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09nov10


La Corte Suprema anuló en julio de 2010 el indulto que permitió a Massera evadir los efectos de la justicia


Emilio Eduardo Massera murió condenado. "Reclusión perpetua" fue la pena que se le impuso en el Juicio a las Juntas, en 1985, y aunque el ex presidente Carlos Menem lo indultó, la sentencia quedó definitivamente firme este año, cuando la Corte Suprema dijo que aquel indulto era nulo.

La condena fue por tres homicidios agravados por alevosía, 69 secuestros, 12 casos de torturas y siete robos. Pero desde fines de los 90, la Justicia abrió decenas de investigaciones más contra Massera. Además de desapariciones y tormentos, se lo acusó de haber sido parte de un plan sistemático de robos de bebes nacidos en cautiverio durante la dictadura y de haber montado una banda para quedarse con bienes de desaparecidos.

Sin embargo, a su muerte todos los expedientes en su contra estaban suspendidos: en 2005, se lo declaró incapaz por demencia en todos los procesos.

El año pasado, un nuevo estudio oficial ratificó que no estaba en condiciones de ser juzgado, opinión que compartió incluso el experto de parte del Cels, organismo que era querellante contra el ex dictador. Los especialistas sostuvieron que tenía disminuidas sus facultades mentales y anunciaron que su proceso de deterioro era "crónico, irreversible y potencialmente evolutivo".

Lo contrario habían afirmado los peritos italianos que viajaron a Buenos Aires para examinarlo. Por eso, en Roma, Massera seguía siendo juzgado en ausencia por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la Operación Cóndor, un operativo de represión coordinado entre gobiernos dictatoriales del Cono Sur. En ese proceso se lo investigaba por los crímenes de Angela Aieta de Gullo (la madre del diputado kirchnerista Dante Gullo), Giovanni Pegoraro y su hija Susana.

Alemania, España y Suiza también tenían procesos abiertos contra Massera por crímenes de lesa humanidad. El juez español Baltasar Garzón había librado incluso una orden de detención internacional en su contra en 2007. Con la declaración de incapacidad sobreviniente, los pedidos de extradición se frenaron del mismo modo que los procesos locales.

Una de las principales investigaciones abiertas en la Argentina sobre los crímenes de la última dictadura es la causa ESMA, un gigantesco proceso que investiga centenares de delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó allí. Esa fue la cárcel ilegal más emblemática de la última dictadura y Massera era su responsable. Además de homicidios, torturas y abusos sexuales, el juez federal Sergio Torres investiga una presunta asociación ilícita montada dentro de la ESMA para apropiarse de bienes de detenidos. En ese caso, uno de los hijos de Massera estuvo preso y sigue siendo investigado. Este es otro de los casos en los que el ex almirante estaba acusado, pero que se suspendió por su incapacidad.

Massera perdió su rango militar como consecuencia de la condena del Juicio a las Juntas. Luego de aquel proceso, la Justicia dispuso que cumpliera su pena a reclusión perpetua en la cárcel de Magdalena. El decreto 2741/90, firmado por Menem, le devolvió la libertad por casi una década. En 1998, volvió a ser detenido; esta vez, en una causa por robo de bebes (un delito no alcanzado por el Juicio a las Juntas).

Como tenía más de 70 años, le permitieron cumplir prisión domiciliaria en El Talar de Pacheco, beneficio que perdió cuando una foto de la revista Veintitrés lo retrató caminando por las afueras de la quinta. Entonces, fue remitido a Campo de Mayo hasta que, como consecuencia de un derrame cerebral, lo internaran en el Hospital Naval. Durante los últimos tiempos, alternó entre su casa y este hospital.

Hace menos de tres meses, la Justicia volvió sobre él. "La obligación del Estado argentino no es sólo investigar, sino también castigar los delitos aberrantes, deber que no podía estar sujeto a excepciones", afirmó la Corte Suprema en el fallo que ratificó que son nulos los indultos contra los ex dictadores Massera y Jorge Rafael Videla. El máximo tribunal confirmó una sentencia de la Cámara de Casación Penal y declaró inadmisibles todos los reclamos de los abogados de Videla y de Massera. Sus crímenes, según la Corte, no sólo habían sido contrarios a la Constitución, sino también a "toda la comunidad internacional".

[Fuente: La Nación, Bs As, 09nov10]

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