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06dic04
El Gobernador de Mendoza reemplaza al director de la cárcel.
Alas 13.50, a través de un noticiero local, el gobernador Cobos anunció el desplazamiento del director de la Penitenciaría de Mendoza, Mariano Cortés Murillo. En su lugar irá Sergio Miranda y según anunció el gobernador, la intención es hacer un cambio de fondo en la política carcelaria.
"Vamos a hacer un cambio en la Penitenciaría provincial y en todo el sistema penitenciario. El señor Sergio Miranda se va a hacer cargo de la Penitenciaría, pero con un compromiso de que en un plazo de no más de 15 días presente un proyecto de reforma total del sistema penitenciario. Nosotros siempre dijimos que además de las obras lo que queremos lograr es la rehabilitación de los internos, entonces el proyecto y el anhelo va más allá de solucionar los problemas coyunturales que el penal de Boulogne Sur Mer hoy padece producto mucha de las cosas del hacinamiento, otras no, evidentemente porque hemos logrado producir una descompresión en el tema hacinamiento que no lo ideal todavía pero muchas cosas no nos conforman, sobre todo los últimos hecho que son de conocimiento público", anunció el gobernador.
Junto a Cobos estaba el ministro de Justicia y Seguridad, Roberto Grillo, quien rescató la labor del desplazado y afirmó el mismo tenía un "cansancio moral importante".
El asesinato y descuartización del interno Sergio Salinas, ocurrida el sábado último en el Pabellón 7, fue el hecho detonador de la crisis en la Penitenciaría, que cada vez se agudiza más, a un año de asumir el gobernador Julio Cobos.
En un informativo radial, por la mañana, Mariano Cortez Murillo había manifestado que el ministro Grillo no le había pedido la renuncia y por otra parte negó el interno asesinado tuviera -tal como trascendió hoy-, un 85% de discapacidad mental.
"En ningún lado figura que haya sido un discapacitado mental. Nosotros revisamos y no tiene ningún tipo de discapacidad". Tras ser consultado acerca de la existencia de discapacitados mentales en la penitenciaría, Cortez Murillo se limitó a decir que "tenemos desahucios, pero para eso está el psiquiatra".
En tanto, legisladores recorrieron la penitenciaría durante esta mañana.
El demócrata José Álvarez dijo que "aquí estamos frente a una falla de control porque ni el mismo director puede explicar esto".
Por su parte, el justicialista Daniel Cassia apuntó directamente al circuito de la droga.
"Nos basamos en informes penitenciarios de requisas y hay un promedio de 2 a 4 kilos de marihuana que encuentran cada dos días. Evidentemente esto no tiene que ver directamente con el hacinamiento, sino que está fallando el control de ingreso al penal y la actividad interna", explicitó el legislador peronista.
En este terreno pedregoso la senadora nacional Marita Perceval salió al cruce para advertir ante el diagnóstico expuesto: "Si no tenemos en cuenta la revisión de una política penitenciaria y si no hay un planteo integral ante el problema, la supuesta solución será cruel".
El abogado Pablo Salinas, de los organismos de derechos humanos, subrayó que ya informaron tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la Corte ya preparan el fallo para el conflicto de Campo Cacheuta.
La jueza de la Corte Aída Kemelmajer de Carlucci se abocará esta semana a redactar el borrador del fallo sobre el conflicto de poderes que mantiene el municipio de Luján con el Gobierno por la localización del nuevo penal en Campo Cacheuta. La alta magistrada será el miembro preopinante de la Sala de la Corte que analiza el enfrentamiento entre las administraciones por el espacio lujanino elegido para que se instale el complejo penitenciario.
Luego de que Kemelmajer presente su voto lo harán los otros dos integrantes del tribunal, Fernando Romano y Adolfo Rodríguez Saá. Hay que recordar que este último magistrado es camarista y fue designado para subrogar a Alejandro Pérez Hualde, que fue recusado por la comuna que conduce Omar de Marchi.
Dado este panorama es muy difícil que el esperado fallo de la Corte se produzca esta semana, anticiparon fuentes judiciales, más teniendo en cuenta que hay un feriado (el miércoles) durante la semana. Pero está claro que los tiempos se acelerarán de aquí en más.
El antecedente inmediato fue el dictamen del Procurador de la Corte, Rodolfo González, que le dio la razón a la postura del gobernador Julio Cobos. Y aunque la opinión del jefe de los fiscales no es vinculante con el fallo del máximo tribunal, anticipa de alguna manera la opinión generalizada en ese ámbito.
De todos modos el cuerpo de altos magistrados prefiere no levantar olas con el asunto. El motivo principal es que no quieren que la opinión pública interprete que le están dando una mano al Ejecutivo. Como contrapartida, en la Corte no quieren aparecer como los que castigan a De Marchi.
De todos modos entienden que el fallo esperado con ansiedad por las partes no solucionará el problema carcelario.
Pero también son conscientes de que este pronunciamiento tiene un alto valor político y más cuando se agrava la situación en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
Un duro planteo nacional.
El Gobierno nacional está preocupado por el impacto internacional que tiene la pésima situación de la cárcel mendocina y su repercusión en la política de derechos humanos de la Nación. "Está comprometida la responsabilidad internacional de la Argentina en materia de derechos humanos'', dijo a Los Andes Rodolfo Mattarollo, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Varios días después de la visita que hizo a Mendoza una delegación conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación afirman que la situación de la cárcel es grave y que no vislumbran una solución a corto plazo.
¿Qué medidas concretas promueven?
- Hemos constituido una comisión conjunta de funcionarios nacionales y provinciales para adoptar medidas en la Penitenciaría de Mendoza. Nos parece que las medidas deben ser de tipo sanitario y de seguridad. Hay que lograr el traslado de los presos federales.
¿Cuánta gente es la que trasladarían?
- Hay unos 300 presos que dependen de jurisdicción federal.
¿Dónde los llevarían?
- Se buscaría una solución que podría consistir en sacarlos de la Penitenciaría. Pero no está resuelto.
¿Ustedes se pusieron algún plazo perentorio para resolver?
- Las últimas decisiones se toman en común acuerdo con la Provincia. Los institutos penales son resorte de la Provincia, fundamentalmente.
¿La Provincia solicitó ayuda para resolverlo?
- Se la hemos ofrecido y se firmó un convenio por el que se dio a la Provincia un subsidio de 5 millones de pesos para mejorar la infraestructura penitenciaria. Pero todo esto es insuficiente si no forma parte de un plan de conjunto.
[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 06dic04]
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