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07oct07


Los que no apoyaron lucha por recuperar hidrocarburos hoy son quienes reclaman el IDH


El ministro de Hacienda, Luís Alberto Arce, aseguró que las personas que no apoyaron, por el contrario se encontraban en la otra acera de quienes luchaban en octubre de 2003 por recuperar los hidrocarburos, son quienes hoy reclaman el pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

En una entrevista con el estatal Canal 7, el titular del sector explicó los motivos por los cuales una resolución biministerial, suscrita junto al Ministerio de Hidrocarburos, permite que "los recursos que el IDH le quitó al Bonosol" sean repuestos para el pago de ese beneficio social a las personas mayores de 65 años.

Arce dijo que esa norma, lo que hace es "ordenar un poco lo que estaba desordenado en el país, tras la aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos" y recupera los recursos de prefecturas, universidades y municipios que "indebidamente" les fueron asignados.

Esa resolución biministerial presenta, en los hechos, una reducción del 3,3 por ciento, no del 25 o 30 por ciento que citaron algunas autoridades departamentales.

Arce explicó todos los pormenores de esa decisión que provocó reacciones entre los prefectos del país.

Pregunta (P).- ¿Quienes garantizaban exclusivamente el pago del Bonosol antes de la promulgación de las normas hidrocarburíferas?

Luís Arce (LA).- Las empresas capitalizadas se ocupan de garantizar el pago del Bonosol de 1.800 bolivianos, eso ocurría hasta que se lanza la Ley de Hidrocarburos 3058, que marca una diferencia porque en su artículo sexto dice:

Que se refunda YPFB, se recupera la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos de las empresas petroleras capitalizadas (Chaco y Andina, de manera que la empresa estatal pueda participar de toda la cadena productiva de los hidrocarburos reestructurando los fondos de capitalización colectiva de donde sale el pago del Bonosol y garantizando el financiamiento de éste.

Por lo tanto, la Ley de Hidrocarburos garantiza el pago del Bonosol, pero sucede que las utilidades de Chaco y Andina es lo que nos interesa, el resto de las empresas capitalizadas continúan aportando para el Bonosol.

P.- ¿Qué pasó cuándo se aprueba la Ley de Hidrocarburos 3058?

LA.- Cuando sale esta Ley ocurre un fenómeno, pues el IDH, que es un impuesto directo a los hidrocarburos, lo que hace es que las utilidades de las empresas petroleras y en especial de Chaco y Andina disminuyan, porque es un impuesto que tiene más costos para la empresa y la utilidad disminuye y por lo tanto hay un monto menor para poder financiar el Bonosol y se da un quiebre, porque anteriormente se había calculado, imaginamos nosotros que los que han hecho la Ley del Bonosol pensaban que esto de la privatización de las empresas iba a continuar por muchos años.

No se pusieron a pensar en su momento que podía ocurrir esta nacionalización de los hidrocarburos que recupera los recursos energéticos para el Estado y de pronto en la aplicación del IDH, recibían menos utilidades, por lo tanto al hacer y aplicar este IDH disminuye el potencial de dinero que podía pagar en el futuro el Bonosol, esa es la historia.

P.- Después, ¿qué pasa con el Decreto Supremo de nacionalización 28701?

LA.- Viene nuestro decreto de nacionalización de hidrocarburos del 1 de mayo del año pasado, donde en el artículo sexto es coincidente con la Ley de Hidrocarburos y se establece cómo se va a operar.

Qué quiere decir eso. Esas utilidades que iban a conformar el fondo de donde salían el pago del Bonosol están garantizadas en la Ley.

P.- En este sentido, ¿Qué busca la resolución biministerial?

LA.- En ese decreto supremo, y lo hacemos conjuntamente el Ministerio de Hidrocarburos, es sacar una resolución biministerial que reglamenta cómo se va a garantizar el pago del Bonosol, por lo tanto con esa resolución normamos y reglamentamos la ley que está en el decreto y éste a través de la resolución ministerial.

Esa es la fundamentación jurídica de esa resolución ministerial que es todo lo contrario de lo que he escuchado en los medios de comunicación, más bien apunta a garantizar el pago del Bonosol.

Lo que estamos haciendo, en realidad, es reponer los recursos que por el IDH salieron de las empresas capitalizadas y se fueron a las prefecturas, los municipios, las universidades y al propio TGN en una indebida apropiación de esos recursos, porque ponen en riesgo el fondo que se requiere y que en su inicio estuvo calculado para pagar el Bonosol de los siguientes años.

Por lo tanto, con esta resolución ministerial hemos sentido que se garantiza el pago del Bonosol reponiendo esos recursos que pasaron de este fondo para pagar el Bonosol al IDH y, por tanto, a prefecturas, municipios y universidades indebidamente.

P.- ¿A futuro está garantizado el pago del Bonosol?

LA.- Los recursos hacia delante también tenemos que garantizarlos, pero más adelante se verá cómo se aplicará los siguientes recursos, porque hay una ley que establece que hasta el 31 de diciembre existe un Bonosol de 1.800 bolivianos.

Quienes en su momento, cuando la gente en El Alto estaba peleando por la nacionalización de los hidrocarburos, por mejorar los ingresos del Estado, al otro lado estaban las personas que hoy, fungiendo de prefectos, son quienes reclaman el IDH, cuando en su momento estaban al otro lado de la trinchera combatiendo a los que querían nacionalizar los hidrocarburos.

[Fuente: Agencia Boliviana de Información, La Paz, 07oct07]

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