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Presentación del informe sobre tramitación de los juicios por delitos de lesa humanidad por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia de la Nación
11 de agosto de 2010
Presentación del informe sobre tramitación de los juicios por los delitos de lesa humanidad. Palabras del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti
"Quiero en mi nombre y en nombre de mis colegas de la Corte Suprema agradecerles a todos esta visita a nuestro Tribunal. Para nosotros el motivo de este acto es más que trascendente. Se trata de presentar ante ustedes estos informes escritos y on line para que podamos evaluar lo que se está haciendo en el Poder Judicial. Para nosotros esto es una obligación: informar a la comunidad sobre lo que se está haciendo. Ustedes pueden evaluar mediante este informe lo que se ha hecho, la cantidad importante de sentencias que se han dictado. Van a ver el detalle de todos los juicios. Tal vez sea un poco escueta la información, porque uno leyendo esos pequeños datos que están en ese informe no puede tener la magnitud de la causa que está detrás.
Cada uno de esos pequeños datos representan una megacausa. Piensen ustedes cuando lean, que detrás de ese expediente, en general, hay un centro clandestino de detención, hay sufrimiento, hay muchas declaraciones e imputados. Son las que nosotros denominamos megacausas porque es un fenómeno novedoso dentro del Poder Judicial. Causas que exceden en mucho la tradicional aproximación jurídica que tiene el juez donde hay normalmente un imputado.
Nosotros podemos decir luego de este informe que estamos en presencia de uno de los procesos de investigación en materia de delitos de lesa humanidad más importante del mundo. Nosotros podemos decir, también, que se han dictado muchas sentencias, que hay más de cien causas en trámite, y que estas causas están radicadas en todo el país. Podemos decir, también con orgullo, que todas estas causas están muy difundidas, están muy avanzadas y seguramente llegarán a buen fin. Podemos decir muchas cosas, podemos decir que se ha hecho mucho. Pero lo que no podemos decir es que se ha hecho todo.
Por eso, este informe es un informe preliminar, transitorio, en el curso actual de las investigaciones que se está llevando adelante en todo el Poder Judicial. Seguramente esto puede motivar muchas reflexiones. Solamente voy a hacer dos reflexiones, una sobre el aspecto judicial y otra sobre el constitucional. El aspecto judicial es muy importante porque luego de que se declarara que los delitos cometidos durante la última dictadura militar fueron delitos de lesa humanidad, ocurrió algo muy importante que fueron tres efectos jurídicos: la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final; la imprescriptibilidad de las acciones; y la inconstitucionalidad de los indultos.
Esto permitió que cayeran todas las barreras que existían para la investigación de los delitos de lesa humanidad. Y aquí se abre otra etapa, porque ya no es suficiente la justicia como declaración. Entramos en un escenario donde es importante la justicia efectiva, la que se logra mediante una investigación, un proceso, una condena o absolución.
Esta fase que nosotros denominamos de implementación, comenzó a ser un enorme desafío. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos como principio que esto se hiciera con las normas vigentes, sin leyes especiales. Nosotros sostuvimos que esto se hiciera sin jueces especiales, con los jueces que ya estaban. Y cuando digo nosotros no digo la Corte Suprema sino los tres Poderes del Estado y todos los que están aquí presentes: la sociedad argentina. Es importante señalar que nosotros nos traicionamos a nosotros mismos si para lograr un resultado traicionamos los principios que defendemos. Por eso es que siempre estuvo claro que esta es una investigación basada en el estado de derecho y en el respeto del debido proceso.
Tuvimos que hacer un enorme esfuerzo con los jueces que teníamos, con las leyes que teníamos, con la infraestructura que teníamos para llevar adelante estos juicios. Verán en el informe que tuvimos muchos problemas porque faltaban jueces -y siguen faltando-, porque falta infraestructura -y sigue faltando-, porque nos faltan empleados, y falta esto y falta lo otro… Pero lo importante es que esto se ha podido poner en marcha en todo el país. Y aquí me parece que es importante hacer una reflexión.
Cuando nosotros vimos que se abrían estos procesos, luego de que cayeran las barreras mencionadas, recuerdo haber recibido aquí en esta Corte a los organismos de derechos humanos que habían visitado los tres Poderes del Estado y nos plantearon el problema que existían, porque ellos veían las dificultades que iba a tener la implementación de esta justicia declarada. Y allí decidimos aceptar una propuesta de ellos y luego la coordinamos con los demás para constituir una Comisión Interpoderes. Una Comisión Interpoderes significa que todos los Poderes del Estado están involucrados en un mismo sentido, no para decirles a los jueces qué es lo que deben fallar. Porque ese es el ámbito sagrado de la independencia que tiene cada juez. Pero sí, para coordinar las acciones de superintendencia, de infraestructura, para poner en marcha un proceso que sin duda era muy difícil. Quiero decir que esta comisión que funciona hoy en la Corte, en la Secretaría General, a cargo del doctor Kraut, tuvo una participación extraordinaria de todos los sectores.
En primer lugar, la Procuración General a cargo del doctor Righi que ya venía con anterioridad desarrollando un trabajo importante en materia de información de lo que estaba sucediendo en todo el Poder Judicial y que ha tenido aquí un rol protagónico en esta comisión. Reitero, coordinando, porque esto requiere de un enorme esfuerzo de coordinación. También quiero decir que el Congreso de la Nación, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, enviaron sus representantes y colaboraron mucho en solucionar problemas básicamente legislativos. También el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y su delegado -que también es delegado de la Magistratura-, participó activamente con programas específicos para los testigos. También en esta comisión tuvo un rol protagónico el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es sin duda el pulmón del Poder Judicial porque allí es donde se discute qué tipo de edificios, qué tipo de administración, cómo se solucionan los problemas.
Quiero agregar que muchos jueces, tanto de la justicia federal de la Capital como de la Cámara de Casación, participaron muy activamente en esta comisión para solucionar un grave problema que es la coordinación de los juzgados: poner jueces donde no hay, trasladar, solucionar, crear subrogancias. Esto fue un enorme trabajo. Tampoco la actividad se limitó a esta comisión aunque creo que ha sido un gran acierto en el sentido de coordinar políticas de Estado y creo que es un aprendizaje para otros campos. Porque se pueden coordinar políticas de estado de modo perdurable.
Fuera de la comisión hay que señalar que también hubo otros actores institucionales de gran relevancia: la Defensoría General, que en la Argentina hoy es un ejemplo a nivel latinoamericano porque presta un servicio no sólo a quienes tienen insuficiencias o problemas de acceso a justicia, sino que también en este caso ha tenido un rol protagónico en brindar la asistencia letrada a los imputados. Esto lo decimos, porque siempre hemos tenido claro la necesidad de garantizarle la defensa a todos aquellos, aún cuando ellos nunca la dieron. Pero esto es importante para que se respete el estado de derecho. Casi el 80% de los imputados tiene hoy asistencia letrada de la defensoría.
También es importante señalar el esfuerzo que han hecho los empleados de la Justicia Nacional y también la organización gremial. Sin ese esfuerzo, esto no se hubiera podido llevar adelante. Y por supuesto, los jueces. Porque es cierto que hubo resistencias, que semejante transformación dentro del Poder Judicial generó resistencias básicamente culturales, de concepción, no lo vamos a negar. Pero quiero poner el acento en aquellos que no la tuvieron, en aquellos que se sumaron a este proceso, en la enorme cantidad de jueces que están cumpliendo su deber con corrección, con un gran esfuerzo, y que son la gran mayoría que están involucrados, llevando adelante estas causas con todo el respeto del debido proceso.
También quiero señalar que una transformación semejante dentro del Poder Judicial, no se puede llevar a cabo sin la colaboración de todos los que están fuera del Poder Judicial, porque en estas causas hay una enorme cantidad de información y de colaboración que proviene de los organismos que han trabajado y que siguen trabajando. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las secretarías de las provincias, todos los organismos de derechos humanos que siempre colaboran aportando información, Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas, Hijos, la Liga Argentina de por Derechos del Hombre, la Asociación de Abogados, Cerpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Cels, la Comisión de la Memoria, Asociación de Familiares de Desaparecidos, la Asociación de exDetenidos - Desaparecidos, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Justicia Ya, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Espacio Carta Abierta, Asociación Civil por Libertad y Justicia, Archivo Nacional por la Memoria, Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención por los Derechos del Niño, todos han colaborado en distintos aspectos y cada uno a su manera y sin ellos esto no se podría hacer. También es importante destacar el aporte que han hecho los embajadores extranjeros, principalmente de España, Italia, Alemania, Francia y de Suecia para aportar información y además facilitar las comunicaciones que se hacen en estos juicios hacia esos países.
Creo que todo esto es un esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado y de todas aquellas asociaciones involucradas. Este esfuerzo como política de estado se hace en el marco del estado de derecho, todos coincidimos en que aquí se respeta el debido proceso, todos decimos además, como se ha explicado recién, que estos procesos tienen que estar abiertos para que la comunidad entienda y comprenda de que se trata y por eso sostenemos el principio de acceso a la información y la transparencia informativa.
Hay un aspecto que no quiero dejar de mencionar y es que estos juicios seguramente tendrán una trascendencia histórica, por eso es que nosotros hemos celebrado un convenio para que esto se filme, para que estos juicios queden registrados y para que en el futuro podamos tener los elementos para que nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que nos sucederán, conozcan lo que nos pasó y tengan prueba documental y nadie pueda decir esto no ocurrió.
Quiero ser muy breve en ésta presentación y referirme a la segunda parte que es el enfoque constitucional, porque nosotros hemos obtenido aquí en la Corte la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, la inconstitucionalidad del indulto y hemos obtenido también la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Pero esto es algo que tiene que ser explicado, nosotros hemos vivido una tragedia. Muchos países han vivido tragedias, pero cada uno lo resuelve a su modo, y eso es respetable. En la Argentina ese proceso de investigación de los delitos de lesa humanidad tiene una historia. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra experiencia histórica y la de otros países? ¿Porqué entre nosotros estamos en presencia de este fenómeno que es que el Poder Judicial lleve adelante investigaciones en los juicios de lesa humanidad de todo el país? Quiero ser claro en este aspecto: nosotros hemos visto a las Madres de la Plaza de Mayo, a las Abuelas, a la agrupación de Hijos, a todos ellos y a todos los organismos de Derechos Humanos pedir justicia cuando no la había, en el mismo momento en que los derechos fundamentales eran violados y siempre pidieron justicia, nunca ajusticiamiento.
Hemos visto también que otros países nos ayudaron y otros jueces como el juez Garzón, que hoy nos visita, nos ayudaron cuando aquí no había posibilidades de hacerlo, esto ha sido para nosotros muy importante en aquellos años y luego se hicieron muchos avances en este período y muchos ayudaron de una manera u otra, y aquí podemos ver que hubo dirigentes políticos, dirigentes gremiales, periodistas, escritores, artistas, toda una comunidad que empezó a hablar de este tema y lo instaló en la sociedad culturalmente. Entonces este proceso social y cultural tuvo como reflejo un proceso institucional que es el que hoy vemos. No es a la inversa, en la Argentina no ha sido a la inversa, no ha sido la decisión de alguien que en la soledad de su escritorio comenzó a decir vamos a investigar esto; esto ha sido un proceso social que tuvo un reflejo institucional y este reflejo institucional también fue progresivo y múltiple. Allí comenzaron con la democracia los primeros juicios, el juicio a las Juntas, el juicio por la Verdad, y todos estos juicios que hoy vemos. Digo esto para señalar algo muy importante y es que la decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad, es una decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás, porque es una idea que ha madurado y no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo. Los juicios de lesa humanidad no dependen de una coyuntura, no dependen de una elección, no dependen de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté; los juicios de lesa humanidad están hoy dentro del contrato social de los argentinos, forman parte del consenso básico que tiene la sociedad, y esto hay que entenderlo claramente y por eso decimos que tiene un fundamento constitucional en el sentido de que forma parte de lo que es esencial en la vida de una sociedad. Son aquellos principios que nos unen hoy a todos los argentinos: el decir que no queremos nunca más que nuestros hijos y nuestros nietos tengan persecuciones del propio Estado, que los debió proteger, por tener diferentes ideas. Por eso creo que la enseñanza más importante que nosotros podemos rescatar a esta altura del proceso es que no hay marcha atrás, que esto forma parte de nuestros consensos básicos y que queda mucho por hacer, pero hay que hacerlo respetando siempre estos principios liminares: el debido proceso, el estado de derecho, esto es lo que nosotros defendemos.
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