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Informe estadístico sobre el estado de las causas por crímenes contra la humanidad en Argentina - Balance 2016


ÍNDICE

Presentación
I. El estado de las causas y la situación procesal de imputados por delitos de lesa humanidad a nivel nacional
II. La condición de detención o libertad de los imputados
III. Las tendencias en materia de demoras en el 2016
IV. Hitos del 2016 en el proceso de justicia


PRESENTACIÓN

Este informe presenta un diagnóstico de los principales avances y obstáculos enfrentados por el proceso de justicia en el que se investigan crímenes de lesa humanidad en Argentina durante el 2016.

Como cuestión general, el informe muestra con claridad cómo ciertas tendencias que se presentaban desde el 2014 (menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario) se han profundizado durante este año.

La cuestión más relevante, no obstante, es el núcleo duro de casi el 50% de las causas en etapa de instrucción que se sostiene desde hace años, en tanto permanentemente se inician nuevas investigaciones pero sólo se elevan por cuenta gotas a la instancia de juicio. Y una vez elevadas, son también limitadas aquellas en las que comienza y termina el debate.

Todos los datos estadísticos que se presentan son de elaboración propia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a partir de la sistematización y procesamiento de la información sobre las causas brindada por fiscales de todo el país. Los datos se encuentran actualizados al 20 de diciembre de 2016.

El informe está estructurado en cuatro partes: la primera presenta la información sobre el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional. La segunda parte analiza en detalle las tendencias en relación a la condición de libertad o detención de los imputados. La tercera retoma algunos de los principales problemas que vienen causando demoras en el desarrollo del proceso; en el informe de junio se advertía que uno de los indicadores más preocupantes era la reducción en la cantidad de sentencias y por ende de imputados sentenciados por año. En este apartado se realiza un pormenorizado análisis de los elementos que contribuyen a esta cuestión.

Por último, se relatan brevemente algunos de los hitos del proceso en 2016, entre ellos, las condenas a civiles por crímenes de lesa humanidad y los avances en la investigación de los delitos sexuales.

I. EL ESTADO DE LAS CAUSAS Y LA SITUACIÓN PROCESAL DE IMPUTADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD A NIVEL NACIONAL

Aquí se presentan los datos estadísticos generales sobre la persecución penal de los delitos de lesa humanidad en Argentina. Corresponden exclusivamente a las causas penales, siempre y cuando exista al menos un imputado requerido por el Ministerio Público Fiscal.

Al 20 de diciembre de 2016 se registran un total de 585 causas, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2771 imputados. Existen otras 249 causas que fueron acumuladas en alguna fase de la investigación, conformando en algunos casos las llamadas "megacausas".

El siguiente es el estado de avance de la investigación de las causas en todo el país:

Causas por delitos de lesa humanidad, según estado procesal.
Datos al 20 de diciembre de 2016.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Al 20 de diciembre de 2016 se han dictado 173 sentencias en todo el país, de las cuales 87 se encuentran aún en instancia de revisión. Esto significa que al menos uno de los imputados recurrió su sentencia a una instancia superior (Cámara Federal de Casación Penal - CFCP - o Corte Suprema de Justicia - CSJN) y su resolución se encuentra pendiente. Esta cuestión será abordada con más detalle en la sección tres de este informe.

Respecto de las restantes 412 causas, en las que aún no se ha dictado sentencia, la investigación se encuentra en distintas fases. La más avanzada corresponde a las 16 que se encuentran actualmente en juicio, en la etapa de debate oral o juicios escritos (bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal). Seguidamente, las causas que ya se encuentran listas para llegar a juicio o "elevadas" que son 119. El resto de las causas 277 (47%) se encuentran aún en etapa de instrucción. Sólo 43 de ellas presentan algún grado más de avance, en tanto el/la fiscal a cargo requirió que la investigación se eleve a juicio.

El gráfico 2 muestra al total de imputados según la instancia procesal más avanzada en la que se encuentran a la fecha del cierre del informe:

Imputados por delitos de lesa humanidad, según situación procesal.
Datos al 20 de diciembre de 2016.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Son 811 los imputados que han sido sentenciados (733 condenados y 78 absueltos, que representan un tercio del total).

Respecto de los imputados que aún no han obtenido sentencia, 806 imputados se encuentran procesados, a 155 se les dictó falta de mérito, 52 fueron sobreseídos y en relación con 438 resta que se resuelva su situación procesal (30 han sido recientemente indagados y 408 tienen pedido de indagatoria por su presunta participación en los crímenes).

II. LA CONDICIÓN DE DETENCIÓN O LIBERTAD DE LOS IMPUTADOS

En combinación con la situación alcanzada por los imputados en el proceso penal, se registra su "condición", es decir, si se encuentran detenidos, en libertad, si fallecieron o están prófugos. Esta sección se centrará en el análisis no sólo del estado actual de estos datos, sino que incluirá periodizaciones correspondientes a 2015-2016, con el fin de mostrar las tendencias que han presentado estos datos en los últimos tiempos además de las particularidades del año que pasó.

Para comenzar con el diagnóstico general, el siguiente gráfico resume el universo de imputados según su condición:

Imputados por delitos de lesa humanidad, según condición.
Datos al 20 de diciembre de 2016.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

A diciembre de 2016, son 1141 los imputados libres y 1052 los detenidos. Un total de 533 imputados han fallecido, 462 de ellos sin ser sentenciados y 71 luego del dictado de su condena o absolución. Existen 45 personas que se profugaron de la justicia en diferentes etapas del proceso, una de ellas luego de ser condenada.

Las categorías que reflejan la persecución penal activa son las de detenidos y libres. La tendencia en las detenciones ha sido decreciente desde diciembre de 2015, en forma paulatina, y se profundizó durante 2016.

Imputados detenidos y libres.
Periodización 2015-2016.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Este cambio en la tendencia se explica por diversas razones. En primer lugar, durante el 2016 se requirió la investigación de más de 200 nuevos imputados, cuya situación procesal aún no se ha resuelto y no se ha dictado su detención. Por otra parte, al menos 121 imputados fueron excarcelados (se encontraban detenidos pero se dispuso su libertad en alguna instancia del proceso). Finalmente, el número de absueltos en juicio y de faltas de mérito y sobreseimientos en la etapa de instrucción también aumentó significativamente en 2016. A ello se suma que a la fecha, al menos 39 imputados que se encuentran procesados (y que nunca fueron condenados con anterioridad) fueron apartados de las causas en trámite y liberados por problemas de salud.

Todos estos cambios han sido constantes aunque paulatinos durante al menos los últimos dos años, y durante el 2016 han tenido una mayor incidencia en los datos finales.

Al analizar estas tendencias, no obstante, no puede dejarse de lado un aspecto central, que es que se trata de un proceso de justicia tardía, en tanto se juzgan hechos cometidos hace cuarenta años. El paso del tiempo tiene efectos claros para víctimas, familiares e imputados; aumenta el número de muertes, incapacidad o apartamiento temporal de los imputados. Estas cifras reflejan esta situación con claridad.

En cuanto a los imputados que se encuentran detenidos, como puede apreciarse en gráfico siguiente, 519 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 460 lo están en cárceles del servicio penitenciario. Los internados en hospitales son 7 mientras que 60 se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad (estas tres últimas consignadas como "otros").

Imputados detenidos según tipo de detención.
Datos al 20 de diciembre de 2016.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

El gráfico que sigue muestra además la tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario, que abarca prácticamente todo el periodo de análisis. No obstante, durante el 2016 el aumento fue de 80 imputados, una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos, especialmente durante el segundo semestre.

Imputados detenidos con tipo de detención conocido.
Periodización 2014-2016

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Por último, es relevante detenerse en la cifra de 67 detenidos en hospitales o dependencias de las fuerzas. Hacia finales de año, se reabrió el debate sobre el alojamiento de los detenidos en unidades controladas por las Fuerzas Armadas. Este tema fue una preocupación importante para los actores del proceso sobre todo en los primeros años de la reapertura de las causas, y tuvo su corolario con la muerte del prefecto Héctor Febrés en 2007, mientras se encontraba detenido en dependencias de la Prefectura Naval en Tigre. |1|

Luego de este y otros sucesos que alertaron sobre la seguridad de las detenciones cuando éstas se encuentran en manos de las propias fuerzas. La ex Ministra de Defensa Nilda Garré dispuso, a partir de la Resolución N 983/2008 del Ministerio de Defensa, la prohibición del alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente.

No obstante, continuó funcionando hasta el 2013 la Unidad 34 (U34) del Servicio Penitenciario Federal, una suerte de híbrido con dependencia funcional del SPF pero sito en el predio militar de Campo de Mayo, en la órbita del Ejército. La U34 fue finalmente clausurada, por decisión del entonces director del SPF, Alejandro Marambio, quien fundó su decisión en las falencias funcionales que constituían un factor de riesgo grave de fuga.

Más allá de estos antecedentes, el 1 de diciembre de este año, el actual director nacional del SPF, Emilio Blanco, firmó la resolución 2004 por medio de la cual se habilita provisoriamente el uso de la U34 para el alojamiento transitorio de los internos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. Esto fue dispuesto en forma interna por el SPF, que trasladó a 54 imputados al predio, todos detenidos por causas de lesa humanidad.

Es sumamente preocupante que se disponga la rehabilitación de esta dependencia sin explicitar cómo fueron saldados los problemas de seguridad que motivaron su clausura. Por otro lado, preocupa la injerencia del Ejército Argentino dentro del SPF considerando que la seguridad, la alimentación, la asistencia médica son finalmente garantizadas por el ejército. Por tanto, la presencia de personal del SPF es puramente formal.

III. LAS TENDENCIAS EN MATERIA DE DEMORAS EN EL 2016

En esta sección se analizan los principales problemas en materia de demoras en la tramitación de las causas. En informes anteriores se advertía que en 2016 se profundizaban algunos obstáculos que conllevaban demoras en el avance de las causas. Éstos obstáculos fueron caracterizados como "signos de agotamiento" de las investigaciones. Llegando al término del año, estos signos persisten y se han convertido en problemas concretos, que aguardan soluciones inminentes. Como se expresaba al inicio, es preocupante que la mitad de las causas se encuentran en etapa de instrucción, así como las demoras y los estancamientos en la instancia de juicio.

PRIMER PROBLEMA: se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año.

Es el fenómeno más evidente. Desde el 2014 advertimos una baja en el ritmo de las sentencias dictadas anualmente, que habían alcanzado un pico de 25 por año en 2012 y 2013.

Sentencias por delitos de lesa humanidad.
Periodización 2006-2016.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contraía Humanidad, según datos propios.

A la fecha de cierre de este informe, las sentencias dictadas durante el 2016 han sido 19. La tendencia decreciente se ve con claridad en el gráfico 7. No obstante, el total de sentenciados en el año fue de 161 (136 condenados y 25 absueltos); superando el total de sentenciados de 2015 que fue 127 (117 condenas y 10 absoluciones). Esto tiene en parte que ver con que durante 2016 finalizaron dos de las "megacausas" que se encontraban en curso: Megacausa La Perla y Plan Cóndor y Automotores Orletti II. Podría pensarse que esta cuestión tiene un efecto en esta cifra: finalizaron menos juicios pero varios de ellos fueron altamente significativos en términos de cantidad de víctimas y de imputados sentenciados.

Ahora bien, es importante analizar las cifras en términos de demoras y estancamientos. Si bien la cifra total de sentenciados aumentó, disminuyó significativamente el total de "nuevos" sentenciados. En 2015, 114 de los 127 sentenciados lo fueron por primera vez, mientras que en 2016, sólo 95 de los 161 (78 condenados y 17 absueltos).

Las cifras muestran además una mayor cantidad de imputados absueltos durante 2016, la mayoría de ellos luego de enfrentar su primer juicio.

Además de lo anterior, este indicador presenta diferentes aristas que se abordarán aquí:

1. Continuó en baja la cantidad de juicios celebrados por año

Al 20 de diciembre de 2016 se encuentran en curso 16 juicios, de los cuales 11 iniciaron durante el año y el resto entre 2012 y 2015. El caso extremo es el juicio ESMA Unificada, que inició en 2012, y lleva cuatro años de audiencias sin fecha programada de sentencia. |2|

Son 248 los procesados que están siendo enjuiciados, 160 de ellos por primera vez.

En 2015 comenzaron 21 juicios y en 2016 18. La cantidad de juicios en curso en cada año osciló entre un mínimo de 13 y un máximo de 16. Varios de estos juicios son las megacausas que tienen un promedio de extensión mayor al resto de los juicios, por la magnitud de los hechos juzgados, pero también porque la frecuencia de audiencias que no supera, en la mayor parte de los casos, los dos días semanales.

La tabla siguiente enumera los debates orales y juicios escritos en curso:

Causa Acumuladas Sección Fecha de Inicio del Debate N de Imputados Debates orales
ABO III No Capital Federal 2016-09-20 9
Automotores Orletti III y IV 2 causas Capital Federal 2016-10-03 4
Caballero II No Resistencia 2016-05-27 10
Causas de Orán 6 causas Salta 2015-10-05 6
Colegio Militar No San Martín 2016-09-20 6
Ejército - González Chipont No Bahía Blanca 2016-10-11
ESMA Unificada 8 causas Capital Federal 2012-11-28 55
Grupo Tumbaya - Galean No Jujuy 2015-10-22 13
Guerrieri III 11 causas Rosario 2016-10-13 10
Megacausa Mendoza - juicio a los jueces 14 causas Mendoza 2014-02-17 30
Megacausa San Rafael 9 causas San Rafael 2015-03-26 26
Menéndez - Caso Vázquez y acumuladas 12 acumuladas Mendoza 2016-10-27 5
Operativo Independencia I No Tucumán 2016-05-05 19
Zuñiga No La Plata 2016-10-04 6
Área Paraná II No Paraná 2016-05-01 8 Juicios escritos (Código Viejo)
Triple A II y III No Capital Federal 4

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, según datos propios.

2. Falta de juicios en agenda

El estancamiento de la cantidad de juicios celebrados y sentencias obtenidas por año no puede entenderse sin analizar lo que ocurre con las causas elevadas en todo el país.

Se observa que la baja en el total de sentencias por año no está acompañada por una baja subsecuente en la cantidad de causas listas para llegar a juicio. Una primera cuestión a puntualizar entonces es que la menor cantidad de sentencias dictadas en el año no responde en forma directa a que haya menos causas a la espera del inicio del correspondiente debate oral o el plenario escrito, porque las investigaciones continúan activas.

El universo de causas elevadas entre 2014 y la actualidad fue muy parejo, osciló entre 142 en diciembre 2014 y 119 en diciembre de 2016. Ahora bien, considerando estos totales llegan a juicio por año alrededor de un 15% del total de elevadas.

Esto se ve con claridad en relación con los juicios programados. De las 119 las causas elevadas a juicio actualmente, solo 6 tienen fijada una fecha de inicio del debate:

  • Colombini - Feresin (Santa Fe)

Estaba previsto su inicio para el 7 de septiembre pero fue postergado hasta el 2 de febrero de 2017. Tiene cinco imputados.

  • Las causas Bazán, Subgrupo Guerrero y Burgos - Grupo Ledesma (Jujuy)

Tenían previsto comenzar en octubre de este año de manera independiente. Por un pedido de las defensas de los imputados, el Tribunal Oral resolvió aplazar el inicio y unificar esas causas. La nueva fecha de inicio del debate es el 6 de marzo de 2017. Por ahora serían juzgados 22 imputados, pero es posible que se acumulen otras causas más.

  • Martel residual (San Juan)

Comenzará el 13 de marzo de 2017. Por ahora hay cinco causas acumuladas y es posible que se decida acumular dos más. Tiene 19 imputados.

  • Ford (San Martín)

La fecha de inicio es el 14 de marzo de 2017, con 3 imputados.

  • ESMA IV

Con posible fecha prevista para agosto de 2017.

La principal causa de esta demora tiene que ver con la disponibilidad de los TOF y las dificultades en su integración, un problema que se extiende a todas las jurisdicciones, con mayor o menor impacto en la posibilidad de celebrar los juicios.

Durante el 2016, un ejemplo paradigmático de estas y otras dificultades fue la Megacausa III de Santiago del Estero. En esta causa deben ser juzgados 13 imputados, entre ellos el ex fiscal federal Santiago Olmedo de Arzuaga. El juicio había comenzado en agosto, luego de dos años en los que se sucedieron todo tipo de recursos y cuestionamientos (recusaciones, excusaciones, denuncias penales, etc.) que retrasaron el comienzo del debate. No obstante, en septiembre el juicio –ya iniciado– fue suspendido luego de que la Sala IV de la CFCP apartara a los jueces argumentando que no garantizaban la imparcialidad del proceso. Hasta la fecha, el Tribunal no ha sido integrado |3|.

Otra cuestión importante son los 267 procesados que aún no han sido sentenciados y cuya investigación fue elevada a juicio (33% del total de procesados).

SEGUNDO PROBLEMA: demoras en el inicio y el "final" de las causas

Este problema de demoras en "los extremos" del trámite procesal de las causas (el inicio de las investigaciones y la confirmación de las sentencias recibidas por los imputados no puede verse aislado de lo que se analizaba más arriba.

Nuevas investigaciones engrosan el universo de imputados y de causas en trámite. Esta situación, de un número constante de causas en etapa de instrucción, se suma al cuello de botella de las elevaciones y la menor cantidad de juicios celebrados y sentencias por año. Por otro lado, luego de que las causas obtienen sentencia comienza el laberinto de recursos presentados por todas las partes, y una nueva demora para llegar a la instancia definitiva, la Corte, que en promedio suma más de dos años.

1. Demoras en instrucción

Se registran 277 causas en etapa de instrucción. Como fue expresado más arriba, respecto de 43 se presentó el requerimiento de elevación a juicio.

Este universo es el más amplio, en parte porque las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la realización de las actuaciones. Esto tiene efectos concretos en el desarrollo del proceso: nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes demoras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia.

Esto es claro además en relación a la situación procesal de los imputados. Del universo de procesados aún no sentenciados, 340 (más del 50% del total) se encuentra en la etapa de instrucción. De ellos, 126 tienen requerimiento de elevación a juicio, en el caso de 84 fue confirmado por las Cámaras de Apelaciones correspondientes, y 130 tienen resolución de primera instancia aún sin confirmar.

2. Demoras en las instancias de revisión

Este es otro de los problemas que persiste en el proceso. Sólo el 25% de los condenados (un total de 187) tienen su sentencia firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17% (13 imputados). |4|

Como se advertía en informes anteriores, continúa la práctica de la CSJN de reenviar algunas causas a la CFCP para cumplir con el requisito de doble instancia, en los casos de las condenas dictadas por la Casación al revocar absoluciones, esto genera importantes demoras que se suman a las que ya existen en la tramitación de los recursos.

IV. HITOS DEL 2016 EN EL PROCESO DE JUSTICIA

1. Avances y retrocesos en las causas contra civiles

Tres funcionarios judiciales condenados

En abril de este año fueron condenados dos funcionarios judiciales: los ex jueces federales Luis María Vera Candioti (en Santa Fe) y Roberto Catalán (en La Rioja). Vera Candioti recibió una condena a 15 años de prisión por su rol en la retención y ocultamiento de una menor. Por su parte, Catalán fue condenado a 12 años de prisión por haber actuado como encubridor de un homicidio y de siete casos de tormentos. También fue hallado responsable del delito de asociación ilícita.

Al finalizar el año, el 20 de diciembre, el ex fiscal federal Gustavo Demarchi fue condenado a prisión perpetua en el marco de la causa CNU (Concentración Nacional Universitaria) en Mar del Plata. También recibieron la máxima pena el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense Mario Ernesto Durquet. Otros cuatro imputados fueron condenados a penas de entre 3 a 7 años y dos imputados más fueron absueltos.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata consideró a Demarchi coautor del delito de homicidio cometido contra seis personas así como responsable del delito de asociación ilícita. Los hechos ocurrieron en 1975, en la antesala del golpe de Estado, y fueron perpetrados por la CNU, un grupo paraestatal liderado por el ex fiscal que tuvo como objetivo la persecución de militantes de izquierda en distintos espacios, principalmente en el ámbito universitario y gremial.

La Veloz del Norte

Durante este primer semestre tuvo lugar la sentencia proferida contra el empresario Marcos Jacobo Levín, dueño de La Veloz del Norte, quien fue condenado a 12 años de prisión por el la privación ilegítima de la libertad y torturas padecidas por el entonces delegado gremial Víctor Manuel Cobos. La víctima fue secuestrada por la policía junto con otros 14 trabajadores.

Durante el trámite de la causa, la justicia federal y la Cámara de Apelaciones de Salta, así como la Sala III de Casación Penal consideraron que solamente era imprescriptible el secuestro y los tormentos sufridos por Cobos. En marzo de 2016 el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, dictaminó que correspondía considerar como crímenes de lesa humanidad todos los delitos que padecieron las otras 14 víctimas. La causa se encuentra en curso.

Papel Prensa

El viernes 16 de diciembre, el juez Julián Ercolini sobreseyó a los imputados en la causa Papel Prensa por considerar que la venta de las acciones no fue fruto de un desapoderamiento extorsivo ni estuvo vinculada a delitos de lesa humanidad. La resolución benefició al director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; a la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble; y al ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Mitre; así como al ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá, y al intermediario en la operación de venta, Guillermo Juan Gainza Paz.

La causa se inició con la denuncia en 2010 por Eduardo Luis Duhalde, entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación. El Ministerio Público Fiscal había hecho un pedido de indagatorias a los imputados que fue rechazado por el juez Ercolini en 2015. En su lugar, el magistrado ordenó un peritaje de tasación de la empresa para determinar si la empresa fue vendida a precio vil o irrisorio, desechando así la hipótesis de la acusación que iba en caminada a demostrar que la operación fue resultado de las intimidaciones y amenazas sufridas los integrantes de la familia Graiver, dueños de Papel Prensa.

Según Ercolini, los integrantes de la familia Graiver, sus empleados y personas cercanas, fueron privados ilegítimamente de la libertad y sometidos a tormentos físicos y psíquicos "por decisión y acción de integrantes del gobierno militar que, de facto, ocuparon las funciones ejecutivas de nuestro país". Para el juez la prueba está en que la venta de las acciones de Papel Prensa se produjo el 2 de noviembre de 1976 mientras que los secuestros se concretaron en marzo de 1977. La distancia temporal sería una muestra de la falta de conexión entre la operación comercial -que se habría producido en un clima "cordial y relajado"- y los delitos de lesa humanidad cometidos posteriormente. La transferencia de acciones se habría realizado en un contexto de persecución política contra la familia Graiver que fue aprovechada por quienes compraron la empresa.

Las víctimas sobrevivientes del caso denunciaron en los diversos testimonios presentados ante la justicia que la venta se hizo bajo amenazas e intimidación de sufrir graves ataques a la integridad física y psíquica. También había testimonios en la causa en la que se hablaba del vínculo entre los adquirientes de Papel Prensa y la junta militar, quien habría decidido en última instancia que los dueños de La Nación, Clarín y La Razón se hicieran cargo de la empresa.

2. Plan Cóndor, una asociación ilícita

Luego de más de tres años de juicio, el Tribunal Oral n 1 de Capital Federal dictó sentencia por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor el 27 de mayo de este año. Los jueces dieron por acreditada la asociación ilícita establecida entre las dictaduras que gobernaban en los países del Cono Sur. El veredicto determinó la condena a penas de entre 8 y 25 años de prisión para 15 imputados por los delitos cometidos contra 174 víctimas de distintas nacionalidades. La alianza criminal que dio probada el tribunal consistió en el intercambio de inteligencia y la persecución, secuestro, repatriación forzada, tortura y desaparición de disidentes políticos en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

3. Avances en la investigación de la violencia sexual

Durante este año se produjeron trece condenas en materia de violencia sexual, los cual muestra importantes avances en esclarecer este tipo de delitos. En la causa Menéndez, de San Luis, fue condenado un imputado como autor mediato de la violación sexual perpetrada contra una víctima mujer. En la megacausa La Rioja III se condenaron a cinco imputados hombres, dos como autores mediatos y tres como autores directos, por los delitos de tentativa de violación a una víctima hombre, dos abusos sexuales contra dos víctimas mujeres, una violación sexual calificada y un aborto forzado contra una víctima mujer.

Por último, en la megacausa La Perla se condenaron a seis imputados hombres y una mujer por ser responsables del delito de abuso sexual reiterado como coautores por dominio funcional contra una víctima mujer. Hasta la fecha ha habido 18 sentencias que han conducido a la condena de 78 imputados por crímenes de violencia sexual.

[Fuente: Ministerio Público Fiscal, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Bs As, dic16]


Notas:

1. Ver, para más información: http://www.lanacion.com.ar/970961-reveladora-autopsia-febres-murio-envenenado
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100046-2008-03-03.html
http://www.ambito.com/376308-la-autopsia-determino-que-febres-murio-envenenado-con-cianuro [Volver]

2. http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/a-cuatro-anos-de-su-inicio-el-juicio-por-los-crimenes-en-la-esma-es-cada-vez-mas-lento [Volver]

3. El 14 de octubre la CFCP designó otros tres jueces: José Fabián Asís, José Quiroga Uriburu y Carlos Lascano. Asís se inhibió por haber intervenido en otra causa y los otros dos jueces renunciaron por exceso de trabajo. La Cámara aceptó la renuncia de Quiroga Uriburu y nombró en su reemplazo, Díaz Gavier, quien también renunció. Las renuncias de Lascano y Díaz Gavier fueron rechazadas pero este último recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no ha resuelto. Los dos jueces cuyo nombramiento está pendiente son los que deben decidir sobre la inhibición del tercer juez, Asís. Mientras se resuelve la conformación del tribunal, el juez Jiménez Montilla le concedió la prisión domiciliaria a Jorge Alberto D'Amico y excarceló a Carlos Raúl Silva [Volver]

4. Para el caso de los imputados sentenciados en más de una oportunidad, se considera el mayor nivel de confirmación alcanzado. [Volver]


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