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DERECHOS


16jul10


Informe sobre la evolución de las causas por crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria


Corte Suprema de Justicia de la Nacin
Repblica Argentina

Delitos de lesa humanidad
Informe sobre la evolución de las causas

Actualizado al 16 de julio de 2010

Introducción

El presente documento tiene por objeto informar a la opinión pública acerca de los actos jurisdiccionales y organizativos realizados por el Poder Judicial de la Nación para impulsar los juicios relativos a los delitos de "lesa humanidad", que se llevan adelante en todo el país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencias que removieron los obstáculos para que estas investigaciones se lleven adelante. En la causa "Arancibia Clavel", se declaró que los delitos de lesa humanidad no prescriben; en "Simón", se dispuso que las leyes de "punto final" y de "obediencia debida" son inconstitucionales y, finalmente, en "Mazzeo", hubo una declaración de inconstitucionalidad de los indultos. La Corte declaró entonces que en los delitos de lesa humanidad no hay prescripción, ni amnistía, ni indulto posible, lo cual permitió la reapertura de todos los procesos que se habían presentado en diversas jurisdicciones de la Nación.

Estas sentencias permitieron encarar el proceso más importante que se ha realizado en el mundo acerca de la investigación de delitos de lesa humanidad, teniendo en cuenta la profundidad y la extensión de las causas. Esta característica hizo que hubiera que enfrentar desafíos importantísimos en el ámbito de la organización de los procesos, que fueron y están siendo trabajosamente superados, de lo que se da cuenta en este informe. Los procesos:

Este informe no contiene valoración alguna en relación al contenido de los juicios que se llevan a cabo, ni sería posible que se la hiciera, toda vez que ello pertenece al ámbito de independencia que cada juez tiene respecto de la causa. En este tema, la Corte ha insistido en que todas las garantías constitucionales relativas al debido proceso y al juzgamiento imparcial deben ser rigurosamente respetadas.

Un aspecto diferente es la organización de los procesos a los fines de brindar un buen servicio de justicia a los ciudadanos involucrados. Esta cuestión se volvió relevante apenas se dictaron las sentencias referidas, pues no había suficientes jueces ni empleados, tampoco espacios físicos, ni se contaba con elementos técnicos para llevar adelante semejante tarea en todo el país.

Creación de la Unidad de Superintendencia. La Comisión Interpoderes:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la acordada 42/08 que dispuso crear la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, con el fin de asistir y detectar los problemas que obstaculizan la prosecución de los juicios.

A su vez, se convocó a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, integrada por miembros de distintos poderes del Estado.

El fundamento de esta decisión es que la organización del servicio de justicia, en estos aspectos, es una cuestión que involucra a todos los poderes del Estado y por esa razón se invitó a participar a miembros de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura, todo bajo la coordinación de la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema, de la que depende la unidad de superintendencia.

Esta Comisión hizo un trabajo de enorme importancia y de gran valor para poner en marcha el sistema y, en ese sentido, cabe señalar la importante colaboración prestada por las personas que la integran. También, cabe destacar la coordinación ejercida por la Secretaría General y de Gestión enfocada hacia la solución de una enorme cantidad de aspectos decisivos para lograr el impulso de los procesos.

Dificultades señaladas por la Comisión:

La Comisión encontró dificultades operativas, algunas de las cuales se fueron solucionando y otras continúan pendientes. Básicamente, fueron las siguientes:

Falta de jueces

Ante el creciente inconveniente relacionado con la falta de magistrados en las distintas jurisdicciones federales, la Corte dictó la Acordada 37/09, que procuró solucionar los problemas generados por la falta de integración de varios tribunales y dispuso para ello la convocatoria a jueces de localidades vecinas.

En mayo de 2008, por ley 26.371, se creó la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y se delimitó la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal, a los casos donde se tramiten exclusivamente los recursos de su especialidad provenientes de la justicia federal.

Cabe observar que los concursos convocados para cubrir las vacantes señaladas aún no han finalizado a pesar del exiguo plazo fijado por la ley citada en razón de la urgencia (120 días) a los efectos de descomprimir la administración de justicia en materia federal.

El Poder Ejecutivo Nacional, en abril de 2009, remitió un proyecto de ley para la creación de tribunales orales federales en Capital Federal (2), Córdoba (1), La Plata (1), Rosario (1) y Salta (1). Asimismo, propició la creación de fiscalías y defensorías para esos tribunales. Esta iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación emitido con fecha del 14 de marzo de 2010.

El Consejo de la Magistratura está promoviendo varios concursos que inciden directamente en la tramitación de causas por crímenes de lesa humanidad. Esto es así porque en algunas dependencias vacantes se tramitan causas de este tipo y en las que ello no sucede, los magistrados que ocupen esos cargos podrían subrogar en otros juzgados donde éstas se encuentran radicadas.

Falta de personal

Luego de las gestiones realizadas entre 2008 y 2010, se logró que se aprobara el presupuesto con nuevos contratos para la designación del personal necesario para la tramitación de las causas. A fin de contribuir a paliar las falencias que se detectaron desde lo funcional, se otorgaron más de 280 contratos, que en su mayoría pertenecen a los cargos de prosecretarios, secretarios de juzgados y secretarios de cámara.

Falta de espacio físico

La carencia de espacios físicos resulta significativa en numerosas jurisdicciones, debido a lo inadecuado del ámbito para el trabajo los agentes judiciales y la falta de lugares apropiados para la realización de las audiencias, a las que concurre gran cantidad de personas. Este problema sigue siendo muy difícil de solucionar. En lo concerniente a pedidos de espacio físico, se procedió, con la colaboración del Consejo de la Magistratura y la Cámara Nacional de Casación Penal, a distribuir las salas disponibles en el edificio de "Comodoro Py 2002" y a dotarlas de los medios técnicos imprescindibles para llevar adelante los juicios. En otras jurisdicciones, tales inconvenientes fueron solucionándose por medio de diferentes alternativas (alquileres o préstamos de salones y equipamiento de audio y video).

Cuestiones pendientes de solución:

Designación de jueces faltantes

Actualmente constituyen un número importante los magistrados que no han sido nombrados y la carga de causas sobre los tribunales que están en funciones es excesiva y demora el desarrollo de los juicios.

Habilitación de espacios

La realización de las audiencias de juicios orales en todas las jurisdicciones requiere de salas con buenas condiciones para todos los involucrados directamente en los procesos, así como para el público interesado en presenciar las sesiones. También las salas deben disponer de los recursos tecnológicos imprescindibles para el buen funcionamiento de los tribunales.

Agilización y coordinación

Por último cabe señalar que es de vital importancia el compromiso de los magistrados y funcionarios que intervienen en las causas por crímenes de lesa humanidad, tendiente a lograr en el menor tiempo posible el progreso de las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate fijada, procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes y el inútil dispendio jurisdiccional en los órganos encargados de la administración de justicia. A tal efecto, se deberá procurar seguir los planes fijados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y/o toda otra propuesta superadora para el logro de esos fines.

Tal cometido no hará más que reafirmar el impulso de los juicios de los crímenes de lesa humanidad, declarado "Política de Estado" por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Transparencia, documentación y comunicación con la prensa

Estos procesos deben ser conocidos ampliamente por su valor histórico y el carácter pedagógico que tienen, así como también para satisfacer el derecho a la información por parte de los ciudadanos.

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En el marco de lo dispuesto por la Acordada 29/08, con el objetivo de garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública, la Corte promovió la difusión radial y televisiva de los "actos iniciales", "los alegatos", "la discusión final" y "la lectura de sentencia, en su parte dispositiva y fundamentos" de las causas elevadas a juicio oral.

En ese contexto, se suscribió un convenio con la Escuela de Cine (ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), para que personal de esa entidad se haga cargo de todos los registros de audio y video de las audiencias que, en principio, se celebran en la ciudad de Buenos Aires. A su vez, cabe mencionar que la Corte Suprema, a través de la Dirección General de Prensa y Comunicación, ofrece a los tribunales que sustancian estas causas asistencia para las relaciones con los periodistas, de manera que estos últimos puedan estar presentes en determinadas sesiones de los juicios y reciban información.

El Centro de Información Judicial: acceso por Internet

La información pública es una política de Estado del Poder Judicial y es un instrumento muy apropiado para que los ciudadanos puedan seguir la evolución de las causas. El Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar) ha creado un micrositio destinado a los juicios de "Lesa Humanidad". Allí se accede a un mapa del país y haciendo un "clic" en cada provincia se puede ver qué causas se están desarrollando. Además, existen sitios especiales para las megacausas conocidas como Primer Cuerpo de Ejército y Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en los cuales los jueces explican en detalle los pasos procesales que se están cumpliendo. Este instrumento permite que cualquier persona, en cualquier lugar del país o del exterior, acceda a una información actualizada sobre la evolución de los juicios.

Causas juzgadas a partir de 2006

>>"Simón, Julio Héctor"- (Causas 1056/06 y 1207/06)

El 4 agosto de 2006, el ex suboficial de la Policía Federal Julio Héctor Simón fue condenado por el Tribunal Oral Federal N 5 de la Capital Federal a 25 años de prisión, por la detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik y por la ocultación de una menor, hija del matrimonio, que en ese momento tenía ocho meses de edad.

En la tarde del 27 de noviembre de 1978, José Liborio Poblete Rosa, su esposa, Gertrudis Marta Hlaczik y la hija de ambos, Claudia Víctoria Poblete, fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como "El Olimpo" -dependiente del Primer Cuerpo del Ejército- donde el matrimonio fue torturado por distintas personas, entre las que se encontraba Simón. Allí permanecieron alrededor de dos meses, hasta que fueron sacados del lugar sin que se tengan, hasta el presente, noticias de su paradero.

>>"Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado- (Causa 2251/06)

En septiembre de 2006, el Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata condenó al ex comisario de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legal y costas, por la detención ilegal, tortura y homicidio en relación con seis desapariciones.

Etchecolatz fue Director General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre el 5 de mayo de 1976 y el 28 de febrero de 1979 y cumplió un rol clave dentro de la estructura represiva ilegal.

Está acreditada en esta causa, así como en la causa N 44 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la responsabilidad que le correspondió a Etchecolatz en el sistema de centros clandestinos de esta región.

>>"Von Wernich, Christian Federico- (Causa 2506/07)

El 9 de octubre de 2007, el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Federico Von Wernich, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata, por su participación en 7 homicidios, 42 secuestros y 31 casos de tortura. Von Wernich fue capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando su titular era Ramón Camps

Este sacerdote fue acusado de obtener información y entregarla a los militares que actuaban en la represión ilegal.

>>"Guerrieri, Pascual y otros s/ priv. ilegítima de la libertad personal", conocida como Nicolaides, Cristino - (Causa 16307/06)

El Juzgado Federal N 4 condenó, en diciembre de 2007, a 25 años de prisión al ex jefe del Ejército y del Tercer Cuerpo, Cristino Nicolaides, por los secuestros y las desapariciones de cinco miembros de Montoneros entre 1979 y 1980, cuando esa agrupación lanzó la operación conocida como "contraofensiva".

Los delitos penados fueron el secuestro y desaparición de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carabajal, Lía María Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Tolchinsky, quien sobrevivió a los hechos.

La sentencia también condenó a 25 años de prisión a Luis Jorge Arias Duval y Santiago Hoya; a 23 años de prisión a Juan Carlos Gualco, Waldo Roldán y Julio Simón; a 21 años de prisión a Carlos Fontana y a 20 años de prisión a Pascual Guerrieri. Con excepción de Simón, los demás cumplen prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años.

>>"Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ privación ilegítima de la libertad - Primer Cuerpo de Ejército - "Masacre de Fátima"- (Causa 16441/02)

Estos hechos cometidos en el ámbito del I Cuerpo de Ejército fueron juzgados por el Tribunal Oral Federal N 5 de la Capital Federal. Se condenó con fecha 18 de julio de 2008, a Juan Carlos Lapuyole y a Carlos Enrique Gallote -ambos policías retirados- a la pena de prisión perpetua por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, hecho que se conoce como "Masacre de Fátima".

Esa denominación refiere a la aparición de treinta cuerpos que fueron dinamitados en horas de la madrugada del 20 de agosto de 1976 en Fátima, a la altura de la ruta N 8 Km. 62, en el camino que une la mencionada localidad con la ruta provincial N 6 de la provincia de Buenos Aires.

>>"Menéndez Luciano Benjamín; Rodríguez Hermes Oscar; Acosta Jorge Exequiel; Manzanelli Luis Alberto; Vega Carlos Alberto; Díaz Carlos Alberto; Lardone Ricardo Alberto Ramón; Padovan Oreste Valentín p.ss.aa. Privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados; homicidio agravado", conocida como "Brandalisis, Humberto y otros". (Causa 40/08)

El 31 de julio de 2008, el Tribunal Oral Federal N 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua a Luciano B. Menéndez, Carlos Alberto Díaz, Oreste V. Padován y Ricardo Lardone, por el secuestro, desaparición, torturas y asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, todos ellos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Por los mismos hechos, condenó a veintidós años de prisión a Jorge E. Acosta, Luis A. Manzanelli y Hermes Oscar Rodríguez. Por su parte, Carlos Alberto Vega, recibió una pena de 18 años de prisión.

>>"Nicolaides Cristino, De Marchi Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Carlos Roberto, Reynoso Raúl Alfredo p/sup. asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y de tormentos", conocida como "De Marchi Juan Carlos y otros" . (Causa 460/06)

El juicio se realizó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por sucesos ocurridos en el ámbito del Regimiento de Infantería N 9 con asiento en la mencionada provincia. También fue imputado Cristino Nicolaides, quien fuera posteriormente apartado de la causa por razones de salud.

El 6 de agosto de 2008, se condenó a Juan Carlos de Marchi, Julio Barreiro, Horacio Losito y Raúl Reynoso y se absolvió a Carlos Piriz. El ex coronel Rafael Barreiro, quien cumplía funciones de mando militar al momento de ser detenido en el año 2004, fue sentenciado a cadena perpetua por la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, en perjuicio de Rómulo Artieda. Al ex capitán Juan Carlos De Marchi, le correspondieron 25 años. Igual pena recibió otro ex coronel, Horacio Losito, quien fue puesto en disponibilidad en 2003. Estos últimos fueron condenados por asociación ilícita y por ser coautores del delito de privación ilegítima de la libertad en 11 y 10 casos respectivamente. En tanto, el ex oficial de Gendarmería Raúl Reynoso, fue condenado a 18 años de prisión, por el delito de asociación ilícita.

>>"Comes, César Miguel y Mariani, Hipólito Rafael", conocida como Mansión Seré y "Barda, Pedro Alberto", conocida como Área Mar del Plata - (Causa 1170 - A)

Los integrantes del Tribunal Oral Federal N 5 de la Capital Federal, con fecha 5 de noviembre de 2008, condenaron a prisión perpetua a Pedro Alberto Barda, ex coronel que estaba acusado por la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de Analía Magliaro y Jorge Candeloro, así como por el secuestro y tortura de Marta García de Candeloro. Asimismo, condenaron a 25 años de prisión a César Miguel Comes e Hipólito Rafael Mariano - ambos ex brigadieres de la Fuerza Aérea- por los sucesos ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, conocido como "Mansión Seré" y en el centro clandestino que funcionaba en la Base Aérea de Mar del Plata, Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601) conocido como "La Cueva", ubicado en la vieja estación de radar dependiente de la Base Aeronáutica de Mar del Plata, operado por personal del Ejército. El control operacional de Mansión Seré, fue cedido por el Primer Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea Argentina mediante la Orden Provincial 2/76 del Comando de Operaciones Aéreas, hecho que implicó el accionar autónomo de la citada fuerza sobre la zona geográfica compuesta por los Partidos de Morón, Moreno y Merlo, donde funcionaban los siguientes centros clandestinos de detención: "Comisaría 3 de Morón", "Brigada Aérea del Palomar", "Mansión Seré" o "Atila" y "Hospital Posadas".

>>"Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delitos contra la libertad y otros" (Causa 666/08)

El 8 de febrero de 2009, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a ocho ex militares y ordenó que se mantengan las actuales condiciones de detención oportunamente dispuestas por el Tribunal en la unidad penal 5 de General Roca. El ex general de Brigada Enrique Braulio Olea, responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros de Montaña 181, fue condenado a 25 años de prisión por ser participe necesario de privación ilegítima de la libertad agravada (17 hechos), tormentos y asociación ilícita.

Igual condena recayó sobre los ex coroneles Mario Alberto Gómez Arenas -entonces jefe del Destacamento Inteligencia- y Oscar Lorenzo Reinhold -quien se desempeñaba como jefe del Comando de Brigada de la Subzona 52- por los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, tormentos físicos y psíquicos, por ser las víctimas perseguidos políticos, violación de domicilio, robo y asociación ilícita.

Al ex coronel Reinhold, se lo condenó también por el delito de coacción. El Tribunal condenó a 22 años de prisión al entonces mayor Luis Alberto Farías Barrera -quien actuaba como jefe de la División Personal del mismo Comando- por ser autor de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación de domicilio y robo. Asimismo, condenó a 21 años de prisión a los ex oficiales de Inteligencia, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín por ser partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por el uso de violencia, violación de domicilio y robo (17 hechos) y asociación ilícita.

Por su parte, se condenó al médico Hilarión de la Pas Sosa -quien se desempeñaba como Jefe de Sanidad del Comando- a 20 años de prisión por ser partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y asociación ilícita. Este médico, prestaba servicio en el centro clandestino denominado "La Escuelita", ubicado en inmediaciones del Batallón de Ingenieros 181 de la ciudad de Neuquén.

Por último, el tribunal condenó a 7 años de prisión, al ex suboficial de Inteligencia, Julio Francisco Oviedo por los delitos de privación ilegítima de la libertad (1 hecho) y asociación ilícita.

>>"Fiscal s/ Av. Delito (Fiochetti, Graciela)" y sus acumulados Expte. 771-F-06 "Fiscal s/ Av. Inf. Art. 142 bis del Código Penal" (Pedro Valentín Ledesma); Expte. 864-F-06 "Fiscal s/ Av. Infr. Art. 142 bis del Código Penal" (Santana Alcaraz) y Expte. 859-F-06 Fernández, Víctor Carlos denuncia apremios ilegales- (Causa 1914/07)

El 14 de abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a cinco ex militares y ex policías locales a la pena de prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, todos agravados. La sentencia recayó sobre Miguel Ángel Fernández, Carlos Esteban Plá, Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco.

Los nombrados fueron condenados en la causa que investigó el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledesma y "Sandro" Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández, quien logró sobrevivir.

>>"Cuenca, José María s/ tormentos agravados (11 hechos) y Gómez, Rubén Alberto s/ tormentos agravados (18 hechos)"- (Causa 30/09)

Los ex oficiales penitenciarios José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez fueron sentenciados el martes 30 de junio de 2009 a las penas de 20 y 23 años de prisión, respectivamente, por la comisión de delitos de lesa humanidad, llevados a cabo durante el último gobierno militar, en el Penal Federal de Candelaria, en la provincia de Misiones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas determinó que Gómez fue autor de tormentos agravados en 18 casos y Cuenca en otros 11, cometidos contra Augusto Gilberto Speratti, Hilarión Félix Barrios, Francisco Félix Barrios, Aureliano Gauto, Ricardo Horacio Coutuné, Carlos Alberto Bajura, Ricardo Alfredo Ortellado, Mario Julio Gómez, Jorge Armando González, Esteban Antonio Cartago Lozina, Enrique Igor Peczak, Alipio Cardozo, Toribio Gómez, Florentín Lencinas, Néstor Abel Monllor, Julio Hippler, Sergio Sobol y Aníbal Rigoberto Velázquez. Todas estas personas fueron secuestradas y luego trasladadas a distintos centros clandestinos de detención. Luego fueron alojadas en la Unidad 17 "Candelaria" del Servicio Penitenciario Federal, en calidad de presos políticos a partir del mes de octubre del año 1976.

En dicha Unidad Penal, Gómez y Cuenca -oficiales penitenciarios encargados de su custodia- los sometieron en forma constante y sistemática a tormentos o martirios de diversa índole, que les provocaron grandes secuelas tanto físicas como psíquicas.

>>"Labolita, Carlos Orlando y D'Alessandro de Labolita Rosa s/ querella" - (Causa 2200)

El Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata con fecha 3 de julio de 2009 condenó a prisión perpetua al ex general retirado Pedro Mansilla por el secuestro, tormentos y homicidio de Carlos Labolita y absolvió al coronel en actividad Alejandro Duret.

Labolita era un joven de 24 años que militaba en la Juventud Universitaria Peronista y que fue secuestrado el 25 de abril de 1976 en la ciudad bonaerense de Las Flores, cuando trataba de gestionar la liberación de su padre -llamado Carlos Orlando Labolita- , que había sido secuestrado y que permaneció en prisión hasta 1980. En cambio, el joven fue detenido en la casa paterna y trasladado al regimiento de Azul, donde era jefe el coronel Mansilla y el entonces teniente Duret cumplía funciones de Inteligencia.

>>"Vargas Aignasse s/secuestro y desaparición"- (Causa 03/08)

El 4 de septiembre de 2009, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y a Antonio Bussi, por la privación ilegitima de la libertad, homicidio agravado por alevosía, asociación ilícita y tormentos cometidos con el objetivo de lograr la impunidad, de Guillermo Claudio Vargas Aignasse, quien a la fecha de su secuestro tenía 35 años, era licenciado en Física y ejercía como senador de esa provincia, en representación del "FREJULI". Vargas Aignasse fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando Bussi era jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército y Menéndez revistaba como jefe del III Cuerpo de esa fuerza.

>>"Riveros, Santiago Omar y otros seguidas por los delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, reiterada en dos oportunidades y tormentos reiterados en dos oportunidades, uno de ellos seguido de muerte y homicidio, en concurso- (Causa 2005 y su acumulada 2044)

Con fecha 20 de abril de 2009, el Tribunal Oral Federal N 1 de San Martín condenó al ex general Santiago Omar Riveros a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario federal, por los delitos de homicidio agravado seguido de muerte y tormentos en perjuicio de Floreal Avellaneda, un joven de 15 años.

Su entonces jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, fue condenado a 25 años de prisión; el ex general Osvaldo García a 18 años; los ex oficiales Raúl Harsich y Cesar Fragni, a 8 años de prisión; y el ex comisario Alberto Aneto, a 14 años de prisión. Todas las condenas son de cumplimiento efectivo en el penal de Marcos Paz.

El hecho juzgado sucedió el 15 de abril de 1976. Se trata de la privación ilegal de la libertad de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, la imposición de tormentos a ambos y el homicidio de éste último, cuyo cadáver apareció en las costas de Uruguay el 14 de mayo de ese año. Su madre, en tanto, fue puesta a disposición de Poder Ejecutivo y permaneció en esa condición hasta junio de 1978.

>>"Colombo, Juan Carlos s/ asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de persona". (Causa 2333)

El Tribunal Oral Federal de Formosa condenó el 1 de octubre de 2009 al ex gobernador de facto de Formosa, ex general Juan Carlos Colombo, a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar.

Colombo fue gobernador de Formosa entre 1976 y 1981 y fue condenado por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, cometidos en el ámbito del territorio a su mando.

>>"Caggiano Tedesco, Carlos Humberto s/ privación ilegítima de la libertad agravada (43 hechos), privación ilegítima de la libertad (2 hechos), tormentos seguidos de muerte (3 hechos) y privación ilegal de la libertad, torturas (2 hechos) y robo (1 hecho), agravados todos, en concurso real, y Beltrametti, Juan Antonio s/ privación ilegítima de la libertad agravada (39 hechos), privación ilegítima de la libertad (1 hecho) y tormentos seguidos de muerte (2 hechos)- (Causa 67/09).

El Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas condenó con fecha 16 de octubre de 2009, a los ex coroneles Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti a prisión perpetua, por considerarlos responsables por delitos de lesa humanidad cometidos en Misiones durante el último gobierno militar, como responsable del Área 232 y gobernador de facto de la provincia, respectivamente.

Beltrametti fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con imposición de tormentos (38 hechos) y homicidio calificado (2 hechos). En tanto, Caggiano Tedesco fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con imposición de tormentos (45 hechos), privación ilegítima de la libertad con imposición de tormentos seguidos de muerte (2 hechos) y homicidio calificado.

>>"Olivera Róvere- (Causa 1261)

El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó con fecha 23 de octubre de 2009 a prisión perpetua al ex general Jorge Olivera Róvere, subjefe del Primer Cuerpo de Ejército, e impuso igual condena al ex coronel Bernardo Menéndez, quien comandó el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA 1010) de Ciudadela.

En cambio, absolvió a otros tres jefes, el general retirado Teófilo Saá y los coroneles retirados Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti, quienes comandaron el Regimiento de Patricios durante los años en los que se registró la mayor cantidad de denuncias de secuestros y desapariciones. Los tres fueron alternativamente jefes y subjefes del Regimiento de Infantería 1 de Patricios, la mayor unidad con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

En total, a los cinco ex jefes del ejército citados precedentemente se les imputaron 141 secuestros, 4 homicidios y decenas de casos de tormentos, que integran la "megacausa" del I Cuerpo de Ejército.

Olivera Róvere, fue encontrado culpable de 116 privaciones ilegítimas de libertad y 4 asesinatos con alevosía. Por su parte, Menéndez, fue condenado por 41 secuestros.

>>"Ulibarrie, Diego Manuel p/ sup. privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas" (Causa 50/07)

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al ex comisario Diego Ulibarrie a 25 años de prisión, al hallarlo culpable de ser "autor de privación ilegitima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público, cuatro hechos de detención violenta y uno de aplicación de tormentos".

El 16 de febrero de 1976, Ulibarrie comandó en la capital correntina un operativo policial conformado por personas vestidas con uniformes de la Policía de Corrientes y otras de civil, que secuestraron a Víctor Ayala, César Barozzi, Orlando Diego Romero y Jorge Antonio Saravia Acuña desconociéndose hasta el día de la fecha el paradero de las víctimas.

>>"Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas"- (Causa 281/2008)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de Córdoba condenó el 11 de diciembre de 2009 a prisión perpetua al ex Gral. Luciano Benjamín Menéndez. Además, revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba y ordenó su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria del servicio penitenciario de esa provincia.

A su vez, el tribunal condenó a prisión perpetua al ex militar Rodolfo Aníbal Campos y a los ex policías provinciales César Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos. Para dictar esa condena, el tribunal los declaró culpables de "privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima; lesiones gravísimas y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes; todo en concurso real"

A Miguel Ángel Gómez lo sentenció a 16 años de prisión, por ser coautor por dominio de la acción penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (4 hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (5 hechos en concurso real) y lesiones gravísimas (1 hecho); todo en concurso real.

Por su parte, el ex integrante de la fuerza de seguridad Calixto Flores, fue absuelto.

>>"Brusa, Víctor Hermes y otros s/ inf. Art. 144 bis CP". "Brusa, Víctor Hermes - Colombini, Héctor Romeo - Ramos Campagnolo, Eduardo Alberto - Perizzotti, Juan Calixto - Aebi, María Eva - Facino, Mario José s/ inf. art. 144 ter, 1er. párrafo de la ley N 14.616; arts. 144 bis incs. 1 y 2 y 142 inc. 1 último párrafo de la ley N 23.077 y art. 55 del C. P"- (Causa 03/08)

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el 23 de diciembre de 2009 a 21 años de prisión a Víctor Hermes Brusa -ex juez federal y al momento de los hechos juzgados, secretario federal-; a 22 años de prisión a Juan Calixto Perizzotti; a 23 años de prisión a Héctor Colombini y Eduardo Ramos; a 20 años de prisión a Mario José Facino y a 19 años de prisión a María Eva Aebi, por delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes de la D2 (Departamento de Informaciones Policiales de la provincia de Santa Fe).

A Brusa se lo condenó por ser autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Alicia Sánchez, Daniel Oscar García, José Ernesto Schulman, Mariano Eusebio Millán y Roberto Jorge Cepeda -8 hechos-, en concurso real. Actualmente se encuentra detenido en el Instituto de Detención U-2 de la Provincia de Santa Fe.

Colombini y Ramos fueron condenados como coautores penalmente responsables de los delitos de tormentos y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas. Actualmente, Colombini cumple prisión domiciliaria y Ramos cumple prisión en el Instituto de Detención U-2 de la provincia de Santa Fe. Perizzotti fue condenado por ser coautor penalmente responsable de los delitos de tormentos y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de las víctimas Bugna, Pacheco, Cámara, Traba e Isasa (5 hechos), todos en concurso real. Actualmente cumple prisión domiciliaria.

Aebi fue condenada por ser coautora penalmente responsable de los delitos de tormentos en perjuicio de las víctimas Bugna, Vallejos, Cámara, Traba y Gómez y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de Bugna, Vallejos, Cámara, Traba, Gómez e Isasa, 6 hechos, todos en concurso real. Actualmente se encuentra detenida en la U-4 del Servicio Penitenciario provincial Instituto de Recuperación de Mujeres.

Facino fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de tormentos en perjuicio de Isasa y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de las víctimas Schulman, Almada e Isasa (3 hechos); todos en concurso real. Actualmente cumple prisión domiciliaria.

>>"Barcos, Horacio Américo s/ infr. Art. 144 bis, inc. 1, 142, 144 ter, 55 CP", conocida como "La Casita" o "La Fábrica" - (Causa 43/08).

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el 12 de abril de 2010, al ex agente secreto del Ejército Horacio Américo "Quique" Barcos, a once años de prisión por "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" en dos casos, en concurso real, y unificó la pena con otra anterior por "extorsión" a un empresario de Tres Arroyos, en 2003, lo que significa una condena única y efectiva de 15 años de cárcel, hasta el 2025.

Barcos, que operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, fue juzgado y condenado por integrar un grupo de tareas que en mayo de 1978 secuestró a la bibliotecóloga Amalia Ricotti y a su marido, el historiador y ex dirigente de CTERA, Alberto Tur, hoy fallecido, y de haberlos sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978, en el centro clandestino de detención conocido como "La Casita" o "Fábrica", situado en cercanías de la ciudad de Santa Fe.

>>"Arias, Carlos Alberto y otros/ privación ilegal de la libertad agravada por uso de violencia y duración en concurso real con homicidio calificado y otros" (Melitón Bustos) - (Causa 3050/09).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a los imputados Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo, ambos coroneles retirados, a la pena de 20 años de prisión por el homicidio simple y privación ilegal de la libertad de Aldo Melitón Bustos, hechos ocurridos el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal. Melitón Bustos era abogado y escribano y trabajaba como docente en la citada localidad dado que el régimen militar le impedía ejercer su profesión. Los testimonios señalan que fue secuestrado por miembros del Regimiento 28 de aquella capital departamental, en presencia de su hijo Raúl (hoy querellante en la causa).

>>"Guerrieri, Pascual y otros" Tribunal Oral Criminal N 1 de Rosario. (Quinta de Funes) - (Causa 131/07)

El Tribunal Oral Federal N 1 de Rosario, condenó el 15 de abril de 2010 a prisión perpetua al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña, al ex teniente Juan Amelong y a los ex agentes civiles de inteligencia Eduardo Constanzo y Walter Pagano, pertenecientes al Comando del II Cuerpo de Ejército y al Destacamento de Inteligencia 121. Además el tribunal dispuso que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles comunes.

En esta causa, conocida como "Quinta de Funes", se investigaron hechos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos entre 1977 y 1978 en la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu y en los centros de detención Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y La Calamita, en los que resultaron damnificadas 28 personas, 17 de las cuales continúan desaparecidas.

Eduardo Toniolli, Fernando Dussex y Raquel Negro fueron algunos de los asesinados tras el fracaso de la llamada "Operación México" de 1978, cuando uno de los cautivos de la Quinta de Funes, Tulio Valenzuela, denunció lo que ocurría en la Argentina después de haber viajado fingiendo colaborar con los militares para capturar a los máximos dirigentes montoneros.

>>"Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc." (Causa 2023 y causas acumuladas 2031 y 2034)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N1 de San Martín condenó el 20 de abril del 2010 a 25 años de prisión común a Reynaldo Benito Bignone, último presidente de facto que tuvo la Argentina antes del restablecimiento de la democracia, por haber cometido crímenes de lesa humanidad contra 56 personas en Campo de Mayo, donde funcionaron dos centros clandestinos de detención durante el último gobierno militar.

El Tribunal sentenció a Bignone como coautor de allanamiento ilegal, en 11 oportunidades, robo agravado por el uso de armas y privación ilegitima de la libertad agravada por amenazas, en 15 hechos.

Se condenó también a 25 años de prisión a Santiago Omar Riveros, de 83 años, ex comandante de Institutos Militares y a Fernando Ezequiel Verplaetsen, de 84 años, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo.

El tribunal fijó la pena de 20 años de prisión para Carlos Tepedino, ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia; condenó a 18 años de prisión a Jorge Osvaldo García, ex director de la Escuela de Infantería; y a 17 años a Eugenio Guañabens Perelló, de 83 años, ex director de la Escuela General Lemos.

Germán Montenegro, de 78 años, jefe de la comisaría de Bella Vista en 1977, resultó absuelto.

Aún quedan por elevar a la Cámara otros tramos de la causa conocida como "Campo de Mayo", una de las investigaciones por delitos de lesa humanidad de mayor envergadura que instruye la justicia federal.

>>"Molina, Gregorio s/ infrac. Arts. 119 y 120 del CP (lesa humanidad)" y sus acumuladas causa 2077; N 2278 "Caffarelo Nicolás s/ pres com delito c/ dcho de gentes"; N 2283 "Barda, Alberto Pedro; Arrilaga, Manuel; Ortiz, Juan Ignacio; s/ inf. Arts. 114 bis e/f 142 inc. 1, 144 ter C.P." (corre por cuerda con la causa N 2286); N 2301 "Bicarelli, Héctor Francisco s/inf. arts. 119 y 120 CP" (acumulada a la causa N 2086); N 2300 "Caffarello, Nicolás s/pta. inf. arts. 144 bis, 142 y 80 inc. 6" acumulada a la N 2278) - (Causa 2086)

El Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata condenó, el 9 de junio de 2010, al ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina a la pena de prisión perpetua por considerarlo penalmente responsable de los siguientes delitos:

La muerte, a través de la imposición de tormentos y contando para ello con el concurso premeditado de dos o más personas, de Norberto Centeno y Jorge Roberto Candelero;
La participación en la privación ilegitima de la libertad y en la aplicación de tormentos y apremios ilegales de 36 víctimas;
El acceso carnal en forma reiterada (3 hechos) a una víctima de sexo femenino, a quien tenía bajo su guarda, mediante el empleo de fuerza e intimidación y la imposición de tormentos físicos y psicológicos;
El acceso carnal en forma reiterada (2 hechos) y abusando de su calidad de guardia a otra víctima de sexo femenino;
El intento de acceso carnal a una víctima abusando de su calidad de guardia, que se frustró por razones ajenas a su voluntad.

>>"Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestro y desaparición" (ex N 400795/04 "Coronel, Marta y Coronel, Rolando s/ sus secuestros y desapariciones") con sus acumuladas B-19/09, A-20/09, P-21/09, D-22/09, B-23/09, M-24/09, O-25/09, F-26/09, L-27/09, C-28/09, C-29/09, 400712/07 y 400512/07 - (Causa 29/09)

El 8 de julio de 2010, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua al ex Jefe de Inteligencia de la Policía de Tucumán, Roberto Heberto Albornoz, y al ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravada, torturas seguidas de muerte, homicidios agravados por alevosía y por concurso premeditado de dos o más partícipes, todos en concurso real.

Por su parte, Armando Luis de Cándido fue penado con 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita agravada, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tortura seguida de muerte y usurpación de inmueble. Asimismo, condenó a la pena de 3 años de prisión con ejecución condicional, a Carlos Esteban De Cándido, por el delito de usurpación.

También, fueron imputados en la causa Mario Albino Zimmerman, fallecido durante el juicio, Antonio Domingo Bussi, excluido del debate por enfermedad, y María Elena Guerra, separada del juicio para ser juzgada en otro proceso.

Juicios en trámite actualmente

>>"Escuela de Mecánica de la Armada -ESMA- Elevación parcial" Acumuladas - (Causa 1270) y "Testimonios A" y N 1178 "Acosta, Jorge Eduardo s/ pri. Ileg. Libertad" - (Testimonios "B" o "Monjas") - (Causa 177)

El viernes 11 de diciembre de 2009 comenzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 5 de la Capital Federal el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se trata de un tramo de la "megacausa", en el que se investigan las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

Los imputados son: Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

Cabe destacar que están prontos a elevarse otros tramos pertenecientes a este centro clandestino de detención.

En la causa N 14.217/03, caratulada "E.S.M.A. sobre delito de acción pública" se investigan violaciones sistemáticas a los derechos humanos que habrían tenido lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, cometidas dentro del ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.

En concreto, los delitos habrían sido cometidos por quienes desarrollaron actividades en la Unidad de Tareas denominada 3.3.2, perteneciente al Grupo de Tareas 3.3 -con base operativa en esa dependencia naval-, los que habrían llevado a cabo "operativos" tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varias localidades del Gran Buenos Aires, destinadas principalmente a privar de su libertad a diferentes personas con el objeto de interrogarlas mediante la aplicación de tormentos para obtener nombres, direcciones y otros datos generales tendientes a desarticular agrupaciones políticas y sociales.

Las víctimas habrían padecido imposición de tormentos, privación ilegal de su libertad agravada o con resultado de muerte, imposición de tormentos seguida de muerte, desapoderamiento de bienes y sustracción de hijos menores de edad nacidos en cautiverio, según el caso.

>>"Tepedino, Carlos Alberto- (Causa N 1257) y "Miara, Samuel y otros s/ inf. Arts. 144 bis inc. 1 y 6 último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1 -ley 20.642- del CP; 144 bis, último párrafo en función del art. 142 inc. 5 del CP, en concurso real con inf. Arts. 144 ter primer párrafo -ley 14,616- del CP", conocidas como Club Atlético, Banco y Olimpo - (Causa 1280)

La causa fue iniciada el 24 de noviembre de 2009 ante el Tribunal Oral Federal N 2 de la Capital Federal, por crímenes que habrían sido cometidos en los centros clandestinos que funcionaron sucesivamente en "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo", en perjuicio de 180 víctimas.

Se trata de las causas caratuladas "Miara, Samuel y otros" y "Tepedino, Carlos Alberto Roque y otros", referidas a delitos de lesa humanidad en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.

En el primero de los casos, la acusación se circunscribe a delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos contra 181 personas. El segundo corresponde al homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Adela Révora De Pedro. En la primera de las causas del juicio, además de Samuel Miara (Subcomisario (R) de la P.F.A.), los imputados son: Julio Héctor Simón (Oficial (R) de la P.F.A.); Raúl Antonio Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino); Raúl González (Comisario (R) de la P.F.A.); Eufemio Jorge Uballes (Subcomisario (R) de la P.F.A.); Eduardo Emilio Kalinec (Comisario (R) de la P.F.A.); Roberto Antonio Rosa (Oficial (R) de la P.F.A.); Juan Carlos Falcón (Principal (R) de la P.FA.); Luis Juan Donocik (Comisario (R) de la P.F.A.); Oscar Augusto Isidoro Rolón (Oficial (R) de la P.F.A.); Guillermo Víctor Cardozo (ex Primer Alférez de Gendarmería Nacional) ;Eugenio Pereyra Apestegui (ex Primer Alférez de Gendarmería Nacional); Juan Carlos Avena (Oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal.); Ricardo Taddei (ex Principal de la P.F.A.); y Enrique José Del Pino (ex Capitán del Ejército Argentino).

Por otra parte, en el expediente que encabeza Carlos Alberto Roque Tepedino (ex jefe del Batallón de Inteligencia 601), están imputados también Mario Alberto Gómez Arenas (ex segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601); Enrique José Del Pino (ex Capitán del Ejército Argentino) y Juan Carlos Avena (Oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal).

Los hechos investigados en el caso Tepedino se refieren lo acontecido el 11 de octubre de 1978, cuando personal de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, en apoyo del Primer Cuerpo de Ejército, habría dado muerte en su domicilio a Carlos Guillermo Fassano y Lucila Adela Révora De Pedro (embarazada de ocho meses al momento del hecho). En ese lugar se encontraba el menor Eduardo Enrique De Pedro, quien habría sido sustraído por las fuerzas intervinientes y entregado a su familia recién el 13 de enero de 1979.

>>"Gamen, Héctor Humberto y otros s/privación ilegal de la libertad" Elevación parcial, conocida como Vesubio - (Causa 1487)

El 26 de febrero comenzó ante el Tribunal Oral Federal N 4 de la Capital Federal el juicio oral contra ocho ex militares acusados por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "El Vesubio", en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. Este centro de detención funcionó entre abril de 1976 y septiembre de 1978. Su existencia se tuvo por probada en la causa 13/84 de la Cámara Federal (Juicio a las Juntas).

Este centro se hallaba situado en la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires, precisamente en Camino de Cintura y la Autopista Ricchieri, dentro del ámbito territorial bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

En la presente causa se investigan 156 casos por delitos de imposición de tormentos y privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia o amenazas. Algunas de ellas se encuentran también agravadas por haber durado más de un mes. Asimismo, se les imputa a los miembros del Ejército la comisión del delito de homicidio agravado por alevosía en 16 ocasiones, por un presunto "enfrentamiento" que habría ocurrido en la localidad de Monte Grande.

Cientos de víctimas habrían estado detenidas en este centro, entre ellas, Héctor Germán Oesterheld, Haroldo Conti (no es un caso imputado en la causa) y el documentalista Raymundo Gleyzer.

Se hallan imputados en la causa: Hugo Ildebrando Pascarelli, ex jefe del Grupo de Artillería I y ex jefe del Área 114 dentro de la Subzona 11, bajo cuya jurisdicción funcionó "El Vesubio"; Héctor Humberto Gamen, y Pedro Alberto Durán Sáenz, entonces Mayor del Ejército en el Comando Brigada de Infantería X, como auxiliar G-2. También se encuentran imputados: Roberto Carlos Zeolitti, José Néstor Maidana, Diego Salvador Chemes, Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán.

>>"Dupuy, Abel David y otros s/ homicidios y otros", conocido como Unidad 9 - (Causa 2901/09).

En esta causa, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N 1 de la Plata se investigan delitos de lesa humanidad que habrían sido cometidos en la Unidad 9 de la capital de la provincia de Buenos Aires, durante el último gobierno militar. En el lapso comprendido entre los años 1976 y 1983, habrían sido alojadas personas procedentes de distintos centros clandestinos de detención -mayormente de la provincia de Buenos Aires- cuya legalidad era reconocida, porque se hallaban a "disposición del PEN" o de jueces federales, que dictaban procesamientos por infracción a la ley de Seguridad Nacional.

La característica sobresaliente de esta causa, que la diferencia de otras de la misma naturaleza, es el enorme caudal de documentación original relacionado con las personas que permanecieron allí detenidas, obtenido de la propia Unidad Penal N 9. En el proceso, 14 ex agentes del Servicio Penitenciario bonaerense serán juzgados en el primer juicio oral que, por delitos de lesa humanidad, se instruirá en la provincia de Buenos Aires contra personal de esa institución.

El número total de víctimas es de 99 personas.

Al imputado Abel David Dupuy - ex director de la Unidad - se lo juzgará por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos seguidos de muerte y tormentos agravados. A Isabelino Vega y Víctor Ríos, se les imputan los hechos de privación ilegítima de la libertad, tormentos seguidos de muerte y tormentos agravados. A Raúl Aníbal Rebaneyra, Catalino Morel y Ramón Fernández se los juzgará por tormentos seguidos de muerte y tormentos agravados. Por este último delito también será juzgado Omar Cosso y por tormentos, están imputados Jorge Luis Peratta, Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo y Valentín Romero. También están procesados y serán juzgados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, tres médicos que en ese momento se desempeñaban en la Unidad 9 de La Plata, por omisión de evitar la comisión de torturas seguidas de muerte en perjuicio de Alberto Pinto.

En la causa, también están incluidas como víctimas Juan Destéfano, Eduardo Anguita, Eduardo Jozami, Juan Scatolini y Carlos Slepoy, entre otros.

>>"Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado"- (Causa 243/84)

El Tribunal Oral Federal de Resistencia inició, el 5 de mayo de 2010, el primer juicio oral en la provincia del Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

En la causa se encuentran imputados: Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Orlando Álvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza. También se encontraba imputado el ex fiscal Carlos Flores Leyes, recientemente fallecido.

En el proceso se investigan delitos cometidos en perjuicio de 26 víctimas en el centro clandestino de detención que habría funcionado en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia del Chaco, en calle Juan B. Justo 473. Se estima que durante el debate declararan alrededor de 150 testigos.

En el marco de la causa Caballero, también irán a juicio oral y público 12 ex militares, ex policías y un civil que trabajaba para la SIDE. José Tadeo Luis Bettoli, ex militar, también acusado de participar en la Masacre de Margarita Belén, pasó por el Regimiento de Infantería 29, con asiento en Formosa y habría participado de detenciones, torturas y desapariciones. Luis Patetta, también acusado de participar en la Masacre de Margarita Belén, espera en prisión el juicio oral y público por esa causa, a lo que se agrega este nuevo proceso.

>>"Guillamondegui, Néstor Horacio y otros s/ privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado", conocido como Automotores Orletti. (Causa 1.627)

El Tribunal Oral Federal N 1 de la Capital comenzó el 3 de junio pasado el debate por los hechos que habrían sido cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976.

En la causa están imputados Néstor Guillamondegui (ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea), Rubén Visuara (ex coronel del Ejército), Eduardo Cabanillas (ex general de División del Ejército), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE), por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.

>>"Larrateguy, Jorge A. y otros s/ homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes y desaparición forzada de personas", conocida como Masacre de Margarita Belén - (Causa 308/02)

El Tribunal Oral Federal de Resistencia inició el 3 de junio pasado el debate en la causa conocida como "Masacre de Margarita Belén".

En esta causa se encuentran imputados los ex militares Gustavo Athos Renes, Jorge D. R. Carnero Sabol, Ernesto Jorge Simóni, Aldo Héctor Martínez Segón, Luís Alberto Patetta, Germán Emilio Riquelme, Horacio Losito y Guillermo Reyes, como presuntos autores de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el número de partícipes (11 hechos) y desaparición forzada de personas (4 hechos). También están imputados los ex policías Marcelo Carballo y Luis Chas, bajo la misma calificación legal, pero en la modalidad de partícipes secundarios. Todos ellos actuaban bajo el comando operacional del II Cuerpo de Ejército.

Las víctimas de estos hechos fueron: Manuel Parodi Ocampo, Luis Arturo Fransen, Carlos Alberto Duarte, Carlos Terezecuk, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Fernando Gabriel Pierola, Carlos Alberto Zamudio, Luis Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Reynaldo Zapata Sonez, Ema Beatriz Cabral, Carlos Maria Caire, Julio Andrés Pereyra y Delicia González.

Los hechos que se investigan están relacionados con el traslado de las referidas personas, alojadas en la Unidad Penitenciaria 7 de la ciudad de Resistencia, a un descampado vecino a la localidad de Margarita Belén, donde habrían sido ultimados. Al momento de los hechos, la versión oficial fue que la columna que trasladaba a los detenidos había sido atacada y que en el combate subsiguiente tres de los presos fueron muertos y los restantes huyeron.

>>"Facino, Mario José s/ inf. art. 144 bis inc. 1 y último párrafo, por concurrir las circunstancias del art. 142 inc. 1 ambos del C.P. conforme ley N 14.616, en concurso real con el art. 144 ter segundo párrafo del C.P., 277 y 79 de C.P." (Causa 167/09)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe inició el debate en esta causa el día 15 de junio pasado. En ella, se juzga a Mario Facino, ex jefe de la seccional 4 de la Policía de la ciudad de Santa Fe, por los delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso real con los delitos de tormentos agravados por ser ejercidos contra perseguidos políticos y homicidio, todos en perjuicio de Alicia Adela López de Rodríguez, quien habría sido secuestrada en el barrio Candioti Sur y trasladada a un centro clandestino conocido como "La Casita" y luego a la Comisaría 4, donde la habrían visto con vida varias personas.

>>"Alsina, Gustavo Adolfo y otros p.ss.aa. Imposición de tormentos agravados y homicidio calificado (art. 144 ter, 1 y 2 párr. y 80 inc. 2 y 4 del C.P.)", conocida como "UPI" - (Causa 17468)

El Tribunal Oral Federal N 1 de Córdoba inició el 2 julio pasado el debate en la causa conocida como "UPI", en la que se investigan las muertes de 31 personas que se encontraban detenidas en la Unidad Penitenciaria I de Córdoba, crímenes por los cuales comparecen a juicio 25 imputados.

Del grupo del Departamento de Informaciones Policiales (D2) que comandaba Raúl Telleldín (fallecido), llegan a juicio el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla; el ex general Luciano Benjamín Menéndez; los ex comisarios Jamil Jabour, Luis Alberto Rodríguez y Carlos "Tucán" Yanicelli; los ex suboficiales Ricardo Cayetano Rocha, Marcelo Luna y Calixto Flores; y los civiles Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Ángel "Gato" Gómez (ya tiene una condena). Otros imputados son los ex oficiales superiores Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz, Gustavo Adolfo Alsina, Osvaldo César Quiroga, Emilio Juan Huber y Francisco Pablo D'Aloia. También los ex suboficiales José Antonio Paredes y Carlos Hibar Pérez.

Los hechos investigados son la imposición de tormentos en 38 casos y homicidios en 31.

>>"Menéndez, Luciano B. y otros s/ priv. ileg. de la lib. agrav. imposic. tormentos agrav. y lesiones graves agravadas "Gontero, Oscar Francisco y otros s/ priva ileg. de la libertad y tormentos" (ex causa "Urquiza Luis Alberto") - (Causa 13/09).

El Tribunal Oral N 1 de Córdoba inició el 2 de julio pasado la causa "Gontero", en la que se investigan los secuestros e imposición de tormentos a personas que habrían sido detenidas y trasladadas a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D2) y luego, a las instalaciones de las que el Tercer Cuerpo de Ejército disponía en el campo de la "La Rivera" y, finalmente, a la Unidad Penitenciaria N 1.

Fueron procesados, además de Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, José Eugenio San Julián, Yamil Jabour, Miguel Ángel Gómez, Carlos Alfredo Yanicelli, Fernando Martín Rocha, Gustavo Rodolfo Salgado, Calixto Luis Flores, Luis David Merlo, Mirta Graciela Antón y Alberto Luis Lucero.

Las víctimas, detenidas durante el mes de noviembre de 1976, fueron José María Argüello, Luis Alberto Urquiza, Horacio Samame, Carlos Cristóbal Arnau Zuñiga, Oscar Samame y Raúl Rodolfo Urzagasti Matorral. Luego de pasar por los referidos centros de detención, recobraron su libertad el 8 de agosto de 1978.

>>"Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ inf 144, 142, 293, 292 CP" y sus acumuladas: A- 13269 "Berón, José", 14095 "Sandoval, Pascual", 14092 "Osorio, Roberto" 13268 y 13268 "Tripiana" - (Causa 2365)

El Tribunal Oral Criminal Federal N 2 de Mendoza inició, el 1 de julio de este año, el debate en la causa que se le sigue a los ex militares Raúl Egea, Aníbal Alberto Guevara, Juan Roberto Labarta, Luciano Benjamín Menéndez, José Martín Musiere, Cristóbal Ruiz Pozo - apartado del juicio por enfermedad terminal - y Raúl Alberto Ruiz Soppe, por privaciones ilegítimas de la libertad y torturas cometidas en San Rafael durante el último gobierno militar. Las víctimas en esta causa son Francisco Tripiana, Pascual Armando Sandoval, José Guillermo Berón y Roberto Simón Osorio.

A los imputados, se les atribuye, en distintos grados de autoría, los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido impuesta por funcionarios públicos con abuso de funciones, con violencia, violación de domicilio y homicidio.

Juicios con fecha de debate fijada

>>"Díaz Bessone, Ramón Genaro; Lofiego, José Rubén; Marcote, Mario Alfredo; Vergara, Ramón Rito; Scortechini, José Carlos Antonio y Chomicky, Ricardo Miguel (Ex "Feced") s/ homicidio, violación y torturas". (FECED) - (Causa 120/08, y acumuladas por trámite por separado 91/08 y 47/09).

El 21 de julio próximo, ante el Tribunal Oral Criminal Federal N 2 de Rosario, dará inicio la causa conocida como Feced.

Comparecerán como imputados Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortecchini y Ricardo Miguel Chomiki, quienes pertenecían a la policía santafesina que al momento de los hechos era comandada por el ex comandante de Gendarmería Agustín Feced (fallecido).

Los hechos delictivos que se investigan fueron calificados como homicidios, privaciones de la libertad, tormentos, robos y asociación ilícita.

En esta causa se investigan los hechos y a los responsables que llevaron al secuestro, tortura y posterior desaparición de 87 personas que habrían sido alojadas en el "Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. Cabe destacar también que, entre los acusados se encuentran no sólo militares sino también civiles que colaboraron con la represión ilegal.

>>"Fiscal contra Menéndez Luciano B. y otros por av. Inf. art. 144 bis del C.P. ref. de Marinis Lidia" (causa N 001-M); N 002-M, "Fiscal contra Menéndez y otros Ref. Gutiérrez"; N 005-M "Fiscal c/ Menéndez y otros Ref. Talquenca"; N 006- M "Fiscal c/ Menéndez y otros" Ref. Brizuela"; N 009- M "Olivera y Rodríguez Jurado"; N 010-M "Fiscal s/ averiguación de delito"; N 011-M "Fiscal s/ averiguación de delito (Salvador Moyano)"; N 032-M "Fiscal s/ Smaha, Eduardo s/ av. Infr. Art. 151 del CP" y "Fiscal s/ av. Delito ref. Rodríguez, Arturo Elías"; N 022-M "Fiscal c/ Menéndez, Luciano Benjamín"; N 025-M "Fiscal c/ Menéndez, Luciano Benjamín"; N 027-M "Fiscal c/ Menéndez, Luciano Benjamín"; 020-M "Fiscal c/ Menéndez, Luciano Benjamín"; N 031 M "Alicia Raboy / Francisco Urondo víctimas de las despariciones-".

El Tribunal Oral Federal N 2 de Mendoza fijó fecha de debate en esta causa para el 11 de marzo de 2010. Posteriormente, esa fecha fue suspendida, por lo que el tribunal debe fijar nuevo día de debate.

Este juicio oral, conformado por 17 causas conexas por hechos que damnifican a 23 víctimas, tiene prevista la convocatoria de 150 testigos. Serán juzgados el ex interventor de Mendoza Tamer Yapur; el ex segundo jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza, Juan Oyarzabal; el ex general Mario Lépori; el ex jefe de inteligencia del Ejército, Paulino Furió y los ex policías Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero, Eduardo Smaha y Armando Fernández (fue excluido del debate Luciano Benjamín Menéndez, mientras que el imputado Orlando Oscar Dopazo falleció recientemente). A todos ellos, se les imputan privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio.

En esta causa se investigan, entre otros hechos, la desaparición del periodista Francisco "Paco" Urondo asesinado el 17 de junio de 1976. Sus restos fueron hallados hace cuatro años sepultados en una fosa común del cementerio de la capital mendocina bajo el nombre de NN o Edgardo Mariño.

En la Sub zona 33 habrían existido otros centros clandestinos de detención tales como la "Compañía de Comunicaciones de Montaña", "El refugio", El chalecito", "Liceo Militar Espejo", "Campo Los Andes", y las Seccionales 7 de Godoy Cruz y 25 de Guaymallén.

>>I Cuerpo de Ejército (elevación parcial) recaratulada:"Iriart, Fabio Carlos y otros s/infr. Art. 144bis, inc. 1 -ley 20,642 - del C.P."; (Causa 13/09).

El Tribunal Oral Federal de La Pampa dará inicio el 2 de agosto de 2010 a la audiencia de debate en esta causa.

Tres ex militares y nueve ex policías irán a juicio oral y público por el secuestro y la tortura de 30 personas en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en las ciudades de Santa Rosa, Jacinto Arauz y General Pico, de la provincia de La Pampa, durante el último gobierno militar.

Los oficiales del Ejército procesados son el ex teniente coronel (r) Fabio Carlos Iriart, quien se desempeñó como comandante de la Subzona 14, y el ex coronel Néstor Greppi.

De ese Comando de Subzona, dependía un cuerpo de policías pampeanos, quienes estuvieron encargados de llevar a cabo los secuestros, mantener en cautiverio y torturar a las víctimas. El grupo, estuvo integrado por el inspector mayor Roberto Esteban Constantino, el subcomisario Roberto Oscar Fiorucci, el comisario Omar Aguilera (se desempeñaba como jefe de Operaciones del grupo), el auxiliar Athos Reta, el oficial subayudante Néstor Cenizo, el oficial ayudante Antonio Oscar Yorio, y los oficiales Carlos Alberto Reinhart y Hugo Marenchino, según la investigación judicial.

>>"Barda, Pedro A.; Arrillaga, Alfredo M.; Malugani, Juan C.; Pertusio Luis R.; Ortiz, Justo A. I. s/ av. homicidio calificado"; (Causa 2286)

El Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata fijó fecha de debate para el día 9 de agosto de 2010 en los mencionados autos, en los que se investigan delitos que habrían sido cometidos en la Base Naval de esa ciudad.

Están imputados el ex Jefe del ADA 601 Pedro Alberto Barda (donde tenía asiento la Subzona 15 de la que dependían funcionalmente la Base Naval y la Base Aérea); el ex Jefe de Operaciones del ADA 601 Alfredo Manuel Arrillaga; el ex Jefe de la Base Naval de Mar del Plata Juan Carlos Malugani; el ex Subjefe de la Base Naval de Mar del Plata Justo Alberto Ignacio Ortiz; y el ex Director de la Escuela de Submarinos Luis Roberto Pertusio.

Cabe aclarar que los imputados Barda y Malugani, no irán a juicio por haberse decretado su incapacidad sobreviviente.

Las víctimas en estas causas son: Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Dorio, Nancy Carricabur, Stella Maris Nicuez, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg.

Los delitos que se les imputan son la privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos, en concurso real con homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. En el caso de Luis Roberto Pertusio, se le imputa el delito de partícipe secundario del delito de robo agravado por haberse cometido con armas, en poblado y en banda.

>>"Kamenetzky, Adela Inés interpone querella c/ Musa Azar" (Causa 9078/03)

El Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero fijó fecha de debate en esta causa para el 10 de agosto de 2010.

Están imputados por la muerte de Cecilio Kamenetzky, ocurrida en noviembre de 1976: Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi. También serán juzgados por ese hecho, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Rafael Videla y Antonio Domingo Bussi.

Los delitos que se les imputan son privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita.

>>"Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc." casos 226-246-290- (Causa 2046 desprendimiento de la 4012)

El Tribunal Oral Criminal Federal N 1 de San Martín fijó fecha de debate en esta causa para el 30 de agosto próximo.

Se encuentran imputados: Santiago Omar Riveros, ex Comandante del Comando de Institutos Militares; Benito Reynaldo Bignone, ex Jefe del Estado Mayor- Segundo Comandante de dicho Cuerpo; Fernando Ezequiel Verplaetsen (prisión domiciliaria) ex Jefe del Departamento de Inteligencia; Juan Fernando Meneghini (prisión domiciliaria) ex comisario de la comisaría 1 de la localidad de Escobar; y Luis Abelardo Patti (internado por razones de salud) quien habría cumplido funciones como Oficial Subinspector en la misma seccional policial.

Los hechos que se les imputan son la privación ilegal de la libertad de Gastón Roberto José Gonçalves, ocurrida el día 24 de marzo de 1976, cuyo cuerpo sin vida fue hallado carbonizado pocos días después. Los imputados respecto de este caso son Riveros, Meneghini y Patti.

También se les imputa la privación ilegal de la libertad de Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; ocurridas el 16 de febrero de 1977. Posteriormente, el cuerpo de Muñiz Barreto habría sido encontrado sin vida en el interior de un automóvil, mientras que Fernández habría logrado escapar de su cautiverio. Por estos hechos, se encuentran acusados Riveros, Bignone, Verplaetsen, Meneghini y Patti.

Por último, se les imputa la privación ilegal de la libertad de Carlos Daniel Souto, Guillermo David y Luis Rodolfo DAmico, en agosto de 1976, y la privación ilegal de la libertad, de Osvaldo Tomás Ariosti, en abril de 1976, quien luego de ser trasladado a la cárcel de Devoto y posteriormente, a la Unidad 9 de La Plata, fue liberado en 1978. Por estos hechos resultan imputados Riveros y Patti.

>>"Rodríguez José p.s.a. homicidio calificado por alevosía - arts. 80 inc. 2 y 45 C.P. de conformidad Ley 21.338"; (Causa 348 - R - 2009)

El Tribunal Oral Criminal Federal de La Rioja, fijó fecha de debate en esta causa para el 2 de agosto de 2010.

El por entonces conscripto José Rodríguez se encuentra imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía del conscripto Roberto Villafañe, ocurrido el 30 de agosto de 1976.


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