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15may07
Aseguran que las leyes de Cobos perjudican la reforma penitenciaria
El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, le advirtió al presidente Néstor Kirchner que las eventuales restricciones a la excarcelación que podría implementar el gobierno de Julio Cobos a través de las nuevas leyes de seguridad mendocinas serían contrarias a la política carcelaria que la Nación y la Provincia vienen llevando a cabo para terminar con el hacinamiento en los penales, situación que fuera condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La adopción de un programa que abuse de la utilización de la prisión preventiva impedirá ofrecer a la población penal el tratamiento debido, ya que es previsible que la misma crezca más allá de los aumentos que el sistema razonablemente pueda absorber", aseguró Iribarne en una carta dirigida al presidente, tras detallar los cambios efectuados en la política penitenciaria de Mendoza a partir del convenio firmado en febrero con Cobos, que implicó la designación de un funcionario de la Nación al frente de una comisión dedicada a solucionar la crisis carcelaria, y la virtual intervención federal de los penales provinciales.
Fuentes del Gobierno señalaron a este diario que la nota fue entregada al secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, a raíz de la carta en la que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por la reforma legislativa impulsada por el gobierno mendocino, puntualmente en lo referido a la limitación de las excarcelaciones.
El funcionario le envió también una nota al gobernador Cobos a propósito de las amenazas recibidas por los abogados Pablo Salinas y Alfredo Guevara, quienes denunciaron ante la CIDH la situación carcelaria de la provincia. En esa misiva sostiene que el Gobierno nacional comparte la preocupación expresada por la Comisión por la situación de los letrados, y advierte sobre la importancia de que el gobierno de Mendoza "pudiera adoptar todas aquellas medidas que fueran necesarias" para garantizar la vida y la integridad personal de los defensores. También le pide que envíe al Ministerio de Justicia la información que considere necesaria para satisfacer el pedido de la CIDH, teniendo en cuenta que el organismo debe resolver si otorga medidas cautelares a favor de Salinas y Guevara.
El Gobierno nacional se involucró directamente en la resolución de la crisis penitenciaria de Mendoza, luego de que la CIDH sostuviera la existencia de responsabilidades compartidas -de la Nación y la provincia- en la grave situación que se vive en los penales. La firma de un acuerdo entre Cobos e Iribarne y la designación del director Nacional de Readaptación Social, Alejandro Marambio, como coordinador de una comisión destinada a elaborar un plan de reforma del sistema penitenciario local, fue el puntapié inicial de una serie de acciones que incluyeron la separación de los internos entre procesados y condenados, el pago de una deuda que la Nación mantenía con la provincia por el alojamiento de los internos del sistema federal y la capacitación del personal penitenciario.
Uno de los objetivos de la comisión era reemplazar las leyes "contrarias a los principios constitucionales de ejecución de la pena privativa de la libertad".
En la carta dirigida a Kirchner, Iribarne hizo suyo un postulado del Centro Internacional para Estudios Penitenciarios que asesoró al personal penitenciario mendocino, según el cual "los éxitos de una reforma de un régimen penal íntegro pueden medirse utilizando, entre otros indicadores, una disminución sostenida de la población reclusa y un menor uso de la prisión preventiva".
[Fuente: Los Andes, Mendoza, 15may07]
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