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21nov13


Hora de abordar a fondo las torturas policiales


La seguridad es el tema que domina y preocupa en la agenda del país, de Salta y, por ende, del gabinete del gobernador Urtubey. La razón es simple: es lo que preocupa a la gente común. En una semana caldeada por varios episodios de alto impacto, el coordinador del Fondo de Reparación Histórica, Rodolfo Urtubey, garantizó que con la reforma del Código Procesal Penal actualmente en su primera etapa de aplicación en la provincia, las torturas policiales no volverán nunca más.

Urtubey es uno de los impulsores de la reforma, que apunta a agilizar y optimizar los trámites de investigación de ilícitos, pero que traslada facultades de un poder del Estado, el judicial, a un extrapoder, con fuerte dependencia del Ejecutivo, como es el Ministerio Público.

La frase del hermano del gobernador sonó más a una consigna que a un razonamiento político, pero es necesario analizar su contexto en un momento en el que la provincia está en el ojo de la tormenta, tras difundirse el video donde se ve a varios policías torturando a dos presos en una comisaría de Gemes.

Cambiar un Código no garantiza nada, a menos que la policía esté absolutamente controlada o auto controlada y que los detenidos queden alojados en alcaidías y no en comisarías. En el interior salteño casi no hay alcaidías.

Por lo pronto, las torturas están prohibidas y penalizadas por leyes provinciales, nacionales y pactos internacionales a los que la Argentina adhiere, pero en Salta, como en la mayoría de las jurisdicciones proliferan las denuncias contra policías; muchas pueden ser falsas, pero muchas también, auténticas. Los fiscales, a diferencia de los jueces, no son independientes y reciben órdenes directas del Procurador, que depende del gobernador, igual que la Policía. Existe otra cuestión: la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, ponderada por Rodolfo Urtubey, aún sostiene que sólo el damnificado directo del delito puede ser querellante. Esta fue la poderosa razón por la cual la Justicia no aceptó al Gobierno provincial como parte en la causa por torturas. El Estado, ni en esta ni en otras causas similares, podrá actuar como querellante, ya que su función de garante de los Derechos Humanos es explícita en la Constitución y su participación en este tipo de causas esta circunscripta por el mismo Código.

Así es que la intención de algunos funcionarios quedó apenas como un gesto sin sentido y sin la mirada necesaria hacia adentro de un organismo estatal que vuelve a estar bajo sospecha. Mirar para adentro de la Policía y determinar si existen vestigios de una práctica atroz es la brasa caliente que nadie quiere agarrar.

Para algunos legisladores, directamente no existe relación entre la reforma del Código Procesal Penal con los acontecimientos de Gemes.

"Este lamentable episodio no se relaciona con los cambios políticos sobre una norma legal y no se soluciona con normas de procedimiento en la Justicia" afirmó un encumbrado dirigente político. "Se debe sancionar a los responsables. Ojalá todo pasara por la reforma del Código, porque significaría entonces que con una modificación legal se solucionarían muchos de los problemas del Estado. Esa es una visión por lo menos simplista de las cosas", aseguró.

La gravedad del problema se hace más evidente cuando se analiza que los hechos ocurrieron en una ciudad importante, cabecera de departamento, ubicada a pocos kilómetros de la capital provincial y en el mismo lugar que fuera señalado en mayo de 2011, como sitio de torturas en una investigación por narcotráfico. El ministerio de Seguridad sufre los primeros coletazos de una crisis que está potenciada por un cortocircuito. Algunas fuentes policiales confiaron que se advierte demasiada estructura política por arriba de las jerarquías policiales y queda la impresión de que no se llega al vértice de poder dentro de la fuerza.

"Hay muchos intermediarios entre los profesionales de la Policía y los actores políticos, y esto está minando los cuadros" admiten en voz baja. Esto tampoco se soluciona con un cambio en el Código de procedimientos. Para colmo, las violentas imágenes de la tortura en el patio trasero de la comisaría de Gemes, aún siguen dando vueltas por el mundo a través de las cadenas informativas. Son imágenes que hizo conocer el propio Gobierno, hay que reconocerlo, pero son indigeribles.

Argentina adhirió hace tiempo a la Convención Mundial contra la Tortura y una demora en el Congreso impide desde hace años que se formalice la inclusión a este organismo internacional.

Esta demora, básicamente, se produce porque la mayoría oficialista en las cámaras viene evitando la conformación de un comité nacional de prevención contra la tortura que deberá estar integrado por la sociedad civil y la participación de las provincias. Nadie propuso hasta ahora una solución de fondo.

El caso ya tuvo repercusión mediática en el mundo entero. Ahora resta el pleno esclarecimiento y las acciones posteriores que exige una política de Derechos Humanos acorde a estos tiempos.

[Fuente: El Tribuno, Salta, 21nov13]

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