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05oct15
Comunidades indígenas de Morillo reclaman justicia y condenan la represión
Cuestionaron que se ordene detener a lugareños y no a los represores. Aseguran que el Gobierno y la empresa Vertúa no cumplieron.
Tres días después de que la Fiscalía Penal de Embarcación ordenara la detención de seis lugareños de Morillo a los que acusa por el enfrentamiento con policías en el paraje El Chirete, representantes de las comunidades originarias denunciaron parcialidad en la medida, por lo que reclaman justicia por la represión que sufrieron. A la vez exigen que los gobiernos nacional y provincial así como la empresa Vertúa, que construye el gasoducto del NEA, cumplan con dar trabajo a miembros de su comunidad.
Justicia y trabajo son las palabras que más repitieron los dirigentes originarios Reinaldo Ferreyra, Raúl Jaime y Tomás Ortiz al dialogar con El Tribuno: "Acá hay una orden de captura para seis personas, pero la fiscal ¿por qué no pide también la captura de los policías que golpearon a un empleado de la empresa?", preguntó con indignación Ferreyra, al tiempo que señaló: "Los policías que lo golpearon eran de Morillo; ellos lo conocían".
Además, remarcó que "en el video que se difundió en todos lados y que nos quieren hacer quedar como los malos, se ve que primero ataca la policía con tonjas o bastones, que golpean a la gente". Y se quejó de que "muchos medios titularon que "aborígenes quemaron a policías'', y si se ve bien el video, mis originarios no son los que lanzan el fuego porque corrieron para el monte, y tenían que correr porque sabían que los policías estaban armados".
"Ellos dicen que no hubo represión a los originarios, y sí hubo persecución, los corrieron hasta el monte, los siguieron, lanzaron balas y gases; dos chicos se metieron al monte y no querían regresar al camino porque tenían miedo, porque sin testigos les iban a pegar y les iban a armar una causa, como lo hicieron ahora", insistió el presidente de las 26 comunidades originarias de Morillo.
El sábado, durante la tarde, los dirigentes de 26 comunidades originarias de Morillo se reunieron para analizar lo sucedido el martes 29 de septiembre, cuando un reclamo de trabajo por parte de criollos e indígenas que viven en la más absoluta miseria terminó en un brutal enfrentamiento con policías, que terminó con dos efectivos quemados y varios manifestantes -incluidos niños- con golpes y heridas de balas de goma, en pos de salvaguardar intereses privados.
Jaime, quien también es concejal de Morillo, cuestionó: "Cómo puede ser que el día después de la represión salga el ministro de Seguridad (Alejandro Cornejo D''Andrea) a hablar de la detención de los "delincuentes'' y al otro día la fiscal ordena las detenciones. Si el ministro habla y luego la fiscal toma la decisión de reprimir el hambre, quiere decir que la Fiscalía y el Poder Judicial están manejados políticamente".
Desmintió que hayan usado a niños y mujeres como escudos humanos; "fueron con sus hijos para mostrar la falta de trabajo y las extremas necesidades".
Reprimir la miseria de los aborígenes
Las comunidades fueron a pedir lo que les prometieron. "Nosotros fuimos a reclamar las fuentes de trabajo que la empresa y el gobierno nos habían prometido y que no cumplieron", afirmó Tomás Ortiz, dirigente de la comunidad de misión La Represa, quien estuvo en el lugar de los incidentes.
"Los policías venían desde adentro de la empresa y eso es llamativo, qué hacían allí. Acaso trabajan para ellos.
De allí salieron diciendo que ya tenían órdenes y empezaron con tiros al aire hasta que llegaron al lugar donde estábamos los manifestantes y empezaron a golpearnos a todos por igual ", afirmó.
Voces oficiales
El jefe de Policía, Marcelo Lami, aseguró en un portal de internet que los manifestantes estaban armados con machetes, cuchillos, antorchas y botellas con nafta.
"Es claro que no había una intención de búsqueda de trabajo", aclaró, al tiempo que justificó el accionar policial: "Los policías defendieron su vida. Yo no puedo permitir que cuestionen la intervención policial cuando estaban en ries go".
En tanto el ministro de Seguridad de la Provincia Alejandro Cornejo D'Andrea, aseguró a diversos medios que "las personas que actuaron en la agresión a los efectivos policiales que resultaron golpeados y quemados, son delincuentes armados", calificando a los reclamantes como verdaderos delincuentes, cosa que los referentes de los diversos pueblos originarios contrastaron con versiones y testimonios que muestran la otra cara de la moneda: la verdadera situación social que viven los habitantes de uno de los departamentos más extensos de Salta, donde la pobreza, la desnutrición y la falta de empleo son la única realidad de cada día.
El ministro fue más allá y dijo; "Afortunadamente fueron fotografiados. Están todos identificados, y así vamos a poner todos los datos a disposición de la Justicia y conseguir las ordenes de detención. Vamos a buscar uno por uno, bajo las piedras, en todo el Chaco salteño", sostuvo, y aseguró que "hay muchas personas que aprovechan las 'miserias' humanas y los incentivan a actuar en bandas".
Aborígenes no
"En la empresa hay más de 120 personas contratadas de Tartagal, y los de la zona no llegan al 10 por ciento, y de ese porcentaje no hay ninguno de pueblos originarios, porque los mediadores de la empresa y de la Nación y de la Provincia dijeron bien clarito que los originarios no tienen derecho al acceso al trabajo dentro de la empresa, qué derecho tienen entonces, si alguno le queda".
[Fuente: El Tribuno, Salta, 05oct15]
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