; d) Presentaciones de Pablo Elcides ROSSI en causa 05/07/04 "Querellantes" del Juzgado Federal de 1 instancia: manifestación de fs.9; presentación de la Dra. Mirtha MANTARAS obrante a fs.20 y documentación de fs.26; e) Presentación como parte querellante de Esperanza MARTÍNEZ, obrante a fs.191/19194 de la causa 05/07/inc. 04 caratulada "Querellantes", del Juzgado Federal de 1 instancia.

58.- ACEVEDO, Patricia Elizabeth

Patricia Elizabeth Acevedo, el día 26 de febrero de 1977 fue asesinada mediante múltiples disparos de armas de fuego de personal militar del Comando V Cuerpo del Ejército Argentino, entre los que se encontrarían miembros de la Agrupación Tropa, en el marco de un operativo denominado antisubversivo producto del cual se irrumpió en el domicilio de la calle Chiclana N 1009 de la ciudad de Bahía Blanca.

Previo a ello, había sido secuestrada Mirna Edith Aberasturi de su hogar y sus captores le exhibieron una foto de Patricia Acevedo a quien conocía, indagándola acerca del domicilio de ésta. Incluso, encontrándose reducida en centro clandestino de detención, Aberasturi pudo escuchar cómo se comunicaba por televisión o radio la muerte de Patricia Acevedo.

Sobre el referido procedimiento, la Policía Federal Argentina dejo constancia que a las 22:40 horas del día 26 de febrero de 1977, desde el Centro de Operaciones Táctico, un Teniente Coronel de apellido Rodríguez indicó que el suceso había ocurrido ".en circunstancias en que Fuerzas Legales realizaban una operación de investigación y detención sobre delincuentes subversivos.". Por otro lado, se manifestó que los moradores del inmueble ubicado en la calle Chiclana n 1009 para cubrir su fuga abrieron fuego contra las Fuerzas Legales, las que "...atacaron inmediatamente abatiendo a Patricia Elizabeth ACEVEDO.".

El médico Julio Silva de Murat, al momento de examinar el cadáver, plasmó en el informe de autopsia que "...en zona inferior y derecha de la cara, herida desgarrante (...) en hombro derecho profunda y extensa herida desgarrante, que invade tórax destruyendo tejidos de la pared del mismo (...) herida desgarrante en antebrazo y mano derecha con destrucción de los dedos (...) herida desgarrante con desaparición de tejidos blandos, en el tercio superior del brazo izquierdo (...) herida destructiva del dedo índice de la correspondiente mano...". Lo que concuerda con lo revelado por el comisario de la Policía Federal Argentina, Alfredo Abel Fernández, quien habría mencionado que, al constituirse en la morgue del Hospital Municipal local donde había sido depositado, pudo apreciar que el cuerpo de la Acevedo se hallaba casi totalmente destrozado.

El día 1 de marzo de 1977, el diario La Nueva Provincia difundió bajo el título "pormenores sobre una acción antiextremista" un comunicado del Comando de Zona 5 referido al hecho descripto, en el que se menciona el secuestro de armas y se afirma que ".ACEVEDO era una activista enrolada en la banda de delincuentes subversivos autotitulada Montoneros".

En materia judicial, intervino el Juzgado Federal cuyo titular era el Dr. Guillermo Federico Madueño, quien luego de la instrucción policial del hecho y la declaración testimonial del padre de Patricia Acevedo, resolvió el archivo de las actuaciones.

Cabe destacar, que por el operativo militar desplegado en el domicilio de Chiclana N 1009 mencionado, el Ejército Argentino condecoró al por entonces subteniente Mario Carlos Antonio Méndez quien, por haber resultado con una herida, fue distinguido con la medalla al "herido en combate".

Por otro lado, el General de Brigada Abdel Edgardo Vilas, al prestar indagatoria en la ex causa N 11/86, entregó a la Cámara Federal de Apelaciones local un "listado de domicilios, casas operativas y enfrentamientos de la ciudad de bahía blanca", que incluía la dirección Chiclana 1009 antes referida como el domicilio de Acevedo Patricia Elizabeth, donde se ocultaba material logístico (escondites contraídos con muebles, armamentos, granadas, publicaciones, etc. -MONTONEROS-).

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Perla María Malena Re de Acevedo, audiencia del 24/11/2011, por la mañana y madre de la víctima, quien dio cuenta de circunstancias ocurridas con anterioridad, concomitantes y posteriores a la muerte de su hija Patricia, como así también de las gestiones realizadas por la familia para la entrega del cuerpo de su hija; b) María Claudía RE, audiencia del 24/11/2011, por la mañana y prima de la víctima, su casa fue allanada en busca de Patricia Acevedo y la intimidaron para que diga dónde estaba, poco tiempo después fue interrogada por un militar en relación al paradero de su prima; c) Carlos Raúl Principi, audiencia del 24/11/2011, por la mañana; d) Francisco Mateo Bucci, compañero de militancia y novio de Patricia Acevedo, fue detenido, alojado en la unidad penitenciaria de Sierra Chica; e) Carlos Alfredo Zoia, audiencia del 30/11/2011, por la mañana, fue conscripto en el V Cuerpo de Ejército en el año 1976, con destino en la "Agrupación Tropas" y cumplió guardia en un domicilio ubicado en Chiclana a la altura del 1000 luego de haberse realizado en el mismo un procedimiento militar y donde percibió restos humanos; f) Osvaldo César Lezcano, audiencia del 22/11/2011, por la mañana quien realizó el servicio militar obligatorio en el V Cuerpo de Ejército y supo que se había llevado a cabo un operativo en el centro de la ciudad, en el que habían acribillado a una mujer; g) Patricia Taboada, audiencia del 24/11/2011, por la mañana y amiga de la Claudía Re, testigo del interrogatorio al que fue sometida en relación a su prima Patricia Acevedo; h) Emilio Jorge Schlichter, audiencia del 24/11/2011, por la mañana y propietario de la inmobiliaria a cargo de alquilar el inmueble de Chiclana 1009, luego del operativo fue detenido y puesto a disposición de autoridad militar para determinar su participación en esa y otras actividades subversivas; i) Gustavo Tagliabu, audiencia del 23/11/2011, por la tarde y amigo del militar que interrogó a Claudía Re sobre Patricia Acevedo, testigo del interrogatorio; j) Luís Alberto Ramirez (fs. 1vta, 2vta, 3vta, 4, 5, 6, 7vta de la c. 104/77 "ACEVEDO Patricia Elizabeth s/entrega de cadáver" -conf. art. 391 C.P.P.N.-), al momento de los hechos se desempeñó en la Delegación Bahía Blanca de la PFA con el cargo de Subinspector e intervino en el expediente de entrega del cadáver refrendando como secretario del Delegado Fernández; k) Néstor González (fs. 7, 9, 9vta, de la c. 104/77 "ACEVEDO Patricia Elizabeth s/entrega de cadáver" -conf. art. 391 C.P.P.N.), al momento de los hechos se desempeñó en la Delegación Bahía Blanca de la PFA con el cargo de Subinspector, interviene en el expediente de entrega de cadáver refrendando como secretario del Comisario Fernández.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 104 del registro del Juzgado Federal de 1 instancia de Bahía Blanca, a cargo del Juez Guillermo Federico MADUEÑO, Secretaría GIROTTI, (Expediente 182 del registro de la CFABB) caratulado "ACEVEDO Patricia Elizabeth s/ entrega de cadáver": Acta de fs.1; presentación de Francisco José ACEVEDO de fs.2; nota de fs.2vta. (comunicación con el Secretario 3 Dr. SIERRA quien autoriza la entrega de cadáver; declaración de Francisco José ACEVEDO de fs.3; autorización para entrega de cadáver de fs.4; fichas de fs.5 y 6; informe pericial de fs.7/8; nota de fs.9; disposición de fs.9vta.; diligencias de fs. 10/12; certificado de defunción de fs. 13; resolución de archivo de fs.14; diligencia de fs.15/16vta.; solicitud de fs.17, actuaciones judiciales de fs.18/22; b) Causa N 184 del registro de la CFABB caratulado: "ABERASTURI Mirna Edith s/ recurso de Hábeas Corpus"; c) Causa N 182 del registro de la CFABB) caratulada: "ACEVEDO Patricia Elizabeth s/ entrega de cadáver" fs.3/3vta; d) "Pormenores sobre una acción antiextremista". La Nueva Provincia 01/03/1977, e) Legajo de servicios de Mario Carlos Antonio Méndez. Agregar la siguiente distinción: Medalla: "Herido en Combate". BPE 4174, de fecha 02/12/77.

Se suma a ello, la constancia de entrega del cadáver obrante a fojas 120 de la causa 87 C.F.A.B.B. (caja 3).

CASO "Catriel"
Se considera compuesto por los hechos de los que resultaron víctimas MATZKIN, Zulma; CASTILLO, Juan Carlos; FORNASARI, Pablo y TARTCHITZKY, Mario Manuel.

En primer lugar, como prueba común a tales hechos que serán descriptos -a cuyas víctimas se hizo referencia-, deben tenerse en cuenta tanto el careo entre Tagliabure y Re como también la declaración testimonial de Martínez Falcón del 1 de septiembre de 2011, nuevo testigo que se ofreció en el juicio.

Por otro lado, se suman a ello las inspecciones oculares llevadas a cabo en el domicilio sito en la calle Catriel n 321 y en el Batallón de Comunicaciones 181, ambos de la ciudad de Bahía Blanca, que también tuvieron lugar en el transcurso del debate.

59.- FORNASARI, Pablo Francisco

Pablo Francisco Fornasari, militante de Juventud Peronista, junto con Juan Oscar Gattica y Juan Carlos Castillo, el día 25 de junio de 1976 por la tarde, circulaba a bordo de una camioneta por la ruta nacional 22 hacía Bahía Blanca desde la localidad de Médanos, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, cuando fue interceptado por militares antes de llegar a destino.

Así, en el marco de lo que se denominó como un operativo de control vehicular a cargo del capitán Raúl Oscar Otero, del Batallón de Comunicaciones 181 y al cual Fornasari conocía dado que cuando hizo el servicio militar obligatorio había estado bajo su mando, dichos militares controlaron la identidad de los nombrados y, luego de cotejar sus datos con una nómina, los transportaron en la misma camioneta en la que viajaban hasta el referido Batallón, donde fueron encerrados en una celda.

El sábado siguiente por la mañana Castillo fue retirado de aquel sitio, pero Gattica y Fornasari estuvieron allí hasta el domingo 27 de junio de 1976 cuando se los movilizó a una celda cercana en la cual advirtieron que había más detenidos. Al otro día, fueron sometidos a un interrogatorio, donde dos sujetos le preguntaron respecto a sus actividades laborales y cuestiones familiares, permitiéndoseles escribir una carta a parientes cercanos.

En la primera semana de detención, una persona vestida de civil que estaba con un suboficial les tomó fotografías y tanto Gattica como Fornasari fueron llevados a una guardia, donde debieron suscribir una nota en la que decía que serían liberados a la brevedad y habían sido tratados bien. Al día siguiente, lo sacaron de la celda a Pablo quien estaba vendado y con esposas, en tanto Juan fue golpeado e indagado respecto a su relación con Fornasari y Castillo.

Pablo fue llevado a "La Escuelita", donde se lo sometió a diversas sesiones de tortura, en las que le transmitieron electricidad con una picana y se lo dejó desnudo a la intemperie.

Mientras Fornasari estuvo en cautiverio, su madre Elba Nicoletti efectuó varias averiguaciones tendientes a saber sobre su paradero, se presentó en el Batallón de Comunicaciones 181 y en el Comando V Cuerpo de Ejército Argentino, pero la atendieron al principio en sedes militares donde le manifestaron que no contaban con información sobre su hijo.

Pese a ello, el Teniente Coronel Argentino Cipriano Tauber se entrevistó con ella durante el mes de julio de 1976 y reconoció que Fornasari había estado detenido entre los presos comunes por averiguación de antecedentes, pero indicó que el día anterior había sido liberado y le exhibió documentación que habría sido firma por su hijo.

Más tarde supo que su hijo Pablo había sido asesinado por personal del Ejército Argentino, dentro de los que se encontraba gente de la Agrupación Tropas del V Cuerpo, entre el 4 de septiembre de 1976 a última hora de la noche y comienzos del día 5 de septiembre, en el domicilio ubicado en la calle Catriel n 321 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo la apariencia de un enfrentamiento armado que resultó ser falso.

No sólo Fornasari fue asesinado, sino también Zulma Matzkin, Castillo y Manuel Mario Tarchitzky, quienes se encontraban con él en "La Escuelita", siendo arrojados todos al piso para luego dispararles con armas de gran calibre. Para encubrir y justificar tales hechos, el mayor Bruzzone informó el día 5 de septiembre de 1976 a las 2 de la mañana desde el Centro de Operaciones Táctico del Comando V Cuerpo de Ejército al Subcomisario Félix Alejandro Alais de la Policía Federal Argentina, que a partir de denuncias de la población y por investigaciones propias, una patrulla militar armada fue comisionada para rodear y reducir a personas armadas que con actitud sospechosa se encontraban en el inmueble de la calle Catriel n 321; este último, hizo circular por radiograma que los militares fueron recibidos con fuego de armas automáticas y tras 30 minutos de repeler la agresión, resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y se procedió al secuestro de armas de guerra y explosivos.

En la edición del día 6 de septiembre de 1976 del diario La Nueva Provincia, bajo el título "Otra eficaz acción del Ejército. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad", se realizó una extensa publicación referida al accionar militar del día anterior en el domicilio de Catriel. Allí, se expresó que Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari eran "cabecillas de la organización ilegalizada en primer término". En la nota se transcribió un comunicado emitido por la subzona de defensa 51 del Comando V Cuerpo de Ejército, en la que se admitió que efectivos del Ejército efectuaron un operativo en el domicilio de Catriel y abatieron a cuatro personas catalogadas como delincuentes subversivos. También se refirió que Pablo había participado en diversos hechos delictivos y fueron mencionadas futuras "acciones extremistas" que las víctimas llevarían a cabo. Puntualmente, se publicó un comunicado de la Subzona de Defensa 51 que identificaba a "Pablo Francisco Fornazari (a) "Lito" "Oficial Segundo" de la organización que se desempeñaba como jefe de la "zona de destacamentos", la que incluye los agrupamientos delictivos que actúan en Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata (.) Este activo delincuente subversivo se había incorporado a la organización en el año 1969, militando inicialmente en la ciudad de La Plata. El 20 de marzo de 1975 participó en Bahía Blanca del asesinato del subcomisario Ramos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A mediados de ese mismo año, fue trasladado a esta ciudad en carácter de responsable político en la zona. Participó en el planeamiento y ejecución de la emboscada al vehículo de la patrulla militar perteneciente a la Compañía de la Policía Militar 181, hecho que tuvo lugar en Bahía Blanca el 15 de diciembre de 1975 y en el que fueron asesinados el cabo primero Bruno ROJAS y el soldado conscripto René PAPINI. El delincuente Fornazari habitó la finca ubicada en Sarmiento 1.502, del Barrio Palihue, hasta fines de julio del corriente año, debiendo abandonarla precipitadamente en oportunidad de ser allanada la vivienda por fuerzas del Ejército."

Antes, el mismo periódico había publicado la noticia del allanamiento que habría ocurrido en la noche del día 24 de julio de 1976 en una casa ubicada en Sarmiento n 1502 de la ciudad de Bahía Blanca, siendo aquel procedimiento militar difundido como un "exitoso operativo realizado en la lucha contra la subversión" y posteriormente asociado con las actividades políticas de Pablo Fornasari.

Pero pese a ello, un informe del médico legista Mariano Castex demuestra que Matzkin, Fornasari, Castillo y Tarchitzky no pudieron haber muerto en un enfrentamiento. Pues, el análisis de la autopsia reveló que "de todas las hipótesis barajadas, la única realmente posible, que no arroja contradicciones intrínsecas, es la de un fusilamiento de las víctimas estando arrojadas al piso, boca arriba y con los brazos indistintamente plegados unos sobre tórax y/o abdomen, y, otros, alejados del cuerpo". Dicho análisis fue posible, dado que los cadáveres fueron depositados en la morgue del Hospital Municipal local, mientras la justicia federal dispuso iniciar actuaciones por "atentado y resistencia a la autoridad y muerte de cuatro personas N.N. a identificar".

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Juan Oscar Gatica, audiencia de fecha 24/08/2011, por la tarde quien fue detenido junto a Pablo Francisco Fornasari y Juan Carlos Castillo por una patrulla militar en ocasión de un control en ruta 22 entre Médanos y Bahía Blanca; trasladados al Batallón de Comunicaciones 181 desde donde es retirado Fornasari; b) José Luís Veinticinque, audiencia de fecha 24/08/2011, por la tarde y era vecino colindante con la casa en la que se fraguó el enfrentamiento, la que sabía que estaba deshabitada, vio el interior de la casa con impactos y manchas en las paredes; c) José Luís Capozio, audiencia de fecha 24/08/2011, por la tarde quien se encontraba realizando el servicio militar obligatorio al momento del hecho y fue llevado al operativo, con orden de disparar en caso que alguien quisiera escapar; d) Liliana Morsia, audiencia de fecha 25/08/2011, por la mañana quien era la esposa de Fornasariy con quien convivía al momento de la detención, recibió una carta de puño y letra de Fornasari, fechada el 28/6/1976 en la que le relata que se encuentra detenido en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca; e) Elsa Fernández, audiencia de fecha 25/08/2011, por la mañana quien advierte a la mañana siguiente la presencia de personal uniformado fuera de la casa de Catriel 321 y al ingresar a ese inmueble, observó los destrozos y las manchas; f) Carlos Passarotti, audiencia de fecha 30/08/2011, por la mañana y vecino del lugar del hecho quien advirtió los daños causados a un vehículo estacionado frente al lugar de los hechos; g) Carlos Edgardo Martínez, audiencia de fecha 30/08/2011, por la mañana quien al momento de los hechos era vecino del lugar donde ocurrió el falso enfrentamiento; h) Ángel Fornasari (declaraciones de fs. 22 y 24 de la causa 103 del registro de la C.F.A.B.B. caratulada "FORNASARI Pablo Francisco - CASTILLO Juan Carlos - TARCHITZKY Manuel Mario y MATZKIN Zulma Raquel - abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares" -conf. art. 391 C.P.P.N.-), padre de la víctima y reconoció en la morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca el cadáver de su hijo y realizó gestiones para su traslado a la ciudad de Huinca Renancó; i) Elba Nicoletti de Fornasari (Fs. 1/2 de la causa 86(1) -conf. art. 391 C.P.P.N.-), enterada del secuestro de su hijo, hizo gestiones en el Batallón de Comunicaciones 181, fue recibida por Argentino Cipriano Tauber quien le dijo, previa negativas que su hijo había estado allí con los presos comunes, que había recuperado la libertad exhibiéndole un constancia de ello presuntamente firmada por Fornasari, aunque ella supo que no era su firma.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 103 del registro de la C.F.A.B.B caratulado: "FORNASARI Pablo Francisco - CASTILLO Juan Carlos - TARCHITZKY Manuel Mario y MATZKIN Zulma Raquel - abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares": Radiograma de fs. 1; Acta de fs. 7; nota de fs. 9 (reserva en Caja seguridad CFABB sobre c/ proyectiles); fichas dactilares fs. 10/17; fotografías fs.18/21; nota de fs. 23; Actas de fs. 25 y 26; Informes periciales realizados por el Médico SILVA DE MURAT de fs. 27/34, actas de fs. 35 y 35vta.; acta de fs. 36 y 36vta.; acta de sección de manos de fs. 37; declaración fs. 38/39 de Fernando Antonio FERRANDI (empresa pompas fúnebres traslado CASTILLO); acta de fs. 40 y 40vta.; actuaciones fs. 41/42vta.; Acta fs. 43 recepción certificado defunción CASTILLO; acta fs. 43vta. recepción actuaciones identificación de fichas dactiloscópicas de los NN; certificado de defunción fs. 44; diligencias identificación División Dactiloscopía fs. 45/57; acta de comunicación telefónica entrega de cadáver de fs. 58; declaración de fs 59; declaración de fs. 60; acta fs. 61; declaración de fs. 62; nota de fs. 63; resolución fs. 63vta.; informe División Documentos Policía Pcia. Bs.As de fs. 64; auto fs. 64vta.; dictamen fiscal fs. 65; resolución de fs. 65vta.; diligencias de identificación y despacho fs. 66/67vta.; certificado defunción de TARCHITZKY fs. 68; certificado defunción FORNASARI fs. 69; certificado defunción MATZKIN fs. 70; nota de fs. 71; actuaciones de fs. 71vta.; auto de fs. 72; actuación notarial de fs. 73/74; informe pericial Dr. CASTEX fs. 75/84; certificado fs. 85; resolución fs. 91; presentación de fs. 92; resolución de fs. 93; respuesta oficio fs. 95/96vta.; presentación de fs. 97; resolución fs. 98; respuesta oficio Hospital Municipal fs. 100/148; resolución fs. 149; b) Expediente 86(1) "Subsecretaría DDHH S/ Denuncia (FORNASARI Pablo Francisco)": fs. 130; c) Legajo S.D.H 146 y REDEFA 124; d) Carta enviada por Pablo Francisco FORNASARI a Liliana MORSIA, en copia simple obrante a fs. 19.142/19.148 de la causa 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército", y en copia certificada a fs. 847/853 de las "Actuaciones Complementarias a causa 05/07" nro. 02/09 del registro de esta Unidad Fiscal; e) Copia certificada del Expediente n 344.962/92 de la Secretaría de Derechos Humanos mediante el cual se tramitó el beneficio de la Ley 24.411, que obra a fs.13.436 de la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidas bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército" del registro del Juzgado Federal N1; f) Informe producido por la Municipalidad de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba; g) Exhibición de proyectiles reservados en Caja n 8 y h) Expediente n 344.962/92 de la Secretaría de Derechos Humanos s/ beneficio de la Ley 24.411.

60.- CASTILLO, Juan Carlos

Juan Carlos Castillo, junto con Juan Oscar Gatita y Pablo Francisco Fornasari el día 25 de junio de 1976 por la tarde, circulaba a bordo de una camioneta por la ruta nacional 22 hacía Bahía Blanca desde la localidad de Médanos, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, cuando fue interceptado por militares antes de llegar a destino.

Así, en el marco de lo que denominó como un operativo de control vehicular a cargo del capitán Raúl Oscar Otero del Batallón de Comunicaciones 181 y al cual, Fornasari conocía dado que cuando hizo el servicio militar obligatorio había estado bajo su mando, dichos militares controlaron la identidad de los nombrados y, luego de cotejar sus datos con una nómina, los transportaron en la misma camioneta en la que viajaban hasta el referido Batallón, donde fueron encerrados en una celda.

El sábado siguiente por la mañana Castillo fue retirado de aquel sitio y llevado a "La Escuelita", donde lo torturaron con picana eléctrica y lo obligaron a permanecer de pie con los testículos atados a una reja. Mientras tanto, su camioneta era utilizada por el subteniente Julián Oscar Corres, ya que el vehículo había sido tomado por personal militar durante el operativo de secuestro.

Más tarde se supo que Juan Carlos había sido asesinado por personal del Ejército Argentino, dentro de los que se encontraba gente de la Agrupación Tropas del V Cuerpo), entre el 4 de septiembre de 1976 a última hora de la noche y comienzos del día 5 de septiembre, en el domicilio ubicado en la calle Catriel n 321 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo la apariencia de un enfrentamiento armado que resultó ser falso.

No sólo Castillo fue asesinado, sino también Zulma Matzkin, Fornasari y Manuel Mario Tarchitzky (que se encontraban con él en "La Escuelita"), siendo arrojados todos al piso para luego dispararles con armas de gran calibre. Para encubrir y justificar tales hechos, el mayor Bruzzone informó el día 5 de septiembre de 1976 a las 2 de la mañana desde el Centro de Operaciones Táctico del Comando V Cuerpo de Ejército al Subcomisario Félix Alejandro Alais de la Policía Federal Argentina, que a partir de denuncias de la población y por investigaciones propias, una patrulla militar armada fue comisionada para rodear y reducir a personas armadas que con actitud sospechosa se encontraban en el inmueble de la calle Catriel n 321 antes mencionado. Este último, hizo circular por radiograma que los militares fueron recibidos con fuego de armas automáticas y tras 30 minutos de repeler la agresión, resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y se procedió al secuestro de armas de guerra y explosivos.

En la edición del día 6 de septiembre de 1976 del diario La Nueva Provincia, bajo el título "Otra Eficaz Acción del Ejército. Cuatro Extremistas Fueron Abatidos en Nuestra Ciudad", se realizó una extensa publicación referida al accionar militar del día anterior en el domicilio de Catriel. Allí, se expresó que Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari eran "cabecillas de la organización ilegalizada en primer término". En la nota se transcribió un comunicado emitido por la subzona de defensa 51 del Comando V Cuerpo de Ejército, en la que se admitió que efectivos del Ejército efectuaron un operativo en el domicilio de Catriel y abatieron a cuatro personas catalogadas como delincuentes subversivos.

Pero pese a ello, un informe del médico legista Mariano Castex demuestra que Matzkin, Fornasari, Castillo y Tarchitzky no pudieron haber muerto en un enfrentamiento. Pues, el análisis de la autopsia reveló que "de todas las hipótesis barajadas, la única realmente posible, que no arroja contradicciones intrínsecas, es la de un fusilamiento de las víctimas estando arrojadas al piso, boca arriba y con los brazos indistintamente plegados unos sobre tórax y/o abdomen, y, otros, alejados del cuerpo". Dicho análisis fue posible, dado que los cadáveres fueron depositados en la morgue del Hospital Municipal local, mientras la justicia federal dispuso iniciar actuaciones por "atentado y resistencia a la autoridad y muerte de cuatro personas N.N. a identificar".

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) María Elisa Castillo (audiencia de fecha 30/08/2011 por la mañana), hija de Juan Carlos Castillo y Angélica Kooistra; b) Juan Oscar Gatita (audiencia de fecha 24/08/2011 por la mañana).

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 593 del Juzgado Federal de 1 instancia, (Expediente 103 del registro de la C.F.A.B.B caratulado "FORNASARI Pablo Francisco - CASTILLO Juan Carlos - TARCHITZKY Manuel Mario y MATZKIN Zulma Raquel - abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares" Radiograma de fs. 1; Acta de fs. 7; nota de fs. 9 (reserva en Caja seguridad CFABB sobre con proyectiles); fichas dactilares fs. 10/17; fotografías fs.18/21; nota de fs. 23; Informes periciales realizados por el Médico SILVA DE MURAT de fs. 27/34, actas de fs. 35 y 35vta.; acta de fs. 36, 36vta y 37); acta de fs. 40 y 40vta.; Pcia. Bs. As. entrega del cadáver a Ernesto CASTILLO; actuaciones fs. 41/42vta.; entrega cadáver a Ernesto CASTILLO; Acta fs. 43; certificado de defunción de fs. 44; diligencias periciales de División Dactiloscopía de fs. 45/57; resolución fs. 63vta.; auto fs. 64vta.; dictamen fiscal fs. 65; resolución fs. 65vta que declara extinguida la acción penal; nota fs. 71; actuaciones fs. 71vta.; auto fs. 72; actuación notarial fs. 73/74; informe pericial Dr. CASTEX fs. 75/84; certificado fs. 85; presentación fs. 86/90; resolución fs. 91; presentación de fs. 92; resolución fs. 93; respuesta oficio fs. 95/96vta.; presentación fs. 97; resolución fs. 98; respuesta oficio Hospital Municipal fs. 100/148; auto de fs. 149 y actuaciones fs. 150/173; b) Expediente 109(10) "Subsecretaría DDHH s/ Dcia. Caso: CASTILLO Juan Carlos"; c) Legajo del Registro de la Propiedad Automotor N 1 de Bahía Blanca correspondiente al Dominio B-942-765, vehículo de propiedad de Juan Carlos CASTILLO; d) Legajo CONADEP 7758.

61.- MATZKIN, Zulma Raquel

Zulma Raquel Matzkin fue secuestrada por personal militar el 19 de julio de 1976 cerca del mediodía, cuando se encontraba en su lugar de trabajo sito en Alsina n 19, 4 piso, de la ciudad de Bahía Blanca y se trasladada e introducida en "La Escuelita"; su presencia en dicho centro clandestino de detención ha sido reconocida por Estrella Mena de Turata, María Felicitas Baliña, María Cristina Pedersen y Alicia Partnoy.

Luego de permanecer cautiva, se supo que Zulma había sido asesinada por personal del Ejército Argentino, dentro de los que se encontraba gente de la Agrupación Tropas del V Cuerpo, entre el 4 de septiembre de 1976 a última hora de la noche y comienzos del día 5 de septiembre, en el domicilio ubicado en la calle Catriel N 321 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo la apariencia de un enfrentamiento armado, que resultó ser falso.

No sólo Matzkin fue asesinada, sino también Pablo Fornasari, Castillo y Manuel Mario Tarchitzky, que se encontraban también en "La Escuelita", siendo arrojados todos al piso para luego dispararles con armas de gran calibre. Para encubrir y justificar tales hechos, el mayor Bruzzone informó el día 5 de septiembre de 1976 a las 2 de la mañana desde el Centro de Operaciones Táctico del Comando V Cuerpo de Ejército al Subcomisario Félix Alejandro Alais de la Policía Federal Argentina, que a partir de denuncias de la población y por investigaciones propias, una patrulla militar armada fue comisionada para rodear y reducir a personas armadas que con actitud sospechosa se encontraban en el inmueble de la calle Catriel N 321 antes mencionado. Este último, hizo circular por radiograma que los militares fueron recibidos con fuego de armas automáticas y tras 30 minutos de repeler la agresión, resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y se procedió al secuestro de armas de guerra y explosivos.

En la edición del día 6 de septiembre de 1976 del diario La Nueva Provincia, bajo el título "Otra eficaz acción del Ejército. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad", se realizó una extensa publicación referida al accionar militar del día anterior en el domicilio de Catriel. Allí, se expresó que Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari eran "cabecillas de la organización ilegalizada en primer término". En la nota se transcribió un comunicado emitido por la Subzona de Defensa 51 del Comando V Cuerpo de Ejército, en la que se admitió que efectivos del Ejército efectuaron un operativo en el domicilio de Catriel y abatieron a cuatro personas catalogadas como delincuentes subversivos.

Pero pese a ello, un informe del médico legista Mariano Castex demuestra que Matzkin, Fornasari, Castillo y Tarchitzky no pudieron haber muerto en un enfrentamiento. Pues, el análisis de la autopsia reveló que "de todas las hipótesis barajadas, la única realmente posible, que no arroja contradicciones intrínsecas, es la de un fusilamiento de las víctimas estando arrojadas al piso, boca arriba y con los brazos indistintamente plegados unos sobre tórax y/o abdomen, y, otros, alejados del cuerpo". Dicho análisis fue posible, dado que los cadáveres fueron depositados en la morgue del Hospital Municipal local, mientras la justicia federal dispuso iniciar actuaciones por "atentado y resistencia a la autoridad y muerte de cuatro personas N.N. a identificar".

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Susana Juana Matzkin, audiencia de fecha 24/08/2011, por la mañana y hermana de la víctima quien realizó gestiones para conocer circunstancias del secuestro y paradero de la víctima mientras estuvo desaparecida; b) Hipólito Solari Yrigoyen, audiencia de fecha 07/09/2011, por la mañana quien fue secuestrado y recluido en el centro clandestino de detención "La Escuelita" donde supo de la presencia, torturas y abusos sexuales padecidos por la víctima; c) Jorge Carlos Aure, audiencia de fecha 30/08/2011, por la mañana quien fue secuestrado y recluido en el centro clandestino "La Escuelita" y advirtió la presencia de Matzkin, a quien conocía previamente y llevaba tiempo cautiva en ese lugar, donde era torturada continuamente; d) Antonio Osvaldo Tejera, audiencia de fecha 30/08/2011, por la tarde y cuñado de la víctima al momento de ocurridos los hechos quien reconoció el cadáver de la víctima en la morgue del Hospital Municipal; e) Ana María Gómez, audiencia de fecha 30/08/2011 por la tarde.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 593 del Juzgado Federal de 1 instancia, (Expte. N 103 del registro de la C.F.A.B.B caratulado: "FORNASARI Pablo Francisco - CASTILLO Juan Carlos - TARCHITZKY Manuel Mario y MATZKIN Zulma Raquel - abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares" (que contiene Pericia del dr. Mario Castex a fs.75/84); b) Legajo REDEFA 496; c) Presentación como particular damnificada de Susana Juana MATZKIN, obrante a fs. 88 y 165 de la causa 05/07/04 caratulada "Querellantes".

62.- TARCHITZKY, Manuel Mario

Manuel Tarchitszky fue secuestrado el día 20 de julio de 1976 y llevado al centro clandestino de detención "La Escuelita" en Bahía Blanca.

Luego de permanecer cautivo y ser torturado allí, se supo que había sido asesinado por personal del Ejército Argentino, dentro de los que se encontraba gente de la Agrupación Tropas del V Cuerpo, entre el 4 de septiembre de 1976 a última hora de la noche y comienzos del día 5 de septiembre, en el domicilio ubicado en la calle Catriel N 321 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo la apariencia de un enfrentamiento armado que resultó ser falso.

No sólo fue asesinado Manuel Mario Tarchitzky, sino también Zulma Matzkin, Castillo y Fornasari, que se encontraban con él en "La Escuelita", siendo arrojados todos al piso para luego dispararles con armas de gran calibre. Para encubrir y justificar tales hechos, el mayor Bruzzone informó el día 5 de septiembre de 1976 a las 2 de la mañana desde el Centro de Operaciones Táctico del Comando V Cuerpo de Ejército al Subcomisario Félix Alejandro Alais de la Policía Federal Argentina, que a partir de denuncias de la población y por investigaciones propias, una patrulla militar armada fue comisionada para rodear y reducir a personas armadas que con actitud sospechosa se encontraban en el inmueble de la calle Catriel N 321 antes mencionado. Este último, hizo circular por radiograma que los militares fueron recibidos con fuego de armas automáticas y tras 30 minutos de repeler la agresión, resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y se procedió al secuestro de armas de guerra y explosivos.

En la edición del día 6 de septiembre de 1976 del diario La Nueva Provincia, bajo el título "Otra eficaz acción del Ejército. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad", se realizó una extensa publicación referida al accionar militar del día anterior en el domicilio de Catriel. Allí, se expresó que Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari eran "cabecillas de la organización ilegalizada en primer término". En la nota se transcribió un comunicado emitido por la Subzona de Defensa 51 del Comando V Cuerpo de Ejército, en la que se admitió que efectivos del Ejército efectuaron un operativo en el domicilio de Catriel y abatieron a cuatro personas catalogadas como delincuentes subversivos.

Pero pese a ello, un informe del médico legista Mariano Castex demuestra que Matzkin, Fornasari, Castillo y Tarchitzky no pudieron haber muerto en un enfrentamiento. Pues, el análisis de la autopsia reveló que "de todas las hipótesis barajadas, la única realmente posible, que no arroja contradicciones intrínsecas, es la de un fusilamiento de las víctimas estando arrojadas al piso, boca arriba y con los brazos indistintamente plegados unos sobre tórax y/o abdomen, y, otros, alejados del cuerpo". Dicho análisis fue posible, dado que los cadáveres fueron depositados en la morgue del Hospital Municipal local, mientras la justicia federal dispuso iniciar actuaciones por "atentado y resistencia a la autoridad y muerte de cuatro personas N.N. a identificar".

Cabe destacar, que el cadáver de Tarchitzky fue reconocido el día 17 de septiembre de 1976 y retirado por su tío Isidoro Tarchitzky, dos días más tarde.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Roberto Staheli (audiencia de fecha 07/09/2011 por la mañana), fue secuestrado en Bahía Blanca y recluido en el centro clandestino "La Escuelita" donde escuchó que había una persona de apellido Tarchitzky a quien torturaban brutalmente por su condición de judío; b) Isidoro Tarchitzky (declaración de fs. 59 de la causa 593 (Expte, 103 del registro de la CFABB) caratulado "FORNASARI Pablo Francisco -CASTILLO Juan Carlos - TARCHITZKY Manuel Mario y MATZKIN Zulma Raquel - abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares" -conf. art. 391 C.P.P.N.-); c) Héctor Raúl Porras (audiencia de fecha 30/08/2011 por la tarde), propietario de la vivienda de Catriel 321, el que resultó con grandes daños a consecuencia del operativo militar desplegado. Realizó gestiones ante autoridades militares con posterioridad al hecho

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 593 del Juzgado Federal de 1 instancia (Expediente 103 del registro de la C.F.A.B.B) caratulado "FORNASARI Pablo Francisco - CASTILLO Juan Carlos - TARCHITZKY Manuel Mario y MATZKIN Zulma Raquel - abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares": (que contiene Pericia del dr. Mario Castex de fs.75/84); b) Legajo REDEFA 408; c) Informe producido por la Asociación Israelita respecto del lugar en que se encuentran inhumados los restos de la víctima; d) Informe catastral del inmueble ubicado en calle Catriel 321 de Bahía Blanca, producido por la Municipalidad de Bahía Blanca.

63.- CEREIJO, Nancy Griselda y 64.- LOFVALL, Andrés Oscar:

Andrés Oscar Lofvall, alumno de la Escuela Técnica N 1 de Bahía Blanca, estaba en pareja con Nancy Griselda Cereijo, quien fue secuestrada el día 3 de febrero de 1977 cuando se encontraba trabajando en el Hotel Italia, ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Bahía Blanca, según su padre, la capturaron individuos que dijeron pertenecer a la Brigada de Investigaciones.

Alrededor de las 22 horas del día anterior, personas armadas vestidas de civil que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal habían irrumpido en el domicilio de la familia Cereijo, sito en la calle Paso n 162 de la ciudad de Punta Alta, buscando a Nancy pero se llevaron a Elvira Margarita Cereijo, a quien interrogaron por su filiación política y sobre el domicilio de su hermana. Este último fue allanado con posterioridad, en un procedimiento en el que intervino personal de la Brigada de Investigaciones o del Ejército, según referencias de una vecina y lo indicado por el dueño del inmueble Norberto Azcon. Por tal motivo, el día 3 de febrero de 1976 a la mañana Carlos Victorino Cereijo fue a ver a su hija Nancy al Hotel Italia y en dicha oportunidad ella le dijo que no se preocupara, que no andaba en nada raro y que durante esa tarde o al día siguiente se iría a Punta Alta.

Al mediodía de aquella fecha, policías secuestraron a Andrés Oscar Lofvall cuando se encontraba en su domicilio donde vivía con Carlos Mario Ilacqua, en la calle Cervantes N 162, depto. J. de la ciudad de Bahía Blanca. Al día siguiente, su padre se acercó hasta la vivienda y miembros de la Unidad Regional 5 lo detuvieron y trasladaron a la sede de la misma. Sin perjuicio de que allí no le informaron donde se encontraba su hijo, mediante dichos de vecinos supo que el domicilio de éste había sido allanado y en esa ocasión, fue privado de su libertad.

A raíz de eso, los padres de Lofvall y Cereijo (ambos suboficiales de la Armada Argentina) efectuaron pedidos verbales de averiguación del paradero de sus hijos a miembros de la institución a la que pertenecían, pero no obtuvieron resultados favorables. También presentaron recursos de habeas corpus ante la justicia federal, mediante los cuales tampoco pudieron obtenerse otros datos. Asimismo, Lydio Oscar Lofvall formuló una denuncia el día 8 de febrero de 1976 en una comisaría, que motivó una causa judicial que fue cerrada el día 28 del mismo mes y año, ante la falta de información que permitiera avanzar en la investigación de los hechos.

Ante la situación, los familiares de Cereijo y Lofvall acudieron al V Cuerpo de Ejército tanto por carta a su comandante como personalmente, ocasión en la que fueron atendidos por los mayores Arturo Ricardo Palmieri y Hugo Jorge Delmé, quienes negaron que los jóvenes estuvieran detenidos a disposición del Ejército Argentino.

En este sentido, "(e)l martes 8, se cita nuevamente a los padres, los atienden los Mayores Palmieri y Delme, (...) el Mayor Palmieri lee un burdo informe que decía 'Al efectuarse un allanamiento en la Calle Cervantes 162, el día jueves 3 de Febrero de 1977, al salir corriendo del mismo el sujeto (.) alias El Salteño, fue perseguido y baleado en las proximidades del domicilio citado. Se refutan los cargos como falsos e impropios de soldados argentinos, ya que el sujeto baleado, según consta en La Nueva Provincia del día domingo 6 de febrero de 1977 (.) estuvo corriendo dos días por las proximidades de la casa y luego fue muerto por las fuerzas del ejército. Los padres hacen notar a los oficiales que en el afán de encontrar causas para culpar a sus hijos, hacen acusaciones que ni siquiera están dentro de la lógica y que siendo hombres del Ejército Argentino no tendrían que prestarse, ni colaborar a semejantes injusticias. El Mayor Palmieri junto a los padres de los jóvenes se emocionó vivamente, y llorando reconoció tácitamente la sentencia de muerte formada a nuestros inocentes hijos, luego de ésta entrevista el citado mayor Palmieri no concurrió a ninguna reunión más; los trágicos y emotivos momentos vividos no afectaron al Mayor Delme, quién en otras oportunidades dijo que había estado en Tucumán y que la guerra era matar o morir, citó además que había sido objeto de varios atentados con explosivos (.) El lunes 14 de febrero se concurre nuevamente al Comando del 5 Cuerpo del Ejército, presentan al Mayor Delmé las pruebas de las personas testigos de las detenciones y el Mayor Delmé manifiesta que nada puede hacer el Ejército con esos testigos, promete seguir averiguando y nos dice que él solo es un informante ya que a él le suministran las listas de detenidos y en ellas no figuran ninguno de los cuatro jóvenes. Nos sugiere que sólo vayamos los días martes, pues reitera que cualquier novedad nos llamará por teléfono (.) se presenta una nueva carta al Comandante del 5 Cuerpo del Ejército, Osvaldo René Azpitarte, ya que la que había presentado anteriormente se había traspapelado, según declaración del Mayor Delmé (.) en ésta entrevista tampoco se tienen noticias, el oficial de enlace nos informa que a veces fuerzas de otros comandos del Ejército hacen detenciones y allanamientos en otras zonas y que actualmente están investigando si lo sucedido a éstos jóvenes es un caso de ésta naturaleza (.) el Mayor Delmé, informa que han llegado cartas del Ministerio de Defensa solicitando una amplia investigación sobre las detenciones"

Varias personas dan cuenta de la existencia de "La Escuelita"' y que los jóvenes referidos fueron retirados poco antes de ser fusilados en un enfrentamiento fraguado de dicho centro clandestino de detención.

Nancy Griselda Cereijo y Andrés Oscar Lofvall, de acuerdo a lo manifestado por el padre de aquélla a la CONADEP, el contenido de su certificado de defunción y lo publicado en la prensa, habría sido asesinados el día 23 de abril de 1977, en calles Suipacha y Agüero de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos aires, siendo la Comisaría 4 con jurisdicción en aquel lugar, la quien hizo entrega de los cuerpos.

Pruebas sobre Nancy Cereijo:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Elvira Margarita Cereijo, audiencia de fecha 09/11/2011, por la mañana, hermana de la víctima quien fue privada de la libertad e interrogada respecto al domicilio de Nancy Griselda Cereijo el día anterior al secuestro de ésta, realizó gestiones para procurar conocer el paradero de la víctima y concurrió a la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, en donde reconoció el cadáver de su hermana; b) Luís María Lazzini, audiencia de fecha 09/11/2011, por la mañana, primo de Nancy Griselda Cereijo, concurrió a la Morgue de Avellaneda en donde reconoció el cadáver de la víctima; c) Carlos Gabriel Cereijo, audiencia de fecha 09/11/2011, por la mañana, hermano de la víctima de este apartado, quien realizó gestiones para procurar conocer el paradero de Nancy Griselda Cereijo; d) Alicia Cereijo, audiencia de fecha 15/11/2011, por la mañana y prima de Nancy, cuyo domicilio fue allanado por personas armadas que buscaban a la víctima; e) Hugo Montenegro, audiencia de fecha 15/11/2011, por la mañana y familiar de Nancy Griselda Cereijo, testigo presencial de un operativo realizado por personas armadas en busca de la víctima.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 70 - L. 12- F 448 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca (Expediente nro. 129 del registro de CFABB), caratulado "CEREIJO, Nancy Griselda s/recurso de hábeas corpus; b) Acta de defunción N 872 I A del libro de defunciones de la Delegación Avellaneda del Registro Provincial de las Personas correspondiente a Nancy Griselda CEREIJO; c) Recibo de haberes obrante a fs. 156 de la causa 86(16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"; d) Certificado expedido por el Colegio Nacional de Punta Alta obrante a fs.157 de la causa 86 (16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"); e) Certificado de nacimiento de Nancy Griselda CEREIJO, obrante a fojas 159 de la causa n 86(16) de la CFABB caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda -Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"; f) Presentación como particular damnificado de Carlos Victorino CEREIJO obrante a fs.161/162bis de la causa 86(16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar - Iannarelli, Estela Maris - Ilacqua, Carlos Mario)"; g) Legajo CONADEP N 4498; h) Legajo REDEFA N 182; i) Denuncia presentada ante la CONADEP por Luís José CEREIJO, obrante a fs.1/11 de la causa 86 (16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)".; j) Contrato de locación obrante a fojas 160 de la causa 86 (16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"; k) Oficio dirigido al Jefe de la Comisaría 4ta de Policía de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires obrante a fojas 168 de la causa 86 (16) "SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS S/ DENUNCIA (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"; l) Oficio dirigido al Juzgado de Paz de Avellaneda e informe del actuario obrantes a fojas 169 y 194 respectivamente de la causa 86(16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"; ll) Oficio 331/87 de la CFABB, dirigido al Juzgado en lo Penal en Turno de La Plata para que remita las actuaciones labradas por el ex Juzgado de Paz de Avellaneda para la entrega de los cadáveres de Cereijo y Lofvall y respuesta del mismo obrantes a fojas 195 y 245/246 respectivamente de la causa 86(16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"; m) Informe remitido por la Municipalidad de Avellaneda (expediente administrativo número 4004); n) Informe remitido por la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales conteniendo fichas catastrales del lugar de inhumación de Carlos ILACQUA (folio 135), Estela Maris IANNARELLI (folio 135), Nancy CEREIJO (folio 134) y Andrés Oscar LOFVALL (folio 134); ñ) Causa 86(16) del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)"); o) Documentación detallada (conf. cargo de fs. 2100): 1) Dos hojas con anotaciones manuales y mecanografiadas, 2) Una tarjeta de ESTUDIO JURÍDICO ANIBAL N. MIÑO Y ASOC., 3) microcassette Panasonic con la inscripción VAELLOS, 4) Un CR-R con la inscripción ENTREVISTA VAELLOS.-; p) Expediente N 129 del registro de CFABB, caratulado: "CEREIJO, Nancy Griselda s/recurso de hábeas corpus".

Prueba sobre Lofvall:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Lidía Teresa Lofvall, audiencia de fecha 22/11/2011, por la mañana, hermana de la víctima, fue detenida y trasladada al Comando V Cuerpo de Ejército junto a su padre instantes después de que se ejecutara el operativo en el que fue secuestrado Andrés Oscar Lofvall; b) Carlos Alberto Uhalde, audiencia de fecha 20/11/2011, por la mañana, primo de Andrés Oscar Lofvall, reconoció el cadáver de la víctima en la morgue del cementerio de Avellaneda y pudo constatar el lugar en que fue asesinado Andrés Oscar Lofvall, en donde observó gran cantidad de impactos de bala y manchas de sangre.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 97 - L. 12- F 451 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca (Expediente 132 del registro de la CFABB) caratulado "LOFVALL, Andrés Oscar s/recurso de hábeas corpus"; b) Expediente n 51.854 -legajo 1380 del Juzgado en lo Penal N 2, Secretaría 3 de Bahía Blanca (Expediente 222 del registro de la CFABB) caratulado "LOFVALL, Lydio Oscar, denuncia Privación Ilegítima de la libertad Lofvall, Andrés Oscar (víctima)": denuncia de fs.1, acta de diligencia de inspección ocular de fs.2, croquis ilustrativo de fs.3, radiograma de fs.3/vta. oficio solicitando colaboración de fs.4, despachos de fs.6/7 y resolución de fs..8; c) Acta de defunción N 870 I A del libro de defunciones de la Delegación Avellaneda del Registro Provincial de las Personas correspondiente a Andrés Oscar LOFVALL; d) Legajo CONADEP 4499; e) Legajo REDEFA 456; f) Causa N 86(16) caratulada:"Subsecretaría de Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)".

65.- ILACQUA Carlos Mario y 66.- IANNARELLI, Estela Maris

Carlos Mario Ilacqua fue secuestrado de su lugar de trabajo, cuando sobre el mediodía del día 3 de febrero de 1977 un grupo de personas armadas vestidas de civil lo interceptaron luego de realizar un reparto y lo trasladaron a "La Escuelita"

Previo a ello, los captores habían interrogado a su empleador Víctor Mario Kammerer sobre la dirección del lugar donde vivía Carlos, al cual ingresaron por la fuerza, pero no pudieron encontrarlo.

En esa misma fecha pero alrededor de las 17:30 horas, Estela Maris Iannarelli fue secuestrada cuando permanecia en el domicilio ubicado en la calle Cervantes N 162, depto. 2, de la ciudad de Bahía Blanca donde vivía su novio con Andrés Oscar Lofvall.

Con el objeto de conocer el paradero de su hijo, Salvador Ilacqua denunció el día 5 de febrero de 1976 la privación de la libertad de aquél en la Comisaría, indicando que su hijo había sido detenido por personal que se identificó como parte de la Policía, pero la causa judicial fue cerrada ese mismo día. También interpuso dos recursos de habeas corpus, los días 16 de febrero y 8 de junio del mismo año y ambos fueron rechazados luego que las fuerzas de seguridad efectuaran informes negando tener detenido a Carlos.

Por su parte, el padre de Estrella Maris Iannarelli tomó conocimiento del secuestro de su hija tiempo después y a partir de ese entonces comenzó a efectuar distintas averiguaciones para conocer donde se encontraba. Se presentó en el Comando V Cuerpo de Ejército y fue atendido, al igual que su esposa, por el Mayor Arturo Ricardo Palmieri y Hugo Jorge Delmé quienes negaron que los jóvenes estuvieran detenidos a disposición del Ejército Argentino.

El día 8 de febrero de 1976, Alfredo Iannarelli denunció los hechos en la comisaría, pero al igual que en los casos de Lofvall e Ilacqua y que motivó que ante la falta de información que permitiera avanzar en la investigación de los hechos, dicha causa judicial que fue cerrada el día 28 del mismo mes y año,. Así también, interpuso un recurso de habeas corpus, pero tal como fue expresado con respecto a Ilacqua se resolvió el día 5 de julio de ese año rechazarlo.

Sin perjuicio de las negativas recibidas de las fuerzas de seguridad, los testimonios de Carlos Samuel Sanabria, Héctor Osvaldo González y Alicia Mabel Partnoy dan cuenta que Nancy Griselda Cereijo, Carlos Mario Ilacqua, Andrés Oscar lofvall y Estela Maris Iannarelli estuvieron alojados en "La Escuelita", donde permanecieron hasta mitad de abril de 1977 aproximadamente, siendo retirados entre el 13 y el 23 de ese mes al igual que Elizabeth Frers y María Angélica Ferrari.

Por otro lado, Carlos Samuel Sanabria manifestó que el "mono" Núñez, que era personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, le manifestó cuando estaba en la cárcel que a Ilacqua lo habían hecho "puchero".

En junio de 1976, los padres de las víctimas fueron citados por personal de la Comisaría de Punta Alta para que concurrieran a la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, donde les comunicaron que sus hijos habían muerto en la ciudad de La Plata. Los cuerpos de Carlos y Estela Maris, identificados con los N 663 y 661, fueron entregados en el Cementerio de dicha ciudad, donde se encontraban desde el 20 de abril; según lo que surge de los certificados de defunción de Iannarelli e Ilacqua, sus asesinatos habrían tenido lugar el 16 de abril de 1977 ya que figura como causa de sus muertes, la destrucción de masa encefálica por herida de proyectil de arma de fuego.

Cabe destacar que Andrés Oscar Lofvall, Carlos Mario Ilacqua, Nancy Graciela Cereijo y Estela Maris Iannarelli militaron durante poco tiempo en la Unión de Estudiantes Secundarios, según los testimonios de Alicia Mabel Partnoy y Elvira Margarita Cereijo.

Prueba respecto de Ilacqua:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: Víctor Mario Kammerer, audiencia del 27/12/2011, por la mañana, empleador de Carlos Mario Ilacqua, quien en el domicilio de su señora madre situado en Darwin 538 de Bahía Blanca fue inquirido por un grupo de personas armadas respecto a Carlos Mario Ilacqua, siendo obligado a guiarlos hasta la residencia de la víctima de este apartado.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 61 - L. 12- F 447 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca (Expediente 155 del registro de la CFABB) caratulado "ILACQUA, Carlos Mario s/recurso de hábeas corpus"; b) Expediente N 264 - L. 12- F 470 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca caratulado "ILACQUA, Carlos Mario s/recurso de hábeas corpus"; c) Expediente n 278 - L. 12- F 471 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca, caratulado "ILACQUA, Carlos Mario s/recurso de hábeas corpus"; d) Expediente n 51.820 - Legajo N 1380-del Juzgado en lo penal N 2, Sec. 3 de Bahía Blanca (Expediente 220 del registro de la CFABB) caratulado "ILACQUA, Carlos Mario Víctima: Priv. Ilegal de la Libertad en Bahía Blanca": denuncia de fs..1, resolución de fs.2, acta de inspección ocular de fs.3, croquis de fs.4, solicitud de colaboración de fs.6, informe de fs.7, comunicación de fs.8 y resolución de fs.10; e) Certificado de defunción de Carlos Mario ILACQUA, obrante a fs.153 de la causa 86(16) "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris- Ilacqua, Carlos Mario)" y fs.5 de la causa 51.820 caratulada "ILACQUA, Carlos Mario Víctima: Priv. Ilegal de la Libertad En: Bahía Blanca"); f) Acta N 868 A I del libro de defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas y Acta Complementaria N 1404 A II del libro de Defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas, ambas correspondientes a Carlos Mario ILACQUA; g) Libro de Ayudante de guardia Número 17 del Hospital Naval de Puerto Belgrano, en particular: 1- fojas 90 (correspondiente al día 14 de Junio de 1977), en donde consta que "se informa al Supervisor Fernández de automotores que aliste 1 furgón con 2 chóferes para ir a La Plata el día 15/6/77, 2- fojas 91 (correspondiente al día 15 de junio de 1977), 3-fojas 92 (correspondiente al día 16 de junio de 1977); h) Legajo CONADEP 4498; i) Legajo REDEFA 187.

Prueba sobre Iannarelli:

Tales hechos se encuentran demostrados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Irma Wagner De Iannarelli, audiencia de fecha 22/11/2011, por la mañana, madre de la víctima quien realizó gestiones para procurar conocer el paradero de su hija mientras permaneció secuestrada. Fue recibida en varias oportunidades por el mayor Delme, realizó el reconocimiento y traslado del cadáver de su hija de La Plata a Punta Alta; b) Alfredo Iannarelli, audiencia de fecha 22/11/2011, por la mañana, padre de la víctima y también realizó gestiones para procurar conocer el paradero de su hija, concurriendo a la ciudad de La Plata para realizar el reconocimiento y posterior traslado del cadáver de su hija que estaba enterrada como N.N. hacia Punta Alta.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente número 69 - L. 12- F 448 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca (Expediente 156 del registro de la CFABB) caratulado "IANNARELLI, Estela Maris s/recurso de hábeas corpus"; b) Expediente número 263 - L. 12- F 470 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca caratulado "IANNARELLI, Estela Maris s/recurso de hábeas corpus". c) Expediente número 51.853 - Legajo 1380- del Juzgado en lo Penal número 2, Secretaría 3 de Bahía Blanca (Expediente 221 del registro de la CFABB) caratulado "IANNARELLI, Alfredo denuncia Privación Ilegítima de la libertad Víctima: Iannarelli, Stella Maris"; d) Certificado de extracción de cadáveres N 4236 obrante a fojas 155 de la causa "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (Cereijo, Nancy Griselda - Lofvall, Andrés Oscar- Iannarelli, Estela Maris-Ilacqua, Carlos Mario)"; e) Acta N 873 AI BII del libro de defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas y Acta Complementaria N 1405 A II del libro de Defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas, ambas correspondientes a Estela Maris IANNARELLI; f) Expediente n 10.637 del registro del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Rosales, caratulado "IANNARELLI, Estela Maris S/ Sucesión Ab Intestato"; g) Legajo CONADEP Número 4498; h) Legajo REDEFA Número 0188.

67.- COUSSEMENT, Cristina

Cristina Coussement, a quien se la vinculó a la Juventud Peronista, fue secuestrada el día 6 de agosto de 1976 en la ciudad de Mar del Plata por un grupo de individuos que concurrieron a su casa y además de privarla de su libertad, le sustrajeron diversas pertenencias personales e incluso muebles de su morada y desde allí, la trasladaron en avión hasta Bahía Blanca y la llevaron a "La Escuelita".

Luego, personal del Ejército Argentino la asesinó e intentó encubrir el fusilamiento con un enfrentamiento armado, cuya falsedad pudo constatarse con el exámen de su cuerpo y, por lo demás, dado que la víctima nunca había sido dejada en libertad como para poder participar de un episodio de ese estilo.

Su muerte fue publicada en el diario La Nueva Provincia el día 19 de septiembre de 1976, en un artículo periodístico que reprodujo un comunicado del V Cuerpo de Ejército en el cual se plasmó que "...el día 17 de septiembre, siendo aproximadamente las 20:30, una pareja que se desplazaba en un automóvil Fiat 128 pretendió eludir un control de vehículos que una patrulla militar efectuaba en la ruta 33 a la altura de la granja Darino, aproximadamente a 10 kilómetros al norte de Bahía Blanca. El vehículo mencionado se acercó al lugar sin despertar sospechas, pero en el momento de enfrentar el puesto de control, el conductor aceleró la marcha al mismo tiempo que su acompañante -la mujer- abría fuego contra el personal militar. Repelida la agresión, los ocupantes del automóvil fueron abatidos. La mujer fue identificada como Cristina Elisa Coussement (a) "Pichi", "aspirante" de la organización declarada ilegal en segundo término (.) dentro del vehículo había una pistola ametralladora (.) un revólver calibre 38 largo, munición para ambas armas y un portafolios conteniendo formularios en blanco de documentos de identidad (.) el conductor del vehículo de sexo masculino no había sido identificado hasta el momento de emitirse este comunicado.".

A ello se sumó un acta firmada por el subcomisario de la Policía Federal Argentina Alais, en la que también se dejó constancia que el Mayor Bruzzone había llamado a dicha dependencia policial desde el Centro de Operaciones Táctico del Ejército, para informar sobre un suceso en el que había muerto Coussement y una persona de sexo masculino que no pudo ser identificada; luego, se supo que aquel sujeto era Roberto Lorenzo, quien había sido secuestrado el día 14 de agosto de 1976 y mantenido en cautiverio en "La Escuelita".

Según fue admitido por el mayor Emilio Ibarra, al declarar en los Juicios por la Verdad, en el operativo de montaje de ese enfrentamiento inexistente con la aparición de cadáveres de supuestos abatidos, entre otros, participó el personal de la Agrupación Tropa del Departamento III de Operaciones del Comando V Cuerpo de Ejército, del cual resultaba ser jefe.

Al respecto, en un informe médico realizado por Mariano Castex en su carácter de perito legista sobre los fallecimientos de Lorenzo y Cossement, éste expresó que "se hace difícil aceptar el contraste entre la cantidad de disparos frontales que recibe el conductor y el escasísimo número de disparos que recibe el acompañante Roberto A. Lorenzo; ello se dificulta, aún más, al no describir la autopsia lesiones cutáneas por estallido de cristales y/o ventanilla, limitándose al habitual formuleo reiterativo y carente de rigurosidad médico-legal. Por todo lo dicho, la hipótesis que se me ofrece de un enfrentamiento desde un automotor, no es aceptable, pues no se hallan con facilidad las variables que tornen congruentes todos los disparos entre sí".

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Carlos Miramont, audiencia de fecha 12/10/2011, por la tarde, cuñado de la víctima y quien acompañó a Perla Seguí en las gestiones realizadas para procurar conocer el paradero de la víctima y para reconocer el cadáver y proceder a su traslado; b) Angélica Chimeno, audiencia de fecha 12/10/2011, por la tarde, familiar política de Coussement, que realizó gestiones tanto para procurar conocer el paradero de su hijo desaparecido Rubén Santiago Bauer y luego de su nuera Cristina Coussement; c) Hugo Bauer, audiencia de fecha 12/10/2011, por la tarde, cuñado de la víctima y quien realizó gestiones con el fin de obtener información sobre el paradero Coussement durante el tiempo que estuvo desaparecida.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 600 del Juzgado Federal 1 instancia de Bahía Blanca caratulado "COUSSEMENT Cristina Elisa y LORENZO Roberto Adolfo -abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/entrega de cadáveres a sus familiares" (agregado al Expediente 88/86 del Juzgado Federal de Bahía Blanca); b) Pericia realizada por el Dr. Mariano CASTEX, obrante a fs. 304/310 de la causa n 88 del registro de la CFABB caratulada "ZUBIRI DE MERCERO Dora Angélica s/ DCIA. PRESUNTA PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD"; c) Legajo REDEFA 1392; d) Causa N 29 caratulada: "Zubiri de Mercero, Dora s/Denuncia presunta privación de la libertad" (Causa N 88 CFBB).

68.- LORENZO, Roberto

Roberto Lorenzo, en el año1976 se encontraba en Bahía Blanca visitando a su círculo de amistades, entre ellos el matrimonio Sotuyo, los que se domiciliaban en la calla San Lorenzo N740. El día 14 de Agosto de ese año, agentes militares del Comando V ingresaron a dicho domicilio y secuestraron a Luís Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo y Roberto Lorenzo quienes fueron trasladados, luego de ser reducidos, al centro clandestino "La Escuelita", lugar en el que fueron interrogados sobre sus vidas y actividades políticas. Luís y Roberto fueron trasladados en un vehiculo marca Peugeot, Dora en uno marca Fiat.

Dicha irrupción y posterior secuestro, se llevó a cabo en parte a la participación de integrantes de la Agrupación Tropas, instituida por el Departamento III "Operaciones" del Comando V Cuerpo del Ejército al mando del mayor Emilio Ibarra. Luego de dicho operativo la casa del matrimonio Sotuyo estuvo 2 semanas ocupado por agentes militares, tiempo en el que las pertenencias de dicho matrimonio fueron apropiadas por sus secuestradores.

De modo paralelo a la captura de Luís Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo y Roberto Lorenzo el día 15 de agosto del año 1976 el diario La Nueva Provincia publicó la nota "Abatieron en Nuestra Ciudad a 3 Sediciosos", en donde se transcribió el comunicado del V Cuerpo del Ejercito según el cual: ". ante denuncias formuladas por la población sobre movimientos sospechosos que se observaban en la vivienda ubicada en la calle San Lorenzo 740 de esta ciudad, en la madrugada del día de hoy, 14 de agosto de 1976, siendo aproximadamente la 00:30 efectivos del Ejército y de la Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo control operacional, efectuaron un procedimiento en la finca mencionada. Al iniciarse la operación tres delincuentes subversivos pretendieron huir por los fondos de la casa, cubriendo su repliegue haciendo fuego con armas de grueso calibre. Los efectivos legales repelieron la agresión y como consecuencia del enfrentamiento, fueron abatidos tres delincuentes subversivos, dos hombres y una mujer, cuya identificación se procura establecer."

Con respecto a los datos publicados por el diario La Nueva Provincia, la falsedad del comunicado como así también de la publicación, fueron asumidos por el mismo Abdel Edgardo Vilas quien catalogó la noticia en una actividad "estrictamente operacional" prescripta por el "Reglamento de Operaciones Psicológicas". Vilas asimismo manifestó que la "confección del texto del comunicado oficial no se ajustó a la realidad de una parte de los hechos (.) dado que el operativo en cuestión había fracasado parcialmente, puesto que al llegar los presuntos ocupantes habían huido no produciéndose por tal causa enfrentamiento, ni detenciones, ni muertos, aunque sí hubo algunos disparos al ingresar a una habitación, pero ello fue con objeto intimidatorio por sombras, que luego se comprobó eran de algunos elementos colgados". En dichas declaraciones también admitió el robo de pertenencias de las víctimas y la custodia a la que fue sometida la vivienda del matrimonio Sotuyo, la que luego de una vez finalizado el operativo "personal militar de la del Comando V Cuerpo de Ejército, quedó a cargo de la casa de la calle San Lorenzo que era donde funcionaba el frente territorial de la banda de delincuentes terroristas denominados Montoneros (.) la custodia quedó por un plazo de dos meses, estimándose que ese era el plazo prudencial para que el propietario tomara posesión de la casa nuevamente (.) los pocos muebles existentes, muy deteriorados y de casi ningún valor, fueron depositados en el Comando del V Cuerpo de Ejército, hasta tanto determinase quiénes eran los propietarios".

Roberto Lorenzo estando en cautiverio en "La Escuelita" fue acribillado con armas de fuego, por lo que debió ser sacado de dicho centro clandestino. Su secuestro y posterior homicidio fueron el resultado de una operación armada desde las estructuras militares para disfrazar el fusilamiento de la víctima. Dicho encubrimiento se intentó ante la puesta en escena de combate armado, enfrentamiento que nunca pudo verificarse atento que la víctima jamás obtuvo su libertad.

El diario La Nueva Provincia, nuevamente publica una nota en donde anoticiaba sobre el "abatimiento" de "dos extremistas", el día 19 de Septiembre de 1976 divulga un comunicado del V. Cuerpo de Ejército: "...el día 17 de septiembre, siendo aproximadamente las 20:30, una pareja que se desplazaba en un automóvil Fiat 128 pretendió eludir un control de vehículos que una patrulla militar efectuaba en la ruta 33 a la altura de la granja Darino aproximadamente a 10 kilómetros al norte de Bahía Blanca. El vehículo mencionado se acercó al lugar sin despertar sospechas, pero en el momento de enfrentar el puesto de control, el conductor aceleró la marcha al mismo tiempo que su acompañante -la mujer- abría fuego contra el personal militar. Repelida la agresión, los ocupantes del automóvil fueron abatidos. La mujer fue identificada como Cristina Elisa Coussement (a) "Pichi", "aspirante" de la organización declarada ilegal en segundo término. dentro del vehículo había una pistola ametralladora (.) un revólver calibre 38 largo, munición para ambas armas y un portafolios conteniendo formularios en blanco de documentos de identidad (.) el conductor del vehículo de sexo masculino no había sido identificado hasta el momento de emitirse este comunicado.".

El comunicado emitido para encubrir los hechos acontecidos, es complementado por el Subcomisario de la Policía Federal Argentina, Alais, quien elaboró un acta según la cual el mayor Bruzzone desde el Centro de Operaciones Táctico del Ejército se había comunicado con la dependencia policial para poner en conocimiento sobre el episodio del cual había resultado la muerte de Coussement y de otro individuo masculino que no podía ser identificado.

En cuanto a participación en el montaje de un combate armado irreal como de la aparición de cuerpos de supuestos caídos, personal de la Agrupación Tropa del Departamento III "Operaciones" del Comando V. Cuerpo de Ejército formó parte de dichos operativos tal como lo admitiera el Mayor Emilio Ibarra, Jefe del Grupo Operativo, en su declaración que tuvo lugar en el marco del "Juicio por la verdad".

La versión oficial pretendida sobre un combate imprevisto entre personal militar y algunos de sus prisioneros deviene inadmisible y falaz, quedando a la luz el fusilamiento de Lorenzo estando reducido y cautivo. Confirman esto, las conclusiones a las que arriba el perito, las que resultan determinantes: "se hace difícil aceptar el contraste entre la cantidad de disparos frontales que recibe el conductor y el escasísimo número de disparos que recibe el acompañante Roberto A. Lorenzo; ello se dificulta, aún más, al no describir el autopsista lesiones cutáneas por estallido de cristales y/o ventanilla, limitándose al habitual formuleo reiterativo y carente de rigurosidad médico-legal. Por todo lo dicho, la hipótesis que se me ofrece de un enfrentamiento desde un automotor, no es aceptable, pues no se hallan con facilidad las variables que tornen congruentes todos los disparos entre sí".

De todo lo anterior, junto con el informe médico del Dr. Mariano Castex, se desprende que Roberto Lorenzo y Cossement fueron asesinados y sacados del centro clandestino de detención por personal militar del Comando V Cuerpo.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Victoria Adelaida Vilar, audiencia de fecha 18/10/2011 por la mañana, madre de la víctima la que realizó gestiones para procurar establecer el paradero de su hijo mientras estuvo desaparecido; b) Adolfo Ángel Lorenzo, -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (Declaración de fs. 134 y 136 de la causa n 600 "Coussement Cristina Elisa y Lorenzo Roberto Adolfo -abatidos en procedimientos por atentado y resistencia a la autoridad s/entrega de cadáveres a sus familiares", foliatura según Expediente n 88/86 al que se encuentra agregado, y fs. 277 de la causa 88/86); c) José Vilar Fontan, audiencia de fecha 18/10/2011, por la mañana.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 455/76 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulado "Lorenzo Roberto Adolfo s/ Recurso de Hábeas Corpus"; b) Informe pericial realizado por el Dr. Mariano Castex obrante a fs. 304/310 de la causa N 88 del registro de la CFABB caratulada "Zubiri De Mercero Dora Angélica s/ Dcia. Presunta Privacion Ilegitima de la Libertad"; c) Causa N 29 caratulada: "Zubiri de Mercero, Dora s/Denuncia presunta privación de la libertad" (Causa N 88 CFBB).

69.- DEL RÍO, Ricardo Gabriel

Ricardo Gabriel Del Rio, entre los días 18 y el 19 de agosto del año 1976, fue visto por Braulio Raúl Laurencena cuando éste último ingresaba al V Cuerpo del Ejército quien también manifestó que leyó en un diario que habían matado a Ricardo Gabriel Del Rió y a otro sujeto cerca del Barrio Maldonado de esta Ciudad. Del Rió estuvo en cautiverio desde que fue secuestrado el 11 de agosto de 1976 hasta su muerte.

El día 5 de diciembre de 1976, Del Rió junto con Carlos Rivera fueron "trasladados" del centro clandestino de detención para ser llevados a la cárcel conforme les fuera indicado por un Subteniente del Ejército, para lo cual se los bañó y afeitó para mejorar su aspecto. Luego, atento a que Rivera no tenía ropa en su torso, se le quito una camisa a Juan Carlos Monge para que pueda usarla Rivera.

No obstante, una vez fuera del centro clandestino de detención, Rivera y Del Río quienes se encontraban atados, vendados en sus ojos y reducidos, fueron fusilados terminando las últimas horas del día 5 de diciembre de 1976 aproximadamente.

Estos fusilamientos quisieron ser encubiertos por una versión según la cual las muertes se habían producido como consecuencia del enfrentamiento casual entre una patrulla militar y dos delincuentes subversivos quienes los habrían atacado. Dicha versión estaba convalidada por el acta que el día 7 de diciembre del año 1976 el Comisario Ricardo Bernotas de la Policía Federal Argentina labró. En dicha acta se dejaba asentado que a la 01.10 horas, había recibido una llamada del Comando del V Cuerpo por la cual el Mayor López le requirió su intervención en la calle 17 de Mayo al 1800, debido a que una patrulla militar había abatido a dos delincuentes subversivos que se habían resistido a la patrulla militar y que no habían podido ser identificados.

Gabriel Del Rio, padre de una de las víctimas, tomó conocimiento por radio que una patrulla había abatido en un enfrentamiento a un sujeto masculino con el mismo nombre que su hijo, motivo por el cual viajó a Bahía Blanca para reconocer el cuerpo de Ricardo Gabriel, su hijo, en tanto el día 9 de diciembre de 1976 se dirigió al Comando V Cuerpo de Ejército donde le indicaron los trámites a seguir.

Luego, acudió al Hospital Municipal de Bahía Blanca donde reconoció el cadáver de su hijo y por último, se dirigió a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal a fin de requerir la entrega del cuerpo de Ricardo Gabriel para su posterior inhumación en el cementerio de la ciudad de Tandil.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Gabriel Del Río -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (declaración testimonial obrante a fojas 12/13 de la causa número 17 (Legajo 13, Folio 454) del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (número 108, del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca), Caratulada "Jefe Delegación local Policía Federal s/ comunicación de identificación y entrega de cadáveres (de delincuentes subversivos abatidos en finca sita en calle 17 de Mayo 1800 el 7-12-76 - Identificados: Rivero, Carlos Roberto y Del Río, Ricardo Gabriel), padre de la víctima, realizó el reconocimiento del cadáver; b) Jorge Ricardo Villalba, audiencia de fecha 03/11/2011, por la mañana y quien compartió cautiverio con la víctima en dependencias del Comando V Cuerpo de Ejército; c) María Rosa Toncovich, audiencia de fecha 03/11/2011, por la mañana, compañera de militancia de Ricardo Gabriel Del Río, d) Mabel Beatriz Del Río, audiencia de fecha 03/11/2011, por la mañana, hermana de Ricardo Gabriel quien realizó gestiones para procurar conocer el paradero de la víctima mientras permaneció detenido

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo REDEFA número 6671; b) Expediente n 17 Legajo 13, Folio 454 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (Expediente 108 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) caratulado "Jefe Delegación local Policía Federal s/ comunicación de identificación y entrega de cadáveres (de delincuentes subversivos abatidos en finca sita en calle 17 de Mayo 1800 el 7-12-76 - Identificados: Rivera, Carlos Roberto y Del Río, Ricardo Gabriel)", específicamente las siguientes piezas procesales: formulario y huellas dactiloscópicas identificadas con el número 2 obrantes a fojas 6 y 8; informe pericial (con croquis) realizado por el Dr. Julio Silva De Murat, obrante a fojas 9/10; vista fotográfica del cadáver de Ricardo Gabriel Del Río obrante a fojas 15; telegrama obrante a fojas 22.-; c) Causa número 86 (13) del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia - Rivera, Carlos Roberto", las siguientes piezas procesales: cartas remitidas a sus padres por Ricardo Gabriel Del Río, individualizadas con las letras A, A1, B, B1 y B2 obrantes - sin foliatura visible- entre las fojas 268 y 269; oficio número 356/87 dirigido al Comandante a cargo del V Cuerpo de Ejército y contestación al mismo obrantes respectivamente a fojas 381 y 389/390; oficio número 357/87 dirigido a la Seccional Segunda de Policía de la Provincia de Buenos Aires y contestación al mismo, obrantes respectivamente a fojas 382 y 385 vuelta/386; oficio número 358/87 dirigido a ENTEL y contestación del mismo, obrantes respectivamente a fojas 383 y 402; escrito de ofrecimiento de prueba suscripto por el Dr. Carlos Massolo, obrante a fojas 403; d) Informe pericial con croquis realizado por el Dr. Mariano Castex, obrante a fojas 208/214, junto con la ratificación de fojas 293 y las aclaraciones formuladas a fojas 348 vuelta y 351.-

Se suma a ello, la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo lugar en el transcurso del debate.

70.- RIVERA, Carlos Roberto

Carlos Roberto Rivera, trabajaba en el Colegio "La Asunción", era delegado gremial, profesor de filosofía y psicopedagogía y preceptor en el Seminario Arquideocesano. El día 1 de Octubre del año 1976, se encontraba en su domicilio situado en la calle Chiclana N1656 Dpto. 1 de esta ciudad, cuando siendo aproximadamente las 23.40 horas, su domicilio fue interrumpido violentamente por personal policial y militar. La irrupción se llevó a cabo por un grupo fuertemente armado de entre 4/5 personas quienes tenían refuerzos de aproximadamente 12 personas más, quienes se situaron alrededor del domicilio, amedrentando a los vecinos.

Rivera fue identificado cuando se encontraba en la puerta exterior de su domicilio, momento en el cual el grupo de captores redujo y retuvo a su esposa en la cocina, la que desde allí pudo escuchar los gritos de su marido, golpes y un disparo de arma de fuego. Dicho grupo actuó a cara descubierta y de civil, salvo el menor de ellos de aproximadamente 19 años de edad quien se cubría parcialmente el rostro, tenían entre 30/35 años de edad y se movilizaban en vehículos particulares; quien regenteaba aparentemente el operativo, tenía entre 53/54 años de edad.

Paralelamente al secuestro de Rivera, los domicilios vecinos al de éste fueron registrados por integrantes del grupo de captores que llevaba a cabo el operativo.

Una vez iniciado el procedimiento con la identificación de Rivera, el grupo se fue del lugar con el secuestrado y ante esta situación, su esposa, Scagnetti, intento impedir que se lleven a Carlos por lo que fue encerrada bajo llave en su domicilio por quien dirigía el operativo, luego de ser amenazada de muerte por el más joven del grupo. Inmediatamente después del secuestro, su esposa y padre empezaron a diligenciar distintos trámites para dar con su paradero.

En la búsqueda de Rivero, se comunicaron con el V Cuerpo del Ejército, con resultado negativo; luego se presentaron ante la Comisaría 1ra. donde les informaron que no correspondía a su jurisdicción, luego acudieron ante la Comisaría de Villa Mitre donde se les comunicó que el operativo se había llevado a cabo en una zona correspondiente al Ejército. Se presentaron ante el V Cuerpo del Ejército y la Base Naval "Puerto Belgrano" requiriendo información sobre el paradero de Rivera, ambas diligencias tuvieron resultado negativo, al igual que la entrevista que tuvieron con el Teniente Coronel De La SERNA quien brindó respuestas evasivas y negativas. Finalmente, un Capitán de Fragata de la Armada Argentina los puso en conocimiento que RIVERA tenía un pedido de captura recomendada en Salta, Jujuy, por ser "guerrillero".-

A todo esto, Carlos Rivero se encontraba cautivo en el centro clandestino de detención "La Escuelita" de Bahía Blanca, hecho corroborado por otros detenidos como ser Juan Carlos Monge, Pablo Bohoslavsky y Julio Alberto Ruiz, entre otros.

Juan Carlos Monge mantuvo una conversación con Rivera, quien le preguntó por su esposa e hijos y le manifestó que creía que podría salir con vida de "La Escuelita". Carlos fue identificado por sus compañeros de La Escuelita por las revelaciones de su asma y que solía solicitar medicación por su enfermedad respiratoria la que padecía desde 1968. Sumado a esto padecía de Oligoespermía acentuada - varicocele según le fue diagnosticado.

El día 5 de Diciembre de 1976, Rivera junto con Del Rió fueron "trasladados" del centro clandestino de detención para ser llevados a la cárcel conforme les fuera indicado por un Subteniente del Ejército, para lo cual se los bañó y afeitó para mejorar su aspecto. Luego, atento a que Rivera no tenía ropa en su torso, se le quito una camisa a Juan Carlos Monge para que pueda usarla Rivera.

No obstante, una vez fuera del centro clandestino de detención, Rivera y Del Río, quienes se encontraban atados, vendados en sus ojos y reducidos, fueron fusilados terminando las últimas horas del día 5 de Diciembre de 1976 aproximadamente.

Estos fusilamientos quisieron ser encubiertos por una versión según la cual las muertes se habían producido como consecuencia del enfrentamiento casual entre una patrulla militar y dos delincuentes subversivos quienes los habrían atacado. Dicha versión estaba convalidada por el acta que el día 7 de Diciembre del año 1976 el Comisario Ricardo Bernotas de la Policía Federal Argentina labró. En dicha acta se dejaba asentado que a la 01.10 horas, había recibido una llamada del Comando del V Cuerpo por la cual el Mayor López le requirió su intervención en la calle 17 de Mayo al 1800 debido a que una patrulla militar había abatido a dos delincuentes subversivos que se habían resistido a la patrulla militar y que no habían podido ser identificados.

El día 10 de febrero de 1987, se dispuso la exhumación del cadáver de Carlos Roberto RIVERA y a tales fines se designaron peritos antropólogos. El cadáver se encontraba depositado en el cementerio de la ciudad de Bahía Blanca, ubicado en la sección 24, división 26, sepultura 206.

Conforme el informe pericial, Carlos Rivero murió a consecuencia de múltiples heridas con proyectiles de arma de fuego que dañaron principalmente la zona del tórax y miembros inferiores, dichos disparos conforme las heridas producto de los proyectiles de las armas de fuego, fueron disparados a corta distancia.

Es dable destacar que Nélida Beatriz Scagnetti realizó múltiples diligencias dirigidas a obtener el paradero de su esposo, Carlos Rivero, una de ellas fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante requerimientos de este organismo, el Estado Nacional informó que RIVERA no había sido detenido por las Fuerzas Armadas o de Seguridad y concluyó que "sin temor a equívoco alguno que el causante se ha dado a la fuga para eludir su eventual sanción por parte de los Tribunales de la Nación y asimismo, demuestra con meridiana claridad que es falso y malicioso el contenido de denuncia efectuada ante esa Comisión pues no persigue otra finalidad que lograr el desprestigio de la República.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Nélida Beatriz Scagnetti, audiencia de fecha 19/10/2011, por la mañana, esposa de la víctima, quien presenció el secuestro de Carlos Roberto Rivera y realizó innumerables gestiones ante distintos estamentos nacionales e internacionales para procurar dar con el paradero del nombrado; b) Bernardina María Iturrios Soubelet, actualmente fallecida, conforme certificado de defunción reservado en Secretaría dentro de las cajas de instrucción suplementaria (declaración obrante a fs 282 de la causa la causa 86(13) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia -Rivera, Carlos Roberto"), vecina de la víctima, quien ingresó al departamento de la familia Rivera instantes después del secuestro de Carlos Roberto RIVERA, circunstancia en que advirtió que el placard del dormitorio estaba abierto con todo en el suelo; c) Julia Zulema Mondón, actualmente fallecida, conforme certificado de defunción reservado en Secretaría dentro de las cajas de instrucción suplementaria (declaración de fojas 283 de la causa la causa 86(13) del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia - Rivera, Carlos Roberto"), vecina de Carlos Roberto Rivera, quien la noche del secuestro de la víctima de este apartado, fue interrogada por dos personas vestidas de civil que portaban armas largas respecto al paradero de un tal "negrito"; d) Juana Giannino de Durinzi, declaración de fojas 284 de la causa la causa 86 (13) del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia -Rivera, Carlos Roberto" -conf. art. 391. C.P.P.N.-, vecina de Carlos Roberto Rivera, quien la noche del secuestro de la víctima de este apartado sintió fuertes golpes provenientes del exterior de su vivienda e instantes después oyo gritar a la señora Nélida Scagngetti que personas que se identificaron como Policía Federal se habían llevado a su marido; e) Virgilio RAU, audiencia de fecha 19/10/2011, por la tarde, quien trabajaba con Carlos Roberto Rivera en el Seminario La Asunción, y tiene conocimiento que a fines del año 1976 se presentaron en el mencionado seminario tres personas vestidas de civil que se dieron a conocer como policías, buscando datos sobre RIVERA; f) Emilio Juan Prieto, declaración obrante a fs. 269 de la causa la causa 86 (13) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia - Rivera, Carlos Roberto" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), médico alergista que atendió a Carlos Roberto RIVERA por las afecciones asmáticas que este sufría; g) Aníbal Ircio -cfr. art. 391 C.P.P.N.- declaración testimonial obrante a fs 74/75 de la causa número 306 del registro de la CFABB, caratulada "Rivera, Carlos Roberto "Víctima de Privación Ilegítima de la Libertad", familiar de Carlos Roberto Rivera, quien realizó gestiones tendientes a conocer el paradero de la víctima de este apartado; h) Alberto Richter (audiencia de fecha 19/10/2011 por la mañana), quien realizó gestiones tendientes a averiguar las circunstancias que rodearon el secuestro, cautiverio, desaparición y posterior noticia del homicidio de la víctima; i) Alejandro Inchaurregui, audiencia de fecha 28/02/2012, por la tarde, profesional que tomó parte en la realización de la pericia realizada a los restos de Carlos Roberto Rivera; j) Patricia Bernardi, audiencia de fecha 25/10/2011, por la mañana, profesional que tomó parte en la realización de la pericia realizada a los restos de Carlos Roberto Rivera; k) Roberto Ricardo Wechorasberg, audiencia de fecha 25/10/2011, por la mañana, Agente de la Policía Federal Argentina que tomó parte en la realización de la pericia balística realizada en base a los proyectiles de plomo hallados en el cadáver de Carlos Roberto Rivera; l) Néstor Hugo Navarro, audiencia de fecha 25/10/2011, por la mañana, al momento de los hechos se desempeñó, junto a Carlos Roberto Rivera, en el Seminario "La Asunción, siendo también párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, funciones desde las cuales tomó conocimiento de circunstancias relativas al secuestro de la víctima.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo CONADEP 3621; b) expediente N 46/78 (Legajo 12, Folio 535) del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca caratulado "RIVERA, Carlos Roberto s/ recurso de habeas corpus", acumulado a la causa número 306 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, caratulada "Rivera, Carlos Roberto "Víctima de Privación Ilegítima de la Libertad"; c) expediente N 113/79 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca caratulado "Rivera, Carlos Roberto s/ recurso de habeas corpus", acumulado a la causa número 306 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, caratulada "Rivera, Carlos Roberto "Víctima de Privación Ilegítima de la Libertad"; d) expediente N 350 (Legajo 13, Folio 56) del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (número 92 del registro de la CFABB, caratulado "Rivera, Carlos Roberto S/ Desaparición", acumulado a la causa número 306 del registro de la CFABB, caratulada "Rivera, Carlos Roberto "Víctima de Privación Ilegítima de la Libertad"; e) Causa 306 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulada "Rivera, Carlos Roberto "Víctima de Privación Ilegítima de la Libertad"; f) Causa número 17 (Legajo 13, Folio 454) del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (número 108 del registro de la CFABB), Caratulada "Jefe Delegación local Policía Federal s/ comunicación de identificación y entrega de cadáveres (de delincuentes subversivos abatidos en finca sita en calle 17 de Mayo 1800 el 7-12-76 - Identificados: Rivero, Carlos Roberto y Del Río, Ricardo Gabriel)": formulario y huellas dactiloscópicas identificadas con el número 1 obrantes a fojas 4 y 5; informe pericial (con croquis) realizado por el Dr. Julio Silva De Murat, de fs 7 y 8; vista fotográfica del cadáver de Ricardo Gabriel Del Río de fs 14; nota dirigida al Director del Hospital Municipal obrante a fs. 16; constancia de la instrucción de fojas 18; telegrama de fojas 19; diligencia de consulta de fojas 20; comunicado de inhumación vía administrativa obrante a fojas 21; constancia y comunicación de inhumación de fojas 23 vuelta y 24; oficio de remisión de fichas dactiloscópicas obrante a fojas 26; informe y constancia de antecedentes obrantes a fojas 26 vuelta; informe de fojas 28; g) Causa 86(13) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia - Rivera, Carlos Roberto"; h) Informe pericial (con croquis) realizado por el Dr. Mariano Castex de fs. 348/351, y presentación y aclaración de fs. 351, todos de la causa la causa 86 (13) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia - Rivera, Carlos Roberto"; i) Informe pericial antropológico (incluyendo los sub informes arqueológicos, odontológicos y patológicos) de fs.362/379 de la causa la causa 86(13) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia - Rivera, Carlos Roberto"; j) Pericia Balística realizada por el Gabinete Técnico Pericial de la Policía Federal Argentina, obrante a fs. 395/400 de la causa la causa 86(13) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia - Rivera, Carlos Roberto"; k) Presentación como parte querellante de Nélida Beatriz Scagnetti obrante a fs.61/63; l) Exhibición de placas radiográficas extraídas al cadáver de Carlos Roberto Rivera, obrante en el Paquete k) 86 (13), Caja número. 8; ll) Exhibición de elementos de la Pericia balística realizada al cadáver de Carlos Roberto Rivera, obrante en el Paquete 3) 86 (13), Caja número 8; m) Fichas dactiloscópicas de Carlos Roberto Rivera, obrante en el paquete 86 (13), caja número 8.

71.- FRERS, Elizabeth

Elizabeth Frers, fue capturada el día 5 de febrero de 1977 en su domicilio de la calle Pedro Pico N 465 de la ciudad de Bahía Blanca y luego de secuestrada, se la trasladó y sometió a tormentos en el centro clandestino de detención "La Escuelita" permaneciendo bajo cautiverio hasta abril de 1977.

Cerca del 13 de abril de 1977, fue retirada de "La Escuelita" junto María Angélica Ferrari. Entre los días 21 y 23 de abril de 1977 en la ciudad de La Plata se encontraron los cuerpos sin vida de Elizabeth Frers y María Angélica Ferrari, sin que conste que previo a darles muerte hayan sido liberadas.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Claudía Marcela Martellini, audiencia de fecha 20/12/2011, por la mañana, quien se encontraba en el domicilio de María Angélica Ferrari junto a ella al momento en que fue secuestrada; b) Mabel Alicia Antich, audiencia de fecha 20/12/2011, por la mañana y cuñada de María Angélica Ferrari, quien realizó gestiones tendientes a procurar conocer el paradero de la víctima y concurrió a la ciudad de La Plata para el retiro y traslado del cadáver; c) Miguel Ángel Pascual, audiencia de fecha 06/12/2011, por la tarde, primo de María Angélica Ferrari y que concurrió a la ciudad de La Plata para el reconocimiento y retiro del cadáver de la víctima; d) Ángel Pascual -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (testimonial que obra a fojas 182 de la causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (Ferrari, María Angélica), tío de María Angélica Ferrari, quien realizó gestiones tendientes a procurar conocer el paradero de la víctima mientras ésta permaneció secuestrada; e) Rubén Daniel Viglione, audiencia de fecha 29/02/2012, por la tarde, quien revistó como Oficial Ayudante en la Seccional Tercera -Ingeniero White- de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; f) Luís Bajkovec, audiencia de fecha 13/03/2012, por la tarde, médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que certificó la defunción de María Angélica Ferrari; g) Álvaro Américo Arnaldi, audiencia de fecha 13/12/2011, por la mañana, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; h) Justo Pastor Arnaldi, audiencia de fecha 14/12/2011, por la tarde, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; i) Osvaldo Rogelio Arnaldi, audiencia de fecha 13/12/2011, por la mañana, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y quienes revistaron en la Comisaría cuarta de La Plata.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (Ferrari, María Angélica); b) Expediente número 83 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca (Expediente 130 del registro de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) caratulado "Ferrari, María Angélica s/recurso de hábeas corpus"; c) Expediente n 54.135 -legajo 1215- caratulado "Birlis de Ferrarri María Denuncia priv. ileg. de la Libertad" del Juzgado en lo Penal N 2, Secretaría 4 de Bahía Blanca. (Expediente 208 del registro de la CFABB; d) Informe remitido por Bonacorsi Hnos. S.A.; e) Oficio librado por la cámara federal local a la Comisaría 4ta. de La Plata y respuesta de la autoridad policial, obrantes a fojas 193, 195 y 196 de la causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (FERRARI, María Angélica); f) Cartas remitidas por el Ministerio del Interior a María Birlis De Ferrari, obrantes a fojas 165/167 de la causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (Ferrari, María Angélica); g) Acta N 917 Tomo BII del libro de defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas y Acta Complementaria N 946 Tomo A II del libro de Defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas, ambas correspondientes a María Angélica Ferrari; h) Legajo CONADEP n 07757; i) Legajo Redefa n 1069; j) Informe remitido por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Bahía Blanca, sobre el lugar en que se encuentra inhumados los restos de María Angélica Ferrari y de Elizabet Frers; k) Copia certificada de la nota periodística publicada en la página cuatro de la edición del día 22 de abril de 1977 del diario La Nueva Provincia, titulada "Caen otros 8 extremistas", obrante a fojas 198 de la causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (FERRARI, María Angélica).

72.- FERRARI, María Angélica

María Angélica Ferrari, se encontraba en su domicilio de la calle Siches N 3946 de la Ciudad de Ingeniero White, dando clases de literatura Argentina a Claudia Marcela Martellini, el día 26 de febrero de 1977, cuando siendo aproximadamente a las 23 horas irrumpieron en su domicilio alrededor de 4 sujetos de civil armados que dijeron pertenecer a la Policía Federal Argentina, preguntando por Ferrari, quien cuando se dió a conocer fue tomada del brazo y extraída de su hogar violentamente. El mismo día, María Birlis de Ferrari hizo la denuncia en la Comisaría 3 de Ingeniero White por la privación ilegal de la libertad de su hija, sumario que fue remitido el 21 de marzo de 1977 al Juzgado Penal 2 de esta ciudad con la constancia que las "averiguaciones practicadas", que no se especificaron, no habían dado resultado alguno por lo que en forma inmediata el Juez Francisco Bentivegna dictó sobreseimiento provisorio de la causa.

Asimismo, el día 28 de febrero de 1977 María Birlis de Ferrari presentó un habeas corpus en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, el que también fue rechazado luego de las habituales respuestas negativas efectuadas por los organismos de seguridad que fueron requeridos.

Carlos Alberto, hermano de María Angélica, y María Birlis de Ferrari se presentaron ante el Destacamento de Inteligencia 181 ubicado entonces en calle Chiclana al 300 de esta ciudad donde fueron atendido en varias oportunidades por el 'Mayor Mancini', quien les confirmó que María Angélica se encontraba detenida en Bahía Blanca sin precisar el lugar y que quedaría a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para luego ser pasada a la cárcel de Villa Floresta. Con respecto a la identidad del "Mayor Mancini", con el tiempo se descubrió que, conforme información brindada por familiares de otras víctimas como así también de soldados que hacían el servicio militar obligatorio en dicho destacamento, Mancini no era en verdad otro que Santiago Cruziani, interrogador de "La Escuelita".

Ella estuvo en cautiverio en "La Escuelita" hasta aproximadamente el día 13 de abril de 1977, fecha en que fue retirada de dicho centro de detención clandestino y entre los días 21 y 23 de abril de 1977 fue abatida por "fuerzas conjuntas" en la Ciudad de La Plata junto con su amiga Elizabeth Frers. El cuerpo fue entregado a sus familiares con la cabeza destrozada y el rostro desfigurado del labio superior hacia arriba, sumado al hecho que los obligaron a sellar el ataúd para trasladarlo, ello y la ausencia de victimas en las fuerzas de seguridad, ni siquiera heridos, deja en evidencia la flojedad de la versión oficial del hecho.

En los medios de difusión el homicidio fue divulgado como un "enfrentamiento" acontecido al efectuarse un control de tránsito.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Claudía Marcela Martellini, audiencia de fecha 20/12/2011, por la mañana, quien se encontraba en el domicilio de María Angélica Ferrari al momento en que fue secuestrada la víctima; b) Mabel Alicia ANTICH, audiencia de fecha 20/12/2011, por la mañana y cuñada de María Angélica Ferrari, quien realizó gestiones tendientes a procurar conocer el paradero de la víctima y concurrió a la ciudad de La Plata para el retiro y traslado del cadáver; c) Miguel Ángel Pascual, audiencia de fecha 06/12/2011, por la tarde, primo de María Angélica Ferrari quien concurrió a la ciudad de La Plata para el reconocimiento y retiro del cadáver de la víctima; d) Ángel Pascual -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (testimonial que obra a fojas 182 de la causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (Ferrari, María Angélica), tío de María Angélica Ferrari, que realizó gestiones tendientes a procurar el paradero de la víctima, mientras ésta permaneció secuestrada; e) Rubén Daniel Viglione, audiencia de fecha 29/02/2012, por la mañana y quien revistó como Oficial Ayudante en la Seccional Tercera -Ingeniero White- de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; f) Luís Bajkovec, audiencia de fecha 13/03/2012. por la tarde, médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que certificó la defunción de María Angélica Ferrari; g) Álvaro Américo Arnaldi, audiencia de fecha 13/12/2011, por la mañana, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; h) Justo Pastor Arnaldi, audiencia de fecha 14/12/2011, por la mañana, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Osvaldo Rogelio Arnaldi, audiencia de fecha 13/12/2011, por la mañana y agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, todos ellos de servicios en la Comisaría cuarta de La Plata a esa fecha.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (Ferrari, María Angélica); b) Expediente número 83 del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca (Expediente 130 del registro de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) caratulado "Ferrari, María Angélica s/recurso de hábeas corpus"; c) Expediente n 54.135 -legajo 1215- caratulado "Birlis de Ferrarri María Denuncia priv. ileg. de la Libertad" del Juzgado en lo Penal N 2, Secretaría 4 de Bahía Blanca. (Expediente 208 del registro de la CFABB): denuncia de fojas 1, radiograma de fojas 3 e informes de fojas 4 y 5; d) Informe remitido por Bonacorsi Hnos. S.A.; e) Oficio librado por la cámara federal local a la Comisaría 4ta. de La Plata y respuesta de la autoridad policial, obrantes a fojas 193, 195 y 196 de la causa 86 (24) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia" (Ferrari, María Angélica); f) Acta N 917 Tomo BII del libro de defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas y Acta Complementaria N 946 Tomo A II del libro de Defunciones de la Delegación La Plata del Registro Provincial de las Personas, ambas correspondientes a María Angélica Ferrari; g) Legajo CONADEP n 07757; h) Legajo REDEFA n 1069; i) Informe remitido por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Bahía Blanca, sobre el lugar en que se encuentra inhumados los restos de María Angélica Ferrari y de Elizabet Frers; j) Expte. N208 (CFABB): "Birlis de Ferrarri María s/Denuncia priv. ileg. de la libertad. VICT. María Angélica Ferrari"; k) Copia certificada de la nota periodística publicada en la página cuatro de la edición del día 22 de abril de 1977 del diario La Nueva Provincia.

73.- GARRALDA, Alberto Ricardo

Alberto Ricardo Garralda, militante de la agrupación Montoneros, se encontraba junto a su compañera María Graciela Izurieta, quien estaba embarazada, en la calle 11 de Abril N 331 dpto. 10, de esta ciudad el 23 de julio de 1976 cuando ambos fueron sacados por la fuerza y luego introducidos violentamente en los vehículos militares, propiedad del V Cuerpo de Ejército, que aguardaban estacionados. Luego de ello, el departamento fue saqueado en su totalidad sustrayéndose todo tipo de objetos de valor.

Mercedes de Garralda, su madre, tomo conocimiento del hecho gracias a las referencias que le hizo una amiga, Emilce Truco, la que indicó que aproximadamente a comienzos del mes de Agosto de 1976, su hijo había sido detenido por la policía. Es dable destacar que mientras él vivía en esta ciudad, para esa época la familia de Alberto residía en la localidad de Mar del Plata y el 25 de Mayo del año 1976 fue la última vez que Alberto visitó a su madre en la localidad costera, dejando la misma de tener noticias de su paradero a partir de agosto de ese año.

En cuanto al secuestro de Alberto Ricardo Garralda y Maria Graciela Izurieta, una vecina del lugar, Ángela Luisa Goslino, quien se domiciliaba en la calle 11 de Abril N 331, en el departamento n 12 y lindante con el que ocupaba la familia Garralda, manifestó que solo los conocía de vista y que en una ocasión, tras oír fuertes ruidos en el departamento de Alberto y Maria como si fuera una mudanza, jamás volvió a verlos ni saber de ellos. Asimismo, Goslino declaró que tomo conocimiento por comentarios de otros vecinos que la pareja había sido vista acompañada por gente joven de civil saliendo del domicilio y que tras lo sucedido en dicho domicilio, el mismo fue dejado en total desorden.

Alberto Garralda fue trasladado al centro clandestino de detención "La Escuelita", luego de haber sido secuestrado lo cual es ratificado mediante la declaración testimonial de una de las víctimas que también estuve en cautiverio en el mismo centro de detención clandestino, Alicia Mabel Partnoy, quien llego luego que Garralda fuera retirado para luego ser asesinado; sin embargo, tomo conocimiento del paso de Garralda por "La Escuelita" por lo informado por otros cautivos ya que entre las víctimas de dicho centro de detención clandestino en enero de 1977, se sabía que Garralda e Izurieta habían sido llevados a ese centro.

Alicia Partnoy lo describe como un joven de unos 25 años de edad, de aproximadamente 1,85 metros de estatura, muy delgado, rubio y de anteojos.

Para poner fin a la vida de Garralda, como así también a la de José Luís Peralta, se optó por montar un simulacro de enfrentamiento imprevisto entre las Fuerzas Armadas y los dos secuestrados, los que una vez retirados de "La Escuelita", fueron puestos en la escena armada en donde se llevaría a cabo el falso enfrentamiento. El mismo se realizó en la intersección de las calles Lavalle y General Paz de esta ciudad, por personal armado entre los cuales se encontraban integrantes de la Agrupación Tropa del Comando V Cuerpo de Ejército.

De dicho imaginario enfrentamiento y de la muerte de Garralda, se encargó de hacer circular tal inconsistente y falsa versión el Jefe de la Delegación de la Policía Federal local Félix Alejandro ALAIS dando detalles de un operativo inexistente en el cual "elementos subversivos" se resistieron a ser detenidos por las Fuerzas Armadas; la presencia de una patrulla en las inmediaciones de las calles Dorrego y General Paz para detener a esos sujetos y el intercambio de disparos resultó la muerte de los "delincuentes" e informó que uno de los abatidos había sido identificado como José Luís Peralta, y el otro primeramente indicado como N.N. fue luego registrado como Alberto Ricardo Garralda y que no hubo personal militar lesionado.

La versión que hizo circular el Jefe de la Delegación de la Policía Federal local, fue la misma que respaldó la defensa del General de División retirado Osvaldo René Azpitarte y el General de Brigada, también retirado, Adel Edgardo Vilas, los que adicionaron a la misma la negación que Garralda al ser fusilado estuviera privado de libertad bajo sus orbitas y que haya estado en un centro de detención clandestino llamado "La Escuelita", puesto que no estaban al tanto sobre la existencia de centros clandestinos de detención, ni de ningún sitio en particular con ese nombre.

De la muerte de Garralda, su madre tomo conocimiento por los diarios de fecha 9 o 10 de Octubre de 1976, los que daban noticia del enfrentamiento con fuerzas militares producido el 18 de septiembre de 1976, esto a un mes y medio que tomara conocimiento de la detención de su hijo.

El cuerpo de Alberto Garralda, durante el tiempo que estuvo como N.N. permaneció en la morgue del Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero hasta que fue reconocido por un familiar quien advirtió que en dicho hospital había 27 cadáveres quemados hasta la altura del vientre con las manos seccionadas al igual que Garralda, cuyo cuerpo tenía una herida de bala en la frente, la que se trataba de un "tiro de gracia" tal como lo indicara Mercedes en su testimonio.

Se entregó el cuerpo sin vida de Alberto Garralda a su madre, el día 12 de Octubre de 1976 la que se apersonó en la morgue del Hospital, tras haber tomado conocimiento de "su muerte en un enfrentamiento con personal de Ejército Argentino" por medios periodísticos.

En cuanto a los informes de necropsia realizados por el médico legista Dr. Julio Silva de Murat al momento de efectuar la autopsia sobre los cadáveres de José Luís y de Alberto Ricardo Garralda resultaron contundentes, llegando a la conclusión entre los diversos lineamientos que las heridas de carácter mortal fueron las producidas en tórax y abdomen, todas ejecutadas por disparos de armas de fuego de grueso calibre, desde metros de distancia, con recorrido casi horizontal, de adelante a atrás, causando la muerte en forma instantánea, estimando como causa de la misma la hemorragia interna consecuencia de las heridas múltiples provocadas por las mentadas armas.

Por su parte, el Dr. Mariano Castex agregó, en torno al análisis realizado sobre los informes periciales efectuados por el Dr. Silva De Murat, que la posición de las heridas mencionadas, laceraciones en antebrazos y muñeca indicaban la clásica posición de defensa que instintivamente uno adopta a fin de proteger las partes vitales del cuerpo ante los disparos que contra Peralta y Garralda se efectuaron. De ello, deviene irrefutable que, tal como lo indican los informes reseñados, el "enfrentamiento" que relatan las Fuerzas Armadas y de seguridad no fue más que un "fusilamiento" de dos individuos desamparados y desarmados.

Siempre con resultado negativo, se realizaron infinidad de gestiones y diligencias oficiales como extraoficiales a fin de dar con el paradero de Garralda e Izurieta.

De María Graciela, recibieron una carta donde les informaba sobre su embarazo de 7 meses y su situación de detención y que esperaba ser trasladada en poco tiempo a la cárcel de Villa Floresta donde legalizarían su detención y podrían visitarla. Nunca ocurrió esto, tal es así que al día de la fecha el cuerpo de María Graciela sigue aún desaparecido. La denuncia impetrada documentaba como "el día 23 de Julio de 1976 a las 22.45 horas personal militar vestido de civil había irrumpido en el departamento en el que residían con el objetivo de secuestrar a María Graciela y a Alberto Ricardo.

En cuanto a la desaparición de Garralda e Izurieta, la agrupación "Abuelas de Plaza de Mayo" presento ante la CONADEP un relato pormenorizado de los sucesos acontecidos.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración de Marta Lía Garralda, audiencia de fecha 27/10/2011, por la mañana mediante video conferencia.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 695 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulado "Peralta, José Luís - Garralda, Alberto Ricardo Abatidos en procedimiento por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares, que se encuentra agregado a la causa 94 "Izurieta María Graciela s/ Habeas Corpus"; b) Pericias realizadas por el Dr. Mariano Castex obrantes a fs. 196/200 de la causa 86(8) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (Izurieta María Graciela); c) Expediente n 436.686/98 de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por el que se solicitó el beneficio previsto por las leyes reparatorias con relación a Alberto Ricardo Garralda, que en copia certificada fue remitido al Juzgado Federal de 1 instancia N 1 de Bahía Blanca, conforme surge de fs. 13.436 de la causa n 05/07 caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército"; d) Ficha de la "Asociación Abuelas de Plaza de Mayo" que contiene datos referidos a un niño nacido en cautiverio, que en copia certificada obra a fs. 18 y 19 de la causa 94 "IZURIETA María Graciela s/ Hábeas Corpus";e) Exhibición de los proyectiles extraídos del cuerpo al momento de realizarse el informe pericial a cargo del Dr. Julio Silva De Murat conforme fs. 97 y 97vta. de la causa n 695 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulada "Peralta, José Luís - Garralda, Alberto Ricardo abatidos en procedimiento por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares".

Se suma a ello la inspección ocular llevada a cabo en el Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo lugar en el transcurso del debate.

74.- PERALTA, José Luís

José Luís Peralta, militante de la Juventud Peronista (J.U.P.) mención efectuada por su padre el días 6 de agosto de 1976 refiere que fue secuestrado en Mar del Plata por la Prefectura de esa ciudad, y luego trasladado a Bahía Blanca donde siguió en cautiverio en "La Escuelita". Sus familiares tomaron conocimiento del secuestro por un llamado anónimo que recibió el padre de Peralta, quien se presentó ante la policía bonaerense y federal como así también en reparticiones militares para requerir información sobre el paradero de su hijo, diligencias todas ellas de las que obtuvo respuestas evasivas de todo clase.

Secuestrado y trasladado a Bahía Blanca al centro clandestino de detención "La Escuelita" quedó ratificado mediante la declaración testimonial de una de las víctimas que también estuvo en cautiverio en el mismo centro de detención clandestino, Alicia Mabel Partnoy, de cuyo testimonio surge reseñado su paso por ese centro y que fue advertido no solo por ella, sino por otros cautivos; adjuntando como dato ilustrativo que en su ingreso José Luís PERALTA ostentaba una herida de bala en su pie.

Para poner fin a la vida de Peralta como así también a la de Garraldo, se optó por montar, una vez más, un ilusorio enfrentamiento imprevisto entre las Fuerzas Armadas y los dos sometidos, los que una vez retirados de "La Escuelita", fueron puestos en la escena armada en donde se llevaría a cabo el falso enfrentamiento. El mismo se realizó en la intersección de las calles Lavalle y General Paz de esta ciudad por personal armado entre los cuales se encontraban integrantes de la Agrupación Tropa del Comando V Cuerpo de Ejército, el día 18 de septiembre de 1976.

De dicho artificial enfrentamiento y de la muerte de Peralta, se encargó de hacer circular tal falaz versión el Jefe de la Delegación de la Policía Federal local -Félix Alejandro ALAIS-dando detalles de un operativo inventado y un inverosímil enfrentamiento entre "elementos subversivos" quienes se resistieron a ser detenidos por las Fuerzas Armadas unido a la presencia de una patrulla en las inmediaciones de las calles Dorrego y General Paz para detener a dos sujetos los que se enfrentaron con los militares de lo cual resultó la muerte de los "delincuentes", añadiendo que uno de los abatidos había sido identificado como José Luís Peralta, y el otro, primeramente indicado como N.N.. fue luego reconocido como Alberto Ricardo Garralda y que no hubo en el personal militar "interviniente" heridos.

La versión que circuló el Jefe de la Delegación de la Policía Federal local, fue la misma que respaldó la defensa de el General de División retirado Osvaldo René Azpitarte y el General de Brigada, también retirado, Abdel Edgardo Vilas, los que adicionaron a la misma la negación que Peralta al ser fusilado estuviera privado de libertad bajo sus ordenes y que haya estado en un centro de detención clandestino llamado "La Escuelita", puesto que no estaban al tanto sobre la existencia de centros clandestinos de detención, ni de ningún sitio en particular con ese nombre.

Peralta al igual que Garrada al momento de ser fusilado, instintivamente trató de cubrirse de la balacera de armas de fuego con sus brazos, de lo que derivaron las laceraciones en sus brazos y muñecas, como así también en abdomen, tórax y cráneo los que dan cuenta en los informes autópsiales. En estas condiciones, fue reconocido el cuerpo de Peralta por sus familiares, quedando como N.N. el del sujeto restante en la morgue del Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero, el que luego fue referido como Alberto Ricardo GARRALDA.

Se hizo entrega del cuerpo sin vida de Peralta, el día 20 de septiembre de 1976 a su padre, el que se presentó en la morgue del hospital tras anoticiarse de su muerte en un enfrentamiento con personal de Ejército Argentino por medio de la radio.

Los informes de necropsia realizados por el médico legista Dr. Julio Silva de Murat al momento de efectuar la autopsia sobre los cadáveres de José Luís Peralta y de Alberto Ricardo Garralda resultaron contundentes, determinándose entre los diversos lineamientos que las heridas de carácter mortal fueron las producidas en tórax y abdomen, todas ejecutadas por disparos de armas de fuego de grueso calibre, desde metros de distancia, con recorrido casi horizontal, de adelante a atrás, causando la muerte en forma instantánea, estimando como causa de la misma la hemorragia interna consecuencia de las heridas múltiples provocadas por las mentadas armas.

De las heridas mencionadas, el Dr. Mariano Castex, agregó al informe pericial del Dr. SILVA de MURAT que dichas heridas indicaban la clásica posición de defensa instintiva que adopta uno para resguardar partes vitales del cuerpo, en este caso ante los disparos que recibieron, y adunó por último que era muy difícil que José Luís PERALTA estuviera disparando en el instante de recibir los disparos como aducían las fuerzas del orden-.

De ello deviene irrefutable que, tal como lo indican los informes reseñados, el "enfrentamiento" que relatan las Fuerzas Armadas y de seguridad no fue más que un "fusilamiento" de dos individuos desamparados.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Elmo Osvaldo Peralta, audiencia de fecha 29/19/2011, por la mañana, padre de la víctima, quien recibió una llamada anónima por la cual se le informaba que su hijo había sido detenido en la ciudad de Mar del Plata, por lo que realizó numerosas gestiones ante distintas autoridades. Fue quien reconoció el cadáver de su hijo en la morgue de Bahía Blanca; b) Celia Jinkis, audiencia de fecha 29/19/2011, por la mañana y quien realizó gestiones junto a los padres de Peralta durante el tiempo que permaneció en cautiverio y también luego de su homicidio; c) Oscar Rodolfo Villatoro, audiencia de fecha 29/19/2011, por la mañana el que se encontraba en inmediaciones del lugar donde se produjo el operativo de calles Dorrego y General Paz.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 695 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulado "Peralta, José Luís - Garralda, Alberto Ricardo Abatidos en procedimiento por atentado y resistencia a la autoridad s/ entrega de cadáveres a sus familiares, que se encuentra agregado a la causa 94 "Izurieta María Graciela s/ Habeas Corpus"; b) Pericias realizadas por el Dr. Mariano Castex obrantes a fs. 196/200 de la causa 86(8) del registro de la CFABB caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (Izurieta María Graciela).

75.- Caso "paraje pibe de oro" GIORDANO, César Antonio; 76.- IZURIETA, Zulma; 77.- ROMERO, María Elena y 78.- YOTTI, Gustavo Marcelo

Zulma Araceli Izurieta, militante política de la Juventud Peronista y César Antonio Giordano, fueron secuestrados el día 21 de diciembre de 1976 a las 19 horas aproximadamente, en la ciudad de Córdoba -uno donde trabajaba y el otro en su domicilio-. En cuanto a los datos del secuestro, la madre de Zulma, manifestó que "El 23 de diciembre de 1976 Zulma se encontraba trabajando en un banco de sangre en la ciudad de Córdoba, siendo su jefe un Químico que en este momento no recuerdo su nombre, cuando en horas de labor y en presencia de este último, fue detenida por personas pertenecientes al Ejército, que vestían de uniforme; información sobre éste hecho fue publicada (en) los diarios de amplia circulación de la ciudad de Córdoba..."

Izurieta y Giordano luego de secuestrados fueron trasladados al centro clandestino de detención "La Perla", en la ciudad de Córdoba, para luego volver a ser trasladados a la Ciudad de Bahía Blanca continuando su detención en el centro clandestino de detención "La Escuelita" bajo la autoridad del Comando del V Cuerpo del Ejército. Alicia Mabel Partnoy, dió testimonio del cautiverio de ambos secuestrados en dichos centros clandestinos de detención, por estar ella también secuestrada. Agrego que: "... El día 14 de enero de 1977 después del almuerzo nos permitieron sentar, lo cual nos permite acercarnos más y además ver los pies de la gente que circula, entonces pudimos hablar y ella (Zulma) me comunicó que había sido detenida en Córdoba, mantenida en el campo de concentración "La Perla", junto con su compañero Giordano, a quien yo también conocía; que ambos habían sido trasladados a "La Escuelita" en avión y que el encargado del traslado, que había sido realizado a cara descubierta, era el Jefe de turno de sobrenombre "Chiche" del que doy referencias en el documento primeramente reconocido, se refiere a una carta escrita por la declarante en abril de 1981 (.) En unas de esas conversaciones realizadas alrededor del 10 de febrero de 1977, Zulma me manifiesta que uno de los guardias llamado "Chamamé", le había comunicado que durante la detención de su hermana, Graciela IZURIETA, en "La Escuelita" él le había permitido escribir una carta a sus padres y posteriormente la habría entregado a éstos o se la había hecho llegar. El día 12 de abril de 1977 a Zulma la hacen vestir (...) lo mismo hacen con María Elena Romero que se encontraba también en la habitación (.) momentos después. viene el enfermero o el médico y les comunica que les va a tener que poner una inyección para regularizar el período menstrual (... ) y Zulma temía estar embarazada al igual que Maria Elena Romero. Me trasladan a la otra habitación en donde escucho la respiración rítmica de la persona que se está durmiendo y los intentos por hablar en ese estado de Giordano. A los pocos minutos los guardias entre bromas y risas los sacan de la habitación y oigo también que hablan de buscar frazadas para envolverlos y que le dicen a Zulma si estaba borracha. Esa noche los sacan de "La Escuelita"; esto es a grandes rasgos lo que conozco de Zulma...".

María Elena ROMERO y su novio Gustavo Marcelo YOTTI, vivían en una pensión ubicada en calle Caronti N 43 de Bahía Blanca cuando fueron secuestrados el día 4 de febrero de 1977 por un operativo militar, que integró una secuencia de hechos delictivo iniciada aquel día -conforme la información de inteligencia sobre las victimas- y trasladados al centro clandestino de detención de "La Escuelita".

Zulma Izurieta, Cesar Giordano, Maria Elena Romero y Gustavo Yotti, previamente adormecidos, fueron sacados del centro de detención donde estaban cautivos terminando las últimas horas del día 12 de abril de 1977, al día siguiente fueron todos abatidos bajo otro inventado enfrentamiento armado, operativo llevado a cabo en la Ruta 3 Sur, cerca del paraje conocido como "El Pibe de Oro".

El Jefe de la Delegación de Bahía Blanca de la Policía Federal, Comisario Alfredo Abel Fernández declaró el 14 de abril de 1977 a las 11 horas: "...Que en este acto se recibe procedente del Comando del V Cuerpo del Ejército, comunicación telefónica por el aparato del estado N 25397, el que constatado, se estableció por intermedio del mismo, que dicha comunicación la efectuaba el Coronel De Piano el que informó que el día 13 de abril de 1977 a las 02:00 horas a consecuencia de tareas efectuadas por los organismos de inteligencia, fuerzas operacionales se trasladaron a la localidad de Daniel Cerri distante a 15 kms. de la ciudad de Bahía Blanca, a 200 mts. de la ruta de acceso a la misma, donde se tenía conocimiento que elementos de la Organización Montoneros tenían lugar de cita y reunión. Que al advertir dichas personas la presencia del personal emprendieron una defensa armada la que culminó con la muerte de dos personas del sexo masculino y dos personas del sexo femenino, que eran los que se habían reunido en el lugar. Que los cadáveres de los mismos sin identificar, fueron trasladados a la Morgue del Hospital Municipal de esta ciudad...".

El examen realizado sobre los 4 recibidos en la sede de la morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca por el médico legista Julio Silva de Murat, determinó que en el caso del deceso de Zulma Araceli IZURIETA cuando enumera la cantidad de balas recibidas concluye que son "lesiones de carácter mortal, las de cabeza y tórax, todas han sido producidas por proyectiles de mediano calibre, disparados desde metros de distancia, con recorrido sensiblemente horizontal, causando la muerte en forma instantánea, estimando como causa de la misma la hemorragia interna por heridas múltiples por armas de fuego... " expidiendo similares conclusiones con respecto a los demás cuerpos.

La violencia recibida en todos los casos, disiente con la ausencia de constancias en el sumario judicial que den cuenta de la incautación de armas y también la falta de heridos en las 'fuerzas legales' que se pretende rechazaron una agresión armada.

Por su parte, el Dr. Mariano CASTEX, determinantemente concluyó que "...los tres individuos peritados -se refiere a Zulma IZURIETA, Gustavo Yotti y Maria Elena Romero- han muerto por disparo en ráfaga, por arma automática liviana, de mediano calibre, posiblemente un sub-fusil del tipo INGRAM o UZI, los cuales corresponden a un calibre de 9 mm. ... En lo que respecta a Gustavo Marcelo Yotti, la ráfaga asciende presumiéndose que el occiso en el momento de recibirla, se hallaba parado, con los brazos en alza, tendiendo a cubrirse el rostro . En cuanto a María Elena Romero, puede hacerse idéntica observación, con la salvedad de que es difícil precisar la posición de los brazos en el momento de recibir ella la ráfaga ...En cuanto a Zulma IZURIETA, cabe señalar lo mismo que en el caso Yotti, con la diferencia que los brazos se hallan menos alzados, posiblemente recién llegando a la altura de los hombros si se analiza con cuidado la trayectoria del proyectil en el brazo izquierdo, el que puede tener relación con la herida del meñique derecho . En cuanto al tiro en la cabeza, es factible que hubiera sido parte integrante de la ráfaga disparada a ésta y no, un tiro de gracia como en otros casos observados (...) Por lo expuesto, se estima que: Zulma IZURIETA no pudo haber caído en un enfrentamiento portando un arma, ya que la trayectoria del tiro recibido en brazo izquierdo excluye tal posibilidad pues al tirar el brazo izquierdo no está elevado, sino vertical, lo cual hubiera exigido un tiro disparado desde el piso y hacia arriba. Tampoco hubiera podido estar conduciendo un vehículo, ya que presenta un impacto bajo abdominal, de frente, que hubiera debido atravesar el motor y chasis frontal. La hipótesis de que hubiera estado tirando con un arma liviana, con las dos manos extendidas, con lo cual podría haberse explicado el tiro del brazo izquierdo, no es coherente con los impactos de la extremidad del mismo brazo, ya que ello hubiera supuesto a un tirador lateralizado, productor únicamente de dos impactos que no lesionan sin embargo a la otra mano, supuestamente también aferrada al arma (...)"...con respecto a los 3 casos comentados, es importante destacar que .el poseer un arma en la mano obliga a la presentación del dorso del antebrazo (sea diestro o zurdo quien la porte) estando siempre cubierto el otro antebrazo (la parte anterior) por el arma, o por el antebrazo que aprieta el gatillo; en arma corta, si se tira con las dos manos, no se ofrecen los antebrazos con facilidad, en tiro frontal, pero sí, en cambio, el dorso de éstos a tiros laterales. En todos los casos debió haberse practicado la prueba de la parafina para investigar pólvora, cosa que no se hizo, siendo ello de rigor en este tipo de informe. Se duda que una exhumación de restos, arroje en el momento actual (se refiere a 1987) datos útiles para aclarar la situación...".

Sobre GIORDANO dice el Dr. Mariano Castex que presentaba "una fractura por contusión, la que -en el panorama del conjunto- hace pensar en un golpe por culatazo . la violencia existente en el brazo derecho, permite desechar la hipótesis de que el muerto participara en un enfrentamiento, ya que el obductor médico nada dice de signos en la necropsia que implicaran tiros muy cercanos, inferiores a 40 cms. de distancia, como podría ocurrir en una lucha cuerpo a cuerpo . el occiso ha sido probablemente derribado por el culatazo, recibiendo los impactos de arma corta, una vez ya en el suelo . desde una distancia de entre 70 y 90 cms .".

Al testimonio de Partnoy y los informes médicos mencionados, se suman los dichos de Sergio Andrés VOITZUK y Carlos Samuel SANABRIA que refieren la presencia de los jóvenes en el centro clandestino de detención, para concluir que todos ellos fueron asesinados y derribar cualquier hipótesis de enfrentamiento armado.

Prueba de César Antonio Giordano:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Martín Argentino Moro, audiencia de fecha 13/03/2012, por la tarde, tío de Cesar Antonio Giordano, quien reconoció su cadáver; b) Martín Soto, audiencia de fecha 07/12/2011, por la mañana y hermano de César Antonio Giordano, quien realizó gestiones tendientes a conocer el paradero de la víctima.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo REDEFA número 1075; b) Constancia de inhumación remitida por la Municipalidad de Coronel Pringues; c) Causa N 94 (CFABB) caratulada: "Izurieta, María Graciela s/ hábeas corpus"; c) Causa N86 (8) caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (Izurieta María Graciela).

Prueba de Zulma Izurieta:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Miguel Ángel Izurieta -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (declaración prestada a fojas 128 y 135 de la Causa 94 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, caratulada "Izurieta, María Graciela s/ habeas corpus" y en la audiencia del 8/7/2000 de los Juicios por la Verdad), padre de Zulma Araceli Izurieta, quien realizó gestiones para procurar conocer el paradero de su hija y reconoció su cadáver en la Morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca; b) Lidía Celina Confeggi de Izurieta (declaración prestada a fojas 33/35 de la Causa 94 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, caratulada "Izurieta, María Graciela s/ habeas corpus" y en la audiencia del 8/7/2000 de los Juicios por la Verdad -conf. art. 391. C.P.P.N.-), madre de Zulma Araceli Izurieta, quien realizó gestiones para procurar conocer el paradero de su hija y reconoció su cadáver en la Morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca; c) Héctor Ángel Teodoro Kunzmann (audiencia de fecha 06/02/2012 por la tarde), quien compartió cautiverio con las víctimas de este apartado en el CCD "La Perla" de la Provincia de Córdoba, lugar este desde el cual fueron trasladados a Bahía Blanca; d) María Patricia Astelarra (audiencia de fecha 06/02/2012 por la tarde), quien compartió cautiverio con las víctimas de este apartado en el CCD "La Perla" de la Provincia de Córdoba, lugar este desde el cual fueron trasladados a Bahía Blanca.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo REDEFA número 191; b) Acta de Defunción de Zulma Araceli Izurieta; c) Causa N 86(8) caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (Izurieta, María Graciela)"; d) Expediente N 784 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Córdoba -Provincia de Córdoba- caratulado: "Izurieta, Zulma Araceli -Hábeas Córpus"; e) Ficha de alumna de la Universidad Nacional del Sur; f) Informe remitido por el Departamento de Alumnos y Estudios de la Universidad Nacional del Sur, en que se adjunta la ficha de alumna de Zulma Araceli Izurieta; g) Informe Pericial (con croquis) realizado al cadáver de Zulma Araceli Izurieta por el Dr. Julio Silva De Murat obrante a fojas 120/121 vta. de la causa 94 caratulada "Izurieta, María Graciela S/ habeas corpus"; h) Certificado de defunción de Zulma Araceli Izurieta, obrante a fojas 136 de la causa 94 del registro de la CFABB, caratulada "Izurieta, María Graciela s/ habeas corpus"; i) Vista fotográfica del cadáver de Zulma Araceli Izurieta, obrante a fs. 143 de la causa 94 del registro de la CFABB, caratulada "Izurieta, María Graciela s/ habeas corpus"; j) Aros de forma circular Plateados o de Plata que se encuentran reservados en la Caja 8, Paquete N 4 94/86 (reserva ordenada a fojas 358 de la causa 84).

Prueba de María Elena Romero:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: Juan Carlos Romero, audiencia de fecha 16/11/2011, por la mañana, hermano de la víctima, quien reconoció el cadáver de María Elena Romero en la morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo REDEFA número 614; b) Causa N 94 caratulada: "Izurieta, María Graciela s/ hábeas corpus"; c) Causa N 86 (8) caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (Izurieta, María Graciela)".

Prueba de Gustavo Marcelo Yotti:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) María del Carmen, audiencia de fecha 23/11/2011, por la tarde, hermana de Gustavo Marcelo Yotti, quien realizó gestiones para procurar conocer su paradero mientras permaneció detenido y reconoció el cadáver de la víctima en la Morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca; b) Héctor Ricardo Yotti, audiencia de fecha 23/11/2011, por la tarde y padre de la víctima, quien realizó gestiones para procurar conocer el paradero de su hijo mientras permaneció detenido; c) Julio Oscar Lede, audiencia de fecha 23/11/2011, por la tarde, quien compartió el cautiverio en el centro clandestino "La Escuelita" con la víctima de este apartado

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo REDEFA número 0171; b) Acta de Defunción de Gustavo Marcelo Yotti; c) Constancias de inhumación, remitidas por la Dirección de Cementerio de la Municipalidad de Tandil. d) Informe Pericial del Dr. Julio Silva De Murat; e) Informe Pericial del Dr. Mariano N. Castex; f) Causa N 94 caratulada: "Izurieta, María Graciela s/ Hábeas Corpus"; g) Causa N 86(8) caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (Izurieta, María Graciela)".

79.- HIDALGO, Daniel y 80.-SOUTO CASTILLO, Olga Silvia

Personal militar del V Cuerpo de Ejército junto con integrantes de la "Agrupación Tropa", durante las últimas horas del 14 de noviembre de 1976 y primeras horas del día siguiente, llevaron a cabo un operativo en horas de la noche en el edificio ubicado en Fitz Roy 137 de la ciudad de Bahía Blanca, rodearon la manzana estableciendo un marco perimetral en las calles adyacentes y evacuaron el edificio. De dicho operativo resultaron asesinados Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Souto De Castillo, ambos militantes peronistas quienes se encontraban dentro del departamento N1 del 4 piso del edificio al momento en que dicho personal militar irrumpió a la fuerza en el lugar y los mataron. Entre los militares armados que encabezaron la ofensiva, se encontraban entre otros Julián Oscar CORRES, Miguel Ángel GARCIA MORENO, Carlos Enrique VILLANUEVA, Carlos Alberto ARROYO y Mario Carlos MENDEZ, la pareja fue asesinada en un operativo en el que intervinieron militares que han sido debidamente identificados y que también revistaban en el V Cuerpo del Ejército.

Los responsables de las muertes de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Souto De Castillo, fueron distinguidos con medallas "al heroico valor en combate".

En lo concerniente al informe de Olga SOUTO DE CASTILLO señaló la presencia de múltiples heridas originadas por la perforación de proyectiles, estallido óseo parieto- temporal y pérdida del tejido cerebral; numerosas fracturas; pulmones y corazón atravesados por proyectiles; y ambos pies destrozados de forma completa y de manera similar, el cuerpo de Daniel G. HIDALGO presentó fracturas en distintas zonas del cuerpo, destrucción de partes óseas y de la totalidad del cerebro; heridas por entrada y salida de balas; extensas quemaduras de primer grado; ambos pulmones y corazón atravesados por proyectiles y una hemorragia apreciable en el tórax. La muerte de ambos fue instantánea a consecuencia de los disparos de armas de gran calibre que impactaron en sus cuerpos, circunstancia confirmada conforme lo dictaminado por el perito, en lo que respecta a las lesiones observadas fueron: ".producidas por armas de fuego de grueso calibre, desde metros de distancia, con recorrido ligeramente ascendente, causando la muerte de forma instantánea.".

Tal como surge de la causa tramitada por el Juez Guillermo Federico MADUEÑO, la patrulla del V Cuerpo abatió a los delincuentes subversivos a las 23 horas. Más de cuatro horas después de haber dado muerte a las dos víctimas, exactamente a las 3:10 horas del día siguiente, el Coronel SORZANO se comunicó telefónicamente con la Policía Federal solicitando su intervención en el lugar de los hechos, la que al concurrir al edificio de Fitz Roy 137, dicho personal fue recibido por el Coronel Álvarez, quien se encargó de informar que el sitio se encontraba "bajo control y vigilancia militar", en tanto que los cadáveres habían sido remitidos a la morgue del Hospital Municipal Leónidas Lucero. La intervención policial se limitó al reconocimiento y entrega a sus familiares de los cadáveres, diligencias realizadas por el Comisario Ricardo BERNOTAS -reemplazado temporariamente por el Subcomisario José FRANCO-, el Subcomisario Félix Alejandro ALAIS y el Inspector Jorge CASTRO quienes revelaron que los únicos objetos personales en posesión de las víctimas al momento de sus asesinatos, eran dos relojes y algunos anillos de metal blanco. Las actuaciones realizadas no consignaron la incautación de armas de ningún tipo, ni la presencia de testigos en el lugar de los hechos.

La identificación del cuerpo de Olga SOUTO DE CASTILLO, fue difícil debido a que el Ejército decidió divulgar información falsa de la persona que había asesinado. Esto justifica que dicho cadáver fuera inhumado bajo el nombre de Esther Delia GARCIA sin que mediaren diligencias tendientes a confirmar su verdadera identidad. Es así que Adel VILAS en la causa 11/86, ratificó en su declaración indagatoria que sobre el hecho que tenía conciencia es que el cadáver se había identificado bajo un nombre incorrecto debido a que: ".siempre el delincuente subversivo de extrema izquierda lleva dos o tres documentos en su bolsillo, y a veces anda con el falso, y guarda el verdadero como en el caso de Olga Silvia SOUTO DE CASTILLO, que no lo tiene registrado en la lista -15 de noviembre de 1976- que se hacía llamar María Ester GARCIA, que había muerto en La Plata y ella tomó el documento de una muerta, pero (.) lo fundamental del reconocimiento de una persona es la ficha que tiene Inteligencia sobre su fisonomía sobre su estatura, sobre su peso, y alguna particularidad significativa notable en su rostro o en su cuerpo."

Recién en 1998, tras efectuar una presentación judicial, María Teresa Olga DE CASTILLO logró que se identificaran correctamente los restos de su hija.

Por otro lado, resulta indiscutible la existencia de datos de Inteligencia que permitieron que Olga SOUTO DE CASTILLO fuera reconocida por personal militar, la declaración testimonial de Eduardo HIDALGO, hermano de Daniel, termina de confirmar que los ejecutores tenían certeza de las personas a las que se encontrarían en el departamento atacado pues, Eduardo HIDALGO, a la fecha de los hechos, se encontraba secuestrado y detenido ilegalmente en "La Escuelita" donde fue torturado insistentemente para que confiese el paradero de su hermano Daniel. Según su relato, en una de las sesiones de tortura a las que fue sometido le preguntaron por el departamento de Fitz Roy y él respondió que el lugar había sido alquilado por su abuela pero sabía que su hermano se quedaba allí estudiando o acompañando a la anciana.

Para el caso de Daniel G. HIDALGO su cuerpo fue reconocido por su tío Enrique HIDALGO LOPEZ, debido a que sus padres no se encontraban en su lugar de residencia para ese entonces.

Desde su lugar de cautiverio -cercano a la habitación de los guardias-, Eduardo Hidalgo oyó que el informativo nocturno de Canal 9 relataba el asesinato de dos personas en Fitz Roy al 100.

El diario La Nueva Provincia, difundió la versión por la cual se consignó la intervención de personal del Ejército en el procedimiento que puso fin a las vidas de Daniel HIDALGO y Olga SOUTO DE CASTILLO, dicha versión circuló en una nota titulada "Fueron abatidos en pleno centro dos extremistas" y en la misma se hacía referencia a un episodio de intensidad poco común en el cual "dos elementos subversivos" fueron "abatidos por fuerzas del Ejército" luego de que intentaran resistir un allanamiento; también se hacía mención al estado en que quedó el departamento una vez finalizado el operativo: en el piso había manchas de sangre y en las paredes podía notarse los impactos de numerosos proyectiles.

La versión que divulgó el diario coincidió con la del Ejército, plasmada en un comunicado. Según el medio periodístico "al ingresar al departamento las fuerzas legales estalló una bomba "calabobos", colocada por los sediciosos, que no provocó víctimas. Uno de los efectivos del Ejército logró ingresar al pequeño hall de entrada y desde allí abrió fuego contra uno de los delincuentes que se parapetaba en una de las habitaciones. Mientras tanto, desde la puerta de entrada y respondiendo con fuego cruzado, otros soldados atacaban al restante subversivo que luego se comprobó era una mujer quien disparaba su arma desde un cuarto cuya ventana da al exterior. Cuando uno de los extremistas arrojó una granada, que estalló junto a una heladera, la acción de las fuerzas legales se intensificó y pocos minutos después ambos delincuentes caían abatidos. El hombre que resultó ser Daniel Hidalgo, fue ultimado por el militar que había logrado ingresar al departamento mientras la mujer, cayó ante el fuego de los restantes efectivos... "

En la parte final de la misma nota, se incorporó el comunicado mencionado, según este texto: "El Comando del V Cuerpo de Ejército - Sub zona de Defensa 51 comunica que en virtud de una denuncia efectuada por la población y como consecuencia de investigaciones posteriores originadas en dicha denuncia, efectivos del Ejército efectuaron un allanamiento a las 22:30 de la víspera (por domingo) en la calle Fitz Roy 137, piso 4, departamento 1. Al intentar abrir la puerta principal estalló una trampa explosiva de las conocidas "cazabobos", originándose inmediatamente un intenso tiroteo desde el interior de la vivienda, en el que inclusive se utilizaron granadas (...) este ataque fue repelido por las fuerzas del Ejército en forma enérgica, lo que dió resultado la muerte de dos de los delincuentes subversivos, que resultaron ser Daniel Hidalgo y su compañera Delia Esther García, de la organización declarada ilegal en segundo término. La irresponsabilidad de la pareja abatida, al acumular gran cantidad de explosivos y resistir a mano armada la orden de detención, puso en peligro la seguridad del edificio y sus moradores"

De lo anterior se evidencia que tanto el Ejército como el diario La Nueva Provincia, manejaban una misma versión forzada de los hechos para justificar el accionar militar y comunicar una victoriosa y arriesgada operación contra HIDALGO y SOUTO DE CASTILLO que concluyó con un "enfrentamiento" armado entre los "subversivos" y las "fuerzas legales".

La ausencia de actuaciones de prevención sumarial que consignara la supuesta resistencia al accionar de la patrulla militar, se sumó a otros elementos que en su conjunto desechan totalmente la hipótesis del enfrentamiento: la ausencia de testigos; el horario nocturno del operativo; la no incautación de armas de ningún tipo; la comunicación a la Policía cuatro horas después de ocurrido el hecho al sólo efecto de que identificaran y entregaran los cadáveres; las numerosas quemaduras, lesiones y heridas de bala de grueso calibre recibidas por las víctimas; el conocimiento que poseía el Ejército respecto del uso que Daniel Guillermo HIDALGO hacía del departamento de Fitz Roy 137; los antecedentes que VILAS reconoció disponer respecto del verdadero nombre de Olga SOUTO DE CASTILLO y la ausencia de registros que prueben las heridas que habrían sufrido algunos de los militares que participaron.

De esto resulta que Daniel Guillermo HIDALGO y Olga SOUTO DE CASTILLO fueron asesinados en un procedimiento del Ejército Argentino que perseguía el objetivo alcanzado satisfactoriamente: asesinar a Daniel y Olga.

Prueba de Daniel Hidalgo:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Mario Emilio Marinelli -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (testimonial obrante a fs. 17.758/17.760 de la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército"), quien, a la fecha del homicidio de Daniel Hidalgo, vivía en el 6to. piso, departamento "6", del edificio en el que el mismo tuvo lugar, siendo testigo del operativo desplegado para consumarlo; b) María Teresa Florentín, audiencia de fecha 15/11/2011, por la mañana, quien a la fecha del homicidio de Daniel Hidalgo vivía en el 3er. piso, departamento "5" del edificio en el que ocurrió el mismo, siendo testigo del operativo desplegado para consumarlo; c) Marcela Victoria Álvarez, audiencia de fecha 15/11/2011, por la mañana, quien a la fecha del homicidio de Daniel HIDALGO vivía en el edificio de Fitz Roy 47, planta alta, lugar desde donde observó el operativo desplegado para consumarlo; d) Félix JULIÁN, audiencia de fecha 15/11/2011, por la tarde, quien realizó el servicio militar obligatorio en el V Cuerpo de Ejército, situación desde la cual tomó conocimiento de las personas involucradas en la ejecución del operativo de Fitz Roy 137 y de aspectos relevantes de las circunstancias que rodearon el hecho; e) Néstor Omar BONIFAZZI, audiencia de fecha 15/11/2011, por la tarde, realizó el servicio militar obligatorio en V Cuerpo de Ejército, con destino en el Hospital de Evacuaciones 181. En cumplimiento de una guardia atendió llamado telefónico en el que solicitaban una ambulancia para el edificio Corbata de calle Fitz Roy, porque había habido un procedimiento militar; f) Juan José ISACCHI, audiencia de fecha 15/11/2011, por la tarde, como conscripto en el V Cuerpo de Ejército fue destinado al grupo de ayudantes del Gral. AZPITARTE y en tal carácter supo sobre el operativo realizado en calle Fitz Roy y de los militares que participaron en el mismo.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 31/77 (Expediente 185 del registro de la CFABB) caratulado "García, Delia Esther, Hidalgo, Daniel Guillermo s/ identificación y entrega de cadáver"; b) Croquis realizado por Eduardo HIDALGO y copia simple de publicación diario "La Nueva Provincia" obrantes a fs. 8844/8845 de la causa 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército"; c) Informes médicos relativos al estado de salud de Miguel Ángel GARCÍA MORENO, de fecha 16 de noviembre y 24 de diciembre de 1976, obrantes a fs.3.740/3.741 de la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Ejército"; d) Notas periodísticas publicadas en el diario "La Nueva Provincia" en relación al operativo de Fitz Roy y condecoración a quienes actuaron, obrantes, en copia simple, a fs.3.747/3.756 de la causa n 05/07 caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Ejército"; e) Nota periodística titulada "Fueron abatidos en pleno centro dos extremistas, publicada en el diario "La Nueva Provincia", el 16 de noviembre de 1976, obrante a fs.70 de la causa N 87 (registro de la CFABB), caratulada "Denuncia anónima atribuida a la ciudadana Alicia Mabel PARTNOY (DNI 11.314.756). Presunta Existencia de campo de concentración "La Escuelita", en Bahía Blanca"; f) Informe con vistas fotográficas de la cuadra y croquis del sector donde se encuentra emplazado el edificio de Fitz Roy 137 producido por el Gabinete Científico de la Delegación local de la Policía Federal obrantes a fs.6452/6454 de la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Ejército"; g) Acta de allanamiento del domicilio de Fitz Roy 137, piso "4" departamento "1" de fecha 16 de julio de 2008; vistas fotográficas interiores y exteriores del mencionado domicilio, y los croquis planimétricos, obrantes a fs.7085/7093 de la causa 05/07, caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Ejército"; h) Informe del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Bahía Blanca, con nómina de los titulares de las unidades funcionales, correspondientes a los registros del año 1976, obrante a fs.6924/6926 de la causa n 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Ejército"; i) Plano aprobado (tramitado por expediente 181-c-1963) correspondiente al inmueble ubicado en la calle Fitz Roy 137, remitido por el Departamento Contralor de Obras Públicas Particulares de la Municipalidad de Bahía Blanca, y reservado en Secretaría del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca, según consta a fs.6.927 y 6.964 de la causa 05/07, caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Ejército"; j) CD con la filmación del sector donde se encuentra emplazado el edificio de Fitz Roy 137, realizado por el Gabinete Científico de la Delegación local de la Policía Federal, recibido en el Juzgado Federal N 1, conforme surge de fs.6324/6325 de la causa 05/07, caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Ejército"; k) Informe del Gabinete Científico de la Delegación local de la Policía Federal obrante a fs. 6452/6454 de la causa N 05/07.

Prueba sobre Souto Castillo

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Daniel Alberto ALGUACIL, audiencia del 15/11/2011, por la tarde, quien a la fecha del homicidio de Olga SOUTO CASTILLO vivía en el 3er. piso, departamento "5" del edificio en el que sucedió el mismo, siendo testigo del operativo desplegado para consumarlo; b) Edith Carmen DELGADO, audiencia del 15/11/2011, por la tarde, quien a la fecha del homicidio de Olga SOUTO CASTILLO vivía en el edificio en el que el mismo tuvo lugar, siendo testigo del operativo militar llevado adelante para consumarlo; c) Isabel Cristina SOUTO, audiencia del 15/11/2011, por la tarde, hermana de Olga Silvia, quien tomó parte en las gestiones realizadas por la familia para esclarecer el hecho del que fuera víctima su hermana, como así también respecto al verdadero destino de sus restos.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 387 caratulado "Dra. Mirta Mántaras, apoderada de María Teresa Olga Castillo de Souto s/ solicita identificación de cadáver (inhumado como Delia Esther García)", que tramitó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca; b) Causa n 31/77 (Expediente 185 del registro de la CFABB) caratulada "García, Delia Esther, Hidalgo, Daniel Guillermo s/ identificación y entrega de cadáver"; c) Informe producido por el Departamento del Cementerio de la Municipalidad de Bahía Blanca, de fecha 21 de marzo de 2000, en el que se consigna un detalle de los cadáveres inhumados en el mencionado cementerio en calidad de "NN", en el que figura Delia Esther GARCÍA, obrante en copia autenticada a fs.742/744 de la causa 11 (C), caratulada "Presentación de APDH de Neuquén, Bahía Blanca y otros en causa N 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos"; d) Informe Pericial realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, obrante a fojas 407/417 de la causa 05/07/03, caratulada "Diligencias probatorias en el Cementerio Municipal Local", que contiene: 1. Informe arqueológico, realizado por el Equipo, con fecha 22 de septiembre de 2009, sobre la diligencia pericial de exhumación del cadáver de Olga SOUTO CASTILLO, en el que se da cuenta del hallazgo en él de fragmentos de proyectiles, 2. Anexo fotográfico del trabajo de exhumación, 3. Acta de toma de muestra ósea para el análisis genético; e) Informe pericial dactiloscópico realizado por la División Dactiloscopía de la Policía Federal Argentina, sobre los restos de Olga SOUTO CASTILLO obrante a fs.46/50 de la causa de la causa n 387, caratulada "Dra. Mirta Mántaras, apoderada de María Teresa Olga Castillo de Souto s/ solicita identificación de cadáver (inhumado como Delia Esther García)".

Como prueba en común deben tenerse en cuenta tanto el careo entre Julián y Méndez como también la inspección ocular llevada a cabo en el domicilio de la calle Fitz Roy de la ciudad de Bahía Blanca antes referido, que tuvieron lugar en el transcurso del debate.

81.- MORÁN, Mónica

Mónica Morán, se encontraba en el salón teatral del teatro Alianza ubicado en la calle Rondeau 220 de esta ciudad, cuando el día 11 de junio de 1976 en momentos en que algunos de sus compañeros del teatro -Ignacio Dardo AGUIRRE, Angélica CLARO, María Rosa ESCUDERO y Jorge SURKIN- ensayaban la obra "Un cuento al revés" fue secuestrada por 5 personas vestidas de civil que se presentaron como policías y empuñando armas de fuego, ordenaron a los presentes en el lugar que se tendieran en el piso, boca abajo. El primero de los captores que ingresó a la sala era una persona rubia, robusta, de estatura mediana y cabello un poco ondulado, de cara más bien redonda, en tanto que otro de los partícipes fue descripto como una persona alta, morena de cara hundida, cabello negro y lacio, de tez aceitunada.-

Dardo AGUIRRE preguntó por los motivos que habían dado lugar al procedimiento, "obteniendo como única contestación una patada en la cabeza que le hizo dar la cara contra el piso"; su esposa -Angélica CLARO- fue la única que quedó de pie, retrocediendo hacia la pared del fondo de la habitación, sin dar respuesta alguna al sujeto que le preguntaba insistentemente si ella era Mónica MORAN. Este modo de actuar hizo que los secuestradores asumieran que Angélica CLARO era la persona que estaban buscando. Al intentar arrastrar a la esposa de AGUIRRE para llevársela del lugar, Mónica MORAN desde el suelo y mirando a su compañera dijo "Yo soy Mónica Morán".

Una vez identificada Mónica Moran, quienes realizaban el operativo amenazaron de muerte a los presentes para que se queden quietos, registraron las dependencias y sustrajeron diferentes objetos como pelucas, abrigos, dinero y documentos de identidad de los miembros del Teatro Alianza que se encontraban en el lugar, se llevaron consigo a Mónica MORAN y se retiraron luego de dejar encerrados bajo llave a los presentes en la sala teatral. Estos llegaron a escuchar el ruido de al menos dos automóviles que se marchaban a gran velocidad. Una vez que lograron salir del inmueble, dos de ellos -Jorge SURKIN e Ignacio Dardo AGUIRRE- se dirigieron de forma inmediata a la Delegación de la Policía Federal Argentina y posteriormente a la Comisaría Segunda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Comando Radioeléctrico. Los intentos de efectuar la denuncia del secuestro resultaron infructuosos, sólo consiguieron que el personal interviniente anotara datos sueltos en un recorte de papel.

Debido a los resultados infructuosos, los cuatro testigos del secuestro se dirigieron a la vivienda de los padres de Mónica MORAN con el objeto de relatarles lo ocurrido. Allí, el hermano mayor de la víctima, manifestó que por su carácter de marino se comunicaría con "Inteligencia" de la Armada para preguntar si las Fuerzas Armadas habían protagonizado el operativo.

José Alberto Morán, realizaba tareas para la Armada Argentina como Oficial Ingeniero y esa misma noche entró en contacto con el Servicio de Información Naval, tomando conocimiento de que no existían "sospechas" sobre su hermana. En el momento de hacer el llamado telefónico a la Base Naval, le pidió a Angélica Claro que relatara los rasgos de las personas que habían llevado a cabo el secuestro, la testigo tomó el receptor del teléfono y describió a una de ellas. Al terminar la conversación, el hermano de Mónica aseguró "no es Marina, es el Ejército".

A continuación, el hermano de Mónica MORÁN se dirigió al Comando del V Cuerpo de Ejército, donde fue recibido por un oficial de guardia -Teniente SCIPIO- quien dijo ignorar el paradero de la joven secuestrada. No obstante manifestar su desconocimiento, el oficial quedó a disposición de José Alberto MORÁN para continuar con las averiguaciones y, efectivamente, al día siguiente se comunicó con él y le informó que su hermana "estaba bajo jurisdicción de las autoridades del Ejército en averiguación, dando la impresión que la detención no revestía mayor importancia".

Uno de los integrantes de la familia MORAN informó estas novedades a Ignacio Dardo AGUIRRE, a quien le contaron que, por medio del hermano que trabajaba en la Marina, habían podido averiguar que Mónica se encontraba detenida en el Comando del V Cuerpo de Ejército, agregando que el cura párroco de la Iglesia San Luís Gonzaga se contactó con el capellán del V Cuerpo de Ejército y éste le comunicó que la joven se encontraba detenida en el Comando en buen estado de salud y que no debían preocuparse porque "a lo sumo podría quedar detenida a disposición del P.E.N.".

El padre de MORÁN, concurrió a la Delegación de la Policía Federal e informó sobre la ausencia de su hija llevando una foto para que pudieran identificarla.

Mientras tanto, Mónica MORÁN se encontraba secuestrada en el centro clandestino "La Escuelita". Distintas declaraciones testimoniales dan cuenta de su presencia en dicho Centro Clandestino de Detención.

Tanto Gladis SEPÚLVEDA, como Dora SEGUEL afirmaron haber convivido con la víctima en el centro clandestino mencionado. Sepúlveda compartió cautiverio con Mónica hasta que ésta fue sacada de allí violentamente. Seguel, por su parte, fue puesta en ".libertad un sábado, quedando Mónica MORÁN en el lugar (...) en el diario del martes salió que Mónica MORAN había muerto en un enfrentamiento con otras personas más.".

No debe perderse de vista que Dora Seguel la describió como una persona joven, que tenía un trato próximo con los guardias ya que éstos le convidaban cigarrillos, mantenían extensos diálogos con ella y de quien se reían al recordar que en el momento del secuestro tartamudeaba diciendo que era titiritera. Se mencionó también que Mónica conversaba fluidamente con distintas personas entre las que se encontraban Argentina SEGUEL, Susana MUJICA y la propia Dora SEGUEL.

Por otro lado, Gladis Sepúlveda refirió haber reconocido a Mónica Moran por su voz mientras se quejaba por la pérdida de una lente de contacto; recordando, a su vez, que fue la joven titiritera quien le advirtió que estaban en Bahía Blanca. Asimismo, Pedro Daniel Maidana -quien también estuvo detenido en el centro clandestino-, manifestó haber presenciado un interrogatorio en el que participaba "el tío", el que luego de trasladarlo a una habitación en la que había una cama metálica sin colchón, le mostró a una persona a cual se refirió con el nombre Ángela. Luego de esa ocasión en la que Maidana expresó que no conocía a la mujer, fue conducido junto a esta y Argentina Seguel en un vehículo de regreso a "La Escuelita". Luego, cuando lo alojaron en la Unidad Penitenciaria N 9 por comentarios de José Delineo Méndez se enteró que Mónica Morán usaba el nombre Ángela como seudónimo.

En el mismo sentido, la nombrada Seguel habló sobre una detenida llamada Mónica Morán que era maestra y había sido abatida en un enfrentamiento -según lo comunicado por el V Cuerpo de Ejército-. Graciela Ana Kalnisko creyó haber oído el nombre Mónica en "La Escuelita", cuando hablaban dos mujeres como si fueran conocidas, una de las cuales piensa que era maestra.

Nélida Noemí Sifuentes si bien no escuchó sobre Morán cuando estaba en el centro clandestino, afirmó que oyó que una detenida se quejaba porque no le suministraban los remedios necesarios para su tratamiento, la cual supo que había fallecido en un enfrenamiento con el Ejército, a través de una noticia televisiva de la que tomo conociendo cuando estuvo alojada en la cárcel de Bahía Blanca.

Casualmente, este último suceso transcurrió el día 24 de junio de 1976 a la madrugada, luego que Mónica Morán fuera sacada de "La Escuelita" y militares en conjunto con policías bonaerenses rodearan el inmueble sito en la calle Santiago del Estero n 376 de la ciudad de Bahía Blanca, donde apareció muerta por diversos disparos. El personal del Comando V Cuerpo del Ejército pretendió encubrir este evento, alegando que Mónica había participado en un enfrentamiento armado; cabe hacer notar para acreditar lo falso de ello es que no pudo hallarse documentación en la que obrara que ésta había sido liberada para ese entonces.

Al respecto, en un comunicado del comandante de la Sub Zona 51 que fue publicado en los medios de prensa La Nueva Provincia y Río Negro, se refirió al lugar del hecho como una casa operativa del Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.) que funcionaba como apoyo logístico y sanitario. Pero, tanto Salvador Ángel Minoldo -que residía cerca del lugar- como la dueña de la casa Nélida Antonia Peralta de Crivelli, coincidieron en que allí no vivía nadie desde hacía tiempo, lo que llevaría a concluir que aquel enfrentamiento había sido también simulado.

Incluso, Mario Hugo Casali -que era otro vecino del inmueble donde se desarrollaron los hechos- dijo haber sido despertado por disparos de un lugar cercano a su domicilio y que ante su llamado al Comando Radioeléctrico para informar lo sucedido le dijeron que ya estaban al tanto sobre eso. Agregó que cuando volvió el silencio, pudo apreciar que por la puerta lateral del inmueble mencionado que estaba ubicada sobre la calle Santiago del Estero eran trasladados dos o tres cuerpos hasta el interior de un camión del Ejército; a la vez que, por el acceso a la casa de la calle Nicaragua salían de la vivienda con una camilla en la que llevaban a una persona que por sus características parecía ser una mujer.

En el mismo sentido, el vecino Salvador Ángel Minoldo dijo que se despertó una noche de invierno por una explosión muy fuerte y disparos de armas de fuego, agregando que vio gente del Ejército y de la Policía de la Provincia del lugar que provenían los disparos, como así también que al día siguiente "leyó en La Nueva Provincia que en la esquina de Nicaragua y Santiago del Estero, habían sido abatidos cinco o seis guerrilleros; lo cual (.) le llamó la atención porque ni durante la noche, ni al otro día pudo verificar huellas de un tiroteo entre presuntos oponentes y las Fuerzas Armadas y máxime conociendo como conocía que la casa en la que se habría realizado el operativo se hallaba para entonces completamente deshabitada..."

Una nota publicada el día posterior a tales hechos contaba con un comunicado del comandante de la Sub Zona 51 en el que daba cuenta que ".en el día de la fecha, 24 de junio de 1976 (...) fuerzas combinadas del Ejército y de la Unidad Regional Quinta de la Policía provincial, bajo control operacional procedieron a allanar el citado domicilio. Al intentar irrumpir, los ocupantes de la casa ofrecieron una tensa resistencia, obligando a las fuerzas del orden a emplear explosivos y armas de grueso calibre para controlar la situación. Dominada la misma, se comprobó que en dicho enfrentamiento resultaron abatidos cinco delincuentes subversivos (tres de sexo masculino y dos de sexo femenino), capturándose armamento, material y documentación de la organización extremista.".-

El médico Ricardo Florez, realizó un análisis cadavérico externo sobre el cuerpo de Morán mediante el cual estableció que su fallecimiento se debió a una hemorragia aguda; además, explicó que en el domicilio halló sólo un cadáver que no movilizó por "temor a la presencia de un elemento explosivo debajo del mismo, ya que debajo del cuerpo sobresalía un alambre grueso o hierro".

Hubo al menos tres personas que manifestaron haber visto el cadáver de la víctima en el Hospital Militar, donde habría sido trasladado.

Julio Alberto González, se encontraba realizando guardias como soldado en el Hospital de Evacuaciones 181, cuando un día de invierno del mes de julio o agosto del año 1976 a las 06:30 horas de la mañana aproximadamente vio a un compañero de fajina y con armamento haciendo guardia en el baño. Éste le comentó que a la noche había habido un tiroteo y le mostró "el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino (.) que tenía muchas manchas de sangre en el tórax, que tuvo trascendencia pública por los diarios".

Asimismo, José Alberto Morán se dirigió de inmediato al Comando V Cuerpo de Ejército al enterarse de la muerte de Mónica, donde le informaron que había sido trasladada "al Hospital del Comando -malherida quizás-, tanto que le mostraron las manchas de sangre a la entrada misma de dicho nosocomio y que las atribuían a heridas de su hermana". Luego de recibir la información que había sido trasladada a la morgue Hospital Municipal, se dirigió de inmediato a ese lugar, encontrándola "completamente desnuda sobre el mármol con trece impactos de bala en su cuerpo, uno de ellos en la rodilla, otro en la ingle, y todos los demás en el pecho".

Julio Alberto González, un miembro del grupo de Teatro Alianza, refirió que una enfermera del nosocomio había visto el cadáver de Mónica Morán en su lugar de trabajo.

Al realizarse la exhumación del cadáver de Mónica Morán y concretarse los peritajes correspondientes, distintos antropólogos forenses indicaron que ésta habría sido acribillada estando indefensa.

Así, el perito Clyde Collins Snow afirmó que "las lesiones perimorten consisten en por lo menos 13 lesiones de arma de fuego, 12 de las cuales se concentran en el tórax anterior, y la restante en la cara anterior del muslo izquierdo", la "aglomeración de los 13 disparos con la excepción de aquel localizado en el muslo, es más consistente con una serie de disparos efectuados deliberadamente, con buena puntería de lo que a diferencia puede observarse en víctimas de una confrontación armada.". Agregó, que la distribución de disparos en un pequeño radio y no al azar "no corresponden al tipo de lesiones observadas en víctimas de un enfrentamiento armado. Mi opinión sobre las lesiones son consistentes con las de una víctima expuesto al agresor e inmóvil al recibir las lesiones"

Los análisis de los especialistas Darío Olmo, Morris Tidball Binz, Luís B. Fondebrider y Alejandro Inchaurregui -miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense- fueron coincidentes con lo enunciado en el párrafo anterior, al mencionar que "en cuanto a las lesiones observadas, cabe deducir que ellas fueron efectuadas a corta distancia, lo cual explica la aglomeración de las mismas. Asimismo, fueron efectuadas sobre un blanco inmóvil, hecho este que se deduce de la razón misma que lo anterior", indicándose que era "muy poco probable la hipótesis que la víctima haya sido abatida en un enfrentamiento armado", ya que "lo descripto es coincidente con una muerte por homicidio, ocasionada por disparos de arma de fuego, efectuados a una distancia relativamente corta y sobre una víctima inmóvil".

En ese orden de ideas, los médicos Adrián Herbstein y Mariano Castex mencionaron "la no realización en el cadáver, en su primera autopsia, de pruebas para identificar pólvora en las manos de la víctima" y "no haber podido contar para el presente, con el protocolo original de tal autopsia, ya que este último podría arrojar alguna luz sobre las incógnitas que surgen en el momento actual". También sostuvieron que Morán recibió al menos doce impactos, tres de los cuales "han sido efectuados con arma corta, de pequeño o mediano calibre, con proyectil de plomo desnudo y de uso algo insólito en enfrentamientos de tipo militar o paramilitar", relacionando la fractura del brazo izquierdo con una conducta adoptada para inmovilizar a la víctima, que "imposibilitó el uso del brazo por parte de Mónica MORÁN, en el caso de que hubiera participado en un enfrentamiento".

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Jorge Cesar Surkin (testimonio aportado por Ignacio Dardo Aguirre, junto con Angélica Claro de Aguirre y María Rosa Escudero obrante en el legajo CONADEP N 3304; testimonial obrante a fs. 217 de la causa 109(7), caratulada "Subsecretaria de Derecho Humanos s/Denuncia s/ Morán Mónica" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), se encontraba en el teatro "La Ranchería" y presenció el secuestro de la víctima. Fue junto a Dardo AGUIRRE a denunciar el ilícito en la Delegación de la Policía Federal, la Seccional Segunda y el Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; b) María Rosa Escudero, audiencia de fecha 01/11/2011, por la mañana, se encontraba presente en el teatro "La Ranchería" el día que secuestraron a Mónica MORÁN y presenció el operativo realizado para ello; c) Néstor Hernández, audiencia de fecha 02/11/2011, por la mañana, alumno de Mónica Morán en las clases de teatro dictadas en el lugar donde se realizó el secuestro. Tomó conocimiento de circunstancias relativas al operativo militar realizado en Santiago del Estero y Nicaragua; d) José Luís Morán, audiencia de fecha 01/11/2011, por la mañana, hermano de la víctima. Supo de las diligencias realizadas para conocer el paradero de su hermana mientras estuvo desaparecida; e) Gladis Sepúlveda, audiencia de fecha 01/11/2011, por la mañana y compañera de cautiverio de Mónica Morán en el CCD "La Escuelita", a quien pudo reconocer por su nombre y tono de voz, siendo testigo del ingreso, permanencia y retiro violento de la víctima del centro clandestino de detención; f) Pedro Daniel Maidana, audiencia de fecha 01/11/2011, por la mañana, quien compartiera cautiverio con Mónica Morán en el centro clandestino "La Escuelita", persona que le fuera exhibida por los guardias y sometida a su reconocimiento; g) Dora Seguel, audiencia de fecha 01/11/2011, por la mañana, quien compartiera cautiverio con Mónica Morán en el CCD "La Escuelita", quien mencionó su nombre en varias oportunidades, habiendo advertido que el día de su liberación, Morán aún permanecía detenida en el centro clandestino; h) Elida Noemí Sifuentes, audiencia de fecha 15/11/2011, por la mañana, quien estuvo detenida en la "La Escuelita"' durante el mismo período que Morán, advirtiendo la presencia de una persona que mencionó su nombre en una oportunidad en que solicitó medicamentos; i) Graciela Ana Kalnisko, audiencia de fecha 17/04/2012, por la tarde, quien compartiera cautiverio con Mónica MORÁN de quien recuerda su hábito de cantar o la mención de su nombre de pila; j) Julio Alberto González, testimonial obrante a fs. 79/81 de la causa 11/86, caratulada "Causa art. 10, ley 23.049, por hechos acaecidos en Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén bajo control operacional que habría correspondido al V Cuerpo de Ejército" -conf. art. 391. C.P.P.N.-) y quien fuera compañero del grupo de teatro al que pertenecía Mónica Morán y obtuviera información sobre el curso que siguió el cadáver de la víctima hasta su entrega final; k) Juan Pedro Udovich, audiencia de fecha 14/02/2012, por la tarde, era empleado de la empresa de servicios fúnebres "Bonacorsi Hnos." y denunció en el Registro Provincial de las Personas el deceso de Mónica Morán, acompañando el certificado de defunción suscripto por el médico de la policía, Ricardo Flórez; l) Daniel Héctor Allende, audiencia de fecha 27/03/2012, por la tarde, quien en la fecha del homicidio de Mónica Morán se hallaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio, realizando guardia en el Hospital de Evacuaciones 181, oportunidad en que contempló el cadáver de Mónica Morán que había sido trasladado del lugar del hecho; m) Jorge Alberto Bernardi, audiencia de fecha 01/11/2011, por la tarde y quien cumpliera el servicio militar obligatorio en dependencias del Comando V Cuerpo de Ejército, tomando conocimiento de aspectos relevantes relacionados con el paso del cadáver de Mónica Morán por las instalaciones del Hospital de Evacuaciones 181; n) Enrique Salustiano Treffinger, audiencia de fecha 14/02/2012, por la tarde, quien en el año 1987 se desempeñaba en la División Rastros de la Policía Federal, e intervino en la realización de la pericia papiloscópica; ñ) Antonio Ángel Coria, audiencia de fecha 29/11/2011, por la tarde.

A dichos testimonios, se le suma la declaración testimonial de Néstor Hernández del 7 de febrero de 2012, nuevo testigo que se ofreció en el juicio.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 109(07) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia s/Morán, Mónica; b) Expediente N 96 del registro de la Cámara Federal, caratulado: "Denuncia de Gladis Sepúlveda para investigar el fallecimiento de Mónica Morán", que tramitó ante el Juzgado de Instrucción Militar N 91 del Comando del V Cuerpo del Ejército durante el año 1985, agregado sin acumular a la causa N 11/86: Acta de diligencia de compulsa del sumario caratulado "Denuncia anónima atribuida a la ciudadana Alicia Mabel Partnoy s/Presunta existencia de campo de concentración "La Escuelita", en Bahía Blanca" de número P.940109/01, con fecha 17 de octubre de 1985 obrante a fojas 25; copia certificada de la solicitud de entrega del cadáver de Mónica Morán de fs. 26; copia certificada de la foja del libro de entrada y salida de cadáveres del Hospital Municipal en donde consta el ingreso y egreso del cadáver de Mónica Morán de fs. 27 y copia certificada del acta de inspección de la documentación de entrada y salida de cadáveres de la morgue del Hospital Municipal de fs. 28; certificado de defunción de fs. 30; oficio del 21 de octubre de 1985 y contestación del 07 de noviembre de fs. 34 y 40; oficio del 07 de noviembre de 1985 y contestaciones con fecha 11 y 14 de noviembre obrantes a fs. 41 y 92/93; notas periodísticas: "Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca" del diario La Nueva Provincia 25/6/1976, fs. 23. Publicación: "En dos encuentros con fuerzas legales. Diez extremistas fueron abatidos ayer en La Plata y Bahía Blanca", Río Negro, 25/6/1976, fs.85; b) Expediente N 102 (CFBB) caratulado: "MORÁN, Mónica s/Víctima ileg. Lib." c) Legajo CONADEP N 3304; d) Informes periciales obrantes en el expediente N 109(07), caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/Denuncia s/Morán, Mónica", que tramitó ante la CFABB: e) 1. Informe del Perito Antropólogo Forense, Dr. Clyde Collins Snow, de fecha 03 de febrero de 1987, obrante a fs. 170/171, 2. Informe de los doctores Luís B. Fondebrider, Alejandro Inchaurregui, Darío Olmo y Morris Tidball Binz del Equipo Argentino de Antropología Forense, de fecha 03 de febrero de1987, obrante a fojas 173/177, 3. Acta de diligencia pericial, suscripta por el médico legista, Dr. Mariano N. Castex, obrante a fs. 185/86, 4. Informe del médico legista Mariano N. Castex y médico Jorge Adrián Herbstein, del 10 de febrero de 1987, obrante a fs. 207/215, 5. Informe pericial papiloscópico realizado por el jefe de la División Rastros de la Policía Federal, Comisario Daniel Vázquez, y Principal Enrique Salustiano Treffinger, del personal de dicha dependencia, del 23 de febrero de 1987, obrante a fs. 271/276, 6. Informe pericial de los doctores Luís B. Fondebrider, Alejandro Inchaurregui y Morris Tidball Binz del Equipo Argentino de Antropología Forense, del 27 de febrero de 1987 de fs. 277/279, 7. Examen histopatológico del Jefe del Departamento de Anatomohistocitopatología, Dr. Eduardo Abel Pedace, del 03 de marzo de 1987, de fs. 327/334; e) Notas periodísticas obrantes en la causa N 96 del registro de la CFABB: recorte periodístico del diario de Río Negro de fs. 6; publicación del diario La Nueva Provincia de fs. 23; f) Piezas obrantes en la causa N 410/01, caratulada "Incidente de nulidad de las leyes nros. 23492 y 23521; solicitud de revocatoria de procesamientos dictados y citación a prestar de declaración indagatoria planteada por la Dra. Mirtha Mántaras en la causa 11/86": presentación de la Dra. Mirtha Mántaras, de fs. 20; presentación de la Dra. Mirtha Mántaras, por la que adjunta partida de nacimiento de José Luís Morán, a fs. 21/25; presentación de Mántaras acompañando partida de nacimiento de Mónica Morán, a fs. 36/37; presentación como parte querellante de José Luís Morán, a fs. 61/62.- g) Elementos vinculados con la pericia balística N 139/87 de la Policía Federal Argentina, obrantes, en sobre, en la Caja N 8 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, paquete N 2: un proyectil de plomo; un envase material plástico transparente con tapa plástica color blanca; una bolsa de nylon; un trozo de papel madera; h) Placas radiográficas correspondientes a Mónica MORÁN, obrantes, en sobre, en la Caja N 8 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, paquete N 2.

82.- BOMBARA, Daniel José

Daniel José Bombara, el día 29 de diciembre de 1975 a las 06:15 horas aproximadamente en cercanías de calle Santa Cruz y Bravard de esta ciudad, fue secuestrado junto a Laura Manzo y María Emilia Salto los que tenían militancia política y habrían estado al momento de ser detenidos realizando una "volanteada". Fueron reducidos e introducidos al interior de un móvil policial, del cual luego fueron bajados, ocasión en que les vendaron los ojos. A bordo de un vehículo, las víctimas fueron conducidas por sitios que no pudieron reconocer. El secuestro de todos fue ordenado fue ordenado por autoridades militares del Quinto Cuerpo del Ejecito.

El día siguiente al secuestro, el 30 de diciembre de 1975, a las 22.00 horas Bombara fue llevado al destacamento Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en Villa Bordeu y el 1 de enero de 1976 a las 20.00 horas el titular de la Delegación Cuatrerismo, Luís CADIERNO le entregó al oficial principal José Alberto Rodríguez al detenido BOMBARA para que éste prosiga la investigación de hechos considerados "subversivos".

Bombara fue trasladado por Rodríguez en un vehículo policial para reconocer un lugar donde el personal policial sospechaba que en horas nocturnas se realizaban reuniones de la organización Montoneros. Con relación a este traslado, la versión policial dijo que el vehículo con BOMBARA a bordo circuló por la ruta número 229 y al llegar a la altura del kilómetro 6 y medio aproximadamente alrededor de las 21.45 horas, en forma imprevista, BOMBARA abrió la puerta trasera izquierda del rodado y se arrojó sobre el pavimento. Según esta versión, el vehículo era conducido por Rodríguez mientras que otro agente, Maidana, viajaba a la derecha del conductor y un último agente de apellido WOLODASKY viajaba en el asiento trasero lado derecho al lado de Bombara con su manos colocadas delante de su cuerpo y esposadas.

Siguiendo el relato policial, Bombara dio varias vueltas sobre la carpeta asfáltica, se incorporó y salió corriendo hacia una zona descampada. Ante tal circunstancia la comisión policial declaró que procedió a recapturarlo. Según esta versión,Bombara se encontraba con lesiones producto de la caída en la carpeta asfáltica y el propio personal policial hizo constar que no se contaría con testigos presénciales del hecho, pese a lo concurrido del sitio.

BOMBARA, ingresó al Hospital Militar del V Cuerpo de Ejército, con numerosas lesiones, y allí quedó internado, luego derivado desde el Hospital Militar a la Comisaría primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fue examinado por el médico de policía de apellido Florez, quien recomienda el traslado a un centro médico dada la gravedad del cuadro de salud que presentaba BOMBARA. Así las cosas, el día 02 de enero de 1976 fue trasladado desde la Comisaría primera hacia la Unidad Penitenciaria N 4, de donde salió sin vida. Hasta el día de la fecha el cadáver de Bombara no aparece, tampoco sus secuestradores informaron qué destino le dieron al mismo. Sin embargo, existe un acta en la cual el personal policial relata la desaparición de Bombara como consecuencia de una emboscada de desconocidos al automóvil que llevaba el cadáver de la víctima. La versión policial indica que el día 3 de enero de 1976 alrededor de las 2.30 horas, el sargento ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires LONCON, recibió órdenes de trasladarse al Servicio Correccional Unidad N4 de Villa Floreta, lo cual realizó por medio de la ambulancia policial N 79, siendo acompañado por el cabo Jesús Salinas. Al arribar, se le entregó un cadáver, junto con un oficio, copia carbónica donde constaba dicha entrega. Tomaron conocimiento que dicho cadáver pertenecía a Daniel José BOMBARA, el cual debía ser llevado al Hospital Municipal de dicha ciudad. Relatan que circulando por calle Florida, luego de pasar la calle 12 de octubre, el vehículo con el cadáver de BOMBARA a bordo fue interceptado por tres vehículos automotores, de los cuáles descendió un grupo de personas que efectuaron disparos de armas de fuego sobre el móvil con el cadáver de Daniel BOMBARA. El agente LONCON afirmó luego que observó como un grupo de agresores desconocidos se dirigió hacia la parte trasera de la ambulancia y trascurridos cinco minutos los agresores se retiraron en sus respectivos vehículos hacia Avenida Alem: al regresar Loncon y Salinas al vehículo, advirtieron que los desconocidos habían sustraído el cuerpo sin vida de Daniel José BOMBARA además de pintar con pintura roja en aerosol de la ambulancia "Monto", "Montoneros".

Durante el cautiverio de Bombara y las demás personas que lo acompañaban, fueron torturados constantemente y sometidos a violentos castigos.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Andrea Luisa FASANI, audiencia del 30/11/2011, por la tarde, esposa de la víctima con quien convivía en Undíano 461 de Bahía Blanca junto a la hija de ambos. De allí salió BOMBARA la madrugada del día en que resulta detenido y posteriormente muerto y desaparecido su cuerpo; b) Paula BOMBARA, audiencia del 30/08/2011, por la tarde, hija de la víctima la que da cuenta de las circunstancias posteriores a la muerte y desaparición de su padre; c) María Emilia SALTO, audiencia del 06/09/2011, por la mañana quien fue detenida junto a Daniel BOMBARA y Laura MANZO en calle Santa Cruz y Bravard de Bahía Blanca por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata que operaba en Bahía Blanca y fueron llevados en un patrullero del que los bajaron vendados. Menciona el traslado por distintos lugares, donde fueron torturados. Oyó las torturas aplicadas a BOMBARA; d) Enrique Antonio GARCÍA MEDINA, audiencia del 31/08/2011, por la mañana, al momento de los hechos se desempeñaba como médico psiquiatra de la Unidad Carcelaria N 4 y supo de las malas condiciones en las que ingresó a la cárcel BOMBARA; e) Héctor Omar CASTELLUCCI, audiencia del 31/08/2011, por la mañana, quien comunicó de parte de LONCON a la Unidad Regional 5ta lo ocurrido, en razón de haber pasado ocasionalmente por el lugar momentos posteriores al hecho; f) Salvador Roberto CHIARAMONTE, audiencia del 07/09/2011, por la mañana, quien se domiciliaba en inmediaciones del lugar donde se produjo el robo del cadáver de BOMBARA a los efectivos policiales que lo trasladaban actuando como testigo del procedimiento posterior.

También han sido acreditados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 8520 del Juzgado en lo Penal n 3 Sec. n 5 (Expediente 242 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) caratulado "BOMBARA Daniel José Su tentativa de Evasión y posterior muerte en Bahía Blanca"; b) Expediente 203 del Juzgado en lo Penal N 3, agregado a la causa 8520 (N 242 del registro de CFABB) caratulado "Antecedentes relacionados a la causa Daniel José Bombara - Su Evasión en Bahía Blanca"; c) Decreto del P.E.N. N 3/76 en virtud del cual se dispuso el arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de Daniel José BOMBARA, y Decreto N 2392/78 por el cual se lo excluye por fallecimiento, acompañados en copia certificada; d) Legajo REDEFA 100; e) Declaración indagatoria prestada por Laura MANZO, fallecida conforme surge del acta de defunción de fs. 12.722 de la causa 05/07. Su declaración obra a fs. 98 del Expediente 29 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulada "PAPINI René y ROJAS Bruno s/homicidio - inf. Art. 189 C.P."; f) Legajo 106 de la documentación de la Unidad Carcelaria N 4 correspondiente a Laura MANZO y María Emilia SALTO, obrantes en las cajas de prueba 13 y 14 conf. Cuerpo 1 causa 05/07, g) Informes producidos por el Área Sanitaria IX de la Unidad Penitenciaria 4, de fecha 30 de noviembre de 2009 y 16 de abril de 2010; y h) Presentación como parte querellante de Paula BOMBARA, obrante a fs. 83/84 de la causa 05/07/04 del Juzgado Federal n 1 caratulada "Querellantes".

83.-BOSSI, Néstor Alejandro y 84.- TRAVERSO de BOSSI, Susana Elba

Néstor Alejandro Bossi fue secuestrado por un grupo de personas fuertemente armado que se movilizaban en dos vehículos por en la ciudad de Bahía Blanca el día 03 de junio de 1977 cuando circulaba por la Plaza Rivadavia con su vehículo Citroen -tipo furgoneta modelo 1970, color gris y patente C 197.672- en compañía de Francisco Valentín. Bossi fue introducido por sus captores en uno de los vehículos que estos utilizaban, quienes le taparon la cara con un saco y lo tiraron al piso del automóvil; así, junto a Valentín fue trasladado a "La Escuelita", donde se lo torturó. También fue visto en el centro clandestino de detención "La Casita" en La Plata y finalmente fue desaparecido.

Horas más tarde, Susana Elba Traverso de Bossi se encontraba en su domicilio particular ubicado en Humboldt N 1980 de Bahía Blanca el día 03 de junio de 1977, cuando fue secuestrada por un grupo de personas fuertemente armados que se movilizaba en varias camionetas, los que también robaron todos los muebles de la casa, llevándose además a la hija del matrimonio, Maria Susana Bossi de 16 meses de vida, la que luego fue abandonada en el acceso al Pequeño Cotolengo, sito en calle Haití N 1930 de esta ciudad.

Maria Susana Bossi estuvo en esa institución hasta el día 06 del mismo mes, oportunidad en que previa intervención judicial fue retirada por el Señor Tomás Mario Laurito y padrastro de Susana Elba Traverso de Bossi.-

Susana Elba Traverso de Bossi, luego del secuestro fue vista en el Centro Clandestino de Detención "La Casita" de La Plata, y al igual que su esposo permanece desaparecida.-

Prueba sobre Bossi:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración de Luís VELASCO, ( testimonial en la causa N 2017/SU que tramitó ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, audiencia de día 1 de marzo de 2000, y declaración en la causa N 2506/07 -registro interno - caratulada: "VON WERNICH, Christian Federico s/ infracción artículos 144 bis, inciso 1, agravado por el último párrafo, 142, incisos 1, 2 y 5, 144 ter, segundo párrafo y 80, incisos 2, 6 y 7 del Código Penal", audiencia del 27 de agosto de 2007 -imposibilitado para declarar-), quien fuera secuestrado en la ciudad de La Plata, el 6 de julio de 1977, cautivo en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de aquella ciudad, en donde compartió el cautiverio con Néstor BOSSI y con Susana TRAVERSO.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 248/77 que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (Expediente 168 del registro de la CFABB), caratulado "VALENTINI, Francisco s/ recurso de Hábeas Corpus s/ por Ida V. de VALENTINI"; b) Expediente N 280 del registro de la CFABB, caratulada: "BOSSI, Néstor Alejandro y TRAVERSO, Susana Elba, víctimas de la Privación Ilegítima de la Libertad"; c) Expediente N 292/77 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (N 160 del registro de la CFABB) caratulado: "TRAVERSO, Susana ELBA y BOSSI, Néstor Alejandro S/ Recurso de Hábeas Corpus s/ por Tomás Darío LAURITO"; d) Expediente N 346/77 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (Expediente N 162 del registro de la CFABB) caratulado "TRAVERSO, Susana Elba s/ recurso de Hábeas Corpus s/ por María Elena VALENZUELA de LAURITO".

Prueba sobre Traverso de Bossi:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: declaración de Luís Arístides TRAVERSO, audiencia del 07/12/2011, por la mañana, familiar de la víctima que interpuso un recurso de hábeas corpus en favor de Susana TRAVERSO ante el Juzgado Criminal de Instrucción N 3 de Capital Federal; b) María Susana BOSSI, audiencia del 07/12/2011, por la mañana, hija de la víctima y de Néstor BOSSI quien se encontraba con su madre al momento de efectuarse el operativo de secuestro siendo también secuestrada junta a ella y abandonada en la obra del "Pequeño Cotolengo" de Bahía Blanca.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente n 280 del registro de la CFABB, caratulada "BOSSI, Néstor Alejandro y TRAVERSO, Susana Elba, víctimas de la Privación Ilegítima de la Libertad": testimonios y documentación aportados ante la CONADEP; b) Expediente n 292/77 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (n 160 del registro de la CFABB) caratulado "TRAVERSO, Susana ELBA y BOSSI, Néstor Alejandro S/ Recurso de Hábeas Corpus s/ por Tomás Darío LAURITO"; c) Expediente n 346/77 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (Expediente 162 del registro de la CFABB) caratulado "TRAVERSO, Susana Elba s/ recurso de Hábeas Corpus s/ por María Elena VALENZUELA de LAURITO".

85.- SOTUYO, Luís Alberto

Luís Alberto SOTUYO se encontraba en su domicilio de la calle San Lorenzo 740 de la ciudad de Bahía Blanca, cuando el día 14 de agosto de 1976, personal militar del Comando V Cuerpo de Ejército irrumpió en el domicilio citado, secuestró al matrimonio y a Roberto LORENZO, un joven oriundo de Necochea que tenía una relación laboral y de amistad con Luís Alberto. Parte del personal militar que llevo a cabo el operativo formaba parte de la Agrupación Tropas, organizada en el departamento III "Operaciones" del Comando V Cuerpo de Ejército y al mando del Mayor Emilio IBARRA, los que luego del cercamiento de la zona aledaña al domicilio irrumpieron por la fuerza, y secuestraron las personas que encontraron para luego trasladarlas, en un vehículo marca Peugeot, y la mujer en un automóvil Fiat, al Centro Clandestino al que los secuestrados ingresaban ya reducidos para ser interrogados acerca de sus vidas y sus actividades políticas. Los tres jóvenes fueron llevados a "La Escuelita" de Bahía Blanca.

El domicilio una vez finalizado el operativo, se mantuvo ocupada por personal militar por dos semanas, siendo las pertenencias de la familia SOTUYO robadas por sus captores.

De modo paralelo a la captura de Luís Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo y Roberto Lorenzo, el día 15 de agosto del año 1976 el diario La Nueva Provincia publicó la nota "Abatieron en nuestra ciudad a 3 sediciosos", en donde se transcribió el comunicado del V Cuerpo del Ejercito según el cual: ... ante denuncias formuladas por la población sobre movimientos sospechosos que se observaban en la vivienda ubicada en la calle San Lorenzo 740 de esta ciudad en la madrugada del día de hoy, 14 de agosto de 1976, siendo aproximadamente la 00:30 efectivos del Ejército y de la Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo control operacional, efectuaron un procedimiento en la finca mencionada. Al iniciarse la operación tres delincuentes subversivos pretendieron huir por los fondos de la casa, cubriendo su repliegue haciendo fuego con armas de grueso calibre. Los efectivos legales repelieron la agresión y como consecuencia del enfrentamiento, fueron abatidos tres delincuentes subversivos, dos hombres y una mujer, cuya identificación se procura establecer."

Con respecto a los datos publicados por el diario La Nueva Provincia, la falsedad del comunicado, como así también de la publicación fueron asumidos por el mismo Adel Edgardo Vilas quien catalogó la noticia en una actividad "estrictamente operacional" prescripta por el "Reglamento de Operaciones Psicológicas". Vilas asimismo manifestó que la "confección del texto del comunicado oficial no se ajustó a la realidad de una parte de los hechos (...) dado que el operativo en cuestión había fracasado parcialmente, puesto que al llegar los presuntos ocupantes habían huido, no produciéndose por tal causa enfrentamiento, ni detenciones, ni muertos, aunque sí hubo algunos disparos al ingresar a una habitación, pero ello fue con objeto intimidatorio por sombras, que luego se comprobó eran de algunos elementos colgados". En dichas declaraciones, también admitió el robo de pertenencias de las víctimas y la custodia a la que fue sometida la vivienda del matrimonio Sotuyo, la que luego de finalizado el operativo "personal militar del Comando V Cuerpo de Ejército, quedó a cargo de la casa de la calle San Lorenzo que era donde funcionaba el frente territorial de la banda de delincuentes terroristas denominados Montoneros (.) la custodia quedó por un plazo de dos meses, estimándose que ese era el plazo prudencial para que el propietario tomara posesión de la casa nuevamente (.) los pocos muebles existentes, muy deteriorados y de casi ningún valor, fueron depositados en el Comando del V Cuerpo de Ejército, hasta tanto determinase quiénes eran los propietarios".

Junto a la declaración de VILAS, se presentan otras pruebas que, en su conjunto, refutan el contenido del comunicado y demuestran la concreción del secuestro, encierro y posterior asesinato del matrimonio.

María Cristina PEDERSEN compartió cautiverio con la pareja Sotuyo en el Centro Clandestino de detención que funcionó en terrenos del V Cuerpo de Ejército y otro de los detenidos en "La Escuelita" que sobrevivió para testimoniar lo que ocurrió mientras estuvo cautivo, aportó datos sobre la forma en que fueron asesinados.

Juan Carlos MONGE, declaró luego de haber sido liberado y viviendo en Bélgica, que María Eugenia FLORES RIQUELME le comentó que cuando se encontraba en el Centro de Detención Clandestino, pudo escuchar que un guardia decía que JUNQUERA, GONZÁLEZ, SOTUYO y una chica apodada "Cortita", habían sido arrojados al mar desde un avión.

El conscripto Norberto CEVEDIO, oyó cuando el Sargento Primero NIEVAS afirmaba que "había limpiado" a SOTUYO y por ese motivo quería evitar ser visto por los familiares de la pareja que concurrían al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su paradero.

Por otro lado, conforme los informes dados por las municipalidades de Bahía Blanca, Villarino, Pringles, Tornquist y Saldungaray, no hay registros que prueben la inhumación de los cuerpos de las 3 víctimas que habrían sido asesinados el 14 de agosto de 1976, en la finca ubicada en San Lorenzo 740.

Dante Inocencio VEGA, capellán, quien recibió en la capilla del Comando V Cuerpo de Ejército a familiares de las víctimas -Dora ZUBIRI de MERCERO y Mercedes PRIETO de SOTUYO-les expresó que existía un lugar llamado "La Escuelita" y que allí estaban detenidos los jóvenes.

Todo lo anterior, dio lugar a múltiples averiguaciones por parte de los padres de Dora Rita MERCERO y Luís Alberto SOTUYO y todos los recursos de habeas corpus presentados fueron rechazados por la Justicia Federal de Bahía Blanca y también resultaron infructuosas las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia, instituciones religiosas, dependencias militares y policiales.

Al día de hoy los cadáveres de Dora Rita MERCERO de SOTUYO y de Luís Alberto SOTUYO no aparecen. En las últimas noticias que de ellos se tuvo, como se describió, ambos permanecían secuestrados y recluidos en el centro clandestino "La Escuelita", luego su muerte repercutió en diferentes ámbitos, inclusive en comentarios de quienes fueron sus compañeros de cautiverio, pero sus cuerpos sin vida no fueron entregados, ni se brindó información acerca del destino que sus victimarios le dieron tras quitarles las vidas.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Juan Carlos SOTUYO, audiencia de fecha 12/10/2011, por la tarde, hermano de la víctima, quien también fue secuestrado y recluido en el centro clandestino "La Escuelita" meses antes que se produjera el secuestro y desaparición de su hermano y cuñada. Realizó diversas gestiones con el fin de obtener información sobre el paradero de la víctima; b) Luís SOTUYO -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (Conf. presentación de fs. 1/2 de la causa N 223 del registro de la CFABB caratulado "SOTUYO Luís interpone: recurso de habeas corpus a favor de: Luís Alberto Sotuyo y Dora Rita Mercero de Sotuyo en Bahía Blanca")

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Legajo CONADEP 1360; b) Causa N 29 caratulada: "Zubiri de Mercero, Dora s/Denuncia presunta privación de la libertad" (Causa N 88 CFBB);c) Causa N 88 (89) caratulado: "Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas s/ ZUBIRI de MERCERO, Dora Angélica s/Denuncia presunta privación ilegítima de la libertad"; d) Declaración testimonial de Mercedes PRIETO de SOTUYO (fs.25/vta., causa N 29 JFN1 -c.88 CFABB-).

86.- MERCERO de SOTUYO, Dora Rita

Dora Rita MERCERO se encontraba en su domicilio de la calle San Lorenzo 740 de la ciudad de Bahía Blanca, cuando el día 14 de agosto de ese 1976, personal militar del Comando V Cuerpo de Ejército irrumpió en el domicilio citado, secuestró al matrimonio y a Roberto LORENZO, un joven oriundo de Necochea que tenía una relación laboral y de amistad con Luís Alberto. Parte del personal militar que llevo a cabo el operativo formaba parte de la Agrupación Tropas, organizada en el departamento III "Operaciones" del Comando V Cuerpo de Ejército y al mando del Mayor Emilio IBARRA, los que luego del cercamiento de la zona aledaña al domicilio, irrumpieron al mismo por la fuerza, y secuestraron las personas que encontraron para luego trasladarlas, en un vehículo marca Peugeot y la mujer a un automóvil Fiat, al centro clandestino al que los secuestrados ingresaban ya reducidos para ser interrogados acerca de sus vidas y sus actividades políticas. Los tres jóvenes fueron llevados a "La Escuelita" de Bahía Blanca.

El domicilio una vez finalizado el operativo se mantuvo ocupada por personal militar por 2 semnas y todas las pertenencias de la familia SOTUYO fueron robadas por sus captores.

De modo paralelo a la captura de Luís Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo y Roberto Lorenzo el día 15 de agosto del año 1976, el diario La Nueva Provincia publicó la nota "Abatieron en nuestra ciudad a 3 sediciosos", en donde se transcribió el comunicado del V Cuerpo del Ejercito según el cual: . ante denuncias formuladas por la población sobre movimientos sospechosos que se observaban en la vivienda ubicada en la calle San Lorenzo 740 de esta ciudad en la madrugada del día de hoy, 14 de agosto de 1976, siendo aproximadamente la 00:30 efectivos del Ejército y de la Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo control operacional, efectuaron un procedimiento en la finca mencionada. Al iniciarse la operación tres delincuentes subversivos pretendieron huir por los fondos de la casa, cubriendo su repliegue haciendo fuego con armas de grueso calibre siendo repelida la agresión por los efectivos legales y como consecuencia del enfrentamiento, fueron abatidos tres delincuentes subversivos, dos hombres y una mujer, cuya identificación se procura establecer..."

Con respecto a los datos publicados por el diario La Nueva Provincia, la falsedad del comunicado como así también de la publicación fueron asumidos por el mismo Abdel Edgardo Vilas quien catalogó la noticia en una actividad "estrictamente operacional" prescripta por el "Reglamento de Operaciones Psicológicas". Vilas asimismo manifestó que la "confección del texto del comunicado oficial no se ajustó a la realidad de una parte de los hechos (...) dado que el operativo en cuestión había fracasado parcialmente puesto que al llegar al lugar, los presuntos ocupantes habían huido, no produciéndose por tal causa enfrentamiento, ni detenciones, ni muertos, aunque sí hubo algunos disparos al ingresar a una habitación, pero ello fue con objeto intimidatorio por sombras, que luego se comprobó eran de algunos elementos colgados". En dichas declaraciones también admitió el robo de pertenencias de las víctimas y la custodia a la que fue sometida la vivienda del matrimonio Sotuyo, la que una vez finalizado el operativo "personal militar de la del Comando V Cuerpo de Ejército, quedó a cargo de la casa de la calle San Lorenzo que era donde funcionaba el frente territorial de la banda de delincuentes terroristas denominados Montoneros (.) la custodia quedó por un plazo de dos meses, estimándose que ese era el plazo prudencial para que el propietario tomara posesión de la casa nuevamente (.) los pocos muebles existentes, muy deteriorados y de casi ningún valor, fueron depositados en el Comando del V Cuerpo de Ejército, hasta tanto determinase quiénes eran los propietarios".

Junto a la declaración de VILAS, se presentan otras pruebas que, en su conjunto, refutan el contenido del comunicado y demuestran la concreción del secuestro, encierro y posterior asesinato del matrimonio.

María Cristina PEDERSEN, compartió cautiverio con la pareja Sotuyo en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en terrenos del V Cuerpo de Ejército y otro de los detenidos en "La Escuelita" que sobrevivió para testimoniar lo que ocurrió mientras estuvo cautivo, aportó datos sobre la forma en que fueron asesinados.

Juan Carlos MONGE, declaró luego de haber sido liberado y viviendo en Bélgica, que María Eugenia FLORES RIQUELME le comentó que cuando estaba secuestrada en el centro de detención clandestina, pudo escuchar que un guardia decía que JUNQUERA, GONZÁLEZ, SOTUYO y una chica apodada "Cortita" habían sido arrojados al mar desde un avión.

El conscripto Norberto CEVEDIO, oyó cuando el Sargento Primero NIEVAS afirmaba que "había limpiado" a SOTUYO y por ese motivo quería evitar ser visto por los familiares de la pareja que concurrían al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su paradero.

Por otro lado, conforme los informes dados por las municipalidades de Bahía Blanca, Villarino, Pringles, Tornquist y Saldungaray, no hay registros que prueben la inhumación de los cuerpos de las 3 víctimas asesinadas el 14 de agosto de 1976, en la finca ubicada en San Lorenzo N 740.

Dante Inocencio VEGA, capellán, quien recibió en la capilla del Comando V Cuerpo de Ejército a familiares de las víctimas -Dora ZUBIRI de MERCERO y Mercedes PRIETO de SOTUYO-y les expresó que existía un lugar llamado "La Escuelita" y que allí estaban detenidos los jóvenes.

Todo lo anterior, dio lugar a múltiples averiguaciones por parte de los padres de Dora Rita MERCERO y Luís Alberto SOTUYO; todos los recursos de habeas corpus presentados fueron rechazados por la Justicia Federal de Bahía Blanca y también resultaron infructuosas las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia, instituciones religiosas, dependencias militares y policiales.

Al día de hoy, los cadáveres de Dora Rita MERCERO de SOTUYO y de Luís Alberto SOTUYO no aparecen. En las últimas noticias que de ellos se tuvo, ambos permanecían secuestrados y recluidos en el centro clandestino "La Escuelita", luego su muerte repercutió en diferentes ámbitos, inclusive en comentarios de quienes fueron sus compañeros de cautiverio, pero sus cuerpos sin vida no fueron entregados, ni se brindó información acerca del destino que sus victimarios le dieron tras quitarles las vidas.

Prueba: ver declaraciones testimoniales de MARÍA EUGENIA RIQUELME del 27/03/2012 por la tarde y de Juan Carlos MONGE del 25/10/2011 por la mañana.-

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Dora Angélica ZUBIRI ABEL -cfr. art. 391 C.P.P.N. (declaraciones y presentaciones de fs. 36, 152, 213/214, 257/258 y 274 de la causa n 88 del registro de la CFABB caratulada "ZUBIRI DE MERCERO, Dora Angélica s/ Dcia. Presunta privación ilegítima de la libertad"); b) Clara TRUJILLO, audiencia de fecha 12/10/2011, por la tarde, vecina del domicilio de San Lorenzo 740, quien de regreso a su casa encontró en inmediaciones un operativo militar que le impedía llegar a su vivienda, donde se encontraban sus hijos solos. Fue autorizada a pasar y vio el despliegue militar y que estaban armados. Fue interrogada acerca del matrimonio que vivía en San Lorenzo 740, y advirtió la presencia de personal militar dentro de la casa durante alrededor de 15 días posteriores al operativo; c) José Antonio ALOISI, audiencia de fecha 12/10/2011, por la tarde, cuñado de la víctima, realizó y acompañó a los padres de Dora Rita en diversas gestiones ante autoridades militares y eclesiásticas con el fin de conocer el paradero de la misma; d) Dante Inocencia VEGA -cfr. art. 391 C.P.P.N.-(declaración de fs. 54/55 y 373 de la causa N 88 del registro de la CFABB caratulada "ZUBIRI DE MERCERO, Dora Angélica s/ Dcia. Presunta privación ilegítima de la libertad"), sacerdote que se desempeñaba como Capellán del V Cuerpo de Ejército al tiempo de los hechos, quien recibió en algunas oportunidades a familiares de la víctima.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 88 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulado "ZUBIRI DE MERCERO, Dora Angélica s/ Dcia. Presunta privación ilegítima de la libertad", al que se encuentran agregados los siguientes; b) Expediente 753 del Juzgado Federal de 1 instancia de Bahía Blanca caratulado "SOTUYO Dora Rita MERCERO de s/ recurso de habeas corpus solicitado por su madre Dora Angélica Zubiri Vda. De Mercero"; c) Expediente 754 del Juzgado Federal de 1 instancia de Bahía Blanca caratulado "SOTUYO Luís Alberto s/ recurso de habeas corpus solicitado por su padre Luís L. SOTUYO"; d) Expediente n 51.447 del Juzgado en lo Penal N 2 Sec. 3 (Expediente 223 del registro de la CFABB) caratulado "SOTUYO Luís interpone: recurso de habeas corpus a favor de Luís Alberto Sotuyo y Dora Rita Mercero de Sotuyo"; e) Expediente N 26 del Juzgado Federal de 1 instancia de Bahía Blanca caratulado "Mercero de Sotuyo Dora Rita s/ Recurso de Habeas Corpus"; f) Expediente N 217 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulado "SOTUYO Luís Alberto s/ recurso de habeas corpus solicitado por Luís Sotuyo"; g) Expediente N 218 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulado "SOTUYO Dora Rita MERCERO DE s/ Recurso de habeas corpus solicitado por Dora Zubiri Vda. De Mercero"; h) Expediente N 455 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulado "LORENZO Roberto Adolfo s/ recurso de habeas corpus"; i) Expediente N 49.378 del registro de la CFABB caratulado "Consejo Supremo De Las Fuerzas Armadas S/ Informe Recepción Causa "Zubiri De Mercero Dora Angélica s/Dcia. Presunta privación ilegítima de la libertad" - Expediente N 29 - L. 12 - F- 40"; j) Expediente n 49.598 del registro de la CFABB caratulado "Consejo Supremo De Las Fuerzas Armadas S/ Informe En La Causa: "Zubiri De Mercero Dora Angélica s/ Denuncia Presunta Privación Ilegítima de la Libertad (Expediente N 29); k) Expediente 50.143 del registro de la CFABB caratulado "Consejo Suprema De Las Fuerzas Armadas en causa "ZUBIRI DE MERCERO Dora Angélica s/ Denuncia presunta privación ilegítima de la libertad (CFABB 49.598) s/ Ampliación de plazo para dictar sentencia"; l) Expediente 109(2) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaria De Derechos Humanos S/ Denuncia S/ SOTUYO, Luís Alberto y MERCERO de SOTUYO, Rita"; m) Expediente n 114 del registro de la CFABB caratulado "SOTUYO Luís Alberto MERCERO de SOTUYO Dora Víctimas de Priv. Ileg. Lib."; n) Legajo CONADEP 1359.

87.- GONZÁLEZ, María Eugenia y 88.- JUNQUERA, Néstor Oscar

María Eugenia González y Néstor Oscar Junquera el día 9 de noviembre de 1976 estaban en su domicilio sito en Paunero N 629 de la ciudad de Bahía Blanca, cuando un grupo de sujetos armados vestidos de civil ingresaron a su casa y mientras eran vistos por vecinos del lugar secuestraron a la pareja. En dicha ocasión, los hijos del matrimonio fueron entregados al vecino Berlato, quien se acercó preguntando por el destino de éstos últimos. A su vez, los captores le dijeron a ese vecino que pertenecían a la Policía Federal y le dieron el número de una Brigada de Investigaciones y efectuado el llamado pertinente, afirmaron no contar con información sobre el paradero de Junquera y González.

Al día siguiente del secuestro, el padre de una de las víctimas Armando Junquera, concurrió al sitio allanado y dio cuenta que dicho inmueble había sido totalmente saqueado. Algunos vecinos le expresaron que el día del secuestro por la tarde determinadas personas se habían llevado varios elementos del interior de la morada en una camioneta color verde, tipo Fiat, modelo 1500.

Ambas víctimas fueron vistas en "La Escuelita". Juan Carlos Monge, que estuvo privado de su libertad entre el día 1 de noviembre y el 24 de diciembre de de 1976, contó que en una ocasión que lo trasladaron a la sala de torturas y le sacaron la "capucha" para que reconociera a una persona a la que estaban torturando, resultó ser Néstor Junquera quedando luego inconsciente por los castigos a los que lo sometieron. Paralelamente, María Eugenia González también era torturada en otra de las dependencias del centro clandestino de detención y sobre ella una persona que entró a la habitación donde estaban Monge y Néstor les dijo, "a la mujer de éste hay que traerle un médico porque sino se nos muere". Además, Monge dijo que María Eugenia Flores Riquelme le comentó que cuando ella se encontraba secuestrada en ese centro clandestino, pudo escuchar cómo un guardia comentó que a Junquera y su esposa González los habían tirado al mar desde un avión junto con Sotuyo y una chica apodada "cortita".

Por otra parte, la madre de Patricia Chabat (quien estuvo detenida en "La Escuelita") de apellido Lundqvist, dijo saber que a los que eran "trasladados" les daban una pastilla somnífera, pero que a Junquera y González no se las dieron y al ser sacados del centro clandestino se despidieron a los gritos pues predecían su muerte. A su vez, Chabat relató que durante su cautiverio supo de personas que habían pasado por dicho centro clandestino de detención, mencionando a Néstor Junquera y a su esposa María Eugenia González y agregó luego que con ellos dos fueron sacados la misma noche una chica jovencita y un muchacho que cree que era militante del P.S.T.

A los fines de dar con el paradero de su hijo y su nuera Armando Junquera interpuso una habeas corpus en sede judicial, el cual no arrojó resultados favorables sino respuestas negativas de conocer información al respecto, por parte de las autoridades de las fuerzas de seguridad que fueron consultadas y transcurridos alrededor de siete meses desde el secuestro, Armando fue citado a prestar declaración testimonial en cuya oportunidad manifestó que había realizado múltiples gestiones ante distintas autoridades e inclusive mencionó que concurrió al V Cuerpo de Ejército pero no pudo conseguir información sobre las desapariciones de las víctimas y cuyos cuerpos todavía no fueron encontrados.

Asimismo, habría sido cerrada la causa que había iniciado el padre de Junquera para que se investigara la privación ilegítima de libertad de su hijo.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Oscar Roberto BERLATO (declaración testimonial de fs. 162/164vta del Expediente N 86(9) de la CFABB caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (GONZÁLEZ María Eugenia -JUNQUERA Néstor Oscar"; fs. 5 de la causa N 51008 del Juzgado en lo Penal n 1 (Expediente 255 del registro de la CFABB) caratulada "JUNQUERA Néstor Oscar, GONZÁLEZ de J. María Eugenia víctima de privación ilegítima de la libertad", agregada a la causa 86(9) -conf. art. 391. C.P.P.N.-), vecino del matrimonio GONZÁLEZ - JUNQUERA, fue testigo presencial del secuestro; un integrante del operativo le manifestó pertenecer a la Policía Federal y le dio un N telefónico que resultó ser de la Brigada de Investigaciones. En los días posteriores, fue testigo de la presencia de personas en la casa allanada, quienes retiraban pertenencias e indicaron que no se podía ingresar. Retiró a los hijos del matrimonio de la casa donde habían sido dejados; b) Francisco Ángel PURRETA -cfr. art. 391 C.P.P.N.- (declaración testimonial de fs. 165 de la causa 86(9) caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (GONZÁLEZ María Eugenia - JUNQUERA Néstor Oscar"), vecino del matrimonio GONZÁLEZ - JUNQUERA, testigo del operativo integrado por personas de civil fuertemente armadas. Testigo presencial del momento en que el matrimonio es sacado con vida de la casa y subidos a un auto; c) Horacio Alberto GONZÁLEZ, audiencia de fecha 26/10/2011, por la tarde, hermano de la víctima, participó en las circunstancias posteriores al secuestro de la víctima; d) Anahí JUNQUERA, audiencia de fecha 28/09/2011, por la mañana, hija de la víctima. Testigo presencial del operativo de secuestro, fue abandonada junto a su hermano por los integrantes del operativo. Participó de gestiones tendientes a conocer el paradero de sus padres; Mauricio Néstor JUNQUERA, audiencia de fecha 26/10/2011, por la tarde, hijo de la víctima. Testigo presencial del operativo de secuestro, fue abandonada junto a su hermano por los integrantes del operativo y participó de gestiones tendientes a conocer el paradero de sus padres.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 51008 del Juzgado en lo Penal N 1 Sec. 1 (Expediente n 255 del registro de la CFABB) caratulado "JUNQUERA Néstor Oscar - GONZÁLEZ de J. María Eugenia víctimas de privación ilegítima de la libertad", agregado al 86(9) del registro de la CFABB); b) Expediente 86(9) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia (González María Eugenia - JUNQUERA Néstor Oscar)": Presentación de fs.1/2; notas de fs.3/4, 6, 7, 8, respuestas de fs.9, 10; presentación como particular damnificado de fs.144/146; vistas fotográficas e informe de fs.147/150; dictamen fiscal de fs.157; resolución de fs. 158; acta de fs. 168; informe arqueológico de fs. 175/177; c) Expediente 109(12) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (GONZÁLEZ María Eugenia)"; d) Expediente 968/76 del Juzgado Federal de 1 instancia caratulado "Junquera Néstor Y González de Junquera María Eugenia s/ Recurso de Habeas Corpus solicitado por Armando Junquera" que obra agregado a la causa 109(12) del registro de la CFABB caratulado "Subsecretaría De Derechos Humanos S/ Denuncia S/ González De Junquera María Eugenia"; e) Legajo CONADEP 1434 ; f) Legajo CONADEP 1435.

89.- Hijo de Alicia ROMERO de METZ nacido en cautiverio.

El hijo de Graciela ROMERO y Raúl Eugenio METZ, nació entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril de 1977 en una casilla rodante que se encontraba ubicada en el patio del centro clandestino de detención "La Escuelita".

La madre fue secuestrada estando embarazada de cinco meses y trasladada a Neuquén, no obstante ello, durante el viaje la golpearon y torturaron aplicándole electricidad en su vientre con una picana. En "La Escuelita" y faltando poco para dar a luz, fue revisada por un enfermero o médico que recomendó que la dejaran caminar para que el parto fuera más fácil y se mencionó que esta persona concurría seguido a revisarla.

El día 16 de abril de 1977, entre las 22 y 24 horas, hubo una gran movilización en "La Escuelita"; los guardias le pidieron a Alicia Partnoy que lavara una fuente plástica cuadrada de grandes dimensiones mientras calentaban agua. En dicha ocasión, pudo averiguar que Graciela tenía contracciones y que el recipiente que tenía en sus manos era para bañar al bebé. Por tal motivo, solicitó acompañar a Romero de Metz, pero se lo permitieron y dio cuenta de que ésta no recibió asistencia médica porque fue atendida por los guardias. Lavayén, que era uno de ellos, le expresó que colaboró en el parto, porque era del campo y había participado en otros nacimientos y en este sentido, varios guardias le confirmaron que el bebé era varón y que había nacido bien.

Luego del evento, Partnoy se encontró con Graciela en el baño y le preguntó por el bebé, ella le comentó estaba bien y se encontraban ambos en la casilla rodante. Allí permaneció hasta el 22 o 23 de abril de 1977, cuando fue retirada de "La Escuelita" y nunca hubo más rastros de ella.

Alicia dijo que insistió bastante para saber sobre el bebé y que debido a ello, le comentaron que uno de los interrogadores se lo había llevado.

Zulma Izurieta logró hacerle saber a Alicia el lugar donde quedaba su hogar y le indicó que allí también vivía una señora mayor con su hijo que era militar, el cual ella creía que era uno de los interrogadores de "La Escuelita" por su voz y porque dicha persona aparentaba conocerla. Éste sujeto, en alguna ocasión le dijo que quería adoptar un niño porque no tenía hijos. Por otro lado, refirió que se comentaba que el que se llevaría al niño ya había comenzado a comprarle ropa.

El día 20 de diciembre de 1976, Oscar Raúl Metz denunció ante el Departamento Judicial de la Jefatura de Policía - Departamento Confluencia de la Provincia de Neuquén el secuestro de su hijo y de su nuera Graciela Alicia Romero, que para ese entonces no estaba embarazada y que había ocurrido 4 días antes.

Por otra parte, el 17 de febrero de 1977 se le hizo saber al juez federal de Neuquén que se ignoraba el paradero de los nombrados. Cabe destacar, que el día 1 de abril de 1977 mientras Graciela continuaba detenida en "La Escuelita" y a pocos días de dar a luz, se solicitó a las distintas fuerzas de seguridad que informaran si tenía registros la detención de Raúl Eugenio Metz sin que se hiciera mención a Romero de Metz, causa judicial pertinente que habría sido cerrada el 24 de mayo de 1977.

Oscar Raúl Metz, además interpuso un recurso de habeas corpus a favor de su hijo y de Graciela Romero. Pero, tomando como base de los mismos informes de la causa antes indicada, el día 18 de octubre de 1977 se rechazó el recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Oscar Raúl Metz y nuevamente excluye de su decisión a Graciela Romero, omitiendo toda referencia sobre la misma, en tanto el cuerpo de Alicia Romero de Metz continúa desaparecido y tampoco se sabe nada de su hijo

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Adriana Elisa METZ, audiencia de fecha 09/11/2011, por la tarde, hermana del niño nacido en el centro clandestino de detención "La Escuelita" durante el cautiverio de sus padres Graciela ROMERO y Raúl METZ, fue testigo presencial del secuestro de sus padres ocurrido en la ciudad de Cutral Co; b) Sergio Roberto MÉNDEZ SAAVEDRA, audiencia de fecha 17/04/2012, por la tarde, compartió cautiverio con el matrimonio ROMERO - METZ en la ciudad de Neuquén, conociendo el estado de gravidez de Graciela Alicia ROMERO; c) Noemí LABRUNE, audiencia de fecha 09/11/2011, por la tarde, miembro de la APDH del NEUQUÉN, quien realizó gestiones tendientes a dar con el paradero del niño apropiado y para ello se entrevistó con personas que supieron de circunstancias en que se produjo el nacimiento en el centro clandestino y posterior apropiación de la criatura; d) Luís Carlos METZ, audiencia de fecha 09/11/2011, por la tarde, hermano de la víctima y conoció el estado de embarazo de Graciela ROMERO y supo de las gestiones realizadas por su padre para dar con el paradero del matrimonio desaparecido; d) Miguel PANIJAN, audiencia de fecha 17/04/2012, por la tarde, vecino del matrimonio ROMERO - METZ al tiempo de los hechos y testigo presencial del operativo de secuestro de Graciela Alicia ROMERO y de Raúl Eugenio METZ; e) Edelvina GIÑES, audiencia de fecha 17/04/2012, por la tarde, vecina del matrimonio ROMERO - METZ al tiempo de los hechos y testigo presencial del operativo realizado para secuestrar a Graciela Alicia ROMERO y Raúl Eugenio METZ; f) Alicia Mabel PARTNOY, audiencia de fecha 27/12/2011, por la tarde.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 738 del Juzgado Federal N 2 de Neuquén caratulado: "Metz, Raúl Eugenio y Metz, Graciela Romero de s/ Recurso de Habeas Corpus interpuesto en su favor por Oscar Raúl Metz (venido por incompetencia de la Cap. Federal)"; b) Expediente N 1309 del Juzgado Federal N 2 de Neuquén (Expediente 46 del registro de la CFABB) caratulado: "Metz, Oscar Raúl s/ Denuncia presunto secuestro de su hijo Raúl Eugenio Metz"; c) Expediente n 718 del Juzgado Federal de Neuquén, caratulado "METZ, Oscar Raúl s/ Recurso de Habeas Corpus a favor de Raúl Eugenio METZ y Graciela ROMERO"; d) Expediente N 554 del Juzgado Federal de Neuquén (Expediente 46 de la CFABB) caratulado "METZ, Oscar Raúl, pedido de investigación s/ desaparición de METZ, Raúl Eugenio y ROMERO DE METZ, Graciela Alicia (embarazada); e) Expediente n 86(10) del registro de la CFABB caratulado: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (METZ, Raúl Eugenio- ROMERO de METZ, Graciela Alicia)": testimonio ante la CONADEP de Elisa de METZ de fs.1/2; vista fotográfica del matrimonio METZ y de su hija Adriana de fs.3/4; presentación ante la organización Amnesty Internacional de fs.5/7, 10, 12, 14 y 16; presentación de METZ de fs.17 y vta y 19/20; nota al gobernador de Neuquén de fs.21; remisión de carta de METZ desde la Secretaría de Justicia de la Nación a la Secretaría de recepción de denuncias de la CONADEP; presentaciones ante Amnesty Internacional de fs.23/25; f) Expediente n 327 de la CFABB caratulado "METZ, Raúl Eugenio y ROMERO de METZ, Graciela s/sustracción u ocultación de menores"; g) Expediente N 485 del Juzgado Federal N 2 de Neuquén (Expediente 57.326 del registro de la CFABB) caratulado "Perez, Walter José s/ Presentación a favor de Metz, Raúl Eugenio": presentación de fs.1; dictámen de fs.9; resolución de fs.10; auto de fs.11; dictamen fiscal de fs.12 y auto de fs. 13; h) Expediente n 57.335 del registro de la CFABB, caratulado "GARODNICK Sara s/ presentación en favor de Romero de Metz y, Graciela e hijo nacido en cautiverio" presentación de fs.1/2; dictámen fiscal de fs. 14/15 y auto de fs. 16; i) Expediente n 3047 del Juzgado Federal N 2 de Neuquén (Expediente 56.882 del registro de la CFABB), caratulado "TURON DE TOLEDO; María Luisa s/ Denuncia Desaparición de Personas venido por Incompetencia": Interposición de recurso de habeas corpus por María Luisa Turón de Toledo de fs..11/16; oficio a Policía Federal de fs.30/31; respuesta a oficio de fs.32/34; oficio a Policía Provincia de Buenos Aires de fs.65/67; listado de fs.70; respuesta a oficio de fs.71; Oficio a Comando en Jefe de la Fuerza Área de fs.81/82; respuesta de Fuerza Aérea de fs.84; respuesta del Ejército Argentino de fs.86; Informe de la Asamblea de los Derechos Humanos de Neuquén de fs.121; Informe de Abuelas de Plaza de Mayo de fs.128; Informe de Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén fs.156; l) Informe de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, obrante a fs.15.132/15.133 de la causa N 05/07 caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército" del Juzgado Federal Nro. 1 de Bahía Blanca; m) Anexo "Fotocopias certificadas de las partes pertinentes obrantes en los Autos N 8736 Bis "Reinhold Oscar Lorenzo y Otros S/ Delitos Contra La Libertad y Otros" del Registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Neuquén N 2 correspondientes a los casos de: Raúl Eugenio Metz. Graciela Romero De Metz".

90.- Hijo de María Graciela IZURIETA nacido en cautiverio

María Graciela Izurieta, embarazada hacía 40 días, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle 11 de abril N 331, depto. 10 de la ciudad de Bahía Blanca, el día 23 de julio de 1976 a las 22.45 horas cuando fue secuestrada.

Hay varios testimonios que dan cuenta que Izurieta estuvo detenida en "La Escuelita" mientras estaba embarazada; como ser el de María Cristina Pedersen, quien permaneció allí desde el 4 de agosto de 1976 hasta el 10 de septiembre de aquel año, dentro de dicho centro clandestino y declaró que en la cama inferior de la cucheta que ella ocupaba, había una persona llamada Graciela Izurieta, quien le comentó que estaba embarazada de tres meses y que la habían torturado aplicándole picana eléctrica en la vagina, por lo que temía perder a su bebé. Por otro lado, refirió haberla visto en alguna circunstancia en la que los guardias nocturnos apodados "chamamé" y "zorzal" les permitían correrse las vendas. Cabe destacar que, al menos, hasta la liberación de María Cristina Pedersen, Graciela permaneció en dicho centro clandestino.

Por otro lado, Oscar Meilán quien fuera secuestrado el 1 de diciembre de 1976, manifestó que durante su estadía en "La Escuelita" vio dos jóvenes embrazadas, una de las cuales creía que llevaba el apellido Izurieta. Según entendía, ellas tenían mayor libertad de movimiento y parecía que no usaban vendas. Doris Elayne Lundqvist, también relató que una chica en avanzado estado de embarazo no usaba vendas, se desplazaba por el lugar y hacía la limpieza; según comentarios se decía que "la pastoreaban" hasta que tuviera a su hijo, quien sería destinado a un oficial del grupo y dedujo que podía tratarse de Graciela Izurieta.

Juan Carlos Monge, quien estuvo en cautiverio desde el día 1 de noviembre de 1976 hasta el 24 de diciembre de ese mismo año, mencionó estar al tanto que en "La Escuelita" había una joven apodada "cortita" en estado avanzado de embarazo. Vilma Diana Rial de Meilán, fue detenida junto con su marido el 1 de diciembre de 1976 y liberada el 22 de aquel mes y año y mientras estuvo privada de su libertad en dicho centro clandestino de detención, vio una chica embarazada en fecha de parto y cuando la fecha se acercó, le dieron una inyección calmante pues la iban a llevar al hospital a tener familia.

Por otro lado, Partnoy expresó que cuando estuvo en cautiverio en "La Escuelita" junto con Zulma Izurieta, ella le contó que uno de los guardias apodado "chamamé" le había contado que durante la detención de su hermana Graciela él le había permitido escribir una carta a sus padres y luego se las había hecho llegar. En este sentido, otras de las víctimas llamada Nélida Esther Deluchi, dijo que después de ser liberada del centro clandestino de detención donde permaneció alojada, fue visitada antes que finalizara el año 1976 en su domicilio particular por el guardia apodado "chamamé" y aquél le comentó que "a una chica que estaba embarazada en el lugar de detención, habían procedido a matarla...". Graciela Izurieta permanece desaparecida al igual que su hijo.

Una de las últimas noticias que se tuvo de ella, fue en diciembre de 1976 cuando Graciela envió una carta manuscrita a sus padres por correo, de fecha 1 de diciembre de 1976, conteste con lo que narró Deluchi y Partnoy sobre "chamamé" que le había permitido escribir a sus padres, en la cual les informa que estaba embarazada de seis meses y medio, que el bebé nacería aproximadamente para su cumpleaños y que la trasladarían a la cárcel de Villa Floresta. También les manifiesta el sufrimiento que había padecido y que se estaba recuperando, aclarando que tenía muchas cosas para contarles pero que por el momento era imposible porque la carta salía de contrabando.

91.- IZURIETA, María Graciela

María Graciela Izurieta, militante de la Juventud Universitaria Peronista se encontraba en su domicilio situado en la calle ubicado en 11 de abril N 331, Dpto. 10 de Bahía Blanca, junto con Ricardo Garralda, cuando el día 26 de julio de 1976, siendo aproximadamente las 22:45 horas ambos fueron sacados por la fuerza para luego introducirlos violentamente en los vehículos militares propiedad del V Cuerpo de Ejercito, que aguardaban estacionados, en tanto el departamento fue saqueado en su totalidad sustrayéndose todo tipo de objetos de valor.

María Graciela IZURIETA estaba embarazada de 7 semanas y una vez secuestrada estuvo detenida en el centro clandestino de detención "La Escuelita", lugar donde fue sometida a tormentos. Desde el mes de diciembre de 1976, cuando se acercaba la fecha del parto de su criatura, María Graciela IZURIETA fue retirada de "La Escuelita"' y no la volvieron a ingresar.

En cuanto al secuestro de Maria Graciela Izurieta, como así también de Alberto Ricardo Garralda, una vecina del lugar, Ángela Luisa Goslino, quien se domiciliaba en la calle 11 de Abril N 331, en el departamento N 12, lindante con el que ocupaba la familia Garraldo, manifestó que solo los conocía de vista y que en una ocasión tras oír fuertes ruidos en el departamento de Alberto y Maria, como si fuera una mudanza, jamás volvió a verlos, ni saber de ellos. Asimismo, declaró que tomó conocimiento por comentarios de otros vecinos, que la pareja había sido vista acompañada por gente joven de civil saliendo del domicilio y que tras lo sucedido el mismo fue dejado en total desorden.

Del cautiverio de María Graciela Izurieta en "La Escuelita", como así también de su estado de gravidez dan cuenta de ello lo declarado por Alicia Mabel Partnoy, María Felicitas Baliña, a quien el mayor Cerdá (ya fallecido) le exhibió una foto de María Graciela y la interrogó acerca del conocimiento que de ella tenía, Pablo Bohoslvaski, Juan Carlos Monge, María Cristina Pedersen, Oscar José Meilán y Vilma Diana Rial de Meilán.

De María Graciela recibieron una carta donde les informaba sobre su embarazo de 7 meses y su situación de detención, -tal lo que declararon Deluchi y Partnoy sobre "chamamé" que le había permitido escribir a sus padres-, y que esperaba ser trasladada en poco tiempo a la cárcel de Villa Floresta donde legalizarían su detención donde podrían visitarla. Nunca ocurrió esto, tal es así que al día de la fecha el cuerpo de María Graciela sigue aún desaparecido y las pruebas que dan cuenta que fue ultimada por tratarse de personas que compartieron su misma condición de víctimas en cautiverio, no han podido dar certeza del destino que le dieron a sus restos, tampoco se conoce hasta el momento el destino que los asesinos le dieron a su hijo, tras el nacimiento y posterior apropiación.

En cuanto a la desaparición de Garralda e Izurieta, la agrupación "Abuelas de Plaza de Mayo" presentó ante la CONADEP un relato pormenorizado de los sucesos acontecidos.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Expediente N 94 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulado "IZURIETA María Graciela s/ habeas corpus"; b) Expediente 86(8) del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulado "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia (IZURIETA María Graciela)"; c) Expediente 467 del Juzgado Federal N 2 de Neuquén (Expediente N 57.334 de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) caratulado "BAUZÁ Mónica s/ presentación a favor de IZURIETA, María Graciela y su hijo nacido en cautiverio": presentación de fs. 1; dictámen fiscal de fs. 13 y vta. y resolución de fs. 16; d) Expediente 57.341 del Juzgado Federal N 2 de Neuquén (Expediente 57.341 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) caratulado "MONTECINO PUENTES, Carlos s/ presentación a favor de Izurieta, María Graciela y su hijo nacido en cautiverio": presentación de fs. 1; resolución de fs. 10; auto de fs. 12; e) Documentación reservada en la Caja 7 identificada conforme denominación de CFABB: "Sobre N 8 (v. fs. 53). Sobre de Correo Argentino remitido a la Fiscalía de Cámara por Miguel A. Izurieta, conteniendo tres cuerpos de escritura efectuados por su hija María Graciela Izurieta en los años 1971 y 1972, dos originales en tinta azul (uno en hoja de cuaderno y otro en medía hoja de carpeta), y una fotocopia de hoja de cuaderno."; f) Informe de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de fs. 15.132/15.133 de la causa n 05/07 del Juzgado Federal de Bahía Blanca caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército"; g) Testimonio de la causa N 15.142/03 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 7, Sec. N 13 caratulada "N.N. s/ Secuestro", obrante a fs. 15.247/15.282 de la causa N 05/07 "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo Ejército"; h) Expediente N 3047 del Juzgado Federal N 2 de Neuquén (Expediente 56.882 del registro de la CFABB) caratulado "TURON DE TOLEDO, María Luisa s/ Denuncia desaparición de personas venido por incompetencia": Informe de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén de fs. 110 conforme foliatura del Juzgado Federal de Neuquén; i) Expediente 49.386 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulado "CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS s/ Informe en la causa "Izurieta, María Graciela s/ Recurso de Hábeas Corpus"; j) Expediente 49.628 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulado "CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS S/ Informe en la causa "Izurieta, María Graciela s/ Recurso de hábeas corpus"; k) Expediente n 50.146 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca caratulado "CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS en causas: "GONZÁLEZ, Héctor Osvaldo y otros s/ Denuncia" e "IZURIETA, María Graciela s/ Recurso de Habeas Corpus" (CFABB 49.540) s/ Ampliación plazo para dictar sentencia"; l) Causa N 106 caratulada: "MEILAN, Oscar José, RIAL de MEILAN, Vilma Diana s/dcia. Privación ilegal de la libertad y torturas"; m) Causa N 11 (C) Presentación de la A.P.D.H. de Neuquén, Bahía Blanca y otros en causa N 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos y de los niños nacidos en cautiverio, Bibliorato N 15; Izurieta Lidia C. de s/ Denuncia de homicidio o presunta privación ilegítima de la libertad", fs. 205.

92.- JARA, Fernando

Fernando Jara, fue secuestrado el último día hábil previo al inicio de las vacaciones de invierno del año 1976, conforme lo indicara en su testimonio Laura Elizabeth Jara, hija de Fernando.

Una vez secuestrado, Jara fue trasladado al centro clandestino de detención "La Escuelita" donde se le anunció con antelación la fecha en que sería ejecutado que coincidiría con el aniversario de la muerte del cabo Bruno Rojas y del soldado René Papini, ocurrida el 15 de diciembre de 1975 en Casanova al 800 de esta ciudad. En varias oportunidades y en los interrogatorios efectuados en el centro clandestino de detención, se le preguntó sobre la autoría de esas muertes.

Ese mismo día, pero del año 1976, Jorge Antonio Abel ingresó al mismo centro clandestino de detención, donde se enteró que ese día fusilarían a Fernando "Tito" Jara y también noto un gran movimiento en la guardia y de la presencia de oficiales en el centro clandestino en el momento en que Jara fue sacado con vida del lugar; esa misma noche, tras pasar unos seis meses en cautiverio, en cumplimiento de la amenaza que le habían reiterado, Fernando Jara fue sacado del centro clandestino "La Escuelita", donde no volvió a ser visto.

Asimismo, durante las primeras horas del 16 de diciembre de 1976, en la zona de Casanova al 800, cercana al puente y al paso de ferrocarril aún existentes en las inmediaciones, pudo verse un importante despliegue militar, para el cual fue implementado un cerco perimetral del lugar. Paralelamente a dicho cercamiento, una pareja mientras intentaba llegar a su domicilio en el barrio Palihue, fue ocasional testigo de algunas circunstancias relevantes cuando se les impidió el paso.

La pareja indicó que en la madrugada del 16 de diciembre, trataron de ingresar al barrio Palihue por la calle Casanova y al traspasar las vías del ferrocarril, una patrulla del Ejército detuvo sus marchas y en el momento en que retrocedían con su automóvil para cambiar de rumbo, pudieron escuchar disparos de armas de fuego y gritos de una voz masculina que clamaba, "no me maten, no me maten".

Ese mismo día a las 02.15 horas, fue llevado a la morgue del Hospital Municipal por personal del Comando V Cuerpo de Ejército, el cadáver de una persona de sexo masculino ingresado como de identidad desconocida, aun sabiendo su identidad, pero con edad coincidente con la de Fernando JARA y que fuera abatida por las Fuerzas Armadas

Al día siguiente, el testigo Dardo AGUIRRE regresó al lugar del hecho y encontró allí capsulas servidas con la inscripción "Ejército Argentino", luego tomo conocimiento de que allí había sido abatido por fuerzas legales un individuo perteneciente a una organización subversiva.

El 17 de diciembre de 1976, el diario "La Nueva Provincia" conmemoró el aniversario de la muerte del cabo ROJAS y del soldado PAPINI y señaló a quienes las fuerzas represivas entendía eran los autores del hecho. Entre otros, se mencionó a Pablo Fornasari, Benigno Gutiérrez y a Juan Carlos Castillo. Asimismo, en lo que hace a Fernando JARA un comunicado militar difundido por el mismo diario en la nota que tituló "No eludirán la Justicia del hombre y de Dios", le atribuyó participación en el hecho de Rojas y Papini, adjudicándole el haber cumplido una función de apoyo, consistente en conducir una camioneta que se encargaba de cerrar las posibilidades de escape hacia el Barrio Palihue. En esa misma edición, publicaron que "un delincuente subversivo que pretendió eludir a una patrulla militar (... ) fue abatido en las primeras horas de la madrugada de ayer en el sector de acceso... " agregándose en dicho artículo que "...cuando efectivos del Ejército que realizaban patrullajes de rutina, detectaron la presencia de un sospechoso a quien se le impartió orden de detención...el extremista emprendió la fuga, cubriendo su huida con disparos de arma (... ) cayendo el extremista (... ) en la intersección de las calles Cerrito y Casanova, a escasos metros donde hace un año fueran asesinados por la subversión el cabo primero Bruno ROJAS y el soldado René PAPINI...", ".fuentes allegadas a los círculos militares señalaron que se trata de una persona joven, sin que hasta el momento hayan podido determinarse otros datos sobre su filiación", cuando en realidad tenían conocimiento de la identidad del abatido, hecho que pusieron en conocimiento casi un mes más tarde del ingreso del cuerpo de Jara a la morgue del Hospital Municipal de Bahía Blanca.

Tras constatar la intervención del Ejército en el hecho, lo cual le fue informado desde el mismo Comando de Cuerpo, FRANCO dió cuenta al Juez Federal Dr. Guillermo MADUEÑO, quien autorizó la sección de las manos del cadáver que ya se encontraba en estado de putrefacción; es de destacar que la instrucción judicial del caso, fue omitida.

Al mismo tiempo, en que difundieron que una persona había muerto en un enfrentamiento armado por medios radiales la noticia fue escuchada por algunas de las personas que permanecían secuestradas en el centro clandestino y que habían percibido que Jara había sido sacado del lugar y no regresado.

Recién en la causa 11 (c) caratulada "Presentación de A.P.D.H. del Neuquén - Bahía Blanca y otros en causa N 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos", se cotejaron las huellas dactiloscópicas obrantes en el expediente 106/77 con las de Fernando JARA. En ese marco, el perito Ernesto ALBARIÑO concluyó: ".en forma indubitable que las documentaciones dactiloscópicas sometidas a estudio corresponden a una misma y única persona: JARA FERNANDO, M.I. 07.571.316_". Elementos todos con lo que la Cámara Federal de Apelaciones local decidió que ".ha quedado determinado que la persona abatida como consecuencia de un supuesto enfrentamiento con personal del V Cuerpo de Ejército en la calle Casanova al 800 de esta ciudad, el día 12/16/76 aproximadamente a la hora 1.00, fue Fernando Jara." Y que "...ha podido acreditarse que los hallazgos efectuados en la sepultura pertinente (.) no son compatibles con la persona fallecida en la forma y modo indicado 'supra', de modo que no se han encontrado aún los restos de Fernando JARA. III) conclusión de lo expuesto, el enfrentamiento no fue real (c. 106/86) y que allí fue muerto por disparos de armas de fuego, por personal del Ejército, Fernando Jara y que su cuerpo aún no fue hallado.".

Las tareas de encubrimiento del homicidio de Fernando JARA llevadas a cabo por sus victimarios incluyó la desaparición del cuerpo, del que sólo dejaron las manos que permitieron la identificación que ratifica las circunstancias ya comprobadas.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Laura Elizabeth JARA, audiencia de fecha 23/11/2011, por la mañana, hija de la víctima, testigo presencial del secuestro llevado a cabo por un grupo de personas armadas en la casa de la familia ubicada en el Barrio Rosendo López de Bahía Blanca; b) Nélida Isabel TRÍPODI, audiencia de fecha 24/11/2011, por la mañana, fue secuestrada en la ciudad de Posadas y trasladada en diciembre de 1976 a Bahía Blanca donde permaneció en cautiverio en el CCD "La Escuelita". Allí escuchó a un cautivo apodado "Tito" que decía que le habían anticipado la fecha en que lo matarían y que una noche lo sacaron para reconocer el lugar donde lo ejecutarían; c) Angélica CLARO,audiencia de fecha 21/12/2011, por la mañana, testigo del asesinato de JARA quien circulaba en el vehículo junto a su esposo Dardo AGUIRRE la noche del 16/12/1976 y al ingreso del barrio "Palihue", observó el despliegue de un operativo militar ubicado en la zona de calle Casanova y las vías del ferrocarril, recibiendo la orden de desviarse. Al tiempo, oyó a una persona gritar, pidiendo que no la mataran; Ernesto ALBARIÑO, audiencia de fecha 23/11/2011, por la mañana, perito del Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas de la Superintendencia de Coordinación General, Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien realizó la pericia que determinó la identificación de Fernando JARA como la víctima del homicidio ocurrido el 16 de diciembre de 1976.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente 106/86 "Jefe delegación local Policía Federal s/ com. E inf. s/ entrega de cadáver -abatido en Casanova al 800 Bahía Blanca el 16-12-1976": Acta de fs.2; radiograma de fs.3; nota de fs.4; auto de fs.4vta.; acta de fs.5; declaración de fs.8; nota de fs.9; nota de inhumación de fs. 10; nota de fs.11; nota de fs.11vta.; nota de remisión de manos seccionadas y fichas dactilares de fs.12; nota de fs.14; radiograma de fs.15; nota de remisión de actuaciones de fs.15vta.; despacho de archivo de 15vta.; cargo de fs.17; auto de fs. 18; presentación de fs. 19/24; presentación de fs.28; auto de fs.29; presentación de fs.31; auto de 31vta.; dictamen de fs.32; resolución de fs.36; oficio de fs.38; nota de fs.48; auto de fs.49; auto y constancias de fs.50; resolución de fs.51/52; b) Informe del Cementerio de Bahía Blanca obrante a fs. 1263/1264 y 1267 de la causa 11 (C) del registro de la CFABB; c) Dictamen Técnico Pericial n 67/02 producido por el Laboratorio de Investigaciones Necropapiloscópicas de la Superintendencia de Coordinación General, Policía de la Provincia de Buenos Aires obrante a fs.235/250 del Bibliorato 23 de la causa 11 (C) del registro de la CFABB caratulada "Presentación de A.P.D.H. del Neuquén - Bahía Blanca y otros en causa n 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos; d) Legajo CONADEP N 477; e) Causa N 109 (7) del registro de la CFABB caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia s/ MORÁN, Mónica"; f) Causa N 87 caratulada: "PARTNOY, Alicia Mabel s/ denuncia presunta existencia de campo de concentración "La Escuelita" en Bahía Blanca".

93.- MUSSI, Julio

Julio Mussi se encontraba en su casa, sito en la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuando el día 22 de marzo de 1977, fue privado de su libertad junto con tras 17 personas por un grupo de militares uniformados, hecho observado por la madre de Mussi, Mercedes Fuentes de Mussi.

Los secuestrados fueron informados que a partir de ese día, quedaban a disposición del V Cuerpo del Ejército Argentino con sede en Bahía Blanca.

Julio MUSSI fue trasladado al Comando de la IX Brigada de Infantería, permaneciendo en un despacho juntamente con otros detenidos y luego llevado a una especie de calabozo donde un oficial que simulaba ser de la Brigada de Investigaciones de Buenos Aires dijo que el motivo de la detención era porque facilitaba vehículos para la "subversión", juntamente con los otros detenidos. Luego, junto con otras personas, fue trasladado a la ciudad de Bahía Blanca vía aérea en una aeronave militar tipo Hércules, estando a cargo de dicho traslado oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cadierno y Bocalari, quienes los amenazaban con tirarlo al mar.

Al llegar a Bahía Blanca fueron conducidos en camiones celulares hasta un vagón de Ferrocarril abandonado al que los captores llamaban, "el avión de madera", que estaba en la playa de maniobras del Ferrocarril Gral. Roca de esta ciudad. En dicho vagón, Mussi estuvo en cautiverio alrededor de 6 a 8 días durante los cuales no se le suministró ningún alimento ni líquido, al quinto día Mussi fue llevado a una dependencia a la que se referían denominado "sala de sesiones" o sala de torturas, sitio en el cual se aplicaba electricidad mediante el uso de la picana. Al momento de ser trasladado a la "sala de sesiones", Mussi le entregó sus prendas a Horacio Segundo Quiroga, otros de los tantos detenidos y cuando se acercaban para trasladarlo, Mussi se enfrentó a los agentes policiales y militares, quienes lo controlaron y redujeron a los golpes. Una vez en la sala, fue torturado por un grupo de aproximadamente 4 a 6 policías, quienes le pegaban con la culata de los fusiles, ya que aparentemente a Mussi se le había bajado la venda de sus ojos y atacó a uno de los uniformados.

Estando aú en los terrenos de la estación ferrocarril, Mussi fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, siendo allí alojado en un calabozo en el cual estaba muy mal de salud y en ese estado de agonía, mencionaba los nombres de su mujer y sus hijas. Las torturas las llevaban a cabo Cadiero y Bocalari y uno de ellos ha sido sindicado como autor material de la muerte de Julio MUSSI.

Con respecto a Mussi, el Ministerio del Interior de la Nación informó que en relación a dicha persona no se registran antecedentes de ninguna índole, respuesta de similar tenor a la que realizó el Ejército Argentino.

En cuanto a las restantes personas trasladadas junto con Mussi, fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, luego de 3 meses de cautiverio, y enviados posteriormente a la Unidad Carcelaria N 4 de Bahía Blanca, pabellón N 6, denominado el de los "subversivos", para su posterior liberación, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 23 de diciembre de 1977.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: a) Horacio Segundo QUIROGA, audiencia de fecha 22/11/2011. por la tarde y víctima de secuestro, fue trasladado junto con Mussi y otros detenidos desde el Regimiento de Infantería 8 hasta Bahía Blanca, compartió cautiverio y fue testigo de las torturas; b) Abel Salvador MARIANO, audiencia de fecha 23/02/2012, por la mañana, compañero de secuestro, de cautiverio y testigo de las torturas que le aplicaron entre 5 o 6 personas y del mal estado de salud de días posteriores; c) Mario Néstor TREVISAN, audiencia de fecha 23/02/2012, por la mañana, fue trasladado junto con MUSSI y alojado en el mismo calabozo en Bahía Blanca. Tropezó con el cuerpo de una persona en estado de agonía, que balbuceaba nombres de familiares. Además, vió el nombre de la víctima en un listado de la Brigada de Investigaciones, que aparecía como habiendo recuperado su libertad; d) Carlos Alberto PEREYRA, audiencia de fecha 22/02/2012, por la mañana y testigo del traslado, cautiverio y torturas en Bahía Blanca. Su percepción es que MUSSI fue muerto a golpes; e) Oscar AZZI, audiencia de fecha 23/02/2012, por la mañana, cuñado de la víctima, fotógrafo de Crónica, vio a MUSSI mientras estaba secuestrado en el Comando de Comodoro Rivadavia, pero no pudo hablar con él ya que le informaron que luego de dos días había sido traslado a Bahía Blanca; f) Antonia Carmen LÓPEZ, audiencia de fecha 28/02/2012, por la mañana, esposa de la víctima quien realizó gestiones con el fin de conocer el paradero de MUSSI; g) Elsa MUSSI, audiencia de fecha 23/02/2012, por la mañana, hermana de la víctima la que efectuó gestiones en el V Cuerpo de Ejército a fin de dar con el paradero de su hermano desaparecido.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 549/86 del Juzgado Federal de Bahía Blanca (causa 258 del registro de la CFABB) caratulada "DI MARCO Jorge Eduardo s/ dcia. Privación ilegítima de la libertad en su perjuicio y otros"; b) Legajo CONADEP N 3927.

94.- SAMPINI, Rubén Héctor

Rubén Héctor SAMPINI, quien era copropietario del comercio "Presión Sur", ubicado en la calle San Martín 792 de la ciudad de Bahía Blanca, conjuntamente su socio Juan Carlos CASTILLO, éste fue secuestrado el día 25 de junio de 1976 mientras transitaba por la ruta número 22, en dirección a Bahía Blanca. Luego de casi un mes de su secuestro, entre los días 20 y 21 de julio de 1976, un grupo de personas fuertemente armadas se hizo presente en el negocio de ambos y para ingresar al mismo violentaron la puerta de ingreso; en ese momento, el local estaba vacío y Sampini obtuvo detalles de esa circunstancia a través de la persona que les alquilaba el inmueble.

Estos acontecimientos, hicieron que se presentara ante dependencias policiales -Comisaría Primera- y militares -V Cuerpo de Ejército-, con el propósito de denunciar la desaparición de CASTILLO y el episodio ocurrido en el negocio que explotaban en forma conjunta.

Un día después que el personal militar entrara al negocio por la fuerza cuando estaba vacío, el día 22 de julio de 1976 Sampini se encontraba en su domicilio de la calle Plunket 3153 de la localidad de Ingeniero White, cuando fue secuestrado aproximadamente a las 14.00 horas, por miembros de la Prefectura Naval de Ingeniero White, junto con su madre Catalina Canossini y su hermano Armando. Estos pasaron alrededor de 40 minutos en instalaciones de la Prefectura y luego fueron llevados en un automóvil Ford Falcon al Comando V Cuerpo de Ejército y desde este lugar fueron trasladados, bajo amenazas con armas de fuego, al Batallón de Comunicaciones 181.

En el Batallón les ataron las manos con cables y cubrieron sus rostros con frazadas permaneciendo Rubén en ese lugar hasta la noche del día 22 de julio de 1976, luego de esa fecha ningún miembro de su familia volvió a tener noticias sobre su paradero, mientras Catalina Canossini y Armando fueron liberados el día 23 de julio de 1976 en tanto al día siguiente miembros del Ejército Argentino saquearon el negocio "Presión Sur".

Los padres de Rubén hicieron diversas presentaciones y diligencias tendientes a obtener información sobre su hijo. Héctor Rubén SAMPINI se enteró del secuestro y se trasladó inmediatamente a la casa de la familia y al llegar al inmueble, se encontró con personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes lo llevaron a dependencias de esa fuerza de seguridad para encerrarlo en un calabozo. Cuando fue liberado, se le informó que su familia había sido llevada el Comando V Cuerpo de Ejército. Todas las presentaciones realizadas ante esa dependencia militar resultaron infructuosas, sólo el mayor Delmé se atrevió a afirmar que Rubén había estado detenido en esa unidad militar pero que posteriormente había sido liberado.

De las averiguaciones que realizó Daniel Osvaldo Fonti, a pedido de la novia de Ruben, Estela Rozorovich, el subteniente Julián CORRES le reconoció a Fonti que Sampini estaba "chupado" y le advirtió que al preguntar por él "se estaba metiendo en camisas de once varas".

Rubén Héctor SAMPINI fue visto con vida por última vez al inicio de su cautiverio en dependencias militares del V Cuerpo del Ejército, desde entonces su cuerpo no ha sido entregado, ni se han brindado por parte de sus victimarios siquiera indicios que permitan dar con la ubicación de sus restos, aún desaparecidos. Luego de algunos años, los padres de Sampini el día 21 de junio de 1978 presentaron un recurso de hábeas corpus ante el juez federal Guillermo Federico Madueño quien lo rechazó y sustentó su decisión en lo que le informaba la Policía Federal, la Unidad Regional Vta., el Comando V Cuerpo de Ejército, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Dirección General de Seguridad Interior. Igual respuesta obtuvieron con un recurso parecido incoado el 16 de junio de 1978, el que tramitó ante el juez Félix CONGET, quien decidió desestimarlo, luego de recibir respuestas negativas de la Unidad Regional Vta. de Policía.

Prueba:

Tales hechos se encuentran acreditados a partir de la prueba testimonial ofrecida por las partes, que fuera aceptada y producida o incorporada al debate, a saber: Catalina CANOSSINI (declaraciones testimoniales obrantes a fs. 5/6 de la causa N 344 (Expediente N 84 según el registro de la CFABB), caratulada "SAMPINI, Rubén Héctor s/ Desaparición"; y f. 23 de la causa N 109(5), caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (SAMPINI, Rubén Héctor" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), testigo presencial del secuestro de su hijo, de su paso por las instalaciones de Prefectura Naval Argentina, de su traslado al Batallón de Comunicaciones 181 y de la posterior desaparición del mismo realizando múltiples gestiones para dar con su paradero; b) Armando Oscar SAMPINI (declaración testimonial de fs. 16/18 de la causa N 109(5), caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (SAMPINI Rubén Héctor" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), hermano de la víctima, fue secuestrado junto a su madre y Rubén Héctor, con quienes fue llevado a las instalaciones de Prefectura y posteriormente trasladado al Batallón de Comunicaciones 181, desde donde fue liberado, sin saber nada más sobre el paradero de su hermano; c) Héctor Rubén SAMPINI (declaraciones testimoniales causa n 109(5), caratulada "Subsecretaría de Derechos Humanos s/ denuncia (SAMPINI, Rubén Héctor)", fs. 20/22, y f. 4 causa N 344/79 (Expediente 84 según el registro de la CFABB) "SAMPINI, Rubén Héctor s/desaparición" -conf. art. 391. C.P.P.N.-), padre de la víctima, quien realizó múltiples gestiones para conocer el paradero de su hijo; d) Stella Maris ROZOVICH de KOREN, audiencia de fecha 28/09/2011, por la mañana quien fue testigo de la desaparición de Rubén Héctor SAMPINI, siendo a la época de los hechos novia de la víctima; e) Daniel Osvaldo FONTI, audiencia de fecha 28/09/2011, por la mañana, quien a la fecha de los hechos se encontraba realizando el servicio militar en el Comando V Cuerpo de Ejército y realizó gestiones tendientes a conocer el paradero de Rubén Héctor SAMPINI que le permitieron tomar conocimiento de su cautiverio en un centro clandestino.

También han sido probados por la documental y otros elementos que formaron parte del material probatorio en el juicio: a) Expediente N 52.142 del Juzgado en lo Penal N 1 Sec. 2 (Expediente 249 registro de la CFABB) caratulado "SAMPINI Héctor R. y SAMPINI Catalina C. de Interponen Recurso de Hábeas Corpus a favor de Rubén Héctor SAMPINI"; b) Expediente N 201 del Juzgado Federal de Bahía Blanca (N 127 del registro de CFABB) caratulado "SAMPINI, Rubén Héctor s/recurso de hábeas corpus"; c) Expediente N 344 del Juzgado Federal de Bahía Blanca (Expediente N 84 del registro de la CFABB) caratulado "SAMPINI, Rubén Héctor s/ Desaparición": Resolución de fs. 2; auto de fs. 7; Resolución de fs. 9; d) Legajo CONADEP 1604; e) Presentación como parte querellante en la causa N 283/05, de Héctor Rubén SAMPINI y Catalina CANOSSINI de SAMPINI, y documentación acompañada, obrante a fs. 57 y 61/63 de la causa N 410/01, caratulada "Incidente de nulidad de las leyes N 23492 y 23521; solicitud de revocatoria de procesamientos dictados y citación a prestar de declaración indagatoria planteada por la Dra. Mirtha MANTARAS en la causa 11/86"; f) Causa N 109 (5) caratulada: "Subsecretaría de Derechos Humanos S/ Denuncia".

Así lo votamos.

Los Señores Jueces FERRO, BAVA y TRIPPUTI dijeron:

V. FALSEDADES DOCUMENTACION DIPBA

Los Sres. Defensores Dr. San Emeterio y Dr. Vidal, con la adhesión del resto de las defensas particulares y la Defensa Oficial, cuestionan la autenticidad de la documentación exhibida en fotocopias certificadas como copia fiel, por una persona que ni siquiera revestía el carácter de funcionario.

Refieren que la actividad fedataria la tienen nada más que aquellas personas a las que el Poder Ejecutivo ha delegado esa actividad o capacidad fedataria: los escribanos, los secretarios de los Tribunales, tanto de Primera Instancia, de las Alzadas y Tribunales Orales.

En concreto, la Defensa alegó que "Se han exhibido acá, documentaciones que considero y ataco en este momento y arguyo de falsas, que es la acción típica que corresponde para atacar la validez de un documento que se pretende como público por cuanto la funcionaria que suscribe y supuestamente da fe, en una simple fotocopia, con un archivo o soporte óptico que tampoco vimos, pertenece a una organización no gubernamental, paraestatal, conformada por distintos representantes de facultades, sindicatos, gremios y nos sorprendió cuando aparecieron esos documentos que no conocíamos, ninguna de las defensas".

En primer lugar, debemos referirnos a que estamos en presencia de documentos que tienen el carácter de instrumento público en los términos del art. 979 inc. 2 del C.Civil pues provienen de un organismo público, autónomo y autárquico, creado por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, como lo es la Comisión Provincial por la Memoria, al amparo de ley 12483, en sentido formal y material, enrolándose tal postura dentro de la tesis restringida referida al concepto de instrumento público, la cual le ha conferido la facultad específica de autorizar esa clase de documentos públicos u oficiales, que están regidos por el derecho público y provienen de los poderes del estado, provincial en este caso.

Más aún, a fin de evitar cualquier tipo de suspicacia sobre el carácter de instrumento público debemos enfatizar que la enumeración del art. 979 del C. Civil es meramente enunciativa y no taxativa pues pueden existir otro tipo de documentos públicos que no estén en la norma. Ha dicho Llerena, que los incisos de tal artículo pueden considerarse como meros ejemplos, que pueden servir de norma para determinar muchos otros casos. |36| Debe ponderarse que tales documento, a la luz de la ley 24.441, el instrumento autorizado en una provincia determinada o en la ciudad autónoma de Buenos Aires goza de validez y eficacia en todo el país, principio que responde al art. 7 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, a la luz de lo expuesto por los Sres. Defensores debemos entrar a tratar los aspectos amparados por la fé pública a fin de resolver si tales documentos pueden ser objeto de una querella de falsedad o dir4ectamente pueden ser controvertidos por simple prueba en contrario.

Debemos comenzar por decir que no existe ninguna duda sobre la autenticidad de los documentos, ya que se conoce la línea de traspaso del fondo documental desde que pertenecía a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, órgano productor de los documentos, hasta que es cedido a la Comisión Provincial por la Memoria en el año 2000, por parte de la Cámara de Legisladores Provinciales; tales documentos de los Archivos de la DIPPBA fueron desclasificados por acción de la Ley 12642 convirtiéndose en documentos públicos y son considerados acervos públicos de carácter sensibles.

El Archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires [DIPBA], es el único archivo de un órgano policial que cumpliera funciones de inteligencia recuperado en Argentina.

Evidentemente, el Estado para cumplir determinadas funciones, en este caso, permitir que se analicen e investiguen sobre las dictaduras, la violación a los derechos humanos y/o la reconstrucción histórica del pasado reciente, creó órganos encargadas de ejecutarlas, tal la Comisión Provincial por la Memoria, y le distribuyó su competencia, su función tal como lo ha hecho mediante la ley provincial N 12.462 y su modificatoria N 12.611 de manera tal que cada uno tenga su ámbito específico de actuación.

El espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución política ideológica fueron las principales funciones de la DIPBA desde su creación, en el año 1956 hasta su disolución en el año 1998 y su alcance territorial específico de la DIPBA era la Provincia de Buenos Aires, sin embargo, la coordinación de los servicios de inteligencia que históricamente es contemporánea a su creación, hace que se encuentren en el Archivo documentos de otros servicios de Inteligencia a nivel nacional y de otras provincias y reconstruye las lógicas de un servicio de inteligencia, y la construcción histórica del "enemigo interno" como "delincuente subversivo y/o terrorista"; o sea, el otro.

La conservación, catalogación y formas de acceso conlleva desafíos y responsabilidades que la Comisión lleva a cabo con las mayores garantías de seriedad y respeto de los derechos individuales, conforme a la legislación nacional e internacional vigente sobre archivos sensibles y al archivo de la DIPPBA pueden acceder todos aquellos interesados en indagar, analizar e investigar sobre las dictaduras, la violación a los derechos humanos y/o la reconstrucción histórica del pasado reciente, más aún, toda persona tiene acceso a una copia de los documentos sobre la existencia o no de la información recogida sobre su persona.

Sobre la situación planteada por la defensa, hay que distinguir el instrumento público como objeto material, o sea su aspecto extrínseco, de las afirmaciones que contiene, su aspecto intrínseco, divergencia que conduce a reconocer dos tipos de falsedad, la material y la ideológica según que la falta de conformidad con la realidad se presente con la apariencia o con el contenido del documento, respectivamente. La fe pública incumbe al contenido del documento y tratándose de examinar ese valor probatorio del documento, es menester valerse del procedimiento de la redargución de falsedad, extremo éste que no es el caso planteado por los Sres. Defensores.

Al estar el documento determinado por constancias oficiales, resta analizar la competencia del funcionario a quien lo ha de investir de poderes y deberes el reglamento de dicha Comisión y se desprende que los documentos utilizados en diversos juicio de diferente naturaleza: juicios judiciales, juicios por la verdad, aseguran el funcionamiento regular, normal y continuo de esa modalidad de certificación externa del documento, toda vez que su contenido está investido de presunción de legalidad y veracidad conforme principios regulares de derecho administrativo contemplados en la ley 19.549.

Ellos critican la leyenda "es copia del original"que ese documento lleva y colegimos que aquí estamos en presencia de un documento en donde el funcionario no garantiza la verdad del contenido de su exposición por cuanto el cuestionamiento está dado por la competencia o no del funcionario para rubricar aquella inscripción, que puede ser objetado por simple prueba en contrario.

Y ello es así, habida cuenta que en estos casos la actuación del oficial público no otorga, ni autoriza el documento por cuanto su función no se agota con la autenticidad de los hechos sino simplemente en garantizar que dicho documento es copia de su original, es decir de su aspecto extrínseco, lo cual puede ser contrarrestado por simple prueba en contrario, sin necesidad de redargución de falsedad que es para otro tipo de cuestiones.

En efecto, la manifestación de la funcionaria firmante de la constancia que ese instrumento es copia del original, no es de las que hacen plena fe hasta la querella de falsedad ya que no se trata de hechos materialmente cumplidos o efectuados en su presencia (art. 993 C.C.), sino manifestaciones suyas que ese instrumento concuerda con su original, más allá de su contenido.

En consecuencia y en mérito a lo exteriorizado ut supra, no corresponde hacer lugar a la nulidad incoada por los Sres. Defensores respecto de los instrumentos relacionados con la ex DIPBA, como tampoco a la nulidad parcial de la declaración indagatoria de su pupilo Osvaldo B. Páez, solicitada por el Sr. Defensor Oficial Dr. Alejandro Castelli.

Siendo ello bastante para refutar las aseveraciones de los Sres. Defensores, existe otra cuestión que es vital en refuerzo de lo ut supra resuelto.

Ello, pues dicha prueba obra en la causa desde el mes de diciembre del año 2010 cuando se dio cumplimiento al art. 354 del CPMP y nunca fue cuestionado, ni observado por ellos habiendo tenido todas las oportunidades para su control; teniendo en cuenta, además, que la misma prueba se hallaba en Secretaría y nunca cuestionada, efectuar la objeción en esta oportunidad deviene manifiestamente extemporánea.

De allí que corresponde desestimar tal pretensión nulificante.

EXCEPCION DE COSA JUZGADA

El Sr. Defensor Oficial, Dr. Alejandro Castelli, plantea la excepción de cosa juzgada en favor de los imputados DELME y PÁEZ. Ello, en base a los aspectos fácticos y jurídicos descriptos supra, los que por otra parte motivaron el alegato a su respecto, a los cuales nos remitimos brebitatis causae (cfr. acta de fecha 16/08/2012, ver también acta de fecha 15/08/2012 "Alegato del Sr. Defensor Oficial, Dr. Gustavo Rodríguez".-

Liminarmente, cabe señalar que los hechos que conforman la plataforma fáctica objeto de imputación en el presente sub judice, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de gentes, que la comunidad internacional en general, y los Estados en particular, se han comprometido en prevenir, investigar y sancionar, sin que en su camino puedan interponerse leyes de amnistía que impliquen la responsabilidad internacional del Estado.-

Y si ello es así, teniendo en cuenta los motivos informados por la parte, como peculiaridad fáctica gravitante para abogar la pretensión convocante, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia sostuvo en el antecedente "Simón" (Fallos: 328:2056) que "...a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la supresión de la leyes de punto final y obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución de hechos como los que constituyen el objeto de la presente causa. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes, no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave, ni la cosa juzgada" (considerando 31 del voto del Juez Petracchi).-

Para así resolver, el Alto Tribunal tuvo en cuenta lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso "Barrios Altos", en cuanto afirmó ".que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".-

En relación con el dictado de leyes de amnistía, realizó apreciaciones que resultan de entera aplicación en el sub lite. Así, sostuvo que éstas "conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente". De tal modo, concluyó que "como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú" (Corte IDH sentencia del 14 de marzo de 2001).-

Es cierto que, como afirma el Sr. Defensor Oficial (ídem, acta de fecha 15/08/2012 "Alegato del Sr. Defensor Oficial, Dr. Dr. Gustavo Rodríguez) el caso peruano -sobre el que ha recaído sentencia en "Barrios Altos"- no es análogo al supuesto de autos, pues allí se trataba de leyes de autoamnistía. No obstante ello, lo que debe tenerse presente no es de qué Poder emanó la ley cuestionada -es decir, si fue el mismo que cometió los hechos o uno distinto que lo sucedió-, ni el contexto en que éstas fueron dictadas -como podría ser la llamada "justicia transicional"-, sino la finalidad que éstas buscaban, cual es la imposibilidad de perseguir crímenes de lesa humanidad, la identificación de los responsables y su eventual sanción. Precisamente esta motivación, es la que contraría las obligaciones contraídas por el Estado argentino (ver T.O.C.F. N 2, causas N. 1696/1742 "BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio y otros s/ inf. arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo -ley 14.616-, 142 inc. 1 y 5 -ley 20.642 y 144 ter primer párrafo -ley 14.616-").-

Estas circunstancias fueron apreciadas por la Corte Suprema al dictar el fallo "Simón", ya que en referencia a las leyes peruanas y argentinas, sostuvo que ".ambas constituyen leyes ad hoc, cuya finalidad última es la de evitar la persecución de lesiones graves a los derechos humanos (.) lo que indujo al tribunal interamericano a descalificar dichas reglas no fue tanto que el régimen haya intentado beneficiarse a sí mismo, en forma directa, con la impunidad de los delitos que él mismo cometió (.) sino que son razones materiales las que imponen la anulación de leyes de estas características. Por lo tanto, resulta claro que también deben quedar alcanzadas aquellas leyes dictadas por regímenes ulteriores que otorgan impunidad a aquellos autores que pertenecían al régimen anterior, e infringen, de este modo, el propio deber de perseguir penalmente las violaciones a los derechos humanos" (considerando 24 del voto del Dr. Petracchi).-

A propósito de ello, puede verse con mayor nitidez el criterio del Tribunal Interamericano a partir de la sentencia que dictara en el caso "Gómes Lund y otros". Se trata de un supuesto similar al argentino, pues allí se cuestionó la validez de las leyes de amnistía emanadas del parlamento brasileño una vez restaurada la democracia en el país vecino y, nuevamente, la Corte resolvió por la invalidez de ese tipo de leyes. Es importante señalar que en esta oportunidad ese Tribunal no sólo ha fundado su sentencia en sus propios precedentes, sino que recurrió, a la vez, a diversos pronunciamientos dictados por otros organismos internacionales y por tribunales de los países americanos, entre ellos el caso "Simón" de nuestro Alto Tribunal, denotando entonces que para la Corte IDH las leyes N 23.492 y 23.521 también colisionan con el sistema interamericano de derechos humanos (ídem, "T.O.C.F. N 2, causas N 1696/1742 "BIGNONE...").-

Se colige entonces, que lo que pretende la parte se opone a principios jurídicos reconocidos universalmente desde hace siglos, trastoca gravemente el sistema de valores en los que se apoya nuestro sistema jurídico, así como también inhibe la actuación de los Magistrados en el esclarecimientos de los hechos, cuestión ésta inaceptable, toda vez que la Convención Americana impone a los Estados parte la obligación positiva de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos, lo que presupone revisar la legislación vigente y adecuarla a los compromisos asumidos.

De allí, el Estado no puede dictar leyes contrarias al sistema de protección regional de los derechos humanos y si lo hiciera incurriría en responsabilidad internacional. Esta obligación de respeto y garantía alcanza a todo el Estado Argentino, sea al Poder Ejecutivo, Legislativo o el Poder Judicial.-

No obstante que se reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, o sea la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada o firme y así lo impone la inteligencia del artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, criterio ratificado por la Corte Interamericana en el caso Loayza Tamayo, María Elena vs Perú. La decisión de continuar con las causas sobre violaciones a los derechos humanos fue adoptado, también, frente a los planteo de "cosa juzgada" y tenían su razón de ser en el sentido que la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron para remover los "obstáculos" que impedían la persecución de estos crímenes, que han desgarrado a la propia humanidad y dejar sin efecto las medidas adoptadas dentro del marco de una pretendida y disfrazada impunidad, impulsando procedimientos serios y responsables de remoción de todos los obstáculos procesales y reivindicar las posibilidades procesales y judiciales de responder conforme a la leyes de protección de los derechos humanos.

De tal modo, las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida) al establecer la impunidad (extinción de la acción penal y no punibilidad) de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables (cfr. art. 75, inc. 22, Constitución Nacional. Ver CFAMdP, C. 4439/1, R. 7087, T. XXXIII, F 138 - 15/12/06 del voto preopinante del Dr. Ferro, adhesión Dres. Tazza y Perelló; con cita a CSJN, Fallo 328:2056 "Simón", entre otros).-

Por ello, en aplicación de la doctrina de leal acatamiento que establece la obligatoriedad de todo tribunal del país de adoptar sus decisiones de conformidad con el criterio vigente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 25:368; 131:109; 212:59; 212:160; 212:253; 4/7/85, "Cerámica San Lorenzo", L.L., 1.986-A-178; 26/10/89, E.D., 136-453, según citas de Sagües, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional-Recurso Extraordinario", 3era. ed., Astrea, 1.992, Tomo I, págs. 188 y ss. CFAMdP C. 4.439/1 "Incidente de excepción de falta de acción...", R. N 7.087, T XXXIII, F 138 y otras); y no dándose en la especie fundamentos ni argumentos novedosos para excitar la jurisdicción de esta sede de modo que nos permitan alejarnos de la jurisprudencia establecida por la CSJN en los antecedentes ya analizados, a sabiendas de la doctrina imperante en la materia, habremos de desechar el planteo sin más argumentos que los aquí vertidos.-

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA O DE CORRELACIÓN ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA.

En líneas generales, puede afirmarse que el principio de congruencia opera como un límite a la actividad jurisdiccional. Algunos autores lo relacionan con el principio acusatorio que divide las funciones acusatorias de las jurisdiccionales, pero la mayoría señala que la principal implicancia se refleja en el ejercicio del derecho de defensa en juicio, dado que es habitualmente traducido en la exigencia que el imputado tenga amplias posibilidades de conocer todos los aspectos de la acusación para poder argumentar y ofrecer pruebas en contrario. La sentencia no puede ser precedida de indefensión.

Maier dice que la sentencia debe versar sobre el mismo hecho y circunstancias que contiene la acusación formulada al acusado y que este principio prohíbe todo aquello que implique sorpresa para el imputado y el defensor; es decir, que se diga algo sobre lo que no se pudieron expedir (cuestionarlo, enfrentarlo probatoriamente). Explica, también, que la Corte Suprema requiere que se indique puntualmente el elemento sorpresivo y además, las defensas concretas que se hubieran opuesto de no mediar la sorpresa y los medios de prueba omitidos.

El tema conflictivo es qué aspectos de la acusación debe necesariamente respetar la sentencia y cómo opera la congruencia con el principio iura novit curia.

Como punto de partida, existe acuerdo doctrinario y jurisprudencial en que lo relevante es la descripción del/ de los hecho/s imputado/s.

La CIDH señaló, en líneas generales, que la descripción material de la conducta imputada contiene datos fácticos que constituyen referencias indispensables para el ejercicio de la defensa y la consideración del juzgador en la sentencia. El derecho de defensa exige la descripción clara, detallada y precisa de los hechos que se le imputan. En cuanto a la calificación jurídica, sostuvo que puede ser modificada por el órgano acusador o el órgano juzgador, siempre que se mantengan sin variación los hechos y se observen las garantías procesales previstas para cambiar la calificación.

Para Clariá Olmedo, la regla de congruencia sólo hace referencia a lo fáctico, es la indispensable coincidencia entre el supuesto de hecho imputado y el contenido fáctico de la decisión. En el aspecto jurídico rige en plenitud el principio iura curia novit. Vélez Mariconde, señala que dar al hecho una calificación jurídica distinta, no representa una violación del derecho de defensa. En idéntico sentido, al igual que D' Albora, Creus sostiene que el principio de congruencia refiere a los hechos, pero no a la calificación jurídica.

Refiere Maier que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado y afirma que la regla es la descripción del hecho, pero admite que una calificación jurídica sorpresiva puede provocar indefensión. En su libro, este doctrinario establece determinados criterios, que sirven de guía, contemplando diversos grupos de casos y cómo puede influir el cambio de calificación (delitos agravados y privilegiados, prohibiciones alternativas, relación subsidiaria, infracciones progresivas) y señala que de estos criterios participan también la consumación y la tentativa, como la autoría y las distintas clases de participación delictiva. También se refiere a la posibilidad de las acusaciones alternativas. Explica que la regla pretende que el fallo no aprecie un hecho distinto al acusado, ni valore circunstancias no introducidas por la acusación. Para no provocar indefensión, la sentencia no puede exceder el marco de las circunstancias fácticas efectivamente descriptas por la acusación (eventualmente, el auto de apertura del juicio) para ser corroboradas durante el debate.

Los errores de subsunción o puramente jurídicos en el encuadramiento del comportamiento atribuido no dañan la defensa ni limitan la decisión, pero la discrepancia debe ser meramente jurídica. La sentencia no puede agregar una circunstancia (temporal, espacial o de modo) no contenida en la acusación.

La Sra. Juez Angela Ledesma agrega que el requerimiento de elevación a juicio es el primer acto en el que se concreta la identidad objetiva y subjetiva de la pretensión penal y que incluye aspectos fácticos y normativos. Para esta distinguida jurista, la acusación culmina con el alegato final del fiscal.

Valorando a estos prestigiosos doctrinarios, entendemos por lo tanto que la acusación formulada, que se concreta en el requerimiento de elevación a juicio, incluso puede ampliarse durante el debate y queda concluida en el alegato final.

La defensa en juicio importa que el acusado esté al tanto de las particularidades del delito que se imputa y tenga el conocimiento en concreto (puntual y detallado) de los hechos materiales que se le atribuyen; tal inteligencia no es vulnerada por la ampliación de la acusación durante el debate en el caso de surgimiento de nuevos hechos constitutivos de una continuación delictiva y/o la presencia de una circunstancia agravante de la figura atribuida al imputado. En ese caso, el encuadre jurídico de la conducta debería estar precedido de una verdadera posibilidad de contradicción sobre los extremos esenciales que hacen al encuadramiento del hecho. Así, si de las piezas procesales no se advierte discrepancia o divergencia entre el "hecho" materia de imputación, lo concerniente a la participación criminal endilgada al imputado no produce una afectación a la garantía de defensa en juicio; más aún, cuando las conductas delictivas atribuidas a los imputados por el fiscal lo fueron dentro de una clase de autoría en común, excepto el caso de Condal que al momento de requerirse la elevación a juicio se lo consideró como autor mediato, pero durante el juicio coautor directo, sin variación alguna de los hechos que se le enrostran (valorados anteriormente). En consecuencia, resulta claro que no se afecta el principio de congruencia si lo que se ha mutado es la calificación de la participación en los hechos y no su materialidad.

El tribunal oral puede apartarse del encuadre efectuado en el requerimiento de elevación a juicio o en el auto de remisión a juicio, siempre que se respeten los hechos contenidos en la acusación en virtud del principio de congruencia. No puede alegarse sorpresa, falta de contradictorio, desigualdad o carencia de bilateralidad, si la jurisdicción condena a una pena mayor a la pretendida por la acusación en tanto aquella se vinculó con el título de imputación correspondiente a la intervención del acusado en el hecho, pues si bien el fiscal requirió condena por considerarlo partícipe secundario se lo condenó como partícipe necesario en el delito de tráfico de estupefacientes -según C.N.C.P., Sala II, resolución del 14/09/10, registro n 17124.2, causa 12087 "Retamar, Alcides s/ recurso de casación".-

De nuestra parte, sostenemos que lo relevante es haber podido debatir sobre las reglas jurídicas que el Tribunal aplica a los distintos aspectos del caso y ello es lo que ha sucedido a lo largo de este extenso juicio en donde se ha priorizado en todo momento, la defensa en juicio y asi lo reconoció el respetado Defensor particular Dr. San Emeterio en su alegato final; por lo demás, tampoco se ha demostrado cual ha sido la situación concreta, como exige la Corte Suprema, en virtud de la cual pudo haberse visto afectado su derecho de defensa. Motivo por el cual las distintas argumentaciones de la Defensa basadas en la afectación del principio de congruencia, no tendrán acogida por este Tribunal.

Nótese que en el caso de Norberto Eduardo Condal, si bien no se ha calificado en la figura típica de homicidio el hecho que se le atribuyó al momento de prestar declaración indagatoria -en etapa de instrucción- del que fuera víctima César Antonio Giordano, teniendo en cuenta el descargo efectuado oportunamente por el imputado, el Ministerio Público Fiscal ha manifestado en su requerimiento de elevación a juicio que a Condal también debe reprochársele el delito de homicidio. Dicha ampliación de la acusación fue mantenida a lo largo del debate sin que se alterara el hecho que originariamente fuera enrostrado, con lo cual no hubo "sorpresa" que impidiera o afectara el ejercicio del derecho de defensa en juicio.

Sin perjuicio de ello y en el mismo sentido, téngase presente que el Tribunal se encuentra facultado para dar a los hechos una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves, cuando tales hechos no son distintos a los enunciados en aquellos actos procesales, como sucede en autos (cfr. Art. 401 C.P.P.N.).

De ahí, que se desestima el presente punto.

Sobre el planteo de nulidad propiciado por la Defensa Oficial Dr. Leonardo Brond.

Que el Dr. Brond solicitó la nulidad de la acusación formulada por los doctores LARREA y CZERNIECKY, de fecha 29 y 30 de mayo, respectivamente, ambos del corriente año, por valorar que esos alegatos no reúnen los requisitos previstos por el artículo 393 del CPPN. Asimismo, y siendo que la atribución de responsabilidad propiciada por la Dra. MANTARAS se basa, por remisión, en aquellas acusaciones objetadas por la parte, solicitó se propague los efectos de la nulidad a su respecto (Alegato del Dr. Brond de fecha 16 de agosto de 2012).-

Liminarmente, cabe señalar que los aspectos fácticos y jurídicos a partir de los cuales los querellantes LARREA y CZERNIECKY han pretendido concretar la acusación, presentan los presupuestos necesarios para ser válidamente admitidos en el proceso (cfr. art. 393 y cctes. C.P.P.N.), en tanto se advierte en la especie que los querellantes han señalado circunstanciadamente los hechos que conforman la plataforma fáctica objeto de imputación en este debate, con su consecuente valoración de todos los elementos probatorios de interés jurídico-penal, revelando también en un lenguaje descriptivo cuáles fueron las acciones u omisiones reprochadas, en sentido de comportamiento concreto de los imputados, qué grado de participación tuvieron los enjuiciados, su relevancia desde el punto de vista subjetivo y el resultado concreto o perjuicio producido (cfr. alegatos de fecha 29 y 30 de mayo).-

Siendo ello así, consideramos que los alegatos objetados presentan los aspectos objetivos y subjetivos de la hipótesis imputativa, con la correspondiente valoración requerida, lo que hace que las acusaciones cumplan con las exigencias previstas para el caso, más allá de la subjetivización que sobre ellos pueda justipreciarse. Un temperamento en contrario, implicaría sistematizar un excesivo rigor formal no previsto para el tópico, lo que impide al Tribunal siquiera mínimamente avanzar aún más en el examen de esta cuestión y rechazar el planteo a su respecto.-

Ni la jurisprudencia, ni el Alto Tribunal se ocuparon en señalar cuando ni como debía estimarse formulada la acusación, acto procesal ineludible para cubrir los demás tramos de la secuela; en todo proceso penal deben observarse sí las formas sustanciales del juicio sin determinar el contenido exigible a cada uno de esos actos para satisfacer el debido proceso (art. 18 CN), más cuando ello -el contenido- puede ser refutado en cuanto a sus apreciaciones por la Defensa sobre la materia probatoria; por lo demás, no se ha demostrado de manera concreta cual es el agravio que le ocasiona perjuicio o indefensión por el contenido del alegato de la querella cuestionado; de ser como dice la Defensa Oficial, sería decretar una nulidad por la nulidad misma lo que deviene inaceptable.

Por ello, tampoco tendrá recepción favorable el efecto ultra-activo pretendido por la parte y su consecuente planteo de nulidad de la acusación de la Dra. MANTARAS, puesto que el vicio señalado por la Defensa no existe como tal, toda vez que la acusación de la parte querellante se erige -en parte- de la conexión por remisión efectuada a una acusación válida, conforme los fundamentos informados supra. Y si ello es así, la remisión parcial que sirve de sustento a la acusación que por la presente se cuestiona, tiene su origen gravitante en una acusación motivada y justificada (ver alegato de la Dra. Mantaras. Alegatos de fecha 29 de mayo al 6 de junio - LARREA y CZERNIECKY y MÁNTARAS-), lo que determina al Tribunal a rechazar el planteo a su respecto.-

SOBRE LA APLICACIÓN DE CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN E INCULPABILIDAD.

Conforme se examinará infra, la significación jurídica de las conductas por la que en este sub judice se acusa a los aquí enjuiciados, corresponde liminarmente determinar si ellas constituyen injusto penal o sí, por el contrario, los encausados pueden ampararse en alguna causa de justificación (cfr. Art. 34 C.P.P.N).

En principio tendremos presente exclusivamente los planteos concretos efectuados por las defensas a su respecto.

Asimismo, y teniendo en cuenta la profusa y sublime literatura sobre esos tópicos (estadio de la antijuridicidad y culpabilidad), en pos de no incidir en excesos de dogma, nos remitimos a las erudiciones que valieron como verdaderos rectores para realizar el juicio de valor correcto sobre tales cuestiones. Así, respecto de la antijuridicidad ver: Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal: Parte General, Ed. Ediar, Buenos Aires, año 1991, pág. 479. Hans-Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal Parte General, cuarta edición, Ed. Comares-Granada, año 1993, pág. 210. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual del Derecho Penal año 2005, págs. 365 a 380, 455 y ss.. Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General, Ed. Bdef, Buenos Aires, 2005, pág. 419/420 y ss. Con relación a la culpabilidad, ver: Enrique Bacigalupo, Derecho Penal, Parte General, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 413. Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Plagia y Alejandro Slokar, Manual del Derecho Penal año 2005, ob. cit. pág. 503. Claus Roxin, Derecho Penal., 1.997, Tomo I, p. 195. Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Ed. Trotta, Madrid, 1995, pág. 490. Maximiliano Rusconi, Derecho Penal Parte General, Ed. Ad-Hoc, año 2.007, pág. 339 y ss.).

Ahora bien, el Dr. San Emeterio, luego de iniciado su alegato y abordado lo tocante a la autoría mediata realiza una introducción por demás técnica con relación al error de prohibición y error de tipo, como causa justificante (cfr. alegato de fecha 8/08/2012). Allí, explica que sus defendidos cumplieron órdenes que emanaban de autoridades legalmente constituidas y que esas disposiciones se cumplían, habida cuenta del marco situacional imperante en el que esos mandatos se verificaron. De tal modo, concluye que se reducía al mínimo el juicio de valor que el destinatario de esas disposiciones pudo hacer respecto a su legalidad o ilegalidad.

En definitiva y ante el escenario planteado, indica que sus defendidos carecieron de toda aptitud para hacer un juicio de valor sobre tales tópicos y, consecuentemente, proyectar su obrar.

Por su parte, el Sr. Defensor Oficial, Dr. Gustavo Rodríguez, considera que los hechos por los que se acusa a SELAYA y MIRAGLIA no son punibles. De allí, tampoco son jurídicamente responsables en razón de haber actuado al amparo de una causa de justificación, que determina el desplazamiento de la antijuricidad de sus conductas; vale decir, ambos actuaron en cumplimiento de un deber legal que se les imponía, que tuvo su base motivacional en el ordenamiento jurídico imperante (Ver alegato de fecha 21/08/2012).

Por ello, concluye que se estaría, con respecto a las privaciones ilegales de la libertad que conforman la plataforma fáctica objeto de acusación, en presencia de un error de prohibición de tipo invencible, lo que consecuentemente impide que el injusto llegue a ser delito. Asimismo, refiere que en el peor de los casos, aún si se entendiera que el error hubiese sido potencialmente vencible, el obrar sería culposo y por ende atípico, ya que las figuras de los artículos 141 y siguientes, endilgadas, solo admiten la modalidad dolosa.

Por su parte, la Defensa Oficial (Dres. Brond y Castelli) al alegar respecto del imputado Osvaldo Bernardino PÁEZ, encuadraron la conducta de su defendido, especialmente en lo que hace a su desempeño como presidente del Consejo Especial de Guerra, dentro de la causal de justificación de obediencia debida, en los términos del art. 34, inc. 5 C.P., arguyendo que, en caso de éste no haber acatado tal orden, habría sido castigado con pena de muerte.

De esta manera, se advierte cómo los argumentos de la defensa descriptos supra insinúan que los aquí acusados habrían actuado bajo la influencia de un eximente que les habría permitido actuar justificadamente.

Sentado cuanto precede, cabe resolver dos cuestiones: si los enjuiciados representados por el Dr. San Emeterio y la Defensa Oficial en cabeza de los Dres. Brond y Castelli obraron en virtud de una obediencia debida (cfr. art. 34 inc. 5to.) y si MIRAGLIA y SELAYA, representados por el Sr. Defensor Oficial Rodríguez, obraron conforme a derecho (art. 34 inc. 4 C.P.). Y si ello es así, conteste la hipótesis planteada por las partes y los aspectos fácticos efectuados como peculiaridad gravitante de sus alegatos, existió un error que afecte la comprensión de su obrar (cfr. art. 34, 1er. inciso 2do. párr. C.P.).

Desde el punto de vista jurídico-penal, corresponde realizar un primer abordaje de la cuestión, desde la órbita estatal, en tanto desde sus instituciones se erige un orden jerárquico y un sistema de normas para el funcionamiento de los organismos respectivos, en el cual la obediencia jerárquica es un elemento central para el efectivo cumplimiento de los fines pretendidos por sus dirigentes.

De allí, surgen interrogantes tales como: existe un deber absoluto de obediencia, incluso frente a una orden ilegal?, quién es el sujeto que decide si la decisión que ha de ejecutarse es regular, legítima? En suma, la orden en todos los casos ha de ejecutarse, o no?.

Hans Kelsen, parte de la premisa que sólo pueden ejecutarse las normas regulares, éstas son las únicas que generan obediencia porque "sería una contradicción íntima obedecer una norma irregular" (Kelsen, Hans "Teoría General del Estado", Editora Nacional, México, 1.965, pág. 374).

Respecto de la capacidad que el ejecutor examine la orden impartida por el superior, Kelsen sostiene que: "El Derecho positivo puede limitar este examen y puede orientarlo en determinadas direcciones. Si falta esta limitación -acerca de cuya necesidad o conveniencia política nada hemos de decir-, la teoría no puede llegar a otro resultado que éste: aquel que ha de ejecutar la norma, ha de examinar y decidir también si es o no una norma regular y, por tanto, ejecutable" (Kelsen, ob. cit., pág. 375).

Sentado cuanto precede, una primera aproximación al caso planteado motiva al Tribunal a considerar que la orden de ejecutar los aberrantes hechos por los que aquí se ha encontrado responsable a los enjuiciados, no puede juzgarse como legítima. Ello así, no bien sean tenidos en cuenta que los hechos respecto de los cuales fueron acusados tuvieron lugar mediante el incumplimiento de todas las normas vigentes al momento, escrita o consuetudinaria.

Y que si bien es cierto que existía un marco positivo (decretos, directivas, reglamentos y otros) que regulaba la actividad, lo que por otra parte sirvió como causa motivante de las órdenes impartidas con su consecuente proyección, también ello contrastaba y colisionaba con los más elementales principios que conformaron -y aún hoy satisfacen- el derecho interno, así como también con los estándares internacionales, todos los cuales en definitiva se instituyen y proyectan en tutelar las garantías y derechos individuales.

Se ha probado en el debate con necesaria certeza, que los hechos objeto de acusación, se cobijaron con un manto de clandestinidad en donde todos, sin excepción, ocurrieron bajo circunstancias anómalas, como oportunamente se precisará.

Doctrinariamente, se ha consagrado la teoría de la apariencia: "la obligatoriedad de la orden no se condiciona a su juridicidad 'intrínseca' [...] sino a su apariencia de legalidad. Aunque la orden sea gravemente antijurídica y constituya delito, deberá obedecerse bajo pena salvo que ello no resulte 'manifiesto' ex ante en el momento de su cumplimiento (.) en muchos casos un delito, aunque sea grave, puede resultar de difícil apreciación para el subordinado en el momento en que recibe la orden, y viceversa, una ilegalidad menor puede aparecer a veces como evidente desde el primer instante" (Mir Puig, Santiago, "Derecho Penal, Parte General", Ed. B de F, Buenos Aires, 2005, pág. 494).

Sin embargo, lo expuesto encuentra un límite "esto no significa que los casos más graves de la ilegalidad de una orden no suelan resultar evidentes ('manifiestos'). Así sucederá con las órdenes de cometer un homicidio o de infligir torturas, o las de realizar delitos contra la honestidad, de cohecho, etc." (Ídem).

Soler formula los requisitos de la obediencia debida como: "1) La existencia de una relación oficial de subordinación (...) 2) Que la orden emane de la autoridad superior, y esté dada dentro de los límites ordinarios de la competencia de ese superior en su relación con el subordinado; 3) Que la orden esté expedida en las formas en que el subordinado está obligado a recibirla; ya sea por escrito u observando determinados requisitos que el procedimiento establezca; 4) Pero, como a pesar de todas esas circunstancias, la orden puede ser sustancialmente ilegal, se ha propugnado un último criterio para determinar el límite de la responsabilidad del subordinado. Se ha negado el deber de obediencia a aquellas órdenes que son delictivas de un modo manifiesto y grosero, criterio extraído del Digesto, en el cual, si bien el siervo era normalmente inculpable por obedecer a una orden delictiva, no podía excusarse con la orden sino en aquellos hechos quae non habent atrocitatem facinoris vel sceleris" (Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", Ed. Tea, Buenos Aires, 1994, Tomo I, pág. 344).

Asimismo, explica que estas exigencias se presentan como útiles para verificar "la existencia o inexistencia del error del subordinado, que es la hipótesis normal (.) Es evidente, en efecto, que si la orden está dada por el superior, en la forma normal, dentro de la esfera ordinaria de atribuciones, aun no existiendo de parte de subordinado una obligación específica de obedecer cualquier orden posible de ese superior, quedará el ejecutor exculpado por la sencilla razón de que quien resuelve la legalidad de la orden no es él, ya que el inferior no es un tribunal de casación de las órdenes corrientes de sus superiores, sino su ejecutor" (op. cit. pág. 345).

Luego, el autor arriba a una solución que se ajusta a la conducta de los aquí encausados cuando colige: "inversamente, cuando el inferior ha aceptado y ejecutado una orden que no vino a él en la forma debida (por ejemplo, una orden verbal de allanamiento) o dada por quien manifiestamente es incompetente o fuera de las actividades normales de ese servicio; o, finalmente, cuando se trate de una orden cuyo contenido repugna groseramente al más elemental buen sentido, ese subordinado, en tales casos, difícilmente podrá invocar la existencia de un error de su parte con respecto a la legitimidad de su proceder" (op. cit. pág. 345).

Los hechos aquí justipreciados y acreditados en el debate, no obstante haber sido ordenados por la superioridad, jamás pudieron haber sido interpretados como mandatos legales.

Toda esta situación excéntrica, permite afirmar fundadamente que los epigrafiados tuvieron conocimiento de la ilegitimidad de las órdenes que se les dirigieron y que esas órdenes y sus ejecutores, en definitiva fueron la abstracción del plan sistemático. Plan que por otra parte los incluyó y que, conforme surge de las constancias del debate, los enjuiciados no relegaron su aporte y su propensión en la ejecución. Es decir, tenían el control, impartían las órdenes e instrucciones y generaban las condiciones para que tales disposiciones se acataran y facilitaban los medios para el cumplimiento acabado del plan.

Y si ello así, debieron haber considerado esas disposiciones, puesto que en definitiva, atentaban los más altos valores misericordiosos, afectando in totum derechos y garantías individuales.

Cabe para ello recordar lo dicho supra, en oportunidad de aludir a Kelsen, así como también lo sostenido en la causa N 1487 del registro del T.O.C.F.Nro. 4.

"In re" los Sres. Jueces del Tribunal consideraron que ante la existencia de órdenes con extremado y ostensible contenido de ilegitimidad e ilicitud, los subordinados estaban obligados a revisar esas órdenes, no pudiendo invocar esta eximente. Estas directivas -de detener, de secuestrar, de torturar, de hacer desaparecer personas, entre otras- encuadran en la categoría de atrocitatis facinoris con lo que, por lo ostensible de su ilegitimidad, no debieron haber sido realizadas. Vale decir, resulta innegable que tal particularidad tuvieron las órdenes impartidas a estos enjuiciados por sus superiores, con el objeto que se integre, en las condiciones ya conocidas, el aparato organizado para la represión ilegal y, por tanto, se plieguen, desde sus respectivas posiciones, a la ejecución del plan sistemático de represión, como efectivamente ocurrió y está probado.

Para tasar de ostensiblemente ilegal la orden, corresponde tener en cuenta el punto de vista del hombre medio imaginado en el momento de la acción (ex ante) y con los conocimientos especiales que pueda tener el autor en dicha situación (conf. Mir Puig en D'Alessio, op. cit., pág. 355).

Ahora bien, que coexistieran normas que sancionaran a los acusados gravemente ante el incumplimiento de las directivas, no obsta a que corresponda el rechazo de la obediencia debida, por cuanto, a contrario sensu, "el subordinado estaría justificado (.) si la antijuridicidad de la orden no fuera manifiesta y en tanto el acto a ejecutar no sea más grave que lo que sería una desobediencia en las circunstancias del caso" (conf. Sancinetti citado en D'Alessio, op. cit., pág. 355 y 356).

Otro sector de la doctrina va más allá en casos como los que aquí sometemos a juicio, al afirmar que no corresponde excluir que "por parte de funcionario subordinado haya un deber de examinar la orden recibida. Este deber de examen es tanto más importante, cuando la orden infrinja un precepto constitucional o lesione gravemente la dignidad humana" (Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, "Derecho Penal, Parte General", Ed.Tirant lo blanch, Valencia, 2004, pág. 343).

Por lo tanto, la construcción del juicio penal, frente a un caso en que el subordinado ejecuta una orden ostensiblemente ilegal dispuesta por el superior, deberá necesariamente evaluar ex ante -como pauta de interpretación hermenéutica- los conocimientos especiales que el autor directo tiene al concretar su acción.

En esta comprensión y teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, no caben dudas que las órdenes emanadas desde los altos mandos del aparato organizado de poder revestían esta ilegalidad o ilegitimidad manifiesta por tratarse de hechos atroces o aberrantes para la dignidad humana (atrocitatem facinoris), motivo por el cual quienes las ejecutaron, con un saber específico previo, debieron - en el cumplimiento de sus tareas- revisar la calidad de estos mandatos evidentemente ilícitos.

La Corte Suprema se ha pronunciado en tal sentido diciendo: "No debe entenderse que la obediencia debida sea ciega, conclusión que resulta insostenible a la luz de la naturaleza de los sujetos participantes en la relación de subordinación, que por seres humanos disponen de un margen irreductible de libertad" (t. 310, P. 1162).

Digámoslo de una vez: siendo tan axiomática la ilegal de las órdenes y decisiones impartidas, su pleitesía, por parte de quienes las ejecutaron, importó sencillamente plegarse al plan sistemático y, en su consecuencia, formar parte del aparato organizado de poder, propiciando desde sus lugares de tareas aportes orientados a la consecución de sus objetivos.

Subrayamos en este punto que ni el Derecho Internacional Humanitario -aplicable a los conflictos bélicos- permite que semejantes disposiciones puedan ser legítimamente dictadas. Muchas de las normas de esa rama del Derecho Internacional Público -relativas al tratamiento que corresponde dar a los prisioneros de guerra- revisten el carácter de ius cogens y han sido normalizadas desde 1864.

De ello se desprende, no sólo que las órdenes de ejecutar los aberrantes sucesos que en este debate hemos analizado, han sido ostensiblemente ilegales por lo que ningún deber de llevarlas a cabo ha existido, sino que, por el contrario, los acusados debieron haber rechazado su realización.

De tal modo, justipreciamos sin hesitación alguna que estamos frente a hechos antijurídicos.

Por otra parte, cada uno de los enjuiciados, desde su distrito y lugar de tareas, se ha mostrado propenso para cumplir su aporte al plan criminal impuesto por el aparato represor, propiciando actos para la satisfacción y ejecución de las directivas.

En cuanto a la posibilidad de que cualquiera de los encausados haya obrado bajo error sobre los presupuestos de una causa de justificación, Sancinetti entiende que si la orden es manifiestamente ilegítima, resulta dudoso que alguien pueda argüir un error, salvo en personas de escasísima cultura o capacidad de comprensión (conf. Bloch en D'Alessio, op. cit. pág. 352).

Siendo ello así, se advierte que ninguno de ellos, pudo haber dudado de la ilegalidad de tales órdenes. Puesto que, conforme surge de sus legajos personales, los encausados se posicionan en un estándar de hombre medio, lo que motiva al Tribunal a considerar que están por sobre el umbral referencial, lo que les permitió conocer y comprender la ilegalidad de las ordenes y el efecto ultra activo de su ejecución.

De tal modo, no advertimos que el obrar de los aquí enjuiciados haya estado motivado en un error como lo proyecta la Defensa particular y la Defensa Oficial.

Con relación a lo alegado por la Defensa Oficial, en cuanto a que justifica el obrar de SELAYA y MIRAGLIA, en tanto obraron conforme al derecho positivo imperante, cabe abordar este tópico preguntándonos si el camino escogido por las armas del Estado, concibiendo el concepto "armas del Estado" a todas las fuerzas existentes y que conformaron el aparato organizado de poder, fue conforme a derecho.

Y si esa es la consigna, la respuesta sobreviene negativa. Ello así, no bien sean tenidas en cuenta las circunstancias previas y concomitantes respecto de las cuales se emprendió el atropello contra los derechos y garantías más elementales de las personas. Lo que por otra parte, revela que las decisiones y la persecución propiciada desde las más altas esferas y ejecutadas desde distintos resortes del Estado, de los cuales el aparato represivo se valió, fueron realizadas fuera de toda normatividad.

Y, que si bien es cierto que existieron reglamentos, como bien los cita la defensa, que ciñeron a las instituciones penitenciarias y, consecuentemente, a su personal bajo el control operacional, así como también que quedaron inmersos, en cuanto a las infracciones y delitos que pudieran cometer, bajo el régimen militar, también lo ello no es fuente habilitante para calificar como justificante el obrar de los enjuiciados respecto de los hechos por los cuales se los acusan en el presente debate.

Por otra parte, si bien es cierto que mucha de la normativa citada al respecto por la Defensa, sumada a otras a las que no aludió, encuentran su base motivacional y se erigen como instrumentos legales para procurar los fines de "auto-conservación" del Estado, también lo frente a ello regían garantías constitucionales. Garantías que por otra parte el "Proceso de Reorganización" no abrogó.

De tal modo, mal puede la Defensa ampararse en el cotejo de normas que cita y en la circunstancia de que las instituciones penitenciarias se vieron sujetas al aparato de poder, en tanto el modo, la forma y los métodos elegidos para lograr los fines perseguidos no se condice siquiera mínimamente con los estándares imperantes en el ordenamiento jurídico que regía por aquellos tiempos. Derecho positivo, que por otra parte existía antes del proceso en el cual acaecieron los sucesos, y que se condecía en lo sustancial con lo previsto por el Derecho Internacional y el ius congens. Orden jurídico, en definitiva, que aún hoy se mantiene.

Y si ello es así, no es correcto hacer una hermenéutica sesgada de la normativa vigente en aquellos tiempos, tomando como pauta de valoración aquellas que exculpan y postergando la aplicabilidad u operatividad de las otras.

De allí, en modo alguno compartimos los fundamentos que informan los alegatos de la Defensa en el sentido que los aquí enjuiciados obraron conforme a derecho.

Resulta esclarecedor en este sentido, que las víctimas de las privaciones ilegítimamente de libertad no fueran puestas a disposición de autoridad competente, o de haber sido así situadas lo fueron bajo circunstancias irregulares, o al menos impropias, y en la mayoría de los casos en forma tardía.

Ligado con ello, llama la atención que las víctimas fueron detenidas y mantenidas en tal condición sin saber siquiera cuales eran los cargos o los hechos motivantes de las detenciones, careciendo de tal modo de todo derecho de defensa al momento de suceder los hechos como así posteriormente.

Por ello, y si bien será tratado oportunamente, se advierte que las privaciones ilegítimas de la libertad que se le enrostran a los aquí enjuiciados se identifican por las circunstancias de modo tiempo y lugar reinantes al momento de perfeccionarse, las que por otra parte se presentan como anómalas (de modo clandestino, sin información de los motivos causantes, sin dar intervención a ninguna autoridad competente, sin posibilidad de acudir a recursos de defensas, entre otras). Vale decir, se perpetraron al margen de la ley.

Y si ello es así, tales irregularidades se mantuvieron aún después de haber ingresado las víctimas a la Unidad de Villa Floresta, puesto que tales irregularidades se mantuvieron en el tiempo, aún por breve que éste sea.

De allí, corresponde concluir que no solamente los acusados actuaron por sobre las normas que tienden a proteger los derechos y garantías fundamentales de las personas, sino que también consideramos que el haber recibido y mantenido a las víctimas en la Unidad Penitenciaria, al menos por un momentos que ello fuera, implicó no cesar con la irregularidad pretérita y concomitante a su ingreso; sino, por el contrario renovar la ilicitud de las privaciones ilegítimas de la libertad objeto de acusación. Pauta que revela entonces, lo proclive de los aquí enjuiciados al plan de Estado vigente.

En definitiva, consideramos que lo que postula la Defensa se motiva precisamente en una estrategia binaria en relación a la legalidad. Estrategia, que por cierto tuvo el aparato de poder para crear un nuevo -paralelo- "orden legal" que favoreciera y amparara el accionar represivo. Cuestión ésta que no admite exceso alguno para su rechazo.

De tal modo, no advertimos en el caso que los enjuiciados hayan actuado conforme a derecho, ni mucho menos que su obrar tenga como causa motivante el error aludido por la Defensa.

No habiendo otras circunstancias que indiquen la existencia de causas de inculpabilidad o inimputabilidad que tornen irreprochables los injustos penales atribuidos a los encausados, habremos de confirmar la culpabilidad de enjuiciados por los hechos respecto de los cuales cada uno de ellos, deberá responder.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TEORÍA "COAUTORÍA CRIMINAL MEDIATA EN LOS APARATOS ORGANIZADOS DE PODER" DE CLAUS ROXIN

El Sr. Defensor Oficial, Dr. Leonardo Brond, plantea la inconstitucionalidad de la aplicación de la teoría de Claus Roxin, "Coautoría Criminal mediata en los aparatos organizados de poder".

Desde ya entendemos desacertado tal planteamiento, habida cuenta que se contrapone con la inteligencia determinada por el art. 31 de la C.N. y por el propio sentido jurídico que comprende la inconstitucionalidad de una teoría.

La constitución formal esta revestida de supralegalidad (art. 31), lo que significa que todas las normas y los actos estatales sean coherentes con los postulados constitucionales; en otras palabras, todo el orden jurídico y normativo deben ser compatibles con la constitución formal.

El ordenamiento jurídico, es algo más que un ordenamiento normativo. Es el mecanismo necesario y constitutivo de la organización del Estado y la sociedad que se encolumna alrededor de un principio rector y que se subordina a la norma base de ese sistema, llámese norma fundamental de Kelsen o la Constitución Nacional.

Nos permitimos significar que un orden jurídico es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas, que ostentan una estructura jerárquica y se distribuyen en diversos estratos. La unidad de orden, reside en que una norma está determinada por otra cuya creación, a su vez, ha sido determinada por otra y así podemos remontarnos hasta la norma fundamental de la cual depende la validez del orden jurídico en su conjunto.

Transpolando tal razonamiento, de cuyo autor no puede dudarse, a este juicio y al pedido de la Defensa Oficial podemos destacar que todo gira en base a la Carta Magna y su art. 31, para citar la norma más fundamental que regulan todo el ordenamiento jurídico del cual dependen todas las demás regulaciones jurídicas.

Desde esta perspectiva, debemos señalar que el derecho positivo de un Estado se articula en torno a normas jurídicas y en lo que hace a la supremacía de la Constitución Nacional y a su protección, ello es respecto del orden jurídico argentino; o sea, tiende a proteger sus principios y derechos por encima de todos los ordenamientos locales y demás normas que deben subordinarse ella.

La Constitución es la ley fundamental de un Estado, en cuanto representa la base sobre la cual se asienta toda su estructura política y jurídica y además, es suprema pues ella está muy por encima de todas las demás normas jurídicas que constituyen el ordenamiento del Estado.

Por eso, la doctrina de la supremacía constitucional pasa a forjar el control o revisión constitucional como mecanismo que confrontando normas y actos comprueba si están o no de acuerdo a la Ley Fundamental y en caso de no estarlo, se los declara inconstitucionales y para garantizar técnicamente tal primacía y que no ostente solo una cualidad dogmática, existe el llamado control de constitucionalidad que tiende a resguardar sus principios y es el régimen con el cual se asegura aquella supremacía, insistimos en el art. 31, en virtud de su aplicación. Las leyes, demás normas y actos contrarios a la Ley Fundamental se convertirán en ineficaces por ser inconstitucionales, mediante tal control de constitucionalidad de los actos normativos y por disposición constitucional, está a cargo del Poder Judicial, quien decide solo colisiones efectivas de derechos, lo ejerce de manera difuso y cuyos efectos son para el caso concreto declarándolos inconstitucionales cuando contradice la norma del art. 31 C.N.

De ahí que debamos señalar que las materias controlables a fin de resguardar la supremacía de la Constitución son, las constituciones provinciales, las leyes, los tratados internacionales, los decretos, reglamentos y actos administrativos, los actos políticos de gobierno, las sentencias, la actividad de los particulares y la reforma de la Constitución; es decir, todo el espectro normativo jurídico del Estado Nacional, Provincial y de los particulares.

Una norma es inconstitucional cuando luego de un proceso de interpretación constitucional, se arriba a la conclusión que su totalidad o una parte de ella está en contraposición con la Constitución de la República, debiendo por lo mismo, ser expulsada del ordenamiento jurídico vigente, o como dice Hernán Pérez Loose. "La declaración que una ley es inconstitucional, es la conclusión de que su vigencia, al final de un proceso interpretativo constitucional, debe suspenderse por encontrarse en oposición de la Norma Suprema".

En lo que hace a la inconstitucionalidad de una teoría, por lo expuesto precedentemente, entendemos desafortunado tal planteamiento habida cuenta que en primer lugar, no es obligatoria su aplicación; en segundo término, no puede el Poder Judicial analizar propósitos, conveniencia, aciertos o efectos del criterio jurídico del autor de la misma, como también sus conclusiones. A una teoría se la estudia, se la aplica o no, se la comparte o no, pero nunca confronta con el régimen normativo de un Estado puesto que su contenido no es obligatorio de aplicarlo toda vez que ella es un conocimiento especulativo considerado con independencia de su aplicación, como sí lo es una norma o ley.

Por ende, valga repetirlo, no existe entre una teoría y la ley Fundamental un disvalor tal como para analizar la inconstitucionalidad de la teoría "Coautoría Criminal mediata en los aparatos organizados de poder" de Claus Roxin.

Resultando bastante lo dicho para desestimar la presentación del Dr. L. Brond, en cuanto a su planteo de la inconstitucionalidad de la aplicación de la teoría "Coautoría Criminal mediata en los aparatos organizados de poder" de Claus Roxin, vamos a pronunciarnos respecto de lo que el Sr. Defensor Oficial calificó como segundo camino por el cual dedujo que la misma no resulta aplicable en el caso concreto del V Cuerpo de Ejército en virtud de la existencia, en su pensamiento, de doble comando.

Que para justificar tales extremos la Defensa Oficial arguyó que Vilas se manejaba con un cuerpo propio de personal especialmente seleccionado por él para llevar a cabo las funciones que le correspondía como Comandante de sub zona 51 en el marco de la lucha contra la subversión, misión esta primordial establecida desde la misma directiva 1/75. Asimismo, para justificar ello, la defensa refirió que en caso de tomar VILAS a personal del Comando V Cuerpo, ello lo hacía siempre con ciertas limitaciones de índole administrativo basándose en lo explicado por éste en su declaración indagatoria prestada en el marco de la causa 11/86, a fs. 855vta, en la que refirió de manera concreta que "dentro de la vinculación del Comando, significa que son las relaciones de Comando que resultan del otorgamiento o la delegación transitoria de un militar, como tal, de una determinada autoridad, para el ejercicio de una función o cumplimiento de una tarea, con los medios con los cuales no mantiene vinculación de dependencia".

"En la vinculación de Comando, no estaba la tropa bajo comando operacional; las unidades que de él dependían -se refiere el declarante- no estaban bajo el comando operacional total, que es la autoridad que se otorga en forma total sobre las fuerzas dependientes, para el cumplimiento de la misión impuesta (sub zona 51) no incluyen los servicios de apoyo de combate, ni lo referente a la disciplina, organización interna e instrucción. En lo referente a la vinculación de dependencia, lo tenía en el concepto de agregado, que significa que es la relación de dependencia limitada de un individuo u organización militar, respecto de la autoridad de un escalón de comando. Su duración es temporaria y excluye la administración de personal. Y agrega lo siguiente: la independencia en el mando de comando y conducción de la Sub Zona 51 tenía limitaciones en el ejercicio de las funciones asignadas, no así las Sub Zonas 52 y 53, por tener al superior inmediato, comandante del V Cuerpo de Ejército, en el mismo local del Comando. Esto implicaba, para el comandante de la Sub Zona 51, una limitación en la competencia, un contralor de las acciones antes, durante y después de ejecutadas las mismas, por una obligación y lealtad al superior inmediato, podía hacer solo proposiciones pero en última instancia, era aquél quien resolvía o adoptaba una decisión (de problemas trascendentes, no de nimiedades). Que el declarante recibía respuestas del Comandante de la Zona V y en algunos casos, le decía elegantemente de eso me encargo yo".

Lo que refiere Vilas, en conclusión, efectivamente él podía dar órdenes en su carácter de Jefe de Sub Zona 51 a otros militares de las distintas unidades, pues él tenía injerencia en ese aspecto, no así en lo que hace a lo administrativo, pues seguía dependiendo de la propia organización de cada uno de los departamentos.

Que Vilas no se encargara de la cuestión administrativa, calificación, etc. del personal de los distintos departamentos no es nada nuevo; en todo caso, lo que quiere significar dentro del operar propio de las unidades que conformaban el V Cpo y la zona de defensa 5, que esas cuestiones seguían dependiendo de los jefes de cada una de ellas, sin que ello implique que quedaban exentos totalmente del accionar en la sub zona bajo las órdenes de Vilas y de manera coordinada con él. En todo caso, lo que dice él, las unidades se encontraban bajo su control, que de una u otra manera estaban a su disposición y cumplían sus órdenes, sin que por ello se vieran alteradas las demás cuestiones administrativas propias de cada elemento. Así, Bayón, Páez, etc. estaban a disposición de Vilas, y de una u otra manera cumplian y hacían cumplir las órdenes emanadas por éste, sin encontrarse exentos del accionar de él. Vilas en todo caso lo que dice es: yo me "metía en los deptos. (depto. I, II y III)" para "el cumplimiento de la misión" (combatir la subversión), sin que ello implicara interferir en el resto de las cuestiones propias de cada jefe, y sin que por ello éstos se vieran apartados de la puesta en marcha del accionar.

Ellos seguían siendo miembros de los departamentos y divisiones que ocupaban y por eso mismo eran calificados por sus superiores.

Y en este sentido y por estas razones, no se encuentra probado, ni siquiera indiciariamente, la existencia del doble comando aludida por la defensa, todo lo contrario; de los legajos personales de los condenados en la presente causa, como también de los sujetos que se han identificado como actores en los hechos materia de juzgamiento y que han fallecido (por ej. Corres), ofrecidos por la misma defensa, se comprueba una y otra vez la intervención de los imputados en las calificaciones de quienes fueran identificados, como quienes actuaban en los operativos de secuestro/traslados/muerte/desaparición, como también de los que se señalara como interrogadores y torturadores.

Y a su vez, estos mismos calificadores, en más de una oportunidad fueron calificados o por el mismo Vilas o por Azpitarte, y llamativamente estos dos -quienes fueran descriptos y caracterizados, incluso por los mismos imputados de autos, por poseer un carácter severo, agresivo, exigente |37|- los han calificado con las mejores notas al momento de los hechos; de ello, resulta difícil creer que dichas calificaciones fueran resultado de un gesto de bondadosa amabilidad por parte de estos superiores, al calificarlos con las mejores notas, si en realidad no cumplían con las funciones de jefes que por reglamento les correspondía, y si estaban totalmente aislados y apartados del accionar de los Grales. Vilas y Azpitarte, quienes estaban tan comprometidos con la "misión" de la lucha contra la subversión.

Resulta poco creíble el argumento de todas las defensas, amén que no se probó, respecto que Vilas contaba con su propio personal con el que había formado su propio Estado Mayor y con quienes operaba en la lucha contra la subversión de manera exclusiva, sin que el resto de los integrantes de los departamentos y unidades del V Cuerpo se enteraran siquiera de lo que estaba sucediendo. Ello sería entonces asumir que no existía la más mínima comunicación entre los diferentes integrantes, lo cual a su vez no resulta verosímil, toda vez que de ser así no podría entonces explicarse cómo podía llegar a funcionar dicha estructura militar, en una cuestión que formaba parte del proceso militar y del plan para erradicar la subversión, al no existir comunicación entre las diferentes áreas que componían el Comando de Cuerpo, requisito éste fundamental en cualquier estructura.

Por todo ello, el doble comando no se encuentra probado. Por el contrario, lo que surge de los legajos personales, de la demás documentación existente mencionada y aceptada en este juicio es lo opuesto, recordando que en caso de haber podido existir otros documentos de este tenor, los mismos no han sido aportados al juicio, nada más ni nada menos porque las mismas Fuerzas Armadas se han encargado de eliminarlos.

De esta manera, y en conclusión, si algo se encuentra demostradoen lo que a este punto hace, es precisamente la existencia de unidad de mando y por ende la responsabilidad de cada uno de los imputados en lo que se refirió a la implementación y cumplimiento de la lucha contra la subversión en que tuvieron lugar los hechos que se juzgan y atribuyen a los imputados.

Por otra parte, tampoco corresponde la división en dos ámbitos que efectúa la Defensa Oficial del dominio del hecho en sentido fáctico y normativo. En efecto, primero que nada, al no encontrarse acreditada la existencia de doble comando, como ya se dijera, no cabe efectuar tal división; en segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que en caso de quererse aun así efectuarse esa división la misma no se encuentra corroborada en los hechos sub examen que conforman la plataforma fáctica objeto de este juicio: aquello de que el dominio del hecho en el V Cuerpo y en sentido normativo estaba en manos del Gral. Azpitarte, mientras que el dominio del hecho en sentido fáctico, "en este contexto la Sub Zona 51", estaba en manos de Vilas, Losardo, Ferreti e Ibarra se encuentra refutado por los dichos del mismo Vilas quien en la misma fs. 856 de su indagatoria, e invocada por la Defensa Oficial, refirió que "la independencia en el mando de comando y conducción de la Sub Zona 51 tenía limitaciones en el ejercicio de las funciones asignadas, por tener al superior inmediato, comandante del V Cuerpo de Ejército, en el mismo local de Comando. Esto implicaba, para el comandante de dicha Sub Zona 51, una limitación en la competencia y un contralor en el ejercicio de sus acciones militares.

Y en cuanto a constitución de una plana mayor personal o grupos de combate personales, Vilas manifestó claramente a fs. 960 vta. ante la pregunta de "si todo comandante en general tiene mando, y la autoridad es el ejercicio del mando: cuál era su autoridad como como Comandante de la Sub zona 51?" respondió que " el declarante era Comandante de la Sub zona 51 con limitaciones en el ejercicio del cargo, por tener un superior inmediato en el mismo edificio...." Y que una de esas limitaciones consistía en "el agrupamiento para constituir una cuestión inorgánica o un agrupamiento inorgánico no previsto en los cuadros de organización del ejército, por lo cual las tropas puestas a disposición del dicente eran unidades y subunidades de las formaciones y dependían directamente del Comandante del V Cuerpo, y era el que los calificaba, complementado esto y estaba en vinculación de comando, como agregado al sólo efecto del cumplimiento de una misión sin inmiscuirse en las cuestiones internas, disciplina, logística, esa era una limitación"(sic); todo lo cual se condice con lo expresado en la documentación referida a la jurisdicción de la Zona 5, Sub Zona 51 y Area 511, ya referida (identificada como carpeta con documentación "tema 40", reservada en caja 15).

No puede por ello colegirse, entonces, que si el mismo Jefe del Comando V Cuerpo de Ejército ejercía las funciones en razón de la misión de combatir la subversión, no lo hicieran así también el resto de los elementos subalternos que conformaban tanto el V Cuerpo, como la zona de Defensa 5, y ello en concordancia a su vez con las normativas vigentes en ese momento y que incluso en el mismo ámbito de Bahía Blanca se produjeron con el objeto de acatar las directivas 1/75, 405/75, etc.

De hecho, ya con una simple lectura y análisis de, por ejemplo, el PON 24/75 "Detención, registro y administración de delincuentes subversivos", producido por el mismo Comandante de la Sub Zona 51, se refutan fácilmente los extremos de doble comando e independencia de los imputados respecto de los sucesos acontecidos entonces y que se les endilgan debiéndose remitir al capítulo pertinente.

En aquella normativa, punto g) se dispone que una copia del informe que confeccione el Jefe de la fracción que efectuó la detención respecto de las acciones realizadas sera entregada por éste al Depto. I Personal, al II de Inteligencia y al III de Operaciones. Una vez más con esto se refuta la alegada existencia de un doble comando y ajenidad de los imputados, corroborándose, por el contrario, la organización y cooperación entre todos los elementos que conformaban el V Cpo -y Zona de Defensa 5, con su Sub Zona 51- y la existencia de una sola línea o cadena de mando.

En su punto 7, "Internación carcelaria del detenido" se demuestra sin hesitación la unidad de mando, accionar conjunto y coordinado de todos los departamentos del Cdo. V Cpo de Ejército, pertenecientes también al Comando sub zona 51; en el inc. G se dispone que una vez que el G1 asigne la unidad carcelaria de internación definitiva del delincuente subversivo, dicha unidad deberá elevar una lista actualizada de la población subversiva que la misma posea y los últimos movimientos detectados al respecto, en un régimen de una vez por semana, los días martes. Lo más importante de esta normativa a ese respecto indica que "El presente informe deberá ser dirigido a: 'Cdo. Cpo. Ej. V- Subz. 51- Depto. I- Pers.'".

Claramente, no existen dudas del accionar conjunto del comando Sub Zona 51 con los departamentos del comando V Cpo. de Ejército de manera conjunta, y no por doble comando.

Por último, en su punto 9, inc.a) de esta normativa, sobre "Libertad de los detenidos" se dispone que "la puesta en libertad será ordenada por el Cte. Subz 51 con el asesoramiento del G3, G2 y Asesor Jurídico" y en el inc. b) que "Decidida una puesta en libertad, el G1 cursará la comunicación a la autoridad policial donde se encuentre alojado concretando el momento de ejecución y cláusulas especiales a las que debe ajustarse la misma.". De ello también se colige la total relación, interacción y actuación de manera coordinada y conjunta del todos elementos y unidades del Comando Vto Cpo con el Comando Sub Zona 51.

A lo expuesto cabe señalar, por ejemplo, que en el distribuidor de dicho PON se detallan todos los departamentos y elementos (como el Batallón de Comunicaciones 181, los comandantes de las sub zonas 52 y 53, etc.), que demuestra la coordinación en todo el V Cuerpo.

Sólo como dato, se destaca que este mismo PON fue aportado por elm propio Gral. Vilas al prestar su declaración indagatoria en el marco de la causa 11/86 ante la CFABB y que haciendo notar además que el PON 24/75 fue emitido por el mismo Jefe de la Sub Zona de Defensa 51 que lo antecedió, Jorge Carlos OLIVERA ROVERE, respecto del cual el mismo VILAS al aportarlo en ese acto, aclaró que si bien él mismo había dictado también un PON durante su gestión sobre la misma materia, al no poder hallar el mismo, ofrecía como prueba el redactado por aquel militar, ya que era "similar en el fondo y en su esencia al borrador que el dicente tomó del Gral. OLIVERA ROVERE del 29 de diciembre de 1975 y cuya única modificación que introdujo fue la fecha y su firma".

Y la connivencia y coordinación de todo el Comando de Cuerpo en el accionar, con total dominio del hecho en todos sus aspectos, según la distinción efectuada por la Defensa Oficial, se corrobora también en el hecho que, si realmente ello no hubiera sido así, no se explicaría el por qué AZPITARTE, como Comandante de Cuerpo, no modificó el PON en cuestión.

Todo lo analizado respecto de dicha normativa, echa por tierra también en este sentido la alusión de la Defensa Oficial respecto de que VILAS, como Jefe de la Sub Zona, contaba con el dominio del hecho a nivel fáctico: tanto AZPITARTE como el jefe de Sub Zona 51 tenían el dominio de los hechos en los dos aspectos a tenor de lo ya enunciado y probado, y ello es así porque precisamente no existía el doble comando alegado.

Pero existe otro aspecto muy puntual que contradice la postura de la Defensa Oficial sobre la existencia del doble comando. En oportunidad del retiro de VILAS, éste se presenta ante el Gral. AZPITARTE y respecto de quien lo ha de reemplazar aquel le propone que sea BAYON, recibiendo la respuesta que si bien lo va a tener presente, es un asunto que le correspondía resolver a él pues es quien decide, deja una vez más en claro el funcionamiento de manera vertical, en unidad y coordinación, respetándose las cadenas de mando de la misma estructura del Comando V Cuerpo de Ejército, sin poder, nuevamente entenderse o admitirse la existencia de un doble comando.

Idéntica tesitura sucede en oportunidad de disponerse alguna libertad, ya que no puede ser resuelta por nadie sin la previa autorización del Gral. AZPITARTE; ello evidencvia otra unidad de acción por parte de las autoridades del Comando V Cuerpo de ejército.

Pero aún más contundente resulta ser lo que se extrae de otros de los documentos aportados por el mismo VILAS al prestar su declaración indagatoria mencionada. En concreto, en el escrito caratulado como "Jurisdicción de la Zona 5 y Sub Zona 51-52 y 53" obrante en la carpeta identificada como tema 40 de la caja 15, se lee en el punto 6 que "En cuanto a la organización y funcionamiento del Comando de la Sub zona 51, debo puntualizar que no tenía un comando propio o Plana Mayor independiente del Comando del V Cuerpo. Para el ejercicio del mando, comando y conducción de la Sub zona 51 se empleaba al personal orgánico del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército, que ejercía funciones de Comando de la Zona 5 y simultáneamente ejercía funciones de Comando de la Sub zona 51 dentro de la jurisdicción asignada".

Y respecto de la integración de todas las unidades del Comando V Cuerpo con accionar conjunto y coordinado de la Sub Zona 51, en el punto 7 de la misma presentación aludida se expresa que "Las unidades, subunidades independientes: Batallón de Comunicaciones de Comando 181, Batallón de Arsenales 181, Compañía de Operaciones Electrónicas 181, Compañía de Intendencia 181, distrito Militar BAHÍA BLANCA, Agrupación Tropas (Compañía Comando y Servicios del V Cuerpo de Ejército), Destacamento de Inteligencia 181, le fueron agregados por el Comandante del V Cuerpo al Comandante de la Sub zona 51. El término agregado en terminología castrense significa 'Es la relación de dependencia limitada de un individuo u organización militar, respecto de la autoridad de un escalón de comando'. Su duración es temporaria. Excluye la administración de personal". Esto es precisamente lo que VILAS quería decir respecto de la limitación de administración del personal sugerida por la Defensa Oficial de la fs. 856 de su declaración en la causa 11/86, intentando en vano desligar a sus defendidos de la responsabilidad que se les atribuye, en especial a objetar la existencia de las calificaciones efectuadas por éstos respecto de otros imputados en la causa.

En cuanto a la alusión que la Defensa Oficial hace respecto de la declaración de IBARRA en el Juicio por la Verdad en cuanto a que en algunos procedimientos se comunicaba directamente con VILAS, cabe destacar que ello no deslinda de responsabilidad a BAYÓN, ni a PÁEZ como se pretende, pues el mismo VILAS en su declaración indagatoria en la causa 11/86, fs. 852 refiere que "cuando suceden hechos de importancia, como ser enfrentamientos (...) es obligación, en el ejercicio, el control como Comandante de la Sub Zona 51 de las órdenes que se impartían, controlando de tal forma el cumplimiento de las mismas, para castigo disciplinario, que podía llegar hasta la baja de quien había cometido tal desviación. Que también participaba directamente en operativos antisubversivos, encabezándolos, cuando tenía la certeza de que iba a suceder un enfrentamiento inevitable" y que el constituirse en el lugar de los hechos en el caso de un procedimiento por ejemplo, era "costumbre permanente en el declarante". Con lo expuesto queda claro que el dirigirse al mismo VILAS para informar respecto de un enfrentamiento por algún subordinado o que él mismo estuviera en los procedimientos, no significaba ni implicaba de manera alguna, la existencia de un doble comando, sino que por el contrario, resultaba ser el pleno ejercicio de éste como Jefe de la Sub Zona y también, incluso, como segundo Comandante de Cuerpo, característico de su propia disciplina y modalidad de conducta en su carrera militar, sin que por ello se descarte o desplace en sus funciones, responsabilidades y jerarquías al resto de los integrantes de la cadena de mando de cada uno de los departamentos y unidades dependientes del Comando Sub Zona 51, como el mismo VILAS asumiera, lo que fue expuesto supra.

Contradice la postura de la Defensa Oficial sobre este asunto, lo narrado y declarado por el testigo víctima EDUARDO HIDALGO, quien refirió que durante su cautiverio en el CCD "La Escuelita" escuchó una discusión entre dos de los custodios de allí, y que uno le respondió al otro que "a mí no me prepoteés, ni me grités, por más subteniente que seas" y que ante ello el otro le inquirió que al día siguiente iban a ir a hablar "con el general", lo que demuestra el conocimiento y dominio de los hechos de VILAS.

A todo lo expuesto cabe sumar lo sentado por la misma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el marco de la causa 13/84, en cuanto que "los propios Comandantes alegaron haber tenido el control efectivo de sus fuerzas y negaron la existencia de grupos militares que actuaran con independencia de la voluntad del comando, circunstancias ambas que no fueron desvirtuadas en la causa".

De este modo, se encuentra entonces por demás acreditada la unidad de mando, actuación coordinada y de manera conjunta de todos los elementos de cuerpo de la Sub Zona, refutando la hipótesis de existencia de doble comando, y por ende el intento de la defensa de desligar de responsabilidades a los imputados de autos.

Así lo votamos.

Los Señores Jueces FERRO, BAVA y TRIPPUTI dijeron:

VII- FUNDAMENTOS DE LAS RESPONSABILIDADES

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Que previo a pasar a analizar las responsabilidades de los imputados respecto de los hechos que se le atribuyen en este juicio, resulta necesario efectuar una aclaración respecto del sistema de valoración de la prueba que habrá de tenerse en cuenta.-

Que a partir de la reforma de la ley 23.984,el sistema de valoración probatoria impuesto resulta ser el de la sana crítica, el cual consiste en "que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos, como las relativas al cuerpo del delito, ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimientos de la verdad; en principio, todo se puede probar y por cualquier medio y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" |38|, las cuales aunadas llevan al convencimiento humano.-

Las reglas de la sana crítica están integradas, entonces, por una parte con los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de experiencias.

Es una operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe y ha sido definida como "la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes" y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador, debiendo el Magistrado apreciar la prueba y valorarla de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, vale decir exige que el juez motive y argumente sus decisiones y se aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el legislador ha entregado al juez el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este sentido, al concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el valor de la prueba.

Y, "si bien el juez, en este sistema, no tiene reglas jurídicas que limiten sus posibilidades de convencerse, y goza de las más amplia facultades al respecto, su libertad tiene un límite infranqueable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano" |39|, pero resulta como condición para su validez que las conclusiones a que se arriben sean del frutojacional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, contradicción, y tercero excluido; su convencimiento, entonces, debe realizarse mediante las pruebas aportadas al proceso y no apartándose de ellas.

En este mismo sentido, nuestro Máximo Tribunal también se ha expedido, sosteniendo que se "exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento de juez. Por ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado" |40|.-

Y con respecto al caso en cuestión, estableció que el Tribunal competente en materia de casación ha sido instituido por la ley (art. 456), como "custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso concreto", lo que, siguiendo esta interpretación, ha de ajustarse a la ley de rito actual, como también a las exigencias de nuestra carta magna, y, además, es la que se encuentra receptada en la jurisprudencia internacional vigente |41|.-

En virtud de lo desarrollado, es que se concluye que el sistema de la sana crítica racional -actualmente vigente- se ajusta a las prescripciones de la Constitución Nacional; no así, el sistema de prueba legal, ya que resulta contrario a ella.-

Por ello, es que la valoración de las pruebas incorporadas a este debate, se habrá de realizar siguiendo dicho criterio.-

Y en este sentido, es que ha de hacerse especial mención respecto del valor primordial de la prueba testimonial en la presente causa, siguiendo los lineamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en el marco de la causa 13/84: "En este proceso el valor de la prueba testimonial adquiere un valor singular, la naturaleza de los hechos investigados así lo determinan. Es tal vez por ello que la totalidad de las defensas lo cuestionan...esas objeciones merecen desecharse. La inmediación en la recepción de los testimonios posibilita la oralidad, y la magnitud, coincidencia y seriedad del resto del material probatorio acopiado, favorece el examen crítico que el Tribunal ha efectuado sobre aquéllos, guiado por las siguientes pautas: 1 La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración o se cometen al amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama NECESARIOS. En la especie, la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus autoridades, avala el aserto. No debe extrañar entonces que la mayoría de quienes actuaron como órgano de prueba revista la calidad de parientes o de víctimas. Son testigos NECESARIOS. 2 El valor suasorio de esos relatos estriba en el juicio de probabilidad acerca de la efectiva ocurrencia de los hechos que narran. Es un hecho notorio -tanto como la existencia del terrorismo- que en el período que comprende los hechos imputados desaparecían personas; existían lugares clandestinos de detención dependientes de las fuerzas armadas; personal uniformado efectuaba permanentes "procedimientos" de detención, allanamientos y requisa, sin que luego se tuviera noticia acerca de la suerte corrida por los afectados" (conf. Causa 13, parte tercera, fs. 28.511).-

Se suma a ello, lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que "La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas" |42|. -

Por otra parte, a tenor de lo que surge de la descripción del contexto histórico, como de los hechos objetos de este juicio, se ha podido comprobar que el Ejército, en su operar realizaba un "modus operandi" particular que se ha verificado en todo el país, y que incluso la misma Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal ha también sentado; el mismo consistía en la irrupción violenta y con amenazas en los domicilios o en la vía pública, el secuestro de las víctimas, la conducción de las personas a los centros clandestinos de detención -donde eran mantenidos en condiciones infrahumanas- y el sometimiento a interrogatorios mediante tormentos. Posteriormente, en algunas oportunidades, las víctimas eran liberadas, en otras eran pasadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), siendo alojadas en establecimientos carcelarios, en este caso la Unidad Penitenciaria provincial N4, de Villa Floresta, y, en otros casos, esas personas aparecían muertas en supuestos "enfrentamientos" con las Fuerzas Armadas.-

Tal manera de conducirse durante la dictadura militar, en función del plan criminal descripto oportunamente, tuvo lugar con el objeto de dar cumplimiento a la misión impuesta de la "guerra contra la subversión", y como se dijera, verificado en su implementación a nivel general, de manera coordinada entre los diferentes elementos de las fuerzas, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan de Ejército-Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional y por la directiva 404/75 ("Lucha contra la Subversión"), ambos suscriptos por el Gral. VIDELA en los primeros años de este "proceso", todo lo cual se ha de valorar y sentenciar conforme la modalidad de la prueba utsupra señalada.-

Previo a examinar de manera individual las correspondientes a los integrantes del V Cuerpo de Ejército, hemos de pronunciarnos -brevemente- sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas dentro del contexto en el que se llevó a cabo su accionar para combatir la subversión.-

En la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1984 contra los integrantes de la Junta Militar (Causa 13/84,) se estableció que el plan dispuesto por el gobierno de facto en la denominada "Lucha contra la subversión" consistió en: la detección (por medio de tareas de inteligencia) y el posterior secuestro de personas consideradas subversivas; su alojamiento clandestino en unidades militares o lugares bajo la dependencia de las fuerzas armadas, el sometimiento a interrogatorios bajo torturas, el mantenimiento en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida y su disposición con tres destinos posibles: la libertad, el "blanqueo" mediante la puesta a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo Nacional, o su eliminación física.

Recientemente, el 5 de julio de 2012, el Tribunal Oral N 6 en lo Criminal Federal de la Capital Federal, ha establecido, además, la existencia de una "práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan sistemático de aniquilación que se desplegó sobre una parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar" (Causa N 1351 caratulada "FRANCO, Rubén O. y otros s/sustracción de menores de diez años").

Inspirado en las prácticas del ejército francés en Indochina y Argelia, Acdel Vilas, Jefe del Operativo Independencia en Tucumán, señaló que "la guerra a la cual nos veíamos enfrentados era una guerra eminentemente cultural" y que "existía una perfecta continuidad entre la ideología marxista y la práctica subversiva, sea en su faceta militar armada, sea en la religiosa, institucional, educacional o económica. Por eso a la lucha contra la subversión había que herirla en lo más profundo, en su esencia, en su estructura, o sea, en su fundamento ideológico".

De acuerdo con esta doctrina, se trataba de un combate fundamentalmente político que se libraba sobre la población civil donde el teatro de operaciones eran los centros clandestinos de detención: "si la lucha en la que estábamos empeñados dependía de la inteligencia, el Lugar de Reunión de Detenidos sería clave para el desenvolvimiento del Operativo Independencia". Así fue como en Tucumán funcionó el primer centro clandestino de detención -la Escuelita de Famaillá-poniéndose en práctica la metodología del secuestro, los interrogatorios bajo tormentos y la desaparición forzada de personas, que se reiteró, también, en esta ciudad.

Todo ello, claro éstá, bajo el conocimiento y por supuesto, la autorización o consentimiento de las principales autoridades castrenses de esos años que, pudiéndolo hacer, no se opusieron a lo que sucedía en la República y por el contrario, ocultaban y encubrian ese accionar, tal como aconteció en el año 1979 en oportunidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Y tal accionar desaprensivo e ilegal, con consentimiento de las principales Autoridades de las Fuerzas Armadas como Autoridades del Gobierno de la República, se elabora, entre otros elementos, sobre la base de la deshumanización de la víctima, a la que se despoja de su carácter de persona volviéndola un ente meramente biológico, una nuda vida al decir de Giorgio Agamben, que puede ser eliminada, torturada o desaparecida de manera impune, resultando un absurdo pensar o en admitir que se ignoraba lo que acontecía en sus jurisdicciones o que existía una supuesta confusión que imperaba en aquel marco de "presumida guerra" pues, amén del contexto en el que tuvieron lugar los hechos, la fuerza Ejército, en este caso, conformaba una institución que tenía las funciones primordiales -en ese entonces- de atender a la seguridad nacional y brindar protección a los ciudadanos, siendo educada y formada con esos claros objetivos, y en ese orden de ideas, resulta impensable consensuar y convalidar -que so pretexto de aquellas funciones- se pueda alegar o justificar un desconocimiento acerca que privar ilegítimamente de la libertad a individuos que colocaban clandestinamente bajo su guardia, sin conocimiento de autoridad alguna, torturar y hacer desaparecer personas, resultaba ilegal pero por sobre todo, además, francamente inhumano. Sin embargo se toleró y en algunos casos se pretendió justificarlo. Ninguna autoridad militar, ni siquiera los integrantes de las diversas Juntas Militares hicieron cuestionamiento alguno sobre esa etapa marcada por la desaprensión hacia la dignidad humana, más aún, se procuró, increíblemente, ocultarla al ordenarse que se destruyeran la documentación que acreditaba el cumplimiento de órdenes ilegales y las atrocidades de esos años.

Pero aun más, se guardó y se mantiene un oscuro silencio sobre las personas desaparecidas, una especie de pacto sombrío entre todos ellos, extremo éste que ha repercutido hacia las familias que persisten aún en esa incertidumbre de donde pueden hallarse los cuerpos de sus seres queridos, a fin de poder cumplir los ritos funerarios y permitir que ese dolor angustiante y mortificante, pueda ser paliado mínimamente al tener el cuerpo de sus familiares como el sentido común y religioso lo exige; tal circunstancia podría hacer superar esa congoja.

JUAN MANUEL BAYÓN

Respecto del imputado Juan Manuel BAYÓN tanto las querellas como el Fiscal General alegaron manteniendo la acusación en su contra, solicitando se lo condene por los delitos por los que se sustancia el presente juicio, aplicándose la pena máxima.-

A su turno, la Defensa oficial alegó en su favor cuestionando la responsabilidad que se intenta enrostrarle a su defendido, objetando las fechas en que cumplió funciones, refiriéndose a la insuficiencia de prueba en contra, aseverando su total ajenidad respecto de los casos que se juzgan, y ello en base también a su no pertenencia al Comando Sub zona 51.-

Asimismo, solicitó nulidad de la acusación de aquéllos casos en los que entendió se violaba el principio de congruencia, respecto de lo cual ha de estarse a lo resuelto en el acápite correspondiente.-

Mismo respecto de planteo efectuado en cuanto coautoría funcional mediata por medio del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, cabiendo remitirse a lo expuesto para el caso en el apartado correspondiente.-

No habiendo hecho uso el imputado Juan Manuel BAYÓN de su derecho a declarar, es que habrá de estarse a lo declarado en la primera instancia (art.378 CPPN).-

Sentado ello, se pasará a analizar si JUAN MANUEL BAYÓN es responsable respecto de los hechos que se le imputan o no, y para ello primero habrá de determinarse el rol, la función y el desempeño que tuvo durante la época en que tuvieron lugar los hechos que objeto de juicio.-

Conforme se desprende de su legajo personal, Juan Manuel BAYÓN se desempeñó desde el 01/02/1976 como Oficial Superior del Estado Mayor de Comando Vto. Cuerpo de Ejército, ostentado el grado de Coronel y resultando ser, además del Jefe del Departamento III de Operaciones, el Oficial más antiguo con ese grado, lo cual lo posicionaba como el tercero en jerarquía en todo el Comando.-

En cuanto a la fecha de cese de sus funciones, sin perjuicio de surgir del legajo personal que fueron realizadas en el Comando Vto. Cpo. Ejército hasta el 30/12/1976, lo cierto es que la Defensa Oficial, al momento de ofrecer prueba, aportó una fotocopia |43| en la que el imputado firma como Director de la Escuela Superior de Guerra "Teniente General Luis María Campos" en Buenos Aires ya con fecha 23/12/1976, en una efemérides en la que da cuenta que en ese mismo día asume tal cargo. Con lo dicho, este Tribunal, y en beneficio de la duda, tendrá como fecha última de cumplimiento de funciones en su carácter de Jefe de Operaciones la del 22/12/1976, sin perjuicio de dejar expresamente sentado que tal valoración ha de efectuarse inclusive cuando la misma defensa oficial pretende probar ello mediante una fotocopia simple de una fotocopia aparentemente certificada por un 'TENIENTE CORONEL LUIS OSCAR CANO -JEFE DE LA DIVISIÓN PERSONAL ESG", quien, no da fe de la veracidad del contenido del documento. Mas, se reitera, en una posición de beneficio de la duda hacia el imputado, habrá de tomarse como fecha límite de sus funciones la del miércoles 22/12/1976, sin perjuicio de lo cual se encuentra de todos modos refutado el argumento de la defensa en cuanto a que desde el 24/11/1976 (en la que recién se efectúa la designación del nuevo cargo, pero no la toma de posesión del mismo) BAYÓN dejó de cumplir todo tipo de funciones, e intentando justificar que la firma que del mismo se encuentra en el sumario del Consejo de Guerra de fecha 15/12/1976 obedece a una presencia "circunstancial" del imputado en la ciudad de Bahía Blanca.-

Dicho argumento es inadmisible, rechazándose in límine, por no poder concebirse, bajo ningún concepto, como lógico la demostración de que, tras haber asumido BAYÓN como Director de la Escuela de Guerra en Buenos Aires desde el 24/11/1976 como propone la defensa -y con lo cual intenta deslindar de responsabilidad a éste- el 15/12/1976 haya firmado nuevamente como Jefe del Depto. III de Operaciones del Comando Vto. Cuerpo por encontrarse allí "circunstancialmente": una vez asumido el cargo en Buenos Aires, nunca, en ningún régimen, se admite tal hipótesis, resultando ello ser, además, un básico principio de derecho administrativo, difícil de desconocer pues nadie puede ostentar o ejercer dos cargos diferentes a la vez y más en distintas jurisdicciones, sin un fundamento serio. Es de destacar que la Defensa Oficial, siquiera mínimamente detalló cual era esa circunstancia ut supra mencionada.-

Su condición de ser el Oficial del Comando Vto. Cpo. con mayor antigüedad resulta de gran relevancia, toda vez que dicha posición lo convertía en el sucesor natural del General Abdel VILAS, a quien reemplazó desde el 18 de noviembre de 1976 hasta el momento en que el Gral. CATUZZI asumiera efectivamente en el cargo de Segundo Comandante del Vto. Cuerpo de Ejército, para el que fuera designado el 09 de diciembre de 1976. Esto se encuentra a su vez corroborado de la lectura de la declaración indagatoria de VILAS ante la CFABB, en la causa 11/86, fs. 859 vta., en la que manifestó que al tomar conocimiento de su dada de baja, y ante la su preocupación por quién lo reemplazaría hasta tanto se nombrara a su definitivo sucesor, se presentó junto con BAYÓN en el despacho del Gral. AZPITARTE a los fines de evacuar tal consulta, sugiriendo para ello al imputado BAYÓN, sin recibir una negativa de AZPITARTE, sí dejándole en claro que esa decisión la tomaría él |44|. A ello ha de sumarse lo señalado por VILAS en cuanto a que BAYÓN, como Jefe de Operaciones era íntimo amigo de AZPITARTE, y entre sus funciones, realizaba las tareas de coordinación entre el Estado Mayor, motivo por el cual, de todo ello no cabe concluirse, sino, que al retirarse VILAS el 18/11/1976 y asumir el Gral. CATUZZI como Segundo Comandante del Cuerpo y Jefe de Sub zona de Defensa 51, quien lo reemplazó fue el encartado BAYÓN, tanto por reglamento, como por haber sido considerado apto por el mismo VILAS y la confianza existente con el mismísimo Gral. AZPITARTE: se observa la presencia de todos los elementos necesarios para que ello así fuera.-

Con todo lo cual, que queda demostrado que en ningún tipo de accionar existía un doble comando, sino que por el contrario, era uno sólo el mando, que emanaba del Comandante de la zona, y que era continuada por el Segundo Comandante (actuando en simultáneo como Jefe de Sub zona) y así seguidamente.-

La aptitud en su cargo -y que hace entender el por qué el mismísimo VILAS (un Gral. calificado por los diferentes testigos y hasta por imputados como una personal adicta al trabajo, muy exigente, perfeccionista y meticulosa) lo propuso como su reemplazante- se encuentra asimismo acreditada a tenor de lo que surge del legajo personal del imputado BAYÓN, habiendo el mismo en ese período (1975/1976) sido calificado tanto por VILAS como por AZPITARTE como "el más sobresaliente para su grado", con la máxima puntuación de 100/100. Y ya para el período abarcado hasta el 30/12/1976, cuando, según su legajo personal había asumido como Director de la Escuela Superior de Guerra, fue calificado nuevamente por VILAS, AZPITARTE, BIGNONE y RIVEROS, como uno de los pocos sobresalientes para su grado con un promedio de 100 puntos.-

Dicha excelencia en las calificaciones, fue el resultado del eficaz desempeño de las funciones que Bayón tuvo y cumplió como Jefe del Depto. III de Operaciones del Comando V Cuerpo, resultando ser una de las principales, máxime para ese entonces conforme ya se viniera observando en las normativas de todo tipo invocadas a lo largo de la presente, en la coordinación y realización precisamente de los operativos efectuados para la detención ilegal de personas en la ciudad de Bahía Blanca, o en las zonas donde el Comando V Cuerpo tenía Control Operacional, como el caso de Viedma, los cuales eran ordenados por dicho Depto. III a cargo del imputado, tanto como parte del Estado Mayor de la Sub zona de Defensa 51 o como integrante del Estado Mayor del V Cuerpo; es decir, que sus órdenes abarcaban también los operativos que se efectuaran en las sub zonas 52 y 53, comprensivas de la Zona 5.-

En cuanto a la determinación de las funciones que el imputado tenía como Jefe de Operaciones (o G3) y la responsabilidad que en consecuencia habrá de analizarse, ha de tenerse en cuenta lo que se deriva de las diferentes reglamentaciones:

Así, en primer lugar, el reglamento RC-3-30 "Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores", dispone en su art. 1001 de ese mismo reglamento se establece que "...Para ejercer las funciones de comando, el comandante será asistido por un segundo comandante (eventualmente ejecutivo) y un estado mayor de acuerdo con lo que determinen los respectivos cuadros de organización y equipo...".-

Asimismo, dispone que: ".El comando se ejercerá a lo largo de una cadena de comando perfectamente determinada. A través de ella, el comandante hará a cada comandante (jefe) dependiente, responsable de todo lo que sus respectivas fuerzas hagan o dejen de hacer. Todas las órdenes se impartirán siguiendo esta cadena de comando."

Y en su art. 1002 de ese reglamento, se deja bien en claro que: "1) El comandante y su estado mayor constituyen una sola entidad militar que tendrá un único propósito: el exitoso cumplimiento de la misión que ha recibido el comandante. El Estado Mayor deberá organizarse para que cumpla dicha finalidad proporcionándole al comandante la colaboración más efectiva.- Entre el comandante y su estado mayor deberá existir la compenetración más profunda. Sus relaciones tendrán como base la confianza del comandante en su estado mayor y la disciplina y franqueza intelectual del estado mayor hacia su comandante... 3)... En el ejercicio de sus funciones el estado mayor obtendrá información e inteligencia y efectuará las apreciaciones y el asesoramiento que ordene el comandante; preparará los detalles de sus planes; transformará sus resoluciones y planes en órdenes; y hará que tales órdenes sean transmitidas oportunamente a cada integrante de la fuerza ...".

En lo que hace al Departamento de Operaciones, dicho reglamento dispone en el art. 3007 que "El Jefe de Operaciones (G 3) será el principal miembro del estado mayor que tendrá responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con la organización, la instrucción y las operaciones.".

En segundo lugar, el ya anteriormente citado PON 24/75, adoptado por VILAS según manifestara en su indagatoria en la causa 11/86, regulaba la detención, el registro y la administración de delincuentes subversivos, hablaba en cada una de las etapas de la injerencia del Departamento III de Operaciones, ya sea en el procedimiento, detención y traslado a los CCD, en la investigación militar y el resultado que se iba a obtener de eso, como también en los procedimientos posteriores a la liberación.

Asimismo, en el punto 10 "Trámites legales durante la detención", inciso "b" se disponía claramente que "cuando como resultado de la operación desarrollada (llevada a cabo, recordemos, por la Agrupación Tropa, de ese Depto. III) se produzcan detenciones, muertes o secuestros de elementos el asesor jurídico procederá a labrar las actuaciones.2) para la autoridad militar inmediata superior", es decir, para el Jefe del Depto. III -reconocido como superior por el mismo IBARRA-, es decir, para BAYÓN; con lo que se descarta aquello que el imputado intentara esgrimir como defensa en cuanto a que tenía desconocimiento de los procedimientos -de todo tipo- llevados a cabo en el marco de la lucha contra la subversión por los elementos operacionales del cual él resultaba ser la autoridad más alta en todo el Comando Vto. Cuerpo -y zona de defensa 5 conforme se explicara supra.-

Tercero, el mismo plan del Ejército, se vio delimitado por la Directiva 404/75, cuya finalidad era la inmediata puesta en ejecución de las medidas previstas por el Consejo de Defensa en la Directiva 1/75 para la lucha contra la subversión, disponiendo en su punto 4) que a partir de la recepción de la directiva se debía comenzar a operar ofensivamente para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas. En esa Directiva, se hizo especial mención a que el esfuerzo principal de la ofensiva sería ejercido en Bahía Blanca, entre otros.

Se señala asimismo, que por medio de esa Directiva, se otorgó funciones esenciales en la lucha contra la subversión a los comandos y jefaturas al disponer que "tendrán la responsabilidad directa e indelegable en la ejecución de la totalidad de las operaciones", previendo fases para la ejecución de las misiones específicas de los Comandos de sub zonas, para lograr el aniquilamiento total de la subversión.-

Y también, insistimos, como Jefe de Operaciones del Comando V Cuerpo de Ejército, BAYÓN disponía y tenía mando e influencia en la Zona 5, por lo tanto su responsabilidad abarcaba todo lo ocurrido en la jurisdicción del Comando.

Mas, en virtud de ello, a Juan Manuel BAYÓN también le cabe responsabilidad como Jefe del Depto. III por el accionar del elemento por medio del cual generalmente solía llevarse a cabo tales funciones en cumplimiento de "la misión" de "aniquilamiento de la subversión", es decir, la Agrupación Tropa (o también "Equipo de combate contra la subversión" o "La Operacional"), cuyo Jefe era el Mayor Jorge E. IBARRA (fallecido), quien en su declaración testimonial en los juicios por la verdad ante la CFABB |45| dijo que respondía a órdenes del Tte. Cnl. FERRETI (Jefe de la División Planes del Dept. III) y que por medio de éste al imputado.-

En dicha declaración, IBARRA también reconoció que el "equipo de lucha contra la subversión" fue organizado por el mencionado Tte. Cnel. FERRETI, a cargo de la División Planes de su Departamento, quien como se explicara, era subordinado directo de BAYÓN.-

En tal función, BAYÓN también ha de responder en lo que hace a la organización de la "Agrupación Tropa", responsabilidad ésta que le cabe, toda vez que si fue organizada por su subordinado FERRETI -como él mismo lo admitió en su indagatoria, explicando que ello se debió con el objeto de cumplir con las necesidades de seguridad presentes en el Comando V Cuerpo de Ejército-, se entiende que ello ni podía estar exento del control y dirección del Jefe del Departamento al cual respondía.-

Al respecto se tiene en cuenta lo que surge del Anexo 3 (Detención de personas) del "Plan del Ejército" (contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), el cual, al definir el concepto de "operación", en el punto 3 dispone que los procedimientos de detención "estarán a cargo de Equipos Especiales (como lo era la Agrupación Tropa) que se integrarán y operarán de acuerdo a cada jurisdicción" (lo aclarado es propio). Pues, en la jurisdicción del Comando V Cuerpo de Ejército -Zona de Defensa 5- dicho equipo resultaba ser la "Agrupación Tropa" y de acuerdo a la organización de esa jurisdicción la misma se encontraba dentro de la estructura del Depto. III Operaciones y dependía y respondía al Jefe del mismo, es decir, como se sabe, a BAYÓN.-

Y el desenvolvimiento de todo este accionar se vio reflejado en el operar en conjunto de todos los elementos de ese Departamento, como ser el libramiento de las órdenes de captura de quienes eran sospechosos del accionar subversivo, para lo cual se los fijaba como blanco por el personal de inteligencia del Comando, como las firmadas por su subordinado PÁEZ a las cuales ya se ha hecho referencia.-

Incluso, el desempeño de todos estos integrantes del Departamento de Operaciones fue calificado con las mejores notas por el condenado, en cumplimiento de la aniquilación de la subversión, tal como surge de los legajos personales que están incorporados como prueba.-

Por todo lo expuesto, el Tribunal entiende que la responsabilidad del imputado como Jefe de Operaciones, respecto de los casos que se le imputan en este juicio, se encuentra sobradamente probada y que no resulta en lo más mínimo admisible lo alegado por él en su indagatoria ante la primera instancia, como posteriormente por la defensa oficial respecto que sus actividades se limitaban a ser meramente administrativas, sin ningún tipo de relación con la lucha contra la subversión de ese época, y quedando totalmente relevado de sus funciones propias. De ser así, como se aludiera, no se explicaría tampoco las excelentes calificaciones de AZPITARTE y VILAS en su legajo, como tampoco la recomendación que éste último hiciera para que lo reemplazara en su puesto hasta que asumiera CATUZZI.-

Su accionar específico en lo que significó la "guerra antisubversiva", también se encuentra acreditada por la explicación efectuada por IBARRA en su declaración ya mencionada, en la que, ante preguntas efectuadas por el Sr. Fiscal, refirió que junto con VILAS los oficiales de jerarquía y jefes de Departamento, entre los que se encontraban FERRETI, PÁEZ y BAYÓN, solían efectuar reuniones de trabajo, en las cuales se planificaban los operativos que después él y su Tropa se encargarían de llevar a cabo, sin perjuicio de lo cual, cabe destacar que él mismo reconoció que participaba de tales reuniones, aunque debido a su rango, no tenía una intervención relevante.-

En este mismo sentido, Rafael Benjamín de PIANO -sucesor de Bayón como Jefe de Operaciones- en su declaración ante la CFABB en la causa 11/86, indicó a BAYÓN como su antecesor, y como conocedor de los procedimientos contra la subversión y de su coordinación con el DEPTO II de inteligencia (fs.1717VTA. de la mencionada declaración).-

Uno de los testigos de este juicio, ex conscripto el Dr. TARANTO, en su declaración de fecha 13/12/2011 por la mañana, señaló que tanto Bayón como Páez solían ir al Departamento de Inteligencia, y que los mismos no podían ignorar la existencia de "La Escuelita".-

Queda por lo tanto, para el Tribunal, probadas cuáles eran las funciones desempeñadas por el imputado y en ese sentido es que ya se delimita la responsabilidad que le cabe como coautor mediato de los hechos que se le imputan en tal carácter, siendo él, por su rango jerárquico y funciones, uno de los sujetos por medio de los cuales se emitían y transmitían las órdenes para que se lleven a cabo, contando para ello con los medios y el dominio de los hechos que acontecieron durante el período ya establecido de su Jefatura.-

Corresponde ahora, abordar, de modo liminar, algunas cuestiones que fueron planteadas por la defensa oficial en su alegato.-

En primer lugar, en cuanto a los casos por los cuales la defensa pretende eximir a BAYÓN de responsabilidad por haber acontecido antes del 24 de marzo de 1976, este Tribunal ha considerado que los mismos han de constituir ya parte del circuito represivo que implicaron esos años, y que ya se había iniciado en el año 1975 cuando, si bien existían normas emanadas del PEN para que la actuación de las fuerzas armadas en pos de la lucha contra la subversión, especialmente en lo que fue el levantamiento del Monte Tucumano, aquellas fueron implementadas ilegalmente, violando nuestro ordenamiento interno y el internacional (jus gentium e jus cogens), todo lo cual terminó por "oficializarse" el 24 de marzo, sin que ello quite la ilegalidad y la responsabilidad que al Ejército le cabe en este sentido por los casos que, se ha tenido por probado, fueron ejecutados en miras ya a "combatir la subversión", utilizándose para ello, la misma sistemática y modus operandi y contando ya el imputado con las funciones mismas a las de después de y tal fecha (tal, por ejemplo el caso de Néstor José Del Río o Collazos).-

La simple existencia del PON 24/75 ya aludido da cuenta de este tipo de proceder por parte del Comando Vto. Cuerpo y a nivel Sub zona 51

En cuanto al planteamiento de la no indicación de fecha de secuestro en el caso de Ricardo Gabriel DEL Río por parte de la Fiscalía, cabe al respecto tener en cuenta que dicha fecha ha de ser la del 11 de agosto de 1976 según consta en los informes de inteligencia agregados, y que la misma ha sido determinada al alegar la Fiscalía, con lo cual, no se vio afectado el derecho de defensa toda vez que al momento de alegarse en favor del imputado se ha tenido cabal conocimiento de ello, pudiéndose por ende defender el imputado de tal incriminación. En el caso concreto, si bien no se determinó concretamente en el requerimiento de elevación a juicio la fecha de secuestro de la víctima, sí se fijó la de su muerte junto con PERALTA, entre los días 5 y 6 del mes de diciembre de 1976, cabiendo de todos modos la imputación respecto de BAYÓN, por encontrarse en funciones durante todo ese período.-

Tampoco la responsabilidad del imputado probada en este juicio se encuentra conmovida por el hecho de no haber sido sindicado directamente por los testigos de cada caso, y ello así en virtud de la naturaleza del grado de imputación que se le efectúa, esto es, como coautor mediato, por medio del cual, a partir de las disposiciones y transmisión de órdenes que de él emanaban tenían finalmente ejecución los hechos.-

La mayoría de los procedimientos ya sea de secuestro, traslados a las unidades carcelarias o incluso el "armado" de los falsos enfrentamientos eran efectuados por los integrantes de la ya mencionada "Agrupación Tropa", la que, como ya se dijo, dependía del imputado como Jefe del Depto. III de Operaciones que era, con lo cual, no se exime de responsabilidad por el hecho de que al momento preciso del secuestro o liberación, muerte o desaparición, el imputado se encontrara en comisión: la misma no cesaba, toda vez que la organización de todo el aparato de operaciones se hacía con la planificación conjunta de los oficiales del Comando junto con VILAS, tal como lo explicara éste último e IBARRA en su declaración ya mencionada.-

Mismo respecto de los casos en los que cuestiona la nulidad de la acusación por haber los testigos o las víctimas declarado alguna fecha cercana pero tal vez no tan exacta; y ello así, toda vez que, teniendo en cuenta el tenor de la presente causa, las circunstancias en que sucedieron los hechos las cuales no hacían siempre fácil a las víctimas tener total noción de los días, horas, detalles en general, y el transcurso del tiempo que ha pasado desde que tales acontecimientos tuvieron lugar, es que no puede por todo ello entenderse que queda anulada la acusación, máxime cuando en los requerimientos tanto de elevación a juicio, como en los alegatos, se determinó la fecha de manera objetiva, sin necesidad de exigir a las víctimas semejante esfuerzo de volver al pasado y retener en la memoria todos los detalles de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas a las que fueron sometidas. Durante todo el juicio, se han escuchado a cientos de testigos que aludieron no poder recordar con precisión fechas, lo que confirma lo dicho. Por ello, es que tampoco habrá de tenerse en cuenta tal planteo de la defensa.-

Respecto de los casos que alega la defensa oficial en los cuales no se vería acreditada la presencia de personal del Ejército, intentando con ello eximir de responsabilidad a BAYÓN, es que cabe remitirse a lo expuesto ya respecto a los concausas MANSUETO SWENDSEN y PÁEZ.-

Sin perjuicio de ello, habrá de efectuarse algunas consideraciones para el caso: en cuanto a la intervención de otras fuerzas, el mismo "Plan del Ejército", en el anexo 3 señala en el punto "b. Aspectos particulares. 1) Jurisdicciones...3) dependencia y funcionamiento" que "h. la responsabilidad de los Equipos Especiales quedará circunscripta al ámbito de su jurisdicción, pudiendo coordinar aspectos relacionados a la detención de persona con el respeto de las jurisdicciones a partir del día D a la hora H", con lo que, más allá de lo expuesto en las otras responsabilidades señaladas, se prueba una vez más, la posibilidad de actuación en coordinación con otras jurisdicciones -ya sea a nivel área o sub zona, como sucedía con VIEDMA, como con los casos procedentes de Mar del Plata o Córdoba por ejemplo.-

Por otro lado, en cuanto a los cuestionamientos efectuados respecto de casos en los que se intenta desligar de responsabilidad a los imputados del Ejército por la posible intervención de otras fuerzas, y sin perjuicio también de lo expuesto en las otras responsabilidades analizadas, cabe citar lo dispuesto por el referenciado "Plan del Ejército", en el acápite 7) "instrucciones de coordinación", del anexo 3, se dispone que "a) conforme a las características de cada área, en la organización de Equipos Especiales se podrán integrar efectivos de las otras FFAA, actitud que, en lo posible, será la norma y en el concepto de operaciones conjuntas" y que "d) A través de los elementos de Pl My de las otras FFAA que pudieran integrar los Equipos Especiales o de organismos de igual nivel existentes en la jurisdicción, podrán obtenerse los antecedentes necesarios para completar y/o ampliar detalles de planeamiento, en especial la confección de listas".-

Todo esto, sumado a lo expuesto oportunamente, no hace sino, descartar el argumento de la defensa en dicho aspecto cuestionado |46|.-

Por otra parte, ha de tratarse lo planteado en cuanto al caso ROSSI, señalando al respecto que este Tribunal ha tenido por debidamente acreditado el secuestro en la ciudad de Viedma, por cuenta de personal de la Policía Federal de esa ciudad, por orden del Comando V Cuerpo Ejército, y su traslado al CCD "La Escuelita" de esta ciudad, en donde fue sometido a permanecer en cautiverio, siendo interrogado y sumiso a todo tipo de torturas hasta principios del mes de marzo de 1977, cuando es asesinado por personal del Ejército en un falso procedimiento en las calles Paraná y Salta de esta ciudad.

A este respecto, si bien para la fecha del fusilamiento de ROSSI el imputado ya se encontraba como Director de la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires, lo cierto es que todo el accionar de éste por medio del cual, mediante sus órdenes y organización de los medios se produjo el secuestro y cautiverio de ROSSI, resultó ser un aporte de fundamental trascendencia, sin el cual, el posterior homicidio no hubiera tenido lugar. Por lo dicho, el Tribunal entiende que la responsabilidad que le cabe al imputado en torno al homicidio agravado de ROSSI ha de ser en su calidad de partícipe necesario.-

Por otra parte, con relación al caso de César GIORDANO y Zulma IZURIETA, también ha de aclararse que, si bien su detención fue en la provincia de Córdoba, y fueron ingresados en el CCD "La Perla", lo cierto es que como se analizara supra en la responsabilidad de Páez, la orden de captura emanó del Comando V Cuerpo De Ejército, y de hecho la misma fue firmada por Páez, subalterno de Bayón. Y es por ello que finalmente, el 21 de diciembre de 1976 se los traslada a la Escuelita, luego de lo cual resultaron muertos en un falso enfrentamiento (caso "Pibe de Oro").-

En dicho caso, la intervención del Comando V Cuerpo Ejército se encuentra acreditada a tenor de las publicaciones del diario "La Nueva Provincia" de 14 y 15 de abril de 1977 respectivamente; con lo cual, cabe la responsabilidad por tales hechos por parte de BAYÓN en el desempeño de la función que ejercía.-

Esto último se acredita a tenor de lo que surge de la documentación de inteligencia, obrante como prueba en el presente juicio, entre la que se encuentra una ficha personal DIPBA de GIORDANO que data de 1975, sindicado MONTONERO, e identificado junto a VOITZUK, PAIRA SAN MARTIN, como integrantes de un grupo que opera dentro de la ENET "que últimamente había creado problemas a la dirección del establecimiento".-

En el mismo sentido, se corrobora de lo que surge del informe del 15 de abril de 1977 con antecedentes de las cuatro víctimas, que culmina informando "como dato ilustrativo" que "sustentaban la ideología marxista - leninista de la que eran importantes propagandistas" y también de la "Nómina de integrantes del Destacamento 2 MONTONEROS cuya captura se procura": Zulma IZURIETA alias "Vasca" detenida, siendo este último informe de fecha 23 de septiembre de 1976.-

En cuanto al planteamiento del caso CRESPO, en el que la defensa pretender disculpar de responsabilidad a BAYÓN, ha de señalarse que no se aprecia bajo ningún término la causal de excusación de responsabilidad de competencia de la víctima, toda vez que el testigo y suegro de la víctima, Atilio ROSAS, explicó que fue engañado en cuanto a la detención de su yerno; él adujo que no pensaba que lo llevarían a "La Escuelita", con lo cual, este argumento efectuado por la defensa se desvanece.-

También la defensa adujo que no se encuentran probados los tormentos respecto del caso DEJTER, quien ante el Tribunal dijo haber sido detenido por el Ejército, y luego interrogado sobre sus actividades políticas sin aplicársele violencia física o verbal. Al respecto, cabe decir que el Tribunal ya ha explicado oportunamente el significado y alcance con que ha de entender al delito de tormentos de "todo tipo", considerando por ende, al hecho de haberse detenido a una persona, sin habérsele dado ningún tipo de explicaciones, y llevado a un lugar que se ha tenido por probado como CCD (tanto por este Tribunal, como por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en el marco de la causa 13/84), vendada e interrogada, ha de encuadrarse dentro de ese tipo de padecimientos, teniéndose en cuenta el estado interno de la víctima, que no sabe dónde se encuentra, ni qué se hará con ella, en un estado de indefensión y angustia total.-

La responsabilidad de BAYÓN tampoco se ha de ver conmovida por haber tenido lugar los operativos de secuestro en otras ciudades, durante el tiempo en que éste fue Jefe de Operaciones en el Comando V Cuerpo. Así, en los casos de las víctimas que fueron secuestradas en Viedma, fueron directamente llevadas a "La Escuelita".

Los planteos de la defensa en lo que hace a los autores del secuestro y la jurisdicción a la que Robert de ANDREU fue finalmente trasladada también han de ser refutados: conforme las declaraciones prestadas en este juicio Norma ROBERT fue secuestrada por personal que se identificó como de la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca y que le refirieron que la traerían a esta ciudad. Sabido es que dicha fuerza de seguridad se encontraba bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército, y que tales operaciones también se coordinaban a tenor de los planeamientos, proyecciones y órdenes que de allí emanaban, y coordinadas por el Depto. III de Operaciones.-

La detención fue en Carhué, partido de Adolfo Alsina, que ha de ser uno de los partidos que delimitaba la jurisdicción de la Zona 5 Sub zona 51, por lo tanto integraba la dimensión territorial a cargo de sus responsables.-

Se sostiene en este punto, que, en atención a las funciones y cargo desempeñado por BAYON, resulta claro que su responsabilidad no se limitaba a la de la Sub zona 51 y área 511, sino que ha de comprenderse a nivel de Zona V, comprendiendo toda la jurisdicción de la Patagonia, siendo de esta manera no solo responsable por los hechos acaecidos en Bahía Blanca, sino de todos los ocurridos en el resto de la sub zona 51, amén de los cometidos en las sub zonas 52, 53.-

Con lo cual, también se refuta tal argumento defensita a su respecto.-

Juan Manuel BAYÓN, también ha de responder por su actuación dentro de lo que significó el despliegue del Consejo Especial de Guerra con la presidencia de PAEZ, en contra de Alberto Ruiz, Julio Ruiz y Pablo V. Bohoslavsky, resultando ser totalmente inadmisible, como se explicara, intentar exponer la intervención del imputado como Jefe III de Operaciones en dicho sumario al ser elevado a la Sub zona 51, debido a una "circunstancial" estadía en esta ciudad el