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24sep13


Ordenan el ingreso en prisión del cura Grassi condenado por abuso sexual y corrupción de menores


Un Julio César Grassi en apariencia inmutable, aunque la tensión se le marcaba en los pómulos, sobre la línea que marca la mandíbula, y en la dureza de la mirada que dirigió a los jueces, escuchó ayer la sentencia del Tribunal Oral N 1 de Morón por la cual se ordenó su inmediata detención en la Unidad Penitenciaria 39 de Ituzaingó. Fue el único gesto benévolo, dado que la prisión queda dentro de la diócesis de Morón, a la que sigue perteneciendo el cura, a pesar de que su condena a 15 años de prisión por "abuso sexual y corrupción de menores" ya ha sido ratificada por una decena de jueces. El gesto, sin embargo, podría quedar trunco porque el Servicio Penitenciario provincial pidió que lo trasladen a la Unidad 41, de Campana, de máxima seguridad. "Hoy por hoy pesan sobre la cabeza del acusado tres fallos dictados por órganos judiciales de diferente instancia, agotando la jurisdicción provincial" y "confirmando (...) la culpabilidad del encartado y el consiguiente cumplimiento de la pena", se dijo en la resolución, que fue leída, con voz firme, por la presidenta del tribunal, Mariana Maldonado.

"Se debe hacer cesar la alternativa a la prisión preventiva consistente en libertad vigilada y proceder a la inmediata detención" de Grassi "en el entendimiento de que una decisión en contrario, a esta altura, sería de alta gravedad institucional e impediría restablecer la vigencia de las normas y la confianza en la Justicia", puntualizó la doctora Maldonado. Cerca de las ocho de la noche, una vez concluida la sesión que había comenzado a las 14.30, Grassi salió de la sala sin ser esposado, como ocurre en la mayoría de los casos, aunque lo escoltaba una docena de policías que estuvieron en la sala de la planta baja de los tribunales de Morón.

Un grupito que se concentró primero en la calle y luego en la sala para proclamar en sus consignas "la inocencia del padre Grassi" se retiró sin mucho ruido, apenas el llanto de un par de mujeres, pero una vez afuera, las seguidoras de Grassi golpearon a un camarógrafo, y Juan Pablo Gallego, uno de los abogados querellantes, tuvo que ser rescatado por la policía de una inminente golpiza (ver nota aparte).

Antes de la sentencia, Grassi tuvo que oír duras exposiciones del fiscal Alejandro Varela, y de los querellantes Sergio Piris y Juan Pablo Gallego, pero no lo hicieron retroceder. Cuando expuso sus argumentos en favor de seguir libre, a pesar de la condena, insistió con el latiguillo, esgrimido durante el juicio oral, de que es víctima de "una causa armada" por una supuesta "campaña mediática" en su contra. Pidió que lo dejen seguir "trabajando para la Fundación Felices los Niños", pero fuera de la sede de Hurlingham que fue escenario de los dos hechos de abuso en perjuicio del joven conocido como "Gabriel".

"No hay ningún riesgo, lo único que hago es trabajar para la fundación. Qué quieren de un imputado o de un penado con sentencia firme? Qué quieren de mí? Qué vaya a picar piedras como ocurría en otros tiempos?".

Reiteró una vez más que estaba viajando al barrio de Almagro, en un automóvil, el día y la hora en que ocurrió uno de los abusos denunciados por "Gabriel". Sus argumentos fueron expuestos con precisión, sin baches, se lo notaba exaltado como nunca antes en el proceso. "Pido disculpas por mi enojo, pero tenía que exponer ante ustedes. Los sacerdotes, para hacernos entender, estudiamos oratoria". Hasta le imprimió un tono bíblico a su actual situación: "Esta es la cruz que me toca llevar", dijo.

Grassi acusó de "mentirosos" al fiscal Varela y a los querellantes, que antes habían pedido su inmediata detención con duros conceptos. Llegó a comparar su caso con la investigación del asesinato de Candela Rodríguez. "Con testigos falsos y de identidad reservada, armaron esa causa y no se sabe quién la mató. Quieren esconder eso armando este circo, este cúmulo de mentiras". Negó tener relación con las amenazas denunciadas por varios testigos del juicio y sostuvo que lo único que hizo fue "ayudar para que en la sociedad no hubiera chicos abandonados". Se mostró ofendido porque los querellantes le dicen "pedófilo".

El fiscal Alejandro Varela sostuvo ante el Tribunal Oral N 1 que "la presunción de inocencia está práctimante destruida" por las tres sentencias condenatorias y, aunque admitió que todavía le queda a la defensa el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia nacional, recalcó que era necesario "una medida de coerción (como la detención en una cárcel) para garantizar los fines del proceso". Varela afirmó que la libertad de Grassi constituía "una situación de gravedad institucional" y hasta llegó a sostener que de seguir en esa situación "lo que estaríamos haciendo, como miembros del Poder Judicial, es colaborar con el delito".

Sergio Piris, el abogado de "Gabriel", dijo que "el papa Francisco viene diciendo que todos los pedófilos, como es Julio César Grassi, tienen que estar en su lugar: la cárcel". Luego señaló las diferencias "en la situación de olvido, de desamparo, que vive mi defendido", por "Gabriel", en contraste con "la situación de poder de Grassi, que parece un actor de Hollywood que hace declaraciones por televisión y que ha sido beneficiado a lo largo de todo este proceso por amigos empresarios, abogados caros y operadores judiciales de esta jurisdicción que han permitido que siga en libertad, a pesar de estar condenado por delitos gravísimos".

"La gente se pregunta por qué Grassi está en libertad. Yo la respuesta no la tengo. La respuesta la tienen que dar ustedes, señores jueces. Grassi se manejó con esta impunidad gracias a sus amigos, incluyendo sectores de la Iglesia que lo apoyaron". Luego de escuchar las posturas opuestas del querellante Juan Pablo Gallego, del defensor del cura y del propio Grassi, los jueces Mariana Maldonado, Pablo Lucero y Claudio Cheminade dispusieron un cuarto intermedio y pasaron a deliberar.

La lectura del fallo se hizo ante dieciséis cámaras de televisión y una multitud de fotógrafos, que por primera vez pudieron ingresar a la sala de audiencias en este proceso, que tuvo su juicio oral en el año 2009, durante más de seis meses, sin que la prensa pudiera acceder al recinto. El día que se dictó la primera condena a Grassi, el 10 de junio de ese año, sólo pudieron entrar los periodistas, sin grabadores ni equipos fotográficos, a una sala pequeña, en el primer piso del Palacio de Tribunales de Morón.

Los jueces recordaron que las normas locales e internacionales señalan que la prisión preventiva tiene un "carácter excepcional" y "sólo se justifica cuando es absolutamente indispensable para evitar que el encartado pueda eludir la acción de la Justicia". Agregaron que su deber como jueces es el de "afianzar la Justicia", en un caso donde "existen razones debidamente fundadas que justifican la necesidad y proporcionalidad de una medida preventiva restrictiva de la libertad".

Frente a las tres condenas recibidas por Grassi "entendemos que tenemos la obligación legal, que estando en nuestras manos la posibilidad, fallemos asegurando los fines de este proceso, en el cual, a esta altura, y con sólo una posibilidad extraordinaria a nivel federal". Por esas razones se expresaron por la "aplicación de una medida que restrinja su libertad para que (Grassi) comience a cumplir con la pena impuesta y confirmada por los organismos revisores".

Por eso tomaron los conceptos vertidos antes por el fiscal Varela y los querellantes y consideraron que ante la gravedad de la pena impuesta existe "un peligro de fuga concreto y verificable". Señalaron luego que el "estado de inocencia" del imputado continúa "intacto" porque "no se es más o menos inocente acorde se vayan sucediendo las distintas etapas revisoras, sino que por el hecho de existir al presente una condena confirmada por la resolución de un recurso extraordinario, tal circunstancia aumenta sustancialmente el riesgo procesal y en ese extremo fundamos nuestra decisión".

Por eso decidieron "la inmediata detención" de Grassi "en el entendimiento de que una decisión en contrario, a esta altura, sería de alta gravedad institucional e impediría restablecer la vigencia de las normas y la confianza en la Justicia".

[Fuente: Por Carlos Rodríguez, Pag12, Bs As, 24sep13]

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