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20abr13


El tribunal falló en el caso Ferreyra con 14 condenas y tres absoluciones


El Tribunal Oral en lo Criminal N21 condenó ayer al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, a la pena de 15 años de prisión por haber sido partícipe necesario del homicidio del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010. La sentencia del histórico juicio que tuvo sentado en el banquillo a uno de los máximos líderes del sindicalismo empresario atravesó momentos dramáticos y dejó como resultado 14 condenas y tres absoluciones.

La misma pena recayó sobre Juan Carlos "Gallego" Fernández, mano derecha del gremialista en la línea Roca. En tanto, el barrabrava Cristian Favale y el guarda Gabriel "Payaso" Sánchez fueron condenados como coautores materiales del homicidio a la pena de 18 años de prisión, lo mismo que el delegado Pablo Díaz, a quien se lo responsabilizó por haber liderado la patota que atacó a los trabajadores tercerizados y a los militantes políticos.

La pena fue muy dura también para los jefes policiales a cargo del operativo, a quienes se les achacó el haber "actuado deliberadamente a favor" de la patota para que bajaran de las vías y atacaran a los manifestantes.

Los jueces establecieron que no hubo pruebas suficientes para determinar que la cúpula de la UF instigó el crimen del joven -hipótesis que habían trazado las querellas y la fiscalía-, pero sí establecieron que todos sus pasos posteriores colaboraron a intentar despegar su responsabilidad del hecho.

Fueron esenciales las escuchas telefónicas, sobre todo las que para los jueces implicaban "el más escandaloso intento de soborno a la Cámara de Casación", por el que pesa sobre Pedraza un procesamiento, en una causa paralela. El hallazgo de la querella del CELS que comandó el abogado Maximiliano Medina sobre un cruce de llamados en el que Pedraza se interesó por la suerte de Favale con el objetivo de que "no prenda el ventilador" dos días después del hecho, también fue clave para establecer los "indicios" que el tribunal valoró.

También se dio crédito al móvil político y económico que rodeó al ataque, en el que se mencionó el fabuloso negocio de tener empresas tercerizadas cumpliendo trabajos para el ferrocarril bajo la órbita del gremio.

Pero, a la vez, se desechó la posibilidad de que hubieran tenido una protección por parte de funcionarios del gobierno nacional, de acuerdo a su interpretación de los diálogos telefónicos.

En una extensa jornada que comenzó con las últimas palabras de los acusados, a las 10, y retrasó su epílogo hasta pasadas las 18:30, los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, decidieron en una detallada e inédita exposición, explicar su fallo antes del veredicto, ya que los fundamentos se conocerán recién el 17 de junio.

Sin necesidad de leer, el presidente del TOC21, Días, mantuvo el estilo que lo caracterizó durante todo el juicio y despejó los interrogantes sobre los distintos ejes sobre los que basó sus conclusiones el tribunal, en los que mezcló doctrina judicial y el relato pormenorizado de los hechos. "No se sabe quién disparó el tiro que asesinó a Mariano Ferreyra", admitió, luego de repasar las circunstancias por las que se condenó a los tiradores.

En el mismo movimiento desestimó las nulidades planteadas por las defensas a lo largo del proceso y desechó la postura de los abogados que habían cuestionado la investigación que dio origen al proceso.

El ferroviario Claudio Alcorcel, sospechado de convocar a Favale y al grupo de choque, recibió ocho años de cárcel como partícipe secundario, mientras que quienes se encargaron de evitar que el equipo periodístico de C5N filmara lo sucedido -Salvador Pipitó y Daniel González- recibieron once años por coacción agravada y por ser partícipes necesarios del homicidio.

Para los jueces, hicieron eso porque sabían qué era lo que iba a pasar instantes después, cuando actuaran los tiradores. González pidió retirarse de la sala antes de que la audiencia finalizara. El tribunal sostuvo que no se pudo probar que hubieran ido directamente a matar aquella mañana, pero que seguro no fueron "autoconvocados" sino que actuaron con el aval del gremio para llevar adelante el ataque, por lo que habló de "homicidio con dolo eventual".

Pero el TOC21 también ratificó las absoluciones de los ferroviarios Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño -sospechados de esconder las armas luego del ataque-, hecho que no pudo probarse en base a que los testimonios recibidos durante el juicio no fueron creíbles.

Pero el momento más tenso de la extensa jornada se vivió cuando Días comenzó a enunciar las penas para los siete policías enjuiciados. El peso de las condenas a Jorge Ferreyra y a Luis Mansilla -a diez años de prisión como partícipes necesarios de homicidio y tres tentativas- hizo estallar en gritos a sus familiares. "Delincuentes", "es un fallo político", fueron algunas de las frases mezcladas entre toda clase de insultos que bajaron desde el piso superior de la Sala AMIA dirigidos a los jueces.

En ese instante, Favale estalló en ira y señalando al sector donde estaban ubicadas las querellas los acusó de "reírse" de su familia. De nada valieron los intentos de su defensora oficial por calmarlo, debió actuar el Servicio Penitenciario para que volviera a tomar asiento. En el descontrol, Díaz miró desafiante al público ubicado detrás del blindex y aprovechó para insultar y hacer un gesto obsceno a una joven amiga de Mariano, que rompió en llanto.

La orden del presidente del TOC21 fue desalojar la sala y hacer un cuarto intermedio. Fernández y Pedraza sólo saludaron a sus familiares -antes de que los retiraran- con cara de resignación.

Uno de los puntos más notables de la sentencia fue la responsabilidad que asignaron a los policías encargados del operativo, cuyas defensas fueron demolidas por el veredicto. En tanto, el ex titular de la Dirección General de Operaciones, Hugo Lompizano, recibió dos años de cumplimiento condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo mismo para sus subalternos, Gastón Conti y Luis Echavarría, ya que según el tribunal recibieron, en la sala de situación, información errónea, y no hicieron caso al pedido del absuelto subcomisario Rolando Garay, a cargo de dos patrulleros que se vieron superados para actuar.

Por último, se encontró responsable de omisión de los deberes al camarógrafo policial David Villalba, que deberá pagar una multa de 12.500 pesos y estará inhabilitado por un año.

El fallo no terminó por complacer a las querellas, que anunciaron que podrían apelar. Entre las defensas reinó la desazón, e hicieron saber que irán a Casación apenas se hagan públicos los fundamentos.

El llanto de los compañeros más cercanos a Mariano luego del final de la audiencia condensó la mezcla de emociones, atravesadas por el dolor, que comenzó un día como hoy, hace dos años y medio.

[Fuente: Por Gabriel A. Morini, Tiempo Argentino, Bs As, 20abr13]

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