Los movimientos de derechos humanos, respondiendo a la exigencia social generalizada para que cesen las diversas formas de impunidad que afectan el funcionamiento del Estado de Derecho,
Expresan su decisión de acompañar solidariamente la marcha de la querella criminal presentada por abuelas de niños secuestrados con sus padres o nacidos durante el cautiverio de sus madres bajo la dictadura militar.
Dicha querella imputa a altos funcionarios políticos y militares de dicho régimen los delitos de sustracción de menores, homicidio con alevosía, privación ilegal de la libertad con la agravante de tratos inhumanos, y sustitución de identidad. Estos crímenes jamás fueron juzgados, ni exculpados por ninguna ley, ni indultados, y son imprescriptibles.
Los querellantes han presentado pruebas documentales acerca de la pertenencia de este tipo de delitos al sistema criminal de secuestros, detención en campos de concentración, aplicación de tormentos y desaparición de personas probado en la sentencia dictada por la Cámara Federal Penal en la Causa seguida contra Jorge R. Videla y otros comandantes el 9 de diciembre de 1985.
El Estado argentino tiene una deuda con los centenares de niños que fueron sometidos a tales practicas criminales, concebidas y ejecutadas por funcionarios públicos. La tiene también con sus familias de sangre y con toda la sociedad.
Reclamamos que el Ministerio publico, al que corresponde requerir la instrucción del sumario, apoye urgentemente las medidas de investigación propuestas por los querellantes, entre los cuales figura la citación a cada uno de los jefes de los centros clandestinos de detención cuya existencia fue probada en el proceso contra los comandantes del proceso militar.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1997