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08feb17


El fiscal Taiano pide que se eleve a juicio oral a Cristina Kirchner en la causa por el dólar futuro


El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este miércoles que la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Economía Axel Kicillof y otros 13 procesados por defraudación al Estado a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno sean enviados a juicio oral y público, en un dictamen entregado al juez federal Claudio Bonadío.

"Los imputados sabían que su accionar, contrario a la normativa que debían respetar, implicaba un serio menoscabo al patrimonio público" y fue la ex Presidenta quien "impartió las directivas", advirtió Taiano en un dictamen de 95 carillas al que accedió Télam.

Allí, pidió juicio a todos por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", que prevé una pena de hasta seis años de prisión.

Ahora Bonadío deberá dar vista -es decir, pedir opinión- a las defensas de todos los procesados y, luego, quedará en condiciones de enviar la investigación a sorteo para que se designe un Tribunal Oral.

"La responsable política de la administración general del país durante el periodo investigado era la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien junto a su ministro de Economía, Axel Kicillof, tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado", argumentó el fiscal.

Al describir la operatoria de venta del dólar futuro y el contexto en el que se ordenó en el final del kirchnerismo, cuando regía un tipo de cambio regulado, Taiano advirtió que "todo se hizo de acuerdo a las directivas impartidas" por la ex Presidenta.

Esas órdenes fueron dadas por "Cristina Fernández de Kirchner, y su ministro de Economía, Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera", enumeró Taiano.

Los funcionarios utilizaron "de manera impropia las atribuciones y competencias de sus respectivos cargos, y adoptaron las medidas de carácter técnico administrativas que permitieron a la entidad vender entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 contratos de dólar futuro a valores inferiores al precio de mercado", argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal.

"Aquellas operaciones de la autoridad monetaria fueron realizadas con la anuencia de los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, quienes llevaron a cabo diversas acciones de carácter técnico administrativas en violación directa de las competencias y deberes de sus cargos, coadyuvando a la operatoria ilegal que estaba realizando el BCRA".

Además y en alusión a los argumentos de las defensas relativos a las medidas económicas tomadas por el macrismo desde el 10 de diciembre de 2015, Taiano consideró que "el perjuicio a la propiedad quedó consumado en cada caso con la celebración de cada contrato, lo que torna irrelevantes a los fines del delito imputado, las consideraciones formuladas por los imputados acerca de las decisiones económicas adoptadas posteriormente".

Taiano pidió juicio oral para la ex presidenta, Kicillof y para el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli Long Biocca.

También para Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby.

La ex Presidenta está además procesada por "asociación ilícita" en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, a cargo del juez federal Julián Ercolini.

Además, Bonadío la citó otra vez a declaración indagatoria para el 7 de marzo próximo en la causa que investiga a su sociedad "Los Sauces", por el alquiler de propiedades a empresarios favorecidos con obra pública en su gobierno.

[Fuente: Télam, Bs As, 08feb17]

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