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21nov13


Superpoderes para la Policía: pedirían la inconstitucionalidad del proyecto


Con una denuncia diaria por apremios ilegales, la Policía de Salta pasaría a tener la facultad de hacer requisas sin que lo ordene un juez. La media sanción a un proyecto de ley que amplía el poder de la fuerza de seguridad generó cuestionamientos y podría haber una demanda para que lo declaren inconstitucional.

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el martes una iniciativa impulsada por el oficialismo para permitir que uniformados revisen a cualquier ciudadano sin esperar la autorización de la Justicia.

El proyecto estipula también que la Policía puede requisar "vehículos, aeronaves y buques con la finalidad de hallar cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito...".

El diputado del Partido Obrero Claudio del Plá adelantó ayer estaba analizando con abogados la posibilidad de hacer una presentación para que la Justicia evalúe la constitucionalidad del proyecto.

"Varios artículos son inconstitucionales y contrarios al Pacto de San José de Costa Rica, al que Argentina adhiere. Requisar sin orden judicial lleva las facultades policiales al extremo", dijo a El Tribuno el legislador.

La iniciativa también recibió las críticas de sectores que trabajan para que se respeten los derechos de las minorías y temen que se profundicen los apremios contra travestis y transexuales que trabajan en la calle.

"Esto va en contra de los derechos constitucionales", señaló Rodrigo Liendro, presidente de la Asociación en Lucha por la Diversidad Sexual (Aludis). Liendro también dijo que la organización podría presentar una nota de rechazo en la Legislatura.

En Salta se hacen más de 350 denuncias cada año por abusos de policías según indican datos de la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias. El caso de dos detenidos torturados en una comisaría de General Gemes en 2012 es uno de los que se conocieron en los últimos años. Una filmación anónima de los apremios llegó a los medios de comunicación y se reprodujo durante días en todo el país.

La ministra de Justicia de la Provincia, María Inés Diez, defendió la reforma. "El bien a proteger es la sociedad y eso es lo más importante", consideró la funcionaria en diálogo con este medio.

Desde el oficialismo, se argumentó que la norma es necesaria para luchar contra las drogas y aplicar una ley que permite a la Policía provincial actuar contra los vendedores al menudeo pese a que se trate de un delito federal.

"El tema de las drogas es muy complicado... Pero cuando avanzamos y tomamos medidas, surgen las críticas... Hay que hacer reformas en todos los niveles para poder trabajar. ", señaló María Inés Diez.

Las nuevas facultades que ganaría la Policía se analizaban anoche en la Cámara de Senadores según informaron varias fuentes y no se descarta que el tema se trate sobre tablas en la sesión de hoy.

En la Cámara de Diputados, votaron en contra incluso legisladores oficialistas como Lucas Godoy, Horacio Tomas y Betina Navarro.

Los cambios se sumarían a la reforma del Código Procesal que se hizo en 2011y permitió que un ciudadano pueda ser investigado sin que lo sepa él ni un juez de garantías durante un mes.

Claudio del Plá, Diputado del Partido Obrero

"Con este proyecto para requisar sin orden judicial el Estado se está atribuyendo facultades represivas infinitas. Los fiscales tendrán superpoderes, los jueces de garantías quedarán casi sin injerencias y se vulnerarán todos los derechos de los imputados.

Varios artículos son inconstitucionales y contrarios al Pacto de San José de Costa Rica. Requisar sin orden judicial lleva las facultades policiales al extremo.

El Partido Obrero ya presentó una acción de inconstitucionalidad por la figura de averiguación de antecedentes, que permite detener sin causa. El proyecto que tiene media sanción amplía las facultades para una fuerza cuestionada".

Rodrigo Liendro, Presidente de Aludis (Asociación en Lucha por la Diversidad Sexual)

"Este proyecto va en contra de los derechos constitucionales. Representa un preocupante avance sobre el Estado de derecho que cuenta con la venia del Gobierno de la Provincia.

Desde Aludis venimos pidiendo todo lo contrario, es decir, la democratización de la fuerza. Esto está en sintonía con la ley nacional antiterrorista que se aprobó hace dos años y permite investigar a dirigentes gremiales.

El argumento de que esta legislación servirá para luchar contra el narcotráfico es una excusa. Esto se produce justamente cuando en Salta acaba de morir una persona en un caso que tiene a la Policía involucrada".

Virginia Cornejo, Diputada del Partido Propuesta Salteña

"Este proyecto de ley es un enorme retroceso para la democracia. La norma implicaría nuevos riesgos para los policías, ya que el gobernador Juan Manuel Urtubey podrá dar la orden de requisar a los que no son sus amigos sin intervención de ningún juez ni fiscal.

Esto, claramente, es lo peor que viví desde que estoy en la Cámara de Diputados. Votamos en contra de la mayor parte del articulado. Incluso hubo oficialistas que votaron en contra.

Con este proyecto queda liberada la Policía de la Provincia, una institución que deja mucho que desear en cuanto a su capacitación y profesionalización. No hay personal preparado para tener esta responsabilidad".

Fernando Pequeño, jefe del Programa de Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad

"El proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, en general, me parece bien porque busca agilizar la administración de Justicia y viene a completar la reforma del procedimiento penal que se había iniciado.

Pero creo que el artículo que cambia la incumbencia policial para revisar a las personas es muy peligroso.

Detrás de la lucha contra el narcotráfico, se vuelve a ideas de la década del setenta, cuando se distendieron muchas conquistas que se habían alcanzado para perseguir a un supuesto enemigo.

Para actuar contra el narcotráfico no se pueden sacrificar los derechos y garantías que tienen los ciudadanos".

Irene Soler, Diputada del Partido Conservador Popular

"Con la reforma del Código Procesal Penal se pone en riesgo la protección de las libertades individuales. No es momento de otorgar apresuradamente más facultades a las cuestionadas fuerzas de seguridad provinciales a costa de los derechos de los ciudadanos.

La reforma plantea una restricción de potestades a los jueces de garantías y más poder para los fiscales y la Policía de la Provincia.

Lamentablemente, tenemos casos que evidencian que la policía comete excesos. Hace días falleció un albañil asesinado en circunstancias confusas y, aparentemente, estarían involucrados efectivos policiales".

María Inés Diez, ministra de Justicia de la Provincia

"Para evaluar el proyecto de ley que aprobaron los diputados y el artículo que se refiere a las requisas, tenemos que analizar que el bien jurídicamente protegido en este caso es la sociedad y eso es lo más importante.

El Gobierno viene dando muestras claras de su voluntad de luchar contra los drogas. Para lograr eso es importante que la Policía de la Provincia tenga otras facultades.

Tenemos que vivir esta etapa. Queremos ir contra la venta de drogas pero cuando avanzamos y tomamos medidas, surgen las críticas. El tema es muy complicado. Hay que hacer reformas en todos los niveles para poder trabajar de una manera adecuada".

[Fuente: El Tribuno, Salta, 21nov13]

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