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08mar20

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Fraude electoral y desinformación


Fraude electoral y desinformación

De visita en Madrid acabo de leer un resumen de declaraciones de personajes políticos españoles como José Luis Rodríquez Zapatero, Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias, entre otros prohombres que, en su defensa incondicional y totalmente acrítica de Evo Morales y su Gobierno, toman un informe del MIT como base de la validez de la "victoria" electoral de éste en Bolivia.

Para su desgracia, el Instituto de Tecnología de Massachusetts - MIT, en una carta dirigida a la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos, desmintió oficialmente que dicho informe fuera de la institución académica. En realidad, el informe tan ardientemente defendido por los políticos antes mencionados había sido promocionado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR - Center for Economic and Policy Research) con sede en Washington, institución en la que los autores del informe - John Curiel y Jack Williams-, son profesores.

El periódico Washington Post difundió la información de manera también intencionada, en lo que se asemeja más a un fenómeno de "misinformation" que de "information". Algo perfectamente entendible en los devaneos a que nos tiene acostumbrados, últimamente, el Washington Post.

No obstante, con ser estos hechos graves, son consistentes con la falta de integridad intelectual y moral de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, quienes, entre otras cosas, dicen defender las teorías comunitaristas, que son de hecho la causa profunda de la implosión del partido y el Gobierno de Evo Morales. Este comunitarismo, que fue promovido en Bolivia por los ahora dirigentes de Podemos, es una doctrina anti-republicana, contraria a la doctrina republicana que surgió a principios del siglo XIX en América Latina-, al tiempo que profundamente reaccionaria y que niega la igualdad ante la ley de los ciudadanos, o peor aún, hace desaparecer el concepto de ciudadano.

La República de Bolivia es hija de las doctrinas republicanas surgidas de la Revolución Francesa y tiene sus propios padres doctrinales, valga la expresión, en Francisco de Miranda, Thomas Jefferson, Thomas Paine y, especialmente, Simón Bolívar, al que debe su fundación republicana y su nombre.

El apoyo de las minorías indígenas al comunitarismo que supuestamente debía promoverlas, fracasó a tal punto que ni una sola de las naciones indígenas originarias adoptó estas ideas para su organización y es poco factible que sobrevivan a una más que probable reforma de la constitución.

La importancia de esta cuestión para los políticos mencionados del PSOE y de Podemos estriba en que usan lo que ellos denominan "modelo boliviano" para promover una estructura similar en España bajo la denominación de "plurinacional".

Este modelo es perfectamente adaptable al pensamiento del nacionalismo catalán en la medida que reconoce la "comunidad" y la "raza" como soportes orgánicos del modelo. En Europa es un modelo más cercano al pensamiento comunitarista agrario defendido en su momento por Walter Darré y que es intrínsecamente contrario al modelo político y jurídico surgido de la Revolución Francesa y Norteamericana así como de la Europa post II Guerra mundial.

Este pensamiento ha sido defendido incluso por el actual presidente de Gobierno Pedro Sánchez, aunque no de forma pública.

Contexto del fraude en Bolivia.

Que estos tres políticos defendieran a Evo Morales y su partido entra dentro de su propia legitimidad y del libre discurso al que tienen derecho por el solo hecho de ser ciudadanos españoles y europeos.

El problema es que lo que plantean como defensa es falso, no tiene asidero alguno ni en la realidad, ni en la historia boliviana. Es más, muestra un desconocimiento profundo de la realidad del mundo indígena boliviano.

Como suponer ignorancia a tan ilustres personajes sería una minusvaloración de su representación política, no cabe otra interpretación posible de que usan este discurso "anti-fraude" en forma deliberada y a sabiendas de que es falso.

En las comunidades indígenas es bien conocido el fraude electoral, tal cual lo informa la auditoría de la OEA, en la versión de manipulación de las actas electorales ya desde el periodo republicano, y es consecuencia directa del desconocimiento y segregación del mundo indígena.

El método usado por Evo Morales en la crisis del TIPNIS es una aplicación directa de este tipo de política por su Gobierno.

En las comunidades indígenas este método es ampliamente conocido y, por lo tanto, es totalmente cierto lo que afirma la OEA en su informe preliminar en cuanto a "falsificación de firmas y alteración de actas". Lo relevante de la auditoría es que esta afirmación se efectúa tras haber recurrido a peritos caligráficos.

Este método fue usado masivamente por el MAS en el referéndum de febrero de 2016 y en las elecciones de 2014.

Comunidades indígenas bajo vigilancia y control político social.

Antes de las elecciones algunos dirigentes indígenas fueron visitados por militares en nombre del Gobierno para informarles que estaban siendo vigilados y que no se les ocurriera entorpecer las elecciones porque serían castigados.

No es dato menor, para entender estas amenazas, el hecho de que miles de dirigentes indígenas se encuentran procesados por el Gobierno de Evo Morales y ello sin defensa jurídica alguna y con la arbitraria actuación de jueces y fiscales. Estos jueces y fiscales siguen en su gran mayoría instrucciones directas del Gobierno o de los dirigentes locales del MAS, a lo que hay que sumar la profunda corrupción de la justicia.

He aquí un ejemplo: el vicepresidente del MAS Gerardo García, después de hacer una gestión de intermediación a iniciativa propia ante la sala de asuntos indígenas del Tribunal Constitucional Plurinacional, tuvo que informar a los indígenas afectados de que le pedían 50.000 dólares para "publicar" una sentencia. Esto ocurría un año antes de las elecciones en liza. La conclusión a que llegó este alto dirigente un año antes de las elecciones, y ante dirigentes indígenas, fue premonitoria: "nos van a echar a patadas del Gobierno". Exactamente eso es lo que ocurrió.

En Bolivia todos sabíamos que después de la crisis del TIPNIS el MAS había muerto, y más teniendo en cuenta que su alta dirigencia (Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Sacha Llorenti - ex embajador de Bolivia ante la ONU- , entre los más importantes) había roto sus lazos definitivamente y sin excepción con los indígenas de Bolivia, ordenando la represión. Juan Ramón Quintana recibió luz verde para profundizar su campaña de contra-inteligencia en contra de las comunidades indígenas. Entre sus armas más importantes está la promoción de directorios chutos, es decir, de falsos dirigentes indígenas. La CIDOB estaba dirigida directamente por el ex ministro Carlos Romero y Evo Morales y todos sus dirigentes eran y son chutos.

Los dirigentes reales de los pueblos originarios, respaldados por sus comunidades, fueron perseguidos sin clemencia, procesados en procedimientos falsos por fiscales y jueces que actuaron y actúan en forma arbitraria y claramente racista. Costará años que las comunidades indígenas recuperen el control de las organizaciones nacionales.

En esta estructura organizada desde el Gobierno merece especial atención, por razones evidentes, el ínclito y protervo Juan Ramón Quintana, egresado de la tristemente célebre Escuela de las Américas y creador y Jefe de la Unidad de Análisis de Estrategias de Defensa (UDAPDE) bajo el segundo gobierno del militar golpista Hugo Banzer Suárez. También cursó estudios de contrainteligencia en Fort Bragg, la base militar estadounidense más grande del mundo especializada en este tipo de operaciones.

Juan Ramón Quintana sobrevivió a la campaña en contra de los responsables de crímenes contra la humanidad en Argentina, Uruguay y Bolivia. Terminado el Gobierno Bánzer, fue aceptado por la democracia y Evo Morales lo nombró ministro con cartera y sin cartera para controlar con estas técnicas los movimientos sociales y, muy especialmente, a los pueblos y comunidades indígenas.

Hay que agregar que en Bolivia no se investigó ningún caso de desaparecidos de la dictadura de Bánzer y que el Gobierno de Evo Morales impidió deliberadamente cualquier investigación, condenando al ostracismo y la inacción a los grupos de derechos humanos relacionados con las víctimas.

Recién este 4 de marzo de 2020 la "Comisión de la Verdad" pudo entregar su informe a la Defensoría del Pueblo. Esta comisión, creada el 21 de agosto de 2017, no tiene facultades legales que le permitan enjuiciar a los responsable y, por supuesto, el estado actual de la justicia en Bolivia no puede garantizar ni siquiera la investigación independiente de los hechos ocurridos en esa época. Hay que tener en cuenta que el partido de Bánzer (Acción Democrática Nacionalista - ADN) se incorporó al MAS luego de la crisis de la Media Luna. En algunas regiones, dirigentes de antigua filiación nacionalsocialista ocuparon los puestos de dirección en el MAS hasta después de la implosión ocurrida el 11 de noviembre de 2019, fecha en que renunciaron masivamente a sus cargos. El caso más conocido es el de Roberto Ruiz Bass Werner conocido por haber sido el jefe de las juventudes nacionalsocialistas en La Paz.

Mecánica del fraude en las zonas indígenas

Podemos describir el modus operandi de este tipo de fraude basándonos en los testimonios orales directos de comunidades y líderes indígenas de las tierras bajas, pero que es concordante con lo ocurrido en tierras altas según fuentes indirectas con origen en autoridades indígenas.

Las mesas electorales en las comunidades indígenas son normalmente presididas por representantes del MAS; el resto de los partidos, o bien se abstienen de participar, o bien no cuentan con representantes. Esto permite que en el primer escalón las actas electorales sean firmadas sólo por el presidente de mesa.

Una vez recogidas las urnas y las actas, éstas son trasladadas a la sede del Tribunal Electoral Departamental correspondiente sin cadena de custodia y sin custodia policial o de autoridades electorales. Aunque en las regiones indígenas la corrupción policial es tal que incluso esta custodia no sería garantía alguna.

El viaje de estas urnas tiene siempre una parada intermedia en alguno de los múltiples organismos gubernamentales controlados por el MAS.

Allí se rehacen las actas falsificándolas y, en muchos casos, para perfeccionar la falsificación, se traslada al presidente o a los fiscales de mesa al lugar donde se está ejecutando el fraude, quienes mediante el pago de pequeñas cantidades (normalmente 100 bolivianos) firman de nuevo las actas. Cuando esto no se consigue, se falsifican directamente las firmas.

Este laborioso trabajo se realiza en horas de la noche y con técnicos traídos para estas auténticas operaciones encubiertas.

De allí, actas y urnas se transportan, en "cumplimiento del protocolo", a los Tribunales Electorales Departamentales, los miembros de cuyas directivas son en su mayoría nombrados por el MAS o bien funcionarios integralmente corruptos. Éste es un hecho perfectamente conocido por los dirigentes de todos los partidos políticos y por los gobernadores, subgobernadores y otras autoridades que participan en el proceso electoral.

Estos hechos son los que detectó la auditoría de la OEA, pero sólo en parte y de manera superficial, si bien en forma suficiente para el cumplimiento de los fines de la auditoría.

Es por eso que el reconocimiento popular de la existencia del fraude electoral provocó el ataque e incendio de varias sedes electorales departamentales.

En los días posteriores y hasta después del 11 de noviembre de 2019, el temor de los indígenas de tierras bajas era que se cumplieran las amenazas realizadas por militares y dirigentes masistas de que tomarían la comunidades y que habría represalias. Especialmente preocupante era la información proveniente de los dirigentes cocaleros diciendo que tomarían las ciudades, algo que intentaron en Cochabamba y no pudieron materializar en otros lugares por el simple hecho de que los kapangas no aceptaron las órdenes.

En esos días aciagos quien esto escribe tuvo que obedecer a las autoridades indígenas y salir de Bolivia. Estaban convencidos de que me detendrían y que no teníamos salvación, ya que los cocaleros estaban armados y vendrían del Chapare a tomar las comunidades, sabiendo que el Chapare es una zona liberada para estos grupos armados donde no entra ni la policía, ni el ejército.

De ahí que la renuncia de todos los dirigentes regionales del MAS y la huida de Evo Morales y Álvaro García Linera provocaran en las comunidades indígenas un alivio. Como me dijo una autoridad indígena histórica, que ha participado en los conflictos indígenas de los últimos treinta años: "Por primera vez en muchos años dormí tranquilo. El Evo nos tenía contra la pared y con el cuchillo en la mano".

Después de las elecciones se produjo una reacción popular espontánea y autónoma que quien la vivió sabe perfectamente que se dio al margen de conspiraciones. Ni siquiera la reacción de los policías de provincia en el sentido de no reprimir a la población civil obedeció a conspiración alguna.

Desde los sucesos del TIPNIS , era claro que la sociedad civil boliviana vivía en una olla a presión que podía estallar violentamente, como tantas veces en la historia de Bolivia.

Lo que Evo Morales calificó despreciativamente como protestas de las "pititas" es precisamente lo que permitió que la olla no explotara y la presión se descargara sin violencia.

Pedirles a José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias que comprendan estos hechos es tarea imposible. El mundo donde actúan no tiene nada que ver con la realidad del pueblo boliviano y menos aún con la realidad de los indígenas.

Como dijo otro colega años atrás: la ignorancia y la mentira no son una categoría política, pero ellos están convencidos que sí.

[Fuente: Por Irandey Tupapire, Radio Nizkor, Madrid, 08mar20]

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