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18abr17


Académicos 'filtrarán' a candidatos a magistrados


Ocho delegados de las universidades públicas y privadas estarán a cargo de la valoración de los candidatos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura; estos delegados coordinarán su trabajo con los parlamentarios de la comisión de Constitución que encabeza el proceso de preselección de aspirantes.

"La propuesta es que el sistema universitario designe a ocho delegados que ellos consideren los mejores y serán quienes valoren a quienes irán a la papeleta electoral; no existe ninguna conformación de 11 notables. La participación de estos delegados será fundamental en la calificación de los aspirantes", dijo el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, luego de valorar la participación de las universidades en este proceso.

Los ocho delegados académicos estarán a cargo de la calificación de méritos que tendrán una puntuación de 40; luego otros 30 puntos será el examen que estará preparado por este equipo académico; finalmente los restantes 30 puntos serán resultado de la entrevista con la comisión de Constitución, de ese modo se alcanzará los 100 puntos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó de que en todo momento esta comisión académica coordinará su trabajo con los miembros de la comisión de Constitución y, al final, ellos elevarán su informe para que de esa nómina salgan los precandidatos que serán electos por voto popular.

La convocatoria se publicará el 29 de abril y antes de ese paso debe ser convocada la Asamblea para que este cuerpo legislativo apruebe el reglamento que tendrá los requisitos para esta preselección de candidatos.

Los requisitos

Según el presidente de los senadores, los funcionarios y asesores de las entidades públicas o de las organizaciones sociales podrán participar como candidatos a autoridades del Órgano Judicial si cumplen los requisitos del reglamento de preselección que está en proceso de elaboración en el parlamento.

"Si desde la directiva de las organizaciones sociales consideran llevar adelante a alguien o impulsar una candidatura o promover a esas personas van a ingresar, desde nuestra perspectiva, en las mismas condiciones que cualquier otro profesional", afirmó el presidente de los senadores cuando fue consultado sobre esta posibilidad.

Tanto la Ley del Órgano Judicial como la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional no contemplan prohibiciones para los asesores o funcionarios entre los requisitos que están normados y el presidente del Senado dijo que la única obligación que tienen estas personas es renunciar a sus cargos si es que fueran preseleccionados.

Los opositores, por el contrario sostienen que todos los funcionarios públicos o asesores de organizaciones deben ser marginados porque se estaría cometiendo el mismo error de otras elecciones, mientras que el senador opositor Edwin Rodríguez recordó el caso del vocal electoral Irineo Zuna, quien fue postulado por la Csutcb y además cuando juró lo hizo levantando el puño izquierdo, como los militantes del MAS.

Hoy, al mediodía, se realizará la cuarta reunión con las fuerzas políticas con representación parlamentaria para explicar las iniciativas acordadas en la comisión interinstitucional que fue conformada después de la cumbre judicial.

Idoneidad

Los opositores admiten que no podrán impedir que se presenten los funcionarios y los asesores de los ministerios o las organizaciones afines al Gobierno, porque la Ley fue redactada por el MAS que tiene los dos tercios del manejo legislativo.

Sin embargo, dijeron que denunciarán cualquier manejo arbitrario de este reglamento y que el oficialismo será responsable de una mala designación de autoridades judiciales porque tienen el control de esa comisión interinstitucional, pueden manejar las universidades y la Asamblea, por tanto, dijo el diputado Amilcar Barral, tienen todos los mecanismos para cuotearse nuevamente el Órgano Judicial.

Para el presidente del Senado, no existe posibilidad de cuoteo porque ellos mismos reconocieron que en la elección de 2011 "se cometieron errores" que derivaron en una crisis judicial sin precedentes y por tanto, dijo, es el momento de corregir esos errores.

Según las versiones del MAS, existen pugnas internas sobre todo el proceso de preselección y elección de las próximas autoridades. Las fuentes aseguran que el ministro de Justicia, Héctor Arce quiere ser la cabeza de todo el proceso contra el papel que debe cumplir la Asamblea Legislativa.

Asimismo, los legisladores prefieren evitar la coordinación que pidió el presidente Morales. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo que se cometió errores en el pasado que deben ser corregidos y añadió que todo estará en manos de la Asamblea y la decisión de los legisladores antes del 29 de abril cuando se definirá todo.

[Fuente: Por Marco Chiquimia, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 18abr17]

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