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04abr16


El gobierno bonaerense echó a siete policías por día en lo que va de su gestión


Cuando ya pasaron más de 120 días de gestión al frente del gobierno provincial, María Eugenia Vidal encara una importante purga en la policía bonaerense: hasta ahora desafectó a 739 uniformados por presuntos casos de corrupción, homicidios, torturas, robos o, simplemente, inoperancia en la labor policial. Además, se abrieron unos 1700 sumarios en la Dirección de Asuntos Internos, que evalúa el comportamiento de aquellos y otros efectivos.

Las exoneraciones, sumadas a la decisión política de exigir las declaraciones juradas a los oficiales jefes y comenzar a investigar los manejos de dinero con las horas adicionales, estimulan en las filas policiales un fuerte estado de inquietud. La semana pasada, por caso, hubo una amenaza de autoacuartelamiento. Aunque el fundamento visible fue un reclamo salarial, tanto policías como funcionarios políticos advirtieron que la convocatoria encarna un malestar mayor derivado del aumento de los controles y de la mayor "marca personal" a la actuación uniformada.

Los cambios comenzaron a los pocos días de que Cristian Ritondo se hizo cargo del Ministerio de Seguridad e incluyeron tanto a jefes de la cúpula policial como a uniformados de distintos escalafones de la fuerza. El balance indica que, en promedio, fueron desafectados al menos siete policías por día de la fuerza, que tiene unos 90.000 integrantes.

Tras la primera medida de Ritondo, de cambiar al jefe de la policía y nombrar a Juan Pablo Bressi en lugar del comisario general Hugo Matzkin, la "verdadera purga" arrancó a partir de la triple fuga del penal de General Alvear de Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta, tres de los cuatro condenados por el triple crimen de la efedrina.

Ese episodio dejó al descubierto las falencias de la fuerza y la falta de cooperación de algunos jefes policiales durante la búsqueda de los fugitivos. Ritondo decidió entonces apresurar la renovación de la cúpula policial y pasó a retiro a siete comisarios generales. Entre ellos, a Rubén Alberto Lobos, responsable de la Superintendencia de Seguridad Vial, y a Claudio Marcelo Blanco, a cargo de la Superintendencia de Seguridad, dos áreas clave para combatir la delincuencia en el Gran Buenos Aires.

A los cambios en la cúpula se sumaron una serie de sanciones a distintos uniformados por sus malas actuaciones o por haber participado en hechos delictivos. Entre ellos se destacan los policías que, en tres hechos distintos, atropellaron y mataron con sus móviles policiales a tres civiles en distintos puntos del conurbano, entre febrero y marzo.

Fuentes del Ministerio de Seguridad precisaron que entre el 10 de diciembre y el 29 de febrero el número de desafectados de la fuerza llegó a 618 y que para el 15 de marzo ya sumaban 732 los uniformados desafectados de la policía. A ellos se sumaron, la semana pasada, otros siete.

En su última presentación dirigida al Ejecutivo provincial, el 14 de marzo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió: "La participación de funcionarios policiales de todas las jerarquías en distintas redes de ilegalidad, incluido el narcotráfico, es un fenómeno estructural asociado a las lógicas de funcionamiento de la institución y no un problema individual de policías malos. No existe posibilidad de encarar una política seria contra el narcotráfico si no se avanza en una transformación profunda de las policías".

Un caso testigo

A esta lógica estructural parece estar atado uno de los casos más resonantes de las últimas semanas: el robo en la casa del intendente platense, Julio Garro, en el barrio privado Gran Bell, de City Bell. El único detenido es el subteniente Patricio Miguel Masana, que alquilaba una costosa casa en el mismo country en el que vive el jefe comunal. Masana no pudo explicar cómo hacía para pagar una renta mensual de 40.000 pesos y 8000 de expensas con su sueldo básico de policía. Se le secuestraron varias dosis de cocaína y de drogas de diseño, y se le incautaron planillas de horas adicionales de la policía bonaerense.

Esto derivó en una investigación paralela por el oscuro manejo y distribución de las horas Polad y Cores. Fueron apartados de sus cargos el jefe de la comisaría 1 de esta ciudad, comisario Marcelo Cifuentes, y su segundo, subcomisario Carlos Arias, sospechosos de haber participado en maniobras irregulares.

"La policía bonaerense es una fuerza violenta, desprofesionalizada y marcada por la corrupción estructural", se lee en el documento que el CELS le entregó a Vidal. Durante ese encuentro, la gobernadora respondió sólo algunas de las inquietudes y derivó la mayoría de las temáticas a los ministros correspondientes.

Ritondo reconoció estos problemas. Denostó la falta de capacitación de la fuerza provincial y destacó que para poder llevar adelante la reforma policial "no tendrá ningún problema en echar a todos los policías que sea necesario".

[Fuente: Por Jesús Cornejo, La Nación, Bs As, 04abr16]

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