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14sep01


Amenazas de muerte contra funcionarios que defienden el bosque nativo

Comunidades y dirigentes indígenas y funcionarios de la superintendencia forestal que intentan controlar la tala indiscriminada del bosque nativo, son amenazados de muerte y los ganaderos de la región piden militarizar el territorio de monte verde para apoderarse de él

El Pueblo Indígena Chiquitano de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, está siendo agredido por personas que, respaldadas en algunas instituciones públicas y privadas, pretenden apropiarse de su territorio.

Desde 1994, con base en sus derechos constitucionales, las Centrales Indígenas de Concepción, Lomerío y San Javier (CICC, CICOL y CIP-SJ) solicitaron al Estado la titulación de su territorio denominado Monte Verde. La demanda solo fue admitida hasta 1996, con la aprobación de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria que reconoció expresamente las demandas territoriales indígenas y ordenó su titulación en un plazo de 10 meses a partir del 18 de octubre, como fruto de la Marcha realizada por los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia.

Desde entonces comenzó un interminable proceso dirigido a impedir la titulación de su territorio y, en el mejor de los casos, reducirlo a su mínima expresión excluyendo las mejores tierras productivas, las áreas boscosas y ricas en biodiversidad, y grandes extensiones para el crecimiento de las haciendas ganaderas, para avasalladores y traficantes que comenzaron a invadir desde la aprobación de aquella ley y otras que se respaldan en trámites y documentos fraudulentos.

Acciones legales, recursos, movilizaciones, negociaciones y acuerdos, han sido la constante en los dos últimos años, pero esto no ha sido suficiente frente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y los máximos tribunales de justicia que intervienen durante el proceso, cuyas actuaciones se han caracterizado por la dilación y la negación de los derechos indígenas. Han pasado cuatro años desde la aprobación de la Ley y el proceso para la titulación de Monte Verde se encuentra detenido desde hace varios meses a la espera de una resolución del Tribunal Agrario Nacional, máximo juez agrario, quien conoce de las impugnaciones presentadas por terceros ilegales.

Amparados en la desidia o complicidad institucional, los particulares ilegales incrementan cada día sus acciones contra el Pueblo Chiquitano destruyendo sus bosques nativos y amenazando la vida de sus dirigentes y comunidades y de los profesionales que asesoran el proceso legal. En los últimos meses ingresaron al territorio 50 personas que comenzaron a desmontar más de 300 has. de bosque nativo, en una zona de alta fragilidad ecológica. Estas personas han sido contratadas por la Empresa Aceitera FINO S.A., que desde hace varios años intenta apropiarse de más de 15.000 has. por la vía de una cooperativa fantasma denominada "La Unidad". También han ingresado de forma clandestina otros ilegales, ex funcionarios del actual Gobierno y familiares de autoridades que intentan acaparar más de 200.000 has., y han desmontado más de 1.500 has. de bosque seco, rico en biodiversidad.

Frente a estos hechos la Central Indígena Paikoneka de San Javier - CIP-SJ y a la Central Indígena de Comunidades de Concepción - CICC, como medidas de legítima defensa territorial, decidieron reinstalar Puestos de Control en las comunidades de Turuz Napez, Santa Rita, San Fermín y San Lorencito, en los municipios de San Javier y Concepción, para impedir el ingreso de terceros ilegales y el saqueo de sus recursos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Las asociaciones de ganaderos y agroindustriales han emprendido una campaña para presionar al Gobierno a que, en lugar de cumplir y hacer respetar los derechos indígenas, adopte medidas para

consolidar sus fraudulentas pretensiones que liquidarían el territorio de Monte Verde. La prensa local y nacional difunden ampliamente esta campaña a favor de los sectores de poder y omite informar sobre los atropellos que se cometen contra los indígenas.

El 11 de septiembre, una comisión de la Superintendencia Forestal, entidad competente para controlar y sancionar la tala ilegal de bosque, dio inicio a una inspección sobre las áreas deforestadas, comenzando por la de la Cooperativa La Unidad, testaferro de la Aceitera FINO S.A., a quienes les decomisó maquinaria. Al día siguiente, fueron interceptados por los afectados, quienes amenazaron de muerte con armas de fuego a los funcionarios y al asesor legal de las organizaciones indígenas. La inspección tuvo que ser suspendida por falta de garantías de seguridad, quedando pendiente el control sobre otras áreas que están siendo rápidamente desmontadas.

El mismo 12 de septiembre, particulares que se encuentran deforestando el territorio, se agredieron verbalmente y amenazaron de muerte a las comunidades en el Puesto de Control de Turuz Napez, Municipio de San Javier, e intentaron secuestrar a un niño que logró huir de sus manos. Esto motivó que se presentaran enfrentamientos físicos que no trascendieron a mayores, pero los terceros se retiraron advirtiendo que volverían a tomar venganza.

En las últimas horas ha circulado la versión de que la Federación de Ganaderos de San Javier está gestionando la militarización de la zona y del territorio indígena de Monte Verde, lo que podría desatar un guerra de exterminio de las comunidades.

Hacemos un llamado urgente a todas las instituciones de derechos humanos y amigos de los pueblos indígenas para que se pronuncien por el respeto a la vida e integridad de las comunidades indígenas chiquitanas y por la pronta titulación del territorio Monte Verde conforme a los derechos establecidos.

ENVIAR COMUNICADIONES A:

1. Al Dr. Jorge Quiroga Ramírez, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, denunciando los hechos de agresión contra el pueblo indígena chiquitano de Monte Verde y las violaciones a sus derechos en que han incurrido las instituciones estatales, y solicitando garantizar la seguridad de sus comunidades, dirigentes, profesionales e instituciones que les apoyan, y adoptar medidas para la pronta titulación de su territorio conforme a sus derechos constitucionales y legales.

Dirección: Palacio de Gobierno - La Paz
Fax: (591-2) 371388
Telefonos: (591-2) 371082 y 359956
Email: presidencia@caoba.entelnet.bo

2. Al Ing. Wilmar Stelzer, PREFECTO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, pidiendo garantizar la seguridad de las comunidades indígenas de Monte Verde que realizan control de acciones ilegales en su territorio, sus dirigentes, profesionales e instituciones que les apoyan en la defensa de sus derechos y adoptar medidas para que la Superintendencia Forestal pueda realizar las acciones que le competen para controlar y sancionar la deforestación del territorio indígena de Monte Verde

Dirección: Plaza 24 de Septiembre, Palacio Prefectural - Santa Cruz de la Sierra

Fax: (591-3) 352214
Telefono: (591-3) 346939
E-mail: pdcom@cotas.com.bo

3. Al Dr. Hugo Teodovich, Presidente del TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL, solicitando resolver con la mayor celeridad, transparencia e imparcialidad los recursos presentados durante el proceso de titulación del territorio indígena chiquitano de Monte Verde, salvaguardando la legalidad y los derechos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado, en la Ley 1715 y en el Convenio 169 de la O.I.T., y abstenerse de legalizar predios ilegales o fraudulentos a favor de particulares.

Dirección: calle Calvo N 197 - Sucre
Fax: (591-64) 23061
Telefonos: (591-64) 25090 y 25091
Email: etotan@marascr.entelnet.bo

4. Al Lic. Rene Salomón Vargas, Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA y Ing. Jorge Aguilera, Director Departamental INRA Santa Cruz, solicitando adelantar el proceso para la titulación del territorio indígena Monte Verde con la mayor celeridad, transparencia e imparcialidad, dando estricto cumplimiento a los derechos del pueblo demandante y abstenerse de legalizar propiedades a particulares fundadas en documentos fraudulentos o que no cumplen las requisitos legales.

Dirección INRA Nacional: calle Junín N 745 esq. Indaburo - La Paz
Fax: (591-2) 408618
Telefonos: (591-2) 407292 y 409072
Emai: inra@datacom-bo.com

Dirección INRA Santa Cruz: Calle Monseñor Santiesteban 153 - Santa Cruz de la Sierra
Fax: (591-3) 342779
Teléfonos: (591-3) 344002
E-mail: inrascz@bibosi.scz.entelnet.bo

5. Al Sr. Luis Soruco Barba, Presidente Asociación de Ganaderos de Concepción - AGACON y Sr. Gary Pereira Aguilera, Presidente Asociación de Ganaderos de San Javier, solicitando se abstengan de propiciar, incentivar o tolerar agresiones contra las comunidades indígenas de Monte Verde, sus dirigentes, y los profesionales e instituciones que les apoyan; abstenerse de entorpecer el proceso para la titulación de su territorio y de auspiciar pretensiones ilegítimas de sus afiliados dirigidas a disminuir las tierras que legal y constitucionalmente pertenecen al Pueblo Indígena Chiquitano.

Dirección AGACON: Cl. Subteniente Capobianco, Municipio de Concepción, Santa Cruz
Fax: (591-964) 3055
Telefono: (591-964) 3024
Email: fegapresi@infonet.com.bo

Dirección Asociación de Ganaderos de San Javier: Calle Parejas, Municipio de San Javier
Telefax: (591-963) 5008
Email: fegapresi@infonet.com.bo

6. Dra. Ana María Campero, DEFENSORA DEL PUEBLO, solicitando la adopción de medidas para la protección de las comunidades indígenas de Monte Verde, sus dirigentes, profesionales e instituciones que les apoyan e intervenir para la defensa de los derechos vulnerados al pueblo indígena chiquitano y la titulación legal de su territorio.

Dirección: calle Heriberto Gutierrez N 2374 - La Paz
Fax: (591-2) 443838
Telefono: (591-2) 443838
Email: delpueblo@defensor.gob.bo
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 14 de septiembre de 2001


MAS INFORMACION SOBRE ESTA ACCION:

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS
Calle Alfredo Jordán N 79 -
Teléfono (591-03) 532714
Fax (591-03) 535169 -
Email: cejis@scbbs-bo.com


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Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights