A las leyes y decretos mencionados, mecanismos legales de impunidad utilizados en nuestro país -aunque a nuestro entender inconstitucionales y violatorios de pactos internacionales Según lo denunciáramos oportunamente- debe agregarse una norma de derecho común, la prescripción. Al comenzar en nuestro país en 1983 la etapa constitucional, eran muy pocos los que habían llegado a los estrados de la justicia.

La al parecer firme intención de juzgar a los culpables obró como dilatoria del inicio de juicios individuales, y el juicio a los comandantes (en el que sólo fue presentado un número limitado de casos) postergó aún más esa etapa. Al ser dictadas las leyes de impunidad (1986/87) la prescripción [5 años en nuestro país con respecto a la desaparición forzada,( privación ilegitima de la libertad), y 6 años con respecto a la tortura (apremios ilegales)] había alcanzado a la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el período 1975-83. En su informe inicial (CCPR/C/45-Add. 2) el gobierno argentino en el inciso 231 dice: "[...] La legislación argentina no contenía nada que impidiera proseguir la investigación de los hechos [.. ]".

Esto no es verdad, pues con respecto a los delitos de tortura y desaparición forzada, se ha aplicado la prescripción, -a pesar de la calidad de delito continuo y la Declaración sobre Desaparición Forzada de las N. U. y de la Convención contra la Tortura- lo que cierra no sólo la posibilidad de enjuiciamiento sino también la de investigación. En cuanto a los juicios abiertos con anterioridad los jueces sobreseyeron a los acusados lo que cierra no sólo el enjuiciamiento sino también el camino de la investigación.

Demás, por la ley 23.049 los damnificados perdieron su calidad de parte como querellantes para transformarse en particulares damnificados, lo que imposibilita procesalmente solicitar la continuidad de las investigaciones.

En lo que respecta a la impunidad de hecho, mencionaremos el ataque al cuartel de La Tablada. En él se denunció la desaparición de 3 de los atacantes, el asesinato de 2 luego de ser capturados y casos de tortura. El Estado enjuició a los atacantes, quienes llevan 6 años en prisión. Pero no sólo no se enjuicio a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad acusados de tortura, desapariciones y asesinatos en La Tablada, sino que tampoco se investigaron esas denuncias.