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22jul14
La Argentina pidió a Griesa un paraguas legal para mantener las negociaciones
La Argentina volvió a marcar sus condiciones para iniciar una negociación con los fondos buitre y puso sobre el juez Thomas Griesa la responsabilidad de facilitar ese escenario en la audiencia de hoy. Mediante un documento firmado por el abogado Carmine Boccuzzi, el gobierno apuntó que "el diálogo productivo para resolver el litigio" depende de la suspensión transitoria del fallo original junto a la elaboración de un paraguas para evitar los efectos financieros y legales de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO).
"Dados los riesgos prohibitivos que implica, la Republica cita la RUFO como una de las razones por las que la corte debería suspender la aplicación de los fallos y así dar protección (un paraguas legal) para que se pueda entablar un diálogo productivo para resolver este litigio", sostuvo el país en el documento que entró ayer al tribunal neoyorquino con la excusa de apoyar mociones de terceras partes que buscan la distribución del pago hecho en junio pasado por la Argentina y que ha sido bloqueado por Griesa.
Los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton también plantearon que una negociación sin las condiciones requeridas lleva a un riesgo de nuevos juicios tanto en los Estados Unidos como en tribunales de Inglaterra y Japón.
Frente a eso, creen que es inaceptable avanzar sin descartar la más mínima posibilidad de fallos negativos para el país que impliquen miles de millones de dólares extras en cargas de deuda.
Además apuntaron que negociar en esas condiciones implicaría responsabilidad legal con probables cargos criminales en tribunales locales para funcionarios del gobierno nacional. Para argumentar esa idea, sostuvieron que no es algo que está en su imaginación, sino que aquellos funcionarios argentinos ligados al megacanje de 2001 todavía enfrentan cargos, mientras que David Mulford, secretario del Tesoro de EE UU en aquella época, fue recientemente exonerado.
Fuentes oficiales le plantearon a Tiempo Argentino que "se aprovechó el apoyo a las mociones de los bancos europeos y del Citibank para volver a presentar los argumentos del país en el reclamo incesante de que es necesario aplicar un stay antes del 30 de junio". Además, explicaron que la idea fue dejar en claro que "no se está permitiendo realizar los pagos y tampoco se están dando las condiciones para una negociación, ya que no hay certeza de que no se gatille la cláusula RUFO, con lo que la obligación ahora es ir hacia un diálogo desleal".
En el gobierno nacional creen además que el texto sirvió para poner sobre la mesa un desafío a los buitres que dicen que el miedo a la RUFO no es una excusa válida para retrasar las negociaciones. "Que expliquen por qué creen que no se va a gatillar y que el país está libre de los riesgos", agregaron las fuentes consultadas.
En esta línea, los abogados dijeron que es posible negociar una eliminación junto a los bonistas del canje, pero que sería un proceso incierto que llevaría meses de trabajo para ser completado. El país necesitaría el consentimiento escrito de más del 75% de los acreedores, cifra muy difícil de conseguir, sobre todo al tener en cuenta que son estos mismos los que solicitaron su inclusión en los contratos a la hora de negociar la reestructuración de los papeles.
Con el repaso de las posibles consecuencias de la cláusula, repitieron que es imposible para la República avanzar con una resolución de su deuda, de manera "justa, equitativa y sustentable", si no se otorgan garantías que protejan la deuda que fue reestructurada con el 92,4% de los acreedores. "Por esto, ante la ausencia de un instrumento que le de al país la certeza de que no deberá enfrentar la carga financiera de la RUFO, una cautelar continúa siendo necesaria y apropiada para proceder hacia una resolución global que todos los actores y la Corte desean", reiteraron los representantes de la Argentina.
El texto al que accedió Tiempo Argentino también apuntó que no hay razón para que la Corte le pida al Bank of New York Mellon la devolución al país de los fondos depositados el 26 de junio. El gobierno nacional entiende que ese dinero ya es propiedad de los bonistas del canje, y que una orden en ese sentido -tal como pretenden los holdouts- complicaría mucho más la situación actual y generaría nuevos litigios a futuro.
Acciones de los buitres como esta última formaron parte de la argumentación elaborada por el país, que analizó los últimos movimientos de NML como intenciones de complicar la resolución del conflicto. "La perspectiva de resolución se complicó aun más debido a que los litigantes continuaron con agresivos esfuerzos de litigio, incluyendo entidades con mayoría estatal como YPF, así como otras entidades no argentinas como Chevron", apuntó el documento. De esa forma, el gobierno también quiere desarmar las declaraciones que dicen que quien se niega a negociar es la Argentina, mostrando una contradicción entre las declaraciones de los voceros de los holdouts y el accionar en los tribunales.
Brito: "No pasa nada" sin acuerdo
El titular del Banco Macro, Jorge Brito, dijo ayer que si al 30 de julio la Argentina no llega a un acuerdo con los fondos buitre en el juzgado de Thomas Griesa, "no pasa nada. No va a ser gratis lo que se decida, pero los mercados que vienen jugando a favor (del país) van a seguir así porque están jugando a un cambio en 2015", dijo el banquero. Consultado por el diario Ámbito Financiero sobre la posibilidad de que Griesa reponga el amparo (stay), dijo: "La única forma de que el juez reponga el stay es si los fondos buitre están de acuerdo." Y respecto del rol del Bank of New York Mellon, sentenció: "El banco tiene siempre que cumplir la sentencia judicial, no te queda otra."
Capitanich: mirada a futuro
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó ayer la importancia de que se generen los mecanismos para impedir que acciones como las de los fondos buitre puedan afectar reestructuraciones de deudas soberanas de países, y en ese marco consideró que sería bueno "a futuro" que este aspecto sea motivo de debate en el marco de la Asamblea General de la ONU. "El sistema financiero internacional debe garantizar la sustentabilidad a partir de un sistema de aprobación de mayorías que no pueda ser modificado por jueces", dijo Capitanich en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.
El jefe de Gabinete volvió a señalar que "de ningún modo puede tomarse como un default técnico" la situación creada a partir de la sentencia de la justicia de Estados Unidos respecto al reclamo de los holdouts.
[Fuente: Por Nicolás Furfaro, Infonews, Bs As, 22jul14]
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