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02may16
Anulan unos 200 juicios que eran atendidos por 3 falsos abogados
Sobre llovido, mojado. Al margen de los males que atacan a la Justicia boliviana, los litigantes están expuestos a ser atendidos por falsos abogados, quienes no solo causan un perjuicio económico, sino también de tiempo porque sus juicios, más si son ganados, se anulan. En julio de 2015, el Ministerio de Justicia cerró la inscripción en el Registro Público de Abogados, (RPA). Cualquier jurista que no tenga esa matrícula es considerado ilegal y no está habilitado para atender juicios.
A partir del control sobre esa base, se descubrió a tres falsos abogados, quienes atendieron unos 200 juicios desde 2009 en La Paz y Trinidad. Se investigan otras 16 denuncias en otras regiones, reveló a La Razón el responsable del RPA, Gary Romero.
"Los tres señores ejercían de forma ilegal la abogacía desde 2009, ahora sus casos están anulados y sujetos a una revisión porque no tenían la capacidad profesional para ejercer como juristas. Por el tiempo que trabajaron de forma ilegal en la profesión debieron atender más de 200 casos a lo largo de siete años", dijo Romero.
Proceso. Explicó que los dos primeros casos se identificaron en La Paz este año, uno de ellos (Juan O.) fue encarcelado en San Pedro, mientras que el otro (Vladimir G.) obtuvo detención domiciliaria. El tercer hecho se descubrió en Trinidad, Beni, donde el falso jurista (Joaquín A.) accedió a un arresto domiciliario. Este último incluso era funcionario judicial, trabajaba como abogado secretario en un juzgado beniano.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, informó que su institución demandó cuatro procesos en contra de falsos juristas, al margen de los identificados por el RPA. Richard Mitma, presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia, demandó ejercer control desde el Servicio de Impuestos, a través de las facturas de abogados.
Romero sostuvo que ante los tres casos identificados, los jueces tendrán que determinar si los actos procesales que se desarrollaron tienen alguna solución, pese a estar anulados. "No se puede hacer nada y las personas de forma individual deberían iniciar las acciones correspondientes", indicó.
Detalló que las dos personas que obtuvieron detención domiciliaria fueron imputadas por los delitos de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. "Lamentablemente son delitos que tienen una pena baja y el juez tiene dificultad para la detención preventiva. La sanción por estos ilícitos llega a dos años, es decir que no entrarían a la cárcel".
Respecto al encarcelado, Romero señaló que igual fue imputado por los cuatro delitos citados, además de estafa. Por este último es que se agravó el caso. Según la información brindada, estos tres sujetos atendieron procesos en su mayoría de materia civil, seguidos de casos de familia y muy pocos de penal.
Respecto a las 16 denuncias pendientes, en La Paz se indagan seis, en Cochabamba cuatro y en Santa Cruz otras cuatro. Los presuntos responsables están identificados y esperan su aprehensión.
El registro y las denuncias
Juristas
El presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia, Richard Mitma, dijo que su organización sospecha que el 20% de los abogados no se afilió al Registro Público de Abogados (RPA), instancia que tiene más de 50.000 matriculados.
Datos
El Ministerio de Justicia sugerirá que las denuncias de este tipo de casos (falsos abogados) sean presentadas de forma directa ante el Ministerio Público, a fin de ser investigadas. También plantearán endurecer las penas con privación de libertad para las personas que cometan este tipo de delitos.
Víctimas temen el reinicio de sus litigios
Las víctimas de los tres falsos abogados descubiertos y procesados en La Paz y Beni temen hablar de sus procesos judiciales porque éstos pueden ser reiniciados. Prefieren mantener el silencio para que el estado de sus causas se mantenga igual.
Este diario intentó entrevistar a al menos cuatro litigantes que fueron engañados por los falsos juristas, pero ninguno quiso dar información exacta sobre su proceso, ya que se les informó que las sentencias obtenidas se anularon, dato revelado por el responsable del Registro Público de Abogados (RPA), Gary Romero.
Una de las víctimas, que pidió no ser identificada, señaló que teme que el proceso se reactive porque el fallo del juicio salió a su favor, después de muchos años de juicio y gasto de dinero, por lo que no ve correcto que se vuelva a empezar de cero, pues todo eso no es su culpa.
Las otras tres personas enfáticamente respondieron que no querían referirse al tema por diferentes razones, entre ellas el temor de volver al "suplicio" de un proceso y los gastos económicos que representa éste. Entre los tipos de casos atendidos, según los datos del Ministerio de Justicia, existen procesos por usucapión, estafas, deudas económicas, herencias, divorcios y también asistencia familiar.
El jefe del RPA solicitó a las víctimas de los tres "falsos abogados" hacer sus denuncias públicamente, a fin de dar a conocer a los sujetos que cometieron las irregularidades. El cálculo que se tiene es que fueron al menos 200 casos los que atendieron los tres falsos abogados y que quedan anulados.
Hay tres formas de descubrir a un falso jurista
El responsable del Registro Público de Abogados (RPA), Gary Romero, informó que un litigante dispone de al menos tres formas para verificar que el jurista que contrató está habilitado legalmente. La necesidad de verificación del trabajo legal de un abogado surgió tras revelarse que más de 200 juicios se anularon porque fueron atendidos por tres falsos juristas en La Paz y Trinidad.
"Recomendamos a la ciudadanía del país que antes de contratar los servicios de un abogado utilice las herramientas tecnológicas que implementó el Ministerio de Justicia e ingrese a la página web, en la que se habilitó una plataforma de abogados. Simplemente con el nombre se puede verificar si la persona es apta, si es profesional y capaz de patrocinar un proceso", explicó Romero. Es la primera forma de constatación.
También existe un segundo método de verificación: el Ministerio de Justicia implementó una guía de los juristas con una aplicación móvil para teléfonos celulares, que puede ser descargada de forma gratuita por cualquier persona en el país.
Ante la eventualidad de que el litigante no tenga acceso a la red internet, hay una tercera forma de constatación. Romero subrayó que las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Ministerio de Justicia instaladas en el país para consultar si el abogado que quieren contratar es profesional o no. "Los requerimientos los recibimos en las oficinas de todo el país, previa verificación en la base de datos", dijo la autoridad.
Romero recordó que el Ministerio de Justicia tiene los datos de los más de 50.000 abogados en Bolivia, ya que éstos se registraron en el RPA en cumplimiento de la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía y su decreto supremo reglamentario, que establecen que esta cartera gubernamental "encabeza las funciones del registro, ejercicio y control de los abogados, por lo que se entregará una credencial a los profesionales que los habilitará para trabajar en todo el territorio boliviano".
Los titulados, que tienen la obligación de inscribirse en el RPA, deben tener los siguientes requisitos: título en provisión nacional, diploma académico, carta dirigida a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, depósito bancario, fotografía actual y cédula de identidad vigente. "Toda la documentación la contrastamos con las universidades", advirtió.
[Fuente: Por Williams Farfán y Juan José Cusicanqui, La Razón, La Paz, 02may16]
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