Situación carcelaria.

El sistema carcelario argentino se fue desarrollando como una extensión del aparato represivo del Estado a lo largo de las diferentes dictaduras militares.

Los diez años de gobierno constitucional transcurridos en nuestro ajado desde el derrocamiento de la dictadura militar, no se tradujeron en un cambio significativo en el funcionamiento de las cárceles. Un factor preponderante fue el hecho de que las cárceles continúan siendo administradas por algunos de los mismos genocidas y torturadores que las administraban durante la dañada dictadura militar.

Las cárceles argentinas constituyen una vergüenza para el mundo civilizado, ya que en ellas se transgreden los mas elementales derechos humanos y garantías constitucionales.

La Argentina incurre por lo tanto en una clara violación de los Tratados y Convenciones Internacionales al someter a los detenidos a un trato cruel e inhumano.

Es nuestra obligación, por lo tanto, refutaren lo pertinente- las afirmaciones del Gobierno argentino y exponer la realidad del sistema carcelario.

Funcionamiento y competencia de los Jueces de Ejecución.

La implementación de este instituto, no respondió a las expectativas, que había suscitado. Algunos de los problemas observados son:

Esta previsión legal no se cumple, y ha sido objeto de numerosos reclamos por parte de familiares y representantes legales de enfermos portadores de HIV. Se ha construido un pabellón para enfermos terminales de HIV en el Hospital Muñiz, como Unidad Penitenciaria Nº 21. Pero son innumerables los casos de internos menores de edad y adolescentes enfermos, que deben permanecer en prisión sin la menor asistencia médica y/o sanitaria hasta que su condición es de tal gravedad que requieren un traslado en carácter de enfermos terminales.

En la Unidad 16 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentran detenidos 150 internos Jóvenes Adultos con una Incidencia promedio de HIV del 45%. Estos internos, al igual que los 3.500 internos mayores alojados en las Unidades 1, 2 y 16 no reciben ningún tipo de control médico ni asistencia preventiva.

En la inmensa mayoría de los casos, los internos portadores pertenecen a sectores de bajos recursos y se encuentran detenidos por delitos menores. Muchos de ellos sin que registren antecedentes penales. En todos esos casos no se da cumplimiento a lo preceptuado por el art. 495 C.C.P.

Los internos menores agotan la casi totalidad del tiempo de detención en condiciones de "procesados". A partir de los 18 anos de edad son alojados en prisiones de máxima Seguridad y sometidos a un régimen violento. Rara vez las sentencias definitivas llegan a dictarse antes de que cumplan la mayoría de edad (21 anos). Lo que significa que deben soportar a veces durante 3 años el encierro en condiciones de hacinamiento, hambre, frío y constantes castigos físicos.

Los Jueces de Ejecución no atienden la situación de los internos menores detenidos. Alegan que a pesar de encontrarse alojados en una unidad carcelaria bajo su esfera de competencia, su condición de "procesados" los hace depender del tribunal ante el cual se substancia el proceso penal.

Los jueces del fuero alegan, por el contrario, sigue existiendo un Juez de Ejecución, y conforme las previsiones del Articulo 493 de la ley procesal, la competencia del contralor por las condiciones de detención y trato recibido corresponde a estos.

En definitiva, periódicamente se desatan represiones salvajes y castigos físicos a los reclusos menores, sin que los magistrados competentes intervengan. Cuando lo hacen, es para plomar conocimiento de los hechos", sin instar las accione legales pertinentes o adoptar los recaudos de protección indispensables.

Conclusión:

La organización de los Juzgados de Ejecución se tradujo en un agravamiento de la situación de indefensión de los detenidos en las cárceles argentinas. Al no cumplir estos de manera efectiva con el control de las garantías constitucionales respecto del trato otorgado a los detenidos, crean una zona de impunidad para el personal penitenciario. Los jueces de Ejecución se han mostrado excesivamente cautelosos para no incomodar a las autoridades nacionales, convalidando con su silencio el horroroso cuadro de las cárceles argentinas.

Reestructuración del sistema carcelario

En relación a sus integrantes, se observa un acentuado retroceso a partir de la asunción del nuevo
Ministro de Justicia. Dr. Barra.

Muchos integrantes del SPF se desempeñaron -al igual que en las restantes fuerzas armadas y de seguridad- en los Grupos de Tareas responsables de las torturas, violaciones, secuestros y asesinatos en los campos de detención clandestinos. Pero, a diferencia de militares y policías que al establecerse un gobierno constitucional pasaron a retiro o se reintegraron a sus funciones naturales, los guardia cárceles permanecieron en las mismas actividades. Es decir, muchos de quienes custodiaban los campos clandestinos de detención y torturaban a los desaparecidos, hoy dirigen las prisiones y someten a vejaciones, abusos v torturas a los detenidos.

Se observó el ascenso dentro de la institución de oficiales jóvenes, muchos de ellos con estudios universitarios, y se insinúo una paulatina humanización del sistema carcelario.

Después del indulto decretado por el Presidente de la Nación a los militares condenados y, fundamentalmente a partir de la designación del nuevo Ministro de Justicia, la orientación cambió radicalmente. Fueron convocados y puestos en actividad nuevamente, o ascendidos, los oficiales que hablan tenido una mayor participación durante la Dictadura militar. Haber integrado los tristemente célebres Grupos de Tareas, o estar acusado ante los organismos nacionales o internacionales por la violación de los derechos humanos, pasó a constituirse en motivo de orgullo y garantía para la promoción en la carrera penitenciaria.

El SPF fue la organización armada que gozó de mayor impunidad respecto de los Crímenes cometidos durante la dictadura, ya que ninguno de sus miembros llego a ser juzgado ante los tribunales.

A raíz de una huelga de hambre de algunos internos que denunciaban irregularidades y malos tratos, y las denuncias de los organismos de derechos humanos, se produjo el alejamiento del Inspector general Olimpio Garay como titular del SPF. Esto reveló, una vez más, la permanencia de un aparato represivo -heredado de la dictadura- que sigue intacto. Garay fue uno de los tantos miembros del SPF que cumplió tareas en el centro clandestino de detención conocido como "El Vesubio", que funcionó entre 1976 y 1978 en un predio perteneciente a esa fuerza de seguridad, ubicado en Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. En el mismo lugar actuaban el actual Subprefecto Miguel Ángel Pepe y el Alcaide Mayor Nicasio Orlando Bordón. Pepe integra hoy la cúpula de la Unidad Penitenciaria de la Cárcel de Devoto (Unidad 2), y Bordón está al frente de la Alcaidía Penal Económica (Unidad 29).

El cuadro de represores en actividad incluye también entre muchos otros al Subprefecto Juan Carlos Avena, notorio represor que fue visto no sólo en El Vesubio sino también en el campo clandestino "El Olimpo". Avena es Subdirector de la Cárcel de Caseros (Unidad 1). El personal del SPF participo activamente en otros centros de tortura como "La Cacha", en Lisandro Olmos, La Plata Prov. de Buenos Aires, y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). No es apresurado suponer que muchos de esos hombres todavía siguen en funciones al igual que Pepe, Bordón y Avena.

Todo el personal penitenciario cuestionado por su intervención en la represión fue ascendido. Los oficiales Jóvenes, dispuestos a implementar reformas humanistas, fueron trasladados a prestar servicios en los puestos más alejados del país, o pasados a retiro.

- Las reforma edilicias son casi inexistentes. Las únicas iniciativas oficiales se limitaron a licitar la construcción de una prisión para internos menores en la Provincia de Buenos Aires, con un contrato varias veces millonario.

El grueso de la población carcelaria permanece alojada en condiciones extremas. Los detenidos, hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes, viven en el hacinamiento y la miseria. Los detenidos padecen hambre, frío y carecen de los mínimos elementos de primera necesidad. No reciben asistencia médica adecuada pese a las graves enfermedades endémicas propias de la pobreza.

Se estima que alrededor del 30% de la población de las cárceles es portadora de HIV y su salud se agrava por las salvajes condiciones de vida v abandono en que se encuentran.

Las cárceles de Caseros y Devoto, identificadas como Unidades Nº 1, Nº 2 y Nº 16 del SPF son depósitos que albergan más de 3.000 internos. Las ventanas de los pabellones carecen de vidrios, las frazadas, camas o colchones no son suficientes. No se retiran los residuos con regularidad, no hay medicamentos ni atención médica psicológica en forma regular. Son frecuentes las denuncias de muertes por falta de asistencia médica o golpes y castigos físicos.

Las autoridades penitenciarias no distribuyen ropa, ni elementos de higiene, ni artículos de limpieza, ni medicamentos, ni material de lectura o alimentos en cantidad suficiente. Los edificios no reciben ningún tipo de mantenimiento. La mayoría de las instalaciones sanitarias no funciona

- Esta situación no es producto de una falta de asignación de recursos. El presupuesto asignado solamente al SPF, para la custodia de 5.000 detenidos es de 210 millones de dólares anuales. La corrupción administrativa y el sobredimensionamiento de un sistema carcelario diseñado durante la dictadura militar, son algunas de las causas por las cuales a pesar de la enorme inversión económica, las condiciones de vida de los Internos no mejoran.

Las víctimas del sistema carcelario, los internos, provienen en su inmensa mayoría de los sectores más humildes de la población. Semianalfabetos, sin recursos económicos, sin abogados que los representen.

- A partir de 1990 comenzaron a establecerse contactos entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia para completar la actualización de los contenidos académicos de la profesión penitenciaria. Estos programas fueron dejados sin efecto a partir de la nueva administración del Ministerio de Justicia.

En 1985 comenzó a desarrollarse en el ámbito de la Capital Federal un programa de estudios universitarios, en el marco de un convenio suscrito entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal. Este programa intentó ser dejado sin efecto a partir de la nueva administración del Ministerio de Justicia.

La Universidad de Buenos Aires constituyó durante los primeros diez años de gobierno constitucional un soporte indispensable para promover una reforma humanitaria dentro de las cárceles argentinas. Sin embargo, después del indulto a la cúpula de la Dictadura militar, y en el marco de una política represiva, se produjo un endurecimiento general del sistema penal y comenzaron a cuestionarse las reformas introducidas.

La humanización de las cárceles y la defensa de los derechos de los detenidos comenzó a ser considerada una desviación ideológica peligrosa para el Estado. La Universidad de Buenos Aires, en lugar de recibir un merecido reconocimiento por su nivel académico y por su prédica en defensa de la dignidad humana, fue acusada de "alterar peligrosamente el orden en las cárceles" Los profesores que concurrían diariamente a dictar clase comenzaron a ser objeto de requisas humillantes y vejatorias. Se restringieron las actividades académicas y se procuro por todos los medios limitar el acceso de los internos al estudio.

El programa universitario en las cárceles requirió de huelgas de hambre y denuncias de los organismos de derechos humanos y la intervención de legisladores para proseguir.

Los internos estudiantes -por el solo hecho de estudiar- permanecen relegados en los beneficios del régimen de progresividad de la pena. Merecen por lo general las peores calificaciones de conducta y concepto y, en ocasiones, tienen serias dificultades para acceder al régimen de libertad condicional y salidas transitorias.

- El objetivo de reinserción social de los detenidos, se contradice con las directivas del personal penitenciario. Los guardia cárceles, formados durante la dictadura militar, acostumbrados a la más absoluta impunidad, consideran que el terror es la mejor forma de administrar las prisiones argentinas.

Para la mentalidad autoritaria, un hombre está listo para reinsertarse en la sociedad cuando es capaz de soportar cualquier vejación, cualquier arbitrariedad, sin protestar. El objetivo es quebrar al individuo y someterlo a cualquier precio.

El miedo a los golpes y abusos por parte de los guardia cárceles es constante. Grupos armados de más de 100 hombres ingresan periódicamente a los pabellones y someten a un castigo brutal a los detenidos. Destruyen los pocos efectos personales de los internos y abusan de su indefensión.

Cada instancia del sistema Carcelario está diseñada para aumentar el dolor y la vergüenza:


Índice - Próximo