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25jul16


Cayó otro transportista boliviano que traía droga a la Argentina en camiones


Un entramado de decenas de empresas familiares, muchas a nombre de testaferros, y una flota de más de 300 camiones cisternas que trabajan para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) forman parte de la logística narco que comenzó a ser desmantelada después de que se empezara a desentrañar la red de protección que le daba el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso al empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, que está preso y enfrenta un pedido de extradición a la Argentina.

 
Wilson Pastor Fernández Torrez

Wilson Fernández Torrez, otro empresario que fue contratado por YPFB, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra. En su flota de 32 camiones Volvo y Mercedes-Benz de la firma Vartra-Boliq se detectó, a través de un peritaje de microaspirado, que habían trasladado cocaína a la Argentina. La Procuración contra la Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, evaluará pedir también la extradición de Fernández Torrez -como ya lo hizo con Sejas Rosales- por el contrabando de 135 kilos de cocaína descubierto el 21 de julio de 2015 en Salvador Mazza.

El punto de contacto entre estos alfiles de la logística narco es la empresa estatal YPFB, que había sellado contratos con las empresas Transanic, Trans GTI, Transporte JAC La Sierra, Creta, Trans Land Cargo y Vartra-Boliq SRL, que operaba entre Santa Cruz de la Sierra -donde se encuentra uno de los polos de producción de pasta base y cocaína más grandes de Bolivia- y Rosario y San Nicolás, según las cartas de porte que constan en la causa que instruye el juez federal de Salta Julio Bavio.

Según datos de YPFB, por la frontera argentina circulan 250 camiones cisterna bolivianos cada semana en busca de combustible. El presidente de la empresa, Guillermo Achá, señaló que los contratistas "son responsables de sus actos".

Aún no se desentrañó para quién traían la droga desde Bolivia en los camiones cisternas. Un indicio lo aportó Patricio Gorosito, condenado a 19 años de prisión en la causa Carbón Blanco, cuando admitió en una declaración informal ante los fiscales que la cocaína que era exportada a España y Portugal llegaba al país en camiones cisternas desde Santa Cruz de la Sierra.

El diputado boliviano Tomás Monasterio dijo a LA NACION que tras la detención de Fernández Torrez quedó en evidencia el lazo contractual que existía entre estos empresarios ligados a la logística narco y el Estado boliviano. "Una de las encargadas de controlar a estas compañías a través de la Unidad Legal de YPFB es Claudia Lenz Ardaya, sobrina de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya", señaló el legislador.

Encausado en su país

Esta nueva causa contra Fernández Torrez comenzó el 28 de junio pasado a partir de una investigación del fiscal antidrogas Fredy Guzmán Zapata por supuesta "legitimación de sustancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas". Dos días después se ordenó la detención del titular de la empresa Boliq y de Edwin Gutiérrez Toro y Jackelin Tejerina Baptista, que serían supuestos testaferros y a cuyo nombre está la flota de 32 camiones de la firma.

La causa se abrió misteriosamente un año después de que Gendarmería incautara en Salvador Mazza un camión de Boliq que iba a San Nicolás, con 135 kilos de cocaína. Cuatro días después, Fernández Torrez organizó un piquete en la frontera con más de un centenar de camiones para protestar por la supuesta persecución contra los transportistas de ese país. Levantaba un cartel que decía: "No somos narcos".

"Somos un conjunto de 17 familias que nos hemos asociado para trabajar en este negocio; luego nos unimos a Vartra para conformar un conglomerado que nos permita trabajar con el Estado. El señor que se ha visto involucrado en el transporte de cocaína (Sejas Rosales) no es socio, es personal de apoyo. Los delitos son personales", argumentó en ese momento Fernández Torrez.

Tres días antes, el fiscal Diego Iglesias había pedido al entonces juez Reynoso que ordenara la captura internacional de Sejas Rosales, tras detectarse que en 11 camiones de cinco firmas ligadas con este empresario fueron hallados más de 500 kilos de cocaína procedente de Santa Cruz de la Sierra y destinados a Rosario y a San Nicolás.

A Reynoso se lo acusó de haber dado beneficios inauditos al empresario boliviano a cambio de dinero. Lo procesó como partícipe necesario del contrabando y le dio la posibilidad de volver a su país. Nunca regresó a la Argentina. El juez fue procesado en noviembre pasado por su colega Bavio y quedó detenido el 1 de mayo pasado.

Sejas Rosales fue detenido en dos oportunidades en Bolivia. El Tribunal Supremo de ese país autorizó su extradición, pero él pidió someterse a la justicia local. Hoy está en la cárcel de Palmasola con Wilson Fernández Torrez.

[Fuente: Por Germán de los Santos, La Nación, Bs As, 25jul16]

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