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11feb05


Nunca le pedí a España que negara extradiciones.


“Nunca le dije a Ana Palacio (la ex canciller española): ‘Denegale las extradiciones a Garzón’.” El canciller Rafael Bielsa no espera a sentarse para apelar a toda su verborragia y leer declaraciones y resoluciones de la ex funcionaria y del mismo juez Baltasar Garzón que refutan la afirmación de que la Argentina le pidió a España que no habilite el proceso de extradición. Lo que sí reconoce el canciller es que habitualmente hablaba con su colega y la ponía al tanto de la decisión argentina y de las acciones que se tomaban para juzgar a los represores en el país. En ese marco, el entonces gobierno de José María Aznar suspendió –no rechazó– el pedido de Garzón porque tiene prioridad el país donde se cometieron los delitos. Si la Corte Suprema no avalara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida todo volvería a discutirse.

–¿Hubo gestiones del gobierno argentino ante el gobierno español para que se suspendiera el pedido del juez español Baltasar Garzón para extraditar a más de cuarenta represores?

–Definitivamente no. No solamente lo digo yo, también lo afirma la ex ministra de Relaciones Exteriores, Ana Palacio, que dice –lee–: “El canciller Bielsa nunca me pidió que no diéramos curso al pedido de extradición del juez Garzón”. No sólo ella, también lo dice la resolución del Consejo de Ministros que deniega la extradición. Lo dice el propio Garzón cuando escribe: “Momentáneamente no voy a insistir con el pedido de extradición porque en la Argentina se están dando los pasos necesarios como para juzgarlos en su país”. Además, lo dice el fiscal de la Audiencia. ¿Por qué esto es así? Porque en materia de jurisdicción universal hay un principio que es: “O me los das, o los juzgás”. Cualquiera sabe que en un país donde se había derogado el decreto de De la Rúa, que había rechazado in limine los pedidos de extradición...

–¿Ese decreto de De la Rúa ratificaba el 111 de Carlos Menem?

–No me acuerdo si lo ratificaba, pero sí recuerdo perfectamente que había un decreto que establecía rechazar in limine cualquier pedido de extradición. Nosotros lo primero que hacemos es dejar sin efecto ese decreto, por lo cual, ¿por qué habría yo de pedirle a la canciller española que no le dé curso al trámite de extradición, cuando nosotros acabamos de derogar el decreto? Pero había una razón adicional y está dicha textualmente por Garzón: “El gobierno de España no ha denegado la petición de extradición deducida por este juzgado sino que ha suspendido su decisión a la vista de lo que sucede en la Argentina”. Este temperamento es compartido por el fiscal Pedro Rubira, que dice el 7 de agosto del 2003 que “no podía efectuarse el enjuiciamiento en España porque los hechos investigados están a punto de ser juzgados en el país, porque en ese momento se había completado el trámite parlamentario de anulación de Punto Final y Obediencia Debida”. Me parece una actitud absolutamente censurable por parte de un órgano de prensa como el diario La Nación, que además en su momento se opuso a la derogación del decreto y opinaba que no había que extraditar a los militares, que frente a una cosa tan clara titulen “Argentina trabó el proceso de extradición” y adentro mi ex colega lo que dice es lo contrario: “Bielsa no me lo pidió”. Con Ana Palacio en particular, o con los ministros que más trabaja, uno llama dos o tres veces por semana.

–Usted dice que hubo una serie de actos por parte del gobierno argentino que habilitaron el juzgamiento en el país, y en ese contexto usted habló con su par española.

–A medida que iban sucediendo las cosas... Un día, ella me llama y me dice: “Nos ha llegado un pedido de extradición del juez Garzón”. “Ah, bueno, perfecto”, le dije y se lo comuniqué al Presidente. En ese momento le comenté que nosotros habíamos derogado el decreto que impedía las extradiciones. En distintas oportunidades hablamos de este tema, lo que yo nunca le dije es: “Denegale a Garzón la extradición”. Ella me hubiese dicho: “Entonces lo van a juzgar ustedes”. Es una conversación imposible, ella es abogada, no es una diplomática de carrera. Generaron una galleta y, además, tampoco es cierto lo que dicen que dijo Garzón.

–En las citas de su libro, el juez refiere que el ex ministro de Justicia español le había dicho que había habido conversaciones con el gobierno argentino y que entonces era factible que se suspendiera el proceso de extradición.

–No voy a referirme al libro de Garzón porque no lo leí. Lo que digo es: si es verdad lo que los medios dicen, ¿por qué Garzón firma una resolución en la que él mismo dice que España no denegó la petición de extradición sino que la suspendió por los actos que estaban sucediendo en la Argentina? Además, el Consejo de Ministros lleva actas, ¿por qué a nadie se le ocurrió decir: “Hagan pública la versión taquigráfica de las reuniones del Consejo”?

–La nulidad de las leyes está en análisis de la Corte Suprema. ¿Qué pasa si los ministros no la avalan?

–Yo como canciller argentino no puedo opinar sobre un acto de un órgano jurisdiccional que no se pronunció.

–Pero, ¿cuáles son los pasos estrictamente legales, teniendo en cuenta que España suspendió las extradiciones en función de los avances en la Argentina para llevar adelante el juzgamiento de los militares?

–En ese caso, procedimentalmente –lo que digo no tiene ningún contenido valorativo– lo que debería suceder es que si la Corte retrotrajese la situación a que los tribunales argentinos no pueden juzgar esos delitos, el juez que está actualmente hoy a cargo de esa causa en España, si lo estimara procedente, debería insistir con su pedido de extradición que tramitaría ante el Consejo de Ministros y éste vería si le da curso a la extradición o no.

–Lo cierto es que España no insistió a partir de la apertura de los procesos en la Argentina...

–Totalmente. Creo que el Consejo de Ministros no podría proceder de oficio. Me parece que debería haber una petición expresa del titular del juzgado. Creo que Garzón no está más. Seguramente él insistiría si otro es el juez, habría que ver cómo valora la prueba.

–El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo en conferencia de prensa que el presidente Kirchner le escribiría una carta al juez Garzón, explicando el derrotero.

–Lo ignoro. Lo que sí hicimos fue hacerle llegar al Presidente ese mismo día o al día siguiente una pequeña carpeta donde estaban los argumentos más fuertes de nuestra posición.

–¿Cómo evalúa el inicio del juicio a Scilingo en Madrid?

–No corresponde que un canciller emita una opinión sobre un proceso en trámite. Todo lo que tiene que ver con que haya verdad y justicia, desde el punto de vista de la política de derechos humanos de este país, es bienvenido. Suceda en España, en Chile, en Ruanda. Desde el punto de vista objetivo es la aplicación de un principio que nosotros defendemos.

–Francia, habitualmente, insiste con el pedido de extradición de Alfredo Astiz. ¿Qué pasa en ese caso?

–En realidad, Francia no ha insistido porque Astiz está condenado y está cumpliendo prisión. Lo que sí hubo en este último viaje es un pedido de las organizaciones de derechos humanos francesas –entre ellas, las de Sophie Thonon– para averiguar por qué razón Astiz está cumpliendo prisión en un establecimiento que no es una cárcel común. Nosotros nos comprometimos a dar esa información, está en trámite en la Jefatura de Gabinete. Obviamente tenemos que consultar al juez porque ésas son decisiones que toma él muchas veces en consideración a la seguridad del detenido. Sólo nos comprometimos a transmitir la opinión del juez porque, obviamente, no podríamos avanzar sobre una cuestión estrictamente jurisdicional.

–¿El Gobierno no puede decir que los cuarteles no tienen por fin ser utilizados como cárceles?

–Ese sería otro debate de política general que no corresponde a la Cancillería, tendrá que evaluarlo Defensa, Interior, Justicia.

–¿Cuál es su opinión con respecto a que estén presos en cuarteles y no en cárceles?

–Es un tema complejo. Tampoco deberían estar presos en comisarías, tampoco deberían estar hacinados como lo están en algunos penales, como en Mendoza. Se interceptan muchas cuestiones.

–En este caso concreto son situaciones de privilegio para militares...

–No quiero negar eso porque voy a traicionar una convicción íntima, pero lo cierto es que no solamente los militares están en instituciones de detención que no son las comunes.

–María Julia Alsogaray, por ejemplo.

–No sólo María Julia está en Cavia.

–Rubén Beraja también.

–Se supone que debería haber cárceles limpias y sanas para todos los detenidos que fuesen comunes.

–¿Qué va a pasar con el caso de la médica cubana Hilda Molina, a la que no le permiten salir de su país para visitar a su familia? ¿Hay intermediación de España?

–Nosotros vamos a seguir insistiendo con el reclamo humanitario.

–Esto quiere decir que Fidel Castro autorice el viaje.

–Que se junten las familias en las condiciones que sean aceptables para ambas familias. Si es aceptable para la familia Quiñones-Molina viajar a La Habana y reunirse con la madre y la abuela, estaremos de acuerdo y brindaremos todo nuestro apoyo, lo ha dicho el ahora embajador Darío Alessandro en el Congreso. Si hay otra posibilidad, la apoyaremos. Hay una situación humanitaria frente a la cual no podremos permanecer indiferentes por dos motivos: primero hay dos chiquitos argentinos, y segundo porque el propio hijo de la doctora Molina es argentino naturalizado.

–¿Avanzó esa posibilidad?

–Sé que ayer Alessandro tuvo una larga reunión con la familia.

–¿Cómo evalúa el episodio que terminó con las renuncias del embajador Taleb y de su jefe de Gabinete, Eduardo Valdés?

–Los ministros somos secretarios del Presidente, y cuando el Presidente toma una decisión hay que cumplirla. No me parece que haya que hacer una evaluación en términos de bajas. Lo cierto es que vamos a poner un embajador muy entusiasmado con su tarea, que va a persistir con este pedido que hemos hecho. Ojalá se reúnan lo antes posible.

–Estuvo de gira por Europa. ¿Qué impresión tiene del proceso de canje de deuda?

–Un cauteloso optimismo, y no voy a decir más nada porque es área del ministro (Roberto) Lavagna.

–¿Cuándo deja de ser canciller para empezar la campaña a diputado por la Ciudad de Buenos Aires?

–Estaba leyendo un libro maravilloso de Vargas Llosa, La tentación de lo posible, que es una lectura de los miserables, donde está la definición de Victor Hugo que hace Jean Cocteau y dice: “Victor Hugo era un loco que se creía Victor Hugo”. Decir lo que va a pasar con mi vida en los próximos dos meses sería de un loco que se cree Rafael Bielsa.

–Es decir que no es un seguro candidato a diputado.

–Lo he dicho siempre. Estoy muy contento con este cargo. Haré lo que el Presidente me diga y hasta este momento jamás hemos hablado del tema.

[Fuente: Pag12, Bs As, Arg, 11feb05]

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