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03jun05


Perrén reconoció haber ordenado el secuestro de Conrado Gómez.


Buenos Aires. El ex jefe de Operaciones de la ESMA en la última dictadura militar, Jorge Perrén, admitió ayer que comandó el operativo de secuestro de un empresario desaparecido, a quien luego robaron sus bienes, aunque negó haber participado de este último delito.

De acuerdo con un cable de la agencia Télam, el ex capitán de navío Perrén confesó así su participación en un grupo de tareas, en este caso el que el 9 de enero de 1977 se llevó de su despacho en Buenos Aires al abogado mendocino y empresario, Conrado Gómez, informaron fuentes judiciales.

El represor estuvo libre hasta el miércoles, cuando se presentó detenido al conocer una orden al respecto en su contra del juez federal Sergio Torres, en la causa que investiga el robo de bienes a desaparecidos y en la que también se apresó a un hijo del dictador Emilio Massera.

Perrén “reconoció haber ordenado el secuestro de Conrado Gómez” pero luego negó ante el juez Torres haber intervenido en la posterior sustracción de sus bienes.

Además de Gómez, grupos operativos de la ESMA secuestraron a Victorio Cerrutti, Omar Masera Pincolini y Horacio Palma, todos miembros de una sociedad que, entre otros bienes, poseía terrenos en la zona de Chacras de Coria, en Mendoza. Los campos de la sociedad, luego de varias transacciones, habrían aparecido casi en su totalidad a nombre del hijo de Massera, Eduardo Enrique Massera, quien ayer se negó a declarar y afirmó que esos delitos son “cosa juzgada”.

Contemporáneo de Scilingo

Perrén, alias “Puma” u “Octavio”, comandó el área de Operaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1977 y fue contemporáneo al primer marino que confesó haber participado en “vuelos de la muerte”, el mecánico Alfredo Scilingo, recientemente condenado en España.

De hecho, Perrén declaró por videoconferencia en el juicio oral a Scilingo, como testigo a pedido de su defensa. Conrado Gómez era el representante legal de la empresa “Cerro Largo SA” y titular de las tierras, que luego fueron apropiadas cuando sus dueños fueron secuestrados y llevados a la ESMA.

El empresario fue secuestrado el 10 de enero de 1977 en un departamento de avenida Santa Fe 1713 de la Capital Federal, de donde los represores también se llevaron bienes, dinero y documentación que se hallaba en el lugar. Los dos días siguientes fueron detenidos en Chacras de Coria, Cerutti y Pincolini, mientras que Palma fue aprehendido en la localidad bonaerense de Hurlingham y todos fueron derivados a la ESMA.

“El desapoderamiento que habrían sufrido los nombrados no habría sido aislado sino más bien uno más de los despojos perpetrados sobre los patrimonios de aquellos que fueron alojados ilegalmente en la ESMA”, subrayó el juez Torres en la orden de detención de los involucrados.

Indagatorias

El juez Torres tomó también indagatoria a otro de los militares apresados el miércoles, Pedro Velazco, alias Dante, quien pidió la prescripción de la causa y luego se negó a declarar. Para hoy está previsto el interrogatorio del oficial de la Armada Alberto González Menotti.

El magistrado -de acuerdo con la agencia Télam- tramita dos sumarios por los delitos de privación ilegal de la libertad, sustracción de bienes y falsificación de documentos.

El otro sumario, en el que figuran como imputados Jorge “el tigre” Acosta, Jorge Rádice y Carlos Pazó, tiene entre las víctimas a Marcelo Camilo Hernández, Jorge Munetta, Mercedes Inés Carazo y Nilda Noemí Actis Gorreta, quienes habrían estado detenidos en la ESMA.

En la mayoría de los casos, según los testimonios obtenidos en las pesquisas, se obligaba a los detenidos a firmar documentos para la transmisión de bienes registrables o se les sustraían valores de sus domicilios.

Munetta habría perdido un departamento en la avenida Belgrano, 1.651 de Capital Federal, que se registró a nombre de Juan Héctor Ríos, una identidad que, se sospecha, utilizó Rádice para concretar el robo de bienes.

Hernández dijo haber sido torturado en dependencias de la ESMA y que por los tormentos que recibió proporcionó datos de su domicilio, donde, de acuerdo a esa versión, le sustrajeron 500.000 dólares.

A Actis Gorreta le hicieron firmar, en una escribanía, dos poderes que permitían la venta de otros tantos inmuebles de su propiedad, ubicados en la ciudad de La Plata, sin que se pudiera determinar qué pasó con el producto de esa venta.

Carazo sufrió el robo, entre otros valores, de una biblioteca, que según constancias de la causa, fue instalada en las oficinas de Acosta.

[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 03jun05]

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