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14abr10


El fiscal de derechos humanos, Omar Palermo, deberá investigar a los dos miembros de la Cámara Federal de Apelaciones


Ya no se trata solamente de esperar que el Consejo de la Magistratura nacional decida destituir a los camaristas federales Otilio Romano y Luis Miret. En esta oportunidad, la apuesta se redobló y ambos fueron denunciados penalmente.

La presentación ante la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad fue hecha por los ex presos políticos mendocinos Fernando Rule y David Blanco, los mismos que introdujeron la primera denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra de los dos magistrados.

Entre rejas

Con este acto hecho por los dos militantes de derechos humanos, la situación de Miret y de Romano se complica aún más, ya que no sólo será el Consejo de la Magistratura el que investigue para poder ver si se avanza o no en un juicio político, sino que, además, se suma la intención de que ambos sean puestos entre rejas a raíz de la investigación paralela que deberá realizar el fiscal Omar Palermo.

Justamente, Palermo es uno de los miembros de la Justicia federal mejor visto por los organismos de derechos humanos y su función es lograr acelerar los juicios relacionados con delitos de lesa humanidad.

Según explicó uno de los denunciantes, Fernando Rule, el escrito se presentó el lunes y fue firmado por él y por David Blanco con la representación de la abogada Viviana Beigel.

En el escrito se tomó como base cuatro expedientes que datan de la dictadura militar, en los que intervinieron Miret y Romano, para que Palermo investigue, aunque también este tendrá la opción de ampliar su investigación hacia lo que hicieron ambos magistrados en otros casos también relacionados a delitos de lesa humanidad.

Actualmente, ambos jueces, por su condición de tal, tienen fueros que les impedirían ser condenados penalmente, sin embargo eso no imposibilita que se los investigue.

En caso de que la investigación demuestre que ambos cometieron delitos y se deba pedir prisión preventiva para los dos o para alguno de ellos, entonces se deberá pedir la remoción de sus fueros.

La calificación penal de la denuncia sobre ambos magistrados, podría ser, si Palermo lo considera, participación primaria en crímenes contra la humanidad, aunque esta también podría vincularse con incumplimiento de deberes de funcionario público, participación en torturas y apremios ilegales y participación en abuso sexual agravado.

Contenido de la denuncia.

Igual que en la presentación hecha ante el Consejo de la Magistratura por los organismos de derechos humanos y por el Gobierno provincial, la presentación ante la Fiscalía está basada en una serie de expedientes en los que Romano y Miret tuvieron participación.

Algunos son: el caso de una de una menor de 16 años que fue detenida e incomunicada, sobre la que Miret en un lapso de 30 minutos ordenó la entrega a sus padres y luego revocó la decisión, llevando a que la chica estuviera detenida durante 21 días en total. En esas tres semanas, la chica fue golpeada y abusada sexualmente, a pesar de que hubo detenidos que declararon haber sentido sus gritos pidiendo que no la ultrajaran.

También en el escrito figuran denuncias sobre robos de efectos personales y golpes que Miret y Romano obviaron, en detrimento del bienestar de las víctimas.

En otro de los casos, un testigo de apellido Luna afirma que en junio de 1976 estuvo detenido en el centro clandestino D-2 y que, a pesar de sus dichos, el oficial de Justicia sólo se interesó por su actividad política, lo mismo una mujer de apellido Gómez, quien a la hora de declarar denunció haber sido manoseada, quemada con cigarrillos y relató un intento de violación pero el interés de los magistrados se centró sobre su actividad política.

UNCuyo

El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, aseguró que no está en la agenda del Consejo Superior tratar hoy la situación de Luis Miret, quien da clases en Derecho y, sobre el cual, estudiantes de esa facultad, junto a algunos docentes, han pedido su suspensión debido a las denuncias que pesan en su contra que se refieren a su presunta participación durante la dictadura militar.

[Fuente: Por Daniel Calivares, El Solidario, Mendoza, 14abr10]

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