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31ene22


Aprehenden a la madre y hermana del violador serial, además de dos funcionarios


La Policía aprehendió este lunes a la madre y la hermana de Richard Choque Flores, el violador serial y feminicida, por presunta complicidad y alistan su imputación formal.

Asimismo, la Fiscalía determinó la aprehensión del exsecretario y la exvisitadora social del juzgado que presidió el ahora detenido juez Rafael Alcón, quien le otorgó detención domiciliaria por 18 meses para el sindicado pese a que tenía una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

"Se las ha aprendido por el delito de trata, son la hermana y la madre del imputado", informó la fiscal Sarina Guardia, quien explicó que, según las pesquisas, ambas personas tenían conocimiento de las actividades del imputado.

"Es en grado de complicidad ya que ellas habitan el inmueble junto con el señor Richard Choque y tendrían conocimiento de las actuaciones que él realizaba dentro del domicilio", añadió.

En la vivienda de Choque Flores, en el barrio Ballivián de El Alto, los investigadores hallaron los restos de Iris y Lucy, dos adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas en 2021. El imputado las asesinó después de beneficiarse con la detención domiciliaria alegando enfermedad.

En ese marco, el fiscal Johan Muñoz indicó que se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra dos exfuncionarios del juzgado de El Alto del cual se perdió un expediente judicial referido al caso del violador en serie.

Uno de ellos es el exsecretario Raúl G., que a la fecha cumplía funciones como fiscal de delitos patrimoniales.

"Llama la atención que el secretario de este juzgado, al dejar sus funciones, no habría realizado el inventario correspondiente de toda la documentación que estaría a cargo, siendo que la ley le da la obligación al entonces secretario de tener todo el control de los registros", señaló el fiscal, reportó radio Éxito.

También fue aprehendida la extrabajadora social Jessica Ch. L., a quien se la responsabiliza de no emitir informes sobre Choque cada tres meses como dispone la ley y además por no alertar sobre el cumplimiento del plazo de la detención domiciliaria.

[Fuente: Página Siete, La Paz, 31ene22]

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