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DERECHOS


MASACRE DEL PUENTE GRAL BELGRANO EN CORRIENTES


MEMORANDO sobre la incompetencia judicial ante la masacre del Puente Gral Belgrano.


Por Mario A. Marturet - Miembro de la Comisión Provincial de Derechos Humanos

Ocurridos los trágicos hechos en Corrientes del 17/12/99, el Juez de Instrucción N. 6 -Dr. Saade- comenzó actuaciones de oficio primero y luego por la denuncia efectuada el 22/12 por la Comisión de Derechos Humanos y la CORREPI (Cap. Fed.) . Tomó declaraciones, entre otros al Comandante de Gendarmería, Ricardo Chiappe, y juntó elementos probatorios de lo ocurrido: cápsulas de balas, balines de goma, de gases, etc.

Asumido el Gobierno de la Intervención Federal, en una de sus primeras medidas deja cesante al Juez Saade y designa en su lugar al Dr. Becerra, traído desde Córdoba.- Este juez paraliza la causa, declara incompetente el Juzgado - por razones de jurisdicción- y la pasa al Juzgado Federal.

El Juez Federal, Dr Soto Dávila, asume similar postura, declara incompetente al Juzgado, se inhibe de actuar y le devuelve el expediente al Juzgado del Dr. Becerra.

Becerra insiste en su posición , le devuelve nuevamente el expediente al Juzgado Federal y le aconseja al Dr. Soto Dávila que eleve las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el máximo tribunal dictamine sobre la cuestión. Ni lerdo ni perezoso Soto Dávila acepta el consejo de su colega y eleva a la Corte la causa. Es evidente el lavado de manos de ambos Magistrados, su clara actitud dilatoria y su falta absoluta de responsabilidad.

Se han presentado diez querellantes, familiares de los muertos, y los heridos de balas de plomo.- Estas querellas no fueron "proveídas", es decir es como si no se hubiesen presentado. hay muchos heridos que se presentarán también como querellantes pero ante esta situación esperan la decisión de la Corte para saber dónde presentarse.

Para muchos juristas y especialmente para quienes no lo somos y nos guiamos por el sentido común, aquí deben actuar ambas "justicias" ya que las acciones se desarrollaron en el Puente "Gral Belgrano" - jurisdicción federal- y en las Avdas. Costanera y 3 de Abril y calles paralelas y transversales a éstas - jurisdicción provincial.- Pero además aquí están incriminadas las dos fuerzas de seguridad, Gendarmería, de jurisdicción Nacional y la Policía de Corrientes, de jurisdicción provincial.

Del lado de la "población civil" están contabilizados dos muertos - Francisco Escobar y Mauro Ojeda- y veintiocho heridos de bala de plomo. Del lado de la "población militar" ocho gendarmes heridos por balas de plomo.

El Ministro del Interior Dr. Federico Storani ha expresado con reiteración que la Policía de Corrientes fue la que armó con armas de fuego a la población civil y que fue esta, los manifestantes, quienes mataron, hirieron incluso a los gendarmes, y que estos solo se limitaron a reprimir con gases y balas de goma.- Es más, dijo que las armas que se usaron las habían robado de un depósito de armas sustraídas por la Dirección de Fauna y Flora a cazadores furtivos. También dijo que el entonces gobernador, Hugo Perié, y su Ministro de Gobierno, Jorge Perez Rueda dirigieron las acciones de la Policía y de los manifestantes desde la Cárcel Penitenciaria, ubicada frente a la cabecera del puente.

Lo que no tiene explicación, luego de semejante acusación del Ministro, es que desde el Gobierno Nacional - Ministerios del Interior y Defensa, la propia Gendarmería- no se impulse la investigación judicial, presentándose como parte y que se esclarezcan estos hechos lamentables , que incriminan a la Gendarmería Nacional, la que sufrió heridos graves, según la propia información oficial. O será que es mejor quedarse con lo mediático, casi a nivel de chisme barato, que profundizar las investigaciones para llegar a la verdad?. Le cabe la obligación moral, por Derecho Constitucional, el hacerlo.

Lo mismo debe hacer el Gobierno Provincial. La Policía de Corrientes, actuó en esta emergencia, en actitud de "parlamentar", con trapos blancos para que parara la represión de la Gendarmería. Pero además las acusaciones del Dr. Storani obligan también moralmente al Gobierno de la Intervención Federal a actuar judicialmente para aclarar las cosas y salvar el honor denigrado - fundada o infundadamente- de la Policía Institucional de la Provincia de Corrientes , nada más y nada menos que por el Ministro del Interior.

Lo cierto, lo real, lo lamentable es que después de cinco meses de los gravísimos episodios en Corrientes para los jueces que deben intervenir en las causas y para los gobernantes que hablan, acusan, encubren, es como si en una REPÚBLICA se resolvieran así las cosas. El puente Gral Belgrano estuvo cortado una semana, con todas las graves consecuencias que ello implicó; murieron dos personas, hay 36 heridos de bala ( entre civiles y gendarmes) y desde el mundo oficial nada se hace, como no sea hablar...... Mientras, que siga la IMPUNIDAD, EL BOCHORNO, LA VERGÜENZA.

Corrientes, 15 de Mayo del 2000

Mario A. Marturet - Miembro de la Comisión Provincial de Derechos Humanos

Nota: En los primeros días de este mes de Mayo, el Juez Becerra fue ascendido a Camarista.


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