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29mar08


Diálogo estancado en Bolivia y nuevos conflictos sociales


El diálogo conciliador impulsado por el gobierno boliviano con la oposición, donde la Iglesia Católica obra como mediadora, permanece hoy estancado, mientras proliferan otros conflictos sociales.

Según el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Jesús Juárez, en la semana que termina los esfuerzos por acordar con las partes fecha y agenda de esas conversaciones fueron infructuosos.

Sin embargo, analistas ven la intervención de la Iglesia como la tabla salvadora de un acuerdo pacífico entre el Ejecutivo, que promueve una nueva Constitución, y sus adversarios, los prefectos de la llamada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija), quienes insisten en las autonomías.

Juárez explicó que el diálogo sería llamado "si las partes muestran vocación sincera y deponen amenazas," pero hasta ahora sólo el presidente Evo Morales dio señales de flexibilidad.

El mandatario ha reiterado su voluntad a debatir la nueva carta magna, aprobada en diciembre pasado en la ciudad de Oruro, pero sus adversarios, como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sigue adelante con sus planes para un referendo autonómico, previsto para el 4 de mayo próximo.

La consulta es catalogada como ilegal y algunos parlamentarios, como el senador Félix Rojas, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), denunciaron que sus responsables incurren en delito al utilizar recursos económicos de la población para los comicios.

Rojas también señaló que es vital para el restablecimiento de la legalidad en el país que el Parlamento elija a nueve magistrados del Tribunal Constitucional y el titular de la Fiscalía de la República, un proceso que debe concluir la próxima semana.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia anunció que determinará nuevas medidas de presión en un congreso nacional que comenzará mañana domingo en Santa Cruz.

Isaac Ávalos, máximo dirigente de los labriegos, no descartó otro cerco al legislativo para demandar que se viabilicen sendos referendos, uno dirimidor sobre el latifundio y otro para aprobar la carta magna.

También representantes diplomáticos de países miembros de la Unión Europea (UE) exigieron a las autoridades cruceñas encaminar en la legalidad su referendo del 4 de mayo para validar el estatuto autonómico, al tiempo que descartaron el envío de observadores.

La UE aboga porque el proceso de diálogo se realice con los actores políticos y con el apoyo de la sociedad boliviana, destaca un comunicado oficial.

La crisis política en Bolivia se agravó esta semana con protestas de la población de Camiri, en el oriente, en demanda de mayor atención del gobierno.

Los moradores de esa localidad exigieron al Ministerio de Hidrocarburos la instalación de una planta separadora de líquidos del gas natural y la recuperación de un campo controlado por la trasnacional hispano argentina Repsol YPF.

El gobierno aportó por negociaciones, para lo cual envió una comisión que integran, entre otros, los ministros de Hidrocarburos, Carlos Villegas; de Trabajo, Walter Delgadillo; y el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Delgadillo instó a los dirigentes de la localidad y a la población a deponer el bloqueo de carreteras, vía de acceso a la importación de alimentos desde naciones como Argentina y Paraguay, antes de comenzar las pláticas.

A ese conflicto se sumó el bloqueo que iniciaron el pasado miércoles transportistas de carga pesada, en protesta por una prohibición temporal a la exportación de aceite mineral, medida que intenta frenar la especulación.

Una de las firmas afectadas por esa norma pertenece a la familia del empresario Branco Marinkovic, acérrimo opositor al presidente Morales en la región de Santa Cruz.

Mientras, en Sucre, el proceso de elección del nuevo prefecto, previsto para el 29 de junio, destapó la violencia en grupos de jóvenes patrocinados por el Comité Interinstitucional, con ataques a medios estatales de prensa.

[Fuente: Prensa Latina, La Paz, 29mar08]

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