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28ago13


En una medida que afecta a 1,5 millones de trabajadores sólo pagarán Ganancias los que ganen más de $ 15.000


En una medida de alto impacto político y económico, el Gobierno decidió aplicar una suba del piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Desde el 1° de setiembre, los asalariados que perciben hasta 15 mil pesos, solteros y casados, quedarán liberados del tributo.

Por otra parte, se decidió ampliar el universo de chicos que reciben asignación familiar, y pasarán a percibirla quienes cobran sueldos de hasta 30 mil pesos.

Los anuncios los hizo Cristina Kirchner al inicio del encuentro que tuvo ayer por la tarde en la Casa de Gobierno con industriales, banqueros, representantes de cámaras empresarias y sindicalistas aliados, con los que ya se había reunido hace una semana en Río Gallegos para "discutir el modelo", su respuesta ante la derrota en las primarias del 11 de agosto.

Resolver la cuestión del impuesto al salario (Ganancias) era un reclamo coincidente de las cuatro centrales sindicales, tanto oficialistas como opositoras, y el líder camionero Hugo Moyano la tenía como principal bandera. También la oposición cuestionaba este impuesto y Sergio Massa, el principal rival del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, puso el tema al tope de sus reclamos en la campaña. El anuncio fue bien recibido por la oposición: "Vieron que se podía, no vendíamos espejitos de colores", dijo el sindicalista Héctor Daer, candidato a diputado por el massismo. Elisa Carrió celebró que la Presidenta " empiece a entrar en razones y tome la agenda de la oposición".

La cuestión para el Gobierno era como financiar los recursos que dejará de percibir. Ayer reveló la decisión: un " esfuerzo compartido" entre el Estado y el sector privado. En el salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, luego de una breve introducción de Cristina, tomó la palabra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Explicó que del sector privado, las fuentes de financiamiento serán dos: un gravamen del 15% a la compraventa por parte de sociedades del exterior de títulos y acciones de empresas que no cotizan en Bolsa; y un gravamen del 10% a la distribución de dividendos de las empresas (se enviará un proyecto al Parlamento). De los privados esperan recaudar $ 697 millones y $ 1.359 millones por estos conceptos, respectivamente. Y el "esfuerzo fiscal" será de $ 2.581 millones. Los cambios en Ganancias implican resignar una recaudación de casi $ 4.500 millones.

En la reunión de Río Gallegos, había sido el banquero Jorge Brito el que propuso esta línea de acción de financiar vía utilidades y no gravar la renta financiera, contó a Clarín uno de los presentes, que definió la reunión como "ágil, tranquila y sin efusividad".

El Gobierno evidenció así haber tomado nota del malhumor de amplios sectores de clase media, que se tradujo en castigo en las urnas con una pérdida de 4 millones de votos para el kirchnerismo el 11 de agosto. A exactos dos meses de las legislativas del 27 de octubre, la medida es parte del paquete de emergencia con que el Gobierno intentará revertir su derrota.

La convocatoria a los empresarios y sindicalistas fue sorpresiva a tan solo una semana del cónclave patagónico. La Presidenta los recibió junto a su equipo económico y medio Gabinete. Los invitados -los "dueños de la pelota", los "titulares", como los definió Cristina en su ninguneo a "los "suplentes", por los políticos de la oposición que la derrotaron en casi todo el país- fueron unos 25. Estuvieron, entre otros, Héctor Méndez (UIA), Jorge Brito (Adeba), Claudio Cesario (ABA), Eduardo Eurnekian (Cámara de Comercio); y los sindicalistas Antonio Caló (CGT Balcarce), con Andrés Rodríguez (UPCN), Ricardo Pignanelli (Smata), y Hugo Yasky (CTA). Al retirarse, Osvaldo Cornide (CAME) dijo a Clarín y otros medios que sobre las medidas adoptadas, "hubo apoyos explícitos y otra gente no se expresó". Tras los anuncios de Ganancias y asignaciones familiares, la prensa debió retirarse. A solas, la Presidenta les pidió a sus interlocutores que "por el país" se expresaran a favor de la posición oficial en la disputa con los fondos buitres. Y hubo reclamos por la situación de las economías regionales frente a un dólar que "no es competitivo".

[Fuente: Por Guido Braslavsky, Clarín, Bs As, 28ago13]

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