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26may16


El estado de las cárceles, otra vez a la Corte Interamericana


En el marco del 158 período de sesiones extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrollará en Santiago de Chile en la segunda semana de junio, participará el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez y lo hará abordando la situación de los derechos humanos de los detenidos en la provincia.

Precisamente la situación de las personas privadas de su libertad en las cárceles mendocinas ha motivado acciones internacionales, entre otras la recordada presencia de Amnesty International, el Grupo de Detención Arbitraria de ONU y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

Según los datos estimativos, la población carcelaria en Mendoza es más de 4.000 personas, de las cuales algo menos de la mitad se encuentran alojados en calidad de procesados, es decir sin condena.

El trámite que permitió incluir el tema dentro de las audiencias del encuentro en Chile se originó en una nota que, con la firma del profesional mendocino, fue enviada a la comisión el pasado 26 de abril y que tuvo respuesta el 7 de este mes, donde se comunica que la "CIDH ha decidido convocarlo a una audiencia el 9 de junio de 2016, de 11 a 12".

Durante esa audiencia se hablará de problemas que no son nuevos, sino que se han reiterado en el tiempo. Hace 11 años se mencionaba el hacinamiento, las condiciones sanitarias deplorables, una atención médica inadecuada y el reiterado maltrato del personal, entre otros. Pero en 2010, este organismo internacional "levantó las medidas provisionales" dictadas para las Penitenciarías de la provincia de Mendoza.

Sin embargo, el pasado octubre, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la Asociación Civil Xumec interpusieron un hábeas corpus colectivo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por el estado de todos los establecimientos penales penitenciarios, donde durante 2013 y 2014 hubo 14 internos muertos.

Esa presentación, avalada por organizaciones cercanas al kirchnerismo, dio origen a un fallo de la Corte provincial que se conoció en diciembre, apenas asumió el radical Alfredo Cornejo como gobernador, y generó un choque entre ambos poderes porque ponía límites a las prisiones preventivas, apuntando básicamente a que no se prolongara la estadía en la cárcel de personas sin condena y también a liberar algo de espacio.

Ese fallo finalmente quedó en suspenso porque el procurador de la Suprema Corte, Rodolfo González, también lo objetó y ahora debe definir el Máximo Tribunal nacional.

Pero mientras esa restricción de las prisiones preventivas espera su turno para ser tratado en Buenos Aires, en Mendoza la Legislatura está por convertir en ley un proyecto impulsado por Cornejo que busca todo lo contrario: dejar detenidos hasta su juicio a los reincidentes y a los pescados in fraganti cuando cometan un delito, entre otros.

La delegación mendocina también la integrarán Lucas Lecour, como presidente de Xumec: el padre Roberto Juárez, capellán de la cárcel; Fabricio Imparato, de la Procuraduría de Personas Privadas de Libertad de la Provincia; Pablo Flores, actor y docente en San Felipe para menores adultos e Ignacio Boulin Victoria, por el Centro Latinoamericano de los Derechos Humanos.

Durante el encuentro en Chile de la CIDH, además se tratarán temas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América del Sur; la salud y acceso a medicamentos en Venezuela; por la actividad minera en Brasil y por los derrames de petróleo en Perú. También se hablará sobre problemáticas referidas al medio ambiente, economía y el derecho a la libertad de expresión y normas penales sobre difamación en América del Sur.

En crisis, pide ayuda a la OEA

La CIDH anunció que suspende todas las visitas y audiencias previstas para este año y que tendrá que despedir al 40% de su personal en julio si los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no aportan fondos de manera urgente para paliar la peor crisis financiera de su historia.

El comunicado señala que "la Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y no se cuenta en estos momentos con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos", para finalizar destacando que para evitar esta "situación catastrófica", la comisión llama a los Estados miembro, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros "urgentes y de libre disposición" para aliviar esta "crisis financiera extrema", al tiempo que pide a la OEA que aumente su dotación anual.

[Fuente: Por Eduardo Luis Ayassa, Los Andes, Mendoza, 26may16]

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