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17may21


Otorgan detención domiciliaria a imputados por adulteración de fallo que favoreció a Pedro Montenegro


Casi dos años después de la imputación formal, un juez en Sucre dispuso la detención domiciliaria con derecho a salir a trabajar para la esposa de Pedro Montenegro (extraditado a Brasil), de su abogado y de la secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la presunta alteración del Auto Supremo 075/2015 para favorecer al narco.

En la audiencia cautelar, desarrollada el fin de semana, un juez determinó "en combo" la detención domiciliaria para Jennifer Rodríguez, esposa de Montenegro; Rubén Salazar, el abogado del narcotraficante; Sandra Mendivil, la secretaria de Sala Plena; y el auxiliar de Sala Plena.

Durante estos casi dos años, al menos siete veces se suspendió la audiencia cautelar en la que debía definirse la situación jurídica de los imputados. Además de la detención domiciliaria, el juez impuso una fianza económica y la presentación en la Fiscalía cada 15 días para los cuatro sindicados.

El abogado de la secretaria de Sala Plena, Edward Gareca, denunció que hubo un direccionamiento por parte del Ministerio Público de buscar culpables solamente en los niveles administrativos y no así en las autoridades judiciales que tuvieron que ver en este caso.

"Para nosotros resultó una resolución muy gravosa en el sentido de la valoración que hemos realizado, porque es contradictoria la resolución; en el caso de mi cliente, logramos desvirtuar los riesgos procesales por los cuales la Fiscalía solicitó detención preventiva, sobre todo en la averiguación de la verdad, y un arraigo natural", sostuvo.

En criterio de Gareca, en cuanto a su defendida, se demostró que posee familia, trabajo, domicilio y el apartamiento de ella del proceso investigativo de extradición de Montenegro para evitar sospechas de una manipulación, pese a que este proceso ya estaba cumplido.

"Lo sorprendente es que el juez 'hace un combo' para todos, a todos les otorga las mismas medidas cautelares, sin precautelar derechos en una etapa investigativa. Hay una arbitrariedad por parte del juez", denunció.

Señaló que el Ministerio Público, que pidió la detención preventiva para todos, también apeló la decisión del juez porque la considera una "valoración sesgada".

"Estamos frente a un proceso que involucra a altas cabezas de un ámbito jurisdiccional y obviamente hay una forzada salida en cuanto a una resolución, son procesos que necesitan culpables, lamentablemente en este tipo de procesos siempre son culpables los inocentes y no los que realmente cometieron delitos están eximidos", puntualizó.

Este caso de la supuesta adulteración de una sentencia, que le permitió a Montenegro demorar cuatro años su extradición, se encuentra en la etapa preparatoria de juicio alrededor de dos años.

Gareca dijo que confía en que los vocales, en la revisión de la decisión del juez, hagan una valoración más proba y apegada al derecho y a la Constitución.

Dentro de este caso, el primer imputado fue el exjuez de Cotoca Federico Jiménez, que otorgó la acción de libertad en 2015, utilizando un fallo fraguado que salió del TSJ.

[Fuente: Correo del Sur, Sucre, 17may21]

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