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19may06
Ante la ocupación al diario El Atlántico, formulan denuncia ante la Fiscalía.
Sigue la ocupación al diario El Atlántico.
Anoche el Juez Walter Dominella ordenó que se constituya la policía en el diario El Atlántico e identifique a los ocupantes, determine además el grado de ocupación del inmueble donde funciona la redacción, se permita el ingreso a Jorge Elías Gómez, Director del diario y presidente de la Cooperativa de Trabajo que lo concesiona y se deje una consigna policial en el lugar a efectos de "preservar los bienes del diario y evitar cualquier tipo de conflicto entre los ocupantes..." pero nada de esto fue realizado porque los usurpadores no permitieron que se cumpliera con la diligencia judicial. Ello motivó una denuncia penal por usurpación de propiedad, coacción, impedimento de la libre circulación de un periódico, incitación a combatir ideas y desobediencia judicial. En otro orden la Senadora Provincial Adela Segarra, expresó en un comunicado su más "profunda preocupación ante la gravedad de los hechos ocurridos" y envió su solidaridad a los trabajadores de ese periódico. La dirigente kirchnerista calificó como "metodologías de violencia y modos patoteriles", los que utilizaron los aparentes nuevos directivos de la firma periodística, ya que "atentan contra derechos básicos consagrados en nuestra Constitución como los de trabajo, de libertad de expresión y libertad de información y nos preocupan e indignan". En este sentido Segarra se comprometió - desde su cargo institucional -a poner todo el esfuerzo para velar por la defensa de estos valores que tanto esfuerzo y sangre le costó a nuestro pueblo".
Más adelante Segarra expresó "Toda mi solidaridad y afecto a los trabajadores del Diario El Atlántico que vienen con tesón y sacrificio trabajando desde hace tiempo en condiciones sumamente difíciles dando a toda la sociedad marplatense un ejemplo de entereza levantando cada día la bandera de la libertad de prensa", concluyó la senadora, titular de la comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense.
A continuación transcribimos íntegramente la denuncia presentada ante la Fiscalía:
FORMULA DENUNCIA. SOLICITA DILIGENCIAS INSTRUCTORIAS URGENTES. SE REQUIERA DESALOJO.
SEÑOR AGENTE FISCAL:
JORGE ELIAS GOMEZ, DNI 10.117.605, en mi carácter de Presidente de la COOPERATIVA DE TRABAJO RIVSAN LTDA, con el patrocinio letrado del Dr. CESAR RAUL SIVO, abogado, inscripto en el tomo IV, folio 347, del C.A.M.d.P., Leg. Previsional 38672-4/5, I.B. y C.U.I.T. 20-16219847-6, I.V.A. responsable inscripto, constituyendo domicilio legal en calle ALBERTI 1502 de Mar del Plata, a Ud. respetuosamente digo:
I.- OBJETO.
Que en el carácter invocado y de conformidad con lo preceptuado por el art. 268 del C.P.P.B.A., vengo por el presente a formular denuncia penal contra los Sres. ANDRES BARBIERI, CARMELO IMPARI, RAUL VULCANO, DAVID JORGE RAMIREZ, MARIO JUAN GIUFFO, RUBEN CASARE, GUILLERMO MAZZA, OSCAR BALMACEDA y toda otra persona que, conforme el resultado de la investigación que se inicie, resulte penalmente responsable, en relación a los delitos de USURPACIÓN DE PROPIEDAD (art. 181 inc. 1 del C.P.), COACCIÓN (art. 149 bis -segundo párrafo- del C.P.), IMPEDIMENTO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE UN PERIÓDICO (art. 161 del C.P.), INCITACIÓN A COMBATIR IDEAS (art. 213 bis del C.P.) y DESOBEDIENCIA JUDICIAL (art. 239 del C.P.).
II.- ANTECEDENTES.
Que en virtud de la severa crisis que venía afrontando la empresa propietaria del diario "El Atlántico" de nuestra ciudad, la misma decidió concursarse, abriendo su proceso falencial por ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo comercial Número 8 secretaría número 15 con asiento en Libertad 533 PB de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el que se caratula: " EDITORIAL EL ATLANTICO S.A. S/concurso preventivo"
En dicho expediente se decidió que el periódico que lleva el nombre de la sociedad y que se edita en Mar del Plata, fuera concesionado a una cooperativa que se había constituido previamente, para que la misma desarrolle todas las actividades del mismo y continúe con la actividad regular de la empresa; para lo cual se firmó un contrato de concesión el 11 de abril del 2006, siendo rubricados por los autorizados para hacerlo.
Una semana después se tomó posesión por parte de la cooperativa, nuevamente en cabeza del autorizado legal y estatutariamente para hacerlo. En otras palabras el 18 de abril, RIVSAN LIMITADA (que es la denominación de la cooperativa) se hizo efectivamente cargo del diario de referencia.
Desde entonces y a pesar de un intento de "copamiento" anterior, la cooperativa siguió funcionando normalmente, así como el diario siguió saliendo como corresponde cada día.
Al darse un caso de continuidad de la explotación, la cooperativa automáticamente absorbió a los empleados del diario a quienes se les liquidó sus jornadas cada semana, como se venia haciendo hasta ese momento.
En resumen de las obligaciones de cada parte, ambas cumplieron con lo que tenían estipulado tal como puede verse en el contrato que en copia simple se acompaña. Por parte de la editorial, entregar las instalaciones y poner en ellas a la gente de la cooperativa, garantizándole el uso y goce de las mismas.
Por parte de la cooperativa, hacerse cargo del diario y asegurarse que cada día estuviera su edición en los kioscos de la ciudad. Y eso es lo que viene ocurriendo desde esa fecha.
Hasta aquí todo sería normal, hay un contrato, firmado por quienes pueden hacerlo y hay cumplimientos concretos, por lo que lejos de ser problemático, tendría que ser exactamente lo contrario. Sin embargo, el mismo profesional que se encargó de dar forma jurídica a la cooperativa, comenzó a generar cuestionamientos y a realizar actividades en contra de sus mandantes a poco de hacerse cargo ésta de las ediciones cotidianas.
En efecto, la cooperativa fue constituida contando con los servicios profesionales del abogado Andrés Barbieri, quien hizo toda la documentación necesaria para que la misma pueda funcionar como tal. Sus integrantes son:
1. Jorge Elías GOMEZ (Presidente de la cooperativa y director actual e histórico del periódico);
2. Emiliano ORLOU (Secretario);
3. Sebastián GOMEZ (Tesorero);
4. David DEL BIANCO;
5. Rubén CASALE;
6. Ariel GRASSA SUAREZ;
7. Carlos MOLINA;
8. Eduardo CERCHIARO; y
9. Raúl VULCANO (Síndico).Como se ve los tres primeros conforman el consejo de administración, siendo designado el Sr. Raul VULCANO como síndico de la misma. LAS AUTORIDADES ESTAN LEGAL Y ESTATUTARIAMENTE CONSTITUIDAS y como tales cada una de ellas desempeñan sus roles específicos.
Desde su creación e inscripción (por Resol. INAES 1958 del 15 de junio del 2005), los documentos constitutivos siempre permanecieron en poder del profesional de mentas, aún cuando fueron requeridos en numerosas ocasiones para hacer las inscripciones fiscales necesarias para cumplir con los cometidos estipulados.
Sin mayores fundamentos quedaron en su poder y en la relación normal de confianza que existe entre abogados y clientes, se le permitió que las cosas siguiesen de esa manera.
Del expediente INAES 2114-05 no surge ninguna anomalía, estando vigente entonces el estatuto y las autoridades que fueron designadas en los actos regulatorios de la vida social de esta. Al día de hoy, dicho proceso se haya finiquitado y archivado como ocurre cuando todo está en regla.
En los primeros días de mayo, se vivió una ridícula situación en la que el síndico de la cooperativa (que solo es veedor y representa y vela por los intereses de los socios componentes de la misma) se arrogaba funciones, mandatos y facultades que solo estaban dentro de su imaginación como para sacar de su cargo al presidente, pedir las renuncias del secretario y del tesorero y "tomar" de prepo el control del diario.
Para ello, había creado un documento en donde él mismo manifestaba lo que hacía y porque lo hacía, DESCONOCIENDO EL ESTATUTO Y LA LEY DE COOPERATIVAS EN TODA SU EXTENSION. Ingresó al diario, cambió la cerradura del despacho del director y prohibió el ingreso de éste, poniendo custodia en el lugar con una persona de nombre Alejandro del cual se desconocen mayores datos.
Cuando el Sr. Jorge Gómez se dirigió al lugar se le vedó el ingreso efectivamente, por lo que se hizo acompañar por abogados y algunos amigos para que se le explicitara frente a testigos por qué al presidente de la cooperativa y director del diario en funciones se le prohibía o se pretendía evitar su ingreso al periódico. Allí fue que en definitiva se pudo ingresar y recuperar el gobierno.
En el momento, se hizo una presentación en la seccional primera requiriendo el auxilio de la fuerza pública, mas cuando la misma arribó al lugar de los hechos; por suerte las cosas se iban encaminando a una correcta y feliz solución. El diario volvió a su cauce natural y se publicó normalmente.
Andrés Barbieri, acompañó al síndico a formular una denuncia contra el presidente de la cooperativa por HABER INGRESADO AL DIARIO (sic) cuando lo único que había hecho era cumplir con su mandato y con su obligación legal de controlar la publicación que dirige. Dicha presentación quedó radicada en la fiscalía del Dr. Paggella quien lógicamente desestimó la absurda denuncia realizada y firmada por Raúl Vulcano. Primer embate, resuelto entonces con celeridad.
Este fugaz paso por la justicia penal de las conductas desarrolladas por el Sr. Vulcano y dirigidas por el Dr. Barbieri, evidencian que éstos nunca estuvieron en posesión del inmueble.
Días más tarde llegaron unas cartas documentos que por inconsistentes nunca fueron contestadas, en una de ellas Vulcano decía COMO VIOLABA EL ESTATUTO DE LA COOPERATIVA y COMO PRETENDIA QUEDARSE CON EL GOBIERNO DE LA MISMA, saltando asambleas y actuaciones propias de la vida social, invocando la denuncia de referencia como causal de mal desempeño del presidente de la cooperativa y en otra uno de los socios se proclamaba normalizador por "voluntad de la sindicatura".
Tan increíblemente absurdas eran las misivas, que se optó por ignorarlas que darles una importancia que no tenían. Los canales sociales existen, pero sobre todo las autoridades de la cooperativa están en funciones, la cooperativa esta trabajando y se esta cumpliendo el contrato que se tiene, por lo que nada de lo sostenido tenía ni tiene asidero. A la descabellada comunicación, solo quedaba ignorarla; que fue lo que se decidió.
Si bien todo resultaba extraño, parecía obra de una persona desquiciada que pretendía hacerse cargo de algo por su exclusivo sentimiento; mas nunca se pudo pensar seriamente que algo mas podría suceder.
Luego de esas cartas documentos, se estableció comunicación con Editorial El Atlántico S.A. quienes se encargaron de confirmar por medio de su director Dr. Roberto Micheti, que todo estaba en orden y que -por supuesto- nada de la vida interior de la cooperativa era de su incumbencia. Reinó entonces la calma.
III.- HECHOS.
Situación que duró hasta ayer 18 de mayo del 2006. Es así que en horas de la mañana un grupo de personas vestidas de negro, en franca actitud hostil, comandadas por el Comisario retirado CARMELO IMPARI y alegando supuestas órdenes del síndico de la cooperativa Sr. Vulcano, INGRESARON AL LOCAL DEL DIARIO en la calle BOLIVAR casi La Rioja de esta ciudad y QUEDARON A CARGO DEL MISMO por su exclusiva decisión y voluntad.
Luego de ingresar, le dijeron a los empleados de la empresa de seguridad que se retiren del lugar, que eran ellos los nuevos encargados de ese tema y a los empleados de la redacción les manifestaron expresamente que A PARTIR DE AHORA NO SE PUBLICA MAS NADA CONTRA HOOFT, NI NADA CONTRA LA DICTADURA, NI DE LOS JUICIOS POR LA VERDAD. A uno de los periodistas de nombre LUIS MARIA MUÑOZ (quien hace años se encarga de policiales), le dijeron además que fuera al estudio de un abogado laboralista que esta a la vuelta del diario, que allí le dirían cómo se desvinculaba de la firma.
Prohibieron el ingreso del contador Daniel Castro quien había sido designado para manejar la administración y controlaron los accesos, lo que sucede hasta el momento.
Dos cosas llaman poderosamente la atención: una, relacionada con el claro atentado a la libertad de prensa cuando se usurpa un periódico y se establece una prohibición de informar. La otra, vinculada con el medio empleado: un grupo de personas de gran tamaño irrumpiendo en un lugar y quedándose en el mismo por la fuerza.
Estas conductas obligaron a la presentación de una acción constitucional de amparo (la que en copia se acompaña), a través de la cual se le requirió a la justicia que asegure el normal desarrollo de la actividad laboral que realiza la Cooperativa que presido, que garantice la libertad de trabajo de las personas se desempeñan dentro del periódico y que, por sobre todo, resguarde el derecho constitucional de libertad de prensa e información que tan groseramente pretende ser cercenado.
En el marco de dicho proceso, el Dr. Dominella ordenó el libramiento de un oficio al titular de la Jefatura Departamental de la Policía de la ciudad de Mar del Plata a los efectos de que: "...1) se determine el estado de ocupación de las dependencias del diario "El Atlantico", 2) se individualice a los ocupantes, 3) se permita el ingreso a las citadas dependencias a quien de acuerdo a las constancias acompañadas resulta ser el director del diario, Jorge Elías Gómez, 4) se establezca en el lugar una consigna policial a efectos de preservar los bienes del diario y evitar cualquier tipo de conflicto entre los ocupantes...".
Siendo las 22:30 hs. del día 18 de mayo de 2006, me apersoné en la Comisaría Primera de Mar del Plata (quienes ya deberían contar con indicaciones precisas de la Jefatura Departamental), entrevistándome con el Oficial de Servicio, quien efectivamente estaba a la espera de mi llegada para cumplimentar lo ordenado por el mentado magistrado. En dicha oportunidad me exhibió un absurdo "oficio" firmado por el mismo VULCANO, a través del cual le "confesaba" al titular de dicha dependencia quién era la persona que él había puesto arbitrariamente como "nuevo director del diario", le adelantaba que no me dejaría ingresar más al mismo y "le requería una consigna policial que le ayude a garantizar la consumación de sus delitos". Así de absurdo como se lee.
Lo cierto es que, más allá de lo anecdótico y ridículo de esta pretensión que allí se me informó, nos apersonamos junto con dicho Oficial de Servicio y personal policial a sus órdenes, en el lugar en donde funciona la redacción del diario, lugar en el cual, al intentar dar cumplimiento con lo ordenado por el Dr. Dominella, nuevamente nos encontramos con el Dr. Barbieri quien junto a otras personas, impidieron efectivizar la diligencia dispuesta (ver acta que se adjunta).
En resumidas cuentas:
1) en horas de la mañana, 10 personas de gran contextura, uniformadas y sin identificación, bajo las órdenes directas del Sr. CARMELO IMPARI y del Dr. ANDRES BARBIERI, irrumpieron en la redacción del diario, expulsaron al personal de seguridad (perteneciente a la firma "Brocal"), y tomaron por la fuerza la dirección del mismo;
2) lo primero que dispusieron en ese rol de directores "de facto" fue PROHIBIRLES a los empleados de redacción que vuelvan a escribir un solo renglón en contra del Juez Pedro Cornelio Federico Hooft o contra la dictadura, ni en relación a los "Juicios por la Verdad" que se están ventilando;
3) luego, le prohibieron el acceso a las legítimas autoridades del diario (que eran en definitiva quienes habían contratado los servicios profesionales del Dr. Barbieri para la conformación de la cooperativa);
4) y finalmente, desobedecieron una orden judicial expresa, impidiendo que el Presidente de la Cooperativa y Director del periódico permanezca en el lugar y cumpla con su función específica de controlar la edición del diario del día de la fecha.
Cuán evidente e indiscutible es la actitud asumida, la usurpación de propiedad denunciada y la ilegal intromisión y censura en la línea editorial del diario, que dichos sujetos se permitieron incluso (más allá de los reconocimientos efectuados en el acta policial realizada en el día de ayer) modificar la edición que se estaba terminando (correspondiente al día de hoy), incluyendo en la tapa de la misma un recuadro que reza "GRACIAS POR LA CONFIANZA" (en donde se anuncia que todo cambiará a partir de hoy) y sustituyendo al director del periódico).
Sr. Fiscal, entiendo que no puede dejar de considerarse que la gravedad de la maniobra delictiva, no hace más que recrear lamentables situaciones vividas durante una de las dictaduras más violentas que se sufrió en este país, en donde los medios de comunicación debían decir lo que el "gobierno" quería escuchar, en donde sólo podía escribirse lo que el "gobierno" quería leer.
Y no es casualidad:
1) Que la toma del diario coincida con el día en que se publicaron sendas noticias sobre el avance del "Juicio por la Verdad" iniciado en la localidad de Olavarría, así como también con las novedades existentes en la investigación penal que tramita por ante la Justicia Federal, a raíz de la denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en relación a los delitos de lesa humanidad en los que habrían tenido participación directa funcionarios judiciales y otros civiles de esta ciudad.
2) Que lo primero que se prohíba sea la publicación de notas en contra de la dictadura o del juez Hooft, o que se informe respecto de los "Juicios por la Verdad".
3) Que quien aparentaba dirigir a la "patota" de sujetos intimidantes: a) haya sido el candidato a concejal por la lista de "Patti" (tristemente conocido por su intensa actividad en la dictadura que llega inclusive hasta los últimos años de esta y cuyo ingreso al Congreso hoy se encuentra comprometido); b) haya proclamado públicamente contar con el apoyo del juez Hooft (recordemos lo ocurrido cuando irrumpió violentamente en el Concejo Deliberante de esta ciudad, porque no le dejaban usar la banca 25 y en donde además se encontraba acompañado por el Dr. Barbieri).
4) Que el "director de facto" impuesto por esta gente sea OSCAR BALMACEDA (hermano del yerno del juez Hooft, cuyo nombre es Carlos Balmaceda, quien a su vez viene publicando sugestivas y provocativas notas en el diario La Capital desde que se presentó la denuncia que involucra a su suegro).
Evidentemente, el círculo se empieza a cerrar y uno advierte que las cosas que suceden están claramente programadas y persiguen un objetivo final: neutralizar el único medio gráfico de Mar del Plata que se ha animado a publicar e informar lo que la justicia va descubriendo de aquel pasado nefasto y violento que la mayoría del pueblo argentino no quiere volver a sufrir, pero que algunos pocos pretenden tapar.
IV.- CALIFICACION LEGAL.
Como adelantaba, los hechos denunciados deben ser calificados como constitutivos de los delitos de USURPACIÓN DE PROPIEDAD (art. 181 inc. 1 del C.P.), COACCIÓN (art. 149 bis -segundo párrafo- del C.P.), IMPEDIMENTO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE UN PERIÓDICO (art. 161 del C.P.), INCITACIÓN A COMBATIR IDEAS (art. 213 bis del C.P.) y DESOBEDIENCIA JUDICIAL (art. 239 del C.P.).
V.- PRUEBA.
V.a.- Testimonial.
Se ofrecen como testigos a los Sres.
1) Luis María MUÑOZ, periodista.
2) Daniel CASTRO, contador público nacional.
3) Vilma BARAGIOLA, Diputada Nacional.
4) Capitán Daniel Oscar BOGADO, Seccional Primera.
5) Empleados de "Brocal" que puedan tener conocimiento del tema.
6) Emiliano ORLOU (Secretario);
7) Sebastián GOMEZ (Tesorero);
8) David DEL BIANCO;
9) Ariel GRASSA SUAREZ;
10) Eduardo CERCHIARO;
11) Ingeniero José María Conte.V.b.- Documental.
Como documental se acompaña:
1) copia simple del estatuto de la cooperativa
2) copia simple del contrato de concesión
3) copia simple del acta de posesión
4) copia simple de la carta documento enviada por Raul Vulcano
5) copia simple de la carta documento enviada por Carlos Andrés Molina
6) copia simple de una supuesta acta labrada por Raul Vulcano.
7) cédula de notificación de la desestimación de la denuncia.
8) exposición civil realizada en el día de la fecha.
9) Copia simple del amparo presentado en el día de ayer por ante el Juzgado Correccional nro. 2 del Depto. Judicial de Mar del Plata caratulado "GOMEZ s/acción de amparo" registrado bajo el nro. 5424.
10) Copia simple del oficio librado en el referido amparo.
11) Copia simple del acta de constatación de ocupación del inmueble donde se emplaza la redacción del diario "El Atlantico" cuya explotación corresponde a la cooperativa de Trabajo RIVSAN Limitada.VII.- SOLICITA SE ORDEN EN FORMA URGENTE EL DESALOJO DE LOS OCUPANTES.
Toda vez que de la realización de la constatación de ordenada por el Dr. Dominella surge la ocupación ilegítima por personas del edificio del Diario "El Atlantico", y la documentación acompañada, en esta presentación, requiero se ORDENE EL DESALOJO de los usurpadores toda vez que, imponen hacer cesar en forma INMEDIATA los efectos del atentado denunciado y, devolver la situación fáctica al estado inmediato anterior a la usurpación que se denuncia y, por lo tanto, ordenar el inmediato desalojo del lugar, por parte de las personas que ilegítimamente lo ocupan.
VIII.- PETITORIO.
En síntesis, a V.S. solicito:
1.- Tenga por presentada la denuncia.
2.- Tenga presente la prueba ofrecida.
3.- Requiera en forma urgente la medida cautelar peticionada.
4.- Disponga la realización de toda otra diligencia que se entienda útil para la comprobación de los hechos denunciados y la identificación de los responsables.
Sírvase tener presente lo expuesto y proveer de conformidad que
SERA JUSTICIA
[Fuente: : 0223.com.ar, Mar del Plata, Arg, 19may06]
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