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08abr17


Española Corsán deja el país y hay una millonaria deuda


La empresa española Isolux Corsán Corviam se fue del país el viernes, dejando atrás una millonaria deuda. Los principales afectados fueron los subcontratistas de la obra vial San Buenaventura-Ixiamas, que el jueves estuvieron en la ciudad de La Paz, exigiendo reunirse con el Gobierno para encontrar una solución al cobro de al menos Bs 70 millones por pagos atrasados.

"Son al menos Bs 70 millones los que nos deben para 108 subcontratistas afectados por el proyecto carretero que se anotaron hasta el jueves. Deben existir otros que todavía no se han manifestado", declaró Fernando Cuéllar, representante de Turiro, una de las empresas subcontratistas, basándose en la "nómina de los afectados de Isolux Corsán", que presentaron a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Según otros sectores, los afectados llegarían a 150 y los montos adeudados ascenderían considerablemente.

El abandono

Corsán Corviam dejó incompleta las obras de la carretera San Buenaventura-Ixiamas y la hidroeléctrica Miguillas, en el departamento de La Paz.

La presidenta de ABC, Noemí Villegas, verificó el abandono de la carretera desde el 31 de marzo sin justificación.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, hizo lo mismo con Miguillas y le dio 15 días de plazo para retomar las actividades, bajo la advertencia de ejecutar los recursos de las boletas de garantía.

La ABC no dio a conocer en qué bancos se encuentran las boletas. En el caso de Miguillas, hay $us 19,8 millones en el banco Bisa y otros $us 19,8 millones en el banco Mercantil.

Reunión con autoridades

Entre tanto, los subcontratistas buscan reunirse con autoridades de la ABC, el Ministerio de Obras Públicas y el vicepresidente Álvaro García Linera, con el fin de evaluar los daños causados por la partida de Corsán Corviam y la forma de que las deudas sean cobradas.

Los representantes de las firmas que ejecutaron las obras, esperan que la reunión sea en la Sede de Gobierno entre el lunes y miércoles próximo.

"Somos un grupo de personas naturales y jurídicas que nos vimos sorprendidos con la fuga de Bolivia de la empresa Isolux Corsán… Como empresas bolivianas y ciudadanos bolivianos, confiamos en que estas empresas extranjeras al haber sido contratadas por el Estado Boliviano, están legalmente constituidas en el país y cumplen con todos los requisitos exigidos, velando por los intereses y recursos del Estado… Lastimosamente, ahora nos vemos afectados con esta situación…", expresan en una carta enviada a la ABC.

Por su lado, el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Davor Vargas, indicó que dentro de sus normativas, una empresa que haya actuado contra el Código de Ética, puede ser sometida al Tribunal de Honor cuando alguien lo solicita

[Fuente: Por Miguel Ángel Melendres, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 08abr17]

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