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04may14


Narcolavado: la justicia avanza sobre la megabanda que operaba en Tigre


Se trata de 12 colombianos y argentinos que armaban sociedades pantalla y hacían negocios inmobiliarios para Ignacio Álvarez Meyendorff. Se calcula que lavaron más de $ 900 millones. Otros 22 acusados podría ser juzgados.

Las investigaciones de la ruta del delito económico que sustenta la actividad del narcotráfico en la zona del municipio de Tigre, Benavídez, Talar de Pacheco y Nordelta empezaron a tener derivaciones judiciales de relevancia. En el marco de la causa madre, que se inició con la extradición a Estados Unidos del capo narco y jefe de la banda, Ignacio Álvarez Meyendorff, serán llevados a juicio más de una decena de ciudadanos argentinos y colombianos acusados de armar esquemas financieros y de inversión para blanquear dólares derivados del tráfico de estupefacientes. Según datos a los que accedió Tiempo Argentino, esta banda delictiva lavó dinero en el país por más de $ 900 millones, que se deducen de los bienes incautados o decomisados en el marco de las investigaciones.

Por primera vez desde que en 2005 se iniciaron las pesquisas federales en torno a estos delitos en la zona del Delta, llegará a los Tribunales una megabanda de civiles involucrada en negociados millonarios. Organismos que son parte de la investigación, como la Unidad de Información Financiera (UIF), pidieron al Juzgado Federal N2 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Alberto Santamarina, que se eleve a juicio oral a los acusados en la causa "García Rivera Jaime E. y otros s/ presunta infracción Ley N 23.737."

En dicha investigación se comprobó que los activos utilizados en el país por los involucrados, provenían de la exportación de cocaína a los Estados Unidos entre los años 2004 y 2011. Hasta el momento, Álvarez Meyendorff -capo del Cartel del Norte del Valle, en Colombia- había sido extraditado al país del norte por un pedido oficial de Estados Unidos a la cancillería argentina; a la vez que casi todos los procesados netamente por lavado de activos permanecían en libertad o con prisión preventiva aunque con embargo de bienes. Sin embargo ahora 12 procesados irán a juicio por lavado de dinero; y otros 22 harán lo propio considerados autores o coautores del delito de tráfico de drogas.

Tiempo Argentino develó la trama del dinero narco en Tigre vinculado a otra causa importante, la 10.801, que se cursa en el mismo juzgado y que va detrás de la otra gran banda de narcos del Delta, la encabeza por el capo colombiano Antonio Yépez Gaviria.

En el caso relatado en esta edición, los imputados que se busca que vayan a juicio son los arquitectos económicos y financieros de la causa que inició esa historia, y que trabajan para el otro gran capo colombiano que operaba en el Delta, Álvarez Meyendorff. La magnitud de esta banda de la que Tiempo dará detalles de penas, delitos y operaciones con sociedades fantasma, se mide con el nivel aproximado de activos lavados en el país por medio de propiedades, empresas varias y autos de lujo. De acuerdo a datos oficiales a los que accedió este diario, en los registros de la UIF hubo en la causa Meyendorff decomisos e inhibiciones de bienes por $ 920 millones. Para tener una idea de la magnitud de ese dinero, alcanza con ver el resto de las causas de lavado: en todo el país y sin contar la causa Meyendorff, la UIF trabó bienes por un total $ 700 millones, $ 250 de los cuales correspondieron a lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Es decir, la causa Meyendorff triplica los volúmenes de todo el resto de las causas.

"Conforme ha quedado acreditado a través de los distintos elementos de prueba reunidos en la causa (documentación y estupefacientes secuestrados en allanamientos, pedidos de extradición internacionales, escuchas telefónicas, informes patrimoniales, tareas de inteligencia, etc.), los imputados relacionados con los delitos previstos en la Ley 23.737, comenzaron a diagramar operaciones de ingreso al país de sustancia estupefaciente desde Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, entre otros países, coordinando a su vez estas acciones, con otros sujetos que se encontraban en el exterior, principalmente en la República de Colombia, todo ello liderado por Ignacio Álvarez Meyendorff", apunta la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante en la causa. Y agrega que luego, por mecanismos financieros, lavaban el dinero derivado del tráfico de drogas.

Los nombres de los 12 imputados de "darle apariencia de licitud a los bienes de origen espurio" son los siguientes, los cuales serán juzgados por el delito tipificado en el artículo 45 del Código Penal y en el 278, como encubridores o partícipes de lavado de dinero. El pedido de penas va entre los 5 y los 10 años de prisión y multas de 2 a 10 veces los montos de la operación: María Francisca García Fernández, coautora material "por haber convertido, transferido, administrado y vendido, bienes y dinero provenientes de delitos en los que no habría participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen lícito; hechos estos que superaron la suma de pesos 50 mil y fueron efectuados como miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de actos de esta naturaleza.

De acuerdo a los datos a los que accedió Tiempo, García Fernández era la contadora que llevó adelante el proceso de constitución y puesta en funcionamiento de diversas sociedades pantallas, incluyendo la apertura de sucursales en Argentina de sociedades offshore, para la colocación de los fondos en el sistema formal.

*Fredy Alonso Morales Garzón, Mónica Aponte Gallo y Ramiro González Warcalde: todos coautores materiales. Se los busca juzgar por comprometerse en la ejecución de tareas operativas en el funcionamiento cotidiano de las sociedades pantallas y las operaciones económicas y financieras que a través de ella se realizaban.

Aponte Gallo es argentina y está inscripta ante el fisco en "Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas."

*Elsa Alejandra Vázquez: partícipe necesaria. También argentina. En este caso, Según los registros de la empresa Portal Marina SA, sucursal argentina, Vázquez fue representante de esta empresa hasta fines del año 2007. Cuando abandonó el cargo, paradójicamente, la reemplazó un colombiano, Jesús Antonio Álvarez Rengifo. El hombre es empresario y tiene domicilio real en Juana Manso 450 (Puerto Madero) e Independencia 81, Troncos del Talar, Pacheco, partido de Tigre. A este último domicilio bonaerense también se trasladó la sede social.

*Marcela Pol: partícipe necesaria. De nacionalidad argentina. Curiosamente, el mismo año en que Elsa Alejandra Vázquez renunció a la dirección de una empresa y entregó a un ciudadano colombiano la titularidad, hizo lo propio Marcela Pol. Bajo la supervisión de la escribana Carina de Benedictis, el día 3 de octubre de 2007 (un día después de la renuncia anterior), Pol renunció a ser representante de la firma Val D'Arly sucursal argentina, y se designó en su lugar a otro colombiano, Ricardo Gutiérrez Villa. Soltero, empresario, tenía domicilio real en la calle Segui 4725 de Capital Federal. Su domicilio especial estaba, paradójicamente, en Boulevard de la Bahía, Edificio 5, departamento N 13, 2 "C", Barrio Portezuelo, Nordelta, localidad y partido de Tigre provincia de Buenos Aires. A ese lugar también se trasladó la sede social.

*Stella Maris Vieyra: partícipe necesaria. Argentina y contadora de la banda. El nombre del colombiano Álvarez Rengifo, que aparecía en las dos imputadas anteriores, también está relacionado a Vieyra. En el mismo año de las renuncias anteriores, el 2007, Vieyra dejó su cargo al frente de la empresa Gracia Enterprises SA. Y asumió en su lugar el propio Rengifo y, como segundo director, otro colombiano, Mauricio Álvarez Sarría. La escribana fue también la misma, la doctora de Benedictis.

El nombre de Sarría tampoco es casual en esta historia. Es, junto a Sebastián Sarria, uno de los hijos del propio Meyendorff. En 2009, Mauricio adhirió a la ley de Blanqueo de Capitales y legalizó $ 4.453.000. Sarria sigue prófugo de la Justicia argentina al igual que su hermano. Según la UIF, Meyendorff y sus descendientes comandaban la banda y coordinaban los grupos de personas que trabajaban en el lavado de activos.

*Javier Hernán Kusnier García: coautor material. Argentino. Actividad registrada ante la AFIP como proveedor de servicios jurídicos. Es secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria.

Kusnier García, junto a Morales Garzón, Warcalde y Aponte Gallo fueron sujeto de embargo de bienes por $ 40 millones en el marco de la causa.

*Claudia Sandra Minervini: partícipe necesaria. En 2006, un año antes de los traspasos de empresas de argentinos a colombianos, siempre dentro de la misma banda, en la empresa Gracia Enterprises, Minervini renunció a la presidencia de la firma y se designó en su lugar una directora suplente. Quién era? Stella Marys Vieyra, la contadora de la banda de Meyendorff y socia de las empresas mencionadas anteriormente. Entre Minervini, Marcela Pol, Elsa Vázquez y Stella Maris Vieyra, se trabaron embargos por un monto superior a los $20 millones.

*María Sol Barrera y Ruth Martínez Rodríguez: partícipe necesaria y coautora material, respectivamente. Entre ambas, sufrieron embargos por $ 20 millones. Ruth Martínez Rodríguez quizás sea la más mediatizada de la banda: es la ex esposa de Daniel "el Loco" Barrera, uno de los narcos más peligrosos de Colombia. Actualmente, la mujer cumple prisión domiciliaria por embarazo. Dónde? En una casa del barrio La Alameda, en el complejo Nordelta. Las vueltas de la vida y de los negocios la llevaron, hoy en día, a estar en pareja con Ariel Gustavo González, un corredor inmobiliario que es otro de los coautores materiales de delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y que serán juzgados por integrar la mega banda. El último de los juzgados será Juan Carlos Bustamante, coautor material y del cual se tienen pocos datos de modos de vida y negocios.

El rol de la escribana Carina de Benedictis, que no está investigada en esta causa pero que certificó los traspasos de sociedades, lleva a otra pista de un nexo común de la banda de Meyendorff: el oriundo de Calí, Alejandro Gracia Álvarez. El mencionado fundó, primero, Gracia Enterprises y luego la firma Gracia Zapata SA, en sociedad con otros colombianos vinculados al lavado narco, como Jairo Hernán Mera Cano y Juan David Gracia Torres.

Los acusados

María García Fernández (argentina): Contadora que ayudó a la pantalla. Coautora material.

Fredy Alonso Morales Garzón (colombiano), Mónica Aponte Gallo (argentina) y Ramiro González Warcalde (colombiano): Ejecutaron tareas operativas.

Coautores materiales.

Elsa Alejandra Vázquez (argentina): Representante de Portal Marina S.A. Partícipe necesaria.

Marcela Pol (argentina): Partícipe necesaria.

Stella Maris Vieyra (argentina): Contadora. Partícipe necesaria.

Javier Hernán Kusnier García (argentino): Coautor material.

Claudia Sandra Minervini (argentina): Partícipe necesaria.

María Barrera y Ruth Martínez Rodríguez (colombianas): Partícipe necesaria y coautora material. Martínez Rodríguez fue esposa del "Loco" Barrera.

Origen Cacaína

Se comprobó que los activos utilizados en el país provenían de la exportación de cocaína.

También perseguidos en colombia

"El proceso judicial por lavado de activos realizado contra Ignacio Álvarez Meyendorff en Colombia posee una dimensión tal que ha sido merituado como el juicio contra la operación más gigantesca de lavado de activos realizada en dicho país", informó la UIF al juzgado de Santamarina.

El organismo afirma que "al investigar los bienes de los hermanos Álvarez Meyendorff y 18 de sus testaferros, se pudo establecer cómo las multimillonarias ganancias con origen en el narcotráfico se lavaron mediante la adquisición de abundantes inmuebles diseminados en toda Colombia, la operatoria de una veintena de sociedades comerciales y la compra de caballos de carrera, entre otras actividades".

En ese orden de cosas, la justicia colombiana dispuso el embargo de activos por un monto superior a 500 millones de dólares y el 5 de mayo de 2013 tomó acciones sobre 210 propiedades, 26 personas jurídicas y 20 establecimientos comerciales vinculados al imputado. Tal es así que "a raíz del caso, la fiscalía colombiana ha señalado que se generó el proceso de extinción de dominio más grande que su Unidad de Lavado de Activos haya iniciado contra este tipo de organizaciones criminales en la historia del país", indica el comunicado de agradecimiento enviado a la UIF local por autoridades colombianas.

La UIF utilizó todas estas descripciones para justificar y pedir que "sin duda alguna los mismos deben ser considerados para determinar la procedencia del correspondiente reproche penal en la justicia local".

Las claves de la trama del tigre

Denuncia. Las denuncias por el cartel colombiano-argentino que se dedicaban a lavar dinero sucio en el partido de Tigre, proveniente del tráfico de cocaína avanzan en la justicia.

Los 12 apóstoles. Doce ciudadanos de ambas nacionalidades colombianos y argentinos tendrán que dar explicaciones por el supuesto armado de sociedades pantallas que se dedicaban a comprar inmuebles para blanquear el dinero sucio.

Extradición. Aparentemente trabajaban para el capo Ignacio Álvarez Meyendorff, quien ya fue detenido y extraditado de la Argentina a los Estados Unidos.

Millones. Se calcula que lavaron dinero por más de $900 millones.

En la mira. La justicia también investiga a otros 22 acusados para que sean juzgados por narcotráfico.

Lugar del hecho. La actividad del lavado de dinero se desarrollaba en la zona del municipio de Tigre, Benavidez, Talar de Pacheco y Nordelta.

La cifra 700 millones es el monto por el cual la Unidad de Investigación Financiera trabó embargo sobre los bienes por distintas causas de lavado.

[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 04may14]

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