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07feb22


La Capitanía del Alto y Bajo Isoso no aprobó la construcción del puente clandestino


La Capitanía del Alto y Bajo Isoso no aprobó construcción del puente clandestino; exdirigente cuestiona a autoridades por eludir sus responsabilidades

Sola una de las 24 capitanías comunales que conforman la Capitanía de Alto y Bajo Isoso autorizó la construcción del puente clandestino que penetró el ingreso del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (Anmi) Kaa Iya del Gran Chaco, y que amenaza la integridad de los Bañados del Isoso, un sitio Ramsar. Así lo denunció el exdirigente indígena Marcelino Apurani Charico, viviente de esta zona, que aseguró que el bloque indígena en su conjunto no aprobó este proyecto.

Un reportaje de la revista Nómadas reveló la construcción de esta infraestructura de forma ilegal y a espaldas de las autoridades nacionales y departamentales. El reportaje describe detalladamente cómo se realizó la obra y los peligros que traerá a largo plazo, debido que abre las puertas a una deforestación de miles de hectáreas de bosques.

La denuncia periodística causó un sismo debido a que nadie se enteró de la construcción de una mole de acero y concreto de 150 metros de largo, ubicada en el sur del departamento de Santa Cruz, en la provincia Cordillera, dentro del municipio de Charagua, a 15 km de la comunidad guaraní Cuarirenda y a 285 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ante esta situación, la Gobernación de Santa Cruz informó que el puente fue construido tras la firma de un convenio entre un grupo de menonitas y originarios de la comunidad Cuarirenda en octubre de 2020.

No obstante, Apurani negó tal acuerdo. Sostuvo que, según las normas, una Asamblea de la Capitanía de Alto y Bajo Isoso (CABI) debía dar el visto bueno o al proyecto o rechazarlo. La obra solo fue aprobada por una capitanía comunal.

Es más, recordó que según la legislación nacional las 24 capitanías deberían aprobar la construcción del puente. No obstante, denunció que allegados al partido de Gobierno han dividido a la organización creando paralelismos que no han ayudado para nada a los 40.000 indígenas que habitan en esta región.

En este contexto, la organización quedó fracturada.

Para el dirigente Apurani la construcción del puente no favorece ni siquiera la comunicad que avaló el proyecto que se encuentra entre 15 y 17 kilómetros de distancia.

Lamentó que hasta el momento ninguna autoridad, tanto del Gobierno nacional como departamental se haga responsable de lo ocurrido.

"Todos son responsables de esta situación, ni el INRA, ni la ABT y la Gobernación pueden eludir su responsabilidad. Todos serán responsables de la destrucción del bosque que es el pulmón de la naturaleza", cuestionó.

Recientemente tanto las autoridades nacionales, como la ABT el INRA y la Gobernación se han acusado mutuamente de ser responsables de la implementación irregular del puente.

"Ninguna persona, o miembro de la comunidad indígena tiene la potestad de aprobar una obra de este tipo", sostuvo.

Recientemente, la Gobernación de Santa Cruz acusó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) de saber sobre el desmonte y posterior construcción de este puente.

"Esto constituye un hecho muy grave, si bien la ABT no tiene facultad para autorizar o no autorizar la construcción de un puente, dentro de sus competencias sí tiene la posibilidad de fiscalizar los accesos (), tienen los permisos de desmonte respectivos", afirmó el secretario departamental, Efraín Suárez.

En el caso del puente ilegal, no existe ningún permiso para desmontar en los accesos- Lo que debió hacer la ABT era paralizar la obra por no contar con la autorización respectiva, según Suárez.

"Este puente no va a beneficiar a la comunidad en pleno, porque está a 17 kilómetros. Eso solo va beneficiar a los traficantes, avasalladores y depredadores de la tierra", agregó Apurani.

Días antes, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusó al gobernador Luis Fernando Camacho de tener responsabilidad en la construcción de este puente, que es considerado ilegal.

Apurani lamentó el fuego cruzado, tanto de la Gobernación y el Gobierno. Dijo que, si no se toman cartas en el asunto se destruirán miles de hectáreas de bosques, porque el corazón del área protegida ya fue vulnerado por el puente clandestino.

[Fuente: Por Ernesto Estremadoiro Flores, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 07feb22]

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