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Comunicado de los organismos argentinos de Derechos Humanos


Siempre exigiremos Verdad y Justicia


Ante las medidas de la Corte Suprema de Justicia y la implementación de una supuesta "mesa de diálogo" los organismos de derechos humanos abajo firmantes debemos señalar:

Que a partir de los ascensos a militares cuestionados por su responsabilidad en la represión ejercida por el terrorismo de Estado -cuyos pliegos fueron aprobados por el Senado con intervención del Ministro de Defensa de la Nación- los integrantes de la FF. AA. han avanzado en su ofensiva tendiente a que la sociedad olvide el papel que cumplieron en la década del '70 y hasta la recuperación del Estado de Derecho y su responsabilidad en la detención, desaparición, robo de niños, torturas y asesinatos que sufrieron miles de personas en nuestro país y que, en su momento, fueron reconocidas por los Poderes Judicial -en la causa de juzgamiento a los ex-Comandantes- y Legislativo -en los fundamentos de las leyes 24043, 24321 y 24411, entre otras-.

Que esta ofensiva, avalada por los Poderes Ejecutivo y Judicial, constituye una amenaza para las Instituciones democráticas.

Que en el incipiente Estado constitucional, se investigaron las desapariciones (CONADEP) y se juzgó a algunos de los responsables de crímenes aberrantes (Causa 13) y quedó claro para la sociedad lo que el terrorismo de Estado había significado. Luego, por medio de leyes y decretos tan aberrantes como los crímenes cometidos, se consagró la impunidad para condenados y acusados.

Que en 1995 solicitamos a los Legisladores de la Nación la formación de una Comisión Bicameral sobre la Verdad, para investigar el destino de los desaparecidos; una Verdad que el Estado debe aún a cada uno de sus familiares y a la sociedad toda. Una Verdad que comprende saber de qué manera, en qué lugar, en qué momento, por qué motivos y quién decidió ese destino. Después de más de dos años de infructuosas gestiones, asumimos que no había voluntad política para la creación de esa Comisión.

Que, finalmente, en cumplimiento parcial de la Resolución 28/92 de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) en noviembre de 1999 el Estado argentino firmó un Convenio en la Causa Lapacó reconociendo como imprescriptible el Derecho a la Verdad, la competencia para la investigación de las Cámaras Federales y el nombramiento de fiscales especiales.

Se abrieron así los llamados "Juicios por la Verdad", en las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Plata, Córdoba, y Buenos Aires, y se comenzó a llamar a "los que esconden la Verdad" para que proporcionen pruebas. Ante su negativa a testimoniar los jueces los declararon en rebeldía y les impusieron arrestos. (Nuevamente la Verdad la proporcionan los familiares, los sobreviveintes y los Organismos de Derechos Humanos). Y comenzaron las "inquietudes" por parte de los represores y las visitas oficiales de representantes de las FF.AA. a los lugares donde estaban detenidos.

A fines de Mayo el Tte. Gral. Ricardo Brinzoni, habló de la conveniencia de constituir un "foro de diálogo" integrado, además, por la Iglesia Católica, en un nuevo intento de las FFAA. de eludir sus responsabilidadesd y de escapar del ámbito judicial.

En tanto, y a pesar de que el CONSUFA (Consejo Supremo de las FF.AA.) es un mero órgano administrativo -como la AFA, según lo definiera el Juez Bagnasco- que depende directamente del Poder ejecutivo, reclamó para sí el derecho de juzgamiento en el caso de sustracción de menores, pretendiendo así la creación de un fuero especial para el juzgamiento de militares, expresamente prohibido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que forma parte de nuestra Constitución. (-Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. -Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. Art. X). El Poder Ejecutivo no asumió su responsabilidad de hacer cumplir con la Constitución al CONSUFA.

El 11 de julio la Corte recibió la apelación sobre la convocatoria a militares para declarar en los "Juicios por la Verdad", y ordenó a la Cámara de Bahía Blanca el envío "en original y en forma íntegra" del expediente.

Y, por último, la Corte Suprema pidió el 17 de julio la causa de sustracción de menores al Juez Bagnasco, para decidir si seguirá en el fuero civil o -en contraposición con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas- se la envía al CONSUFA.

Después de 16 años no sólo se pretende frenar nuestra lucha, sino que se intenta hacernos retroceder en los espacios en que hemos avanzado.

POR ELLO MANIFESTAMOS:

  • Que sólo aceptamos como válida la justicia civil para las causas penales sobre desaparición de personas y seguiremos insistiendo en desarmar la impunidad.
  • Que apoyamos los Juicios por la Verdad y que es ante la Justicia donde "los que esconden la Verdad" deben ir a declarar.
  • Que por ello no aceptamos ninguna "mesa de diálogo", ni con los represores ni con la Iglesia Católica, que, antes de sentarse a negociar una pretendida "reconciliación" debería dar a conocer los archivos y las experiencias en Centros Clandestinos de Detención de muchos de sus miembros.
  • Que exigimos al Estado que cumpla con el compromiso asumido con la CIDH, reconociendo como imprescriptible el Derecho a la Verdad, la competencia para la investigación de las Cámaras Federales y el nombramiento de fiscales especiales.

Buenos Aires, 25 de julio de 2000

Abuelas de Plazo de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Servicio Paz y Justicia;


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