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17mar13


Situación de los derechos humanos en el sistema penal argentino durante el año 2012


1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

El sistema penal argentino adolece de prácticas que devienen de una cultura jurídica de profunda raigambre autoritaria y reaccionaria. En efecto como veremos a lo largo de este informe, la violación a los DD. HH no la produce solamente las fuerzas de seguridad en hechos extemporáneos y/o aislados. En todo caso, en no pocas ocasiones están avalados por la inercia de la administración de justicia |1|. El caso Cabrera es representativo de muchos otros. En efecto, cinco años después del fallo Maldonado (2005), por el que la Corte Suprema consideró que las penas aplicables por delitos cometidos por menores de 18 años nunca pueden ser equiparables a las condenas a adultos, y mientras el país se enfrentaba a un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(en adelante CIDH) por cinco casos de adolescentes condenados a perpetua, la jueza de Santa Fe Ana Elvira aplicaba cadena perpetua a Diego Cabrera por un delito cometido cuando éste tenía 17 años |2|. Esta forma de denegación de justicia no es la única. Las dificultades de acceso equitativo a la administración de justicia, no sólo se deja traducir por el caso antes mencionado. El caso María Ovando es paradigmático, en cuanto muestra en una dramática condensación: negación de justicia social, ausencia del Estado, discriminación de género y de clase social |3|.

El uso del Código penal como forma de disciplinamiento social no es nuevo en la República Argentina, ni lamentablemente exclusivo de ella. Sin embargo, en el presente gobierno parece haberse agravado su uso en un intento de acallar las protestas sociales. En efecto, desde que asumió como Secretario de Seguridad en el Ministerio de Seguridad de la Nación el Dr. Sergio Berni, el empeño en poner orden se tradujo en arresto arbitrarios y acusaciones penales desproporcionadas en relación al objetivo: contener la protesta social |4|. En el mismo sentido de observar el desempeño de la administración de justicia en el sistema penal, junto a organizaciones hermanas de DD. HH., como SERPAJ, Madres Línea Fundadora, Liga por los Derechos del Hombre, Agencia Walch y el Dr. Julio Raffo diputado por la Ciudad autónoma de Buenos Aires, con fecha 27 de Enero, realizamos una presentación ante el Consejo de la Magistratura, con el fin de que se investigue la actuación y las responsabilidades que le pudieran caber a los magistrados que tuvieron directa competencia sobre la suerte y guarda de los internos de la U20 federal, que se incendió causando la muerte y severos daños en sujetos con padecimientos mentales. Continuando con el tema "administración de justicia", hemos respondido la encuesta que la CIDH envió a fin de tener un panorama acabado de la situación del instituto de la prisión preventiva |5|. Debemos recordar que constituye el cuello de botella del sistema penal en Argentina. Varios factores convergen a que esta situación sea así. El tomar los plazos formales del Pacto de San José de Costa Rica (2 años, con opción a un año de prorroga) para la elevación a juicio oral por parte de la administración de justicia como una regla y no como una posibilidad, es un escollo, pero lo que realmente constituye una piedra difícil de remover es la dificultad que impone la cultura judicial de dictar prisión preventiva de cumplimiento efectivo en todos los casos cuya posibilidad de culpabilidad lleven a un monto de pena mayor a tres años. Luego remontar el cambio de caratula del caso o solicitar la eximición con fianza o caución juratoria es devorada por la burocracia y así el imputado llega al juicio oral en la inmensa mayoría de los casos, detenido.

La administración de justicia se ve gravemente lesionada frente a cuestiones tales como: falta de nombramiento para cubrir vacancias |6| y extemporáneas declaraciones por parte del Poder Ejecutivo nacional, poniendo en cuestión su imparcialidad |7| toda vez que los fallos judiciales no están en sintonía con las decisiones políticas que se pretenden instrumentar |8|.

El debate actual en la República Argentina acerca de la inseguridad, reviste características muy peculiares. En efecto, pretendiendo ignorar la devastación que produce en cualquier país el crimen trasnacional, el gobierno nacional ejerce una política errática sobre el tema, atada (por sobre el interés común) a los mezquinos intereses políticos coyunturales, sobre todo si se trata de provincias que han manifestado algún tipo de desacuerdo con la macro política nacional y/o es de un signo partidario diferente. Así, se puede observar taxativamente que: no hay un proyecto claro de cómo combatir el narcotráfico, ni mucho menos se observa instituciones sólidas y bien equipadas para tratamiento y prevención de las adicciones. Siendo este asunto de vital importancia para disminuir el delito en diferentes ámbitos. En efecto, a pesar de se carece de estadísticas confiables, se pudo determinar (por las derivaciones realizadas por los jueces para tratamiento de personas que ingresan al sistema penal) que casi el 37% de la población carcelaria ha sido o es consumidora de diferentes tipos de drogas. Desde psicofármacos (obtenidos en forma ilegal) a las drogas ilícitas como la cocaína, marihuana, drogas de diseño o la pasta base de la cocaína denominada "paco" |9|. El gobierno federal, en muchas oportunidades les niega a las provincias la cooperación necesaria para que puedan cumplir acabadamente con los estándares exigidos por la Constitución nacional y las Convenciones internacionales en materia de DD. HH. Tal es el caso de la Prov. de Corrientes (necesita el aval del gobierno federal para obtener un crédito internacional que le permita construir una cárcel que reemplace a la actual U1 o la Prov. de Santa Fe que viene reclamando la reunión del Consejo Federal para aunar criterios en la lucha contra el narcotráfico. Como expresamos in supra, el mal trato con los internos que padecen adicciones se refleja en casos como el de Víctor Ezequiel Melo |10|. De acuerdo a los datos que obran en la Procuración penitenciaria, este año por primera vez se habría realizado un censo a fin de determinar la cantidad de detenidos adictos |11|. La escasez de personal capacitado, presupuesto acorde a la dimensión del problema y la negación del mismo ha llevado a un punto dramático donde la población más afectada por esta situación es la de más escasos recursos. En efecto, en zonas de alta densidad demográfica como la villa de emergencia "La Carcova" en el Partido de San Martín, Prov. de Buenos Aires, las bandas de distribuidores, dirimen sus diferencias por territorio a los balazos, en pleno día a la vista de sus azorados pobladores. Lo mismo ocurre en el gran Rosario, en la ciudad de Rosario. En este contexto la criminalidad genera fenómenos tales como, banda de jóvenes que delinquen a fin de sostener su adicción y jóvenes que se enrolan en las filas del narcotráfico con el mismo fin. En el mes de Octubre, una comisión bicameral llamó a las organizaciones de la sociedad civil (Ong) a participar y emitir opinión sobre un proyecto de ley impulsado por el oficialismo con el fin de despenalizar la tenencia de drogas para uso personal. La fuerte crítica al proyecto, la improvisación de la instrumentación, hizo que se retrocediera en el propósito |12|. Finalmente y frente a las inocultables críticas acerca del papel que desempeña la Secretaría de Estado para la Prevención de la drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el titular del mismo Dr. Rafael Bielsa, firmó un acuerdo con el Ministerio de Seguridad el 13 de diciembre a fin de crear la Unidad de traslado Especial para tratamiento de adictos por orden judicial |13|.

La misma orientación y tratamiento que guía el accionar político para abordar el narcotráfico, se visualiza con otro grave flagelo. La Trata y tráfico de personas. En efecto, el juicio a los presuntos traficantes y explotadores de personas para la prostitución y que tendrían directa responsabilidad sobre la desaparición de María de los Ángeles Verón (Marita), culminó con el sobreseimiento de todos los implicados en medio de un escándalo sin precedentes en los tribunales de la provincia de Tucumán |14| Las ONGs que venían reclamando un cambio legislativo que condenara sin cortapisa el proxenetismo y el rufianismo, habían visto culminar el período parlamentario ordinario sin que la reforma a la ley 26.384/08 fuera tratada. Frente a las masivas protestas sociales y la solicitud de juicio político a los miembros del tribunal oral que juzgó el caso Verón, el poder ejecutivo nacional envió a sesión extraordinaria la Ley 26.842/12 |15| que fue aprobada sin punición para el "cliente" como pretendían algunas organizaciones de la sociedad civil.

En la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad la reforma de la Ley 24.660 de Ejecución penal para darles un tratamiento "especial" a los sujetos que cumplan penas por el delito de violación |16|.

Otra ley resistida y que su aprobación llevó tensas negociaciones y acalorados debates, es la Ley 26.827, la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes |17|. Otra cuestión que constituye un flagelo social y que la escasez de recursos humanos especializado en el tema, llevan a la administración de justicia a realizar una mala intervención, o una intervención tardía que cuesta muchas victimas, es la violencia de género. En efecto, durante el presente año fueron victimas de feminicidio 255 mujeres quienes fueron asesinadas por la violencia machista: el 63% a manos de parejas o ex parejas, el 58% dentro de viviendas, y en el 19% de los casos había denuncias previas por violencia de género |18|.

Otra cuestión en la que el OIP ha puesto la mira para trabajar en el próximo ejercicio, es el papel de los consulados en la efectiva asistencia a sus connacionales detenidos en la Argentina. La falta de visitas consulares a la cárcel federal de Villa Devoto, por parte del saliente cónsul de Colombia y nuestras entrevistas con la Encargada de negocios de la Embajada de ese país a fin de subsanar el hecho, nos llevado a la conclusión que es necesario redoblar los esfuerzos en ese sentido. Veremos a lo largo del presente informe que resulta de vital importancia la constitución de este órgano de control, para revertir una cultura de malos tratos que resulta inaceptable.

Situación de los menores de veintiún años en el Sistema Penal Argentino

La vigencia de la Convención para la protección de los niños y adolescentes, no está garantizada por la política llevada a cabo por el presente gobierno, a pesar de su retorica y de los avances legislativos, los niños y adolescentes carecen de contención y cuidado institucional. Las declaraciones de la presidenta provisional del Senado, pusieron en tela de juicio que entiende el gobierno en la materia, toda vez que la funcionaria es la segunda en la línea de sucesión presidencial |19|. El actual gobierno insiste que amplía las franjas del derecho al impulsar legislativamente proyectos que aparecen como atractivos para adolescentes y jóvenes de sectores involucrados en el activismo social y/o partidario |20|, sin embargo incumple en llevar adelante un proyecto que haga efectiva la igualdad de oportunidades y la inclusión social de los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables |21|. En este sentido son muchas las deudas pendientes, sin embargo debemos manifestar nuestro beneplácito por el pronunciamiento de la Procuradora de la Nación, Dra. Gils Carbó |22|. Entre las cuestiones a destacar acaecidas en el año 2012 a nivel federal, cobra significativa relevancia el fallo emitido por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ester Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, considerando inconstitucional el artículo 80, inciso 7 del Código Penal que habilita las penas a prisión y reclusión perpetua para jóvenes menores de 18 años |23|.

2. Situación de los Menores en conflicto con la ley penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La policía federal continúa teniendo dentro de sus filas a miembros con antecedentes de tortura y malos tratos que vuelven a cometer hechos execrables, como el que padeció un adolescente de 14años el 1 de Enero en la Estación de subterráneo de la línea D "Congreso de Tucumán" |24|. El 21 de Enero en el barrio de Balvanera, Boedo, el policía de la Federal Martín Alexis Naredo mató al joven de 18 años John Carlos Camafreitas cuando éste se encontraba a pocas cuadras de su domicilio. Las evidencias de fusilamiento eran sumamente claras |25|.

A fines del mismo mes Facundo Reyes de 20 años fue herido en un brazo por la policia federal en un inexplicable episodio |26|. El 16 de febrero en un allanamiento realizado por el grupo GEOF de la Policía Federal, en el barrio Mitre de Saavedra, fue muerto de un disparo en el abdomen Alan Stefano Tapia de 19 años |27|.

El 7 de marzo los familiares y amigos de John Camafreitas y Marcelo Sepúlveda, fueron reprimidos por la policía federal mientras realizaban un acto en la intersección de las calles México y Alberti, barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires. Desde la muerte de ambos jóvenes, sus familias, vienen sufriendo el hostigamiento constante de las comisarías 6 y 8, y de la empresa de seguridad privada "Securitas", motivo por el cual debieron presentar las correspondientes denuncias judiciales por amenazas calificadas en el juzgado de instrucción número 41.

El 19 de abril Diego Nicolás Núñez fue muerto de cinco disparos por el policía Pablo Alberto Carmona |28|.

Gabriel Aquino de 19 años fue asesinado por un policía de la federal el sábado 21 de julio. Recibió dos impactos de bala. Según la versión policial señala que Gabriel había intentado robar por lo que el policía sacó su arma y disparó, sin embargo la pericia demuestra que cayó con dos impactos de bala recibido por la espalda.

El domingo 28 de julio un efectivo de la policía metropolitana propinó una feroz paliza a una chica en las cercanías de la estación de Villa Urquiza a los costados de las vías |29|.

Estos casos muestran el accionar violento de la Policia Federal que responde al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la Dra. Nilda Garré. Sin embargo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no son los únicos en ejercer tortura y malos tratos. En efecto, El 5 de junio el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires recibió la denuncia de que a las 19,47 horas de ese día, cuatro personas con uniforme del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, bajaron de una camioneta portando cadenas y golpearon a un joven en situación de calle en Av. Corrientes, cerca del teatro "Gran Rex".

3. En la Provincia de Buenos Aires

Como hemos referido in supra, la administración de justicia, en todo el país, padece de severas irregularidades: el denominado "caso Candela", que alude al secuestro, violación y muerte de la niña Candela Sol Rodríguez, en la ciudad de Hurlingham, pone en evidencia una cadena de complicidades a fin de cubrir la ineficiencia, desidia y la sospecha de convivencia de la policia y miembros del Poder judicial con el delito. En efecto, luego de que la Cámara de Apelaciones revisara las actuaciones del fiscal y del juez de garantías de la causa y hallara graves irregularidades, ordenó la libertad de todos los detenidos por falta de mérito. Frente al reclamo público por esclarecimiento del hecho, la legislatura bonaerense formó una Comisión especial a fin de revisar todo lo actuado por la policia y la administración de justicia en el caso |30|. Para consolidar instrumentos que permitan evitar la repetición de estas experiencias, la Comisión recomendó a los senadores abocarse al tratamiento de los proyectos de Ley de la creación de la Policía Judicial, reforma del Consejo de la Magistratura de la Provincia, reorganización del Ministerio Público Fiscal, donde se trata la Autonomía de la Defensa, del Nuevo Régimen de ética en el ejercicio de la Función Pública, la creación del Observatorio Judicial y de sistemas de alerta a utilizar cuando se denuncie la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, se recomendó trabajar en la elaboración de "Un protocolo para averiguación de paradero de niñas, niños y adolescentes, como así también un protocolo a ser suscripto por los medios de comunicación, tendiente a propiciar una actuación responsable en el tratamiento de la información para este tipo de casos".

De acuerdo con un documento dado a conocer durante el último encuentro regional de la Comisión Interministerial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la Provincia y la UNICEF, "el 43, 7 %", es decir, aproximadamente "cuatro de cada diez" menores de edad que "en la actualidad están albergados en hogares y otras instituciones" bonaerenses, padecieron "una situación de maltrato" |31|.

De acuerdo a los datos de la página oficial de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, en la actualidad hay en funcionamiento 4 Centros de Recepción con capacidad para 267 jóvenes, 7 Centros Cerrados con 158 plazas y pendiente de habilitación otro en La Matanza con 120 plazas, 15 Centros de Contención con 160 plazas y un Centro de Referencia en cada departamento judicial. Oficialmente en la actualidad hay un total de 450 jóvenes privados de libertad, de los cuales 110 gozan del sistema de semi libertad, y 2.200 con medidas socio-educativas |32|.

En la actualidad, el Sistema Penal Juvenil de la provincia tiene serias deficiencias en cuanto a infraestructura y falta de personal en los juzgados en funcionamiento, a la vez que una deficiencia desde sus inicios por la poca cantidad de juzgados y tribunales en funcionamiento, carencia de medios y personal en las defensorías y, en menor magnitud, en las fiscalías, como asimismo la falta de instancias procesales de apelación, lo que marca un inconstitucional desnivel en cuanto a los derechos a proteger, ya que los jóvenes no tienen los mismos derechos que la ley otorga al sistema penal de adultos, sin que las iniciativas de modificación presentadas por la oposición, tengan tratamiento legislativo |33|. Se carece de estadísticas oficiales de jóvenes detenidos en comunidades terapéuticas, clínicas psiquiátricas como así también de aquellos que se encuentran privados de su libertad en institutos dependientes del SENAF(Secretaría Nac. De Niñez, adolescencia y familia) de la nación, los que generalmente son transferidos mediante acuerdos previamente firmados entra la provincia y la nación. En cuanto a las condiciones de encierro en general, sigue sin solución la precariedad edilicia, la falta de cumplimiento en los estándares mínimos de detención, con celdas que no ofrecen la cantidad de metros cuadrados por detenido requeridos, duchas y baños sin puertas ni ningún tipo de cubrimiento, sobrepoblación, con jóvenes detenidos muy lejos de su lugar de origen, lo que dificulta la visita de sus familiares. Deficiencias en los sistemas de educación, protección de la salud, recreación. Los jóvenes procesados conviven con condenados e inimputables, menores de 16 con mayores. El personal a cargo adolece de capacitación específica. Todas estas deficiencias, motivaron diversas presentaciones judiciales realizadas por distintos organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, sin que el gobierno provincial de respuesta. Al igual que mencionáramos el año anterior, el sistema de Promoción y Protección de Derechos sigue careciendo de presupuesto suficiente, de recursos materiales y humanos, de planes y programas universales que afronten tanto la pobreza y la exclusión como a las adicciones.

El 12 de Enero, en la localidad de José L. Suarez, descarriló un tren carguero con mercadería y con destino a la Ciudad Autónoma de Bs. As., de inmediato jóvenes adolescentes habitantes de una villa de emergencia lindera a las vías del ferrocarril, fueron a los vagones caídos en la creencia que podrían obtener mercadería comestible. Fueron reprimidos por la policia. El saldo fue dos chicos fallecidos, Franco Almirón, de 16 años y Mauricio Arce Ramos de 17 y varios heridos con balas de plomo |34|.

El domingo 1 de setiembre, cinco adolescentes fueron salvajemente golpeados por los celadores del Instituto Almafuerte ubicado en la localidad de Abasto, La Plata, provincia de Buenos Aires. Según el relato de los guardias, los jóvenes comenzaron a pedir cosas, tales como un buzo de "mala manera" |35|.

El 23 de mayo Alejandro Pardo Benítez de 19 años, alojado en la unidad penitenciaria de Junín, quedó en estado de coma tras sufrir una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, durante una pelea, debiendo ser internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Inter zonal. Según testigos, mientras el joven estaba sangrando en el suelo, fue golpeado nuevamente y arrastrado por el piso sin que nadie interviniera.

Los siguientes casos son algunos de los que tomamos conocimiento y muestran que la tortura y los malos tratos siguen siendo parte de la cultura policial de dificil erradicación, a pesar de las multiples denuncias de los organismos de DD. HH.

A principios del mes de Enero, Marcelo Sepúlveda fue torturado por policías de la localidad de Benavidez, partido de Tigre y por vigiladores privados de la empresa "Securitas" a consecuencia de lo cual falleció.

Un hecho corrido el 2 de febrero en un intento de asalto revela la poca preparación profesional de la policia bonaerense, que costó la vida de joven, cuestión que podría haberse evitado |36|.

El 20 de febrero en la comisaría de Grand Bourg, Partido de Malvinas Argentinas, fue violado Francisco, un adolescente de 16 años, por un efectivo del lugar mientras estaba detenido |37|. A mediados de marzo en Pablo Podestá, Partido de 3 de Febrero un policía federal protagoniza un hecho sumamente dudoso que culmina con la muerte de un chico de 15 años y su amiga de 16 herida. La versión oficial fue que el uniformado había sido sorprendido por cuatro ladrones en motocicleta, que cuando éstos se distrajeron pudo sacar su arma 9 milímetros con la que abatió a los supuestos delincuentes.

A fines de febrero en la localidad de Coronel Pringles, el padre de una joven de 14 años denuncia que un oficial de la bonaerense intentó violar a su hija en un patrullero |38|.

El 25 de marzo en Berazategui, Brian Bravo de 18 años recibió un tiro en la nuca que le causó la muerte, el autor del hecho fue el policía Claudio Oscar Pérez de la comisaría 1 de Berazategui |39|. El 28 de marzo murió Matías Lobos de 17 años, en el barrio Los Naranjos de Malvinas Argentinas, donde vivía. Los subtenientes de la policía bonaerense Pancere y Ayeza determinaron que Matías y un amigo que manejaba una motocicleta eran culpables de robo y salieron a cazarlos |40|.

Un joven de 16 años denunció haber sido víctimas de golpes, tortura y amenazas de abuso sexual mientras estuvo detenido en una comisaría de la ciudad de La Plata. La denuncia fue efectuada el 9 de marzo ante el fiscal Marcelo Romero |41|.

El 31 de marzo Moisés Fernández de 15 años fue muerto por un policía cuando se trasladaba en su moto, en la localidad de Ezpeleta, Quilmes |42|.

El 22 de mayo en la localidad de Rauch, dos jóvenes iban discutiendo en broma por la calles de la ciudad cuando para un patrullero y los agentes comienzan a insultarlos. Bajan luego del móvil, esposan a uno de los jóvenes de 16 años, lo golpean para luego trasladarlo a la comisaría |43|.

Hay una larga lista de adolescentes y jóvenes ejecutados sumariamente por la policia bonaerense. Sin embargo, tal vez el caso de Maximiliano de León, alias "juguito" ilustre como nadie, el circuito de abandono, mala praxis, maltrato policial y ejecución sumaria. Así finalmente, El 1 de agosto el cabo de la bonaerense Daniel Mannarino, de 46 años, ejecutó por la espalda a Maximiliano |44|.

El 27 de setiembre Alexander Damián Zarcovich de 16 años, es abatido en un tiroteo por policías de la comisaría 6- de El Palomar, Morón, los que lo perseguían en un patrullero mientras se desplazaba con su hermano en una moto luego de un intento de robo (según la versión policial). Esta explicación no es la misma de los testigos del hecho, vecinos del barrio Carlos Gardel donde Alexander vivía |45|.

El 19 de octubre Fernando Duarte de 15 años fue abatido por un policía bonaerense en la localidad de Zárate, en un supuesto intento de robo. El disparo lo recibió por la espalda, lo que provocó la reacción de los vecinos los que apedrearon a los patrulleros que estaban en el lugar.

4. En la Provincia del Chaco

A fines del mes de Enero la jueza del Menor y la Familia N 4, Marisa Lehmann. Pidió la implementación de lugares de detención y alojamiento apropiados para chicos que delinquen. Advirtió que no aumentó la cantidad de delitos, pero si su violencia |46|.

La conferencia de la Dra. Lehemann, puso en claro la gravedad de la situación institucional en relación a la situación de los menores en conflicto con la ley penal. Sin embargo, cuando involucró al Poder Ejecutivo en el actual estado de cosas, no ahondó en que el accionar policial, que también es responsabilidad del Poder Ejecutivo, es parte del problema, Los casos que siguen ilustran su accionar.

El 17 de julio durante un operativo de la policía a fin de controlar a motociclistas en el puente ubicado sobre el Rio Negro, en inmediaciones del club Regatas, un joven de 16 años que circulaba con un amigo de 15 fue violentamente bajado de la motocicleta por un agente |47|.

El 21 de setiembre un joven de apellido Spesot, domiciliado en el Barrio Moreno, intentó ingresar al baile por la primavera realizado por el Club Atlético y Tiro de Resistencia. El joven estaba alcoholizado, dieron aviso a la policía siendo trasladado a la unidad regional IX donde es víctima de apremios |48|.

5. La Provincia de Chubut

La Provincia del Chubut se presentó en la audiencia del habeas corpus y negó la desaparición de Iván Torres Aunque parezca absurdo, el nuevo gobierno de la Provincia, cuyo gobernador viaja todas las semanas a Bs. As a reunirse con la presidenta de la Nación, se presentó ante el juez del habeas corpus y negó la detención de Iván y 'como lógica consecuencia' negó su desaparición forzada Mientras tanto, la jueza federal Eva Parcio de Seleme, quien tiene diálogo directo con Cancillería -en la audiencia ante la Corte Interamericana la abogada del estado dijo ante los jueces que "según información que nos dio la señora jueza"- rechazó la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana porque las decisiones "del organismo internacional son meras declaraciones' sin que 'exista otra instancia en caso de no acatarlas" Esta situación pone en evidencia la voluntad política de ocultar a como de lugar la desaparición del joven Iván Torres.

El mal trato y la tortura policial se ven reflejado en un caso que revela la trama de ocultamiento de hechos criminales y venganza contra quienes pretenden detener este accionar inaceptable de agentes policiales. En efecto, el caso que describimos a continuación indica que, ni la justicia y el poder político logran poner límites a estos hechos. El 17 de enero un joven de 16 años fue detenido ilegalmente y violado por policías de la comisaría 2 de Trelew. Cuando estaba regresando a su casa con su novia, lo detienen y trasladan a la seccional policial, donde fue golpeado a puntapiés y palazos, para posteriormente trasladarlo a una celda de castigo (buzón) donde fue violado en reiteradas oportunidades |49|.

6. En la Provincia de Catamarca

La situación de los Niños, Niñas y adolescentes en general en la Prov. de Catamarca es alarmante y con relación los que tienen conflicto con la ley penal, se torna grave toda vez que el actual gobierno provincial parece adherir a la política de mano dura y dejar hacer a las fuerzas de seguridad sin la contrapartida de poder visualizarse políticas de Estado de contención y cuidado. En efecto, los casos y estadísticas que informamos a continuación así parecen confirmarlo. Durante el mes de enero, en Catamarca fueron detenidos 180 jóvenes menores de edad por la policía, es decir un promedio de 44 detenciones semanales. Según estadísticas judiciales, cada día 4 chicos amanecen tras las rejas, de los cuales el 80% provienen de hogares de escasos recursos. Estas detenciones se justifican con el código de faltas, averiguación de antecedentes, siendo escasas las imputaciones concretas. El promedio de edades oscila entre 10 y 14 años.

La Justicia de Menores ordenó detener a una mujer porque no cumplió con el deber de cuidar a su hijo, un chico de 12 años que salió de su casa y fue demorado por segunda vez tras cometer un ilícito. El chico es adicto a las drogas y la madre no habría velado por él al no evitar que saliera de su casa |50|.

El 10 de marzo en Catamarca, Diego Iván Pachao de 20 años fue detenido junto a su amigo Mario González por averiguación de antecedentes y llevado a la comisaría 7. Allí fue golpeado ferozmente, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde ingresó con un coma irreversible. Su amigo declaró que ambos fueron golpeados, pero a Diego le pegaron patadas en la cabeza, por lo cual perdió rápidamente el sentido. Según el informe médico, presentaba fractura de cráneo y coma nivel 3, lo que le provocó la muerte el 13 de marzo.

José Vaquinzay, padre de un joven de 18 años de edad, denuncia públicamente que el 15 de febrero, dos efectivos policiales de apellido Ibáñez y Rodríguez, quienes cumplen función en el destacamento de Palo Blanco, ingresaron al domicilio de la familia sin ninguna orden de allanamiento para arrestar a su hijo que se encontraba durmiendo la siesta por ser un posible sospechoso de un robo de una notebook, días atrás en esa localidad |51|.

7. En la Provincia de Córdoba

La noche del sábado 18 de febrero, Facundo Rivera Alegre, fue con tres amigos al baile de Damián Córdoba en el estadio del centro, a tres cuadras de la Central de Policía. Al finalizar el evento, a las cinco de la mañana del domingo, se retiró con sus amigos para tomar un taxi, pero a las tres cuadras, Facundo cruzó la calle para bordar un colectivo y no se lo vio más |52|.

El 27 de marzo, Emiliano Cáceres de 19 años fue brutalmente golpeado por los policías, el oficial inspector Mario Alfredo Morales y el agente Lucas Ezequiel de la Fuente. A raíz de la agresión, Emiliano estuvo al borde de la muerte, sufriendo una triple fractura expuesta de clavícula, perforación de pulmón y fractura en cuatro costillas |53|.

El 20 de mayo en La Falda, la policía disparó contra un grupo de jóvenes que estaban discutiendo a la salida de un boliche bailable. Uno de los disparos impactó contra una joven y le provocó la pérdida de un ojo |54|.

El 17 de junio Darío Bolloli de 20 años es detenido en el barrio Carbó por la policía de Córdoba, lo ponen contra el móvil y lo golpean, varios vecinos salen a defenderlo, entonces lo trasladan a un canal para seguir con la golpiza. Este hecho fue denunciado ante la justicia cordobesa por la madre del joven.

En la tarde 28 de junio Brian José Palomeque de 17 años fue encontrado muerto en un descampado en Valle Hermoso, La Falda, a las pocas horas de haber sido acusado de robo. Según la policía, el joven se suicidó, pero luego de haber sido hallado su cuerpo, testigos presenciales dicen que fue un homicidio y acusan del hecho a la policía |55|.

A principios de julio Marcos Juárez, el asesor letrado de esa localidad Sergio González Achával, denuncia que un joven de 17 años (hijo de Claudio Rojas acusado del crimen de Ana Suarez), fue víctima de apremios ilegales para que confesara su intervención en el hecho y dijera donde se encontraba el cuerpo de la víctima |56|.

El 20 de agosto, Liliana Alicia Reina, del barrio Las Acacias de Villa María, denunció penalmente a un policía de la Unidad Departamental de General San Martín llamado Matías Lani, al que acusó de haber golpeado y amenazado a su hijo adolescente Ignacio, cuando éste caminaba por la calle Las Violetas |57|.

8. En la Provincia de Corrientes

La Dra. Rosa Esquivel Iglesia de San Lorenzo, Jueza del Juzgado de Menores N 1, realizó un interesante trabajo sobre la situación de los menores en conflicto con la ley penal y reflexionó sobre sus posibles soluciones. En sus consideraciones manifiesta: "En la actualidad, haciendo referencia exclusivamente a la ciudad Capital de la Provincia de Corrientes, es dable señalar que funcionan, en lo relativo al alojamiento de menores varones en conflicto con la ley penal, las Alcaidías de Menores que funcionan en las Comisarías Seccionales 7 y 9 de esta ciudad y la Granja General San Martín (U II). Es importante señalar la gravedad del alojamiento en Comisarías, amen de su ilegalidad e inconstitucionalidad. Destacando en este aspecto, que las Comisarías mencionadas precedentemente, dependen jerárquicamente de la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, por lo tanto, se debe tener muy en cuenta que el personal policial encargado de la custodia y cuidado de los menores allí alojados, carecen en forma total, de la debida capacitación y especialización, en el tratamiento con adolescentes infractores o en conflicto con la ley penal, ya que las Comisarías Seccionales, poseen funciones de Prevención y Represión dentro del ámbito de su jurisdicción" |58|.

El 5 de Junio el OIP realizó una misión a la Prov. de Corrientes acompañando a 3 miembros de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En efecto, el OIP solicitó a la Defensoría que abra una actuación. La misma es la N 199/12. Si bien esta tenía relación con los hechos acaecidos en el Penal N 1 de adultos, la misión tuvo acceso al penal de menores en el Complejo de San Cayetano. Al momento de realizar la visita la U2 de menores tiene alojados diez y seis internos (16). El sector de menores está a punto de ser desactivado, siendo reemplazado por una nueva construcción que al concluir la visita la mostró el Sr. Ministro Valdez. Los menores allí alojados presentan en general buen aspecto, aunque el hábitat está deteriorado. Entrevistada la psicóloga del lugar, nos refirió que se limitan a hacer trabajo de contención con algunas entrevistas cada 10 días aproximadamente debido a que, es poco el personal y deben rotar por las distintas unidades. Sin embargo dijo que esperaba que una vez trasladados al nuevo edificio |59| se pueda organizar mejor el trabajo y vendría personal especializado en adolescentes. En el complejo de adultos, en el pabellón 2 de mínima seguridad, en la celda de aislamiento se encontró un menor. Interrogado al personal la razón de que estuviera un menor en un pabellón de adultos, se informó que en el pabellón de menores no lo aceptaron porque estaba acusado de violación, que por su propia seguridad se lo había trasladado. En ese momento un interno adulto manifestó que si lo autorizaban él podría ser su tutor. De inmediato la Lic. Dubrez advirtió la anomalía de la propuesta y solicitó garantías para el menor, pidiendo especialmente el traslado a un lugar más seguro. Luego comunicó el hecho al Sr. Subsecretario de DD. HH que acompañaba la misión. Este explicó que el menor presentaba ciertos trastornos de conducta que se traducían en un monto de agresividad de difícil manejo. La respuesta fue que en ese caso era conveniente que lo viera un psiquiatra y de ser necesario trasladarlo a un lugar seguro en el hospital de salud mental hasta que el juzgado diera la disposición definitiva.

Los casos que relatamos a continuación, muestran que el accionar policial en la Prov. de Corrientes, continua violando los más elementales DD. HH.

José Antonio Meza, un joven trabajador de 20 años de edad, padeció abuso policial el 12 de Enero. En efecto, en el intento de esclarecer la muerte de otro joven, la policia, luego de allanar su domicilio (en el barrio conocido como "la Piola" de la ciudad de Corrientes) donde no se encontraba, lo arrestó en su lugar de trabajo (la empresa "Luza" de recolección de residuos). Lo trasladaron a la comisaría donde fue brutalmente golpeado en el rostro y diversas partes del cuerpo, requiriéndole información sobre la muerte que estaban investigando. Más tarde es trasladado a la Dirección de Investigación Criminal donde recupera la libertad. Presentó la correspondiente denuncia de estos hechos ante la Fiscalía de Instrucción de turno, siendo examinado por un médico judicial. Celia Dos Santos denunció que el 15 de mayo, su hijo, Luis Ángel Gómez de 20 años fue secuestrado y torturado por tres policías de la Brigada de Investigaciones de Oberá. Implica además a otros policías de la seccional 1, ya que su hijo había sido amenazado de muerte por miembros de la brigada ante la presencia de ellos. La detención se habría originado en un incidente previo entre la víctima y el hermano de uno de los agentes denunciados.

9. En la Provincia de Entre Ríos

La situación de los Derechos y Garantías que contempla nuestra Constitución nacional y las Convenciones del cual el país es signatario, en la Prov. de Entre Ríos, tiene las mismas desviaciones que en otras provincias. El accionar de las fuerzas de seguridad tiene características similares. Los casos que relatamos a continuación, así lo confirman. El 7 de febrero fue encontrado el joven Almada, alojado en la Departamental de Rosario del Tala, apareció colgado de los barrotes. Según el servicio penitenciario cuando lo descubrieron ya estaba sin vida por lo cual no pudieron hacer nada para evitarlo.

En el mes de junio, un joven de 15 años llamado Juan, estaba en su casa cuando llega la policía de investigaciones de Rosario del Tala, Entre Ríos, y lo acusan de robar en una escuela, cosa que niega. A la tarde regresan para llevarlo detenido, le pegan y lo dejan libre. Al otro día regresan, lo vuelven a llevar, le preguntan donde están las computadoras, los golpean y lo vuelven a dejar. Regresan por la tarde, lo llevan a un basural, vuelven a castigarlo exigiéndole que devuelva lo robado, lo dejan libre para regresar el lunes siguiente a las 9 de la mañana y trasladarlo al Pueblito (barrio de la zona) le aplican gas pimienta en los ojos y lo picanean en el cuello, pecho, y en "otros lugares". Al padre de Juan lo amenazaron diciéndole que si "abría la boca" lo "iban a atar con una cadena a una piedra y lo iban a tirar al Gualeguay".

A mediados de julio dos jóvenes de 14 y 15 años denunciaron que fueron detenidos, llevados a un descampado donde sufrieron un simulacro de fusilamiento, siendo uno de ellos torturados con una picana. El hecho ocurrió en la localidad de Rosario del Tala y están implicados 6 policías de la jefatura departamental |60|.

El 15 de julio se realizó una manifestación frente a la comisaría de Gobernador Macia para pronunciarse y advertir a la sociedad y en especial a los jóvenes charrúas por la discriminación, atropellos y violencia que la policía ejecuta contra la comunidad, y en especial contra los jóvenes, tanto dentro como fuera de la institución policial.

10. En la Provincia de Formosa

La situación de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la Prov. de Formosa, que provenga de sectores vulnerables como las comunidades de los pueblos originarios, es alarmante. En efecto, los niños y jóvenes de la comunidad Qom, son repetidamente perseguidos por la policia, algunos de ellos aparecieron muertos por armas de fuego y las investigaciones nunca arriban a explicaciones satisfactorias y mucho menos a identificar a los responsables de estos crímenes.

En los institutos de menores, ocurren hechos como el que le costó la vida a un adolescente de 14 años y las explicaciones que dan los funcionarios dejan muchas dudas, se parecen más a justificaciones sin fundamento, que intentan cubrir en el mejor de los casos incompetencia y falta de interés en la tarea |61|.

El 8 de agosto en horas de la mañana, varios militantes sociales decidieron encadenarse en la calle Coronel Bogado al 1600 de la ciudad de Formosa, como forma de denunciar el permanente hostigamiento que sufren los jóvenes del lugar que se niegan a salir a robar para la policía |62|.

11. En la Provincia de Jujuy

La problemática de los menores en conflicto con la ley penal, no encuentra en esta provincia un cause que arribe a un trabajo serio de protección y cuidado a los Niños, Niñas y Adolescentes tal y como es la manda constitucional. En efecto, reiteradamente se realizan trabajos y estudios tal como lo expuesto por la diputada Alejandra Martínez, que habló acerca de un estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas referido al índice de delitos en la provincia. "Se ha trabajado mancomunadamente durante casi 3 años, en la búsqueda de información que permitiera emitir un diagnóstico de lo que ocurre en Jujuy en materia de inseguridad y también generar propuestas concretas para combatir este panorama. Debemos pensar en la articulación entre estas políticas públicas y en la inclusión social" |63|. El 5 de diciembre dicha problemática fue nuevamente abordada por integrantes de la Justicia provincial y del Poder Ejecutivo, en una reunión en la que se acordó la implementación de soluciones prácticas a las carencias de alojamiento de esos menores, especialmente en el interior provincial, y se anunció la creación de un centro de tratamiento, que funcionará en cercanías de la ciudad de San Pedro de Jujuy. A instancia del Superior Tribunal de Justicia, asistieron los jueces del Alto Tribunal |64| En este marco, se escuchó los planteos de los jueces, fiscales y defensores oficiales de menores acerca de los problemas que enfrentan a diario, principalmente los originados en la casi inexistente infraestructura para alojar a los menores en conflicto, situación que se agrava en el interior de la provincia. Se resolvió considerar la posibilidad de afectar parte del edificio de la comisaría de "La Mendieta" para alojamiento de los menores de la zona del ramal y efectuar, con la misma finalidad, un recorrido por las unidades policiales del norte de la provincia, del que participarán el Ministro de Gobierno, el Jefe de Policía y representantes del ministerio pupilar |65|. Como podrá observarse, todos los caminos de búsqueda de solución al problema, se realizan en el marco del instituto de encierro, marco represivo si los hay. Estos enfoques, como lo indica la experiencia, además de ser caldo de cultivo para los abusos y malos tratos, son absolutamente contraindicados para la socialización de los sujetos en conflicto. El hacinamiento que padece la población de menores en conflicto se debe justamente al abuso del instituto de encierro y se reúnen para pergeñar estrategias para ampliar los espacios de encierro en lugar de replantearse quienes van a parar al encierro, su tratamiento y vías alternativas al encierro.

12. En la Provincia de La Pampa

En el ámbito del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA) las sospechas de irregularidades son inocultables. En efecto, la institución que debe trabajar en la socialización de los menores en conflicto judicial, padece de continuas denuncias por actitudes de los propios funcionarios del área de Bienestar Social y sus decisiones. La denuncia que llegó el 13 de Marzo al diario "La Arena" marca en la misma ciertas irregularidades que tienen como protagonista al subdirector de la institución estatal, Rubén García, y al ministro Gustavo Fernández Mendía por su pasividad en los temas relacionados con los menores internados allí. La denuncia pública señala que, el 22 de mayo de 2010, el titular de la dependencia estatal habilitó con su firma "el ingreso sin autorización judicial, a dos adolescentes, quienes pertenecen al Hogar de Varones y tienen medidas asistenciales". Se afirma, que así se constituye "lisa y llanamente una situación de privación ilegitima de la libertad, transgrediendo los tratados internacionales y la Convención Internacional de los Derechos del Niño". El instituto pampeano tuvo anteriormente una acusación por irregularidades cuando el titular de la dependencia posibilitó el ingreso de policías retirados a la entidad para trabajar con los menores con conflicto con la justicia. La función de estos hombres es la de operadores socializadores |66| García había mencionado, que los ex efectivos de la policía realizarían sus tareas en el establecimiento hasta el regreso del personal que se encontraba de vacaciones, algo que no se habría cumplido. Estas personas trabajan en condición de monotributistas, "violándose así por parte del Estado provincial la Ley 2116?. "Los operadores que se encontraban de vacaciones, se reintegraron a sus tareas habituales y los ex policías aún en el mes de marzo continúan prestando servicios. Esto confirma que García está de acuerdo con la actual gestión de implementar con el tiempo un sistema carcelario", menciona la denuncia |67| El director del Instituto señaló en el diario "La Arena" que él no maneja la contratación del personal |68|. Por otra parte, los jóvenes alojados en el IPESA participaron del acto del 25 de mayo, oportunidad en la que el director realizó algunas declaraciones a la prensa acerca de las características de los jóvenes allí alojados |69|.

13. En la Provincia de La Rioja

La Prov. de La Rioja tiene una deuda de larga data en instrumentar taxativamente las garantías Constitucionales en relación a los derechos del Niño, Niña y Adolescentes. En efecto, a fin de resolver en algún sentido el grave déficit al que hacemos referencia, se aprobó la Ley 7.462 Programa de Asistencia de Niños y Jóvenes en Conflicto con la Ley penal La Rioja, el 12 de diciembre de 2002 y se publicó en el Boletín Oficial, el 28 de Febrero de 2003. Significó un avance en cuanto a legislación se refiere. Sin embargo no se generaron ni la estructura ni los recursos humanos necesarios. Así el desamparo y la represión por parte de las fuerzas de seguridad continuaron vigente. Esta situación motivó que la Senadora Teresita Quintela, manifestara su preocupación por el futuro de los cientos de chicos/as que son continuamente perseguidos por la policia por el solo hecho de vivir en la calle y que fueran con frecuencia victimas de malos tratos. Se comprometió hablar con el gobernador a fin de poner genuinamente en marcha la ley 7.462 |70|. Al cierre del presente informe, el OIP no ha podido corroborar si efectivamente se ha establecido el organigrama estipulado por la Ley 7.462, en buena medida porque no figura en las páginas oficiales y además porque consultado a los colegios de profesionales, dicen desconocer que este en plena vigencia.

14. En la Provincia de Mendoza

Los casos relatados a continuación indican que la policia mendocina no ha cambiado los métodos represivos de la época de la dictadura.

El 20 de abril a las 23,40 horas, en un quiosco de la calle Sargento Cabral de Godoy Cruz, en un procedimiento policial un grupo de efectivos se bajaron de los patrulleros y comenzaron a disparar contra cuatro jóvenes que estaban comprando bebidas gaseosas. Los padres realizaron la correspondiente denuncia ya que tal como manifiestan, estos policías atentaron contra la vida de sus hijos de15 años de edad |71|.

El 5 de mayo, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, el joven Franco Díaz de 19 años murió víctima de un disparo mientras se encontraba en una fiesta con sus amigos, cuando la policía (llamada por unos vecinos por ruidos molestos) llega al lugar |72|.

El 10 de agosto Maximiliano Ríos de 16 años, fue muerto por la policía de la ciudad de Mendoza, durante un operativo efectuado en su casa a raíz de una denuncia hecha por vecinos con los que sus padres tenían viejos enfrentamientos |73|.

El 14 de agosto, en la localidad de Guaymallén, Marcos Arias de 20 años fue muerto por un policía vestido de civil |74|.

15. En la Provincia de Misiones

Durante el presente año, los misioneros han manifestado su repudio al accionar policial en distintas ciudades de esta provincia. Un caso que motivó nuevamente una movilización popular es el ocurrido el 23 de junio cuando Hernán Céspedes de 18 años apareció muerto en la comisaría de la UR5, en Puerto Iguazú. Horas antes de fallecer en una visita realizada por su madre le contó que estaba siendo torturado y que los policías lo habían amenazado de muerte. Esta comisaría tiene una larga trayectoria en hechos de este tipo, innumerable denuncias de torturas y apremios, motivo por el cual en octubre de 2011 los vecinos manifestaron frente a la misma en forma violenta, ya que otro joven había sido brutalmente golpeado

16. En la Provincia de Neuquén

A modo de ilustración presentamos dos casos que ponen en evidencia el modo de actuar de la policia en la Prov. de Neuquén.

Sebastián Bustos de 18 años, viajaba el 12 de marzo en su motocicleta desde San Martín de los Andes a Cutral Co, con el fin de inscribirse en un establecimiento educativo. Ese día la policía federal realizaba un operativo buscando al asesino de un policía de Junín, y sin ningún indicio de que Sebastián lo fuera, es atacado a balazos y trasladado al hospital, impidiendo a la familia tomar contacto con él |75|. El 22 de julio en el Barrio Cuenca XV, Matías Casas de 19 años fue asesinado de dos tiros en la espalda que le disparara el suboficial Esteban Méndez de la Comisaría 1.de investigaciones |76|.

17. En la Provincia de Río Negro

A mediados de mayo un joven de 18 años, llamado Alejandro, denunció haber sido torturado por policías de Beltrán. Este joven fue detenido junto a un amigo acusado de haber intentado sustraer una carretilla |77|. Según la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, recibió a doce personas en Choele Choel quienes denunciaron que en ese lugar hubo al menos tres casos de maltrato policial, manifestando que "son casos terribles que están vinculados con la tortura y los apremios ilegales, parece un procedimiento repetido en la zona a manos de la policía". "Las metodologías son distintas, al igual que las víctimas, porque hay menores y mayores, no todos están relacionados con el caso Solano".

El sábado 6 de octubre Carlos Barros de 19 años de edad, padre de una nena de 9 meses, venía con un amigo en bicicleta cuando un móvil les tiró el auto encima, por lo cual dejaron el rodado y salieron corriendo |78|.

18. En la Provincia de Salta

Los casos que presentamos a continuación, no son hechos aislados, forman parte del accionar corriente de la policia salteña y del dejar hacer de la justicia local.

El jueves 2 de agosto tres padres de alumnos de la Escuela Especial 5075 Virgen del Rosario de Cafayate, denunciaron que: la vice directora Rebeca López autorizó a dos policías a requisar las mochilas de los alumnos, efectuarle cacheo a varios de ellos y a bajarle los pantalones y calzoncillos porque la maestra de un grado denunció en la comisaría que alguien de su clase le había robado $ 1.500. Cabe señalar que estos niños discapacitados tienen entre 10 y 12 años. El resto de los padres calló por temor a que los chicos no sean aceptados más en el colegio, dado que es el único en el lugar cercano al Valle Calchaquí para niños especiales.

El 14 de agosto un grupo de madres de Aguaray, denunció ante la fiscalía de Tartagal a policías de ese lugar por abuso de autoridad y apremios ilegales contra sus hijos que habían salido a correr por la noche |79|.

El 26 de agosto un grupo de jóvenes denuncian que en Villa Febrero en la intersección de las calles Maipú y Necochea fueron interpelados por un grupo de policías del Sistema de Emergencia 911 quienes los intimaron a regresar a sus casas. Al negarse a hacerlo fueron violentamente reprimidos. La denuncia fue realizada por Francisco y Ramiro Cabrera, mellizos de 17 años, Fernando de 15, Franco González de 17, José Vilte de 15, Francisco Carral y Nicolás Castro de 23 |80|.

El viernes 20 de julio en el supermercado "Chango Más" de Tartagal, los policías que hacían horas adicionales custodiando el mismo, utilizaron los sanitarios del lugar para propinarle una feroz golpiza al joven de apellido Orellana de 19 años al que habían detenido acusándolo de intentar robar una linterna |81|.

Luego de que detuvieran al sexto policía involucrado en las torturas a los dos presos en una comisaría de Güemes, una de las víctimas del brutal ataque, Miguel Ángel Martínez, se presentó a declarar ante la Justicia junto a su familia |82|.

El 25 de julio a la 4,30 de la madrugada cuando se hallaban en una confitería bailable, en la capital salteña, los jóvenes Diego, su esposa Silvana T que estaba embarazada, Facundo, Romina E., María Luz E. y Sofía R. son encarados por un grupo de 10 policías, de los cuales dos eran mujeres, los que comienzan a agredirlos con golpes, insultos, y patadas, utilizando contra uno de ellos una picana eléctrica. Se realiza la inmediata denuncia por lesiones y abuso de autoridad ante la fiscalía 4 de la capital

El sábado 11 de agosto en la localidad de Campo Quijano, Carlos Barbosa de 17 años y su hermano fueron detenidos cuando caminaban por la plaza de la ciudad con una botella que contenía vino con gaseosa. Allí fueron interceptados por un móvil cuyos ocupantes le arrojaron a Carlos gas pimienta en la cara mientras otros dos los esposaban para subirlos al móvil donde los golpearon reiteradamente |83|.

El 16 de agosto los jóvenes Maximiliano Grimaldo de 19 años y su cuñado Marcos Rafael Santillán de 27, son detenidos (mientras uno de ellos llevaba a su hijo a la escuela y el otro iba a trabajar) por la policía de Orán. Cabe señalar que ambos carecen de antecedentes policiales |84|.

20. En la Provincia de Santiago del Estero

El 14 de agosto familiares de Cristian Sebastián Chaparro denunciaron que el joven fue salvajemente golpeado por un grupo de policías de la seccional 6. El joven que no tiene antecedentes, logró huir hasta la casa de un amigo donde llegó con heridas sangrantes. La policía sin orden de allanamiento se dirigió a la vivienda del joven para llevárselo a la fuerza. Su hermana, Carla, logró sacarle fotos de todo el cuerpo, manifestando que tiene lesiones en manos, piernas y abdomen. Este es uno de los tantos casos denunciados por familiares de victimas del proceder violento de la policia con los jóvenes. Casos que luego se pierden en los vericuetos de la administración de justicia y difícilmente lleguen a una severa sanción a los responsables de este proceder. Si bien la actual administración de la provincia se ocupado de trabajar para remontar una situación extrema de violencia, arbitrariedad y abusos en el accionar de las fuerzas de seguridad, se hace necesario profundizar el trabajo a fin de lograr una policia próxima a la comunidad y no que siga con los antiguos métodos de "prevenir" el delito o resolverlo torturando o maltratando a los sospechosos por "porta cara" o circular por un lugar de conflictividad.

21. En la Provincia de Santa Fe

La policia de esta provincia es fuertemente cuestionada por la oposición política en la Prov. y el debate sobre su accionar alcanzó estado nacional a partir de una fuerte polémica entre el gobierno provincial y esos opositores del mismo signo político que el gobierno nacional. Los casos que presentamos reflejan que, si bien el gobierno de la provincia hace notables esfuerzos para adecuar la policia al derecho constitucional, hay fuertes trabas en la administración de justicia para sancionar debidamente a la arbitrariedad y corrupción de los elementos que revisten en sus filas.

El 19 de febrero en la ciudad de Rosario, Joel Víctor Bonfiglio Vázquez de 10 años, recibió dos balazos en la nuca efectuados por personal de seguridad de una guardería náutica que se levanta al borde del arroyo Ludueña, en las cercanías del parque Alem. Fueron autores de los disparos Enrique Fabián Cettour de 50 años, ex policía exonerado de Rosario y José Gabriel Correa de 25 años |85|.

El 10 de marzo Marcos U. fue detenido a madrugada en la localidad de María Susana, departamento de San Martín, siendo torturado, debió ser trasladado al hospital local y posteriormente al de la localidad de "El Trébol". Los exámenes médicos determinaron que el joven presentaba lesiones en su pelvis y cara anterior del recto medio |86|.

En Florencia, una población de siete mil habitantes, Roberto Valenzuela de 18 años, Lucio Prieto y Martín Gómez, ambos de 19, denunciaron a la policía local por torturas y malos tratos |87|.

El 3 de Julio toma estado público una denuncia, el padre de una ex alumna acusó a un grupo de efectivos del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de Rosario que habrían obligado a las cadetes a practicarle sexo oral bajo la amenaza de no poder seguir estudiando. El gobierno provincial se comprometió a investigar los hechos |88|.

El 27 de julio los hermanos Víctor de 16 años y Rogelio Lezcano de30 años, circulaban por Santa Ana, Reconquista, donde se celebraba la fiesta patronal cuando un policía de apellido Toledo lo provoca a Rogelio y lo desafía a pelear, por lo cual los hermanos se van del lugar |89|.

El 4 de marzo dos menores fueron detenidos acusados de robo. Los padres de uno de ellos, Nicolás, de 16 años, del barrio La Cerámica, denunciaron judicialmente que tanto su hijo como el amigo de éste sufrieron apremios de parte del personal policial tras ser detenidos acusados de robo calificado |90|.

El 1 de julio Mariano Daniel Osuna fue agredido por efectivos policiales luego de una pelea ocurrida en el boliche bailable "Awas" de la localidad de Aceval, Rosario |91|.

El 6 de febrero minutos después de las 12,30 del mediodía y ante una denuncia que fue formalizada por dos albañiles que trabajan en un edificio en construcción de propiedad horizontal ubicado sobre 25 de Mayo al 3.400 y que filmaron el preciso momento en que una menor de 11 años es sometida a castigos físicos por funcionarios del centro de protección integral para niños y adolescentes "Ana y José Fracciola", se constituyeron autoridades judiciales y policiales para allanar el lugar denunciado |92|.

22. En la Provincia de Tucumán

Los casos de "gatillo fácil" se suceden en la Prov. de Tucumán, debido en buena medida a que los hechos como los que relatamos a continuación, pese a las denuncias públicas, quedan sin sanción. El 1 de octubre María José Gordillo de 16 años de edad, en el barrio ATE, recibió un impacto de bala muriendo a los pocos minutos. Su padre denuncia públicamente que se trató de un caso más de gatillo fácil |93|.

El diputado provincial Ariel García realizó un pedido de informe dirigido al Director del Hospital Colonia Juan M. Obarrio, Farmacéutico Gabriel González sobre temas referentes a hechos sucedidos en la mencionada institución publicados en el diario La Gaceta en su edición del domingo 18 de noviembre "Según el medio gráfico periodístico, en dicho nosocomio existirían situaciones irregulares en relación con los jóvenes internados por orden de la justicia para tratamiento de desintoxicación. Las manifestaciones publicas indican que estos pacientes están en condiciones precarias y sin un real tratamiento para recuperarlos de sus adicciones, y lo que sería mas grave aún, tendrían acceso a estupefacientes en cercanías del hospital" expresa el diputado en un extenso pedido de informe que espera respuesta.

SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL

1. Sistema penitenciario Federal

Tal como hemos especificado in supra (caso Melo), el sistema penitenciario federal carece de los recursos humanos y técnicos para dar tratamiento a las personas privadas de su libertad con problemas de adicción o que haya tenido conflicto con la ley penal a causa de su adicción. Luego del drama de la U20, que aún se debe deslindar responsabilidades sobre los hechos que terminaron con la vida de varios internos y el predio deshecho, las mismas formas se trasladaron al penal de Ezeiza, pabellón para jóvenes con problemas de adicción. Continúan las prácticas de 23 hs. de encierro y una de patio como medida de disciplinamiento. El presente gobierno que manifiesta su adhesión a los principios fundamentales de los DD. HH. , es el que a través de su mayoría parlamentaria traba continuamente el tratamiento de una nueva Ley Orgánica del Servicio penitenciario federal (en adelante SPF) que modifique definitivamente el modelo militar que data del año 1978 (plena dictadura), que no sólo es inconstitucional, sino que además perjudica a los propios trabajadores penitenciarios. En efecto, se los forma como agentes paramilitares y se pretende que su trato con los internos apunten a la socialización. Tal planteo esquizofrénico, no puede sino terminar en trato violento.

Sergio Omar Ibarra, detenido en la cárcel de Villa Devoto, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, murió el 23 de agosto por falta de asistencia médica |94|.

El OIP tomó conocimiento de la situación del señor Fernando Gabriel Maldonado y trasladó la denuncia al Equipo Nizkor, con la expectativa de que el alerta internacional sirva para que este discapacitado y detenido en el Complejo Penitenciario Federal N I de Ezeiza, Módulo 1, Pabellón A, Celda 07, a cargo del SPF y a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N 10, quien en forma constante deniega la petición que realiza su defensor con asistencia del Procurador Penitenciario Nacional en calidad de "amicus curiae" para que el interno sea transferido a prisión domiciliaria |95|.

En el término de dos años, en el penal federal de Marcos Paz hubo seis internos quemados en circunstancias confusas. Investigar estos casos y encontrar alguna conexión que indique "ajustes de cuentas" de agentes penitenciarios para con los internos, es el propósito que persigue la Procuración Penitenciaria. Cuatro de los episodios ocurrieron en pabellones de adultos y dos en los pabellones de jóvenes menores de 21 años |96| En el caso de Luciano Truzzi, en enero de 2011, su situación fue condenada por la CIDH y provocó la intervención de la Justicia, pero no evitó que un año después otro detenido viviera un episodio idéntico en la misma celda de castigo: el buzón 3709. En efecto, de acuerdo a la denuncia del Procurador Penitenciario, un preso que en el penal federal del Chaco había denunciado por intento de extorsión a unos agentes penitenciarios, por orden judicial fue trasladado del Chaco a la Prov. de La Pampa. En el mes de diciembre, camino a esa Prov. quedó alojado en el penal de Marcos Paz, donde ya había denunciado torturas |97|.

José Miguel Igreda Erazo (35 años) falleció como consecuencia de las quemaduras sufridas en otro incendio ocurrido a fines del año pasado |98|.

A fines de enero apareció presuntamente suicidado el interno David Dubra Herrera en su celda del penal de Rawson. Hacía unos meses que lo habían trasladado de la unidad 4 de Resistencia, Chaco y le faltaba muy poco tiempo para lograr su libertad. |99|

El 27 de junio en la Unidad Federal 7 de la cuidad de Resistencia, Prov. del Chaco, un celador le dice al interno Julio Ruiz que el jefe de seguridad interna, Tomás Rojas, quería verlo. En el encuentro Rojas le ofrece ponerle una buena nota por conducta en su legajo, con la cual podría solicitar salidas transitorias y demás beneficios en el penal, a cambio de que apuñale a otro preso de nombre Damián Betiga. Ante la insistencia de Rojas, le contesta que él no tiene una faca (elemento punzocortante), ante lo cual otro funcionario llamado Romero que estaba presente en la entrevista, le aplica por detrás dos puntazos, uno en el brazo y otro en el cuello, amedrentándolo que si los denunciaba nadie le iba a creer, entregándole a continuación la faca para que cumpla el encargo |100|.

El 28 de agosto se sumaron dos muertes en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, contabilizándose un total de ocho en esta cárcel federal. Dos mujeres son asesinadas. Fue en el pabellón 8, donde allí son apaleadas |101|.

A fines del mes de Septiembre cobra estado público el uso de internos del penal de Villa Devoto para actos políticos, encubiertos de actos culturales. En efecto, en todos los medios masivos de comunicación sale un video donde se puede ver al director del SPF presidiendo una murga que actúa en los corredores del penal. Luego se puede observar a los mismos internos que participan de ese acto, en encuentros callejeros que organiza una agrupación política oficialista denominada "Vatayón militante" |102|.

2. Provincia de Buenos Aires

La administración de justicia en la Prov. de Buenos Aires, padece de los males que mencionamos in supra. Así, el 11 de Noviembre El tribunal número dos de Quilmes declaró inocente a Diego Manuel Pascual, quien estaba acusado por el delito de "abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante, agravado por el vínculo" |103|. El 26 de Octubre, el OIP junto al diputado provincial Ing. Ricardo Vago, realizó una visita al complejo penal de Gorina. Fueron recibidos por la actual directora del SPB, Dra. Florencia Piermarini y un equipo de asesores. Se provechó la oportunidad para solicitar a la directora datos sobre la actual situación del sistema penitenciario en la provincia. De acuerdo a los datos oficiales cálculo es que 60% está en situación de prisión preventiva y 40% cumpliendo condena firme. A la pregunta sobre la cantidad de detenidos en comisarías, la Dra. Piermarini contestó que serían un total de 890 presos aproximadamente. Esta apreciación difiere mucho con los cálculos que realizan algunas entidades de DD. HH Lo cierto es que no se lleva una estadística confiable. Agregó que están funcionando ocho alcaidías y se prevé en un plazo lo más breve posible, sacar a todos los detenidos de comisaría que no sean contraventores. Por otra parte nos comentó que están intentando generar un polo psiquiátrico, es decir que todos los internos con padecimientos mentales irían a una misma unidad penal, cuestión que hemos podido constatar en la visita realizada en el mes de diciembre a la U34, unidad para inimputables. Preguntado por el tratamiento a los internos que hayan cometido el delito de abuso sexual y /o violación y sobre la intervención terapéutica. La Dra. Piermarini informó que se está haciendo una prueba piloto con un interno para proporcionarle terapia un año antes del vencimiento de la condena. Durante la entrevista se intercambió opiniones sobre el tema del peculio |104|. Un reclamo de todos los internos de todas las cárceles del país. El reclamo, no es sólo en relación a cuanto debería percibir el interno que trabaja sino además, recibir efectivamente el monto por más pequeño que este sea. En tanto el Poder Ejecutivo a través del funcionario del área sostiene que deposita el monto correspondiente, los internos sostienen que no reciben dinero alguno. Luego de expedirse la Suprema Corte de Justicia al respecto y habiendo tomado estado público la denuncia de la Asociación Pensamiento Penal |105| por trabajo esclavo en el penal de Batán, la Cámara de Casación penal ordenó aplicar la ley laboral para los internos que trabajen dentro de los penales. Ordenó que los detenidos cobren salario de convenio, tengan obra social y ART (seguro de riesgo de trabajo). Queda entonces resolver administrativamente quién o qué ente administra del salario del trabajador en situación de encierro dado que la misma en manos del SPB ha despertado y despierta dudas sobre su eficacia y trasparencia. Entre las reformas emprendidas por el gobierno de la provincia, cabe mencionar la creación por decreto de una Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo para prevenir la tortura y otros tratos crueles en las cárceles, institutos de menores y comisarías de la provincia. Esta iniciativa llevada adelante en octubre, vino a adelantarse a la sanción de la ley que crea el Comité contra la Tortura a nivel nacional |106| Fue sancionada la ley que instituye la policía judicial, denominada cuerpo de Investigadores Judiciales, que entrará en operación como prueba piloto en la ciudad de Mar del Plata a partir de marzo de 2013 |107|.

En el mes de Septiembre, el diputado provincial Ing. Ricardo Vago solicitó por escrito a la Procuración de la Prov. que informe la cantidad de causas que llevan los Defensores Oficiales. La respuesta llegó el día 1 de Octubre, donde se responde que no se llevan estadísticas o anuarios que referentes a la cantidad de Defensorías oficiales y la cantidad de casusas que se tramitan. Señalamos entonces que la falta de estadísticas es una grave deficiencia para la adecuada administración de justicia.

La visita a la U18 nos planteo dudas acerca de la eficacia del tratamiento allí brindado a los internos drogodependientes, sobre todo de patología dual (pacientes con patologías mentales y además consumidores de drogas). En efecto, el personal a cargo es escaso, la demanda va en aumento, pero además de instrumenta un programa que a mostrado alto grado de recidiva. En cuanto a las condiciones de alojamiento, diremos que los pabellones y las celdas aparecieron limpios y ordenados. El hacinamiento se encuentra encubierto en razón de que cada celda aloja a cuatro internos, con el sistema de camas tipo cuchetas. De este modo da un cálculo de 2,5 m. por persona. En relación a la U12, de régimen abierto, no hemos podido observar a los internos trabajando en los emprendimientos, la cría de porcinos y el vivero. Requiere una investigación administrativa saber el destino del dinero que genera estos emprendimientos y si efectivamente se deposita el peculio correspondiente. La U34, que se está constituyendo como un polo para internos con padecimientos mentales, tiene un equipo de salud, dependiente del Ministerio de Justicia, que trabaja dentro del penal, se advierte que tanto el espacio físico que ocupan como el hecho de que el SPB tenga a su vez personal de salud mental bajo sus órdenes, un doble estándar. Para una población de 344 internos la cantidad de profesionales de la salud mental son escasos. En efecto, cuenta con un plantel de diez (10) psicólogos y cuatro (4) psiquiatras. Tres (3) médicos para el servicio diario. Es materia de reflexión si concentrar todos los internos con padecimientos mentales y/o con medida de seguridad judicial es adecuado. Podría pensarse que tenemos un establecimiento psiquiátrico bajo la órbita del SPB. También puede pensarse en el abandono que sufren estos sujetos toda vez que sus desequilibrios emocionales los condujo a un delito que resulta intolerable para su entorno. El abandono de sus allegados es evidente. Los agentes refieren que el día de visita que más movimiento hay llegan a juntar 59 personas que ingresan a ver a su allegado.

La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario bonaerense tuvo un incremento en relación a años anteriores, contabilizando alrededor de 19.000 plazas, (no hay cifras oficiales a la fecha), lo que dejaría un déficit de alrededor de 10.000 plazas faltantes en las 55 unidades con las que se cuenta. Del total de detenidos, se calcula que el 50% no terminó la escuela primaria, el 44% era desocupado o sub ocupado, el 70% tiene entre 18 y 34 años de edad, de los cuales cerca del 30% tiene entre 18 y 24 años |108|.

Siguen los traslados permanentes, algunos internos sufren más de nueve traslados por año, lo que los convierte en una forma específica de tortura psicológica y física, ya que muchas veces no pasan más de diez o quince días en un lugar.

Alrededor de 1.200 mujeres están detenidas. La mayoría de ellas está por infracción a la ley de estupefacientes y provienen de hogares pobres |109|. Tal como mencionamos en el último informe, los juicios abreviados son aceptados como forma de acortar el tiempo en prisión debido a las interminables demoras judiciales. Estas mujeres son en gran mayoría jefas de familia, con hijos a cargo y con prisión preventiva. El aislamiento, los traslados constantes, sobrepoblación, paupérrimas condiciones edilicias, en especial las que están con sus hijos pequeños. Este estado de cosas constituye en sí mismo un plexo de malos tratos y formas de tormento sistematizado institucionalmente y cuya práctica envilece a los agentes estatales. Respecto a la población transexual, siguen las mismas condiciones que detallamos en nuestro anterior informe, entre otras situaciones de malos tratos se encuentra la interrupción de los tratamientos hormonales. Los casos que relatamos a continuación, fueron seleccionados como muestra de la violencia institucionalizada y permanente, que al parecer el gobierno provincial no logra controlar.

En las primeras horas de la tarde del 1 de enero, se produjo una riña en el penal de Urdampilleta, Bolívar, en la que fallece Sergio Benjamín Alegre Verón, de 35 años |110|.

El 28 de enero en la Unidad 46 del Complejo Penitenciario de San Martín, provincia de Buenos Aires, Patricio Barros Cisneros, de 26 años de edad, falleció a causa de las torturas recibidas |111|.

El viernes 3 de febrero Yanina Hernández Painnenfil, alojada en la Unidad 3 de Ezeiza, apareció muerta a las 15 horas |112|.

En marzo en la Unidad 25 de Olmos, muere Rodolfo Martínez en una de las tantas peleas consentidas por los propios miembros del servicio penitenciario |113|.

En marzo el interno Juan Romano Verón fue asesinado en la U48, de acuerdo al SPB, en una revuelta generalizada, luego de finalizada la visita del vicegobernador de la provincia junto a distintas instituciones de derechos humanos.

El 11 de marzo Hernán Alborcén de 25 años, fue víctima de un caso de "gatillo fácil", murió en Monte Grande de un disparo en la cabeza. Dos policías de la comisaría de Esteban Echeverría fueron quienes dispararon. El joven estaba sentado en el cordón de la esquina de su casa esperando a su novia.

El 31 de marzo Luis Burela Sombras ingresa y muere en la Unidad 45 de Melchor Romero. Venía siendo trasladado de la Unidad 48 de San Martín, de acuerdo a la información oficial, por estar involucrado con la muerte de otro interno, Rodolfo Martínez quien era compañero en su celda |114|.

El 15 de abril Adriana Cruz de 42 años fue encontrada muerta, en un supuesto suicidio, en el baño de la unidad 45 de Melchor Romero.

El viernes 20 de abril al mediodía, fue encontrado ahorcado en su celda de la comisaría de Mercedes Jonathan Palavecino de 23 años |115|.

En el mes de abril se difundió públicamente una carta abierta escrita por Jesús Cabral, interno de la Unidad Penitenciaria 48 de San Martín, en la cual cuenta que el Director de la Unidad, Andrés Almirón junto a otros penitenciarios, irrumpieron en la sede del CUSAM armados y pegando golpes, intimando a que cesen las denuncias |116|.

El 12 de mayo Diego Alejandro González de 31 años fue detenido por policías de la comisaría primera de Olavarría, siendo liberado al día siguiente. Presentaba graves quemaduras en casi todo el cuerpo |117|.

El 21 de Mayo el OIP tomó conocimiento que Leonardo NERI, alojado en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, a disposición del Tribunal de Garantía N 2, a cargo del Dr. Lucas Oyhanarte, Causa 16.492 de Instrucción Penal preparatoria, la delicada situación de salud y las precarias condiciones de detención en la que se encuentra el interno |118|.

El 18 de junio Javier Horacio Otero fue hallado ahorcado con una sábana en su celda de la cárcel de Melchor Romero. Se presume suicidio.

El 25 de junio Ramón Maidana Centurión de 29 años, alojado en el pabellón de máxima seguridad de la Unidad Número 13 de Junín, fue asesinado a puñaladas en una supuesta riña con otros internos, en momentos en que salían de sus respectivas celdas |119|.

El 30 de junio Mariano Ponce fue detenido y trasladado incomunicado a la sub comisaría de Las Toninas, partido de La Costa. Allí fue golpeado y maltratado de forma tal que como consecuencia dejó severas lesiones corporales.

El 4 de julio apareció ahorcado colgando de los barrotes de la ventana de su celda en un supuesto suicidio, el joven Ramón Amarilla de 22 años alojado en la comisaría 3., de Quilmes. A raíz de este suceso, fue suspendido el comisario a cargo de esa seccional.

El 22 de julio Héctor David Zárate Rojas de 20 años fue encontrado ahorcado con un toallón atado a una frazada desde la cama cucheta en la prisión de Melchor Romero.

El 24 de julio Víctor Hugo Silva de 24 años fue encontrado ahorcado con una sábana en la celda que ocupaba en la alcaidía de Avellaneda

El 26 de julio fallece en la unidad 47 del complejo penitenciario de San Martín, Roxana Díaz Méndez la que estaba alojada en el sector sanidad, a raíz de un cáncer de útero |120|.

El 27 de julio Roberto Ayala de 29 años fue encontrado ahorcado en el penal de Sierra Chica, Olavarría. Sin embargo no tenía ninguna marca en el cuello, en cambio presentaba golpes en la sien derecha con rotura de cráneo.

El 30 de julio en el Pabellón de Separación del Área de Convivencia de la Unidad 32 de Florencio Varela, Maximiliano Zapata Osores fue golpeado y colgado de sus brazos sin tocar el piso con sus pies durante ocho horas |121|.

El 4 de agosto Martín Ezequiel Mancebo quien estaba detenido, había realizado una serie de denuncias contra el SPB. Fue trasladado al penal de Varela, donde apareció muerto a una hora de su ingreso. Según el servicio penitenciario fue un suicidio, todos los presos que compartieron su celda fueron trasladados en forma inmediata.

El viernes 17 de agosto, Juan Manuel Casolatti presentó un oficio en los que describía serios problemas en la alimentación de los internos del Complejo Penitenciario de Florencio Varela. En esos días 400 internos se encontraban en huelga de hambre |122|.

También el 17 de agosto otro interno era asesinado con un objeto punzocortante en la Unidad 46 de San Martín, Alexis Nicolás Ceteyche Romero de 21 años |123|.

El 18 de agosto en la unidad 9 de La Plata Claudio Romano Chávez murió en una pelea con otros dos internos del pabellón 11. En estos casos, la falta de custodia y de responsabilidades de los funcionarios posibilita hechos como este.

El 21 de octubre Juan Cruz Pereira de 23 años alojado en la cárcel de Batán, Mar del Plata, fue asesinado por otro interno de un puntazo al corazón.

El 1 de noviembre se conoció que el ex jefe de depósito de la cárcel de Olmos fue sentenciado a cuatro años de prisión por hurtar mercadería que debía cuidar. En el juicio denunció una cadena de corrupción |124|.

3. Provincia de Catamarca

La violencia intramuro no ha sido solucionada dada la indiferencia que muestra el gobierno de esta Prov. acerca de los DD. HH de las personas a disposición de la justicia. La ausencia de personal capacitado y respetuoso de las garantías individuales, facilitan hechos como el que relatamos. El 5 de febrero, Daniel Gonzalo Nieto de 27 años detenido en el penal de Miraflores, provincia de Catamarca, fue asesinado de dos puntazos, uno en el tórax y otro en la espalda |125|.

4. Provincia del Chaco

A fines de julio, el Comité contra la Tortura realiza una visita sorpresa a la cárcel de Sáenz Peña, a fin de constatar las condiciones de encierro y verificar las denuncias recibidas sobre malos tratos efectuadas por familiares de los internos, las cuales fueron confirmadas a través de los certificados médicos.

5. Provincia de Chubut

El 7 de enero Pablo Jonathan Ovando, de 22 años, recibió un impacto a menos de un metro de distancia en la sien izquierda, quedando en coma farmacológico durante 10 días. Los policías acusados del hecho lo persiguieron 13 cuadras |126|.

El lunes 26 de marzo, Bruno Rodríguez Monsalve de 24 años muere apuñalado, pese a que estaba bajo protección policial |127|. Fue testigo en la causa por violación contra tres policías de la comisaría 2 de Trelew de un chico de 16 años. Caso que hacemos referencia in supra.

A mediados de agosto, Héctor Fabián García del barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia, falleció en el hospital Regional a consecuencia de los golpes recibidos en la seccional 5 mientras estuvo detenido durante cuatro horas |128|.

El domingo 23 de setiembre, Jairo Sebastián Goyenehe de 22 años, denunció haber sido víctima de apremios ilegales de parte de la policía de la comisaría 3 de Trelew |129|.

6. Provincia de Córdoba

A mediados de enero el periodista Franco Farías, corresponsal de la radio de Villa del Totoral, se encontraba cubriendo el festival del Doma y Folklore de Jesús María junto a un amigo, cuando al ver una violenta acción policial decide grabarla en su teléfono celular |130|.

El 5 de febrero, dos hombres denunciaron abuso policial en una comisaría de Villa María, a la que fueron llevados detenidos. La denuncia fue radicada ante la justicia por uno de los detenidos, Ramiro Ledesma |131|.

A principios de febrero Alejandro Vega Guardia de la localidad de Anisacate, denunció a un efectivo policial, con el grado de sargento, por haberle propinado varios golpes en la cabeza con su arma reglamentaria |132|.

El 9 de febrero, Matías Basavilbaso de 23 años denunció haber sido golpeado por la Policía Caminera provincial en avenida Circunvalación y Valparaíso. Debido a los golpes fue trasladado al Hospital de Clínicas durante su arresto |133|.

El domingo 12 de febrero, Gonzalo Ezequiel Barrionuevo de 24 años, apareció muerto en el calabozo de la comisaría 17, ubicada en la periferia norte de Córdoba. Según la policía, fue un suicidio provocado al ahorcarse con un cordón atado entre la reja del pabellón y su cuello |134|.

El 18 de Febrero, en una decisión inédita, la fiscal Dolores Romero Díaz imputó al comisario Pablo Márquez por los delitos de coacción y abuso de autoridad reiterado |135|.

El 5 de marzo, Sandra López, de 41 años, portera de una escuela y madre de tres hijos, muere tras haber sido golpeada durante su arresto por la policía. Según denuncia su familia, estuvo 12 horas sin atención médica pese a solicitarla mientras estuvo en cautiverio. Sandra habría sido detenida y castigada con el fin de quitarle el celular con el que filmó un operativo en su barrio en el que los vecinos denuncian que la policía habría entrado a los tiros |136|.

En el mes de marzo, tomó estado público la carta del interno de la Unidad 5 de Villa María, Eduardo Javier Aimar, donde realiza un detallado informe en el que describe las condiciones inhumanas de encierro, denunciando el abuso de poder "y de autoridad por parte de la seguridad y dirección del establecimiento" |137|.

El 11 de junio, Soledad del Valle Fonseca de 35 años apareció muerta en su celda de la Unidad Departamental de Villa María, Córdoba. Fue detenida por la policía en un allanamiento por una contravención y unas horas después según la versión oficial se la encontró "ahorcada con su corpiño".

En la madrugada del 4 de julio, Pablo Rodríguez, periodista de la revista "Tangente" de 28 años de edad, fue detenido mientras observaba un procedimiento policial contra un joven en la ciudad de Tajamar, Alta Gracia. Le abrieron una causa por resistencia a la autoridad. Pablo integra el Colectivo por los Derechos y Libertades y en contra del Abuso Policial |138|.

El 18 de agosto Claudio Hugo Monjes de 22 años salió de su casa en el barrio Industrial de Villa Allende, para comprar una gaseosa, y al regresar como estaba discutiendo con su novia, un policía que estaba fuera de servicio y pasaba con su auto particular se bajó para increparlo. Interviene el padre y el hermano de Claudio para ver qué pasaba, cuando unos seis o siete policías ingresan en la casa sin ninguna orden de allanamiento y se lo llevan detenido junto a su hermano Claudio |139|.

El 2 de Septiembre, tomó estado público la denuncia que realizaron dos hombres por abuso policial en una comisaría de Villa María a la que fueron llevados detenidos, dado que cuando eran ingresados al calabozo los agentes le informaron falsamente a los reclusos que uno de ellos era violador lo que generó que les dieran una golpiza |140|.

El 16 de Octubre tomamos conocimiento que en el penal de Bouwer se torturó a un interno de 43 años. El fiscal ordenó su detención tras un examen e imputó a dos agentes por "severidades agravadas y vejámenes ilegales agravados". Mientras era torturado, la víctima fue atada de pies y manos |141|.

7. Provincia de Corrientes

A raíz de las reiteradas protestas y la consiguiente represión que se generó en el penal N 1 de Corrientes capital, el OIP con la colaboración de Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y solicitó un visita in loco a fin de evaluar la situación, realizar sugerencias y cooperar en cuento fuere posible a fin de que los DD. HH de las personas allí alojadas sean respetadas. El Defensor dictaminó positivamente una misión que viajó la primera semana de Junio y tuvo amplia repercusión en los medios locales y nacionales. Debemos destacar la buena disposición de las autoridades para que la misión realizara su tarea. Debemos así mismo señalar, tal como informamos in supra, el gobierno nacional no ayuda al gobierno de Corrientes a obtener el crédito internacional necesario para la construcción de un nuevo penal y clausurar ese edificio vetusto e inhabitable. Debemos relatar hechos acaecidos antes de nuestra llegada y que ilustran la situación que encontramos y las dificultades sobre las que debimos trabajar. El 16 de enero en la Unidad 1 de Corrientes hubo un motín porque a un detenido no se le permitió ir al velatorio de su padre. En la represión hubo cien heridos, diez de ellos de gravedad debiendo estos últimos ser internados. En esa represión el interno Raúl Abel Sánchez es brutalmente reprimido, debiendo a los pocos días ser internado en estado de coma |142|.

El 20 de enero fallece Raúl Alberto Sánchez, de 31 años de edad, luego de haber estado internado desde el 16 de enero por haber recibido una terrible golpiza a mano de los penitenciarios de la cárcel de San Cayetano |143|.

El viernes 17 de febrero fue asesinado en la UR II de Oberá, Corrientes, Rafael Núñez de 34 años de un puntazo en el pecho |144|.

El domingo 29 de abril, detuvieron a Raúl Eduardo Cardozo de 31 años en San Lorenzo, por "causar disturbios" en la boletería de un festival de doma y chámame. Por la noche hay un incendio en su celda donde sufre quemaduras en el 80% de su cuerpo, falleciendo el 1 de mayo a las 14 horas |145|. En la agenda de la misión se dio prioridad a los vejámenes y malos tratos. Si bien es entendible que las condiciones de hábitat, tanto para los internos, como para el personal penitenciario, resulta a todas luces irritante y más tarde o más temprano genera situaciones de violencia, nada justifica los malos tratos en un penal como San Cayetano o las demás dependencias donde personas han sufrido todo tipo de malos tratos. Así se lo expresaron los miembros de la delegación del OIP que participó de esta misión. El rol de la justicia en estos casos, como ocurre en buena parte del país deja mucho que desear, por la morosidad con que actúan frente a las investigaciones sobre tortura y/o malos tratos, en tanto el personal penitenciario sigue actuando de la misma forma como si nada hubiera ocurrido. La provincia se comprometió a través del Ministro de gobierno, a trabajar sobre las dificultades y nombró a un delegado de la Secretaría de DD. HH para que se ocupara permanentemente de los conflictos intramuros. Aunque el OIP tiene reservas de cómo puede evolucionar la situación, instruyó a la corresponsal local a fin de que monitoree constantemente los penales y realice los correspondientes partes.

8. Provincia de Entre Ríos

El caso Rivas poner en evidencia cuanto menos la impericia para realizar un arresto, cuando no brutalidad policíaca. En efectos, los primeros días del mes de marzo fallece Samuel Marcelo Rivas de 27 años Según la policía, su muerte se debe a una convulsión durante su arresto. El 12 de agosto en Colonia Yeruá, alrededor de las 22,30 horas, un policía vestido de civil y dos encapuchados que se identificaron como policías, irrumpieron en la vivienda de Joaquín Acosta de 29 años, padre de dos chicos de 2 y 3 años, de donde lo sacaron "a la rastra" y lo introdujeron en un móvil policial. Pararon en un lugar a la vera de la Ruta 14 y lo torturaron hasta que perdió el conocimiento |146|.

El sábado 15 de setiembre Valeria Sánchez denuncia públicamente que su esposo, un joven de 24 años discapacitado, habría sido abusado sexualmente por tres policías cuando se encontraba en el baño de la estación de servicio "Rhasa", ubicada en la calle Presidente Perón de Santa Elena |147|.

El 17 de setiembre, también en Santa Elena, en la unidad penal 2, un miembro del servicio penitenciario agredió verbalmente a un interno, al que le solicitó tener relaciones sexuales |148|.

9. Provincia de Jujuy

El 20 de mayo a la noche el Sr. Calisaya fue detenido en la Avenida Bandera de la ciudad de Jujuy requiriéndosele la documentación correspondiente al seguro del automóvil en el cual transitaba, y que no llevaba encima, por lo cual se lo trata de coimear. Al negarse a dar dinero, fue golpeado por varios policías que lo bajaron a la fuerza del automóvil, lo tiran al piso y lo esposan mientras continuaban con la golpiza |149|.

10. Provincia de La Pampa

El suicidio o los supuestos suicidios no son investigados con la seriedad que corresponde a un hecho que cuesta muchas vidas anualmente en el sistema penitenciario de Argentina. Esta Prov. tiene un alto índice de suicidios supuestos o reales, siempre en circunstancias altamente sospecha, como la que relatamos. El 16 de abril, Luis Wilson, de 29 años, se ahorcó con su sábana mientras estaba detenido en la Alcaidía de la Unidad Regional 2 de General Pico, La Pampa. Estaba a pocos días de cumplir con su condena y salir en libertad.

El 24 de mayo Darío Ospital de 34 años, fue encontrado muerto en la celda que ocupaba en la comisaría 2, de General Pico. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, se negó a ser trasladado a la alcaidía. Ospital se ahorcó utilizando una cinta que descosió del borde de una frazada. Su hermano mayor también se había quitado la vida mientras cumplía pena de prisión.

El 12 de marzo Jonathan Daniel Estévez de 22 años de edad, fue golpeado en la URII de General Pico. Luego fue aislado y no se le brindó atención médica. Fue detenido cuando salió en defensa del familiar de un detenido con el cual compartía la celda |150|.

El 11 de julio, Javier Keef, oriundo de Doblas, fue detenido cuando se encontraba en el taller mecánico de un amigo. Allí la policía le pide que se acerque a la comisaría porque querían hacerle algunas preguntas. Al acudir al lugar, es demorado, incomunicado, lo despojan de sus pertenencias, secuestran su motocicleta, lo torturan psicológicamente hasta llegar a apuntarle con un arma 9 milímetros a la cabeza y lo obligan a firmar una autorización de allanamiento para su domicilio |151|.

11. Provincia de Mendoza

La violencia intramuros no cede en esta provincia, triste fama de tener la policia y los agentes penitenciarios más represivos del país. Los casos relatados parecen indicar que si esto es así, es porque los agentes causantes de la represión no tienen la sanción correspondiente. El 23 de abril Alejandro Augier, de profesión carpintero, se trasladaba en su coche junto a sus dos hijas de 3 y 12 años de edad, cuando fue interceptado por dos autos de los cuales bajan efectivos vestidos de civiles, que le apuntan con el arma, obligándolo a bajar y propinándole una brutal golpiza. Bajan arrastrándola del brazo a la niña de 12 años, que tenía en sus brazos a su hermana, le apuntan en las costillas con un arma, motivo por el cual intervienen vecinos que observaban atónitos lo que sucedía. Los suben al patrullero, trasladándolos a la comisaría 25 de la ciudad de Guaymallén, donde Alejandro es amenazado de muerte |152|.

El 19 de mayo, José Miguel Flores de 26 años fue asesinado por un policía en un presunto intento de asalto. . El joven no tenía antecedentes. El hecho sucedió en el Corredor Oeste y Tiburcio Venegas de Godoy Cruz Según los familiares del joven, este había salido a comprar pan con su hijo y en ningún momento intentó abordar al policía que iba de civil y en bicicleta |153|.

Leonardo Daniel Miranda, quien cumplía condena perpetua en el penal de Boulogne Sur Mer, provincia de Mendoza, fue asesinado el 21 de mayo en un supuesto enfrentamiento en el pabellón 16. Tenía 22 años |154|.

El 27 de agosto Diego Gatica Toledo de 35 años, apareció ahorcado en su celda de la cárcel de San Felipe en Mendoza. Habitaba el módulo 5 del sector B un lugar de aislamiento |155|.

12. Provincia de Misiones

El martes 14 de febrero en Corpus, Andrés Vargas de 21 años fallece luego de agonizar durante 10 días. El 4 de febrero hubo una discusión en la casa del joven. A raíz de una denuncia se hizo presente la policía que lo amenaza por resistirse junto a su familia al procedimiento. Más tarde, al salir de su casa, es detenido, esposado, golpeado y subido a un patrullero donde siguieron golpeándolo para luego arrojarlo del coche |156|.

A fines de febrero en un operativo del GEOF (Grupo de Operaciones Especiales Federales), es abatido Daniel Vargas Rodríguez de nacionalidad paraguaya, en las afueras de Posadas |157|.

El 12 de marzo en horas de la mañana, Lisandro Lombardi fue víctima de apremios ilegales. En efecto, Al dirigirse a un policía a raíz de una irregularidad en el tránsito de la que fuera víctima, terminó siendo arbitrariamente detenido, incomunicado, torturado psicológicamente, y con amenazas de torturas físicas |158|.

El sábado 23 de junio el artesano Marcelo Paz fue ferozmente golpeado por integrantes de la comisaría 3, de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, dejándolo en un estado de coma irreversible. Fue detenido a raíz de una discusión que había mantenido con el chofer de un colectivo |159|.

13. Provincia de Neuquén

EL caso que relataremos seguidamente muestra el accionar corporativo del Servicio penitenciario, pero también la imprevisión de la justicia para garantizar la integridad de las personas bajo su amparo y administración. Cristian Ibazeta fue atacado el 21 de mayo en su celda individual pocos antes de que iniciara sus salidas transitorias, falleció días después |160|.

14. Provincia de Río Negro

El 25 de mayo el secretario de Derechos Humanos de Viedma presentó tres denuncias penales por presuntos apremios ilegales que agentes del Servicio Penitenciario Provincial habrían cometido contra internos de la cárcel de Viedma. Los mismos fueron constatados por el cuerpo médico del hospital Zatti, especialmente el sufrido por uno de los detenidos que fuera vejado y soportara apremios de parte del personal carcelario.

15. Provincia de Salta

El 7 de mayo Luis Aguilar, preso en la cárcel de Güemes, hacía doce días que estaba en huelga de hambre cuando miembros del servicio penitenciario le dan una feroz golpiza hasta que pierde el conocimiento |161|.

El 10 de junio Maximiliano Delale y Nicolás Mendoza resultaron gravemente lesionados por una supuesta reyerta con policías. Ambos denunciaron arbitrariedad |162|.

El 15 de setiembre Diego Quiroga de 32 años y cinco hijos, fue baleado por un policía en el barrio El Círculo |163|.

Ester Benítez, madre de un detenido, presentó una denuncia contra la Unidad Penitenciaria de Orán, donde golpearon con saña su hijo detenido por la policía unos días atrás |164|.

16. Provincia de Santa Fe

La situación de los DD. HH de las personas privadas de su libertad, presenta pocas variantes en relación al informe del año 2011 |165|, hemos conversado con las autoridades a fin de presentar varias sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de detención. El compromiso es construir un ala más en el penal de Coronda y construir alcaidías a fin de retirar a todos detenidos de las comisarias de Rosario. El OIP, en una entrevista mantenida con el líder de la coalición gobernante, ha hecho notar que, se hace necesario profundizar la política criminal llevada a delante por el gobierno provincial, debido al incremento de la violencia. Si bien es cierto que el gobierno nacional, como hemos consignado in supra tiene una política errática sobre la criminalidad transnacional, las provincias pueden y deben armar sus propias estrategias. A la violencia de la criminalidad, no se le puede responder con la violencia policial, que en esta provincia es notable |166|.

En el mes de febrero, la Secretaría de DD.HH. provincial pidió la intervención del defensor Gral. Gabriel Ganón en el caso Martín Sandoval que está detenido en Coronda |167|. A mediados de agosto se presenta una denuncia por abusos contra tres guardias de la cárcel de Piñero. Un interno del módulo D fue asistido por integrantes de la Comisión Anti represiva y por los Derechos Humanos |168|.

A partir de la intervención del Defensor General en el caso Sandoval, la Corte provincial apercibió al Defensor y luego de otros tres casos donde hubo procesamiento sin defensa e intervino el Defensor General la Corte pretende llevar a juicio político a Gabriel Ganón, por excederse en sus funciones |169|.

El 8 de octubre Nahuel Beltramini de 23 años junto a su padre de 49 años y su tío Carlos de 52, denunciaron una brutal e inexplicable golpiza por parte de efectivos del comando radioeléctrico de la ciudad de Rosario. La causa quedó radicada en el juzgado 9 de dicha ciudad |170|. El 19 de Octubre, detienen al Jefe de policia Hugo Tognoli, bajo la acusación de proteger a la red de narcotráfico local. La investigación data del 2009, en ese momento se creyó que las pruebas eran insuficientes para el hecho que hoy se produce. El escándalo no tardó en producirse debido a las críticas del gobierno nacional al gobierno de la provincia que es de signo opositor. Los cruces verbales entre provincia y nación dejaron al descubierto los mezquinos intereses políticos que animan a los funcionarios en detrimento de la seguridad pública y el permanente deterioro de la imagen de la administración de justicia, en este caso federal, ya que el delito del que se le imputó al jefe policial compete a los fueros federales, de por si muy desprestigiado. La detención con pruebas inconducentes de dos sujetos sindicados como narcotraficantes siembran más sospechas sobre el accionar policial santafesino |171|.

17. Provincia de Santiago del Estero

Al 30 de Abril el número de personas privadas de su libertad en comisarías de la capital santiagueña, alcanzó un récord de 140 durante el fin de semana. La contabilización de detenidos corresponde únicamente a las trece comisarías que tienen jurisdicción en la ciudad capital y sus alrededores |172|.

El 30 de julio un interno del Penal de Varones fue encontrado colgado en su celda y minutos después falleció en el Hospital Regional. Según fuentes policiales, la víctima resultó Héctor Augusto Gallo, de 24 años, con residencia en el barrio 8 de Abril, quien se hallaba alojado en el sector de Aislamiento. Fue el tercer caso en menos de 24 hs. |173|

18. Provincia de Tierra del Fuego

El caso que relatamos a continuación, es común a todas las cárceles del país y como venimos afirmando in supra, se debe a la desatención en materia de drogodependencia y la imprevisión judicial. No basta con dictar una medida cautelar, además hay que ver que se cumpla.

El 28 de mayo a la mañana, en Río Gallegos, dos hermanos, Darío Verón de 25 años y Juan Verón de 30, circulaban a bordo de un automóvil que volcó. Llaman a la policía que presuntamente los rescata, pero en sede policial los familiares realizan una denuncia por apremios ilegales contra agentes de la comisaría 4. Los efectivos golpearon a los jóvenes, les dieron golpes de puño y puntapiés.

El 10 de junio Ricardo Cepeda de 21 años, murió en la Unidad de Detención de Río Grande, apareció ahorcado en su celda |174|.

19. Provincia de Tucumán

A fines de noviembre la Corte Suprema de Tucumán declaró la inconstitucionalidad de la reincidencia como fundamento para agravar la pena. Fue en un caso de robo agravado. Se pretende compatibilizar el derecho penal con principios y garantías establecidas en la Constitución y tratados internacionales, como proporcionalidad de la pena y prohibición de persecución penal múltiple, entre otros.

La situación edilicia de las comisarias en la provincia es lamentable. Edificios viejos, sin mantenimiento, en estado derruido, indican que el actual gobierno ha hecho caso omiso de las garantías constitucionales y en especial del Art. 18. Atenta contra la seguridad de los detenidos pero también proporciona condiciones laborales indignas para los agentes policiales. Este último tiempo el gobernador ha reconocido que ha "descuidado" esa parte de su gestión y propone remodelar los edificios mediante la contratación de cooperativas de trabajo que tendrían esa función. Es de esperar que el otorgamiento de ese trabajo se haga con la trasparencia administrativa correspondiente y la idoneidad profesional necesaria. En cuanto a la formación de los agentes policiales debemos decir que el caso que relatamos seguidamente pone en duda la vocación democrática gobierno al tolerar estos procedimientos y el accionar de la justicia que no resuelve definitivamente, sancionando ejemplarmente a quienes proceden.

El 11 de agosto es detenida Viviana Alderete de 33 años, acusada de intento de robo en la sucursal del supermercado Carrefour y trasladada a la comisaría 5 de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí fue abusada sexualmente, le rompieron los pantalones mientras 3 policías por orden de una uniformada mujer la torturaban |175|.

Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina
Buenos Aires, marzo de 2013


Notas:

1. Cabe recordar aquí, de los principios fundamentales de la Administración de Justicia: Legalidad, Independencia, Inmovilidad, Responsabilidad y desde ya la publicidad y gratuidad. En definitiva del juego armonioso de estos elementos, debe regirse el órgano jurisdiccional a efectos de cumplir en forma eficiente su principal misión que no es otra que justamente la administración de justicia. [Volver]

2. "Me dijeron, esto es la perpetua, firmá y nada más. Nunca supe ni me dijeron que se podía recurrir", le dijo Cabrera a Perano, tal como cita en su escrito al que tuvo acceso el diario Página/12. Cabrera había sido condenado como coautor de un homicidio en Coronda, Santa Fe, en agosto de 2007. La actividad de su defensor oficial de aquel momento, Claudio Ibarra, se limitó a un mero acto formal: firmó la declaración indagatoria de Cabrera. No se tiene referencias de ninguna otra intervención. La jueza de menores de 1 nominación de Santa Fe, Susana Giordano de Bilich, propuesta como camarista, aceptó que Cabrera se auto inculpara y dijera que "pese a no encontrarse presentes mis progenitores, ni la Sra. Asesora de Menores ni mi defensa técnica, quiero decir que estoy dispuesto a someterme a careo". La siguiente aparición de la firma de un defensor en el caso ocurrió en febrero de 2010, simplemente es para anunciar que la defensora Valenti no podía hacerse cargo del caso en reemplazo de Antonio Martínez, que hasta esa fecha no había aparecido ni siquiera con su firma. El 1 de junio de ese año, la jueza Ana Elvira dispuso condenarlo a perpetua aplicando curiosamente la Convención de los Derechos del Niño, artículo 37 inciso a). Fundamentando en el voto en minoría de Carmen Argibay, en el fallo Maldonado, en el que la Corte Suprema, por mayoría, ordenaba la no aplicación de condenas de adultos a menores de 18. La jueza consideraba que la readaptación de Cabrera no había surtido efecto y, por lo tanto, debía condenarlo por incorregible. Dos años después de la condena, el defensor de Bell Ville se acercó a la cárcel de Cruz del Eje para escuchar a Cabrera, se enteró de que nadie lo había asesorado, y ni siquiera le habían explicado que se podía pedir la revisión de la perpetua. El caso fue trasladado desde la Defensoría General de la Nación al defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien interpuso un hábeas corpus ante la Corte santafesina de inmediato. Recién entonces, la Procuración de Santa Fe, que al igual que en la Prov. de Buenos Aires dirige las fiscalías y las defensorías, intervino del mismo modo en que ya lo había hecho en otros casos en los que acusó al defensor general de exceso. La Procuración rechazó la participación de Ganón por invadir jurisdicción del "defensor natural" del joven Cabrera y presentó un pedido de reducción de condena (no de revisión del fallo). La Corte provincial rechazó el hábeas corpus presentado por Ganón. [Volver]

3. El 27 de noviembre en la ciudad de Eldorado, en la Prov. de Misiones, el fiscal Federico Rodriguez, pedía 5 años de prisión para María Ovando, madre de 12 hijos, analfabeta, único sostén del hogar (trabajaba en una cantera donde no le pagaban con dinero sino con vales para comida), sumergida en la miseria y padeciente de violencia domestica. La acusación que pesaba sobre ella era "Abandono de persona calificada por la muerte resultante y por el vínculo" Había muerto por paro cardiorespiratorio su hija Carolina, en sus brazos y camino al hospital (a 2 km. Del primer puesto sanitario, tenía que recorrerlo a pie y con una cesárea de 2 meses) sufrió además el saqueo por parte de su concubino y padre de la niña muerta, Demetrio Ayala, quién cuando detuvieron a María, vendió la casilla (entregada a Ovando por el ministerio de Acción Social) y las pocas pertenencias que tenían y desapareció. El juez Roberto Saldaña, no tomó en cuenta ninguna de estas cuestiones, ni siquiera investigó la responsabilidad que le pudiera caber a Ayala en el presento "abandono de persona", el estado de miseria y desnutrición de los otros niños. Convalidó la acusación de la fiscalía y elevó las actuaciones al juicio oral y público, lo que permitió que organizaciones sociales y de DD. HH. tomaran conocimiento del caso y comenzara la presión pública para reparar el daño causado por la administración de justicia. Debemos agregar que por la carátula de la acusación a María le arrancaron de sus brazos (al momento de ser detenida y resistirse a entregar) a su beba que estaba amamantando. El Dr. Julio César Benítez, fue el médico que pudo atestiguar las condiciones de vida de Ovando y constatar sus dichos. Finalmente María Ovando fue liberada y culpa y cargo gracias al cambio de abogado defensor. En efecto, en un primer momento estuvo a cargo Ana María Mayerhofer defensora oficial del Juzgado de instrucción N 1 de Eldorado, luego tomó el caso el Dr. Eduardo paredes, quién logró que el tribunal escuchara todos los informes socio ambientales, desechara la acusación del concubino y se pusieran las cosas en contexto. Debemos agregar que: el Dr. Saldaña instruyó la causa Librada Figueredo, una mujer que fue encarcelada por casi 2 años acusada también de abandono de persona agravada por la muerte y por el vínculo. A Librada se le murieron 2 de sus hijos víctimas de la desnutrición. Al igual que María Ovando, Librada vivía en condiciones de extrema pobreza, y el Tribunal tuvo que contradecir el procesamiento de Saldaña determinando que Librada no tenía responsabilidad en la muerte de sus hijos y señaló que el Estado no hizo lo suficiente para evitar ese desenlace. También en este caso la abogada defensora fue Mayerhofer. [Volver]

4. La primera señal de que la gestión Berni tiene tintes represivos indubitables fue el 30 de Agosto cuando dirigió personalmente el operativo que culminó en el desalojo del area donde se producía un corte en la autopista Panamericana realizado por trabajadores desocupados de la denominada "Corriente Clasista y Combativa" y "Barrios de Pie" que reclamaban subsidios para paliar su precaria situación de vida. Un operativo violento que culminó con la detención de alrededor de 65 personas, entre los que se encontraban siete menores de edad. Ese día se conmemoraba el "Día del Detenido Desaparecido". Berni decidió, sin orden judicial, mantener presos a los "piqueteros" en el regimiento militar de "Campo de Mayo", donde funcionó un cruento campo de concentración de la última dictadura que no dejó sobrevivientes. El 20 de diciembre se produce en la ciudad de Bariloche, Prov. de Neuquén, una protesta social frente a un supermercado, perteneciente a una cadena de alcance nacional. Hubo saqueos, la policia provincial se sintió desbordada por lo que el gobernador pidió y obtuvo por parte del Dr. Berni la gendarmeria. Los encarcelamientos en masa fue el resultado de este accionar. Al cierre del presente informe se estaban investigando los hechos y deslindando las responsabilidades. [Volver]

5. Instituto este, de coerción personal, que no es otra cosa que el más grave sacrificio impuesto a la libertad personal aun antes de sentencia firme, solo encuentran explicación en la necesidad asegurativa, susceptible de ser graduada de acuerdo a con las circunstancias del caso, recurriéndose al encierro sólo en casos imprescindibles y por un tiempo acotado. [Volver]

6. De acuerdo con un relevamiento realizado recientemente por la Asociación por los Derechos Civiles, de los 908 cargos de jueces nacionales o federales existentes, 165 de ellos son cubiertos hoy por subrogantes, sean magistrados jubilados, en actividad o conjueces. Esto indica que el 18% de los jueces que hoy resuelven causas no son como manda la Constitución, es decir aprobados en un concurso y con acuerdo del Senado. Uno de cada cinco, es subrogante. El Consejo de la Magistratura tiene en trámite concursos para cubrir otras 83 vacantes en el Poder Judicial y demorado el inicio de otros 82 concursos en los que todavía no se ha conformado siquiera el jurado que tomará cada uno de esos exámenes. En total, hay 234 vacantes en las Justicias nacional y federal, información publicada en el diario Clarín. [Volver]

7. Debemos poner énfasis en la legalidad implica que los jueces tanto en la tramitación de los juicios, como así también, en el dictado de las sentencias, deben proceder con estricta sujeción a la ley. Este Poder Judicial debe ser además independiente, ergo libre, soberano y autónomo del resto de los demás órganos del Estado. En definitiva esta tan mentada independencia se manifiesta en tres elementos basales, que son independencia del Poder judicial, independencia de la función jurisdiccional e independencia del juez. Tampoco podemos soslayar al respecto y dentro de una mejor administración de justicia la inmovilidad de los magistrados judiciales, de no ser así, su autonomía seria ilusoria, pues cualquier sentencia podría ser motivo de destitución. Atado a esto está también la responsabilidad tanto Penal como Civil a que están sujetos los jueces, ya sea por cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que rigen el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y en general todo prevaricato en que incurran en sus desempeños.. Por otra parte y siguiendo con la idea de una administración de justicia seria y razonable, la publicidad de sus actos es la mejor garantía de una buena y correcta administración, sin dejar de lado que la gratuidad también es pilar importante en tal sentido. [Volver]

8. Los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda asistieron a la Quinta Conferencia Nacional de Jueces, que sesionó en Mendoza el 18 de Octubre. El presidente de la Corte integra el Comité Organizador de la Conferencia. Allí Lorenzetti pronunció un discurso y fue ovacionado cuando implicó que los jueces "no vamos a ceder ante las presiones, no importa que sean poderes políticos o económicos". [Volver]

9. Los "operadores terapéuticos" son agentes penitenciarios, dirigidos por un oficial "experimentado". Ninguno de ellos tiene título profesional relacionado con la salud. Los espacios físicos que usan no permiten diferenciación entre quienes empiezan sus tratamientos y quienes han avanzado. Lo más impactante es la cantidad de plazas que tienen disponibles los casi 10.000 presos del Servicio Penitenciario Federal (SPB) para rehabilitarse de sus adicciones: apenas 81. A pesar de que la ley 24.660 establece que cada prisión debe tener "secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de drogodependientes", sólo tres de las 15 unidades del Servicio Penitenciario Federal disponen de Centros de Recuperación (CRD). Con una población de cerca de 10.000 presos federales, sólo alrededor de 80 las personas que podrían acceder a un tratamiento sistemático. El primer CRD está ubicado en el Complejo Penitenciario Federal I, de Marcos Paz, destinado a "jóvenes adultos" (menores de 21 años). Allí, los casi 1.500 presos disponen de una capacidad de apenas 44 plazas para rehabilitación de drogas. El segundo CRD está ubicado en la Unidad N 3 (Correccional de Mujeres, Ezeiza) y tiene 22 plazas. Se presume que el 35% de la población de esta unidad (hay 600 internas) necesitaría asistencia para las adicciones. El CRD ubicado en el Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza, 1600 presos), para hombres adultos. Este se creó en octubre de 2005, luego de que un preso adicto solicitara por escrito a la Procuración un tratamiento y la Dirección del SPF le respondiera que no había ningún centro destinado a mayores de 21 años. Este CRD tiene capacidad para 15 plazas. Su jefe es un oficial penitenciario que proviene de sectores vinculados con la seguridad interna. La base filosófica del tratamiento resulta a todas luces extraordinaria: no a las drogas, no al alcohol, no a la violencia y no al sexo. Se ignora el fundamento científico de estas reglas, como así mismo los efectos sensoperceptivo y emocionales que devienen de ellas. Se ignora así mismo el motivo por el cual no se llevan estadísticas serias ni las razones por las que agentes formados para la seguridad del penal devienen en operadores terapéuticos sin ninguna formación académica acorde. [Volver]

10. Nos hemos presentado como amicus curae en la causa de Víctor Ezequiel Melo. Este caso reviste características particulares. Se trata de un joven cuyos delitos fueron cometidos a causa de su adicción a las drogas. Recibió malos tratos en la U2 de Villa Devoto y tuvo un stress post traumático luego de su paso por la U20 que se incendió. Su mamá Gloria Martínez es una destacada activista de las "Madres contra las drogas y a favor de la vida". Ante la negativa de otorgarle el beneficio de las salidas transitorias por carecer de puntaje dado que, no trabajaba en forma continua (difícil hacerlo cuando el trabajo intramuro es escaso y además se rota asiduamente) ni estudiaba. En relación a esto último diremos que: la propuesta del SPF era que se anotara para hacer la escolaridad primaria dado que no llegaban los certificados de que estando detenido en el SPB había cursado el nivel secundario y le faltaban sólo dos materias para concluir el ciclo. Así el joven Melo concurrió cuatro veces a cursar el ciclo primario. Frente a la falta de respuesta a los reclamos realizados tanto del interno como su familia, a solicitud de la misma, el OIP realizó una presentación solicitando la apertura de una actuación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, la actuación N 4864/12. De este modo se subsanó el enredo administrativo y el detenido ha podido continuar con sus estudios a fin de concluirlos. [Volver]

11. "Con una población de cerca de 10.000 presos federales, son sólo alrededor de 80 las personas que podrían acceder a un tratamiento sistemático", indica el Procurador Penitenciario. No se sabe con exactitud cuántos presos sufren adicciones. Mugnolo asegura que no hay estadísticas que permitan determinarlo. En el Ministerio de Justicia, del que depende el Servicio Penitenciario, responden que este año se hizo por primera vez en años una encuesta que determinó que el 33% de los presos (unos 3.000) habían consumido drogas antes de caer presos. [Volver]

12. Es que la excusa que emiten algunos jueces como así mismo algunos integrantes de las fuerzas de seguridad, acerca de que todos los recursos se distraen al consumidor y no quedan restos para perseguir al narcotraficante, es inaceptable. En la práctica, casi nadie va preso por consumidor. En el peor de los casos que si se los detiene con una dosis para consumo personal, al compadecer ante el juez (de acuerdo a la ley 24.660) deberá resolver si se declara adicto y accede a un tratamiento o sólo es experimentador circunstancial en cuyo caso deberá realizar tareas comunitarias. Al parecer hay en la dirigencia política una desorientación muy pronunciada acerca de cómo abordar mejor el tema. Hay quienes postulan la represión más férrea y quienes sostienen posturas ultra liberales. Ambos ignoran los compromisos adquiridos por la Argentina al ser Estado parte en varias Convenciones de la materia. [Volver]

13. "Combatimos firmemente al narcotráfico, sin criminalizar a los usuarios de drogas. Ellos y sus familias no encuentran, en la mayoría de los casos, canales institucionales ágiles para afrontar la situación que los aqueja. La implementación de esta Unidad resulta de un abordaje interagencial del Estado", señaló Nilda Garré. Se trata de una unidad de evaluación y diagnóstico que auxiliará a la Justicia en el traslado de aquellos que deban ser atendidos por orden judicial en establecimientos para el tratamiento de abusos de drogas. Por su parte, Rafael Bielsa expresó su gratitud hacia todos los presentes. En un acto al que asistieron jueces, fiscales, legisladores, comuneros y miembros de ONG de lucha contra el "paco. Bielsa señaló la existencia de "la corresponsabilidad del sector empresario, el sector civil", e instó a los laboratorios de fabricación de medicamentos de prescripción legal y a las compañías de bebidas alcohólicas, a pensar que esas sustancias que venden, y con las cuales ganan dinero, también les generan una responsabilidad civil. Queda por saber si esta recién inaugurada UTE también tendría injerencia en los traslados de adictos en etapa de abstinencia preso acusado de algún delito. Todo hace suponer que no. [Volver]

14. En la R. Argentina la Ley 26.364/08, que se obtuvo luego de una larga lucha, llevada adelante sobre todo por ONGs. si bien tipificó y federalizó el delito de trata, al incluir esa caracterización terminó motivando el cuestionamiento de activistas por los derechos de las mujeres de varios países que reclamaban omitir los medios comisivos, ya que en mayores de 18 años posibilitaban presumir el consentimiento de las víctimas y la consecuente impunidad de proxenetas y tratantes. Dicha caracterización constituyó un retroceso frente a la legislación -resultante de la primera ola de trata en el país- que estableciera ya en 1937, tanto la prohibición de locales para prostitución como de la promoción y facilitación de la prostitución: Ley 12.331 artículos 15 y 17. Ésta posición fue corroborada en 1949 por la Res. N 317 de la Asamblea de las Naciones Unidas en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la Explotación de la prostitución ajena** y por la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres de 1979***, ambos instrumentos ratificados por nuestro país. La explotación de la prostitución ajena genera el mayor número de víctimas de trata en Argentina -entre 85% y 90%- el resto es por explotación laboral, adopciones ilegales y comercio de órganos. La situación de prostitución es legal en nuestro país, de ahí que la persecución de las personas prostituídas más allá de su sexo y género (establecida por algunos códigos contravencionales provinciales que persisten), contraviene leyes vigentes. Nuestras leyes sí condenan tanto al proxenetismo -Art. 126 del Código Penal (CP) "promoción o facilitación de la prostitución ajena"-, como al rufianismo -Art. 127 del CP "explotación de la prostitución ajena"-.

* Protocolo complementario de la Convención de las NNUU contra la delincuencia organizada transnacional del 2000, ratificado por Argentina en 2002.

** Cuyo Preámbulo afirma: "Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad".

***Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. [Volver]

15. La Ley 26.842/12 modifica a la ley 26.364 en varios aspectos reclamados por las organizaciones de derechos humanos: elimina los medios comisivos y reafirma la responsabilidad de autores, partícipes, cooperadores o instigadores aún ante un supuesto consentimiento de las víctimas de trata y explotación de personas. También impulsa además de una política pública de promoción social y defensa integral de las víctimas para la restitución de sus derechos, actividades para la concientización social y la capacitación [Volver]

16. La Cámara de Diputados sancionó y convirtió en ley una reforma a la Ley de Ejecución Penal 24.660 que introduce modificaciones con respecto a los condenados por delitos sexuales. Se establece un tratamiento para "la reinserción social de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual", con el objetivo de reducir la reiteración de ese tipo de acción. "el tratamiento específico" para "todos los internos que resulten condenados por delitos sexuales hasta el cumplimiento de la pena", a través de un equipo interdisciplinario especializado del Servicio Penitenciario. En el caso de que el juez conceda algún beneficio anticipado La ley establece para al interno, como salidas transitorias o incorporación a régimen de libertad condicional, "éste seguirá siendo asistido por el equipo especializado hasta recuperar su libertad definitiva". [Volver]

17. La Ley 26.827 tenía media sanción por parte de la Cámara de Diputados, de no aprobarse este año, perdía estado parlamentario y tenía que volver a ser presentada en la Cámara baja. El Senado resistía aprobarla tal como venía de Diputados. La bancada oficialista introdujo las modificaciones que le permitirían tener el control del nuevo órgano de control del accionar estatal. En efecto, la nueva ley dice en su Cap. IV art. 11 Inc. d: " d) Un (1) representante de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La presidencia del Comité recaerá en uno de los representantes de la mayoría legislativa por el tiempo que dure su mandato. Como se observa está en fragante contradicción con lo estipulado por la Ley 25.932 del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América, el 18 de diciembre de 2002 y promulgada de hecho el 30 de Septiembre de 2004. En su art. 18 Inc. 1 dice: "Los Estados Partes garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia de su personal". Resulta a todas luces dudosa la independencia del órgano de control cuando responde a la mayoría parlamentaria y en muchos casos, como en el presente político de Argentina esa mayoría responde a la voluntad del pode Ejecutivo nacional. Por lo que el OIP trabajará para revertir esta situación teniendo en cuenta que se corre el riesgo de que este mecanismo que tiene la responsabilidad de procurar el cabal cumplimiento de la Convención, quede anulado en su accionar, por mayorías circunstanciales. [Volver]

18. Según un relevamiento llevado a cabo por el Observatorio Marisel Zambrano, de la Asociación Civil la Casa del Encuentro. Según la periodista Sandra Chaher, "es probable que haya muchos más casos que no llegan a los medios y muchas muertes cuyo origen es la violencia de género, pero por la forma en que se produce la muerte no hay forma de vincular el caso a menos que se haga una investigación sobre él. Las mujeres que integran el Observatorio Marisel Zambrano detallan cuántas de estas muertes aún no son relevadas como violencia de género: las que ingresaron a los hospitales con evidencias de violencia sexista pero en el parte de defunción figura, entre otras causales posibles, 'paro cardiorrespiratorio'". También "las que se suicidan luego de padecer durante años situaciones de violencia y las que están desaparecidas por razones posiblemente vinculadas a la violencia, entre otras", dijo la periodista. Otro dato relevante es que en el 13% de los casos, las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas por maltrato y en otro 6% la justicia había dictaminado la exclusión del hogar. Es decir, casi en el 20% de los femicidios el Estado había sido alertado de la existencia de una situación de riesgo para las mujeres. En el informe también se detalla la situación de los niños: "En el caso de los femicidios está situación empeora porque pasan a ser huérfanos/ as". De acuerdo con el relevamiento 2012, 248 niñas y niños perdieron a sus madres. Y lo mismo sucedió con 64 mujeres y varones ya adultos. A la vez, otras 45 personas de las cuales no pudo identificarse ni el sexo ni la edad también quedaron huérfanas. En total, suman 357 personas que perdieron a sus madres, lo que da un promedio de 1,4 personas huérfanas por cada femicidio". [Volver]

19. La presidenta provisional del Senado de la Nación, Beatriz Rojkés de Alperovich, debió pedir públicamente perdón por declaraciones suyas del día anterior en las que había cargado sobre la familia de la víctima la responsabilidad por el homicidio de la nena tucumana Mercedes Figueroa, de 6 años. Mercedes, desaparecida el 8de mayo por la tarde de la puerta de su hogar, fue hallada apuñalada 14 horas después en una casa cercana a la suya, en un humilde del norte de la capital provincial. Un adulto y dos adolescentes, parientes de la niña, están detenidos como sospechosos de haberla matado cuando se resistió a que la violaran. "Hasta donde sé, el papá y la mamá son responsables de que una nena de 6 años esté jugando en la vereda a las seis de la tarde", había dicho el miércoles a la prensa la senadora por Tucumán, segunda en la sucesión presidencial. Acababa de inaugurar en la Legislatura local un ciclo sobre "Construcción de diagnósticos locales sobre la problemática de la seguridad desde una perspectiva de género". [Volver]

20. La ley que permite a los jóvenes votar a los 16 años si así lo desean. No es un voto obligatorio, si no concurren a las urnas no tienen sanción. [Volver]

21. La Argentina todavía no ha firmado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el primer tratado internacional que pone el foco específicamente en esos derechos y utilizado como referencia en otras regiones del mundo. El Congreso no avanzó en la sanción de una ley nacional de juventud, tal como rige en otros lugares del mundo, aunque sí aprobó la creación del Consejo Federal de la Juventud, que es criticado por funcionar como un aparato de difusión del oficialismo. Según datos de la Unesco, la cifra de jóvenes catalogados como "ni-ni" (ni estudian, ni trabajan) aumentó en los últimos años a casi un millón. Además, en sintonía con una realidad mundial, la tasa de desempleo juvenil (hasta 24 años) duplica a la de los adultos, con un 17 por ciento en mujeres y 12 por ciento en varones. En ese marco, el Gobierno aplicó el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el cual fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por excluir a la franja de 16 y 17 años, calificada como la "más vulnerable" y a la que justamente se quiere sumar al mundo electoral. [Volver]

22. La Justicia de la Ciudad Autónoma de Bs. As. negó a la Asesoría Tutelar, encargada de representar a los niños, la intervención en juicios de desalojo. El caso llegó a la Corte Suprema y si el criterio de la procuradora es aceptado, sentará jurisprudencia. En todos los casos de desalojos producidos en la ciudad de Buenos Aires en los que estén involucrados niños, éstos deben tener una representación legal que defienda sus intereses. Así lo sostuvo la procuradora general de la Nación, en un dictamen que acaba de presentar ante la Corte Suprema y que, de ser aceptado, sentará jurisprudencia. En todos los desalojos realizados en que las familias afectadas estaban integradas por niños, la Justicia rechazó la intervención de la Asesoría General Tutelar, responsable de velar por los derechos de los menores. Esa participación fue negada no sólo por los jueces de primera instancia sino por las cámaras revisoras y hasta por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Medio centenar de casos llegaron ya a la Corte y ahora el máximo tribunal deberá hacer explícito su criterio. [Volver]

23. Desde el año 1999 fueron aplicadas 12 penas de prisión perpetua a jóvenes, de los cuales continuaban detenidos a la fecha de la sentencia cinco, César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal, Claudio David Núñez, Diego Arce, y Ricardo David Videla Fernández quien apareció muerto, colgado en una celda de castigo en la penitenciaría de Mendoza donde cumplía su condena. Todos fueron condenados a prisión perpetua cuando contaban entre 15 y 17 años de edad. [Volver]

24. Mientras espera, se le acerca el policía Jesús Walter Yapura, de uniforme, quien estaba cumpliendo servicio adicional para la empresa y le manifiesta que ya había pasado el último subte del día. El joven se dirige a los baños ya que le aguardaba un largo viaje y al salir se encuentra con Yapura bloqueándole el paso, en una actitud claramente intimidatoria, con una mano sobre la empuñadura de su arma y la bragueta desabrochada, exigiéndole al joven sexo oral. Aterrorizado, logra salir corriendo en un momento de descuido del policía, llama a su padre y con él realiza la denuncia de intento de violación. Yapura fue detenido. De acuerdo a la información suministrada (por la ONG CORREPI) tenía antecedentes, cuando prestaba servicio en la comisaría 23 estuvo involucrado en una causa por torturas efectuadas a dos jóvenes en julio de 2010. [Volver]

25. La bala entró por el costado derecho de la nuca y tuvo una trayectoria ascendente. La excusa policial fue que se le cayó el arma y se disparó, pero una pericia realizada por gendarmería demostró que la pistola estaba apoyada en el cráneo de la víctima y los restos de la deflagración de pólvora entraron directamente en la herida, atravesando la gorra que llevaba puesta el joven, afirmando que está claro que el policía se encontraba de pié y el joven semi agachado y no frente a frente como declarara el policía, que no existió forcejeo alguno, y que el efectivo corrió tras el joven con su arma en la mano, estableciéndose que "en este caso la investigación determinó que los policías habían intervenido efectuando distinciones prohibidas por la ley, estigmatizando a las personas al vincular la franja etárea, la vestimenta, y las condiciones sociales con una supuesta comisión de delito". [Volver]

26. Tras haber eludido un control policial, ingresa en el edificio donde vivía con su madre en la calle Tres Arroyos al 2700 en el barrio Santa Rita, Paternal, ciudad de Buenos Aires. Los policías habían detenido a un amigo que iba con él en la moto. Destruyeron a patadas la puerta de su vivienda e hirieron a Facundo de un balazo cuando intentaba escapar por los techos. Según declaró el hermano, si lo encontraban lo iban a matar ya que había sufrido anteriormente abusos de parte de la policía. El joven era dueño de la moto con la que circulaba, pero no tenía todos los papeles, cuando la policía llega a la casa la madre del joven baja a la entrada del edificio y les muestra el registro y la cédula verde, pero igualmente tiran la puerta abajo, la empujan para entrar en el departamento. No hubo respuesta de porque dispararon cuando lo tenían cercado en el techo y herido en un brazo [Volver]

27. De acuerdo al relato de los testigos prestaron declaración en Gendarmería, los federales entraron en la casa de Alan a las patadas, y en escasos minutos tenían controlada a toda la familia. El joven dormía con sus abuelos en la planta baja, sus padres y hermanos en la planta alta. El federal que disparó fue Rodrigo Valente. También declararon que Alan fue retenido en la casa, desangrándose, hasta que lo trasladan al hospital Pirovano donde fallece a las 11 de la mañana. Por denuncias de los vecinos, se hizo presente en el lugar dos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y un equipo de peritos de gendarmería. Stefano estaba finalizando sus estudios secundarios mientras trabajaba en la Coordinación General de Actividades Deportivas de la Universidad de Buenos Aires, dando clases de tango para jóvenes. [Volver]

28. Núñez salió con un grupo de amigos a festejar su cumpleaños en el barrio de Caballito. A las 12 de la noche ingresaron al palier de un edificio y mientras andaban por los pasillos de uno de los departamentos salió el policía Pablo Alberto Carmona disparando y, al tratar de huir, Diego quedó rezagado recibiendo tres disparos, uno en el abdomen y los restantes en el tórax y en la pierna, para ser rematado con dos tiros más en la cabeza a muy corta distancia. Su familia al no tener noticias salió a buscarlo por hospitales, comisarías y morgues hasta confirmar su muerte. Según declaraciones del padre la comisaría 24. Le tomó la denuncia por averiguación de paradero y dos días después recibieron su cuerpo. Según denuncian tanto el juzgado de Instrucción 40 a cargo del juez Rodolfo Carlos Cresseri como la fiscalía han encubierto el crimen a fin de sobreseer al policía de la federal Carmona, alegando que Diego era peligroso, que estaba armado y que no tuvo otra alternativa que disparar. La abogada de la familia apeló el sobreseimiento del policía, solicitando toda una serie de medidas de prueba y pericias químicas "para determinar la trayectoria de las balas" y ampliar la autopsia, sin obtener respuesta. [Volver]

29. La joven iba con un grupo de amigos caminando por la zona. Según la explicación oficial, habían recibido la denuncia de que estos jóvenes iban a prender fuego no se sabe dónde. Lo cierto es que fueron captados por alguien que los fotografió y dio a conocer las imágenes. En esa imágenes, se ve al policía inmovilizando a la joven con una toma de yudo sin que se le ofrezca resistencia alguna, en las restantes se ve al resto de jóvenes sin hacer nada, en ningún momento atacaron, solamente gritan preguntando porque agredían a su amiga. El otro agente pide refuerzos y mientras habla por Handy se lo ve empuñando su arma reglamentaria, luego en otra foto se ve como se llevan a la rastra a la muchacha. Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo de la "Revista 23". [Volver]

30. El 13 de Septiembre se dió a conocer el dictamen de la Comisión investigadora del "Caso Candela" integrada por senadores provinciales firmaron un dictamen de mayoría en el que recomiendan al gobernador bonaerense Daniel Scioli la "inmediata exoneración" del jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin. También pidieron que se someta a jury al fiscal general, Federico Nieva Woodgate; al fiscal Marcelo Tavolaro y al juez de Garantías Alfredo Meade, todos del Departamento Judicial de Morón. Como presidente de la "Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Crimen de Candela Sol Rodríguez", el senador Jorge Ruesga leyó el dictamen de mayoría y destacó que el mismo lleva la firma de siete de sus nueve integrantes. Los otros seis senadores que acompañaron la recomendación son Jorge D'Onofrio, Cecilia Comerio, Emilio López Montaner y Diana Larraburu (FPV-PJ); Omar Foglia (FAP) y María Gainza (CC-ARI). El dictamen de la mayoría solicita remitir las actuaciones a la Procuradora General de la Provincia, Dra. María del Carmen Falbo para establecer las responsabilidades de los fiscales Federico Nieva Woodgate, Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa, y del juez de Garantías Alfredo Meade, por entender que incurrieron en mal desempeño de sus funciones. La información será aportada al Jury de enjuiciamiento. Ruesga describió que durante los cinco meses de trabajo, la Comisión encontró un expediente judicial caótico en el que se observa que durante la primera etapa de la causa centrada en la averiguación del paradero de Candela, "el espectacular accionar policial tuvo como objetivo dar respuesta a las demandas de los medios de comunicación y de la sociedad, lo que atentó contra la integridad de la niña". La Comisión basó su trabajo en tres fuentes. Información extrajudicial, constituida por 2.500 carillas de investigaciones periodísticas; información judicial proveniente de copias certificadas de la causa judicial, legajos judiciales y legajos reservados que suman 18.600 fojas e información proveniente de los testimonios de 55 protagonistas de los hechos, entre los que se cuentan abogados, funcionarios policiales y judiciales, peritos, periodistas, familiares y referentes comunitarios. [Volver]

31. Según esos datos oficiales, "se trata de 1.680 chicos de un total de 3.846 que sufrieron alguna clase de violencia" como "maltrato físico, psicológico o emocional, abuso sexual o negligencia, entendida esta última como la falta de cuidados básicos". Por otra parte, el 7,9 por ciento de los albergados sufrieron "abandono", el 18,7 por ciento la "ausencia de un adulto responsable" y el 5,3 por ciento fueron víctimas de una situación "conflictiva víncular". En tanto, el 9,3 por ciento de los niños, niñas y adolescentes ingresados tuvieron problemas de "adicciones", mientras que "la discapacidad en situación vulnerable y la psicopatología" fueron la causal de que el 2 por ciento haya tenido que ser separado de su ambiente. Finalmente, el 4,3 por ciento sufrió "situación de calle" y el 8,8 por ciento tuvo "otras causales" por las cuales las autoridades decidieron que debían ser albergados en instituciones. [Volver]

32. En la actualidad, el Sistema Penal Juvenil de la provincia tiene serias deficiencias en cuanto a infraestructura y falta de personal en los juzgados en funcionamiento, desde sus inicios la poca cantidad de juzgados y tribunales en funcionamiento, carencia de personal en las defensorías y, en menor magnitud, en las fiscalías, como asimismo la falta de instancias procesales de apelación, marca un inconstitucional desnivel en cuanto a los derechos a proteger, ya que los jóvenes no tienen los mismos recursos que el sistema otorga a los adultos, sin que las iniciativas de modificación presentadas, tengan tratamiento legislativo [Volver]

33. En su funcionamiento hay abuso de la prisión preventiva (la ley fija en 6 meses prorrogable por otros 6 en casos de suma gravedad o de dificultades procesales a pedido del fiscal), del juicio abreviado, continúan las detenciones en comisarías donde los jóvenes son víctimas de maltrato, abuso y violencia con una fuerte injerencia de las fuerzas policiales que marcan una clara contradicción entre la cantidad de causas que abren y la cantidad de condenas una vez verificados los hechos por la justicia lo que deja en evidencia las dudosas imputaciones sumariales que la policía realiza. Por otro lado, la permanente apertura o adecuaciones de centros abiertos a cerrados, dan clara cuenta del endurecimiento de las penas y su concomitante en el agravamiento de las condiciones de encierro. Según datos de la Procuración General de la Provincia, durante el primer semestre del año 2012 se iniciaron un total de 14.263 investigaciones penales preparatorias. El total de las investigaciones del fuero penal juvenil alcanzan al 84,2% comparada con el sistema penal de adultos. [Volver]

34. Murieron por las heridas que le produjeron postas de plomo disparadas con escopetas 12.70, de uso habitual entre los policías bonaerenses. Por otra parte, los fiscales le tomaron declaración, en el hospital donde sigue internado, a Joaquín Romero, de 19, el joven que resultó herido durante los sucesos. Romero aseguró que fue atacado a balazos "por la policía", a la vez que admitió que algunos civiles, a los que señaló como "transas" (narcos) del barrio, "hicieron disparos contra los policías". las tres víctimas no tenían armas y tampoco participaron del supuesto intento de robo al tren. La empresa NCA y el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aseguran que hubo un "plan organizado por una banda" para hacer descarrilar el tren y robar las mercaderías que había en los conteiners. La versión no ha sido confirmada por los fiscales y las primeras informaciones indicarían que no se trató de un hecho intencional sino de un accidente. En cuanto al supuesto robo, la fiscalía adelantó que en el único conteiner que fue abierto había elementos de escaso valor. [Volver]

35. El instituto está ubicado en una zona rodeada de campo, hay lugar para 35 internos a los que custodian 17 guardias. Casi el total de los chicos, pasa el día en encierro "máximo", el resto divide su tiempo en dos actividades, recreo y "engome". El recreo es estar en una celda común (o jaula como la denominan) del tamaño de un cuarto pequeño, con cinco o seis adolescentes alojados en ella, una televisión, una consola para juegos. El engome es entrar en la respectiva celda. El conflicto se origina en el momento de la recreación cuando cuatro jóvenes reclaman hablar por teléfono, ya que uno de ellos tenía un familiar enfermo, cosa que les es negada por los celadores, originándose una fuerte discusión, la que termina con la orden de ingreso a las celdas, a lo cual los jóvenes se niegan siendo reprimidos por los 14 guardias con palos, matafuegos, escudos de asalto, patadas, golpes de puños y arrojándoles el líquido de los matafuegos, hasta que logran arrastrarlos hasta las celdas. Cuatro de los detenidos presentaron lesiones en diversas partes del cuerpo (cabeza, tórax, torso, espalda, brazos, piernas), sin recibir asistencia de ningún tipo de parte del personal médico de la institución. Se hizo presente en el lugar el defensor penal juvenil Julián Axat, quien presentó un habeas corpus por la situación, luego de entrevistar a los adolescentes, cuyo relato contradijo lo dicho por los guardias, constatándose en sus cuerpos las terribles heridas infligidas. A su vez la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal por torturas contra los responsables. [Volver]

36. Un joven de 19 años fue muerto de un balazo por un policía de la departamental de Quilmes, provincia de Buenos Aires, cuando junto a otras dos personas intentaba robar un albergue transitorio de la Cañada llamado "Momentos". El uniformado, un suboficial de la bonaerense, se encontraba conversando con el conserje y al ingresar los jóvenes, extrajo rápidamente su arma y disparó, abatiendo a uno de ellos. Al llegar los patrulleros al lugar, se encontraron con que cerca del cuerpo del joven estaba su arma, una pistola de juguete. [Volver]

37. Este hecho es relatado por el joven a la psicóloga que lo atiende cuando es derivado a un instituto de menores, la reitera luego ante el defensor oficial Dr. Sicardi y la Comisión contra la Tortura. La denuncia realizada por el abogado Daniel Stragá, representante de la víctima y su familia, con la intervención del Defensor público Mariano Sicardi, produjo el allanamiento de la sede policial y la clausura provisoria de los calabozos. Según la denuncia, el joven fue violado por un agente mientras otros dos lo sujetaban. Anteriormente, Francisco había sido demorado en la misma seccional tres veces por averiguación de antecedentes. Su familia manifestó que fue víctima de hostigamiento de parte de la policía por vivir en un barrio humilde. La policía niega los hechos. [Volver]

38. La joven es interceptada por el policía, de 24 años, y le pide que lo acompañe a la comisaría porque tiene que hacerle unas preguntas. Ante la negativa de la joven, la toma de un brazo y la mete violentamente en el vehículo delante de tres amigas, las que dan aviso inmediato a los padres de la adolescente. Este sale en su camioneta a buscarla y la encuentra en el barrio Roca, cerca de una zona de quintas. En el momento en que se acerca al patrullero, ve al policía intentando besar a su hija, quien al verse descubierto huye. Al día siguiente el padre, hace la denuncia correspondiente ante la fiscalía. [Volver]

39. Brian se retiraba junto a un amigo de una fiesta en una moto prestada por otro chico del barrio, cuando se le cruza en el camino un auto en el que viajaba un vecino, Pablo Antonio González, con el cual no tenía buena relación, quien lo provoca a pelear. González salía de la casa de su novia (hija del policia), el que al ser avisado del altercado, resolvió la disputa disparando y mata a Brian. La causa que intentaron armar explicaba la muerte por intento de robo y que la supuesta arma utilizada se la había llevado el amigo de Brian, quien logra huir. En el lugar se encontraron cinco vainas de 9 milímetros del policía y dos plomos del mismo calibre, mientras a Brian no se le encontró nada. El tiro que puso fin a su vida le entró por la nuca, lo cual desmiente totalmente la teoría del enfrentamiento. [Volver]

40. En los caminos internos del barrio, Pancere le disparó desde atrás, matando a Matías en el acto. El tiro ingresó por la espalda y salió por la tetilla izquierda, por lo cual está claro que no hubo enfrentamiento. En el bolsillo de Matías se encontró sospechosamente un revolver inservible, que en ningún momento sacó y aunque lo hubiera hecho no habría podido usarlo [Volver]

41. La detención se produjo cuando el joven fue agredido por otro chico, cuando llega la policía, bajan del patrullero un agente y una agente, los que comienzan a pegarle patadas, lo toman de cuello y lo tiran dentro del patrullero para trasladarlo a la comisaría 3 de "Los Hornos". Allí siguen maltratándolo, le esposan la mano derecha a un fierro amurado en la pared, los demás presos incentivados por los agentes comienzan a molestarlo y a burlarse mientras el joven lloraba. Luego entra el policía que lo detuvo, le pega con la culata del revólver en la cabeza, mientras incitaba a los otros presos diciéndoles "Ey!, trajimos carne nueva". Al formular la denuncia el joven realizó un croquis del sitio en el que se habrían producido los hechos, agregando que al liberarlo lo obligaron a firmar "unos papeles". [Volver]

42. La familia del joven manifiesta públicamente que el joven fue asesinado en represalia por las permanentes denuncias que realizan contra los traficantes de la zona, en la organización de marchas donde dejan al descubierto la connivencia policial con los traficantes del lugar. [Volver]

43. Allí le sacan las esposas y lo invitan a pelear. Uno de los policías se puso un guante de boxeo y con el machete le propina una feroz paliza. La denuncia del hecho es realizada por Pablo Orcajo, referente de un organismo de DD. HH. quién en declaraciones públicas manifestó que es una práctica común en la localidad, habiendo ya policías condenados por apremios ilegales. El joven tenía marcas el cuerpo por los golpes recibidos, debiendo ser trasladado a un hospital. [Volver]

44. Su historia, tal como dice el Defensor juvenil Julián Axat estaba plagado de desencuentros policiales y presuntos robos. Era uno de los tantos chicos en situación de calle. Según Axat: "el circuito comienza cuando la policia sospecha de vos, cuando te mira mal, cuando te ve pasar jalando o pidiendo, o con actitud extraña, o arrebatando. Juguito no andaba armado porque ese no era su estilo. Por eso se ligaba palizas en cada celda policial, por eso era derivado a paradores de la niñez donde nadie lo contenía o hacía un seguimiento de su vida. Salía a la calle y volvía a la comisaría una y otra vez". El expediente asistencial dictaminaba internación en clínicas o comunidades terapéuticas, pero no había cupo. Su asesinato sucedió en Villa Elvira a la madrugada del 1 de agosto, había intentado robar junto a otros dos chicos en casa de un policía administrativo que los repele a los tiros, "Juguito" recibe un impacto en la espalda muriendo a los pocos minutos. La versión policial dice que el revólver calibre 22 que le encuentran en su mano efectuó un disparo, pero no hay plomo percutado, no hubo resultados del dermotest o pericia de rastros de impactos. Por ello según Axat "en la provincia de Buenos Aires la línea delgada que separa una ejecución sumaria de un enfrentamiento la decide una declaración discriminatoria policial, y la justicia la compra", "toda juventud perteneciente a las márgenes es sospechosa y puede ser ejecutada por la espalda como Lautaro Bugatto, Franco Almirón y tantos otros", agregando "la eliminación se produce por dos mecanismos, una política social de la niñez vaciada que abandona y deja a la presa en bandeja, y otra que se prepara para el sacrificio por autogobierno policial, la secta que mata y encubre". [Volver]

45. Según estos, no hubo moto ni tiroteo, el joven estaba desarmado y era obligado a robar para los uniformados, los que lo ejecutaron de un tiro en la nuca. La versión policial es desmentida por los hechos, no explica porque el policía Carballo, supuesto autor del disparo, lo habría realizado con el brazo izquierdo cuando es diestro, mientras los testigos aseguran que fue su compañera policía la que disparó, lo que concuerda con el análisis de balística ya que el proyectil pertenecería al arma portada por la mujer policía. [Volver]

46. La titular del Juzgado del Menor y la Familia N 4, dijo que hay sólo un local con 13 camas para alojar a todos los chicos de la provincia que se encuentran en conflicto con la ley. En diálogo con la Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia, la magistrada evaluó esta problemática como de alta complejidad y sostuvo que las perspectivas al respecto resultan de difícil resolución sin la adopción de políticas específicas. También destacó que, aún siendo que la problemática del delito con menores no se ha incrementado en las estadísticas denunciadas, es llamativa la gravedad de los hechos investigados y juzgados, que sí ha aumentado. Según su análisis, históricamente no se ha resuelto una cuestión central en relación con el tema de la minoridad: el de la implementación de lugares de detención y alojamiento apropiados para menores en conflicto con la ley, mientras se arbitran las medidas necesarias para su incorporación al sistema tutelar, aún vigente, el de la ley provincial 4369. Este problema afecta no solo a la justicia, sino también a las familias que conviven a diario con un menor en estas condiciones. Lehmann explicó que "el juzgado realiza una evaluación diagnóstica, pero todo lo relativo al seguimiento, control y cumplimiento de las medidas adoptadas por el juzgado, le correspondería realizarlas al Poder Ejecutivo". La magistrada también se refirió al conflicto que se suscita por la aplicación de las leyes, dado que, con la aplicación de la ley 26579, se hace de difícil implementación la 22278 y el artículo 87 de la ley 4369 (que expresa "cesará automáticamente la internación") porque al cumplir la mayoría de edad a los dieciocho años, cesa de pleno derecho la intervención con el menor del juez. [Volver]

47. El joven asustado sale corriendo, es alcanzado por un uniformado el que le propina una brutal paliza. Según la madre del contuso, Sandra Alcaraz, de los golpes le fisuraron una costilla. [Volver]

48. Además le desaparecen la campera, la moto y el celular. Al decretar el juez interviniente el allanamiento de la casa de uno de los policías, Gastón Badckok, se encuentra el celular. [Volver]

49. En efecto, lo obligaron a desnudarse, lo colocaron de cuclillas y lo violaron repetidas veces con una tonfa. Un vecino avisó a la madre del joven de la detención y cuando ésta acude a la seccional, el oficial a cargo le dice que, efectivamente, su hijo estaba allí y que estaban por liberarlo. Cuando el joven sale estaba golpeado y mojado, dando los uniformados la explicación de que fue agredido por la novia. Una vez efectuada la correspondiente denuncia judicial, se realizan las ruedas de reconocimiento donde el joven determina quienes fueron los policías que participaron de la violación: Aníbal Muñoz, quien lo violó con la tonfa, Mario Bevacqua uno de los que los golpeadores y que luego abusó de él, Carlos Treuqui, quien además de participar en la golpiza lo traslada al buzón donde fue violado y lo golpea con un cinto, entre otros. La acusación es por torturas, vejámenes, privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionarios públicos. Además son separados del cargo: Adolfo Carballo, y el médico policial Fernando Zaghis que firmó el parte, y es pasado a disponibilidad el jefe de la policía. Dos meses después de este hecho, además de las amenazas recibidas por la familia, un testigo de cargo muere apuñalado. [Volver]

50. El chico había robado semanas atrás y por decisión del Juzgado de Menores fue puesto a disposición de su madre, quien debía cumplir una serie de medidas para evitar que el adolescente salga de su domicilio, pero no las cumplió. El menor fue demorado por segunda vez por la Policía, que lo sorprendió cometiendo un delito, por lo que inmediatamente fue puesto a disposición del juez de menores de turno, Fabricio Gershani Quesada. El magistrado, al constatar los antecedentes del joven, ordenó la detención domiciliaria de la madre por seis días, por no haber cumplido con la resolución del Juzgado. El juez explicó que la mujer debía velar por el tratamiento de las adicciones de su hijo, "pero no lo hizo" indicó. La detención será controlada por personal de la policía provincial, quien realizará visitas sorpresivas al domicilio y hará firmar una planilla en donde se constatará que estuvo en el lugar. [Volver]

51. El denunciante comenta que su hijo arribó desde el sur del país hace poco tiempo y que al parecer por "tener cara de desconocido" los uniformados lo incluyeron dentro de la lista de sospechosos del robo de la computadora. Vaquinzay asimismo incrimina a los suboficiales Ibáñez y Rodríguez de haberlo esposado y golpeado brutalmente en el estomago a su hijo, torturándolo durante el arresto para que se confiese culpable, sin haberle dado la posibilidad ni siquiera de tomar agua en ese tiempo, por lo que se encontró muy dolorido y afectado psicológicamente. Por otro lado, el denunciante expresa haber dialogado con el comisario Miguel Mamani quien le respondió que no le consta de la golpiza que denuncia; a su vez también pidió explicaciones a los suboficiales quienes le respondieron que recibieron orden de un superior "que lo hagan hablar". Por tal motivo, el progenitor del joven se dirigió hasta Fiscalía de la 5 Circunscripción de Tinogasta, en compañía de su abogado, para realizar la denuncia de los cargos antes mencionados en contra del personal policial quienes habrían protagonizado este supuesto hecho de abuso de autoridad. José vaquinzay dijo que "debemos denunciar estos abusos para que nunca mas vuelvan a suceder. No es posible que porque alguien venga y sea desconocido se le atribuya todos los robos que se cometen acá. La época de la dictadura donde se torturaba a inocentes ya terminó hace años, por suerte. Somos gente honrada y de trabajo" [Volver]

52. Según su madre, Viviana Alegre, la policía lo perseguía, lo habían detenido tres veces, por supuestas contravenciones. "El domingo 19 cuando me levanté a las 7 hs. y no lo vi pensé enseguida que se lo había llevado la policía" manifestó. Es una familia que ya ha sufrido pérdidas de sus miembros. El hermano de Viviana está desaparecido, estuvo en el centro de detención clandestino "Pozo de Banfield" y su cuñada fue detenida y desaparecida en la ESMA (Escuela de mecánica de la Armada). Desde la fiscalía que lleva la investigación, prácticamente descartan la denuncia de persecución y acoso policial, con el argumento de que en las tres detenciones que tuvo Facundo por presunta infracción al código de Faltas, actuaron seis policías distintos. Hasta la fecha, no se sabe que sucedió con este joven. [Volver]

53. Al levantarse el secreto del sumario, trascendió una serie de hechos en base a testimonios de otros policías y de los mismos involucrados, que desnudan una armada estrategia de encubrimiento al frente de la cual estuvo el Jefe de la Compañía CAP 6, Barrionuevo, quien personalmente instruyó a los involucrados de qué es lo que debían declarar. Pero no tuvo éxito, ya que los dos policías que estuvieron presentes durante la golpiza sin intervenir en ella, terminaron diciendo la verdad. [Volver]

54. Según Hugo Moreno, subdirector del Hospital Córdoba, la lesión fue producto de un perdigón de goma con orificio de entrada en el ojo derecho, por lo cual debieron realizarle una enucleación ya que no había ninguna posibilidad de recuperación del ojo. Otra joven también sufrió una herida de menor gravedad. De acuerdo a las declaraciones de testigos, los disparos fueron intencionales, ya que el primero lo recibe en la pierna izquierda, y después otro en el ojo [Volver]

55. Los amigos y familiares del joven realizaron una marcha hacia la comisaría, la que fue apedreada, lo que provocó la reacción de los uniformados quienes efectuaron disparos con balas de goma siendo detenidas 15 personas. Según varios pobladores del lugar, el caso de Brian no es el único, ya que hubo varios suicidios sospechosos, con los que se trata de encubrir episodios de gatillo fácil. La hermana del joven estuvo detenida durante 40 días y declaró que a Brian un policía de investigaciones de Valle Hermoso de apellido Ortega lo había amenazado. En la mañana del 28 de junio allanaron la casa de su madre en busca de cosas robadas, lo detuvieron a Brian, lo tomaron de los pelos y Ortega le dijo "a vos te van a encontrar muerto en un descampado" advirtiendo a algunos de sus amigos que iban por el mismo camino. Agrega que cuando apareció muerto no dejaban pasar a nadie para reconocerlo, sus amigos forcejearon con la policía y llegaron hasta el cuerpo observando que Brian estaba con las manos atadas. La joven sospecha que la marcha fue infiltrada, había una pareja que decía de ir a la comisaría, donde los estaban esperando y filmaron todo y sacaban fotos. A su vez los jóvenes que cortaron la ruta en La Falda manifestaron que sufren el acoso permanente de la policía, los inculpan de robos, los detienen, los golpean y amenazan con matarlos y cuando son detenidos aparecen ahorcados, solo por vivir en barrios pobres y marginales. [Volver]

56. Según el denunciante, el joven fue sometido a golpes y amenazas para que se hiciera cargo del homicidio. De todas maneras esta confesión no tiene validez, ya que no estaban presentes ni el fiscal ni el abogado defensor. No es la única denuncia presentada por hechos similares por este asesor. Al parecer, es un mecanismo habitual mencionó el caso en el que un detenido fue desnudado y le arrojaron gas pimienta en los genitales para que confesara. [Volver]

57. Fue interceptado por un móvil de la unidad preventiva desde donde le dieron la voz de alto, a lo cual el joven se detuvo pero otro que iba caminando detrás de él salió corriendo. Allí lo tiraron al piso y comenzó a los gritos a llamar a su tío que vivía a metros del lugar, pero cuando éste salió ya se lo habían llevado. Según relata el joven le comienzan a pegar en el patrullero y lo interrogaban acerca de quién era el que había huido a lo que Ignacio contesta que no sabe, que no iban juntos. Esto despertó aún más la ira del policía que lo siguió golpeando, lo tomó por el cuello, mientras seguía la golpiza. Cuando lo dejan en libertad, la madre constata los golpes, sacan fotografías del cuerpo del chico y realizan la denuncia. [Volver]

58. Por imperativo constitucional no puede haber menores alojados en dependencias policiales, y en el supuesto de que ello suceda, ante ciertas y extremas circunstancias, se debe considerar lo dispuesto por el Artículo 37 incisos A), B), y C) de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada en el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y ratificada por Ley 23.849.- Lo que se agrava en la práctica, ya que dichas dependencias funcionan como áreas accesorias de las Comisarías en cuestión, siendo evidente los problemas de infraestructura edilicia, inadecuados e inhumanos para alojar a estos adolescentes; de carencia de personal idóneo con suficiente capacitación, en la problemática minoril, debiendo apreciarse además, que los encargados de la custodia de los menores allí alojados, que no pertenecen al servicio penitenciario (como debería ser), sino, que se trata de funcionarios policiales, que, como se mencionara precedentemente, poseen, una formación absolutamente diferente a la que goza un agente de Servicio Penitenciario. La solución que ponga coto a la cuestión es de índole interinstitucional y multidisciplinaria [Volver]

59. Es un edificio confortable que guarda las normas vigentes en materia de alojamiento para internos. Con dormitorios para máximo cuatro internos, pasillos amplios, tienen luz natural y aireación adecuada y debido a que se trata de un sitio con clima tropical, cada dormitorio, como cada recinto, tiene dos ventiladores grandes empotrados en la pared. Tiene un amplio lugar para taller de artesanías y/o oficios, aula para escolaridad y los pisos tienen cerámico adecuado. La provincia invirtió hasta el momento catorce millones de pesos para su realización. Es de esperarse que al trasladar a los internos menores al nuevo edificio tanto esfuerzo vaya acompañado del personal adecuado para que los allí alojados aprendan el auto cuidado y el cuidado de su hábitat, dado que es habitual observar como los internos destruyen su propio lugar de alojamiento sin que se les enseñe su cuidado. [Volver]

60. Una de las víctimas estaba trabajando en un descampado con una moto sierra haciendo leña, cuando se acerca un auto con tres policías vestidos de civil, lo detienen sin dar explicación alguna, lo esposaron pues según dijeron era sospechoso de haber robado elementos en una escuela. Durante el viaje lo bajan del auto y simulan dispararle en la cabeza, luego lo trasladan a la comisaría. Allí se encuentra con otro joven acusado del mismo hecho, siendo ambos golpeados y pateados por los uniformados. Luego detienen a un tercer sospechoso y los vuelven a golpear a todos, los picanearon en la espalda y en los testículos para trasladarlos luego a un basurero municipal donde los ponen contra un paredón para simular un nuevo fusilamiento. [Volver]

61. El Ministro de la Comunidad, Telésforo Villalba, confirmó que el menor investigado por el asesinato de una anciana en el barrio Guadalupe se suicidó ahorcándose con una sábana en el Instituto de Menores que depende de su ministerio. "Lo llamaron a la hora de la cena y lo encontraron en su habitación ya fallecido", explicó. "Desde ese momento se dio parte a la justicia y la Jueza de turno (Karina Paz) es la que maneja todo tipo de acciones y la información", informó. "Tenemos ese lugar para jóvenes de 16 a 18 años contenidos por equipos profesionales que atienden en forma personal con psicólogos, psicoterapeutas, abogados y técnicos en psicología social, entre otros profesionales. Generalmente a cada individuo que ingresa se le realiza un seguimiento especial caso por caso para tratar de encaminar los desvíos de conducta que puedan tener", afirmó Villalba. Según lo expresado, este cuidado no finaliza en el Instituto, ya que el tratamiento continúa casa por casa "ya que se espera que haya una continuidad en el tratamiento", indicó mientras expresaba que es la intención de las autoridades que no haya "una institucionalización del menor". Toda esta aclaración no da cuenta de cómo fue posible que el joven se ahorcara sin que ningún celador lo advirtiera. [Volver]

62. Denunciaron concretamente que dos oficiales de una comisaría del circuito 5 de la capital formoseña, obligan a varios jóvenes a entrar en casas que ellos eligen para robar. Alberto Rasino, en declaraciones a la prensa, manifestó que consideraron que esa era la única forma de denunciar, teniendo cobertura periodística, ya que enfrentan a una de las policías más torturadora del país y temen lo que podría pasarle tanto a ellos como a sus familias. Contó que fue dos veces secuestrado a raíz de la lucha que lleva en defensa de los jóvenes pobres. Afirmó que "queremos parar la tortura, aquí están conmigo dos jóvenes -Hugo Javier Mareco con su señora e hijos y Marcos Matías Leiva- quienes por no querer salir a robar para el oficial Noguera y otros más, lo llevaron a la comisaría y le dieron una brutal paliza rompiéndole el hombro a uno de ellos.". Ambos jóvenes trabajan en una ladrillería. [Volver]

63. Según los datos arrojados por el estudio, Jujuy es la provincia más insegura del noroeste argentino. En este sentido, la diputada señaló: "Tenemos más delitos que la media nacional, que asciende a 1002 delitos cada 100 mil habitantes; Jujuy presenta 1138 delitos. Posteriormente, analizamos los distintos sistemas que forman parte de la seguridad: el policial, judicial y penitenciario. Respecto al primer ámbito, consideramos que hay un autogobierno por parte de la Policía y que inclusive se manejan con normas que les dan exageradas atribuciones. Notamos además la ausencia por parte de un gobierno civil. Asimismo, se debe hacer un análisis de los recursos y de la manera en que se gastan dichos recursos". [Volver]

64. Dres. Sergio González (presidente) y Sergio Jenefes el fiscal general y el adjunto. Dres. Alejandro Ficoseco y Aída Elena Dajer, respectivamente; jueces y fiscales de menores y la directora del Departamento del Menor. El ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, acompañado por el secretario de Gobierno, Fernando Pedicone; l jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Jorge Ayarde; y el director del Servicio Penitenciario, inspector general Martín Tapia. En representación del Ministerio de Desarrollo Social participaron la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Eva Díaz; y a directora de Niñez y Adolescencia, María del los Angeles Albuixech [Volver]

65. El ministro de gobierno anunció, como medida de mediano plazo, para el Servicio Penitenciario, la ampliación de la planta de profesionales para mejorar la asistencia psiquiátrica y social de los menores internados. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social, con fondos nacionales, ampliará los edificios de la Unidad Penal ubicada en Alto Comedero. La Villa adelantó además, que un inmueble cercano a la localidad de Rodeíto, adquirido por el Gobierno de la Provincia a la empresa Repsol YPF, será destinado a la creación de un centro de tratamiento para menores en conflicto con la ley penal. Finalmente, se acordó convocar a una nueva reunión, ampliada, con la participación de funcionarios de los ministerios de Educación y de Salud. [Volver]

66. El Ipesa es una institución creada durante la gestión del actual senador Carlos Verna, mediante la Ley 2116, y que además ha encontrado muchas deficiencias en su funcionamiento, con irregularidades denunciadas principalmente por familiares de los internos. La función del organismo público es trabajar en la contención, protección y la posterior reinserción en la sociedad de los menores, que están institucionalizados por orden judicial y en conflicto con la Ley Penal. [Volver]

67. Por otra parte, se denuncia que se habrían cambiado los colchones ignífugos que estaban destinados a los menores por otros de goma espuma, constituye una metodología de trabajo "que no tiene en cuenta el acompañamiento, el cuidado y la preservación de la integridad física de los menores, lejos del cumplimiento de la Ley 2116 y su reglamentación por el Decreto 644/05".Los colchones ignífugos, que no son inflamables ni tóxicos, tendrían un valor mayor al de los otros colchones. Este sería uno de los motivos principales por el cambio que podría generar importantes inconvenientes y graves consecuencias ante un mínimo accidente. Sobre esto, el denunciante indica que si uno de los internos armó una faca para amenazar a las autoridades, también podría ocurrir "una tragedia". [Volver]

68. La denuncia indica "debe recordar que él mismo convocó a ex operadores socializadores con cinco años de experiencia en el trabajo con menores, les pidió que se inscriban como monotributistas y cuando comenzaron a trabajar les exigió el título de operadores", algo que no tenían con lo que no pudieron realizar aquellas tareas. En el escrito se identifica el caso de Fabián Molina, quien adeudaría en aquel momento una materia para llegar a finalizar con el curso de operador. Denuncian, de esta forma, ciertos "acomodos" políticos porque al tiempo de aquel episodio ingresaron al establecimiento ex policías. [Volver]

69. "El cincuenta por ciento de la población está por homicidios. De once pibes, tengo cinco por homicidios y eso me alarma", confesó el director del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes. Explicó que la situación se debe, básicamente, a dos aspectos: la presencia de la droga, que se está "haciendo notar", y el "preocupante acceso a las armas" que tienen los menores. "Los pibes que están acá llegaron porque hubo evidentes fallas en la familia. Nunca se había dado que el cincuenta por ciento de la población esté por delitos gravísimos: ahora los chicos empiezan a matar a los 16 años", precisó. [Volver]

70. Dentro de este contexto, la senadora se refirió también al papel que le compete a la Justicia y a la fuerza de seguridad policial. "Muchas veces se lo acusa injustamente al Poder Judicial, porque se dice que los chicos entran por una puerta y salen por la otra, pero lo que sucede es que la Justicia dicta sentencia, y determina por ejemplo que tal chico irá a adopción, pero los organismos técnicos administrativos, no existen, y los jueces no tiene las herramientas necesarias que son los sistemas proteccionales para derivar a los chicos a esos sistemas". Teresita Quintela anunció que realizará una propuesta a las autoridades provinciales, para que se modifique la formación que se brinda en la Escuela de Cadetes. En este sentido reconoció que La Rioja tiene una "policía represora", y que es necesario atender varios factores que influyen en el "malestar policial", como el tema de salarios y educación. [Volver]

71. Los jóvenes se habían reunido en la puerta de un edificio para ir a un cumpleaños de 15, se cruzaron al quiosco donde también estaban comprando una pareja con un bebé y otras personas. Uno de los jóvenes declaró que su amigo "se escondió detrás del mismo patrullero para protegerse de las balas, el resto nos tiramos al piso, nos pusieron las botas en la nuca mientras nos apuntaban a la cabeza y nos pateaban", lastimando a uno de ellos al que le rompieron el mentón y los dientes. Llegó otro vehículo policial, cuyos efectivos comenzaron a gritarles a sus colegas que estaban haciendo, ordenándoles que liberaran a los chicos. Un transeúnte que iba con su perro, recibió una esquirla de bala en el pié, radicando también la denuncia correspondiente. En la presentación realizada ante la justicia, se señala que "además del abuso de autoridad, violación de los derechos y garantías de los jóvenes, la omisión del debido proceso y el provocar el peligro cierto e inminente de muerte a las víctimas de un operativo no individualizado, y abandono de persona por agentes, con total impunidad, generaron daños a la propiedad pública y privada con su comportamiento excesivo e ilegítimo" reclamando por ello las correspondientes sanciones contra los imputados. [Volver]

72. En total son 11 los uniformados que están siendo investigados por este hecho. La bala que mató a Franco quedó incrustada en el rostro de la joven Johanna Flores quien estaba detrás del joven. La pericia demostró que la bala que mató a Franco pertenece a la 9 milímetros que portaba Walter Darío García quien fue dado de baja de la fuerza policial. [Volver]

73. Según declararon los familiares, estaban durmiendo cuando un grupo del GES -Grupo Especial de Seguridad- tiró la puerta abajo, "entraron disparando dos veces, golpearon a varios familiares y fueron a la pieza donde dormían los chicos y fue allí donde le dispararon a Maximiliano", según relata su madre. [Volver]

74. Aunque la versión oficial señaló que, Marcos junto a otro joven de 14 años, habían entrado a robar armados a una pizzería donde también estaba este policía de civil, quien se desempeña en la patrulla de rescate y sale a perseguirlos dando la voz de alto a la que "respondieron con disparos", por lo cual el efectivo también disparó hiriendo a Marcos en la espalda, el que fallece en el Hospital Central a las 6,30 de la mañana. El otro joven fue detenido como sospechoso del robo. Las pericias determinaron la existencia de cuatro vainas servidas que pertenecían al arma reglamentaria del policía de civil, al igual que la extraída del cuerpo de Marcos, perteneciente al arma 9 milímetros del efectivo policial. Por otro lado, el estudio practicado al joven determinó que no había disparado arma alguna. Además la familia del joven Arias sostiene que este había ido en su motocicleta a comprar pañales por lo cual no pudo haber participado del delito. [Volver]

75. Relata la madre que el joven iba por la ruta escuchando música con los auriculares, cuando un policía "vestido de negro le hace seña de que baje la velocidad". Sebastián se saca los auriculares, y mientras disminuye la velocidad, es atravesado por las balas de otro policía que se hallaba en el lugar. Lo suben a una camioneta, donde es agredido por un uniformado que lo amenaza de muerte, mientras el resto lo golpea y le preguntan por un supuesto cómplice. Luego lo trasladan al hospital de Junín para ser finalmente derivado al de San Martín de los Andes, en ambos permanece esposado a la camilla. La madre en declaraciones manifiesta que le quitaron el celular, que no le preguntaron quien era. Ella supo lo ocurrido por un dato que escucha en la radio una vecina que sabía de su preocupación por la demora en regresar de su hijo. [Volver]

76. El hecho ocurrió cuando Matías estaba con su novia luego de dar una vuelta en motocicleta. Según relata la joven, Esteban Méndez se paró a medio metro de ellos, y luego de preguntarle al joven si era Matías, sacó la pistola y comenzó a disparar. El joven trataba de huir en su rodado mientras el policía le seguía disparando, hasta caer malherido a pocos metros del lugar. El proyectil ingresó por el dorso lumbar izquierdo y salió por el abdomen. Murió desangrado por un shock hipovolémico. Los familiares del chico sostienen que hay al menos tres testigos que pueden probar las agresiones de las que fue víctima Matías. Mientras permanecía tirado en la calle, desangrándose y agonizando era brutalmente pateado por su asesino en presencia de su novia y de su hermana Loreley, y a la vista del personal policial que había acudido ante una llamada recibida. Esteban Méndez fue recogido en una camioneta Ford Ranger blanca donde estaban su hijo y un conductor. [Volver]

77. Alejandro declara haber sido picaneado en uno de los calabozos, con un aparato que parecía ser un celular, pero que "cuando te lo ponían en el cuerpo te daban descargas fuertes". Afirmó que una mujer policía les dijo a sus compañeros como aplicar las descargas para no dejarlo marcado, indicándoles que debían mojarle la ropa. Alejandro había participado de las marchas por lo sucedido a otro joven, Daniel Solano, denunciando que por ello fue amenazado en varias ocasiones. Luego de la tortura, fue trasladado al hospital por una puerta trasera de la comisaría, ya que se hallaba en el lugar la Defensora de Menores. Una vez en el nosocomio, el jefe de la comisaría le pidió a la enfermera que pusiera en el parte que las marcas que presentaba en el cuerpo eran "ronchas". Agrega que mientras lo torturaban, escuchaba los gritos de su amigo al que tenían en el patio de la comisaría. [Volver]

78. Cuando iba entrando en su casa, uno de los policías ingresa y dispara, dejándolo tirado en el piso, desangrándose. Fue trasladado al hospital y según el parte médico el proyectil le ingresó a la altura del glúteo derecho y le atravesó varios órganos, entre ellos intestino y vejiga, quedando alojado en la zona izquierda de la cadera. El joven tiene antecedentes de hurtos, la explicación policial es que acababa de robar y se dio a la fuga. [Volver]

79. Una de las madres refiere que los chicos siempre salen a correr y ese día lo hicieron en la cancha del barrio Mataderos. En determinado momento se sentaron a descansar y vieron un grupo de chicos que pasaban corriendo y atrás policías que disparaban. Ante ello se escondieron, pero los uniformados al advertir su presencia los increparon, los hicieron tirarse al suelo, los golpearon y patearon. Luego, al darse cuenta del error los dejaron ir. [Volver]

80. De acuerdo al relato se negaron a retirarse en un primer momento, a raíz de los insultos que recibieron de parte de la policía. Mientras discutían verbalmente, llegaron dos móviles más de los que bajaron unos diez policías y la emprendieron a golpes contra los jóvenes, subiéndolos a la rastra a los vehículos. Relata el padre de uno de ellos que su hijo logró comunicarse con el celular y fue inmediatamente al lugar de los hechos, donde vio que los chicos estaban llenos de sangre en los coches y los efectivos seguían maltratándolos. Seis de ellos son trasladados a la comisaría 5 donde los tuvieron diez horas, luego ingresaron en el hospital San Bernardo donde les diagnosticaron politraumatismos y hematoma labial a Ramiro Cabrera, hematomas en diferentes sectores del rostro a Franco González y politraumatismos y a Francisco Cabrera traumatismo encéfalo craneano. El resto tuvo heridas de menor gravedad. La explicación de la agresión dada por la policía fue que los jóvenes atacaron a uno de los móviles y que los agredieron. [Volver]

81. Luego lo trasladan a la comisaría 42 de la cual lo liberan merced a la intervención de un diputado provincial. El Comisario deslindó responsabilidades ya que el joven había sido agredido fuera de la comisaría. [Volver]

82. "Las torturas ocurrieron cuando mi hijo estaba demorado en la comisaría de Güemes. El policía Gordillo le pegaba siempre, incluso una vez Miguel se quiso ahorcar", denunció ante la prensa Beatriz Palacios madre del torturado. "Gordillo es quien se ve en el video colocándole una bolsa en la cabeza. Desde hace mucho que lo venían golpeando. Lo llevaban a río Mojotoro, le pegaban y lo amenazaban para que no dijera nada", agregó la mujer. Miguel Angel Martínez fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Su familia sostiene que fue injustamente acusado ya que luego de permanecer un año en la cárcel de Castañares, "el estudio de ADN le dió negativo", según señaló su tía Noemí Palacios quien también lo acompañó a declarar. "Yo no sé qué le pasó allí, pero cambió y se volvió peor", aseguró. [Volver]

83. Al ver que Carlos sangraba fuertemente, lo llevaron al hospital para luego trasladarlo a la seccional. Al presentarse el padre de los jóvenes y ver el estado que presentaban pide explicaciones, recibiendo como respuesta que habían hecho "resistencia a la autoridad". Posteriormente presenta la correspondiente denuncia. [Volver]

84. Una vez en la seccional fueron torturados y ultrajados. Se los acusaba del robo sufrido por un cambista de la zona. Los tuvieron colgados y esposados, los hacían arrodillarse con las manos detrás, debiendo permanecer en esa postura toda la noche. Recibieron golpes en el estómago mientras les exigían que firmaran una declaración de culpabilidad del hecho que les imputaban [Volver]

85. Cettour era suboficial en 2002, estaba a cargo del depósito judicial de automotores ubicado en Dr. Riva al 7200, donde fue sorprendido in fraganti cambiando los amortiguadores de su Fiat Uno por otro extraído de uno de los vehículos depositados en el lugar, siendo condenado por la Cámara Penal a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Joel se encontraba esperando a su padre que había ido a buscar algunas cosas, cuando comenzaron los disparos de los cuales dos impactaron en su cabeza. Fue trasladado al hospital Alberdi, pero dada la gravedad de las heridas lo derivaron al "Víctor J. Vilela". Los guardias fueron detenidos, y se les secuestraron las armas de fuego, quedando a disposición del juez de instrucción [Volver]

86. Por el hecho el Ministerio de Seguridad de Santa Fe pasó a disponibilidad a los policías Walter Doval y Diego Viñuela, y también se dispuso el traslado del comisario principal Aguirre y de dos sargentos. Todos ellos cumplían funciones en la comisaría 8, de "María Susana". [Volver]

87. Valenzuela declara que "empezaron a pegarme en el calabozo" y después lo trasladaron a una oficina donde siguieron maltratándolo para que confesara, lo picanearon en las nalgas. Luego vio cuando llevaron a los otros dos jóvenes a otra pieza, les ponían bolsitas de nylon en la cabeza y le "aplicaban el submarino seco". A su vez Lucio Prieto aseguró que les pegaban permanentemente, no los dejaban dormir, les obligaban a hacer flexiones y cuando no daban más les pegaban con una cachiporra en la cabeza, le pusieron picana en la lengua, lo hicieron comer tierra y cebo crudo, todo para que declarara qué había robado y a quien le había vendido los dos rodados, cosa que negaba ya que era inocente de lo que lo acusaban. A su vez Martín Gómez denunció que "nos hicieron bañar juntos y que nos besáramos mientras nos filmaban con un celular. Agregó que estaba una mujer policía la que le introducía una cachiporra en la boca y se la hacía chupar, luego vino un policía que le dijo que si se quería ir a su casa "se la tenía que chupar". El juez que instruye la causa, Virgilio Palud tiene no menos de una docena de causas similares desde el 2008 sin que ninguna haya tenido resolución. Se interpuso un pedido extraordinario ante la Suprema Corte de Santa Fe donde además de denunciar las torturas se pide la nulidad de todo lo actuado, la inconstitucionalidad del artículo 190 de Código de Procedimiento Penal que habilita a la policía a realizar sumarios, y el apartamiento del juez Palud. La corte rechazó el pedido pero ordenó a jueces y fiscales que se verificara el incumplimiento de los derechos y garantías de los detenidos. A los seis días de la presentación del habeas corpus, todos los detenidos denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales. [Volver]

88. Si bien aún no existe una denuncia formal, al tomar estado público el caso, que involucra a personal del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), situado al Alem al 2000 de Rosario, el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, dijo que de comprobarse los hechos "habrá castigo para los responsables". El funcionario afirmó que tomó conocimiento de la situación tras comunicarse con el vicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn, quien recibió a un grupo de familiares de alumnas del ISEP, supuestas víctimas de abuso sexual en ese Instituto. [Volver]

89. Luego de comprar cigarrillos en un kiosco, deciden volver para comprar una bebida y en el trayecto a su domicilio fueron golpeados por cuatro policías, entre ellos Toledo y arrojados al suelo. Una vez esposados fueron trasladados a la comisaría de Avellaneda donde siguieron los malos tratos. Son esposados a unas columnas en la cochera del lugar mientras los agentes pateaban y abollaban un móvil y otro sacaba fotos de los daños para luego adjudicarles la responsabilidad de este hecho, obligándolos a firmar una declaración. [Volver]

90. Nicolás y el otro joven llamado Nahuel circulaban en una moto por la zona norte de la ciudad de Rosario, cuando un móvil policial comenzó a hacerles señas de luces, los persiguen disparándoles, chocan la moto, sea bajan del patrullero y los apuntan mientras estaban en el piso, los golpean y los trasladan a la comisaria donde los desnudaron y los pusieron contra la pared mientras el personal policial se burlaba de ellos y los amenazaba con que los iban a obligar a salir a robar para ellos y fabricarles una causa. [Volver]

91. Según la denuncia realizada por la madre, María Cristina Spadoni, los policías de un golpe lo arrojaron al suelo y le pegaron puntapiés, luego lo subieron a un patrullero y lo trasladaron a la comisaría donde siguieron con la golpiza mientras lo amenazaban con un arma. La novia del joven también fue agredida. La denuncia fue radicada en la División Judiciales de la unidad regional II de Rosario. [Volver]

92. El juez penal de la 3 nominación en turno, Néstor Troncoso junto a su secretario, Leonidas Candioti Leiva, el jefe de la Policía provincial comisario general Hugo Tognoli, el jefe y subjefe de la UR I, La Capital, comisarios inspectores Hugo Miñoz y Tomás Salomón, se constituyeron en el centro denunciado, rescataron a la menor con capacidades distintas que se observa en el video fue sometida a malos tratos, a una adolescente de 11 años, también interna de la institución que le arrojaba agua, y a tres mujeres, que son las máximas responsables de la dependencia. El Dr. Troncoso, máxima autoridad presente en el lugar de los hechos denunciados tomó medidas urgentes para la preservación de las pruebas y convocó al médico policial para la revisación de la menor que fue sometida a los castigos que se revelan en el video filmado por los dos albañiles, también ordenó el arresto preventivo de tres mujeres que son las principales responsables institucionales del lugar, y que fueron identificadas como: K. C. de 44 años, directora del centro de protección integral para niños y adolescentes "Ana y José Fracciola" dependiente del ministerio de desarrollo social de la provincia de Santa Fe, la rectora de la institución V. P. de 32 y la administradora de la dependencia E. Y. de 60; y también dispuso el inmediato traslado de las tres mujeres a la sede de la comisaría 1, ubicada en pleno centro de la capital provincial. [Volver]

93. Los hechos se produjeron cuando la joven junto a su hermano estaban en la calle y salió un vecino con un arma de fuego, lo cual es alertado por el hijo con el que tratan de hacer desistir a este hombre del uso del arma, sin éxito. El sujeto dispara tres tiros. Un policía que estaba en una casa vecina comiendo un asado sale con su arma, dispara y mata a la joven. [Volver]

94. Estaba en el Módulo 1-Pabellón 3, padecía HIV y el servicio penitenciario se negó a atenderlo reteniendo un Habeas Corpus presentado por sus compañeros de pabellón, y que nunca llegó al juzgado. En determinado momento lo trasladaron al hospital penitenciario donde no lo medicaron, regresándolo al pabellón "por no tener cama disponible". [Volver]

95. Se solicitó prisión domiciliaria atendiendo estrictamente a su condición de persona discapacitada que se encuentra en silla de ruedas, por una lesión medular dorsal 7,8 con paraplejia espástica y parálisis que afecta la mitad de su cuerpo, situación que lo obliga a estar sentado y movilizar. Presenta agravantes que afectan su estado emocional y psíquico y que denotan una flagrante violación a su dignidad como persona y que agregan vulnerabilidad y riesgo respecto de su convivencia con el resto de los internos. Padece incontinencia de esfínteres y los impedimentos conexos respecto a la falta de capacidad de mantener su higiene personal, de su ropa y de su celda. Los otros agravantes tienen que ver la falta de tratamiento y rehabilitación muscular que inciden en la atrofia y deformación de sus piernas y la gran ingesta de analgésicos como único tratamiento. Como se ha señalado el Tribunal Oral en lo Criminal N 10, presidido por la Dra. Silvia Estela Mora e integrado por los Dres. Jorge Roberto Bustelo y Alejandro Becerra deniega los pedidos de prisión domiciliaria sin tomar en cuenta siquiera las particulares condiciones que dieron lugar a su detención y condena. Esto es, que siendo el Sr. Maldonado una persona discapacitada intervino en defensa de su madre y hermana frente a la agresión propinada por su primo. Habida cuenta de la máxima vulnerabilidad que presentan las condiciones de detención y de la grave situación en la que se encuentra inmerso, se concluye que los padecimientos del interno es asimilable a un trato cruel y degradante condenado por el derecho internacional [Volver]

96. En los cuatro episodios ocurridos en pabellones de mayores los presos estaban sancionados, y por lo tanto sólo debería haber tenido acceso a sus celdas personal penitenciario. "Al ir castigados, les quitan cualquier cosa con la que se puedan lastimar; cinturones, cordones, fósforos o encendedores", explicó un familiar de un preso que murió en el mes Enero como consecuencia de un incendio en Marcos Paz. [Volver]

97. "El 3 de enero lo fui a visitar a Marcos Paz con los chicos", contó su esposa. La denuncia que hizo la Procuración dice que, tras la visita, los guardias lo mandaron al buzón 3709, el mismo donde sufrió las quemaduras Truzzi y el único que tiene un pasaplatos en la puerta. Esa noche, "su colchón fue prendido fuego del lado de afuera a través del pasaplatos" dice la denuncia. El preso pasó casi un mes internado y fue dado de alta los primeros días de febrero. Su esposa dice que no recibió ningún informe oficial sobre qué pasó. "Encima, en el hospital uno de los penitenciarios llegó a decirme que yo lo peleé ese día en la visita y por eso se prendió fuego", comentó [Volver]

98. Igreda había sido detenido en setiembre de 2011 y enviado a Marcos Paz a esperar su juicio, que sería en marzo. El 19 de diciembre, fue castigado por diez días tras una requisa, el 23 fue visitado por la Procuración y denunció a los guardias, el 25 a la noche fue el incendio. "Pasó 19 días agonizando y en todo ese tiempo una sola vez lo vi abrir los ojos. "Yo quería que hablara, saber qué pasó, pero no aguantó" contó ese familiar, con la incertidumbre de no saber lo sucedido adentro de la cárcel. [Volver]

99. Según todos los que lo conocieron, escribía, pensaba y tenía planes. Había sido condenado por delitos menores y quería reencauzar su vida. Pero también cuestionaba el sistema represivo del penal donde se encontraba a través de internet y de su blog. Su última publicación estaba bajo el título "Represión, aislamiento y mucho silencio" donde hizo pública diversas violaciones a los DD. HH tales como golpizas, encubiertas por el equipo médico del penal. Había sido adicto a las drogas. Denunciaba que el modelo de rehabilitación en la cárcel son los palos, los malos tratos que duran entre 3 y 10 días, la incomunicación con la familia, defecar en bolsas y orinar en botellas entre otras aberraciones. [Volver]

100. Al volver al pabellón le cuenta a Betiga lo que le pidieron, y le dijo que iba a denunciar el hecho ante la fiscalía, lo que efectivamente realiza. En la declaración tomada a Betiga, éste manifiesta que conocía al sub director del penal, Aníbal Mansilla de cuando ambos estaban en la cárcel de Marcos Paz, donde le exige que le entregue la mitad del dinero que había recaudado a través de los secuestros virtuales que realizaba, y si se negaba lo enviaría a Rawson. Betiga se niega, por lo cual continuó recibiendo amenazas hasta el presente incidente. Según distintos medios de la zona, decenas de denuncias (como ésta por apremios, vejámenes y torturas) fueron presentadas en los últimos meses ante la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal de esa ciudad. Entre los casos citados, se encuentran los traslados como mecanismo de tortura como ocurrió con Dubra Herrera. [Volver]

101. María Laura Acosta tenía 35 años, apareció ahorcada y degollada, en enero salía en libertad. A su hijo lo mantenía económicamente desde la cárcel. Cecilia Hidalgo de 24 años, apareció asfixiada en su cama, ayudaba también a mantener económicamente a sus sobrinos. Todas las muertes en este complejo son declaradas suicidios cuando según otras reclusas, son en realidad homicidios. Y es para preguntarse cómo es posible que alguien que alcanzaría la libertad a pocos meses, termina quitándose voluntariamente la vida. [Volver]

102. La agrupación Vatayón Militante, responsable de las salidas de presos a actos políticos disfrazados de "culturales", no estaba habilitada a ingresar a las cárceles porque no está inscripta como ONG, tal como lo exige el decreto 1136/97. Además, sus militantes son "rentados" con fondos públicos. Las dos denuncias son parte del informe que elaboraron un grupo de diputados opositores, tras el escándalo que reveló el diario "Clarín" y que fue presentado en el Anexo de la Cámara de Diputados. [Volver]

103. Uno de los puntos llamativos del fallo firmado por los jueces Ariel González Eliçabe, Félix Gustavo Roumieu y Pablo Eduardo Pereyra es la singular dureza con la que criticaron el trabajo de las peritos psicólogas que intervinieron en la investigación, quienes tomaron "por cierto un hecho por demás incierto: la existencia del abuso sexual". Luciana Muñoz, la ex mujer de Pascual y mamá de Joaquín, lo acusaba de haber abusado del chico en al menos dos oportunidades, cuando el nene tenía entre tres y cuatro años. Según el fallo, la denuncia se originó en el marco de una disputa entre los padres, posterior a la separación, "vinculada con el régimen de visitas y, más aún, con el rol de padre que reclamaba el imputado frente al nuevo esquema familiar del niño, en el que su figura aparecía confundida con la de la nueva pareja" de Muñoz. Pese a las evidencias, a los relatos diferentes que el niño prestó cuando tenía cinco años y luego, en el proceso del debate, a los 11, y a otras evidencias que llevaban a inferir que los hechos podían haber ocurrido de manera diferente, las peritos que intervinieron en la investigación, las licenciadas en psicología María Elizabeth González Montaner, Gabriela Salusso y Selva Magdalena Moretto, creyeron en la hipótesis de los abusos. Los jueces cuestionaron la forma en que fue entrevistado el pequeño para construir la acusación. Consideraron que se trató el interrogatorio fue "altamente sugestivo", con preguntas "dirigidas a sugerirle al niño las respuestas que se consideraban correctas a la luz de una única hipótesis". Y consideraron que los peritajes terminaron "tergiversando la escasa prueba existente". [Volver]

104. La ley 24.660 (ejecución de la pena privativa de libertad) en relación al trabajo declara (art. 106) que "constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación". Deberá ser remunerado, no se impondrá como castigo, no será aflictivo o infamante, propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales, a su capacitación para la vida libre y respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente. (Art. 107) La cuestión (la discusión) aparece con el art. 121 de la ley, que dispone quitas a la retribución del condenado que trabaja durante su encierro que pueden llegar hasta el 70%, según los siguientes parámetros: a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; b) 35 % para la prestación de alimentos, según el código civil; c) 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento. Qué le queda? Sigue la norma: "d) el 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida". Por cierto que los incisos a) y b) se aplican únicamente si existe una sentencia que ordene una obligación de dar una suma de dinero. Por su parte, el d) constituye una reserva que el Estado consideró necesaria para que el condenado cuente con un monto suficiente para afrontar sus necesidades básicas al momento de de egresar en libertad (no es un descuento). [Volver]

105. Parte de la presentación realizada por APP "IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Hemos tenido la oportunidad de constatar personalmente, en ocasión de una visita carcelaria, que la Unidad Penal XV de Batán se ha convertido en una cárcel-fábrica, donde se han instalado al momento no menos de diez (10) emprendimientos privados, previa autorización de las autoridades del Servicio Penitenciario, que contratan como mano de obra a personas privadas de su libertad alojadas en ese complejo. El asunto no sería alarmante de no ser porque en la totalidad de los casos las personas que allí trabajan cumplen una jornada laboral que ronda las 8/10 horas diarias, pero reciben como contraprestación por su trabajo sumas que en ningún caso superan los un mil pesos ($1.000) mensuales, siendo que en algunos casos sólo llegan a seiscientos pesos ($ 600), sin contar con ninguno de los derechos previstos para los trabajadores en la ley de contrato de trabajo (horas suplementarias, aguinaldo, vacaciones). En este momento existen, entre otros, una empresa panificadora, una empresa de calzado industrial, una empresa de fabricación de hornos industriales, una dedicada a la pescadería, una lavandería industrial, una blockera, una trituradora de tomates y una empresa destinada a la confección de cajones para verduras y pescados. La entrevista personal con los trabajadores allí contratados puso en evidencia que los mismos reconocen que el trabajo no se remunera de manera digna ni mucho menos, pero que no tienen más alternativa que aceptar la oferta debido a la necesidad ineludible de los mismos de recibir unos pocos pesos para poder acercar a sus familias en el medio libre. Las empresas privadas allí funcionando poseen verdaderos complejos industriales con maquinarias y salones individuales con un alto nivel de producción (la panificadora genera dos mil quinientos kilos diarios de productos), con más de diez empleados por turno en cada caso, pero siempre con salarios humillantes. La ley de contrato de trabajo se aplica y rige para todas las relaciones laborales en las cuales una persona preste su servicio a otra bajo relación de dependencia, cualquiera sea su modalidad. No hay distingos de ningún tipo respecto a la condición de privado de la libertad o no del empleado. Más aún, la Constitución nacional garantiza, en su artículo 14 bis, la protección legal del trabajo en sus diversas formas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que "las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados". Por otra parte, el artículo 30 del cuerpo convencional establece "Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas". Es evidente que siendo el único propósito convencionalmente legítimo de la pena la reforma y readaptación social de los condenados, no existe argumento alguno que convalide o permita que en el contexto de encierro se instalen emprendimientos privados que contraten mano de obra a la que sometan a un régimen completamente ilegal de dependencia laboral, más aún, aprovechando una situación de vulnerabilidad estructural de los mismos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Romero Cacharane, H. A. s/ ejecución penal", resuelta el 9/3/03 hizo suyas las expresiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (Wolff v. McDonnell; 418 US 539, 1974), cuando al interpretar la VIII enmienda de la Constitución de ese país, señaló que aunque determinados derechos de los condenados pueden ser disminuidos por las exigencias del encierro, al prisionero no se lo despoja de la protección constitucional por cuanto no hay una cortina de hierro trazada entre la Constitución y las prisiones de este país ("There is no iron curtain drawn between the Constitution and the prisions of this country")". [Volver]

106. El decreto constitutivo, indica que la misma estará presidida por el secretario de derechos humanos, Guido Carlotto, y estará integrada por representantes de las secretarías de Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia, el Instituto Cultural de los ministerios de Justicia y Seguridad, Salud, Gobierno y Jefatura de Gabinete de Ministros. El consejo consultivo estará integrado por organismos de Derechos Humanos, ONG de la sociedad civil, legisladores, miembros del poder judicial y víctimas y familiares de la violencia institucional. [Volver]

107. Estará integrado por profesionales civiles que asistirán a los fiscales y jueces en la investigación de delitos complejos, homicidios, delitos contra la libertad y donde estén involucrados funcionarios públicos. Antes de su sanción se realizaron una serie de foros en distintas ciudades de la provincia convocados por la Comisión Provincial de la Memoria entre otras organizaciones. [Volver]

108. A junio del presente año se iniciaron un total de 326.958 investigaciones penales preparatorias, de las cuales 814 son por homicidio (0,25%), 48 homicidio criminis causa (0,01%), 71 otros homicidios agravados (0,02%), 31 homicidio en ocasión de robo (0,01%), 750 homicidio culposo (0,23%), 24.321 lesiones culposas (7,44%), 37.088 lesiones leves (11,34%), 3.364 otros delitos contra las personas (1,03%), 547 abuso sexual con acceso carnal (0,17%), 3.558 otros delitos contra la integridad sexual (1,09%), 48.705 amenazas (14,89%), 1.011 apremios ilegales y torturas (0,31%), 1.746 otros delitos contra la libertad (0,53%), 10.010 por daño (3,06%), 3.247 por estafa (0,99%), 18.926 por hurto (5,79%), 19.571 por hurto agravado de vehículos (5,99%), 29.279 por robo (8,95%), 24.052 por robo agravado con uso de arma (7,36%), 8.105 otros robos agravados (2,48%), 17 secuestros extorsivos (0,01%), 5.693 otros delitos contra la propiedad (1,74%),16.006 por infracción a la ley de estupefacientes (4,90%), 22 por otros delitos contra la salud pública (0,01%), 2.658 delitos contra la seguridad pública (0,81%), 161 delitos contra el orden público (0,05%), 3.887 por encubrimiento (1,19%), 6.995 otros delitos contra la administración pública (2,14%), 2.360 contra la fe pública (0,72%), 6.108 contra las leyes (1,87%), 4.343 otros delitos (1,33%), 43.448 otros delitos (13,29%). [Volver]

109. La combinación de factores que se da entre las condiciones socioeconómicas y la propia dinámica jurídica penal, llevan a que todos los diagnósticos coincidan en que, lo que está provocando, es un aumento importante y constante durante los últimos años de la población femenina en las cárceles bonaerenses. Sobre todo, del porcentaje de presas por infracción a la ley de drogas (la 23.737). Las cifras del SPB indican que a fines de mayo el número ya llegaba a 1.183. Los índices de mujeres implicadas en delitos por drogas también crecieron de un año al otro. En 2011 había 518 presas por narcotráfico (el 45,5%), mientras que en 2012 ya son 559 (47%). La curva poblacional femenina en el SPB empezó a crecer en 2006. En 2008, la cifra se disparó, al punto que dos años después los números ya duplicaban a los de 2005. [Volver]

110. Recibió una herida punzo cortante a la altura del cuello, en las arterias aorta y carótida. Según la fiscalía interviniente, el hecho se produjo en el pabellón de máxima seguridad número 17. [Volver]

111. Los testigos del hecho refieren que participaron 11 penitenciarios, los que lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo golpearon con puños y patadas. Uno de los torturadores saltó sobre su pecho en reiteradas oportunidades. La versión oficial es que Patricio golpeó reiteradamente su cabeza contra las rejas luego de atacar a un uniformado, lo que le produjo un paro cardio respiratorio. Gracias a las denuncias permanentes de la familia y amigos del joven, se logró la detención de tres de los responsables, el "Chino" Ken, Silva y Gallego, estando prófugos Mario Benítez, Rodrigo Chaparro, Héctor Aníbal Mario y Rodolfo Luna. Según los testigos Ken es oficial y formó parte del grupo, Gallego fue quien le pateó los genitales, el oficial Silva fue quien hizo firmar una declaración a tres internos (Martín José Matilla, Mario Pandiani y Victoriano Acosta) en la que testimonian haber visto a Patricio Barros Cisneros atacar a un guardia con una faca y luego arrojarse contra las rejas. Estos detenidos declararon posteriormente ante el fiscal que habían sido obligados bajo amenaza a firmar esta declaración. Este caso fue denunciado ante ONU y la CIDH. Según Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General, "hay muchos testigos que pueden señalar bien como fueron las cosas, pero temen por su vida y de sufrir represalias de parte del SPB, sin embargo algunos manifestaron que, de protegerles, se animarían a declarar. El temor le hace el juego a la impunidad, la forma de romper ese cerco de miedo de contar como fueron los hechos, es ofrecerles a los muchos testigos de lo que pasó simples garantías de que nada les va a pasar y esto es lo complejo y difícil hoy". La muerte de Patricio tuvo su historia de venganza: fue su hermano quien denunció que lo sacaban a robar el año pasado, mientras estaba detenido en la unidad 45. [Volver]

112. Según los informes, Yanina tuvo una crisis, fue al centro médico y de allí la mandaron de regreso al pabellón donde la encontraron colgada en uno de los baños. El penal de Ezeiza tiene una negra historia en suicidios, antes de Yanina, en los dos últimos años, también aparecieron muertas Silvia Nicodemo, Romina Leola, Noelia Randone, Vanesa Rodríguez y Ema Alé. [Volver]

113. Esta muerte como las de Juan Romano Verón en la U48, José Burela Sombra en la U45, José Luis Acuña Silva en la U9 y Nicolás Gómez Verdún en la U54, todos ellos asesinados, las relacionan con las denuncias que dos presos efectuaron al vicegobernador de la provincia que visitaba el complejo penitenciario de San Martín, al que le mostraron dos facas y un cuchillo provistos por dos subdirectores de la U47 de dicho complejo, con la indicación de matar a un detenido. Al tomar conocimiento de esta denuncia, se generó la represalia del servicio penitenciario con traslados forzosos como forma de castigo. [Volver]

114. Fue ingresado en una celda cerrada del pabellón 5 donde estaban alojados otros internos considerados de alta peligrosidad. Según el director del penal, tanto Burela como el resto, estaban armados, señalando que uno de estos últimos ya había tenido "problemas" con la víctima. En la causa están mencionados como responsables de la muerte de Burela, Brian Carlucci, Ramón Torres Pedroso y Leonardo Caroni Piedrabuena, los que habrían empleado las llamadas facas para asesinarlo. El fiscal de la causa pidió la detención del director de la unidad, ya que éste ordenó la recepción del interno sin contar con un tomo del legajo de mismo, situación que no está permitida dado que impide una correcta evaluación, agregando que no tomó los recaudos en las revisiones de ingreso para evitar que los internos tengan en su poder armas de puño de fabricación casera como las utilizadas en este caso, resaltando que el riesgo al que expuso al interno encerrándolo en un pabellón ordinario "era tal que pocos minutos después de su ingreso se produjo la muerte". [Volver]

115. El informe forense indica que la causa de la muerte fue un "paro cardo respiratorio traumático por asfixia por ahorcamiento", aunque no indica si fue un suicidio. Esta versión se asenta en la carta de despedida, la que debe ser analizada para establecer su autoría por un perito calígrafo. Jonathan fue detenido el 18 de abril durante un allanamiento a su casa, acusado de robo a mano armada. Tras la detención fue trasladado a Mercedes para prestar declaración, quedando alojado en una comisaría local. Estaba solo, el suicidio se produjo dentro de uno de los baños (que no tiene puerta). Se ahorcó con un cable atado a los barrotes de un ventiluz, aunque no se sabe como lo consiguió. Dejó anotaciones en un cuaderno diciendo que ansiaba reencontrarse con su hermano, quien también se había suicidado. Estaba en tratamiento por adicciones a las drogas. [Volver]

116. En el CUSAM los internos cursaban estudios tanto secundarios como universitarios, y fue cerrado como forma de castigo por las denuncias sobre las condiciones inhumanas que viven en el penal. En el comienzo de la carta, relata que a principios de enero fue trasladado y torturado por Almirón, y los subdirectores Pirali y Urraco. Ya anteriormente había recibido presiones por poseer una grabación donde dos internos negociaban beneficios con el director de la unidad. En esa circunstancia lo llevan con la excusa de que el director quería verlo, y en determinado momento le tapan la cara y lo suben a un camión de traslado donde lo golpean y amenazan diciéndole "a partir de ahora vas a dejar de ser un denunciero". Lo llevan a la unidad 29, luego a Magdalena, sin sus pertenencias. Cabral es testigo clave en un juicio por el que condenaron a perpetua a un ex policía, y ha realizado distintas denuncias por torturas y atropellos de parte del servicio penitenciario. Jesús cursa cuarto año de la carrera de sociología y colabora con notas para la revista de distintos organizaciones que militan en el campo de Derechos Humanos de personas privadas de libertad. [Volver]

117. Denunció el hecho ante la Fiscalía 7 junto a su tío, Néstor Leiva, quien declaró que su sobrino vive con él, que suele acompañarlo al club donde juega golf los fines de semana, el día de los hechos estaba algo mareado por lo cual se quedó dormido en el corredor del club, vino la policía y se lo llevaron. Como el joven no sabe leer ni escribir, fue su tío quien realiza la denuncia cuando ve como estaba su cuerpo con quemaduras en espalda, brazos, panza, genitales, piernas y pies, como consta en el parte médico. [Volver]

118. Padece de un "proceso séptico en actividad en el tercio medio de la tibia" su madre recibió varias veces por parte del SPB, la información de la dilatación de la operación indispensable del interno, a causa según referían de que como ella no aportaba la prótesis, el sistema no se la podía proveer. Luego de que el OIP gestionara ante el Ministerio de Justicia de la Prov. la solución del caso, el equipo de salud que tenía a cargo su tratamiento no retomó. [Volver]

119. Cumplía condena por homicidio en ocasión de robo y estaba a disposición del Juzgado de Ejecución Penal 2 de La Matanza. Autoridades judiciales realizaron la investigación para determinar cómo se sucedieron los hechos. [Volver]

120. Los familiares y demás compañeras de Roxana denuncian que fue víctima de abandono de persona de parte de las autoridades del penal, ya que no se le brindó la asistencia que el caso exigía. Internas de diversas unidades vienen denunciando desde hace tiempo sobre la absoluta carencia de atención que sufren durante su encierro. [Volver]

121. Según la Comisión Provincial por la Memoria Maximiliano hacía diez días que estaba alojado en un buzón de aislamiento a la espera de que se terminaran los trámites de ingreso a la unidad y reclamaba a las autoridades la visita de sus familiares, quienes permanecían a la intemperie sin poder entrar. Ante la falta de respuesta, comenzó a golpear la puerta de la celda, recibiendo como castigo el disparo de balas de goma, logra cubrirse con una frazada y luego siete penitenciarios comenzaron a golpearlo con palos de goma, patadas y golpes de puño. A la media hora fue llevado esposado a sanidad donde lo atiende una enfermera sin recibir cura ni tratamiento alguno. Posteriormente es colgado de una abertura de la pared, a gran altura. Por estos hechos se presentó un habeas corpus aclarando en la denuncia que Maximiliano hace 6 años que está preso, que padeció decenas de traslados, pasando por 30 unidades penitenciarias donde sufrió distintos y reiterados hechos de tortura, permaneciendo en aislamiento, torturado en los camiones de traslado y reprimido con gas pimienta, quemado con cigarrillos entre otros tipos de apremios. La Comisión afirma que las secuelas de este maltrato se ven en su cuerpo a través de las cicatrices y demás rastros. [Volver]

122. Según informa, solo se reparten ranchos en cinco pabellones del total de la unidad, en el resto se da alimentos crudos en cantidad escasa y de pésima calidad y en varias ocasiones en estado de putrefacción, lo cual provoca permanentes disputas entre los internos, uno de estos enfrentamientos provocó la muerte en la unidad 23 de dicho complejo de un joven de 23 años, apodado "Tati", el que debía salir en libertad al día siguiente de su muerte. [Volver]

123. La noche anterior a la muerte de Alexis hubo algunos conflictos en el pabellón, por lo cual un oficial llamado Quiroz decidió encerrar a todos los detenidos en celdas de castigo. Curiosamente quedaron fuera de sus celdas diez internos, entre ellos Alexis quien terminó muerto. [Volver]

124. La jueza del Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata, Florencia Butiérrez, condenó al agente penitenciario Carlos Roberto Vargas por robar comida que estaba destinada a la alimentación de los reclusos del penal. El sentenciado cometió los delitos entre enero y diciembre de 2003, cuando ocupaba el cargo de jefe del depósito del penal y debía custodiar la comida que se guardaba allí. En el juicio quedó demostrado que Vargas sustrajo alimentos perecederos y no perecederos "que se hallaban bajo su custodia y administración, para entregarlos a diversos funcionarios penitenciarios que prestaban allí servicios y los retiraban para consumo personal" En su resolución, la magistrada expresó: "Mediante un mecanismo aceitado y de rutina, (Vargas) permitió y autorizó que personal a su cargo entregara frutas, verduras y carnes que colocaban en cajas, las cuales luego eran retiradas por funcionarios superiores que se las llevaban en autos particulares". Durante el proceso penal, Vargas intentó defenderse al asegurar que no tuvo otra opción que participar del ilícito: denunció que en otro momento, por negarse a ser parte del delito, fue torturado por gente que trabajaba en el penal. [Volver]

125. falleció al ser trasladado al centro asistencial San Juan Bautista. Según la versión oficial, las heridas fueron provocadas durante una riña con otro interno. [Volver]

126. Iba con su hermano y un amigo en coche. La versión policial es que fue un ajuste de cuenta entre los mismos jóvenes, lo que fue totalmente desmentido por los mismos, sus familiares y vecinos, a las pericias que determinaron que los disparos provenían del móvil en el que estaban los policías. Luego del ataque, los policías se dieron a la fuga Este claro caso de gatillo fácil, determinó la resolución judicial de juzgar al sargento primero Gino Balochi y al cabo primero Jaime Rúa. [Volver]

127. El 18 de enero Bruno es detenido. Presencia a violación de un chico y dio datos concretos sobre la participación de los uniformados. Bruno no quiso declarar ante los policías sobre este hecho, por lo cual se utilizó el método de la Cámara Gesell Al día siguiente de declarar, fue atropellado por una motocicleta conducida por un policía, lo que le provocó varias heridas, siendo denunciado este hecho por un defensor oficial de Chubut, Sergio Rey, obteniendo protección de testigo y siendo trasladado fuera de su provincia, a la cual regresa para tramitar su documento siendo entonces atacado y muerto de tres puñaladas, en un acto de extrema gravedad institucional. [Volver]

128. La detención se justificó por atentado y resistencia a la autoridad. Tras tomar intervención la fiscalía se ordenó efectuar la autopsia y así poder determinar la causa de esta muerte. [Volver]

129. Declaró que a las 22,30 Hs aproximadamente hubo una pelea en un domicilio del barrio Progreso, por el cual se llamó a la policía. Al llegar se lo llevaron esposado y en el patrullero le propinaron golpes de puño y patadas en el rostro y todo el cuerpo. El joven sin antecedentes y trabajador, al ser liberado decidió presentar la denuncia correspondiente. [Volver]

130. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo este periodista, los policías lo detienen junto a su amigo, los llevan a la comisaría y al decirles que es periodista y negarse a borrar la grabación fueron violentamente maltratados y golpeados, manteniéndolos incomunicados. Al ser liberados los obligan a firmar una declaración que fueron arrestados por encontrarse en estado de ebriedad. [Volver]

131. Reportó que al ser ingresados al calabozo, los policías informaron que uno de ellos era un violador, lo cual no era cierto, originó que los más de 20 reclusos que estaban en él los golpearan brutalmente. Según aclara, fueron demorados en la calle por los uniformados ya que no pudieron acreditar sus identidades al no tener consigo los documentos. [Volver]

132. Aparte de su declaración, aportó fotos en la que se lo ve ensangrentado y con cortes en el cuero cabelludo. Alejandro es profesor de equitación y declaró que en varias oportunidades encontró caballos que criaba en un lote en un campo cercano, propiedad del agresor, sargento Eduardo Marchoto, lo que denunció oportunamente en la policía local. Un vecino fue testigo de la golpiza sufrida por Alejandro y dio aviso a la policía local. [Volver]

133. Según Carlos Martínez Cherini, abogado de la causa, cuando lo fueron a buscar no lo querían mostrar, lo escondían para que no pudieran constatar los golpes que le provocaron entre otros daños una fractura cerca del ojo. Según declarara Matías, iba con su coche Fiat Palio por Circunvalación, con l Fue detenido en un control caminero y retenido durante tres días por "resistencia a la autoridad". Matías declaró que, iba con su coche Fiat Palio por Circunvalación, con la música a fuerte volumen por lo cual no escuchó cuando le dieron la voz de alto. Para unos metros más adelante, pide disculpas y comienza a ser golpeado. Uno de los policías le coloca encima dos cigarrillos de marihuana. [Volver]

134. Según el fiscal Carlos Matheu, "habría al menos una responsabilidad culposa", haciendo referencia a los indicios de la escena del hecho, que harían creer que el responsable de la guardia no cumplió con las consignas impuestas en estos casos que implican, entre otras cosas, sacarle los cordones y el cinto a las personas detenidas. Gonzalo estaba detenido acusado de robo calificado, y la causa de su muerte fue caratulada como muerte de etiología dudosa. [Volver]

135. La imputación fue decidida luego de que tres policías denunciaran a Márquez por supuestamente darles órdenes de realizar detenciones arbitrarias con el objetivo de elevar las estadísticas policiales, independientemente de que los aprehendidos hubieran cometido o no contravenciones o delitos. Los oficiales a cargo de Márquez habrían recibido directivas "de producir detenciones a fin de elevar las estadísticas, existan o no razones para proceder", "sobre la base de procedimientos no ajustados a la ley y por tanto ilegales que afectan y vulneran gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos", se lee en una de las denuncias. Al momento de las denuncias, Márquez se desempeñaba como jefe de División del Comando de Acción Preventiva (CAP) VIII [Volver]

136. El barrio está situado a una cuadra del Club Atlético Belgrano. El esposo de Sandra declaró que "el viernes a la noche estábamos dentro de casa con mi esposa y los chicos, y escuchamos disparos, yo me asomé a ver qué pasaba y vi policías. Cuando nos arrimamos una sobrina estaba tirada en el piso y cinco policías le querían sacar el celular con el que filmó el operativo y la violencia de los agentes". Sandra también lo había filmado, y ese es el "delito" por el cual pierde su vida. [Volver]

137. Detalla que sufren permanentes cortes de agua y electricidad en pabellones donde conviven 40 internos, los baños están inutilizables debido a las condiciones de higiene con materia fecal y orina por los pisos, la pérdida de la comida por la falta de electricidad la que se les echa a perder. Informa también que a internos de otras provincias les niegan la visita de sus familiares, aparte de los abusos permanentes de los cuales no se atreven a hablar por miedo a las represalias. [Volver]

138. Eran las 4,30 de la mañana cuando Pablo vio como dos policías maltrataban a un joven, al increparlos y decirles que no era necesaria la violencia e identificarse como periodista, requiriendo el nombre a uno de los agentes ya que carecía de la identificación correspondiente, lo esposaron y lo llevaron a la comisaría. Lo hicieron subir a una de las camionetas junto al joven, donde lo golpean mientras le dicen socarronamente "viste lo que pasa por preguntar". Estuvo detenido dos horas y media ya que sus colegas se movieron rápidamente haciendo público el hecho, llamando al fiscal y al jefe de la departamental. Al negarse a firmar el parte por el cual lo liberaban sin leerlo, lo encerraron nuevamente en el calabozo para que lo leyera allí. Por estos hechos le abrieron una causa por resistencia a la autoridad. Afirma que su historia es sumamente leve comparada con lo que deben sufrir los jóvenes de Alta Gracia a diario. [Volver]

139. Le pegaron una trompada a Noelia, hermana de Claudio quien estaba embarazada. Según la explicación policial, ambos jóvenes agredieron a los miembros de la fuerza. Este hecho se repite también en otros lugares, según denuncian los vecinos de "El Pueblito" en el barrio Márquez Anexo de la ciudad de Córdoba donde sufren permanentemente el maltrato policial. [Volver]

140. La denuncia fue radicada ante la justicia por Ramiro Ledesma quien reportó que el incidente ocurrió el domingo pasado en una comisaría de esa ciudad del sur cordobés. El caso es investigado por el fiscal de instrucción Daniel del Vo. Según Ledesma el incidente se produjo luego de que fueran demorados en la calle por la policía porque no pudieron identificarse dado que no llevaban sus documentos consigo. Además, el afectado relató que "luego los policías nos sacaron y, con el cambio de guardia, nos encerraron nuevamente con otro grupo de internos que tuvieron una actitud similar. Tengo lesiones en toda la cara y cuerpo. Por eso hicimos la denuncia", [Volver]

141. Dos guardiacárceles del penal de Bouwer fueron detenidos luego de encerrar en un horno de pan a un preso y picanearlo. Tras un examen médico practicado a la víctima, el fiscal Carlos Matheu detuvo el viernes pasado a los dos efectivos. Los imputó de severidades agravadas y vejámenes ilegales agravados por la supuesta tortura aplicada a un interno que trabaja en la panadería del penal. [Volver]

142. La versión oficial es que algunos reclusos se negaron a ser requisados, siendo atacado el personal penitenciario. No es esa la versión de familiares y organismos de derechos humanos, que denuncian la intervención del Equipo Táctico de operaciones Penitenciarias, una elite antimotines denominada "los hombres de negro". Sánchez de 30 años, estuvo esposado en la cama del hospital. Según la denuncia efectuada, hubo un especial ensañamiento con él y otros tres presos que intentaron impedir que siguieran pegándole. [Volver]

143. El hecho ha dado lugar a la denuncia penal por apremios ilegales, tortura e intento de homicidio. Presentaba al ser internado múltiples traumatismos de cráneo, hematomas, marcas en todo el cuerpo y lesiones pulmonares. Permaneció en terapia intensiva amarrado a la cama, hasta que fue liberado de las ataduras por orden judicial. En el penal acababa de terminar una huelga de hambre masiva, y un preso se coció los labios solicitando su traslado a cárceles de Buenos Aires, de donde es oriundo. [Volver]

144. Según el alcaide de la unidad, Manuel Dotto, la muerte ocurrió cerca de las 21 horas, en el sector A correspondiente a internos procesados y condenados, en momentos en que finalizaba el recreo y se cerraban las celdas. Dos internos se trenzan en una pelea de la cual Marcelo López de 23 años es herido con una chuza de fabricación casera (compuesta por el cuerpo de un encendedor como mango y el mango de una cuchara como hoja), y Rafael Núñez es herido a la altura de la tetilla izquierda siendo trasladado al hospital de Oberá donde fallece. Estaba a unos meses de poder acceder a la libertad condicional. [Volver]

145. Según la familia de la víctima, la policía le propinó una feroz golpiza, lo rocía de combustible y le prende fuego, aclarando que Cardozo no fumaba, y se encontró en su poder un encendedor. De acuerdo al jefe de la comisaría de San Carlos, se abrió un sumario interno para investigar los hechos. [Volver]

146. Por las preguntas supo que los uniformados buscaban datos sobre unas armas que habían desaparecido de una casa de campo. Luego le aplicaron descargas eléctricas con pistolas paralizantes. Según la madre de Joaquín, los vecinos vieron lo sucedido, hasta la luz de la picana, fue a la comisaría y allí le dijeron que su hijo se había escapado. Joaquín declaró que los policías tenían pasamontañas, le sacaron la ropa y le pegaron amenazando que la iban a matar a su esposa y a sus hijos. El hecho fue denunciado ante la fiscalía donde aportó el nombre de uno de los policías que lo agredió, y ante la delegación local de la secretaría de Derechos Humanos. [Volver]

147. Señala como responsables a un oficial y dos efectivos de la fuerza policial, los que habrían reducido al joven, introduciéndole un objeto por el recto. Al llevarlo junto con la madre del joven a ser revisado, lo atiende el médico de la policía Hugo Aloy, quien dice que fue abusado. Se pudo constatar que efectivamente un patrullero estaba en el lugar y según declaraciones se habrían dirigido al baño algunos de sus ocupantes. La denuncia fue realizada ante el juzgado de instrucción. [Volver]

148. El hecho ocurrió en la panadería del penal y fue reconocido por el director de la unidad, Santiago García, quien habría sancionado al agente. El incidente había sido registrado por las cámaras que hay en la unidad [Volver]

149. Luego es trasladado a la comisaría 31 donde continúan agrediéndolo hasta que pierde el conocimiento. Presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo tales como cara, abdomen, espalda y brazos. A las 7 de la mañana trataron de trasladarlo lo que fue impedido porque se presentó una abogada, a las 11 de la mañana lo llevan a la central de policía donde le levantan cargos por resistencia a la autoridad y supuesta ebriedad. Allí vuelve a desvanecerse, siendo entonces trasladado al Hospital Pablo Soria, donde recupera su libertad. [Volver]

150. Esta persona era una mujer a la que acusaban de haber tratado de introducir droga. Luego del episodio, alrededor de 10 policías entraron a la celda y golpearon salvajemente a Estévez provocándole diversas lesiones en todo el cuerpo. Logró identificar a dos de ellos, de apellido Sandi y Gatica. A la madre del joven le negaron la posibilidad de verlo durante varios días, y cuando lo logra constata el estado en que se encuentra, sucio, golpeado, con hambre y sed. [Volver]

151. Nunca le aclararon el porque de estos hechos, y siguió sufriendo permanentes amenazas en la que le afirmaban que su seguridad e integridad física correría peligro si no sea convertía en "un colaborador de la policía", a lo cual se niega. Keef es un trabajador víctima de la triquinosis, sus músculos se contraen si se ve expuesto a situaciones de nerviosismo. Ante de liberarlo lo obligan a firmar una declaración donde se asentaba que fue demorado. A raíz de este episodio, decide abandonar la provincia, ya que las amenazas continuaron posteriormente. [Volver]

152. Las lesiones recibidas fueron constatadas en el Hospital Central de la ciudad, donde debió ser hospitalizado a raíz de las torturas recibidas. Según denuncian distintos organismos de derechos humanos de la provincia, además de relatar los hechos, agregan que sigue procesado como sospechoso de robo, la policía le sustrajo todas sus pertenencias y documentos, comparando lo sufrido por Alejandro con hechos propios de la "escuela de la dictadura", ya que desgraciadamente los mismos son habituales en el accionar policial. [Volver]

153. El policía iba en su rodado y según declara aparecen cuatro "sujetos que pretenden robarle la bicicleta, diciendo que fue golpeado con un palo y es allí cuando saca su arma y comienza a disparar. Según una de las tías de Flores, éste quedó tirado en el suelo mientras el policía escapaba en su bicicleta por lo que varios vecinos salieron en su persecución hasta que paran a un patrullero que logra detenerlo, identificándose entonces como miembro de la fuerza. [Volver]

154. Según el director del servicio penitenciario de la provincia, Sebastián Sarmiento, Leonardo fue herido con un elemento punzante en el pecho, cerca de la tetilla izquierda, y falleció mientras era trasladado en ambulancia al Hospital Central. [Volver]

155. A la hora del recreo no quiso salir, y al regresar los internos a las 17 horas lo hallaron colgado de un palo que se utiliza para hacer ejercicio físico. Según el comunicado emitido por las autoridades del penal, se le realizó un chequeo y el cuerpo no presentaba "marcas ni de defensa ni de ataque". Cumplía condena por robo agravado, y le quedaban dos años de prisión. [Volver]

156. La tía de la víctima, Norma Vargas, manifestó que "Andrés murió porque la policía lo golpeó y lo tiró del patrullero. Acá en Corpus nadie averiguó que pasó con mi sobrino, nos hablan de democracia, de derechos humanos pero matan a nuestros hijos y tapan todo, es escalofriante". La familia denunció que esperaron mucho para trasladarlo al hospital, donde les dijeron que "no era nada y le hicieron unos puntos". Después lo trasladaron a Posadas pero ya estaba agonizando, estuvo 9 días en terapia intensiva. [Volver]

157. Fue fusilado por la espalda cuando intentaba escapar de un galpón donde custodiaba dos mil kilos de marihuana. Según trascendió en los medios, en ese lugar se escondían dos cabecillas de una banda de narcotraficantes de la que formaban parte miembros del servicio penitenciario federal. En la pericia realizada quedó probado que la víctima no portaba armas ni se le encontraron rastros de pólvora, por lo que se desprende que se lo trató de silenciar. Este fusilamiento se investiga junto a la mega causa iniciada en 2011 cuando gendarmería detuvo en la ruta 12 un camión con 2.300 kilos de marihuana. El vehículo pertenecía al servicio penitenciario federal. [Volver]

158. La LGBY (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) repudió y denunció públicamente los apremios ilegales, por este integrante de la comisión directiva de Misiones. [Volver]

159. Cuando estuvo en la comisaría fue llevado a la celda y es golpeado por un policía que lo dejó inconsciente. Una vez encerrado, lo dejaron quince horas sin atención médica alguna, siendo luego trasladado al hospital Ramón Madariaga de Posadas e internado en terapia intensiva. Este hecho dio lugar a una multitudinaria marcha en la que participaron organizaciones sociales, estudiantiles, políticas como repudio a este brutal accionar que sufren permanentemente los misioneros. La denuncia de lo sucedido la realiza Carlos Alberto Gómez, quien también sufriera apremios en la comisaría, siendo discapacitado. Denuncia también que le robaron el dinero, una tarjeta de débito con la que cobraba una ayuda social. Acusa a tres efectivos del Comando Radioeléctrico como los responsables de la brutal agresión a Paz y al cabo Amarilla quien es responsable de abandono de persona al dejar al joven sin atención médica. Por su parte los efectivos afirman que la grave lesión se la auto provocó Paz. [Volver]

160. Este joven fue testigo en 2010 en un juicio contra 27 guardias de la Unidad 11 de Neuquén, en relación a las torturas recibidas por los internos de dicho penal luego de que en abril del 2004 tomaran tres pabellones en protesta por los malos tratos sufridos por los internos y sus familiares, en especial por la madre de Ibazeta, no vidente, quien fue manoseada en la requisa. De los 27 penitenciarios juzgados, solo dos recibieron condena efectiva y a cuatro les dieron penas condicionales. Los restantes quedaron en libertad, al igual que el jefe de seguridad, Carlos Bronco quien actualmente está al frente de todos los penales de su provincia. Cuando se normalizó la situación en el penal, los agentes se tomaron revancha: durante tres días castigó con palazos, los internos eran desnudados y castigados con manguerazos de agua fría, mientras los obligaban a cantar el himno. Si se equivocaban les daban "fierrazos en las rodillas, los apilaban desnudos y les caminaban encima, les daban palazos en las plantas del pie. Además de su testimonio había presentado siete denuncias por tortura. Según María Acosta y Silvia Rodríguez, miembros de una ONG que lo visitaba, en la última reunión que tuvieron con él el día de su muerte, estaba muy nervioso a raíz de algunas actitudes de los guardias de los que sospechaba que lo iban a castigar mandándolo al buzón. A las 6 horas recibió los 24 puntazos que le ocasionaron la muerte. La guardia dijo que fue una pelea con los internos, pero lo curioso del caso es que la celda donde se encontraba [Volver]

161. El motivo de su protesta era la negativa recibida de ser trasladado al Juzgado de menores de Tartagal para tratar un tema referido a su hijo de seis meses de edad. Según el informe médico, Aguilar presentaba golpes, magulladuras, escoriaciones y hematomas en el cuello, la frente, la zona malar, la región lumbar y en su tobillo izquierdo. [Volver]

162. Por parte de la policia por la participación violenta de los integrantes de siete móviles, agregando que no fueron atendidos con la urgencia requerida por las lesiones en el hospital Güemes. Posteriormente fueron llevados a la clínica San Roque donde a Delale le diagnosticaron fractura de nariz, traumatismo craneal, coágulos y lesiones varias. [Volver]

163. Un primer informe policial hablaba de cuatro disparos, luego se supo que habían sido nueve los que impactaron en el cuerpo de la víctima. Según el autor del crimen, policía Hugo Vilte Cardozo declaró ante el juez que: "no sabe porque le disparó". Fue atendido en el hospital San Bernardo. [Volver]

164. Fue acusado de robo, alojado en la Brigada de Investigaciones donde otras madres le advierten que siempre los detenidos son golpeados. El joven es trasladado a la cárcel de Orán y una vez en su celda, esposado, ingresaron tres penitenciarios encapuchados que lo golpearon. Cuando logra ver a su hijo tenía moretones por todo el cuerpo, sumamente callado y temeroso. [Volver]

165. En Rosario hay 540 personas detenidas en comisarías, cuando la capacidad apenas alcanza para 220. Otros 320 presos permanecen en alcaidías del Servicio Penitenciario (SP). El dato, que da cuenta de las "condiciones infrahumanas" de los privados de la libertad, se desprende de un informe elaborado en marzo pasado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). En toda la provincia, el número de "hacinados" asciende a 1600. En consecuencia, sólo el 60 por ciento de 4300 presos en Santa Fe está bajo la órbita del SP. [Volver]

166. En el departamento judicial que comprende a Rosario y el Gran Rosario, se produjeron 183 homicidios, uno cada dos días. La amplísima mayoría (155 casos) ocurrió en el marco de "cuestiones interpersonales": peleas, ajustes de cuentas narco y disputas territoriales entre bandas. Las estadísticas marcan además un 15 por ciento de aumento respecto a 2011. Todas surgen de un relevamiento de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Según se desprende de estos números, la tendencia al alza se ve reflejada también en la tasa de homicidios: en 2011, la marca fue de 13,8 muertes cada 100.000 habitantes; en 2012, ese número se elevó a 15,5 cada 100.000. Otra arista relevante es que en su mayoría las víctimas son hombres jóvenes y de mediana edad: el 70 por ciento de los asesinados tenían entre 16 y 40 años. El porcentaje se repite en lo que respecta al tipo de arma utilizada: más de siete de cada diez homicidios fueron consumados con un arma de fuego. Hay otro dato estadístico que expone la relación directa que existe en Rosario entre los homicidios y los ajustes de cuentas, muchos de ellos vinculados al narcotráfico. Tan sólo 23 casos sobre el total de asesinatos se produjeron en ocasión de robo, lo que representa un 12 por ciento. En el informe presentado por la Dirección de Análisis Criminal se detalla también que un 60 por ciento de los homicidios perpetrados en 2012 están "camino a esclarecerse" porque tienen detenidos. [Volver]

167. Penado a seis años por disparar en 2010 contra la casa de una vecina. El 15 de febrero de este año, Gumersinda Ojeda, la denunciante, se presentó ante la secretaría para declarar que Sandoval no era quien había disparado. Dijo que en aquel momento, advertida del error, se había presentado en la seccional 23 de Santa Fe. "Me dijeron que ya no se podía hacer nada y que igual él merecía estar preso", sostuvo Ojeda. Desesperada, fue a la Defensoría 5, que había participado (nominalmente) del caso (se trata del equipo de defensores del antiguo sistema, dependientes del procurador). "Me dijeron que no se podía hacer nada", repitió la mujer. Fue entonces con la madre de Sandoval al Juzgado de Sentencia. Le respondieron que la sentencia estaba firme y no se podía hacer nada. Acudieron a la Fiscalía, con la misma y obvia respuesta. Falto de defensor, Sandoval designó a un abogado particular, quien presentó ante la Corte un recurso de revisión (para que se revisara el caso) de unas pocas líneas y sin fundamentar. La Corte, en lugar de intimar al abogado a que fundamentara, rechazó el pedido (rechazo que es opuesto a jurisprudencia de la Corte Suprema nacional que, en términos llanos, sostiene que la defensa no sólo debe estar presente sino que además debe defender, y bien). Con semejante panorama, la secretaría pidió la intervención de la Defensoría Provincial. [Volver]

168. Relatan que "los guardiacárceles ingresaron a su celda, lo trabaron con escudos y lo maltrataron física y psicológicamente mediante insultos y vejaciones". Asuntos Internos del servicio penitenciario realiza una investigación, de la cual "surge elementos de cargo que expusieron una clara situación de maltrato". [Volver]

169. La acusación es notable si se considera que la Defensoría Provincial es autónoma de la Corte y de la Procuración, creada por Ley 13.014, de 2009, luego de la intervención de la Comisión Interamericana de DD.HH. en el caso Godoy, un albañil detenido durante 19 años luego de declarar bajo tortura y sin contar con defensor. Ganón fue designado en abril de 2011, pero quedó solo porque no le nombraron defensores. El defensor provincial tomó una serie de casos de torturas y/o causas armadas aceptadas por el juez de turno sin que hubiera presente un defensor y presentó hábeas corpus o reclamó nulidades. La Corte, habituada al sistema anterior, de defensores bajo las órdenes de un fiscal, lo acusó de excederse en sus funciones y presentó un pedido de juicio político a la Legislatura, sin tener atribuciones para hacerlo. [Volver]

170. Presentaba un ojo totalmente cerrado donde debieron aplicarle ocho puntos de sutura con el riesgo de desprendimiento de la retina. En la declaración expone que hace siete meses que está separado de su ex pareja, la que realizó una serie de denuncias que están archivadas, manteniendo un régimen de visitas con su hijo de 3 años. Imprevistamente un patrullero va a la casa de su tío y preguntan por él, familiares de su ex pareja lo acusaban de haber arrojado líquido de frenos en el auto de una amiga de ésta, vienen refuerzos y comienzan a golpearlo a él y a su hermano, luego al intervenir su padre también es castigado para luego trasladarlos a la comisaría 14 donde los siguen golpeando, denunciando especialmente a un policía al que llamaban "Rambo". Nahuel y su hermano Sergio son trasladados al hospital con custodia donde los tienen unas horas para luego volverlos a llevar a la comisaría. [Volver]

171. Como ya señaló este diario, en el ambiente policial hablan de "blanqueo", que consiste en sacar de la cancha a narcos muy quemados y con los que hubo connivencia durante un largo período. La Justicia tendrá que investigar si eso es lo que ocurrió -o no- bajo la conducción del ahora preso ex jefe de la policía provincial. Desde la cárcel de Piñero, Ascaini da su versión, en diálogo con el diario local: "No soy narco, fui "embagayado" (plantaron pruebas falsas) por la policía santafesina, por el comisario Alejandro Druetta y su gente. En mi causa no hay escuchas hablando con policías, no hay escuchas porque la fiscal no tiene nada. Hoy se vende droga a una cuadra y media de la comisaría de Villa Cañas". [Volver]

172. En ese marco, resultaba llamativo que los casos de abusos sexuales van en creciente aumento, pues el 11.5% de los detenidos están acusados por ese delito. Los 16 sujetos imputados tienen entre 18 y casi 60 años, reseñaron fuentes policiales. La mayoría de ellos están a la espera de ser indagados o de que se resuelva su situación en los Juzgados del Crimen donde están radicadas sus respectivas causas, pues en caso de ser procesados serán enviados al Penal de Varones. Otro dato llamativo es que, a partir de este año, comenzaron a contabilizarse los detenidos por casos de violencia de género. La aprobación y promulgación de la ley provincial N 7032, a fines del año pasado, significó que se le diera otro trámite y se produjeran más detenciones de personas que fueron denunciadas por agredir a sus parejas o hijos. [Volver]

173. Al parecer, la víctima había sido procesada por una causa sobre "homicidio en grado de tentativa" y supuesta tenencia de drogas, añadieron los voceros al sitio" El Liberal". El incidente sobrevino cerca de las 17.30, cuando los guardiacárceles lo sorprendieron colgado de una sábana en la celda. De inmediato, hubo un despliegue de enfermeros y médicos que asistieron a Gallo, mientras una ambulancia arribaba y luego lo trasladaba a Urgencias del Hospital Regional. En el nosocomio se hizo lo imposible, mediante masajes de reanimación y suministro de oxígeno. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron vanos. Trascendió que el juez de feria, doctor Ramón Tarchini Saavedra, habría ordenado que se le realice la autopsia, a fin de determinar las causas reales del fallecimiento. [Volver]

174. A partir del hallazgo del cuerpo, los demás reclusos iniciaron un motín para protestar "por la falta de contención". Este muchacho ya había tenido dos intentos de suicidio. Cepeda cumplía una condena de cinco años de prisión por asalto a mano armada. El tribunal que lo condenó ordenó que siguiera un tratamiento psicoterapéutico por su adicción a las drogas. Sin embargo según sus compañeros, "no fue seguido ni atendido como corresponde, por eso terminó como terminó", denunciando que en el penal nadie se ocupa de ellos ni hay planes de reinserción social. Una vez controlado el motín, las autoridades declararon la emergencia del Servicio Penitenciario. [Volver]

175. Provocándole traumatismo de cráneo, derrame del ojo derecho y múltiples hematomas. Según su testimonio, le caminaron sobre las piernas y espalda clavándole las botas, la patearon "incontables veces". Viviana es vendedora ambulante, madre de cuatro hijos, de condición humilde, vive en el barrio Juan XXIII, conocido como "La Bombilla", uno de los más pobres de la provincia. La denuncia fue presentada el 16 de agosto, por delitos de tortura, trato cruel y degradante contra los policías que cumplían funciones en la comisaría 5 el 11 de agosto. De acuerdo a la presentación, por los vejámenes también corresponde imputar a los funcionarios de supermercado, ya que se la invitó a retirarse y como se negara la llevaron a un cuarto donde la tenían boca abajo, con los pies y manos precintados [Volver]


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