01abr10

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Evo promulgó una polémica ley contra la corrupción

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Las fortunas de las ex autoridades bolivianas están en la mira después de que Evo Morales promulgara ayer una dura ley "de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas", cuestionada por la testimonial oposición congresal. Con ella, según el Gobierno, se evitará la apropiación, por parte de particulares, de entre 200 y 300 millones de dólares anuales de fondos estatales, y se buscará recuperar alrededor de 10.000 millones de dólares supuestamente sustraídos ilegalmente de las arcas públicas en las últimas cuatro décadas.

"Seguramente ya nadie va a querer ser político", ironizó ayer Morales desde un Palacio de Gobierno colmado, frente a las elecciones para alcaldes y gobernadores del próximo domingo. Dijo estar dispuesto a dar batalla, "en persona" a la corrupción y que "el futuro de los políticos en Bolivia es servir al pueblo y no servirse de él".

Llamada "Ley Guillotina" por el vicepresidente Alvaro García Linera, la norma endurece las penas por delitos económicos contra el Estado, establece que los actos de corrupción no prescriben y permite el juicio en ausencia. Pero la veta más polémica de la norma es su aplicación retroactiva, basada en la nueva Constitución. Además, permitirá la incautación preventiva de bienes mientras dura la investigación, para evitar su transferencia a testaferros. Adicionalmente, se crea la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, integrada por los ministerios de Transparencia y de Gobierno (Interior), el Ministerio Público, la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Procuraduría General del Estado y las organizaciones sociales. Un chiste callejero dice que Bolivia era hasta hace poco el segundo país más corrupto del continente y no el primero porque "coimearon" a los organismos encargados de la encuesta.

Entre quienes están en la mira se encuentran los ex presidentes Jorge "Tuto" Quiroga y Carlos Mesa junto al ex vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas, quienes denunciaron conjuntamente persecución política por parte del poder Ejecutivo. "Tenemos el derecho inalienable a procesos justos con normas que respeten las garantías civiles; nadie en democracia debe ser perseguido por su opción política y sus valores", denunció Mesa en defensa de él y sus colegas luego de que el Presidente boliviano los acusara de querer conformar un sindicato de "delincuentes confesos".

Por estos días, hay polémica por la acusación del fiscal Félix Peralta contra el cardenal Julio Terrazas -máxima autoridad de la Iglesia- de haber recibido gastos reservados en anteriores gestiones.

Algunos parlamentarios del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) quieren ver en el banquillo al popular alcalde izquierdista de La Paz, Juan del Granado, cuyo partido compite con el MAS por la alcaldía, lo que incluso para simpatizantes del oficialismo es un exceso.

[Fuente: Clarin, Bs As, 01abr10]

Informes sobre DDHH en Bolivia

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