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07sep06
Reclamo de la Corte Suprema a Kirchner y a Cobos sobre las cárceles de Mendoza
La Corte Suprema solicitó al presidente Néstor Kirchner y al gobernador de Mendoza, Julio Cobos (UCR), que le informaran en un plazo de 15 días “las medidas concretas” que se adoptaron para garantizar la vida y la integridad de los detenidos en varias cárceles de esa provincia, donde en los últimos tres años ya murieron 18 internos y hay denuncias por maltrato.
A ningún juez se le escapó que la decisión involucra al Presidente y a un aliado importante en la convocatoria a la concertación del primer mandatario. Pero la gravedad del asunto trasciende las fronteras: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son obligatorias, solicitó sin éxito a las autoridades argentinas que adopten medidas correctivas para darles solución a las graves violaciones de los derechos humanos que se producen en la Penitenciaría Provincial y en la Unidad Gustavo André, ambas de la capital mendocina.
La Corte Interamericana, presidida por el jurista mexicano Sergio García Ramírez, es el máximo tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus decisiones son obligatorias para todos los países del sistema interamericano.
Ese tribunal, cuyas sentencias en materias como libertad de prensa y los crímenes de la represión tuvieron, en su momento, enorme repercusión, en marzo último aclaró que la Argentina podría incurrir en responsabilidad internacional si no obedecía el mandato.
Por eso, en el acuerdo realizado anteayer los jueces de la Corte argentina analizaron ese asunto y decidieron que debían intervenir para intentar que se cumpliera la medida dispuesta por la Corte Interamericana.
El caso
El caso se inició con la denuncia presentada por varios internos y abogados para buscar una solución a los problemas de violencia, maltratos, hacinamiento y falta de condiciones mínimas de higiene.
El 29 de mayo de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que el Estado tomara medidas para garantizar la integridad de los detenidos, que se separara a los procesados de los condenados y se garantizara una respuesta a los demás problemas.
Pero como las cosas no mejoraron, la Comisión Interamericana, con sede en Washington, elevó la denuncia a su superior, la Corte Interamericana, que reside en Costa Rica.
Desde entonces, la Corte Interamericana tuvo tres intervenciones, pero no fue muy escuchada:
- El 22 de noviembre de 2004, requirió al Estado nacional que coordinase medidas concretas con la provincia para erradicar esos problemas y que le enviaran informes cada dos meses. A pesar de eso, se produjeron numerosas muertes.
- El 18 de agosto de 2005, la Corte Interamericana, ante la "situación de extrema gravedad", dictó una segunda resolución, por la que dispuso medidas provisionales, porque el Estado argentino no le dio cumplimiento a la decisión del año anterior.
- Finalmente, el 30 de marzo último, los jueces de la Corte Interamericana, poco antes de visitar nuestro país -en medio de una nutrida agenda tomaron contacto con los jueces de la Corte nacional y hablaron de este tema-, dictaron una nueva medida provisional, donde se dijo que el "Estado nacional no puede alegar ninguna medida de derecho interno para dejar de tomar medidas efectivas" que eviten más muertes.
También se dijo allí que nuestro país, en caso de no cumplir con esa decisión, podría incurrir en responsabilidad internacional, que incluso puede significar una condena a pagar una indemnización. La Corte Interamericana ya dispuso muchas condenas contra distintos países por violación de los derechos humanos.
Por cierto, el organismo internacional nunca escribió que la Corte argentina tuviese que tomar alguna intervención, pero esto es visto como la única salida para impulsar alguna solución.
Por eso, la Corte decidió involucrarse. Y pidió a Kirchner y a Cobos que "la ponga en conocimiento sobre cuáles fueron las medidas adoptadas". Cobos es el hombre que hoy ve el Presidente para liderar la concertación y, eventualmente, convertirse en el candidato a vicepresidente de una fórmula kirchnerista.
Los gobiernos nacional y provincial tienen un plazo de 15 días para enviar esa información.
Y la medida tiene una especificación: se pide que le digan "qué decisiones concretas y qué actos realizaron" con esa finalidad desde el 30 de marzo último, fecha en la que la Corte Interamericana dictó su última decisión.
[Fuente: Por Adrián Ventura, La Nación, Bs As, Arg, 07sep06]
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