Derechos de los niños y niños de la calle.

El estancamiento y la inseguridad económica agudizaron los problemas sociales en la Argentina, creando situaciones degradantes y de extrema pobreza que no garantizan el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a una vivienda digna de uno de los grupos más vulnerables: el de los niños y adolescentes.

Como consecuencia surgen una serie de violaciones a los derechos humanos, que se traducen en distintas formas de violencia, convirtiendo a niños y jóvenes en mercancías, como en el caso de la venta y tranco de niños, niños de la calle, prostitución infantil, pornografía, explotación laboral, mendicidad organizada y otro tipo de situaciones violatorias de varios de los artículos del Pacto (art. 6.1; art. 7; art. 23; art.21.1; art. 26)

Dentro de esto, debemos destacar la ausencia de un Estado que no asume su indelegable rol tutelar y no concurre al amparo de niños y adolescentes que padecen hambre, desnutrición, abandono, abuso de autoridad, legislación inadecuada y justicia ineficiente e ineficaz.

En Argentina hoy, el 40% de nuestros niños vive en situaciones de extrema pobreza. Todos los días mueren 50 niños menores de un año, por pobreza, desnutrición o malas condiciones higiénicas.

Más de 26.000 niños se encuentran internados en Institutos de menores, cárceles, clínicas psiquiátricas Y en comisarlas. (Fuente: Informe UNICEF 1993).

Hay aproximadamente 4 millones de niños/as y adolescentes en cuya cotidianidad se combinan una serie de dificultades expresadas con distinta intensidad en los escasos ingresos de sus familias, el hacinamiento de sus hogares, la falta de estimulación psicoafectiva adecuada desde el nacimiento, la deserción temprana del sistema escolar, el acceso limitado a la red de servicios de salud y la falta de propuestas que estimulen su crecimiento y afirmación como personas.

La problemática del niño maltratado ha tenido un crecimiento alarmante, no sólo el maltrato físico, sino también el psicológico y el abuso sexual. Si bien no hay estadísticas concretas, se cree que una de cada cinco familias sufre algún tipo de violencia doméstica o sexual.

También hay graves violaciones a los derechos humanos de los niños, en aspectos educativos y de salud.

Educativos: el decreciente gasto per cápita en enseñanza básica es inferior al de 1980; los índices de repitencia promedio en familias pobres, es 4 veces mayor que los registrados en las "pudientes".

La propuesta de privatización de la enseñanza contenida en la nueva ley de educación, diluye las obligaciones del Estado en relación a financiamiento y a presupuesto educativo; el deterioro del salario docente ha llevado a la deserción y la renuncia de más de 5.000 docentes sólo en la Provincia de Buenos Aires. Esta problemática se agrava aún más para los niños pertenecientes a minorías o a poblaciones indígenas que no son integradas al sistema educativo por la falta de educación bilingüe, la aparición de comportamientos sociales de discriminación hacia las etnias y las especificas situaciones de pobreza en las que se desenvuelven [Fuente: Fundación PREMa; Informe CTERA-SUTEBA].

Salud: Con respecto a la protección de la salud y la supervivencia, la falta de estadísticas oficiales obliga a trabajar con estimaciones que indican que en 1990 y años posteriores, un tercio de la población de nuestro país son niños menores de 15 años. Si se incorpora la franja adolescentes, de 15 a 19 años, la población infanto- juvenil alcanza los 11 millones. De esta población:

- El grupo de niños de 0 a 4 años (3.500.000) debería estar incorporado a programas regulares de vigilancia de su crecimiento y desarrollo.

- En el análisis de mortalidad infantil, casi 7 de cada 10 muertes son evitables (accidentes y enfermedades infecto- contagiosas).

- En el periodo neonatal, 3 de cada 4 muertes no deberían producirse y en el posnatal, el índice cae a 6 muertes de cada 10.

- En más del 50% de partos que se producen en la ciudad de Buenos Aires las madres no han recibido casi ningún control de embarazo, y en el interior la cifra se duplica o triplica.

Se hace notar que hubo un incumplimiento de las metas a cumplir por la Argentina ante la UNICEF (Propuesta argentina para UNICEF- Año 2000), en los siguientes rubros:

- Salud perinatal.

- Control temprano de embarazo.

- Mortalidad infantil (Siguen muriendo más de 18.000 niños antes de cumplir el año de vida, el 70% en el primer mes de vida, muchos de ellos por causas evitables).

- Nutrición; las cifras de desnutrición no se han modificado.

- Vacunación; la cobertura ha disminuido. [Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría (Grupo de Trabajo por los Derechos del niño).

Niños de la calle.

Es necesario señalar las condiciones denigrantes que sufren los niños de la calle; muchos de ellos por necesidades económicas familiares trabajan como vendedores ambulantes, abriendo puertas de taxis, o participando de la "mendicidad organizada explotados por adultos que aprovechan las carencias y las situaciones de pobreza extrema de estos niños.

Otro grupo de estos niños vive permanentemente en la calle, en situación de alta vulnerabilidad, enfrentando el riesgo de ser explotados física, económica y sexualmente, llegando en ciertos casos a la perdida de sus vidas. Las "zonas rojas" o de mayor peligro, están ubicadas en las cercanías de las estaciones de ferrocarril de la Capital, donde durante 1994 hubo dos menores muertos en situaciones dudosas (estos casos tuvieron amplia repercusión periodística, pero se sabe que hay muchos más que sucedieron en forma similar: accidentes por calda de trenes en movimiento, peleas entre bandas o enfrentamientos con la policía).

El Consejo del Menor y la Familia, ha puesto en marcha un programa contra la "Explotación de menores", que intenta dar respuesta a esto, pero de hecho sólo funciona como paliativo, es netamente asistencial, cubre sólo un tercio de la población en riesgo y no soluciona el problema de fondo.

La mayoría de estos niños y jóvenes de riesgo, son también los que sufren consecuencias de las perversas políticas institucionales.

Los niños y jóvenes institucionalizados son victimas del maltrato policial, la ilegal detención en comisarías, las violaciones y torturas dentro de los establecimientos, supuestamente llamados "proteccionales". El poder y la autoridad son ejercidos en estas Instituciones en forma violenta y arbitraria, haciendo uso excesivo de los castigos físicos, la falta de alimentación y las condiciones de inhabitabilidad de los establecimientos (antiguos, antifuncionales, sin agua ni luz).

En relación con el tema, el Comité de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, ha incluido en su Informe '94, a presentar ante el "Comité de Expertos de Naciones Unidas" con sede en Ginebra, la denuncia presentada por SUTEBA, acerca de irregularidades violatorias de los derechos del niño durante los años 1993 y 1994, en el ámbito de la Subsecretaria de Minoridad, Familia y Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Instituto Aráoz Alfaro, Noviembre de 1994).

El Grupo Nacional para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, denunció las características de máxima seguridad del Instituto Almafuerte, dependiente de la Subsecretaria de Asistencia Tutelar del Ministerio de la Familia de la Provincia de Buenos Aires. La misma especifica "la violación al respeto. la dignidad y la integridad física, psicológica y moral de los detenidos".

Al ponerse en peligro la permanencia del proyecto universitario y del CINAP en la cárcel de Caseros, tratando de Impedir que los presos pudieran seguir estudios universitarios durante su detención, hubo un conflicto en esa Unidad, en el que dos presos estuvieron en huelga de hambre durante varias semanas (setiembre-octubre 1994).

También en relación con el tema, son preocupantes los datos relacionados con la existencia de ejecuciones sumarias y extrajudiciales de jóvenes de barrios pobres, bajo la Invocación de pretendidos enfrentamientos con agentes policiales y la consecuente generalización de la impunidad como método de control social.

Los datos existentes señalan asesinatos denunciados por abuso de autoridad, abuso de armas, torturas y privación de la libertad. [Fuente: Informe 94, COFAVl].


Índice - Próximo